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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02207-01

Fecha
13 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02207-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de junio de 2026 por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, a través de la cual declaró improcedente la acción, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo. Notificar, por Secretaría, esta providencia a las partes e intervinientes, en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-02207-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

13 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá. D.C., trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02207-01
Accionante: María Trinidad Escobar y otros.
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad

Tema: Derechos al debido proceso y acceso a la administración de
justicia, entre otros. Reparación Directa. Interposición de recurso
extraordinario de unificación no modifica el punto de partida para
el cómputo de la inmediatez. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por los señores María Trinidad Escobar
Restrepo, Hernán Darío Hoyos Pino, Martha Lilia Álvarez Pino, Luz Marina Álvarez
Pino, Sebastián Álvarez Hoyos, quien actúa en nombre propio y como heredero de
Luis Alberto Álvarez Pino, Luis Alfredo Álvarez Pino, Marta Oliva Álvarez Pino,
Dallana Cano Álvarez, Juan Camilo Cano Álvarez, Jessica Astrid Cano Álvarez,
Elizabeth Cano Álvarez, Wilmar Andrés Álvarez, Paula Andrea Álvarez Pino, Caty
Michel Álvarez, Sergio Alejandro Álvarez Pino, Yised Marcela Álvarez Pino,
Valentina Morales Álvarez, Carlos Mario Arroyave Álvarez, Blanca Dines Arroyave
Álvarez, Alba Nora Arroyave Álvarez, Sandra Cristina Arroyave Álvarez y Yulieth
Vanessa Álvarez Hoyos, en contra de la sentencia del 25 de junio de 2026 proferida
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente
la acción por incumplimiento del requisito de inmediatez.

ANTECEDENTES

Las personas antes mencionadas, por medio de apoderado judicial, promovieron
acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales
al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al debido proceso, a la
reparación integral y a la confianza legítima, que consideran vulnerados con la
sentencia del 27 de marzo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, dentro del medio de control de reparación
directa, al que se le asignó el radicado 05001-33-33-022-2018-00031-00/01.

HECHOS

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02207-01

de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
• Archivo Central.
La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

Narraron que el señor Javier de Jesús Álvarez Pino trabajaba para la sociedad
Estructuras Civiles y Concretos S.A.S., empresa que participaba en la construcción
de unas obras civiles contratadas por el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM)
en la ciudad de Medellín.

Que el 11 de noviembre de 2015, mientras se realizaban labores de vaciado de una
losa, parte de la estructura se desprendió y causó la muerte de dicho trabajador que
desempeñaba funciones como observador de estructura.

Que la investigación adelantada por la ARL Colpatria atribuyó el accidente a la
carencia o al inadecuado apuntalamiento o entibación de la construcción, debido a
fallas en la estructura de fundido que no resistió el concreto.

Que el 25 de enero de 2018 promovieron demanda en ejercicio del medio de control
de reparación directa contra el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM),
Estructuras Civiles y Concretos S.A.S., Urbaniscom Ltda., Obras y Proyectos S.A.S.
(O y P S.A.S.) y las demás entidades vinculadas al proyecto.

Que el Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de Medellín, mediante
sentencia del 5 de marzo de 2019, accedió parcialmente a las pretensiones y
declaró la responsabilidad patrimonial y extracontractual de las entidades
demandadas, al concluir que existieron diversas fallas relacionadas con el proceso
de vaciado de la losa, la actuación de la interventoría, el apuntalamiento de la
estructura y la selección de materiales.

Que contra esa decisión interpusieron recurso de apelación el Instituto Tecnológico
Metropolitano (ITM), Estructuras Civiles y Concretos S.A.S. y algunos llamados en
garantía.

Que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, mediante
sentencia del 27 de marzo de 2025, revocó el fallo de primera instancia y negó las
pretensiones de la demanda, al considerar que el fallecimiento del señor Javier de
Jesús Álvarez Pino obedeció al hecho exclusivo de la víctima.

Que contra esa providencia promovieron recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia, el cual fue rechazado de plano mediante auto del 3 de septiembre
de 2025 por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

Consideran que en la decisión judicial de segunda instancia incurrió en los
siguientes defectos:

I) fáctico, porque valoró indebidamente el material probatorio, omitió apreciar

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pruebas relevantes y tuvo por acreditado el hecho exclusivo de la víctima, - Archivo
peseCentral.
a
las fallas del servicio que, a su juicio, se encontraban demostradas; y II)
desconocimiento del precedente, porque declaró configurada la causal eximente de
responsabilidad denominada hecho exclusivo de la víctima sin verificar los requisitos
jurisprudenciales de imprevisibilidad, irresistibilidad y exterioridad, y sin ponderar las
fallas atribuidas a las entidades demandadas.

PRETENSIONES

Solicitó que se amparen los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia,
se deje sin efectos la sentencia del 27 de marzo de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, y que en su lugar se profiera
«(…) providencia de reemplazo que adopte las actuaciones necesarias tendientes
a tener como probada la responsabilidad extracontractual de los demandados por
el fallecimiento del señor JAVIER DEJESUS ALVAREZ PINO».

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 20 de abril de 2026, se admitió la acción de tutela; se vinculó, en calidad de
terceros con interés, al Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), a Estructuras
Civiles y Concretos S.A.S., a Obras y Proyectos S.A.S., a Urbaniscom Ltda., a
Liberty Seguros S.A., hoy HDI Seguros, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado, al Ministerio Público, al Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, al Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de Medellín y a los
demás sujetos procesales e intervinientes dentro del proceso de reparación directa
con radicado 05001-33-33-022-2018-00031-01; y se ordenó efectuar las
notificaciones correspondientes.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad manifestó
que la presente acción de tutela no satisface el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto pretende utilizarse como una tercera instancia para reabrir
un debate judicial ya definido y obtener nuevamente un pronunciamiento sobre las
pretensiones formuladas en el proceso de reparación directa.

Afirmó que en la sentencia cuestionada no se configuró defecto fáctico ni
desconocimiento del precedente, porque la decisión adoptada tuvo en cuenta el
material probatorio obrante en el expediente y aplicó las reglas jurisprudenciales
fijadas por el Consejo de Estado respecto de la culpa exclusiva de la víctima como
causal eximente de responsabilidad y solicitó que se declare improcedente la acción
de tutela.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

La Sección Tercera del Consejo de Estado indicó que el auto mediante el cual

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rechazó el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia -tuvo Archivo Central.
como
fundamento que ninguna de las providencias invocadas por la parte recurrente
correspondía a una sentencia de unificación en los términos previstos en el artículo
270 del CPACA.

Señaló que los accionantes no formularon cuestionamiento alguno contra el auto
del 3 de septiembre de 2025 que rechazó el recurso extraordinario de unificación,
sino contra la sentencia del 27 de marzo de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia; por lo que consideró existía falta de legitimación en la
causa por pasiva respecto de esa corporación.

La Sociedad Liberty Seguros S.A., hoy HDI Seguros, sostuvo que la accionante
pretende utilizar la acción de tutela para controvertir nuevamente asuntos resueltos
dentro del proceso ordinario, en particular la valoración probatoria efectuada por el
juez de segunda instancia.

Manifestó que el Tribunal Administrativo de Antioquia examinó integralmente el
acervo probatorio y no solo el testimonio señalado por los accionantes, de manera
que la controversia planteada corresponde a una simple inconformidad con el
sentido de la decisión judicial.

Por su parte, Urbaniscom Ltda., por conducto de apoderada judicial, se opuso a
las pretensiones de la demanda de tutela y sostuvo que la parte actora pretende
utilizar este mecanismo constitucional como una vía adicional para reabrir un debate
concluido en sede jurisdiccional.

Indicó que la providencia cuestionada constituye una manifestación legítima del
principio de la sana crítica y del margen de apreciación probatoria reconocido al juez
y solicitó declarar improcedente la acción de tutela.

No se presentaron más intervenciones.

SENTENCIA IMPUGNADA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 25 de junio de
2026, declaró improcedente la acción, por considerar que no se superaba el
requisito de inmediatez.

Explicó que la sentencia del 27 de marzo de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, fue notificada
electrónicamente el 1.º de abril de 2025; que conforme al artículo 205 del CPACA,
la notificación se entendió surtida después de transcurridos dos días hábiles desde
el envío del mensaje, razón por la cual el término para contabilizar el requisito de
inmediatez comenzó el 4 de abril de 2025.

Indicó que, aunque la parte actora interpuso recurso extraordinario de unificación de

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jurisprudencia contra la sentencia cuestionada, dicho recurso no suspendió - Archivo Central.
la
ejecutoria ni la ejecución de la decisión judicial y, que la acción de tutela no estaba
dirigida contra el auto del 3 de septiembre de 2025 mediante el cual la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado rechazó el recurso extraordinario,
sino exclusivamente contra la sentencia del 27 de marzo de 2025.

Concluyó que el plazo razonable para promover la acción constitucional vencía el 6
de octubre de 2025 y que la solicitud de amparo solamente se radicó el 17 de marzo
de 2026, esto es, once meses y trece días después de la notificación de la
providencia censurada, término que excedía ampliamente la pauta general de seis
meses fijada por la jurisprudencia para las acciones de tutela contra providencias
judiciales.

Señaló que no se acreditó ninguna circunstancia excepcional que justificara la
flexibilización del requisito de inmediatez y que la contabilización desde la ejecutoria
del auto que rechazó el recurso extraordinario de unificación resultaba
improcedente.

IMPUGNACIÓN

La parte accionante impugnó la sentencia al considerar que sí se cumplía el requisito
de inmediatez, y que hubo una indebida valoración probatoria; que el análisis
realizado desconoció las particularidades del caso y la necesidad de armonizar el
requisito de inmediatez con el requisito de subsidiariedad propio de la acción de
tutela.

Que interpuso recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia y, que
mientras este se encontraba en trámite no resultaba procedente acudir a la acción
de tutela, pues los accionantes tenían el deber de agotar previamente todos los
mecanismos de defensa judicial ordinarios y extraordinarios disponibles antes de
promover el amparo constitucional.

Adujo que exigir simultáneamente el agotamiento de los recursos judiciales y el
cumplimiento estricto de la pauta temporal de la inmediatez conduce, en el caso
concreto, a restringir el acceso a la administración de justicia y a la protección
constitucional de los derechos fundamentales. Que los requisitos de subsidiariedad
e inmediatez deben interpretarse de manera armónica y conforme a los principios
constitucionales que garantizan el acceso efectivo a la administración de justicia.

En consecuencia, solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
amparar los derechos fundamentales invocados.

Se decidirá previa las siguientes,

CONSIDERACIONES

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Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las- Archivo Central.
siguientes
temáticas: I) generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales y III) análisis del caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C-590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU-128/21,
se enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones (…)

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable (…)

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración (…)

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado
tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (…)»

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:

1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño

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• Archivo Central.

«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello (…)

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional (…)

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución.»3

En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-0215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y la seguridad jurídica y expresó:

«(…) Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela
se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de
cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente
exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una argumentación
cualificada4.

(:..) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5. Esto
implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los
argumentos propuestos por el accionante, […]. Si el juez constata alguna
irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite la
intervención urgente del juez de tutela6.»

3 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4 Sentencia SU-074 de 2022.
5 Sentencia SU-074 de 2022.
6 Sentencia SU-072 de 2018.

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En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las- Archivo Central.
exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.

Análisis del caso concreto

La Subsección advierte que la providencia señalada fue notificada mediante
mensaje de datos enviado el 1 de abril de 2025 y adquirió ejecutoria el 8 del mismo
mes y año, por lo cual la parte accionante tenía hasta el 8 de octubre de 2025 para
instaurar la acción de tutela; sin embargo, radicó este mecanismo el 17 de marzo
de 2026, esto es, transcurridos más de 6 meses desde que quedó ejecutoriada la
decisión controvertida en esta sede, lo que evidencia el incumplimiento del requisito
de inmediatez.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la inconformidad se dirige contra la sentencia
del 27 de marzo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia y no
contra el auto del 3 de septiembre de 2025 mediante el cual la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado rechazó el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia.

La parte impugnante sostiene que el término debía contabilizarse desde la
ejecutoria del auto que rechazó el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia, pues, en su criterio, el requisito de subsidiariedad le imponía agotar
previamente dicho mecanismo de defensa judicial antes de acudir a la acción de
tutela.

Dicho recurso fue rechazado debido a que las providencias invocadas por la parte
recurrente no correspondían a sentencias de unificación en los términos previstos
en el artículo 270 del CPACA, es decir, el mecanismo promovido no satisfizo los
presupuestos legales exigidos para su procedencia y en ese sentido, no es acertado
afirmar que lo pretendido con él era cumplir el requisito de subsidiariedad.

Es cierto que la acción de tutela contra providencia judicial exige agotar todos los
recursos contra la decisión que se cuestiona, pero ello no incluye la presentación
de recursos improcedentes, extemporáneos o sin el lleno de los requisitos formales.
El requisito de subsidiariedad exige el agotamiento en forma idónea de los medios;
de lo contrario, no justifica la tardanza en la interposición de la acción de tutela.

No debe olvidarse que, de acuerdo con la Corte Constitucional7, tratándose de
providencias judiciales, el requisito de inmediatez debe ser valorado de manera
exigente, como quiera que «la acción de tutela podría dejar sin efecto una decisión
judicial» afectando con ello la cosa juzgada.

7Sentencia T-001 de 2022

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de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
Significa entonces que el análisis de la inmediatez debe efectuarse a - partir
Archivode
Central.
la
ejecutoria de la sentencia que los accionantes identifican como vulneradora de sus
derechos fundamentales y no se observan elementos que permitan flexibilizar el
presupuesto temporal por circunstancias particulares del caso; de manera que le
asiste razón a la primera instancia constitucional al declarar la improcedencia por
falta del requisito de inmediatez.

En consecuencia, se confirmará la sentencia impugnada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de junio de 2026 por el Consejo
de Estado, Sección Cuarta, a través de la cual declaró improcedente la acción, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Notificar, por Secretaría, esta providencia a las partes e intervinientes, en
la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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