Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02202-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02202-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02202-01
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
8 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá D.C. ocho (8) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02202-01
Accionantes: Federico Guillermo Rodríguez Palomino y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
La Sala resuelve la impugnación presentada contra la sentencia proferida el 21 de mayo
de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró la
improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del requisito de inmediatez.
SÍNTESIS1
La parte actora cuestiona la sentencia de segunda instancia, que revocó la decisión que
había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda en el medio de control de
reparación directa promovido por la parte actora contra la Nación – Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación, con el
fin de que se les declarara responsables por la privación de la libertad del señor Federico
Guillermo Rodríguez Palomino, que calificaron de injusta. Se confirma la decisión de
primera instancia que declaró la improcedencia por incumplimiento del requisito de
inmediatez.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1. El 17 de marzo de 2026, los señores Federico Guillermo Rodríguez Palomino, Irma
Isabel Palomino Arteaga, Paulino Rodríguez Palomino, María Carolina Rodríguez
Palomino, Maribel Ibet de la Rosa Vásquez, Nicolás Rodríguez de la Rosa, Layla Marcela
Rodríguez de la Rosa y Paula Andrea Rodríguez de la Rosa presentaron una demanda
en ejercicio de la acción de tutela para obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia. Según la parte
actora, esas garantías constitucionales fueron vulneradas por la sentencia proferida el 29
de agosto de 2025 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, dentro del medio de control
de reparación directa con radicado 08001-33-33-006-2022-00045-01 promovido por los
accionantes contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y la Fiscalía General de la Nación.
1 Temas: Demanda de tutela contra providencia judicial / Medio de control de reparación directa / Privación injusta de
la libertad / Requisito de inmediatez / Se confirma la decisión de primera instancia.
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Accionantes: Federico Guillermo Rodríguez Palomino y otros
Se confirma la decisión de primera instancia
2. La parte actora formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:
1. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, conforme al artículo
29 de la C.N.-
2. AMPARAR el derecho fundamental de acceso a la justicia conforme al artículo
229 de la C.N.
3. Dejar sin efecto la providencia proferida en segunda instancia por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO – SECCIÓN “C”, en cuanto a que revocó el
fallo del 17 de junio d 2025 proferido por el Juzgado SEXTO ADMINISTRATIVO
ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA y por ende negó las pretensiones de
la demanda.
4. Ordénese al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO – SECCIÓN “C”,
para que en el término que el despacho estime necesario profiera nueva decisión 2.
B. Hechos
3. El señor Federico Guillermo Rodríguez Palomino laboraba en la Aeronáutica Civil. El
8 de diciembre de 2008, la Policía de la DIJIN realizó un operativo en el aeropuerto
internacional Ernesto Cortissoz, en la ciudad de Barranquilla, en el cual decomisó unos
estupefacientes encontrados en la aeronave HK-1249. Ese mismo día, el señor
Rodríguez Palomino cumplió con su turno en el referido aeropuerto, como controlador de
la torre de la Aeronáutica Civil.
3.1.Como consecuencia del decomiso de los estupefacientes, y en virtud de un plan
metodológico, el 6 de febrero de 2013, la Fiscalía General de la Nación capturó al señor
Rodríguez Palomino mientras salía de su residencia.
3.2. Entre los días 6 y 7 de febrero de 2013, el Juzgado Penal Municipal con Función de
Control de Garantías Ambulante celebró audiencia concentrada, en la cual legalizó la
captura del señor Rodríguez Palomino –y otros capturados–, se le imputaron los delitos
de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. A
su vez, se impuso la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, en la
penitenciaria del Bosque.
3.3. El 23 de julio de 2013, el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control
de Garantías de Barranquilla revocó la medida de aseguramiento del señor Rodríguez
Palomino, previa caución prendaria.
3.4. El 19 de noviembre de 2019, el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de
Barranquilla celebró audiencia en la cual decretó la preclusión de la investigación iniciada
contra el señor Rodríguez Palomino, por la causal establecida en el numeral 6º del
artículo 332 de la Ley 906 de 20043.
4. El 11 de marzo de 2022, los señores Federico Guillermo Rodríguez Palomino, Irma
Isabel Palomino Arteaga, Paulino Rodríguez Palomino, María Carolina Rodríguez
Palomino, Maribel Ibet de la Rosa Vásquez, Nicolás Rodríguez de la Rosa, Layla Marcela
Rodríguez de la Rosa, Paula Andrea Rodríguez de la Rosa presentaron demanda en
2 Índice 2 del expediente digital de la primera instancia en Samai.
3 “Artículo 332. Causales. El fiscal solicitará la preclusión en los siguientes casos (…)
6. Imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia.”.
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ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación – Fiscalía General
de la Nación y la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el
fin de que se les declarara responsables por la privación de la libertad del señor
Rodríguez Palomino, entre el 6 de febrero de 2013 al 25 de julio de 2013, que calificaron
de injusta.
5. Mediante sentencia del 17 de junio de 2025, el Juzgado Sexto Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Barranquilla accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
pues de conformidad con las pruebas aportadas, el señor Rodríguez Palomino no tuvo
participación en los delitos endilgados, ni en una conducta reprochable que diera lugar a
la apertura del proceso penal, pues se demostró que el demandante no incumplió con
sus deberes y funciones como empleado de la aeronáutica civil, así como tampoco se
encontró ninguna evidencia que lo relacionara con la organización criminal.
6. La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial apeló la
decisión de primera instancia4 y, mediante sentencia del 29 de agosto de 2025 el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sección C, la revocó y, en su lugar, negó las pretensiones
de la demanda. Expuso que la medida de aseguramiento impuesta al actor cumplió los
requisitos materiales y formales, pues tuvo en cuenta los elementos probatorios,
evidencia física e información legalmente obtenida, que llevó al Juez de Control de
Garantías a considerar que los procesados ostentaban la connotación de autores o
partícipes de las conductas endilgadas.
6.1. El Tribunal expuso que, si bien se solicitó y aceptó la revocatoria de la medida de
aseguramiento, ello se dio bajo la acreditación de nuevo material probatorio, que el Juez
tomó como pruebas sobrevinientes, lo cual no significa que la medida impuesta
inicialmente fuese injusta.
6.2. Además, afirmó que, aunque el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de
Barranquilla decretó la preclusión de la investigación por imposibilidad de desvirtuar la
presunción de inocencia, previa solicitud de la Fiscalía Séptima Especializada de
Barranquilla, lo cierto es que la medida de aseguramiento cumplió con los requisitos
establecidos en la ley.
C. Fundamentos de la vulneración
7. La parte actora señala que la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos
fáctico y desconocimiento del precedente jurisprudencial.
8. Frente al defecto fáctico, señaló que la autoridad judicial accionada dio credibilidad a
las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación para sustentar la medida de
aseguramiento, sin revisar detenidamente su contenido, para concluir si efectivamente
se cumplía con el mínimo elemento de conocimiento que justificara la medida.
4 Afirmó que hubo una errónea valoración del acervo probatorio e indebida aplicación del título de imputación, pues ni
se tuvieron en cuenta el contexto y las decisiones judiciales previas como el control posterior de allanamiento y registro,
la legalización de captura basada en órdenes preexistentes y legales y el resultado de la apelación de la medida de
aseguramiento. Señaló que el Juez de Control de Garantías no actuó de manera arbitraria, al dictar la medida de
aseguramiento, sino con apego a la ley, los elementos materiales probatorios y la evidencia física presentada.
3
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Se confirma la decisión de primera instancia
8.1. Particularmente, afirmó que de la versión rendida por el señor Alfonso Parejo
Gutiérrez, el informe suscrito por Sergio Castillo ni las entrevistas de los señores Mariela
Vergara y David Zambrano, era posible inferir que el accionante tuviese participación en
el hecho punible.
8.2. Indicó que el Tribunal accionado omitió que las referidas pruebas evidencian que la
aeronave “por una llamada que hizo el supuesto capitán (…) debía ser trasladada al
hangar de SATEC, por problemas de comunicación” y que, además, quienes fungían
como controladores de turno a esa hora eran Sergio Castillo y Sandra Milena Lugo,
“quienes coordinaron con el inspector de rampa, para escoltar la aeronave al hangar”.
8.3. Afirmó que, la deficiente actividad probatoria de la Fiscalía “que contribuyó a la
formalización de la captura y privación de la libertad, no puede ser excusa para la
exoneración de la responsabilidad del Estado”, pues dicha autoridad debió investigar el
manual de operaciones y los reglamentos aeronáuticos.
8.4. Expuso que el informe de campo del 20 de octubre de 2012, por medio del cual la
Juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulantes concluyó que el
accionante facilitó que la aeronave fuese traslada a otro lugar con el fin de “que fuera
contaminado con la carga de cocaína”, no puede tenerse como un elemento de prueba
válido, por cuanto “aceptarlo sería validar una falsedad justificadora de una medida”.
8.5.Indicó que no se tuvo en cuenta que el accionante estuvo vinculado laboralmente
por más de ocho años a la aeronáutica civil, sin llamados de atención, con una familia
constituida y un arraigo público que aseguraba cualquier requerimiento de
comparecencia.
9. Respecto del desconocimiento del precedente jurisprudencial, sostuvo que la
autoridad judicial accionada reconoció que, de conformidad con la jurisprudencia
respecto de la privación injusta de la libertad no determina un régimen único de
responsabilidad, por lo que según el caso podría aplicarse tanto el régimen objetivo como
el subjetivo.
9.1. Expuso que, sin embargo, el Tribunal accionado “incurre en el defecto de inclinar la
decisión sobre la imputación objetiva, cuando el caso particular que nos convoca los
elementos probatorios no presentan la contundencia mínima de inferencia razonable de
la participación del accionante en el hecho delictivo”.
D. Trámite procesal
10. Mediante auto del 27 de marzo de 20265, se admitió la demanda de tutela y se notificó
al Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C, como autoridad judicial accionada y a
la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la Fiscalía
General de la Nación y al Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Barranquilla, en calidad de terceros con interés.
5 Índice 5 del expediente digital de la primera instancia en Samai.
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E. Oposiciones e intervenciones
11. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla6 (tercero con
interés) solicitó que se declarara la improcedencia de la demanda de tutela, toda vez que
no se presentó ninguna de las causales específicas de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial.
12. El Tribunal Administrativo del Atlántico7 (accionado) indicó que la demanda de tutela
es improcedente por incumplimiento del requisito de inmediatez, por cuanto la demanda
de tutela se presentó 6 meses y 14 días después de la notificación de la decisión
cuestionada.
13.La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial8 (tercero con interés) solicitó su
desvinculación del presente proceso de tutela, pues no puede intervenir en las decisiones
adoptadas por la autoridad judicial accionada.
14. La Fiscalía General de la Nación9 (tercero con interés) solicitó que se declarara la
falta de legitimación en la causa por pasiva de esa autoridad, por cuanto no incurrió en
acción u omisión alguna que afectara los derechos fundamentales de la parte actora.
15. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla10 (tercero
con interés) solicitó su desvinculación de la demanda de tutela, debido a que dicha
autoridad no tiene injerencia en ninguno de los aspectos indicados por el accionante, ni
le corresponde proferir sentencia en el proceso administrativo.
F. Sentencia impugnada
16. Mediante sentencia del 21 de mayo de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado resolvió:
Primero.- Negar las solicitudes de desvinculación formuladas por la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial (DEAJ), la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Barranquilla y la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
2. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por los señores Federico
Guillermo Rodríguez Palomino, Irma Isabel Palomino Arteaga, Paulino Rodríguez
Palomino, María Carolina Rodríguez Palomino, Maribel Ibet de la Rosa Vásquez –en
nombre propio y en representación del menor N.R.R. –; Layla Marcela Rodríguez de la
Rosa y Paula Andrea Rodríguez de la Rosa, conforme con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia (negrillas del original)
16.1. Expuso que la decisión de segunda instancia fue proferida el 29 de agosto de 2025
y notificada de forma electrónica el 3 de septiembre de 2025, de modo que quedó
notificada el 8 de septiembre de 2025, por lo que el plazo razonable para presentar la
6 Índice 11 del expediente digital de la primera instancia en Samai.
7
Índice 12 del expediente digital de la primera instancia en Samai.
8 Índice 14 del expediente digital de la primera instancia en Samai.
9 Índice 15 del expediente digital de la primera instancia en Samai.
10 Índice 16 del expediente digital de la primera instancia en Samai.
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demanda de tutela se extendió hasta el 8 de marzo de 2026, sin embargo, fue presentada
el 17 de marzo de 2026.
16.2. En consecuencia, afirmó que entre la notificación de la providencia cuestionada y la
presentación de la solicitud de amparo transcurrieron 6 meses y 9 días, término que
supera el plazo previsto por la Sala Plena del Consejo de Estado.
16.3. Afirmó que, los actores consideraron que acudieron al mecanismo constitucional en
un tiempo oportuno, pues debieron recopilar numerosas piezas procesales del proceso
penal; no obstante, indicó que ese argumento no resultaba válido para justificar la
inactividad, máxime si se tiene en cuenta que las piezas referidas reposaban en el
expediente de reparación directa.
G. Impugnación
17. La parte actora impugnó11 la sentencia del 21 de mayo de 2026 proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado. Señaló que dicha decisión desconoció
abiertamente la jurisprudencia de la Corte Constitucional, según la cual la inmediatez (i)
no constituye un término de caducidad; (ii) no tiene un límite temporal rígido; (iii) debe
analizarse conforme a las circunstancias particulares del caso y (iv) exige valorar la
proporcionalidad entre el tiempo transcurrido y la afectación de derechos fundamentales.
17.1. Afirmó que la demanda de tutela fue presentada solo 9 días después del parámetro
jurisprudencial de 6 meses, por lo cual fue promovida en un término razonable y prudente.
Sostuvo que, el requisito de inmediatez no podía convertirse en una barrera formalista
que impida el examen de fondo de graves vulneraciones constitucionales.
17.2. Señaló que existe una afectación constitucional de especial relevancia, por cuanto
en la decisión de primera instancia proferida en el proceso de reparación directa se
reconocieron los perjuicios morales de la víctima directa y de su grupo familiar, el cual
persiste hasta la fecha, máxime cuando la sentencia de segunda instancia adolece de los
yerros que motivaron la demanda de tutela.
17.3. Indicó que el a quo privilegió una visión “excesivamente formalista del requisito de
inmediatez” por lo que desconoció el artículo 228 de la Constitución Política, según el
cual debe prevalecer el derecho sustancial sobre las formas. Expuso que, tanto el
Consejo de Estado como la Corte Constitucional han establecido que la acción de tutela
exige un estudio flexible cuando se encuentran comprometidos derechos fundamentales.
17.4. Afirmó que en el escrito de tutela argumentó que el tiempo transcurrido entre la
notificación de la decisión cuestionada y la presentación de la demanda obedeció a la
necesidad de recopilar múltiples piezas procesales del proceso penal y del proceso
administrativo.
11 Índice 26 del expediente digital de la primera instancia en Samai.
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II. CONSIDERACIONES
H. Competencia
18. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, y en el Reglamento del Consejo
de Estado (Acuerdo 80 de 2019).
I. Sentido de la decisión
19. La Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró la improcedencia
de la demanda de tutela por incumplimiento del requisito de inmediatez. En ese sentido,
y por razones metodológicas, en esta providencia no se hará la verificación de los demás
requisitos generales de procedencia de la demanda de tutela12.
J. El requisito de inmediatez
20. El artículo 8613 de la Constitución Política establece que la acción de tutela puede
presentarse “en todo momento y lugar”, lo que implica que no se encuentra sometida a
un término de caducidad. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional14 ha reiterado que
dicho carácter no exime al accionante del cumplimiento del requisito de inmediatez, en
virtud del cual la solicitud de amparo debe presentarse dentro de un término razonable y
proporcionado entre la ocurrencia de los hechos que presuntamente vulneraron los
derechos fundamentales y la interposición de la demanda.
21. En ese sentido, la exigencia del requisito de inmediatez responde a la naturaleza
urgente y residual de la tutela, pues su finalidad es brindar una protección inmediata
respecto las vulneraciones inminentes de derechos fundamentales y no reabrir
controversias que ya se han consolidado en el tiempo. En consecuencia, el mecanismo
constitucional no puede ejercerse de manera indefinida, pues ello comprometería la
seguridad jurídica y desnaturalizaría su función como mecanismo de protección
inmediata.
12
Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente relevancia
constitucional; b) que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa judicial al alcance
de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; d) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; e) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible, y f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de 2005).
13 Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o
la omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se
solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante
el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta acción solo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. (…)
14 Corte Constitucional, sentencias T-461 de 2019, T-422 de 2025 y T-246 de 2015.
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22. Por tal razón, aun cuando no existe en la Constitución ni en la ley un término fijo o
preestablecido para evaluar el cumplimiento del requisito de inmediatez, corresponde al
juez de tutela examinar las circunstancias particulares de cada caso y determinar, en
atención a ellas, si la demanda fue promovida dentro de un término razonable. Lo anterior,
bajo el presupuesto que, en el caso concreto, se presenten circunstancias que expliquen
razonablemente la tardanza en el ejercicio del mecanismo constitucional, a saber:
(i) [Ante] La existencia de razones válidas para la inactividad, como podría ser, por
ejemplo, la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la incapacidad
o imposibilidad del actor para interponer la tutela en un término razonable, la
ocurrencia de un hecho completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado
drásticamente las circunstancias previas, entre otras.
(ii) Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o amenaza
de los derechos fundamentales del accionante permanece, es decir, su situación
desfavorable como consecuencia de la afectación de sus derechos continúa y es
actual. Lo que adquiere sentido si se recuerda que la finalidad de la exigencia de la
inmediatez no es imponer un término de prescripción o caducidad a la acción de
tutela sino asegurarse de que se trate de una amenaza o violación de derechos
fundamentales que requiera, en realidad, una protección inmediata.
(iii) Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo razonable
resulta desproporcionada dada la situación de debilidad manifiesta en la que se
encuentra el accionante, lo que constituye un trato preferente autorizado por el
artículo 13 de la Constitución que ordena que ‘el Estado protegerá especialmente a
aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren
en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que
contra ellas se cometan.15
23. La Corte Constitucional16 ha sido reiterativa respecto a la protección de la seguridad
jurídica, la certeza sobre las decisiones judiciales y la autonomía de los jueces, razón por
la cual la tutela contra providencias judiciales se erige como un recurso excepcional y su
análisis debe ser más estricto, con el fin de no transgredir los principios de cosa juzgada
y seguridad jurídica, debido a que:
La firmeza de las decisiones judiciales estaría siempre a la espera de la controversia
constitucional que en cualquier momento, sin límite de tiempo, pudiera iniciar cualquiera
de las partes. En un escenario de esta naturaleza nadie podría estar seguro sobre cuales
son sus derechos y cual el alcance de éstos, con lo cual se produciría una violación del
derecho de acceso a la administración de justicia – que incluye el derecho a la firmeza y
ejecución de las decisiones judiciales – y un clima de enorme inestabilidad jurídica.17
24. Por otra parte, en concordancia con los precedentes fijados por la Corte
Constitucional, el Consejo de Estado ha adoptado como regla general un término de seis
meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según
corresponda, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se
ejerce oportunamente, así:
Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del acto
jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios
y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad
de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad.
15 Corte Constitucional. Sentencia T-087 de 2018.
16 Corte Constitucional. Sentencia SU 108 DE 2018.
17 Corte Constitucional. Sentencia T-315 de 2005.
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La regla general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en cuenta: i) que el
plazo ha sido considerado como razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional
y; (ii) se trata de una decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional.18
K. Requisitos específicos de procedibilidad invocados en la demanda de tutela
25. En el caso objeto de estudio la parte actora presentó una demanda en ejercicio de
la acción de tutela contra la providencia mediante la cual el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sección C, revocó la decisión que accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda en el medio de control de reparación directa llevado a cabo contra la Nación
– Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de
la Nación y, en su lugar, las negó.
26. En su concepto, esa decisión vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia, pues a su juicio la autoridad judicial
accionada incurrió en los defectos fáctico y desconocimiento del precedente
jurisprudencial. A continuación, la Sala describirá las características y elementos de los
defectos alegados, con el propósito de determinar el objeto de la litis:
27. El defecto fáctico se refiere al yerro en el decreto, práctica o valoración del material
probatorio que incide en el sentido de la decisión. Es decir que, en esencia, se configura
cuando la autoridad judicial “carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión”19. La jurisprudencia constitucional ha
precisado que este defecto se manifiesta en dos dimensiones.
27.1. Por un lado, la dimensión negativa describe una omisión determinante por parte de
la autoridad judicial en las etapas probatorias20. Ello ocurre, por ejemplo, cuando no se
tiene en cuenta una realidad probatoria, no se valoran todos los medios de convicción o,
habiendo lugar a ello, no se decreta oficiosamente una prueba.
27.2.Por el otro, la dimensión positiva describe un error ostensible, flagrante y manifiesto
en la apreciación del hecho o de la prueba21. Bajo ese esquema, el defecto se produce
en los eventos en que la decisión se fundamenta en pruebas ilícitas, pruebas que por
disposición legal no son demostrativas del hecho o, por lo general, en una valoración
abiertamente defectuosa de los medios de convicción22.
28. Sobre el desconocimiento del precedente jurisprudencial, la Corte
Constitucional ha determinado que constituye precedente una sentencia previa relevante
para la solución de un nuevo caso. En cuanto a su influencia en resolver nuevos casos,
ha establecido que “como los supuestos de hecho similares deben recibir un tratamiento
jurídico similar, la sentencia precedente debería determinar el sentido de la decisión
posterior”23.
18
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado 11001-
03-15-000-2012-02201-01
19
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
20
Corte Constitucional, sentencia SU-074 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.
21
Corte Constitucional, sentencia SU-424 de 2021, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
22
Corte Constitucional, sentencia SU-453 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
23 Corte Constitucional, sentencia SU-380 de 2021, M.P. Diana Fajardo Rivera.
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28.1. Sumado a lo anterior, ha sostenido que “los precedentes judiciales proyectan un
valor vinculante en la actividad de los distintos operadores jurídicos. En virtud de los
principios de igualdad y seguridad jurídica, los jueces están obligados a seguirlos, o a
justificar adecuadamente la decisión de apartarse de ellos”.
L. El caso concreto
29. La Sala advierte, como lo realizó el a quo, que la solicitud de amparo no supera el
requisito de inmediatez, toda vez que la presentación del escrito de tutela excedió el
término de seis (6) meses establecido por la jurisprudencia constitucional y contencioso
– administrativa. Además, la parte actora no acreditó ninguna circunstancia que justificara
la demora en la interposición de la acción constitucional.
30. En efecto, resulta evidente que la parte actora excedió el referido término para la
presentación oportuna de la demanda de tutela, debido a que la sentencia del 29 de
agosto de 2025 fue notificada por correo electrónico el 8 de septiembre de 2025, según
consta en el índice 10 del expediente digital del aplicativo Samai correspondiente al
proceso de reparación directa con radicado 08001-33-33-006-2022-00045-01, y la
demanda de tutela se presentó el 17 de marzo de 2026, esto es seis (6) meses y nueve
(9) días después de la notificación de la providencia cuestionada.
31. La Sala reconoce que la jurisprudencia ha admitido, de manera excepcional, la
flexibilización del término para la presentación de la demanda de tutela contra
providencias judiciales, no obstante, dicha flexibilización únicamente es procedente en
los supuestos descritos en el párrafo número 22 de esta providencia.
32. Si bien en el escrito de tutela y en la impugnación la parte actora argumentó que
cumplió con el requisito de inmediatez, por cuanto para la presentación de la demanda
requirió recopilar las piezas procesales del proceso penal, lo cierto es que, de
conformidad con lo dispuesto por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, la
demanda de tutela debe presentarse en un término razonable y proporcionado a partir
del hecho que originó la vulneración.
33. Así las cosas, para la Sala es claro que la parte actora tuvo conocimiento de la
vulneración alegada desde la notificación de la providencia cuestionada. Además,
aunque la parte actora afirma que se trata de un caso con relevancia constitucional, pues
se cuestionan posibles yerros en una providencia judicial y expone que existió una
justificación objetiva y razonable para flexibilizar el término de inmediatez, la Sala no
evidenció la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, o su incapacidad o
imposibilidad para presentar la demanda de tutela, máxime si se tiene en cuenta que,
como se indicó en la sentencia de primera instancia, las piezas del proceso penal se
encontraban en el proceso de reparación directa.
34. En ese sentido, admitir el ejercicio del mecanismo constitucional una vez superado
el término de seis (6) meses, sin que exista una explicación válida y objetiva que justifique
la demora en la presentación de la demanda de tutela, implicaría desconocer los
10
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02202-01
Accionantes: Federico Guillermo Rodríguez Palomino y otros
Se confirma la decisión de primera instancia
principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, circunstancia que desnaturaliza la
esencia residual y urgente del trámite constitucional como instrumento prioritario para la
protección inmediata de los derechos fundamentales.
35. De conformidad con lo expuesto, la Sala confirmará la decisión de primera instancia
que declaró la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del requisito
de inmediatez, por cuanto la parte actora excedió el término previsto para presentar la
solicitud de amparo y, en todo caso, no advirtió si quiere de manera sumaria ninguna
razón que permitiera flexibilizar el requisito de inmediatez.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia de primera instancia proferida el 21 de mayo de
2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito
y eficaz.
QUINTO: Una vez notificada, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
SEXTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto
11
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