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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02207-00

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02207-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo solicitada por la señora María Trinidad Escobar y otros, por las razones expuestas en la motivación precedente. 2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-02207-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-02207-00
Demandante MARÍA TRINIDAD ESCOBAR Y OTROS
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA SÉPTIMA DE
ORALIDAD
Temas Acción de tutela contra providencias judiciales. Defecto fáctico y
desconocimiento del precedente. Medio de control de reparación
directa. Requisitos generales de procedibilidad. La inmediatez.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por María Trinidad Escobar Restrepo, Hernán Darío Hoyos Pino, Martha
Lilia Álvarez Pino, Luz Marina Álvarez Pino, Sebastián Álvarez Hoyos en nombre
propio, y en calidad de heredero del señor Luis Alberto Álvarez Pino (demandante
fallecido), Luis Alfredo Álvarez Pino, Marta Oliva Álvarez Pino, Dallana Cano
Álvarez, Juan Camilo Cano Álvarez, Jessica Astrid Cano Álvarez, Elizabeth Cano
Álvarez, Wilmar Andrés Álvarez, Paula Andrea Álvarez Pino, Caty Michel Álvarez,
Sergio Alejandro Álvarez Pino, Yised Marcela Álvarez Pino, Valentina Morales
Álvarez, Carlos Mario Arroyave Álvarez, Blanca Dines Arroyave Álvarez, Alba Nora
Arroyave Álvarez, Sandra Cristina Arroyave Álvarez y, Yulieth Vanessa Álvarez
Hoyos, de conformidad con lo dispuesto en los decretos 1983 de 2017 y 333 de
2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 17 de marzo de 20261, los actores interpusieron acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Antioquia, por estimar vulnerados sus derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al debido
proceso y a la reparación integral, con ocasión a la sentencia del 27 de marzo de
2025 dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual se
revocó la sentencia de primera instancia que había accedido parcialmente a las
pretensiones de la demanda en el medio de control de reparación directa 05001-33-
33-022-2018-00031-00.

En consecuencia, formuló la siguiente pretensión:
(Sic a toda la cita)
«Solicito con todo respeto honorables Consejeros, se amparen los derechos constitucionales
fundamentales al Acceso a la Administración de Justicia, al Derecho a la Igualdad, al Derecho
al Debido Proceso y al Derecho Fundamental a obtener una Reparación Integral, el Derecho
al trato Igual, conculcados por la Sentencia del 27 de marzo de 2025, del Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, donde fuere ponente el Honorable
Magistrado, Dr. CARLOS CRISTOPHER VIVEROS, dentro del proceso con radicado
05001333302220180003101, notificada personalmente por medios electrónicos el 01 de abril
de la misma anualidad, y por medio de la cual se modificó la Sentencia de primer grado del 05

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Samai, índice 2.
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Demandante: María Trinidad Escobar y otros

de marzo de 2019, proferida por el Juzgado Veintidós (22) Administrativo del Circuito Judicial
de Medellín, disponiendo que en su lugar que se profiera dentro de un término razonable,
providencia de reemplazo que adopte las actuaciones necesarias tendientes a tener como
probada la responsabilidad extracontractual de los demandados por el fallecimiento del señor
JAVIER DE JESUS ALVAREZ PINO».

2. Hechos

Del escrito se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM, institución de Educación Superior
de Derecho Público, contrató para la construcción de algunas obras civiles en
su campus en la ciudad de Medellín a la Sociedad Estructuras Civiles y
Concretos S.A.S.

2.2. El señor Javier de Jesús Álvarez Pino era trabajador de construcción para
Estructuras Civiles y Concretos S.A.S.

2.3. El 11 de noviembre de 2015 en el desarrollo de las obras, el señor Javier de
Jesús Álvarez Pino, desarrollaba funciones de observador de estructura,
comúnmente conocido como “vigía brujo”, mientras se vaciaba la losa del
segundo piso de la construcción, parte de dicha losa se desprendió aplastando
y causando la muerte del señor Álvarez Pino.

2.4. La ARL COLPATRIA, determinó como causa en la investigación por la muerte
del señor Álvarez Pino «la carencia de inadecuado apuntalamiento o entibación de
construcciones: desplome de parte de la losa por fallas en la estructura de fundido, la cual no
resiste el concreto» Y recomendó «Revisar y actualizar la Matriz de Riesgos y Valoración
de Peligros»; «Revisar el programa de inducción y los programas de capacitación y
entrenamiento»; «Revisar y actualizar el procedimiento y/o protocolo de adquisición de
materiales y equipos.». Como consecuencia de la falta de capacitación sobre
identificación y prevención de riesgos.

2.5. El 25 de enero de 2018, los allegados del señor Javier de Jesús Álvarez Pino,
a saber: María Trinidad Escobar (como compañera permanente); los hermanos
Hernán Darío Hoyos Pino, Martha Lilia Álvarez Pino, Luz Marina Álvarez Pino,
Luis Alberto Álvarez Pino (demandante fallecido), Luis Alfredo Álvarez Pino,
Marta Oliva Álvarez Pino; y sus sobrinos Dallana Cano Álvarez, Juan Camilo
Cano Álvarez, Jessica Astrid Cano Álvarez, Elizabeth Cano Álvarez, Wilmar
Andrés Álvarez, Paula Andrea Álvarez Pino, Caty Michel Álvarez, Sergio
Alejandro Álvarez Pino, Yised Marcela Álvarez Pino, Valentina Morales
Álvarez, Carlos Mario Arroyave Álvarez, Blanca Dines Arroyave Álvarez, Alba
Nora Arroyave Álvarez, Sandra Cristina Arroyave Álvarez, Yulieth Vanessa
Álvarez Hoyos y Sebastián Álvarez Hoyos (en nombre propio, y en calidad de
heredero de su padre fallecido Luis Alberto Álvarez Pino); promovieron acción de
reparación directa en contra del Instituto Tecnológico Metropolitano ITM,
Estructuras Civiles y Concretos SAS, O y P SAS. Obras y Proyectos SAS.,
Urbaniscom LTDA. y Liberty Seguros SA.

2.6. El 5 de marzo de 2019 el Juzgado Veintidós Administrativo de Medellín profirió
sentencia de primera instancia en la que concedió parcialmente las
pretensiones de la demanda. Declaró patrimonial y extracontractualmente
responsables al Instituto Tecnológico Metropolitano ITM y a Estructuras Civiles
y Concreto SAS, de manera solidaria por los perjuicios causados a los
demandantes con motivo de la muerte del señor Javier de Jesús Álvarez Pino.

Como fundamento de su decisión concluyó que:

«el recaudo probatorio expuesto permite concluir; i) era conducta acostumbrada de
Estructuras Civiles y Concreto S.A.S., el reportar los tareas de vaciado a la interventoría en el

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Demandante: María Trinidad Escobar y otros

momento de su ejecución, lo cual contraría el tiempo prudencial que se demanda para el
mismo, mínimo un día de anticipación; ii) el día de los hechos, el vaciado de la losa, inició sin
que el interventor autorizara el procedimiento; iii) el interventor se retiró del vaciado, sin que
se revisara de manera completa el armazón de la obra falsa, suministrando por toda razón el
que debía, ir a hacer unas cuestiones que competían a mi oficio de residente, con lo que, para
este Despacho incurrió en abandono de obligaciones contractuales, sin ofrecer justificación a
esta conducta y sin que pueda descartarse su repercusión en el siniestro fundamento de la
demanda; iv) en lo revisado por el interventor, éste formuló observaciones al refuerzo de la
losa; v) el material utilizado para hacer el apuntalamiento de la losa, era de alquiler, con lo que
es presumible su rotación y uso muy frecuente, y lo cual conduce a formular la hipótesis de
posibles Fallas u omisiones en la selección de materiales o equipos; vi) entre las condiciones
inseguras reportadas por la visita de ARL, se registra, la carencia de o inadecuado
apuntalamiento o entibación de Construcciones: Desplome de parte de la losa por fallas en la
estructura de fundido, la cual no resiste el concreto. Todo lo cual conduce al Despacho a
establecer responsabilidad en la sociedad por estas conductas omisivas, sin cuyo
acaecimiento no habría tenido lugar el colapso de la losa, provocadora del resultado muerte,
fundamento de las pretensiones, y de manera más precisa por las omisiones anotadas y
presentes en dependientes de la demandada».

Esta decisión fue apelada por el Instituto Tecnológico Metropolitano ITM y las
llamadas en garantía Liberty Seguros S.A. y Urbaniscom LTDA.

2.7. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, en
sentencia del 27 de marzo de 2025, revocó el fallo de primera instancia, en su
lugar, declaró probado el hecho exclusivo de la víctima y en consecuencia
negó las pretensiones de la demanda.

Como fundamento de dicha decisión, explicó que con las pruebas aportadas
en el proceso, encontró que el señor Javier Álvarez ingresó a la zona del
siniestro de manera imprudente, mientras se realizaban labores de vaciado de
losa en la parte superior de la construcción cuando ocurrió el desprendimiento
causándole la muerte. Concluyó que la acción del señor Álvarez Pino fue la
determinante para la ocurrencia del daño.

2.8. Mediante auto del 3 de septiembre de 2025 del magistrado Freddy Ibarra
Martínez, de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
rechazó el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia presentado
por la parte demandante.

3. Fundamentos de la acción

De manera preliminar, la parte demandante manifestó que la solicitud de amparo
cumple los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales pues: (i) se vulneraron los derechos fundamentales de
acceso a la administración de justicia, de igualdad, al debido proceso y a la
reparación integral, al desconocer la existencia de la responsabilidad
extracontractual del Estado al tener por probado el hecho exclusivo de la víctima
como eximente de responsabilidad; (ii) se agotaron todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa, ya que se presentó recurso extraordinario de unificación
de jurisprudencia el cual fue rechazado con auto del 3 de septiembre de 2025 al
considerar que «con dicha demanda extraordinaria, no violentaba ninguna sentencia de
unificación del Alto Tribunal»;

(iii) se cumple con el requisito de la inmediatez, pues el término de los seis meses
se debe contar desde que quedó en firme el auto que rechazó el recurso
extraordinario de unificación jurisprudencial (17 de septiembre de 2025), por ello indicó
que «La Sentencia de segunda instancia accionada es del 03 de septiembre de 2025 (sic), pero fue
notificada por estados el miércoles 12 de septiembre de la misma anualidad.[…] La ejecutoria del
auto que rechazó el recurso extraordinario del Consejo de Estado empezó a correr desde el día hábil
siguiente a su notificación, esto es, corrió el jueves 13, el viernes 14 y el lunes 17 de septiembre de
2025, por cuanto el 15 y el 16 de septiembre fueron sábado y domingo respectivamente»; (iv) se
realizó la identificación de los hechos y derechos vulnerados; y (v) la providencia
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cuestionada no es un fallo de tutela, sino la sentencia de segunda instancia del 27
de marzo de 2025 dictada en el trámite del medio de control 05001-33-33-022-2018-
00031-01.

En cuanto al fondo del asunto, alegó que la sentencia cuestionada incurrió en los
siguientes vicios:

3.1. Defecto fáctico: Los accionantes cuestionan que el Tribunal Administrativo de
Antioquia hace una indebida valoración de los elementos probatorios
conducentes a establecer los elementos de responsabilidad extracontractual
del Estado. Dichos elementos probatorios fueron aceptados por el juez de
primera instancia para establecer el nexo causal entre el daño causado y las
fallas del servicio por parte de las autoridades demandadas.

Los accionantes cuestionan que el juez de primera instancia tuvo como
probadas las fallas del servicio «Haberse omitido determinar la caída de las losas o
pisos que se vaciaban como un peligro posible en la matriz de riesgo; Haber abandonado la
empresa interventora de la obra, O Y P. S.A.S. OBRAS Y PROYECTOS S.A.S, la actividad
de vaciado sin que esta terminase; Haber vaciado la mencionada losa o piso pese que la
interventoría no había dado el visto bueno o aprobación para su realización, e incluso había
improbado la misma; Haber apuntalado inadecuadamente la estructura que soportaría el
material que posteriormente sería vaciado en aquella.; No haber controlado o verificado,
debiéndolo hacer, la vetustez o antigüedad del material que se usó en el armado de la
estructura que soportaría el vaciado y que posteriormente cedió en el derrumbe de la losa».
Fallas del servicio que no fueron objeto de controversia en los recursos de
apelación y que sin embargo fueron objeto del pronunciamiento por parte del
Tribunal Administrativo de Antioquia.

Como consecuencia de lo anterior, afirma la parte accionante que el tribunal
parte de una mala comprensión de los hechos, al suponer que la sección de
la losa que se está vaciando es la que cae sobre el señor Álvarez Pino y no
que es la estructura en general la que se desploma, por consiguiente, el
accionado tuvo por cierto y apreció únicamente las pruebas que le llevaron a
concluir la culpa exclusiva de la víctima y omitió en particular el testimonio del
señor Esneider Baena, compañero del difunto señor Álvarez Pino y testigo
ocular de los hechos, el cual declaró ante la ARL AXA COLPATRIA «yo me
encontraba de brujo con don Javier, él me dijo: Quítese de ahí que están vaciando en el lado
suyo. Y yo iba para donde el (sic), cuando se cayó todo encima de él, yo salí corriendo hacia
atrás y después de reaccionar me tiré a buscarlo con mis compañeros».

Argumenta la parte accionante, que este testimonio le resta credibilidad a los
testimonios que usó el tribunal accionado para concluir que el señor Javier de
Jesús Álvarez Pino corrió hacia la estructura cuando escuchó el ruido
momentos antes del desplome de la losa en construcción, y que, sin embargo,
no fue objeto de pronunciamiento alguno en la sentencia controvertida.

Adicionalmente, argumentó que el tribunal accionado no evaluó de manera
integral otros aspectos del informe investigativo llevado a cabo por la ARL AXA
COLPATRIA con ocasión al siniestro, pues aprecia principalmente el numeral
cuarto: «Dentro del estándar de seguridad para esta tarea se especifica que la labor de la
inspección no se hace debajo de la zona de vaciado, sin embargo, el impulso del sr. Javier fue
ingresar al escuchar "un ruido" de la estructura, el otro vigía no ingresa al punto de peligro sino
que avisa a los otros compañeros que se encontraban vaciando en el nivel superior». Pero
deja de lado aspectos del informe como que los trabajadores carecían de
comunicación por radio u otro medio entre quienes se encontraban arriba y
debajo de la losa, el indebido apuntalamiento de la estructura, la indebida
trazabilidad de los materiales usados para la misma y llevar a cabo el proceso
de vaciado sin la autorización de la interventoría

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Demandante: María Trinidad Escobar y otros

3.2. Desconocimiento del precedente: La parte accionante argumentó que el
tribunal no ha tenido en cuenta la reiterada jurisprudencia del contencioso
administrativo referente a la necesidad de acreditar la culpa exclusiva de la
víctima y «la configuración de la responsabilidad extracontractual en general», argumentó
del cual el tribunal omitió acreditar estos requisitos y tampoco ponderó dicho
supuesto con las fallas del servicio acreditadas en primera instancia.

En criterio de los demandantes, la conducta del señor Álvarez Pino, no es la
causa única de su deceso, pues a las partes demandadas en el proceso de
reparación directa le era resistible, previsible, y no fue externa jurídicamente
para ellas. Era resistible en cuanto era físicamente posible al ser causa del
desplome el inadecuado apuntalamiento de la construcción de soporte de la
losa. Era previsible en cuanto el relleno no contaba con el visto bueno del
interventor, se hizo caso omiso a las observaciones de este y la ARL Colpatria
determinó como causa la omisión de dicha posibilidad en la matriz de riesgo.
Y no resultaba jurídicamente externa a las entidades demandadas dentro del
proceso ordinario, pues eran las beneficiarias directas de las obras que se
estaban realizando y quienes pusieron en marcha la actividad riesgosa que
terminó en el siniestro.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Por auto del 24 de marzo de 2026 se requirió2 a la parte accionante que
aportara el poder especial conferido por la señora Yulieth Vanessa Álvarez
Hoyos al abogado Emmanuel Arias Franco, allegara el registro civil de
nacimiento del señor Sebastián Álvarez Hoyos o los documentos que
acreditaran que es hijo del señor Luis Alberto Álvarez Pino y aclarara si se
surtió el trámite de sucesión procesal en el medio de control 05001-33-33-022-
2018-00031-01. Mediante memorial del 6 de abril de 20263 fue subsanada la
demanda.

4.2. Por auto del 20 de abril de 2026 se admitió4 acción de tutela presentada por
la señora María Trinidad Escobar Restrepo y otros contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad.

Asimismo, se vinculó en calidad de terceros con interés al Instituto Tecnológico
Metropolitano ITM; a Estructuras Civiles y Concretos; a Obras y Proyectos
SAS. O Y P SAS.; a Urbaniscom LTDA; a Liberty Seguros S.A.; hoy HDI
Seguros; a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio
Público; al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B; al Juzgado 22
Administrativo del Circuito de Medellín; y a los demás demandantes,
demandados, y terceros con interés que participaron en el proceso 05001-33-
33-022-2018-00031-01.

Se ofició al Juzgado 22 Administrativo de Medellín para que surtiera la
notificación de los terceros y para que autorizara el acceso al expediente del
medio de control. Se ordenó fijar un aviso para que las partes y terceros con
interés en esta acción conocieran la existencia del auto admisorio. Se
reconoció personería al abogado Emmanuel Arias Franco para actuar en
representación de la parte actora; y ordenó las notificaciones
correspondientes.

4.3. El Juzgado Veintidós Administrativo de Medellín5 remitió un enlace de
consulta del proceso ordinario en Samai, adjuntó una carpeta con las piezas
procesales, y allegó la constancia de notificación de los terceros.
2
Samai, índice 6.
3
Samai, índice 10.
4
Samai, índice 13.
5
Samai, índices 18, 27 y 28

5

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Demandante: María Trinidad Escobar y otros

4.4. El Tribunal Administrativo de Antioquia6 señaló que esta acción de tutela
no cumple con el requisito de la relevancia constitucional dado que se está
utilizando como si se tratara de una tercera instancia pues busca «reabrir
nuevamente el debate judicial y con ello se acojan las pretensiones».

A su vez, señaló que no se encuentra configurado el defecto fáctico ni por
desconocimiento del precedente en el fallo controvertido, pues este tuvo en
cuenta todo el acervo probatorio obrante en el proceso para concluir la culpa
exclusiva de la víctima y se falló teniendo en cuenta las reglas
jurisprudenciales que sobre la eximente de responsabilidad ha generado el
Consejo de Estado.

En consecuencia, solicitó declarar improcedente la presente acción de tutela.

4.5. La Sección Tercera del Consejo de Estado7 precisó que el auto en que se
rechazó el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia tuvo como
fundamento que ninguna de las sentencias usadas como sustento de dicho
recurso tenía la calidad de sentencia de unificación.

Adicionalmente, señaló que los accionantes no cuestionan la decisión
contenida en el auto del 3 de septiembre de 2025 sino que su acusación se
dirige a controvertir la sentencia de segunda instancia del 27 de marzo de 2025
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por lo que se configura la
falta de legitimación en la causa por pasiva. Destacó que la parte actora
pretende reabrir el debate interpretativo resuelto en el fallo atacado.

En consecuencia, solicitó denegar el amparo solicitado.

4.6. Liberty Seguros S.A., hoy HDI Seguros8 por medio de apoderado, señaló
que la parte actora desnaturaliza la acción de tutela al intentar usarla para
volver a discutir asuntos ya resueltos en el proceso ordinario, como lo es la
interpretación de las pruebas por parte del juez, reitera que la jurisprudencia
ha establecido bajo qué escenarios la apreciación probatoria del juez está lejos
de la sana crítica al ser irrazonable o contraria al acervo probatorio. Pues a su
criterio, el juez tuvo en cuenta no solo el testimonio citado por la parte
accionante, si no que apreció las pruebas en su conjunto, haciendo que la
presente controversia no sea más que una inconformidad con el fallo.

Por último, manifestó que no existe obligación a su cargo, debido a que, por la
naturaleza condicional de su responsabilidad, el fallo del Tribunal
Administrativo de Antioquia hace que no se estructure dicha condición, pues
del expediente se evidenció la ruptura en el nexo entre la actividad
desarrollada por la víctima y el riesgo asegurado.

En consecuencia, solicitó declarar improcedente la presente acción de tutela.

4.7. Por su parte Urbaniscom S.A.S9 por medio de apoderada, se opuso a la
acción de tutela, argumentó que la parte accionante pretende usar la tutela
como «mecanismo adicional para abrir un debate ya concluido en sede jurisdiccional».
Adicionalmente, señaló que no existe un defecto fáctico, toda vez que el
Tribunal adelantó la apreciación probatoria analizando las circunstancias del
siniestro para proferir su decisión, con lo cual su decisión no es arbitraria, sino
que «constituye una manifestación legítima del principio de la sana crítica, en virtud del cual
el juez goza de un margen de apreciación probatoria».

6
Samai, índice 19.
7
Samai, índice 20.
8
Samai, índice 22 y 23.
9
Samai, índices 29 y 30.

6

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02207-00
Demandante: María Trinidad Escobar y otros

Por ello pidió que se declarara la improcedencia de la acción de tutela.

4.8. El Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, Estructuras Civiles y
Concretos SAS, Obras y Proyectos SAS. O Y P SAS., la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio Público, guardaron silencio
a pesar de haber sido notificados en debida forma10.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 199111, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos
generales12 y especiales13 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se
deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o
requisitos especiales de la acción.

De manera reiterada, la jurisprudencia constitucional14 ha indicado que cuando se
interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los
requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
una mejor fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de
tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos y por tratarse de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la Sala debe surtir un primer análisis para establecer
si la solicitud de amparo supera los requisitos generales de procedibilidad,
especialmente el de inmediatez.

10
Samai, índice 16, 17, 31 y 32.
11
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
12
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
(iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; (vi) injerencia de la irregularidad procesal
en la providencia atacada.
13
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) defecto
orgánico, (ii) defecto procedimental, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) defecto por error inducido,
(vi) defecto por falta de motivación, (vii) defecto por desconocimiento del precedente y (viii) defecto por violación directa
de la Constitución.
14
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.

7

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02207-00
Demandante: María Trinidad Escobar y otros

De superar dicho examen, se estudiará si el Tribunal Administrativo de Antioquia
incurrió en un defecto fáctico y por desconocimiento del precedente al proferir la
sentencia del 27 de marzo de 2025, mediante la cual se revocó la decisión de
primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
dentro del medio de control de reparación directa.

4. Alcance del requisito de la inmediatez como presupuesto formal de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Se debe indicar que la inmediatez es un presupuesto procesal que el juez debe
examinar, antes de pasar al estudio de las causales específicas de tutela contra
providencia judicial, con el fin de determinar si la demanda se ha presentado de
manera oportuna. En todo caso, no es un término de caducidad que limite el
ejercicio de la acción de la tutela. Es más bien un requisito que busca que la acción
se presente en un término razonable, esto es, desde el mismo momento en que el
afectado tiene conocimiento de la violación o amenaza de los derechos
fundamentales.

La Corte Constitucional15 ha señalado que si bien no es posible establecer un
término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela, debe existir un
término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los
derechos fundamentales del actor y la presentación de la demanda, ya que la
naturaleza misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que ver con la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales de una persona, sino
también con el respeto de la seguridad jurídica y de los derechos de los terceros
afectados16.

En este orden de ideas, la inmediatez es más bien una condición que busca que la
acción se presente en un término razonable contado desde el momento en que se
tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales y no
un término de caducidad. Justamente, porque la tutela es un medio excepcional
para la protección pronta y eficaz, es que se requiere que se ejerza en un tiempo
prudencial.

Precisamente, en razón a que el análisis de la procedencia de tutela contra
providencias judiciales debe ser más riguroso, la Sala Plena del Consejo de
Estado17 fijó como plazo razonable para la interposición de la acción, un
término de seis meses contados a partir de la notificación de la providencia
judicial enjuiciada, por considerarlo un término prudencial para que el interesado
interponga la acción. Límite temporal que también ha sido acogido por la Corte
Constitucional18.

Sin embargo, dicha providencia también acudió a unas pautas, para examinar las
excepciones a esa regla general, indicando que «además de tener como pauta el término
de seis meses, se debe analizar también: «(…) (i) si existe un motivo válido para la inactividad de
los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros
afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la
vulneración de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acción de tutela
surgió después de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier
forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición.».

Sobre este punto, en la sentencia SU-391 de 2016, la Corte Constitucional aseguró
que «No existen reglas estrictas e inflexibles para la determinación de la razonabilidad del plazo,
sino que es al juez de tutela a quien le corresponde evaluar, a la luz de las circunstancias de cada

15
Corte Constitucional. Sentencia T-123 de 22 de febrero de 2007. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
16
Corte Constitucional. Sentencia T-594 de 2008: “el requisito de inmediatez tiene una relevancia particular en los casos de
tutela contra providencias judiciales, de manera que la verificación de su cumplimiento debe ser aún más estricta que en
otros casos, por cuanto la firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente”.
17
Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez R.
Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
18
Corte Constitucional. Sentencia T-031 de 8 de febrero de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

8

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02207-00
Demandante: María Trinidad Escobar y otros

caso concreto, lo que constituye un término razonable.»19. Por ende, para analizar si este
requisito se cumple o no, la Corte Constitucional brindó cinco criterios: i) la situación
personal del peticionario; ii) si la vulneración de derechos fundamentales se
extiende en el tiempo; iii) la naturaleza de la vulneración; iv) la actuación contra la
que se dirige la tutela; y v) los efectos de la tutela.

5. Caso concreto

5.1. Como primer aspecto se debe precisar que la providencia cuestionada en esta
acción de tutela por los accionantes es la sentencia del 27 de marzo de 2025
dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia. Esto tal y como se
identificó en las pretensiones de la acción, al indicar que debatía: «la Sentencia
del 27 de marzo de 2025, del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad,
donde fuere ponente el Honorable Magistrado, Dr. CARLOS CRISTOPHER VIVEROS, dentro
del proceso con radicado 05001333302220180003101, notificada personalmente por medios
electrónicos el 01 de abril de la misma anualidad, y por medio de la cual se modificó la
Sentencia de primer grado del 05 de marzo de 2019».

Ahora bien, de la revisión del Sistema de Gestión Samai y del expediente
allegado por el Juzgado Veintidós Administrativo de Medellín, es posible
advertir que la sentencia del 27 de marzo de 2025 se notificó electrónicamente
el 1° de abril de 2025 (Samai, índice 25), luego la notificación se entendió
realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del
mensaje conforme al artículo 205 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, es decir el 2 y 3 de abril de 2025, así pues,
el término para contar los seis meses para la interposición de la acción de
tutela contra providencia judicial se cuentan a partir del viernes 4 de abril de
2025.

5.2. Esta Sala no desconoce que el 29 de abril de 202520 la parte demandante
presentó recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, el cual fue
concedido el 15 de mayo de 202521 por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Séptima de Oralidad por haber sido presentado dentro de la oportunidad
legal, por estar sustentado y por ser un asunto de carácter laboral del que no
se requería cuantía.

Sin embargo, se precisa que tal como lo indica el artículo 261 del CPACA la
concesión del recurso no impide la ejecución de la sentencia «salvo cuando haya
sido recurrida totalmente por ambas partes y por los terceros reconocidos en el proceso», lo
cual no ocurrió en este caso.

Adicionalmente, el artículo 264 del CPACA señala que cuando el recurrente
es único, como en este caso, podría solicitar que se suspendiera el
cumplimiento de la providencia recurrida siempre que prestara caución para
responder por los perjuicios que se llegaran a causar, esto dentro de los 10
días siguientes a la notificación del auto que la ordene, si la caución prestada
es suficiente se decreta la suspensión del cumplimiento de la sentencia en el
auto que concede el recurso, pero si no se presenta caución en debida forma
«continuará el trámite del recurso, pero no se suspenderá la ejecución de la sentencia».

En este caso no se advierte que en el auto que concedió el recurso se hubiera
mencionado la presentación de caución, de ahí que tampoco se cumple con lo
establecido en esta norma para suspender la ejecución de la sentencia.

Ahora bien, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
mediante providencia del 3 de septiembre de 2025, dispuso rechazar de plano

19
Corte Constitucional. Sentencia SU-391 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
20
Samai Tribunal, índice 27. Expediente 05001-33-33-022-2018-00031-01.
21
Samai Tribunal, índice 28. Expediente 05001-33-33-022-2018-00031-01.

9

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el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia con radicado 11001-
03-26-000-2025-00070-00, el cual fue interpuesto por la señora María Trinidad
Escobar Restrepo y otros en contra de la sentencia de segunda instancia de
27 de marzo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia
dentro del proceso de reparación directa con radicación 05001-33-33-022-2018-
00031-01 y se condenó en costas.

Esto al considerar que el «escrito del recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia la parte actora invoca ocho (8) providencias distintas proferidas por el Consejo
de Estado; no obstante, ninguna de ellas ostenta el rango de “sentencia de unificación” en los
términos del artículo 270 de la Ley 1437 de 2011».

Por lo anterior, para la Sala no es de recibo la justificación expuesta por la
parte actora para tener por acreditado el requisito general de la inmediatez,
pues realizó su cómputo a partir de la ejecutoria de la providencia que rechazó
de plano el recurso extraordinario con radicado 11001-03-26-000-2025-00070-
00, cuando la interposición del recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia no suspendió la ejecutoria del fallo del 27 de marzo de 2025,
por lo que era a partir de la notificación de la sentencia de segunda instancia
que debe determinarse la interposición de la acción, más aún, si se tiene en
cuenta que los reproches que se presentan en el presente trámite
constitucional, no están dirigidos contra el auto del 3 de septiembre de 2025
(por el que la Sección Tercera del Consejo de Estado rechazó el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia) al punto que la acción de tutela no
se dirigió contra la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

5.3. Esto quiere decir que el plazo razonable para la interposición de esta acción
de tutela iba hasta el 6 de octubre de 2025, teniendo en cuenta que el término
debía iniciar a contabilizarse a partir del 4 de abril de 2025 (fecha en que se
tiene por notificada la decisión judicial cuestionada).

Como la acción de tutela se radicó hasta el 17 de marzo de 2026, es claro que
la petición de amparo no cumple con el requisito de inmediatez. Esto se debe
a que transcurrieron 11 meses y 13 días entre la notificación de la providencia
acusada y la interposición de la acción de tutela, lo cual supera el plazo
razonable establecido por la jurisprudencia de esta Corporación.

Al respecto, conviene recordar que la tesis de esta Sala consiste en que el
requisito de inmediatez, cuando la acción de tutela se interpone contra
providencias judiciales, se computa desde que el accionante tuvo
conocimiento de la decisión que acusa, es decir, desde la notificación de la
providencia judicial que se cuestiona, pues es en ese momento en el que
adquiere conocimiento del presunto escenario de vulneración
iusfundamental22.

De manera que, la señora María Trinidad Escobar y otros debieron acudir a la
acción de tutela dentro de un plazo razonable contabilizado desde la
notificación de la decisión de cierre del 27 de marzo de 2025, de considerar
que le ocasionaba un perjuicio y que vulneraba derechos de rango
fundamental.

Esta Sala no desconoce que el solo paso del tiempo no es requisito suficiente
para declarar la interposición tardía de la acción de amparo dado que pueden
existir situaciones que justifiquen la inacción de la parte demandante. Sin
embargo, al revisar las pautas establecidas por la Sala Plena del Consejo de

22
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta del Consejo de Estado. Sentencia de tutela
del 21 de agosto de 2019. Proceso Nro. 11001-03-15-000-2019-01555-01. M.P. Julio Roberto Piza; sentencia de tutela
del 8 de octubre de 2020. Proceso Nro. 11001-03-15-000-2020-03474-00. M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez (e).

10

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02207-00
Demandante: María Trinidad Escobar y otros

Estado y por la Corte Constitucional23 no se encuentra acreditada en este caso
una situación que justifique la interposición de la acción de tutela luego de la
pauta de los seis meses.

Por consiguiente, a fin de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar
una decisión judicial sin efectos y tales principios, es imperativo que se
cumplan con rigor cada uno de los requisitos generales señalados
jurisprudencialmente, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción. Lo que no aconteció en el presente asunto.

6. Conclusión

Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela
de la referencia, por no cumplir a cabalidad con los requisitos generales de
procedencia de este mecanismo constitucional contra providencias judiciales,
concretamente el de la inmediatez.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo solicitada por la señora
María Trinidad Escobar y otros, por las razones expuestas en la motivación
precedente.

2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

23
Ver al respecto: Corte Constitucional, sentencia SU-391 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo, sentencia T-246 de 2015
M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, sentencia T-594 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño, sentencia T-158 de 2006
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia T-1110 de 2005 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia SU-961
de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

11

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