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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02222-01

Fecha
5 de junio de 2026
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02222-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 23 de abril de 2026, por el Consejo de Estado–Sección Segunda-Subsección A. SEGUNDO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-02222-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

5 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02222-01

Accionante: WILSON FERNANDO MUÑOZ ESPITIA

Autoridad: NACIÓN-RAMA JUDICIAL-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL-UNIDAD DE TALENTO HUMANO Y
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

PETICIÓN-El artículo 23 CN prevé el derecho de presentar peticiones ante las autoridades y a obtener una
respuesta oportuna de estas. PETICIÓN-Circunstancias en que se entiende vulnerado el derecho. PETICIÓN-
No implica para las autoridades el deber de acceder a lo solicitado. CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-Cesa el
trámite de la tutela. CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-Hecho superado cuando la autoridad satisface lo solicitado
sin que medie la orden del juez. TUTELA-Carácter subsidiario del amparo.

La Sala decide la impugnación interpuesta por Wilson Fernando Muñoz Espitia
contra el fallo proferido el 23 de abril de 2026, por el Consejo de Estado–Sección
Segunda-Subsección A, que desvinculó de la acción al Consejo Superior de la
Judicatura y declaró la carencia actual de objeto por hecho superado.

ANTECEDENTES

1. Acción de tutela

El 18 de marzo de 2026, Wilson Fernando Muñoz Espitia, actuando en nombre
propio, formuló acción de tutela con el fin de obtener la protección de su derecho
fundamental de petición, que consideró vulnerado por la Nación-Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial–Unidad de Talento Humano y el Consejo Superior de la
Judicatura, al no dar respuesta a la petición presentada el 1 de diciembre de 2025.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-02222-01
Accionante: Wilson Fernando Muñoz Espitia
Acción de tutela – Segunda instancia

En virtud del amparo, la parte accionante solicita textualmente:

PRIMERA: Se solicita respetuosamente a ustedes señores Magistrados,
AMPARAR el derecho fundamental de PETICIÓN de acuerdo con lo
planteado en el presente escrito.
SEGUNDA: Se le ordene a el ACCIONADO, dar respuesta a la petición
realizada en el término de (48) horas siguientes a la notificación del fallo y de
la forma ampliamente unificada expuesta por la Corte Constitucional para
tales efectos.

2. Hechos relevantes

El 1 de diciembre de 2025, Wilson Fernando Muñoz Espitia, en su calidad de director
de la Unidad de Infraestructura Física de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, radicó un derecho de petición dirigido al director de la Unidad de Talento
Humano de la entidad, en el que solicitó información sobre las funciones y los
requisitos del cargo de Coordinador de Secciones durante el periodo 2022 a 2024,
así como las razones o fundamentos que justificaron dichos cambios, y solicitó remitir
la resolución mediante la cual se trasladó al Director de la Unidad de Informática a
dicho cargo.

3. Fundamentos de la tutela

La parte accionante sostuvo que las autoridades accionadas vulneraron su derecho
fundamental de petición, ya que a la fecha de presentación de la acción de tutela no
habían emitido una respuesta de fondo a sus solicitudes.

4. Trámite de primera instancia

El 19 de marzo de 2026, el Consejo de Estado–Sección Segunda-Subsección A
admitió la acción de tutela1 y ordenó su notificación al accionante y a las autoridades
accionadas.

1 SAMAI, índice 5 de primera instancia.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-02222-01
Accionante: Wilson Fernando Muñoz Espitia
Acción de tutela – Segunda instancia

En su escrito de contestación, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial2
solicitó declarar improcedente la acción por carencia actual de objeto. Señaló que el
24 de marzo de 2026 se notificó el oficio DEAJRHO25-5178, el cual contenía una
respuesta de fondo, clara y congruente con la solicitud inicial del actor. Indicó que, al
haberse satisfecho la pretensión mediante la actuación requerida, desaparece la
afectación alegada y, en consecuencia, el juez constitucional carece de objeto para
emitir una orden de fondo.

Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura 3 pidió ser desvinculado del
trámite. Argumentó que no existió vulneración de derechos fundamentales atribuible
a esa corporación y, por esta razón, carece de legitimación en la causa por pasiva.
Expuso que el accionante no aportó siquiera prueba sumaria de haber radicado una
petición formal ante los canales oficiales de dicha entidad. Precisó que la solicitud
mencionada por el actor correspondía a un trámite propio de la Unidad de Talento
Humano de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por lo que cualquier
eventual vulneración al derecho de petición recaería exclusivamente en los
funcionarios de esa dependencia y no en el Consejo Superior de la Judicatura.

Mediante memorial, el accionante argumentó que aún no había recibido una
respuesta clara, completa y de fondo. Señaló que la comunicación enviada el 24 de
marzo resultaba insuficiente, pues aunque se indicó que la resolución de traslado del
servidor público que se había requerido estaba protegida por reserva legal, en su
criterio dicha restricción no era aplicable.

El 23 de abril de 20264, el Consejo de Estado–Sección Segunda–Subsección A
profirió sentencia de primera instancia mediante la cual declaró la carencia actual
de objeto por hecho superado. Consideró que el 24 de marzo de 2026 la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial-Unidad de Talento Humano emitió respuesta de
fondo a la petición radicada por el accionante. Precisó que, aunque inicialmente se
configuró una afectación al derecho fundamental de petición por la falta de respuesta

2 SAMAI, índice 9 de primera instancia.
3 SAMAI, índice 10 de primera instancia.
4 SAMAI, índice 14 de primera instancia.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-02222-01
Accionante: Wilson Fernando Muñoz Espitia
Acción de tutela – Segunda instancia

oportuna, dicha vulneración cesó durante el trámite de la tutela, lo que releva al juez
constitucional de impartir una orden adicional. Además, indicó que, frente a la
negativa de entregar ciertos documentos por reserva legal, el accionante contaba
con el mecanismo de insistencia previsto en el artículo 26 del CPACA, el cual resulta
idóneo para controvertir esa decisión. La Sala también accedió a la solicitud de
desvinculación del Consejo Superior de la Judicatura, al no existir prueba de
vulneración atribuible a esa entidad, por lo cual no tenía legitimación en la causa por
pasiva.

La parte accionante impugnó la decisión5. Solicitó revocar la decisión que declaró la
carencia actual de objeto por hecho superado, al considerar que la negativa de
entregar documentos por reserva legal vulnera su derecho fundamental de petición,
pues, a su juicio, tales documentos no estaban amparados por dicha reserva.

Finalmente, el 8 de mayo de 20266 se concedió la impugnación.

CONSIDERACIONES

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
del 23 de abril de 2026, proferida por el Consejo de Estado–Sección Segunda–
Subsección A, que declaró la carencia actual de objeto por hecho superado.

6. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la Constitución Nacional y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la impugnación contra el fallo de
primera instancia con arreglo a lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591 de
1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2020 de la Sala Plena de la Corporación.

5 SAMAI, índice 18 de primera instancia.
6 SAMAI, índice 20 de primera instancia.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-02222-01
Accionante: Wilson Fernando Muñoz Espitia
Acción de tutela – Segunda instancia

Derecho de petición

El artículo 23 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades, por motivos de interés general o
particular, y a obtener pronta resolución. Al legislador le compete reglamentar el
ejercicio de este derecho ante los particulares para garantizar derechos
fundamentales. La presentación de peticiones ante las autoridades implica el
ejercicio de este derecho, sin necesidad de invocarlo, y mediante él se puede solicitar
el reconocimiento de un derecho; la intervención de una entidad o funcionario; la
resolución de una situación jurídica; la prestación de un servicio, el requerimiento de
una información; la consulta, examen o las copias de documentos; la formulación de
consultas, quejas, denuncias, reclamos y la interposición de recursos. La
presentación de peticiones es gratuita y no requiere la representación de abogado
(art. 14 CPACA, adicionado por la Ley 1755 de 2015).

La persona que presente una petición deberá designar la autoridad a la que la dirige.
También deberá indicar su nombre o el de su apoderado o representante, si es el
caso, la dirección para notificaciones, el objeto de la petición y las razones que la
fundamentan, la relación de los documentos para iniciar el respectivo trámite y la
firma, si fuere necesario (art. 16 CPACA, adicionado por el artículo 1 de la Ley 1755
de 2015). Por su parte, la autoridad deberá responder la petición -siempre que esta
cumpla los requisitos-, de manera completa y de fondo, en el plazo de quince días.
Si se trata de una solicitud de documentos, el plazo es de diez días. Para la atención
de consultas el plazo es de treinta días. Estos términos no se aplican a los
procedimientos administrativos que tienen una regulación especial (art. 15 CPACA,
adicionado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015).

La respuesta de la autoridad frente a una petición, además de ser oportuna y de
fondo, debe ser clara, congruente con lo solicitado y se debe notificar al peticionario.
No obstante, el deber de responder a una petición no implica acceder a lo solicitado,
pues ello dependerá de que la ley así lo permita y de lo que se pruebe en la
respectiva actuación administrativa. El incumplimiento de estos requisitos implica la

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-02222-01
Accionante: Wilson Fernando Muñoz Espitia
Acción de tutela – Segunda instancia

vulneración del derecho fundamental previsto en el artículo 23 CN7.

Carencia actual de objeto por hecho superado

El artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 prescribe que si, estando en curso la tutela
se dictare una resolución administrativa o judicial que revoque, detenga o suspenda
la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos
de indemnización y de costas, si fueren procedentes. La carencia actual de objeto
por hecho superado se configura cuando entre la interposición de la acción de tutela
y el fallo se satisface lo solicitado en el amparo, de modo que la pretendida orden de
tutela no es necesaria y, por ello, el juez debe concluir la actuación8.

Subsidiariedad

El inciso tercero del artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 6.1 del Decreto
2591 de 1991 prevén que la acción de tutela no procede cuando existan otros
recursos o medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La jurisprudencia constitucional ha
precisado que esta regla tiene dos excepciones: i) el empleo de la acción de tutela
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, o ii) cuando los
medios de defensa no sean idóneos ni eficaces para superar la amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales invocados9.

Caso concreto

La parte accionante considera que la Unidad de Talento de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y el Consejo Superior de la Judicatura vulneraron su derecho
fundamental de petición, al no haber respondido la solicitud presentada el 1 de
diciembre de 2025. En efecto, el accionante formuló un derecho de petición dirigido
al director de la Unidad de Talento Humano de la entidad, mediante el cual solicitó
información sobre los requisitos y las funciones de un cargo. La respuesta no fue

7 Corte Constitucional, sentencia T-310 de 1998.
8 Corte Constitucional, sentencia SU-225 de 2013.
9 Corte Constitucional, sentencia SU-026 de 2021, C.P. Cristina Pardo Schlesinger.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-02222-01
Accionante: Wilson Fernando Muñoz Espitia
Acción de tutela – Segunda instancia

emitida de manera oportuna y solo se produjo el 24 de marzo de 2026, mediante el
oficio DEAJRHO25-5178. Frente a la solicitud de remitir copia de la resolución
mediante la cual se realizó un traslado interno de un funcionario de la entidad, indicó
que se trataba de un documento sujeto a reserva legal, con fundamento en el artículo
24.3 de la Ley 1755 de 2015.

En sentencia de primera instancia, el Consejo de Estado-Sección Segunda-
Subsección A, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, al constatar
que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial emitió una respuesta de fondo.
Precisó que, frente a la negativa de entregar ciertos documentos por reserva legal,
el accionante contaba con el mecanismo de insistencia previsto en el artículo 26 del
CPACA, idóneo para controvertir esa decisión. En esa misma providencia se ordenó
la desvinculación del Consejo Superior de la Judicatura, por falta de legitimación en
la causa por pasiva. Inconforme con esta decisión, el actor impugnó la providencia y
sostuvo que la vulneración persiste, debido a que se le negaron documentos que, en
su criterio, no están amparados por reserva legal, lo cual afecta su derecho
fundamental de petición. Por tal razón, la Sala circunscribirá su estudio a este
aspecto.

Sobre el particular, aunque el accionante insiste en que los documentos solicitados
no están sometidos a reserva, el artículo 26 del CPACA prevé la figura de
«insistencia del solicitante en caso de reserva», mecanismo a través del cual
corresponde al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por tratarse de
documentos ubicados en la jurisdicción del Distrito Capital, decidir sobre su carácter
reservado. En ese contexto, la acción de tutela no puede convertirse en una instancia
paralela para resolver controversias propias de la legalidad administrativa. En
consecuencia, el carácter subsidiario de este mecanismo impone a la parte actora la
carga de agotar los instrumentos previstos en el ordenamiento jurídico para
controvertir la reserva de los documentos solicitados. Por ello, el hecho de que la
respuesta no haya satisfecho sus expectativas no implica que el derecho de petición
no haya sido resuelto de fondo ni que subsista su vulneración.

Así las cosas, se configura un hecho superado y, en consecuencia, la Sala habrá de
confirmar la sentencia del 23 de abril de 2026, proferida por el Consejo de Estado-

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-02222-01
Accionante: Wilson Fernando Muñoz Espitia
Acción de tutela – Segunda instancia

Sección Segunda-Subsección A, que declaró la carencia actual de objeto por hecho
superado, pues lo pretendido con el amparo ya se satisfizo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 23 de abril de 2026, por el
Consejo de Estado–Sección Segunda-Subsección A.

SEGUNDO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO

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