Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-02226-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-02226-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-02226-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2026-02226-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
17 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02226-01
Accionante: Miguel Antonio Arrollo Córdoba y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Quinta de Decisión
Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro del proceso de
reparación directa
Decisión: Confirmar la decisión de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte actora contra la providencia del 21 de mayo de
2026 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que negó la solicitud de
amparo invocada.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. Del escrito de tutela1 y del expediente, se colige que los señores Miguel
Antonio Arrollo Córdoba y otros2, instauraron una demanda en ejercicio del medio de
control de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho
y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, en adelante INPEC, con ocasión de
las condiciones de hacinamiento padecidas en la Cárcel Anayancí de Quibdó durante
los años 2014 a 2017. Los actores expusieron que durante dicho período se
registraron índices de sobreocupación que oscilaron entre el 184,3% y el 261%.
3. El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Primero Administrativo
Oral de Quibdó, que mediante Sentencia núm. 090 del 15 de agosto de 2025 declaró
la responsabilidad de las entidades demandadas por los daños ocasionados a la
dignidad e integridad de los demandantes. En consecuencia, reconoció a favor de
cada uno veinticinco (25) SMLMV3 por perjuicios morales y veinticinco (25) SMLMV
por afectación a bienes constitucional y convencionalmente protegidos.
4. Inconforme con dicha determinación, el INPEC interpuso recurso de
apelación, en el que cuestionó la ausencia de un análisis individualizado de las
1
Presentada el 18 de marzo de 2026
2
Eleuterio Guzmán Posada, Luis Alberto Mosquera Rivas, James de Jesús Rentería Córdoba, Jesús Bernal Torres, José
Avelino Palacios Palacios, Pablo Emilio Cáceres Bonilla, Jhon Jairo Mosquera Navarro, César Rodríguez Palacios, Alberto
López Moreno, Fernando Alid Hurtado Ibargüen y Eloel González.
3
Salarios mínimos legales mensuales vigentes.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02226-01
Accionante: Miguel Antonio Arrollo Córdoba y otros
afectaciones alegadas por cada demandante, la valoración probatoria efectuada por
el juzgado y la procedencia de las indemnizaciones reconocidas.
5. La Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó, mediante
Sentencia núm. 011 del 24 de febrero de 20264, confirmó la responsabilidad del
Estado derivada del hacinamiento carcelario; sin embargo, revocó la condena por
perjuicios morales y redujo de veinticinco (25) a dos (2) SMLMV la indemnización
reconocida por afectación a bienes constitucional y convencionalmente protegidos.
6. Contra dicha providencia, el apoderado de los demandantes interpuso recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia el 25 de febrero de 2026. No obstante,
mediante Auto Interlocutorio núm. 149 del 12 de marzo de 20265, la magistrada
ponente lo rechazó al considerar que la condena no alcanzaba la cuantía mínima
exigida por el artículo 257 del CPACA6 y que las providencias invocadas no
correspondían a sentencias de unificación del Consejo de Estado.
2.2. Fundamento jurídico
7. La parte accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales al
“acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la reparación integral y a la
dignidad humana”, al estimar que la Sentencia núm. 011 del 24 de febrero de 2026,
proferida por la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó
desconoció las reglas constitucionales aplicables a la reparación de los daños
ocasionados por el hacinamiento carcelario y redujo injustificadamente las
indemnizaciones reconocidas en primera instancia.
8. Como causal principal de procedibilidad, alegó desconocimiento del
precedente constitucional, pues sostuvo que el Tribunal citó extensamente la
Sentencia SU-068 de 20237, pero omitió aplicar las reglas allí definidas sobre
4
El ad quem confirmó la declaratoria de responsabilidad estatal derivada de las condiciones de hacinamiento existentes en la
Cárcel Anayancí de Quibdó y reconoció la existencia de una afectación objetiva a la dignidad humana de los demandantes. No
obstante, en relación con los perjuicios morales, consideró que las historias clínicas y demás elementos de convicción
incorporados al expediente no permitían establecer una relación causal cierta y directa entre las patologías o
afectaciones particulares de cada demandante y las condiciones de hacinamiento acreditadas dentro del
establecimiento penitenciario. Con fundamento en ello, revocó la indemnización reconocida por ese concepto en
primera instancia. Respecto del daño a bienes constitucional y convencionalmente protegidos, concluyó que la vulneración
objetiva de derechos fundamentales sí se encontraba demostrada, dado el carácter estructural de la sobreocupación carcelaria.
Sin embargo, estimó que en el proceso no se acreditó una omisión específica y determinante ni una conducta de indolencia o
indiferencia institucional atribuible al Ministerio de Justicia y del Derecho o al INPEC frente a la crisis penitenciaria del
establecimiento de reclusión. Con base en dichas consideraciones, así como en la inexistencia de parámetros cuantitativos
objetivos para tasar el perjuicio, la Corporación en ejercicio de su autonomía, modificó el monto de la indemnización reconocida
por el juzgado. En consecuencia, redujo de veinticinco (25) a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes la condena
reconocida a cada demandante por afectación a bienes constitucional y convencionalmente protegidos, al considerar que dicha
suma resultaba proporcional y significativa frente al daño acreditado. Índice 10 del aplicativo SAMAI exp. 27001-33-33-001-
2018-00105-01
5
Índice 15 del aplicativo SAMAI, ibidem
6
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011. Artículo 257. Procedencia. El
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia procede contra las sentencias dictadas en única y en segunda instancia
por los tribunales administrativos, tanto para los procesos que se rigen por el Decreto 01 de 1984 como para aquellos que se
tramitan por la Ley 1437 de 2011. Tratándose de sentencias de contenido patrimonial o económico, el recurso procederá
siempre que la cuantía de la condena o, en su defecto, de las pretensiones de la demanda, sea igual o exceda de los siguientes
montos vigentes al momento de la interposición del recurso: 1. Doscientos cincuenta (250) salarios mínimos
mensuales legales vigentes, en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos
administrativos de cualquier autoridad. 2. Doscientos cincuenta (250) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los
procesos que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de impuestos, contribuciones y tasas nacionales,
departamentales, municipales o distritales. 3. Cuatrocientos cincuenta (450) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en
los procesos sobre contratos de las entidades estatales, en sus distintos órdenes. 4. Cuatrocientos cincuenta (450) salarios
mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos de reparación directa y en la repetición que el Estado ejerza contra
los servidores o exservidores públicos y personas privadas que de conformidad con la ley cumplan funciones
públicas. Parágrafo. En los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral y pensional procederá el
recurso extraordinario sin consideración de la cuantía. Este recurso no procederá para los asuntos previstos en los artículos
86, 87 y 88 de la Constitución Política. Negrillas y subrayas de la Sala
7
Corte Constitucional, Sentencia SU-068 del 16 de marzo de 2023, MP Natalia Ángel Cabo.
www.consejodeestado.gov.co 2
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02226-01
Accionante: Miguel Antonio Arrollo Córdoba y otros
flexibilización probatoria y distribución dinámica de la carga de la prueba en los casos
de hacinamiento penitenciario. En el sentir de la parte actora, la autoridad judicial
reprodujo formalmente el precedente, aunque resolvió el caso en abierta
contradicción con su contenido.
9. Afirmó que la corporación accionada trasladó indebidamente a los
demandantes la carga de acreditar el nexo causal entre sus afectaciones particulares
y las condiciones de reclusión, pese a que la Corte Constitucional estableció que
corresponde a las entidades estatales desvirtuar las consecuencias derivadas del
hacinamiento cuando se encuentren demostradas las condiciones estructurales que
lo configuran. Por tal razón, sostuvo que la decisión desconoció las especiales reglas
probatorias aplicables a las personas privadas de la libertad.
10. Asimismo, adujo la configuración de un defecto sustantivo, por cuanto el
Tribunal fundamentó la reducción de la indemnización por afectación a bienes
constitucional y convencionalmente protegidos en la ausencia de prueba acerca de
una conducta de indolencia o indiferencia institucional. Según indicó, dicha exigencia
resulta incompatible con el artículo 90 de la Constitución y con la interpretación
acogida por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-068 de 2023.
11. De igual forma, cuestionó la revocatoria de los perjuicios morales reconocidos
en primera instancia, al considerar que el Tribunal exigió pruebas individualizadas de
determinadas patologías o afectaciones en salud para tener por acreditado el daño.
En su criterio, dicha conclusión desconoció que el sufrimiento moral puede inferirse
razonablemente del contexto de hacinamiento estructural y de las condiciones
indignas de reclusión acreditadas dentro del proceso.
12. Finalmente, sostuvo que la reducción de la indemnización a dos (2) salarios
mínimos legales mensuales vigentes para cada demandante resultó
manifiestamente desproporcionada frente a la gravedad de la vulneración constatada
y se apartó de los criterios desarrollados por la jurisprudencia constitucional y
contencioso administrativa en materia de responsabilidad estatal por hacinamiento
carcelario.
2.3. Pretensiones
13. Con fundamento en lo anterior solicitó:
«PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL: TUTELAR los derechos fundamentales al
acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la reparación integral de los
accionantes.
SEGUNDA PRETENSIÓN CONSECUENCIAL: DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia
No. 011 del 24 de febrero de 2026 proferida por la Sala Quinta de Decisión del
Tribunal Administrativo del Chocó.
TERCERA PRETENSIÓN CONSECUENCIAL: ORDENAR a la Sala Quinta de
Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó que, en el término que el Honorable
Consejo de Estado señale, profiera una nueva sentencia de segunda instancia en los
radicados acumulados 27001333300120180010501 y 27001333300320180028001,
atendiendo de manera estricta los siguientes parámetros:
a) Aplicar la distribución dinámica de la carga de la prueba conforme a la SU-068 de
2023: la carga de desvirtuar los efectos del hacinamiento recaía sobre el INPEC, el
www.consejodeestado.gov.co 3
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02226-01
Accionante: Miguel Antonio Arrollo Córdoba y otros
Ministerio de Justicia y la USPEC.
b) Reconocer la indemnización por perjuicios morales, dada la imposibilidad de exigir
a personas privadas de la libertad prueba directa de sus afectaciones emocionales
derivadas del hacinamiento estructural.
c) Cuantificar el daño a bienes constitucionales y convencionalmente protegidos
aplicando los parámetros de la sentencia Cunduy-Florencia (20 de noviembre de
2020, radicado 18001-23-33-000-2013-00216-01(AG)) confirmada por la SU-068 de
2023, sin condicionar el monto a la demostración de indolencia o indiferencia
institucional.
d) Abstenerse de imponer requisitos de procedencia de la indemnización no
contemplados en el artículo 90 de la Constitución Política.
PRETENSIÓN SUBSIDIARIA: En caso de que el Honorable Consejo de Estado
considere que debe proferir directamente la decisión de reemplazo, se solicita
respetuosamente REVOCAR la Sentencia No. 011 de 2026 y en su lugar
CONDENAR al INPEC al pago de la indemnización que corresponda conforme a los
precedentes constitucionales aplicables.» (Sic en toda la cita)
2.4. Intervenciones
14. La acción de tutela de la referencia fue admitida por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado mediante auto del 27 de marzo de 20268 en el que se ordenó
notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Quinta de
Decisión. Asimismo, en calidad de tercero con interés, se vinculó al juez primero
administrativo de Quibdó9.
15. Adicionalmente, al ministro de defensa y al director del INPEC, quienes
integraron la parte demandada10. Por otra parte, a los señores Eleuterio Guzmán
Posada, Luis Alberto Mosquera Rivas, James De Jesús Rentería Córdoba, Jesús
Bernal Torres, José Avelino Palacios Palacios, Pablo Emilio Cáceres Bonilla, Jhon
Jairo Mosquera Navarro, César Rodríguez Palacios, Alberto López Moreno,
Fernando Alid Hurtado Ibargüen y Eloel González11. Aunado a lo anterior, reconoció
personería al abogado de la parte tutelante en los términos en los que le fue
concedido el poder obrante en el expediente.
2.4.1. El Tribunal Administrativo del Chocó12 solicitó declarar improcedente la
acción de tutela o, subsidiariamente, negar el amparo. Al respecto, sostuvo que la
controversia carecía de relevancia constitucional, pues la inconformidad de los
accionantes se dirigía a cuestionar la valoración probatoria y la cuantificación de los
perjuicios efectuada por el juez natural.
16. Señaló que la Sentencia SU-068 de 2023 fue expresamente identificada,
citada e incorporada en la providencia cuestionada por lo que afirmó que no existió
desconocimiento del precedente, sino una aplicación razonada de sus reglas a partir
de las particularidades fácticas y probatorias del caso concreto.
17. Asimismo, indicó que no se configuró defecto fáctico alguno, puesto que la
8
Índice 6 del aplicativo SAMAI
9
Quien dictó la sentencia de primera instancia del proceso de reparación directa con radicado 27001-33-33-001-2018-00105
00, acumulado con 27001-33-33-003-2018-00280-00
10
Del proceso de reparación directa con radicado 27001-33-33-001-2018 00105-00/01, acumulado con 27001-33-33-003-2018-
00280-00/01
11
Quienes integraron la parte demandante del proceso de reparación directa con radicado 27001-33-33-001-2018-00105-
00/01, acumulado con 27001-33-33-003-2018-00280-00/01.
12
Índice 25 del aplicativo SAMAI
www.consejodeestado.gov.co 4
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02226-01
Accionante: Miguel Antonio Arrollo Córdoba y otros
decisión no impuso cargas probatorias irrazonables ni imposibles de satisfacer. No
obstante, precisó que concluyó motivadamente que las pruebas allegadas resultaban
insuficientes para acreditar el daño moral individual reclamado por los demandantes.
2.4.2. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC13 solicitó declarar
improcedente la acción constitucional o, en subsidio, negar las pretensiones.
Argumentó que la tutela desconocía su carácter subsidiario y pretendía reabrir una
controversia definida mediante sentencia ejecutoriada dentro del respectivo proceso
de reparación directa.
18. Afirmó que los accionantes aún contaban con el recurso extraordinario de
revisión como mecanismo judicial idóneo para cuestionar la providencia censurada.
Con fundamento en ello, expuso que no se satisfacía el requisito de subsidiariedad
exigido para la procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales.
19. Finalmente, invocó los principios de cosa juzgada, seguridad jurídica y
autonomía judicial. En consecuencia, sostuvo que la tutela no podía utilizarse como
una instancia adicional para replantear debates jurídicos y probatorios ya definidos
por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
2.4.3. El Ministerio de Justicia y del Derecho14 solicitó desestimar las
pretensiones de la demanda de tutela. Manifestó que la Sentencia núm. 011 del 24
de febrero de 2026 observó los parámetros fijados por la Sentencia SU-068 de 2023
y se sustentó en una valoración detallada del material probatorio obrante en el
expediente.
20. Adicionalmente, sostuvo que no operaba una presunción automática de daño
moral por el solo hecho de la permanencia en un establecimiento penitenciario. En
tal sentido, consideró que la ausencia de prueba específica sobre una afectación
emocional individual impedía reconocer indemnización por dicho concepto.
2.4.4. El Juzgado Primero Administrativo Oral de Quibdó y los señores Eleuterio
Guzmán Posada, Luis Alberto Mosquera Rivas, James de Jesús Rentería Córdoba,
Jesús Bernal Torres, José Avelino Palacios Palacios, Pablo Emilio Cáceres Bonilla,
Jhon Jairo Mosquera Navarro, César Rodríguez Palacios, Alberto López Moreno,
Fernando Alid Hurtado Ibargüen y Eloel González guardaron silencio durante el
trámite constitucional, pese a haber sido debidamente notificados
2.4.5. No se rindieron más informes.
2.5. Sentencia impugnada15
21. La Sección Cuarta del Consejo de Estado verificó el cumplimiento de los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales y concluyó que el asunto revestía relevancia constitucional, satisfacía la
exigencia de inmediatez y cumplía el presupuesto de subsidiariedad. En
consecuencia, habilitó el examen de fondo del cargo formulado contra la sentencia
13
Índice 26 del aplicativo SAMAI
14
Índice 28 del aplicativo SAMAI
15
Índice 12 del aplicativo SAMAI
www.consejodeestado.gov.co 5
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02226-01
Accionante: Miguel Antonio Arrollo Córdoba y otros
dictada por el Tribunal Administrativo del Chocó.
22. A continuación, delimitó el objeto del control constitucional y precisó que,
aunque el accionante invocó los defectos fáctico y sustantivo, su inconformidad se
dirigía realmente al presunto desconocimiento del precedente contenido en la
Sentencia SU-068 de 2023. Por tal razón, circunscribió el análisis a determinar si la
autoridad judicial accionada se había apartado injustificadamente de dicha regla
jurisprudencial.
23. En relación con la revocatoria de los perjuicios morales, la Sala concluyó que
el Tribunal no impuso una carga probatoria imposible ni desconoció las reglas de
flexibilización aplicables a las personas privadas de la libertad. Por el contrario,
estimó que efectuó una valoración individualizada del acervo probatorio y sustentó
razonablemente la insuficiencia de los elementos de convicción para acreditar el
daño moral reclamado.
24. Finalmente, respecto de la reducción de la indemnización por afectación a
bienes constitucional y convencionalmente protegidos, sostuvo que la SU-068 de
2023 no consagró una prohibición absoluta de valorar la actuación estatal ni fijó topes
indemnizatorios obligatorios. Así, concluyó que la decisión cuestionada constituyó
una interpretación razonable de la jurisprudencia aplicable y una expresión legítima
de la autonomía judicial, motivo por el cual negó el amparo solicitado.
2.6. Impugnación
25. La parte actora sostuvo que la sentencia de primera instancia incurrió en una
interpretación restrictiva de la Sentencia SU-068 de 2023, al avalar que el Tribunal
Administrativo del Chocó exigiera al accionante acreditar individualmente el nexo
causal entre sus afectaciones y el hacinamiento carcelario. En criterio del recurrente,
dicha conclusión desconoció las reglas de flexibilización probatoria y de distribución
dinámica de la carga de la prueba fijadas por la Corte Constitucional para las
personas privadas de la libertad.
26. Asimismo, el impugnante afirmó que el fallo de tutela desnaturalizó el alcance
del precedente constitucional al considerar legítimo el análisis de la indolencia o
indiferencia estatal como criterio para modular la indemnización. A su juicio, la SU-
068 de 2023 proscribió la imposición de esa carga probatoria por resultar
incompatible con el artículo 90 de la Constitución y por constituir una exigencia
imposible de satisfacer para las víctimas del hacinamiento carcelario.
27. Finalmente, cuestionó la validación de una indemnización equivalente a dos
salarios mínimos legales mensuales vigentes, por estimarla manifiestamente
desproporcionada frente a los parámetros desarrollados por la jurisprudencia
contenciosa y constitucional en materia de hacinamiento. En consecuencia, solicitó
revocar la sentencia de tutela de primera instancia, conceder el amparo invocado y
dejar sin efectos la decisión proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó para
que se emita un nuevo fallo acorde con el precedente constitucional que considera
aplicable.
www.consejodeestado.gov.co 6
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02226-01
Accionante: Miguel Antonio Arrollo Córdoba y otros
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
28. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 del 201916 y demás normas
concordantes.
3.2. Cuestión previa
3.2.1. De los defectos objeto de estudio en sede constitucional
29. Antes de abordar el análisis de fondo, la Sala advierte que, aunque en el
escrito de tutela la parte accionante aludió a la configuración de los defectos fáctico,
sustantivo y por desconocimiento del precedente, lo cierto es que los argumentos
desarrollados tanto en la demanda constitucional como en la impugnación se
encuentran dirigidos a cuestionar, esencialmente, la interpretación y aplicación de
las reglas fijadas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-068 de 2023.
30. En consecuencia, el examen se contraerá a establecer si las autoridades
judiciales accionadas se apartaron injustificadamente de dicho precedente y si la
Sección Cuarta acertó al concluir que tal circunstancia no se configuró.
31. En ese entendido, la Sala no abordará de manera autónoma los cargos
formulados bajo la denominación de defecto fáctico y defecto sustantivo, pues las
razones expuestas para sustentarlos no plantean una controversia independiente
relacionada con la valoración arbitraria de las pruebas o con la aplicación de normas
manifiestamente inaplicables al caso.
32. Por el contrario, dichas censuras se fundamentan en la supuesta
contradicción entre la Sentencia núm. 011 del 24 de febrero de 2026 y las reglas
jurisprudenciales establecidas en la Sentencia SU-068 de 2023 en materia de carga
probatoria, reconocimiento de perjuicios e indemnización por afectación a bienes
constitucional y convencionalmente protegidos. Sin perjuicio de lo anterior, se hará
una breve mención de estos defectos en el estudio del caso concreto.
33. Por tanto, el análisis se circunscribirá a determinar si la Sala Quinta de
Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó desconoció el precedente
constitucional invocado al revocar la condena por perjuicios morales, reducir la
indemnización reconocida por afectación a bienes constitucional y
convencionalmente protegidos y valorar la ausencia de indolencia o indiferencia
estatal como criterio relevante para la determinación del quantum indemnizatorio; o
si, por el contrario, adoptó una interpretación jurídicamente razonable, amparada por
el principio de autonomía judicial, tal como lo concluyó la Sección Cuarta del Consejo
de Estado al negar en primera instancia el amparo solicitado.
16 Acuerdo interno del Consejo de Estado.
www.consejodeestado.gov.co 7
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02226-01
Accionante: Miguel Antonio Arrollo Córdoba y otros
3.3. Problema jurídico
34. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si el Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Quinta de Decisión, al
proferir la Sentencia núm. 011 del 24 de febrero de 2026, vulneró los derechos
fundamentales al “acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la
reparación integral y a la dignidad humana”, al incurrir en un desconocimiento del
precedente constitucional contenido en la Sentencia SU-068 de 2023.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
35. La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, así como por los
Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000, compilados en el Decreto 1069 de 2015,
protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados o amenazados,
actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros medios judiciales,
salvo cuando se requiera utilizar como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
36. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a
los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es
susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.
37. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso.
De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el
delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
38. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y
por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa,
tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien
demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable;
(iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que
la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
www.consejodeestado.gov.co 8
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02226-01
Accionante: Miguel Antonio Arrollo Córdoba y otros
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de
derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.
3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.
3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración
de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.
3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de recursos
ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional, en consideración
a que el desconocimiento del precedente contenido en la sentencia de unificación
SU-068 de 2023 que alega como desconocida, ya fue objeto del recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia contemplado en el artículo 256 del
CPACA, el cual procede según lo previsto en numeral 4. ° del artículo 257 del
CPACA.
3.4.1.3 Se observa que la interposición del mecanismo constitucional se dio en un
lapso «razonable y proporcionado», teniendo en cuenta que, la sentencia de la Sala
Quinta de Decisión objeto de reproche constitucional fue proferida el 24 de febrero
de 2026 y el auto que resolvió negar el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia fue dictado el 12 de marzo de esta anualidad y la acción de tutela fue
presentada el 18 de marzo de esta vigencia.
3.4.1.4. El asunto por resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida
que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental de los derechos
fundamentales al “acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la
reparación integral y a la dignidad humana” de la parte actora, al incurrir en un
defecto por desconocimiento de precedente, el cual se encuentra razonadamente
fundamentado.
39. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
3.5. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencia judicial
40. Sobre el particular, la Corte Constitucional, al efectuar el estudio de
exequibilidad respecto del artículo 4 de la Ley 169 de 189617, precisó que de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 230 superior, los jueces solo están sometidos al
imperio de la ley y por tanto no están obligados a fallar en la misma forma como lo
han hecho en casos anteriores, siempre y cuando, «expongan clara y
razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión».
41. Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia C-
590 de 2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por parte
del juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de tutela.
17
Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
www.consejodeestado.gov.co 9
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02226-01
Accionante: Miguel Antonio Arrollo Córdoba y otros
42. Respecto del precedente vertical18, la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el respeto
hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial,
por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones.
43. Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas
consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el
asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio
decidendi o razón central de la decisión anterior, la que, al mismo tiempo, surge de
los presupuestos fácticos relevantes de cada caso19.
44. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera suficiente y
razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha seguido
en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la igualdad
y de la independencia judicial; por tanto, no podrá reprocharse a la sentencia
arbitrariedad ni inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los justiciables
ningún género de discriminación20.
45. En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional por
parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de arbitrariedad
por parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se encuentran en
idénticas circunstancias frente a la ley.
4. Análisis del caso concreto
46. La Sala advierte de entrada que no se configuró el defecto por
desconocimiento del precedente alegado por la parte actora, toda vez que la
Sentencia núm. 011 del 24 de febrero de 2026 no omitió la identificación, estudio o
aplicación de la Sentencia SU-068 de 202321. Por el contrario, la autoridad judicial
accionada incorporó expresamente dicho precedente al marco normativo de decisión
y desarrolló su contenido antes de resolver las controversias sometidas a su
consideración.
47. En ese orden de ideas, la censura formulada por los accionantes, parte de
equiparar la discrepancia interpretativa22 con el desconocimiento del
precedente. No obstante, la procedencia excepcional de la tutela exige acreditar que
18
Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
19
Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
20
Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
21
Providencia del Tribunal. - 56. En cuanto a las consecuencias probatorias derivadas de la especial sujeción administrativa,
la Corte Constitucional, en la sentencia SU-068 de 2023, precisó: “(…) Es importante, además, resaltar que por la relación de
especial sujeción que tienen las personas privadas de la libertad con las autoridades, los jueces están obligados a flexibilizar
el análisis de las pruebas sobre denuncias en contra del Estado. No es posible exigirle a una persona que fue privada de
la libertad que presente pruebas sobre las cuales no tiene control. (…) Además, las internas no cuentan con otros medios de
prueba o con la posibilidad de recaudarlos, pues, por disposición de la misma ley, son despojadas de sus pertenencias
personales al ingresar al establecimiento de reclusión. En ese sentido, las personas privadas de la libertad no tienen elementos
suficientes para documentar apropiadamente las condiciones en las que pasan sus días. En este punto, la Sala Plena comparte
con la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado que la carga probatoria para desmentir las consecuencias
del hacinamiento en el que vivieron las internas de El Cunduy recaía sobre las entidades estatales. El INPEC, la USPEC y el
Ministerio de Justicia debieron desvirtuar, ante el juez contencioso administrativo, los argumentos de la denuncia interpuesta
en su contra por parte del grupo de mujeres reclusas en El Cunduy”. Negrillas y subrayas de esta Sala.
22
Ibidem. - “89. Ahora bien, en cuanto a lo alegado por la entidad recurrente relacionado con la supuesta falta de valoración
individual del daño sufrido por cada uno de los señores Eleuterio Guzmán Posada, Luis Alberto Mosquera Rivas, Miguel Antonio
Arrollo Córdoba, James de Jesús Rentería Córdoba, Jesús Bernal Torres, José Avelino Palacios Palacios, Pablo Emilio Cáceres
Bonilla, Jhon Jairo Mosquera Navarro, Cesar Rodríguez Palacios, Alberto López Moreno, Fernando Alid Hurtado Ibarguen y
Eloel González, la Sala estima que, en efecto, la existencia del hacinamiento como situación estructural no implica
automáticamente que las afectaciones de la salud de aquellos consignada en las historias clínicas allegadas al
plenario sea atribuible causalmente a dicha condición.”
www.consejodeestado.gov.co 10
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02226-01
Accionante: Miguel Antonio Arrollo Córdoba y otros
la autoridad judicial omitió aplicar una regla jurisprudencial obligatoria o se apartó de
ella sin justificación, circunstancia que no se presenta cuando el juez identifica el
precedente y ofrece razones para resolver el litigio a partir de las particularidades
probatorias del caso.
48. Ahora bien, en gracia de discusión, tampoco observa la Sala la configuración
de un defecto fáctico pues lejos de desconocer la situación estructural acreditada en
el proceso, el Tribunal reconoció expresamente la existencia del hacinamiento23 y
mantuvo la declaratoria de responsabilidad estatal derivada de dicha circunstancia.
En consecuencia, no puede afirmarse que hubiese ignorado las pruebas
determinantes que sustentaban la prosperidad parcial de las pretensiones.
49. Por el contrario, el Tribunal desarrolló un examen individualizado24 del material
probatorio relacionado con los perjuicios cuya indemnización se reclamaba. Así las
cosas, la circunstancia de que hubiera arribado a conclusiones distintas de las
sostenidas por el juez de primera instancia no convierte su valoración en arbitraria ni
habilita al juez constitucional para sustituir el criterio del juez natural.
50. En ese entendido, la providencia cuestionada expuso razones concretas para
concluir que las pruebas aportadas no permitían establecer una relación específica25
entre determinadas afecciones de salud y las condiciones de reclusión. Se trata,
entonces, de una apreciación probatoria sustentada en los elementos de convicción
obrantes en el expediente y no de una conclusión caprichosa o desprovista de
soporte fáctico.
51. De igual manera, la Sala no encuentra que el Tribunal hubiese trasladado
indebidamente a los demandantes una carga probatoria imposible de satisfacer. Lo
que sí realizó fue valorar si las pruebas recaudadas permitían acreditar26 el
específico perjuicio moral reclamado, cuestión que forma parte de las competencias
propias del juez de conocimiento y que no constituye, por sí misma, una vulneración
de las reglas de flexibilización probatoria desarrolladas por la Corte Constitucional.
52. Ahora bien, por añadidura tampoco prospera el cargo orientado a demostrar
un supuesto defecto sustantivo, pues no tiene asidero el argumento de que el ad
quem condicionó la responsabilidad estatal a la demostración de una conducta de
23
Providencia del Tribunal. - “86. De acuerdo a lo expuesto, se evidencia que efectivamente se encuentran demostradas las
condiciones de hacinamiento sufridas por los señores Eleuterio Guzmán Posada, Luis Alberto Mosquera Rivas, Miguel Antonio
Arrollo Córdoba, James de Jesús Rentería Córdoba, Jesús Bernal Torres, José Avelino Palacios Palacios, Pablo Emilio
Cáceres Bonilla, Jhon Jairo Mosquera Navarro, Cesar Rodríguez Palacios, Alberto López Moreno, Fernando Alid Hurtado
Ibarguen y Eloel González mientras estuvieron privados de la libertad en el Establecimiento Penitenciario de Mediana
Seguridad y Carcelario “Anayanci” de la ciudad de Quibdó, durante los años 2015 y 2017, lo que per sé constituye un trato
inhumano y degradante prohibido e injustificable en cualquier circunstancia.”.
24
Ibidem - 90. Varias de las patologías corresponden a enfermedades crónicas preexistentes, otras no indican relación
temporal con episodios de insalubridad o hacinamiento, y en ciertos casos se trata de afecciones comunes cuya causa
no puede inferirse objetivamente del simple hecho de estar privado de la libertad. A ello se suma que algunos dictámenes
señalan falta de adherencia a tratamientos o ausencia de controles médicos externos, factores que dificultan aún más una
relación causal cierta y directa.
25
Ibidem. Núm. 90 (…) “En síntesis, aunque el hacinamiento sí se acreditó como un daño estructural, las historias clínicas
obrantes en el plenario no permiten atribuir de manera individual un perjuicio moral derivado de afectaciones específicas en
salud.”
26
Ibidem. - “92. En consecuencia, frente a este cargo del recurso, la Sala concluye que el A quo no realizó una valoración
individual suficiente y que, efectuado en esta instancia judicial dicho análisis no existe prueba idónea que permita afirmar
que las patologías sufridas por los señores Eleuterio Guzmán Posada, Luis Alberto Mosquera Rivas, Miguel Antonio
Arrollo Córdoba, James de Jesús Rentería Córdoba, Jesús Bernal Torres, José Avelino Palacios Palacios, Pablo Emilio
Cáceres Bonilla, Jhon Jairo Mosquera Navarro, Cesar Rodríguez Palacios, Alberto López Moreno, Fernando Alid
Hurtado Ibarguen y Eloel González guardan relación causal con las condiciones de hacinamiento. Por lo tanto, la
indemnización reconocida en primera instancia por concepto de perjuicio inmaterial denominado daño moral será revocada.”
Negrillas y subrayas de la Sala.
www.consejodeestado.gov.co 11
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02226-01
Accionante: Miguel Antonio Arrollo Córdoba y otros
indolencia o indiferencia institucional, ya que, por el contrario, esta fue expresamente
reconocida y mantenida por la autoridad judicial en la providencia.
53. En consecuencia, el criterio relativo a la actuación estatal no operó como
requisito para declarar la responsabilidad patrimonial, sino como un elemento
relevante dentro del análisis indemnizatorio. En ese entendido, la decisión no excluyó
la reparación del daño, pues únicamente modificó el alcance económico de una de
las condenas reconocidas.
54. Asimismo, esta Sala comparte la conclusión de la Sección Cuarta según la
cual la SU-068 de 2023 no estableció una regla universal que impidiera al juez valorar
la conducta desplegada27 por las entidades públicas frente a la crisis carcelaria. Por
el contrario, el precedente preservó la necesidad de examinar las circunstancias
particulares de cada asunto y descartó la existencia de un régimen automático de
responsabilidad.
55. Aunado a ello, la providencia cuestionada valoró elementos objetivos que, a
juicio del ad quem, evidenciaban acciones28 orientadas a enfrentar la problemática
estructural del establecimiento penitenciario. Tal consideración se encuentra dentro
del ámbito propio de la autonomía judicial y no constituye un apartamiento de la
jurisprudencia constitucional.
56. Del mismo modo, carece de vocación de prosperidad el reproche relativo a la
cuantificación de los perjuicios pues la SU-068 de 2023 no fijó topes mínimos de
indemnización obligatorios para todos los eventos de hacinamiento carcelario ni
estableció una tarifa uniforme que debiera replicarse mecánicamente en casos
distintos. Por ello, la simple inconformidad con el monto reconocido29 no demuestra
la vulneración de derechos fundamentales.
57. En suma, la Sala concluye que la providencia censurada identificó el
precedente constitucional aplicable, examinó el material probatorio recaudado,
mantuvo la declaratoria de responsabilidad estatal y expuso razones suficientes para
modificar los perjuicios reconocidos.
58. Por consiguiente, no se configuraron los defectos alegados, en particular, el
27
“97. En este sentido, la Sala itera que, si bien se demostró la existencia de una falla estructural del sistema penitenciario -
derivada del hacinamiento extremo y de condiciones indignas de reclusión—, no se acreditó en el plenario que las entidades
demandadas (Ministerio de Justicia e INPEC) hayan incurrido en una conducta de indolencia o indiferencia en la superación
de la crisis carcelaria del EPMSC de Quibdó.”.
28
87. No pasa por alto la Sala, que la comparación de los datos acreditados en el expediente evidencia una disminución
significativa en los índices de hacinamiento del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Quibdó,
conocido como Cárcel Anayanci de Quibdó, al pasar de un 261% de sobreocupación en el año 2015 a un 184,3% en el año
2018. Esta reducción sostenida permite inferir que las entidades demandadas han adoptado medidas orientadas a enfrentar y
mitigar la sobrepoblación carcelaria, en cumplimiento de los mandatos constitucionales y de las órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en el marco del estado de cosas inconstitucional declarado para el sistema penitenciario. Tal tendencia
favorable, aunque insuficiente para superar plenamente la crisis estructural, constituye un avance verificable en la progresiva
garantía de condiciones mínimas de dignidad en el régimen de reclusión.”.
29
“98. La jurisprudencia ha sostenido que la indemnización pecuniaria por este tipo de daño solo es procedente de manera
excepcional cuando se demuestra dicha indolencia o indiferencia estatal32. En el presente caso, al no haberse acreditado una
omisión específica y determinante, ni una conducta de indiferencia institucional frente a las gestiones encaminadas a enfrentar
la crisis carcelaria, y ante la inexistencia de parámetros cuantitativos objetivos que permitan una tasación precisa, la Sala, en
ejercicio razonado del arbitrio juris, fijará la indemnización en el equivalente a dos (2) Salarios Mínimos Legales Mensuales
Vigentes (SMLMV) para cada uno de los demandantes. 99. Esta suma constituye una medida de reparación significativa y
proporcionada, orientada a compensar de manera objetiva la afectación a la dignidad humana derivada de la falla estructural
del sistema penitenciario, sin desnaturalizar el carácter excepcional de la indemnización pecuniaria en este tipo de daños.”.
www.consejodeestado.gov.co 12
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02226-01
Accionante: Miguel Antonio Arrollo Córdoba y otros
reprochado desconocimiento del precedente, razón por la cual se confirmará la
sentencia del 21 de mayo de 2026 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado que negó el amparo solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia del del 21 de mayo de 2026 proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado que negó la solicitud de amparo invocada, conforme
los argumentos esgrimidos en esta sentencia.
Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
www.consejodeestado.gov.co 13
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.