Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02224-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02224-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02224-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02224-00
Accionante: Estelio Orozco Cuesta
Accionado: Municipio de Soledad
Tema: Derechos: petición, debido proceso, seguridad social, acceso a la
administración de justicia, salud, vida y mínimo vital. Acuerdo de
reestructuración de pasivos. Pago de acreencias laborales
reconocidas en proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
CONCEDE AMPARO - DECLARA IMPROCEDENTE
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Estelio Orozco Cuesta,
mediante apoderado, en contra del municipio de Soledad (Atlántico).
ANTECEDENTES
El accionante solicita se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso,
seguridad social, acceso a la administración de justicia, salud, vida, mínimo vital y
petición, que considera vulnerados por el presunto incumplimiento de las sentencias
del 13 de diciembre de 2016 y 31 de agosto de 2017, proferidas, respectivamente,
por el Juzgado 13 Administrativo del Circuito de Barranquilla y el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala Escritural, dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado 08001-33-31-704-2015-00028-00 [01].
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que el 18 de junio de 1992 se posesionó en el cargo de analista de laboratorio, en
la antigua Secretaría de Servicios Públicos (Acueducto Municipal) del municipio de
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Soledad. Adujo que siempre estuvo inscrito en el escalafón -de
Archivo Central.
carrera
administrativa.
Que prestó sus servicios en la Secretaría hasta el 30 de noviembre de 1998, dado
que el cargo que tenía fue suprimido mediante el Decreto núm. 266 del 27 de igual
mes y año.
Que el actor le solicitó al alcalde del municipio de Soledad que lo reintegrara a un
cargo de igual o superior categoría, petición que fue negada.
Que interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del
municipio de Soledad, la cual le correspondió al Juzgado Trece Administrativo del
Circuito de Barranquilla, con radicado 08001-33-31-704-2015-00028-00.
Que el 13 de diciembre de 2016, el Juzgado declaró la nulidad del Decreto núm.
266 de 1998 y, en consecuencia, le ordenó al ente territorial reintegrarlo a un cargo
igual o superior al que tenía al momento de la supresión del cargo, y lo condenó al
pago de «todos los sueldos, primas, bonificaciones, vacaciones y demás
emolumentos de la asignación básica correspondiente al cargo que venía
ocupando, junto con los incrementos legales, previa las deducciones de ley, desde
cuando se produjo su retiro hasta cuando efectivamente sea reintegrado a su
cargo».
Que la anterior decisión fue confirmada el 31 de agosto de 2017 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico y quedó ejecutoriada el 7 de octubre de igual año.
Que el actor le solicitó al municipio de Soledad dar cumplimiento a la sentencia
citada y la administración, mediante Resolución núm. 437 del 16 de agosto de 2019,
«decretó la IMPOSIBILIDAD JURIDICA Y FACTICA [sic] PARA DAR
CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DE REINTEGRO Y SE DA CUMPLIMIENTO
PARCIAL A LA ORDEN DE DAR».
Que el ente territorial expidió acto administrativo a través del cual liquidó los
conceptos de salarios dejados de percibir, prima de servicios, prima de vacaciones,
prima de navidad, bonificación por servicios prestados, vacaciones, cesantías e
intereses de las cesantías, causadas desde el 1.º de diciembre de 1998 hasta el 31
de diciembre de 2018.
Alega que el municipio en el acto mencionado no se pronunció sobre la
indemnización que contempla la Ley 909 de 2004 y las prestaciones las liquidó hasta
el 31 de diciembre de 2018, siendo el último pago en el año 2022.
Que ante la incorrecta liquidación realizada por la administración y la falta de pago
de la indemnización «se han seguido causando salarios y prestaciones desde enero
01 de 2019 y hasta la presente y seguirán causándose hasta el momento en que le
cancelen INDEMNIZACIÓN y las correspondientes prestaciones».
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• Archivo Central.
Que el 27 de marzo de 2023; 9 de julio, 15 de noviembre y 18 de diciembre de 2024
y 21 y 29 de octubre de 2025 le pidió al municipio de Soledad que 1) liquidara y
cancelara las acreencias laborales adeudadas; 2) que pagara a Colpensiones los
aportes para pensión, los cuales fueron descontados, pero no consignados a dicha
entidad; 3) acatara el párrafo 7.º del artículo 189 de la «Ley 1137 [sic] de 2011».
Sostiene que a la fecha de la presentación de la tutela no ha recibido respuesta.
Que el municipio de Soledad esta incurso en un proceso de reestructuración de
pasivos, en los términos de la Ley 550 de 1999; que comenzó el 10 de mayo de
2012 y fue prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2034; de ahí que todos los
procesos ejecutivos en contra del ente territorial se encuentren suspendidos hasta
la fecha mencionada, razón por la cual «no se ha podido adelantar la
correspondiente ejecución contra dicho municipio».
Que tiene 73 años y no ha podido acceder a la pensión de vejez porque el municipio
no ha cancelado los aportes de pensiones a Colpensiones.
Que el «10 [sic]» de septiembre de 2024 le pidió al contralor del municipio de
Soledad que revise la gestión fiscal realizada por el ordenador del gasto, sobre el
pago de las acreencias laborales, a fin de evitar un detrimento patrimonial, mediante
Oficio núm. 20041016-0.407 se le informó que el pago de las acreencias laborales
es competencia de la Alcaldía, motivo por el cual darían traslado a la solicitud.
El actor estima que la respuesta que le brindó el contralor es incongruente, pues no
atiende a lo pedido.
Considera que el acuerdo de reestructuración de pasivos del municipio accionado
le obstruye los derechos invocados en especial el acceso a la administración de
justicia. Además, el numeral 13 del artículo 58 de la Ley 550 de 1990 le impide
ejecutar al ente territorial «muy a pesar de la obligatoriedad de cumplimiento que
tienen, violando así lo establecido en el Artículo [sic] 454 del Código Penal
Colombiano, Artículos 189, 192. 195 y demás» del CPACA.
PRETENSIONES
El accionante pide que se amparen los derechos invocados y se ordene al municipio
de Soledad dar estricto cumplimiento a las sentencias que lo condenaron a
reintegrarlo a un cargo de igual o superior jerarquía al que ocupaba y cancelarle los
salarios y las prestaciones dejadas de percibir.
TRÁMITE DEL PROCESO
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• Archivo Central.
El 20 de marzo de 2026, se admitió la acción de tutela, se negó la solicitud de
vincular al trámite a la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, y se ordenó notificar a la autoridad accionada.
El 8 de abril de 2026 se vinculó al trámite constitucional a la Contraloría Municipal
de Soledad.
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
El municipio de Soledad fue debidamente notificado de la acción de tutela; sin
embargo, guardó silencio.
La Contraloría Municipal de Soledad (Atlántico) mencionó que el actor le solicitó
la revisión y/o análisis de la gestión fiscal del municipio de soledad, con relación a
las deudas que tiene el ente territorial por acreencias laborales con algunos
exempleados, entre ellos el accionante. Dicha petición fue atendida de forma
oportuna mediante el Oficio núm. 20041016-4.07.
Adujo que la naturaleza del control fiscal es eminentemente técnica y se orienta a
la vigilancia de la gestión fiscal y a la protección del patrimonio público, mediante la
evaluación de actuaciones ya ejecutadas, lo cual no le otorga las facultades para
sustituir, desplazar o asumir las competencias funcionales de las entidades
territoriales.
Argumenta que la tutela no satisface el requisito de subsidiariedad, pues el actor
puede exigir el cumplimiento de la sentencia o del acuerdo de reestructuración a
través del proceso ejecutivo o los incidentes de desacato ante la autoridad judicial
correspondiente.
Así las cosas, dijo que no le ha vulnerado al actor derecho alguno. Adicionalmente,
señaló que carece de legitimación en la causa por pasiva para reconocer, liquidar o
disponer el pago de las acreencias laborales reclamadas por el accionante, en la
medida en que tales obligaciones corresponden exclusivamente al municipio de
Soledad.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
A la Sala le corresponde decidir sobre la tutela solicitada, para lo cual se abordarán
los siguientes temas: I) generalidades de la acción de tutela; II) derecho de petición;
III) procedencia excepcional de la acción de tutela para el pago de acreencias
laborales dentro de los procesos de reestructuración económica y IV) análisis del
caso concreto.
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Generalidades de la acción de tutela - Archivo Central.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
Derecho de petición
El derecho fundamental de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución
Política de Colombia, permite el establecimiento de una comunicación efectiva entre
la administración y los ciudadanos, cuya fluidez y eficacia constituye una exigencia
impostergable para los ordenamientos organizados bajo la insignia del Estado social
de derecho.
Así mismo, las reglas consagradas en la Constitución y la ley y desarrolladas por la
jurisprudencia, dan cuenta de la calidad que debe tener la respuesta que se brinde,
esto es, debe resolver el fondo del asunto y debe ser coherente, entendiendo por
ello la armonía entre lo solicitado por el peticionario y la decisión adoptada por la
peticionada.
Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que «la satisfacción del derecho
de petición no depende de la respuesta favorable a lo solicitado, por lo que hay
contestación incluso si la respuesta es en sentido negativo y se explican los motivos
que conducen a ello. De ahí que se diferencie el derecho de petición del “derecho a
lo pedido» 1.
En el mismo sentido, ha establecido la jurisprudencia constitucional el imperativo de
que el solicitante conozca el contenido de la contestación emitida, para lo cual, la
autoridad debe realizar la efectiva notificación de su decisión, de conformidad con
los estándares contenidos en el CPACA y que este deber se mantiene, incluso,
cuando se trate de contestaciones dirigidas a explicar sobre la falta de competencia
de la autoridad e informar sobre la remisión a la entidad encargada 2.
Ahora, en caso de que no sea posible dar respuesta dentro del término, antes del
vencimiento la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el
término en el cual se dará la contestación, de conformidad con lo dispuesto en la
1 Sentencia T-242 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Véanse también, entre otras, las Sentencias
T-180 de 2001, T-192 de 2007, T-558 de 2012, T-155 de 2018 y T-051 de 2023.
2 Sentencia T-610 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Véase también, entre otras, las sentencias T-430 de
2017, T-206 de 2018, T-217 de 2018, T-397 de 2018 y T-007 de 2019.
Artículo 74 de la Constitución Política: “Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos
salvo los casos que establezca la ley. (…)” Capítulo V de la Ley 1437 de 2011, sobre PUBLICACIONES,
CITACIONES, COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 2020.
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Ley 1755 de 2015, artículo 14. - Archivo Central.
Así las cosas, la garantía del derecho de petición se entiende cumplida con la
manifestación adecuada a la solicitud planteada, con la respuesta efectiva para la
solución del caso y con la oportuna comunicación de esta al interesado.
Procedencia excepcional de la acción de tutela para el pago de acreencias
laborales dentro de los procesos de reestructuración económica
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un
instrumento de protección de los derechos fundamentales, que «solo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable».
La Corte Constitucional considera que la acción de tutela procede de manera
excepcional, en contra de las entidades que están en procesos de reestructuración
de pasivos, siempre y cuando se acredite que con ella se puede evitar la ocurrencia
de un perjuicio irremediable y/o una afectación al mínimo vital:
«(...) cuando se trata de acciones de tutela dirigidas contra entidades en
procesos de reestructuración de pasivos o intervenidas por el Gobierno, esta
Corporación ha sido enfática en señalar la improcedencia general de la tutela
por tratarse de un procedimiento originado en la circunstancias deficitarias de la
entidad y que tiene como finalidad suspender las garantías de los acreedores
(por ejemplo, suspender el derecho a instar un proceso ejecutivo o a continuar
el que estuviere en curso), en orden a alcanzar en el largo plazo la satisfacción
de las deudas pendientes. Si la suspensión de las garantías de los acreedores
es la vía que tomó el legislador para garantizar la satisfacción de las
prestaciones adeudadas, admitir la procedencia de la tutela en la generalidad
de los casos, sería justamente ir en contravía de los propósitos de la ley, y
afectar el derecho a la igualdad de otros acreedores sometidos a las reglas del
proceso de reestructuración.
Entonces, en eventos sumamente excepcionales, la Corte ha concedido
peticiones de tutela encaminadas a exigir, de entidades en
reestructuración, el pago de acreencias contractuales: en lo que atañe a las
acreencias laborales, lo ha hecho por haberse encontrado plenamente
acreditada la vulneración al mínimo vital de los trabajadores; en aquellos
casos en los cuales se reclama el pago de acreencias contractuales mercantiles
o administrativas, las ha concedido siempre y cuando sean acreditadas las
condiciones que permitan inferir la vulneración de un derecho fundamental, y la
constitución de un perjuicio no remediable de otra manera que exigiendo el pago
de la obligación dineraria mediante la tutela»3. (negrilla fuera de texto original)
Análisis del caso concreto
En síntesis, el señor Estelio Orozco Cuesta considera que el municipio de Soledad
le vulnera los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, acceso
3 Corte Constitucional, sentencias T 897 de 2007 y T 310 de 2012.
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a la administración de justicia, salud, vida, mínimo vital y petición, - Archivo Central.
por
presuntamente no acatar los fallos condenatorios que se emitieron a su favor dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 08001-
33-31-704-2015-00028-00 [01] y por no brindarle respuesta a las solicitudes que ha
presentado en ese sentido.
El actor aportó las siguientes pruebas:
• Sentencia del 13 de diciembre de 2016 proferida por el Juzgado Trece
Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, donde se declaró la nulidad del
Decreto núm. 266 de 1998, por medio del cual se suprimió el cargo del señor Orozco
y, se condenó al municipio de Soledad a reintegrar al actor a un cargo de igual o
superior jerarquía al que tenía al momento de la supresión y a pagar los sueldos,
primas, bonificaciones y demás emolumentos de la asignación básica,
correspondiente al cargo que venía ocupando.
• Sentencia del 31 de agosto de 2017 del Tribunal Administrativo del Atlántico que
confirmó la decisión del a quo.
• Resolución núm. 437 del 16 de agosto de 2019, mediante la cual la Alcaldía de
Soledad manifestó la imposibilidad jurídica y fáctica de cumplir con la orden dada
por el Juzgado 13 Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla y el Tribunal
Administrativo del Atlántico, consistente en reintegrar al actor al cargo que este
venía ocupando o en uno de superior categoría.
• El 9 de septiembre de 2024, el actor, mediante apoderado, le solicitó al contralor
del municipio de Soledad que
«(…) con fundamento en las facultades que le confiere la Constitución Nacional,
se sirva vigilar la GESTIÓN FISCAL realizada por el ORDENADOR DEL
GASTO del municipio de Soledad, acerca del pago de las ACREENCIAS
LABORALES que le adeudan a todos mis patrocinados, tal como viene dicho a
fin de evitar el DETRIMENTO PATRIMONIAL que se le viene causando al
municipio». (negrilla fuera de texto original)
El 11 de octubre de 2024, el actor pidió información sobre el estado de la petición
citada.
• El 16 de octubre de 2024, la Contraloría Municipal de Soledad contestó lo
siguiente:
«(…) En virtud de lo anterior, este ente de control se permite informar que de
forma regular o periódica la Contraloría Municipal de Soledad realiza o practica
auditoria [sic] a los diferentes entes (sujetos y puntos de control) de esta
municipalidad entre los cuales se encuentra la Alcaldía de Soledad, los
resultados obtenidos de estos procesos auditores son publicados en nuestra
página web https://www.contraloria-soledad.gov.co/tema/informes-de-auditoria
en la cual se puede consultar.
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• Archivo Central.
Sobre el tema de acreencias laborales que usted menciona en el libelo de la
solicitud, es menester recordarle que este tema es competencia directa del
Municipio de Soledad, al cual deberá dirigirse y solicitar el pago de las mismas,
por consiguiente, este ente de control dará traslado por competencia a las
dependencias de la Alcaldía Municipal de Soledad de conformidad con lo
estipulado en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, teniendo en cuenta lo
solicitado en la petición».
• El 30 de diciembre de 2024, el actor reiteró la petición al contralor, en los siguientes
términos:
«(…) 1.- Se sirva ejercer la función de VIGILANCIA O CONTROL sobre la
GESTION FISCAL adelantada por el funcionario encargado de la
ORDENACION DEL GASTO del municipio de Soledad (Atlántico), en lo que se
refiere al pago total de las ACREENCIAS LABORALES que le adeudan a cada
uno de mis representados, tal como se explica en presedencia [sic].
2.- En caso de cualquier conducta OMISIVA de parte de dicho funcionario, muy
respetuosamente solicito al Señor contralor se sirva adelantar las ACCIONES
SANCIONATORIAS DEL CASO, de acuerdo con las competencias de la
contraloría o del órgano correspondiente».
• El 27 de marzo de 2023, el actor le pidió a la Alcaldía de Soledad, lo siguiente:
«(…) 1.- Me cancelen a nombre de mi patrocinado, todas las acreencias
laborales que me adeudan por las condenas señaladas en las sentencias que
nos ocupan, que, a diciembre 31 de 2022, incluyendo la INDEMNIZACION POR
EL NO REINTEGRO, ascienden la suma de SEISCIENTOS VEINTE
MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CON
35/100 ($620'096.620.35) (…)
2.- Le sigan cancelando a mi patrocinado las acreencias laborales que se sigan
causando de enero 01 de 2023 en adelante y hasta cuando el Municipio [sic] de
Soledad (Atlántico) cancele la correspondiente INDEMNIZACION por la
imposibilidad del REINTEGRO.
3. Me cancelen en nombre de mi patrocinado las COSTAS PROCESALES a
que fue condenado el municipio DE [sic] Soledad (Atlántico) en desarrollo del
presente medio de control
4.- Cancelen en favor de mi patrocinado cualquier otra acreencia laboral que le
adeuden como consecuencia de las condenas señaladas en las sentencias que
nos ocupan».
• El 9 de julio de 2024, el actor le solicitó al municipio accionado que cancelara la
suma de «OCHOCIENTOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON 10/100
($805.394.341.10)», por concepto de acreencias laborales.
• El 18 de diciembre de 2024, el accionante le pidió al ente territorial que contestara
las peticiones del 27 de marzo de 2023; 9 de julio y 15 noviembre de 2024.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02224-00
de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
• Archivo Central.
• El 26 de junio de 2025, el actor le solicitó al ente territorial accionado que:
«(…) se sirva cancelar en favor de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE
PENSIONES “COLPENSIONES”, el valor de mis correspondientes APORTES,
del periodo comprendido entre el 01 de diciembre de 1998 y hasta la fecha,
cuyos aportes deben ser liquidados con base en las siguientes ASIGNACIONES
BÁSICAS ANUALES, más la correspondiente BONIFICACIÓN POR
SERVICIOS PRESTADOS que me fueron cancelados en dicho periodo
reclamado».
• El 21 de octubre de 2025, el actor le solicitó a la Alcaldía el «cumplimiento del
artículo 44 de la Ley 909 de 2004».
• El 29 de octubre de 2025, el accionante le solicitó a la Alcaldía el «cumplimiento
del artículo 189 de la Ley 1437 de 2011».
• Documento de la Alcaldía de Soledad que se titula «SEGUNDA MODIFICACIÓN
AL ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS CELEBRADO ENTRE EL
MUNICIPIO DE SOLEDAD (ATLÁNTICO) Y SUS ACREEDORES CON BASE EN
LA LEY 550 DE 1999». En la cláusula 47 se estableció que la duración del acuerdo
será hasta que se entienda que la totalidad de las acreencias han sido canceladas
o hasta el 31 de diciembre de 2034, «conforme a las estimaciones del Anexo 3
(“Escenario Financiero y Bases de Negociación del Acuerdo”) salvo que las
condiciones fiscales y financieras de EL MUNICIPIO permitan cumplirlo antes de
[sic] término señalado».
El actor alega que la Alcaldía no le ha contestado las diferentes solicitudes que ha
realizado para que se le cancelen las acreencias laborales que se ordenaron en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2015-00028-00 [01]
y que se efectúen los aportes a pensiones en Colpensiones.
Teniendo en cuenta que el municipio de Soledad guardó silencio, se tendrán por
ciertos los hechos de la tutela relacionados con la no contestación de las solicitudes
que el actor elevó los días 27 de marzo de 2023; 9 de julio y 18 de diciembre de
2024; y 26 de junio, 21 y 29 de octubre de 2025 y, se amparará el derecho
fundamental de petición.
Por otro lado, el actor expresa que el 10 de mayo de 2012 el municipio accionado
celebró un acuerdo de reestructuración de pasivos con sus acreedores, el cual está
vigente hasta el 31 de diciembre de 2034, por lo que no es posible iniciar proceso
ejecutivo en contra del ente territorial, situación que le transgrede sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, al acceso a la
administración de justicia, a la salud, a la vida y al mínimo vital, en tanto tiene 73
años y no ha podido acceder a la pensión de vejez, ya que el municipio no le ha
cancelado a Colpensiones los aportes correspondientes.
Al respecto, se advierte que a través de esta acción, como quedó expuesto, se
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amparará su derecho fundamental de petición y se ordenará al municipio-de Archivo Central.
Soledad
que le brinde respuesta a las solicitudes que ha presentado tendientes a que se
adopte una decisión sobre los valores adeudados con ocasión de las sentencias
proferidas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo cual
corresponderá a la administración adoptar una determinación sobre el particular, en
atención al privilegio de la decisión previa, situación que torna en improcedente la
tutela para decidir directamente sobre dicha reclamación.
Además, se observa que no está demostrada una afectación al mínimo vital del
accionante que habilite la intervención del juez de tutela para ordenar el pago de
sumas dinerarias, pues no se allegó prueba alguna que dé cuenta de que carece de
los medios necesarios para asegurar su subsistencia, máxime si se tiene en cuenta
que el municipio profirió la Resolución 437 del 19 de agosto de 2019, mediante la
cual ordenó el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir por el actor,
en atención a las sentencias alegadas como incumplidas.
De otra parte, el señor Orozco manifiesta que la respuesta que el contralor municipal
de Soledad le dio a la petición del 9 de septiembre de 2024 es incongruente, en la
medida que lo pedido era que ejerciera su función de gestión fiscal y no que le
contestara sobre el pago de las acreencias laborales.
Al respecto, la Sala observa que la petición que el actor elevó al contralor del
municipio de Soledad, el 9 de septiembre de 2024, está encaminada
específicamente a solicitar la vigilancia o gestión fiscal del ordenador del gasto de
la Alcaldía, que tiene a su cargo el pago de las acreencias laborales que se le
adeudan al actor; no obstante, la respuesta que el contralor dio al requerimiento se
refiere de manera general a la auditoría que realiza a las dependencias de dicho
municipio, sin pronunciarse de manera particular sobre lo pedido.
De igual forma, se advierte que el actor reiteró la solicitud elevada ante el contralor,
en los mismos términos, y a la fecha esta no ha sido contestada. Razón por la cual,
se amparará el derecho fundamental de petición y se ordenará al contralor que
atienda de manera clara, precisa y de fondo la petición del 9 de septiembre de 2024,
la cual fue reiterada el 30 de diciembre de la misma anualidad, y le comunique en
debida forma la respuesta.
En consecuencia, se amparará el derecho fundamental de petición del actor; se
ordenará 1) al alcalde del municipio de Soledad que, dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, conteste de manera clara,
precisa y de fondo las solicitudes que el actor elevó el 27 de marzo de 2023; 9 de
julio y 18 de diciembre de 2024; y 26 de junio, 21 y 29 de octubre de 2025, y se las
comunique y 2) al contralor del municipio de Soledad que responda de manera clara,
precisa y de fondo la solicitud del 9 de septiembre de 2024, la cual fue reiterada el
30 de diciembre de igual año; y se declarará improcedente la acción de tutela en
contra del municipio accionado en relación con la violación de los derechos al debido
proceso, a la seguridad social, al acceso a la administración de justicia, a la salud,
10
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02224-00
de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
a la vida y al mínimo vital. - Archivo Central.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor Estelio Orozco
Cuesta, conforme a las consideraciones expuestas en esta providencia.
Segundo: ORDENAR al alcalde del municipio de Soledad o quien haga sus veces
que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta
providencia, conteste de manera clara, precisa y de fondo las solicitudes que el actor
elevó el 27 de marzo de 2023, 9 de julio y 18 de diciembre de 2024; 26 de junio, 21
y 29 de octubre de 2025; y le comunique la respuesta.
Tercero: ORDENAR al contralor del municipio de Soledad que, dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, responda de
manera clara, precisa y de fondo la solicitud del 9 de septiembre de 2024, la cual
fue reiterada el 30 de diciembre de igual año, y le comunique la respuesta.
Cuarto: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela en contra del municipio
accionado, por la violación de los derechos al debido proceso, a la seguridad social,
al acceso a la administración de justicia, a la salud, a la vida y al mínimo vital.
Quinto: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Sexto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591
de 1991.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
11
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