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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02230-01

Fecha
10 de julio de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02230-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 20 de abril de 2026 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por el Ministerio de Salud y Protección Social contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, por no superar el requisito de subsidiariedad, conforme la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-02230-01

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

10 de julio de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02230-01
Accionante: Ministerio de Salud y Protección Social

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., diez (10) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02230-01
Accionante: Ministerio de Salud y Protección Social
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera
Referencia: Acción de tutela

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial-carácter subsidiario del amparo. Requisitos
generales de procedencia. Subsidiariedad – improcedencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante contra la
sentencia proferida el 20 de abril de 2026 por el Consejo de Estado-Sección
Tercera-Subsección A, mediante la cual se declaró improcedente el amparo.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El señor Rodolfo Enrique Salas Figueroa, actuando en calidad de director técnico
de la dirección jurídica del Ministerio de Salud y Protección Social, formuló acción
de tutela con el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la separación de poderes y a la defensa y contradicción, los
cuales estima vulnerados por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera,
con ocasión del auto proferido el 10 de marzo de 2026 dentro del proceso de acción
popular identificado con el radicado núm. 05001-23-33-000-2026-00385-00.

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en los siguientes supuestos fácticos:

2.1. El 24 de febrero de 2026 el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud
y Protección Social, expidió el Decreto 182 de 2026, “por el cual se adiciona el
Capítulo 7 al Título 2 de la Parte 5 del Libro 2 y se modifican los artículos 2.1.11.1,
2.1.11.2, 2.1.11.3, 2.1.11.11 y 2.5.2.3.5.2 del Decreto 780 de 2016, Único
Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, en lo relacionado con la
operación del aseguramiento con enfoque territorial y poblacional, y se dictan otras
disposiciones”.

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Accionante: Ministerio de Salud y Protección Social

2.2. Posteriormente, el 4 de marzo de 2026, el señor Víctor Raúl Palacio Bohórquez
promovió una acción popular contra la Nación – Ministerio de Salud y Protección
Social con el fin de solicitar la protección de los intereses colectivos a la moralidad
administrativa, a la defensa del patrimonio público, a la salud, al acceso a servicios
públicos, y que la prestación del servicio de salud sea eficiente y oportuna. El asunto
le correspondió por reparto a la Sala Tercera del Tribunal Administrativo de
Antioquia, bajo el radicado número 05001-23-33-000-2026-00385-00.

2.3. En el marco del proceso, la parte demandante presentó una solicitud de medida
cautelar de urgencia con el fin de que se declarara la suspensión del Decreto 182
de 2026, de conformidad con el artículo 234 de la Ley 1437 de 2011.

Al respecto, el señor Palacio Bohórquez sostuvo que el Decreto podría generar un
riesgo para los intereses colectivos, debido a que el acto administrativo dispuso que
se efectuará el traslado de EPS de cerca de 6.000.000 de usuarios, de los cuales
2.600.000 serían trasladados a la Nueva EPS, entidad que se encuentra intervenida
y, de conformidad con lo expuesto por el accionante, no reporta estados financieros
completos y ha recibido una alta cantidad de quejas y accione de tutela por falta de
prestación de los servicios, lo cual podría amenazar los derechos de los usuarios
que serán trasladados y de quienes ya se encuentran afiliados a la EPS.

2.4. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante auto del 10 de marzo de 2026,
decretó la medida cautelar de urgencia: “consistente en abstenerse de materializar
las disposiciones contenidas en el decreto reglamentario 182, de 25 de febrero de
2026 (…) hasta que se decida de fondo el asunto mediante sentencia, conforme a
lo expuesto en la parte motiva”.

Asimismo, respondiendo a la urgencia del asunto y en cumplimiento del artículo 234
de la ley 1437 de 2011, la autoridad judicial omitió correr traslado al Ministerio de
Salud y Protección Social con anterioridad a la imposición de la medida. En
consecuencia, la parte actora no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de
defensa y contradicción antes de la adopción de la decisión.

2.5. Inconforme con la decisión, el 16 de marzo de 2026, el Ministerio de Salud y
Protección Social interpuso recurso de apelación contra el auto del 10 de marzo de
2026, en tanto consideró que no se cumplieron los requisitos de procedencia de la
adopción de la medida cautelar de urgencia en acciones populares. Actualmente
dicho trámite se encuentra en curso.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

La parte actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la separación de poderes y a la defensa y contradicción. En
consecuencia, pidió que se deje sin efectos la providencia proferida el 10 de marzo
de 2026 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera, dentro del
proceso identificado con radicado núm. 05001-23-33-000-2026-00385-00; además,
solicitó que se ordene a la autoridad judicial accionada que, de considerar necesario
el estudio de la medida cautelar, lo haga agotando el procedimiento ordinario
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establecido en el artículo 233 de la Ley 1437 de 2011, en garantía del derecho de
contradicción.

Para sustentar su solicitud, la parte actora alegó la configuración de los siguientes
defectos:

3.1. Defecto procedimental absoluto. Sostuvo que la autoridad judicial accionada
desconoció el procedimiento establecido para la adopción de medidas cautelares
en la jurisdicción contencioso administrativa. Al respecto, precisó que el artículo 233
de la Ley 1437 de 2011 establece el procedimiento ordinario para el decreto de
medidas cautelares, el cual exige que se corra traslado a la parte contraria para
garantizar su derecho de defensa y contradicción.

Asimismo, señaló que el artículo 234 del CPACA dispone que, sin previa notificación
a la parte contraria, el juez está habilitado para adoptar una medida cautelar, cuando
se evidencia por la urgencia no es posible agotar el trámite previsto en el artículo
233. No obstante, manifestó que la jurisprudencia ha precisado que este
procedimiento es excepcional y solo resulta procedente cuando se demuestre la
existencia de una situación en la que, de realizarse el procedimiento ordinario y
correr traslado a la parte demandante, se pueda generar un perjuicio irremediable.

En ese contexto alegó que la autoridad judicial accionada omitió evaluar el
cumplimiento de los requisitos que hagan procedente decretar la medida cautelar,
estos son: (i) el periculum in mora, (ii) el fumus boni iuris y (iii) un análisis de
proporcionalidad y ponderación en favor del acto administrativo. Respecto a cada
uno de ellos, manifestó lo siguiente:

En primer lugar, determinó que la providencia reprochada no satisfizo el requisito
del periculum in mora, en tanto no demostró la existencia de un daño irreparable,
sino que se limitó a plantear afirmaciones hipotéticas. Así, si bien el Tribunal
Administrativo de Antioquia sostuvo que se podría generar una afectación grave al
sistema de salud, no se acreditó que existiera una afectación real y actual en la
prestación del servicio o que los mecanismos de vigilancia y control resulten
insuficientes.

De esta forma, señaló que no se demostró por qué adoptar medidas correctivas
posteriores resultaría ineficaz ni por qué no sería posible restablecer el equilibrio del
sistema de salud en caso de que eventualmente se emita una sentencia favorable.

En segundo lugar, el fumus boni iuris no se encontró acreditado, debido a que, a
juicio de la parte actora, el Tribunal Administrativo de Antioquia no efectuó un
análisis jurídico riguroso que permitiera concluir la vulneración de normas
superiores.

En tercer lugar, manifestó que, en su criterio, la providencia no realizó un adecuado
juicio de ponderación, en tanto no desarrolló un análisis estructurado de los
intereses en conflicto y no se valoraron los efectos negativos de la medida sobre el
interés público.
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3.2. Violación directa de la Constitución. Sostuvo que la decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia generó una violación directa del principio de separación
de poderes, el cual ha sido reconocido por la Corte Constitucional como un eje
definitorio de la Constitución y un criterio de ordenación funcional y limitación del
poder.

Lo anterior, en tanto, a juicio de la parte actora, se efectuó una intromisión judicial
sin cumplir las debidas garantías procesales, lo que afecta el principio de equilibrio
de poderes, debido a que la suspensión de un acto administrativo puede afectar las
competencias del poder ejecutivo.

3.3. Defecto orgánico. Señaló que la autoridad judicial accionada se encuentra
efectuando un control de legalidad abstracto del Decreto 182 de 2026, a pesar de
que el Consejo de Estado es la única autoridad que tiene competencia para ello.

Asimismo, sostuvo que, si bien el artículo 144 de la Ley 1437 de 2011 menciona
que cuando la acción vulnerante dentro de una acción popular sea un acto
administrativo, el juez podrá adoptar las medidas necesarias para cesar la amenaza
de los derechos colectivos, mas no anular el acto. No obstante, advirtió que la
autoridad judicial accionada, al cuestionar la compatibilidad del Decreto 182 de 2026
con las leyes 100 de 1993, 1122 de 2007, 1438 de 2011 y 1751 de 2015 efectuó un
juicio de legalidad que escapa de sus competencias, debido a que este análisis solo
podría ser efectuado por el Consejo de Estado dentro de un proceso de nulidad.

Finalmente, mencionó que se estaban tramitando múltiples procesos de simple
nulidad contra el Decreto 182 de 2026 en los que se había solicitado la suspensión
del acto, sin que hasta el momento se hubiera tomado una decisión al respecto.

4. Trámite de tutela e intervenciones

4.1. Mediante auto del 20 de marzo de 20261, el despacho ponente del Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, admitió la acción de tutela; vinculó como
terceros con interés a la Superintendencia Nacional de Salud, a la Nueva EPS S.A.,
al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo, al señor Víctor Raúl Palacio
Bohórquez así como a los demás intervinientes dentro de la acción popular; ofició
al Tribunal Administrativo de Antioquia para que aportara el expediente del proceso
de acción popular identificada con el radicado núm. 05001-23-33-000-2026-00385-
00 y ordenó notificar la actuación a las partes e intervinientes.

Surtido el trámite de notificación, se recibieron las siguientes intervenciones:

4.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia 2, solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela por no cumplir el requisito de subsidiariedad,
en tanto el artículo 26 de la Ley 472 de 1998 dispone que la decisión mediante la

1 Índice 00004 del expediente digital de primera instancia, certificado FDDC9DCFD12B6D53
39FD3911C1138380 C453599A1D303892 A1A29FADB46804E8 .
2 Índice 0009 del expediente digital de primera instancia, certificado F7A29CE9C8C5A70A
A75161BFDC3D6128 56AA51C970648A0D 7927948DE6005843 .
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cual se decreta una medida cautelar dentro de un proceso de acción popular es
susceptible del recurso de apelación, por ende, el accionante tiene a su disposición
un mecanismo ordinario para controvertir la decisión adoptada el 10 de marzo de
2026.

Asimismo, manifestó que, contrario a lo afirmado por la parte actora, el auto
reprochado sí efectuó un análisis sobre la urgencia de la medida cautelar de
conformidad con el artículo 234 del CPACA. Al respecto, sostuvo que de efectuarse
el traslado previsto en el decreto se produciría un perjuicio inminente e irreversible,
dejarían de operar múltiples EPS en algunos territorios, lo que haría que un eventual
amparo no pudiera materializarse, debido a que se encontraría revocada la
autorización para operar de múltiples EPS por no tener el número suficiente de
pacientes para operar. Además, ello implicaría que en más de 500 municipios la
Nueva EPS se convertiría en el único prestador de salud en ambos regímenes, lo
que podría afectar la prestación del servicio.

Finalmente, sostuvo que el auto emitido el 10 de marzo de 2026 no suspendió los
efectos del acto administrativo ni realizó un control abstracto de legalidad del
decreto, sino que se limitó a ordenar al Ministerio de Salud y Protección Social y a
la Superintendencia Nacional de Salud abstenerse de materializar las disposiciones
del decreto mientras se decide la acción popular, lo cual constituye una medida
cautelar válida de conformidad con el artículo 25 de la Ley 472 de 1998. Por ende,
a pesar de que reconoce que no tiene competencia para anular un acto
administrativo, advirtió que sí posee competencia para adoptar medidas para evitar
la afectación de los derechos colectivos.

4.3. El Ministerio de Salud y Protección Social3 informó que dentro del trámite del
medio de control de nulidad identificado con el radicado núm. 11001-03-24-000-
2026-00097-00, el cual se está adelantando ante el Consejo de Estado, se solicitó
decretar como medida cautelar la suspensión de los efectos del Decreto 182 de
2026 y que, el 27 de marzo de 2026, el Consejo de Estado negó la medida por
considerar que no se acreditaron los requisitos exigidos para su procedencia. No
obstante, aclaró que al momento de radicación del memorial no se le había
notificado dicha decisión, sino que se percató de ella a través del aplicativo SAMAI.

Asimismo, señaló que esta decisión es relevante en tanto se basa en supuestos
fácticos y jurídicos sustancialmente similares a los discutidos en el proceso de
acción popular, por ende, considera que los argumentos expuestos en dicho
proceso deben extenderse a la presente acción. Además, considera que esto
constituye una prueba de que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto
procedimental absoluto por indebida aplicación de las normas que regulan la
procedencia de la medida cautelar de urgencia.

3 Índice 00010 del expediente digital de primera instancia, certificado D968BEF685229887
995AD6CB16F6C135 5566AE6C598AF1A8 EBA6D2BAB2FBD4B7
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Accionante: Ministerio de Salud y Protección Social

4.4. El señor Víctor Raúl Palacio Bohórquez 4 solicitó que se niegue el amparo
solicitado por el Ministerio de Salud y Protección Social, en tanto estimó que no se
configuró el requisito de subsidiariedad, debido a que las decisiones que decretan
medidas cautelares dentro de los procesos de acciones populares son susceptibles
del recurso de reposición y apelación de conformidad con el artículo 26 de la Ley
472 de 1998. Por ende, manifestó que resulta reprochable que la parte actora acuda
al juez de tutela a pesar de que no se ha resuelto el recurso de apelación y que
haya decidido omitir la interposición del recurso de reposición .

Asimismo, señaló que existen solo 3 causales de oposición a las medidas cautelares
en los procesos de acciones populares, por ende, teniendo en cuenta que los
recursos ordinarios en este contexto exigen una actividad probatoria especial,
resultaría aún más reprochable que la parte actora haya acudido a la acción de
tutela para expresar su inconformidad.

Adicionalmente señaló que no se configuró ninguno de los defectos alegados por la
parte actora, así: (i) respecto al defecto procedimental absoluto, manifestó que el
Ministerio de Salud y Protección Social no alegó ni acusó al Tribunal Administrativo
de Antioquia de haber actuado al margen de un procedimiento establecido sino que
manifestó su inconformidad con la valoración de la existencia de un perjuicio
irremediable; (ii) además, advirtió que la parte actora no desarrolló de manera
suficiente la razón por la que considera que la autoridad judicial accionada incurrió
en la causal de violación directa de la Constitución por desconocimiento del principio
de separación de poderes, sino que se limita a alegar la indebida aplicación del
procedimiento excepcional de la medida cautelar, y (iii) sostuvo que no se constató
la existencia de un defecto orgánico por falta de competencia, debido a que es
incorrecto sostener que la autoridad judicial accionada tomó la decisión basado en
la presunta violación de normas de rango superior, sino que efectuó un análisis del
material probatorio aportado y advirtió la necesidad de adoptar la medida cautelar.

4.5. La Asociación unitaria trabajadores de Emssanar5 advirtió que coadyuva la
posición del Tribunal Administrativo de Antioquia, en tanto la medida cautelar de
urgencia fue decretada de conformidad a las condiciones fácticas y jurídicas que la
habilitan para ello y el Ministerio de Salud y Protección Social contaba con el recurso
de apelación como un mecanismo ordinario para controvertir la decisión, el cual
interpuso el 13 de marzo de 2026.

Asimismo, señaló que la parte actora debió interponer el recurso de reposición como
requisito para acudir a la acción de tutela, de lo contrario la tutela se convertiría en
un mecanismo alterno para cuestionar las inconformidades que se presenten con
las decisiones emitidas por las autoridades judiciales. Por ende, al no haber
interpuesto el recurso de reposición y encontrarse en curso el recurso de apelación,
consideró que no se configuró el requisito de subsidiariedad para la procedencia de
la acción.

4 Índice 00013 del expediente digital de primera instancia, certificado D747C12D0100026A
B70677C6FB8A78C4 A96C4F5BB801FECC 69B764A6E7D6278C
5 Índice 00015 del expediente digital de primera instancia, certificado D307FCA9E5AA2F4B
3E80E480220065FC 3F19398AC2D9D25F 90AAC30D8512BD41.
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Accionante: Ministerio de Salud y Protección Social

Adicionalmente, sostuvo que la terminación de contratos con la red prestadora
podría generar una amenaza al patrimonio público, debido a que, de conformidad
con la Resolución 2026310010002104-6 emitida por el Ministerio de Salud y
Protección Social, Emssanar dejaría de prestar sus servicios en siete municipios de
Putumayo. Además, la terminación unilateral masiva de contratos podría generar
obligaciones indemnizatorias que reclamarían los trabajadores ante su empleador y
ante la Nación – Ministerio de Salud, por ser el causante de la salida de la EPS en
múltiples municipios.

Finalmente, señaló que no se ha configurado ninguna causal específica de
procedibilidad de tutela contra providencia judicial. Por ende, solicitó que se declare
la improcedencia de la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
subsidiariedad y, en caso de que el juez de tutela considere superados los requisitos
de procedencia de la acción, pidió que se niegue el amparo, en tanto el auto del 10
de marzo de 2026 fue emitido dentro de los límites constitucionales y legales.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 20 de abril de 20266, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, declaró improcedente la acción de tutela, al considerar que
no se configuró el requisito de subsidiariedad para su procedencia.

Al respecto, sostuvo que el artículo 26 de la Ley 472 de 1998 dispone que las
providencias que decretan medidas cautelares son susceptibles de ser
controvertidas mediante los recursos ordinarios. Además, señaló que al observar el
expediente del proceso de la acción popular identificado con radicado núm. 05001-
23-33-000-2026-00385-00, se evidenció que la parte actora interpuso recurso de
apelación contra el auto del 10 de marzo de 2026 y que actualmente se están
surtiendo los traslados a las demás partes del proceso.

Asimismo, indicó que en el escrito de tutela no se alegó la configuración de un
perjuicio irremediable que habilitara al juez constitucional para proferir un amparo
transitorio y que, así se examinara de fondo la solicitud de amparo, tampoco se
evidencia la existencia de u n perjuicio irremediable que haga procedente la
intervención del juez constitucional ni tampoco se observa que la eventual
afectación sea de tal magnitud que torne insuficiente el recurso de apelación.

6. Impugnación7

La parte actora impugnó la decisión de primera instancia y manifestó su desacuerdo
con los fundamentos expuestos, debido a que, a su juicio, se presentó una
insuficiencia en la valoración del requisito de subsidiariedad.

Al respecto, la parte actora sostuvo que el Tribunal Administrativo de Antioquia

6 Índice 00019 del expediente digital de primera instancia, certificado 12099E4CDF30451B
F8F4B6F56F1F7ECE 9096A0C9DC1062F5 D6338524DF9E10D2 .
7 Índice 00023 del expediente digital de primera instancia, certificado CDBA70CC2CD93688
B5843B58BBA7537E D24D23C604266540 6B5C912AA5C030A3 .
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efectuó un análisis formalista del requisito de subsidiariedad, debido a que la parte
actora sí empleó los mecanismos ordinarios de defensa, en tanto sí radicó el recurso
de apelación el 13 de marzo de 2026 contra el auto del 10 de marzo de 2026.

Asimismo, sostuvo que el recurso fue concedido en efecto devolutivo y, por ende,
resulta ineficaz frente a una afectación inminente, por cuanto no se está brindando
una protección real a los derechos del Ministerio de Salud y Protección Social y se
está generando una afectación al sistema de salud nacional.

Finalmente, alegó que se podría generar un perjuicio irremediable, debido a que, en
su criterio, se está poniendo en peligro la estabilidad y continuidad del Sistema
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), en tanto se estaría manteniendo
una “fragmentación excesiva de la afiliación en zonas geográficamente dispersas e
inviables desde el punto de vista financiero y operativo” y se bloquearía la
implementación de una política pública estructural, generando efectos inmediatos
en la organización del aseguramiento en salud.

Mediante auto del 8 de mayo de 20268, el magistrado ponente del Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, concedió la impugnación interpuesta por la
parte actora.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, en la
medida en que el Ministerio de Salud y Protección Social es titular de los derechos
fundamentales que estima vulnerados, en su condición de demandada dentro de la
acción popular identificada con el radicado núm. 05001-23-33-000-2026-00385-00.

2.2. De igual forma, se encuentra acreditada la legitimación en la causa por
pasiva, en tanto el Tribunal Administrativo de Antioquia es la autoridad que profirió
el auto del 10 de marzo de 2026 que, según la parte accionante, vulneró sus
derechos fundamentales.

8 Índice 00025 del expediente digital de primera instancia, certificado E0E131D7D652790B
5CFE2073D4C2E602 6973B8800CC6F498 DA8FE3371B47931E.
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3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
del 20 de abril de 2026 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela.

Para el efecto, es necesario establecer si en el caso concreto se encuentran
superados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo
frente a los argumentos expuestos por la parte accionante.

4. Procedibilidad de la acción

Teniendo en cuenta que la parte actora reprocha la decisión tomada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia a través del auto del 10 de marzo de 2026, es relevante
advertir que los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial,
la doctrina constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar,
realizar un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez
verificada la observancia de los requisitos que la determinan, procede el
pronunciamiento de fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor
plantea, en función de los defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme
a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la
Corte Constitucional a través de la sentencia C-590 de 20059 indicó que estas
proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de
carácter general, que habilitan la interposición de la tutela 10 y otros de carácter
específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto11.

9
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
10 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
11
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en
los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial
se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A
saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental,
que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto
es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d)
defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas
inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el
mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional;
g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación
directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme
al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación
de sus postulados.
11 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”12.

4.1 Subsidiariedad

Sobre el particular, resulta importante destacar que este requisito está definido
expresamente en el artículo 86 superior como presupuesto general de procedencia
de la acción de tutela, en los siguientes términos: “solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. A su vez, dicho
presupuesto se desarrolló en el artículo 6º numeral 1º del Decreto 2591 de 1991 13.

Cuando se trata de tutelas presentadas en contra de providencias judiciales, el
cumplimiento de este requisito se hace aún más exigente, en aras de evitar que el
amparo se use como un mecanismo alternativo o supletorio de los medios ordinarios
que el legislador tiene previstos para controvertir las decisiones judiciales, con el fin
de: (i) prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta de la que adelanta
el proceso ordinario; (ii) que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los
mecanismos de defensa diseñados por el Legislador; y (iii) que los ciudadanos
atiendan un mínimo de diligencia en la gestión de sus asuntos, pues no es esta la
forma de enmendar errores o descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al
interior de un proceso judicial 14.

La Corte Constitucional 15 ha sostenido que es deber de la parte accionante
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le
otorga para la defensa de sus derechos, pues de no ser así, se correría el riesgo de
interferir en las competencias de las distintas autoridades judiciales.

Asimismo, son múltiples las razones que la Corte Constitucional ha sostenido como
condición de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
específicamente en la sentencia SU-062 de 2018 sostuvo que:

“El procedimiento y los recursos “que conforman un proceso, son el
primer espacio de protección de los derechos fundamentales de los
asociados, especialmente en lo que tiene que ver con las garantías del
debido proceso” de manera que “no es admisible que el afectado alegue
la vulneración o amenaza de un derecho fundamental cuando no ha
solicitado el amparo de sus derechos dentro del proceso, pues, en
principio, el ordenamiento jurídico le ha dotado de todas las herramientas
necesarias para corregir durante su trámite las irregularidades procesales
que puedan afectarle”16. (subrayado fuera de texto.)

12 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
13“Artículo 6. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. (…)”.
14
Cfr. Corte Constitucional sentencia T-598 de 2003.
15 Sentencia C-590 de 2005.
16 Corte Constitucional, SU 062 de 2018.

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Asimismo, la sentencia T-401 del 2019 precisó los siguientes tres eventos que
hacen improcedente la tutela contra providencia judicial por no superar el requisito
de subsidiariedad:

“[...] (i) cuando el asunto está en trámite17; (ii) en el evento en que no se han
agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios; y (iii) si se
usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos
previstos en el ordenamiento jurídico” (Subrayado fuera del texto).

En ese sentido, la Corporación ha reconocido que el juez constitucional no está
llamado a conocer en sede de tutela situaciones que no han sido objeto de debate
en el marco del proceso ordinario o que estén siendo conocidas por el juez natural
en un proceso que se encuentre en trámite, debido a que el juez que decide la
controversia está revestido de autonomía e independencia, por ello, al incumplir el
requisito de subsidiariedad, se “niega la garantía del debido proceso, de acuerdo
con la cual, una persona sólo puede ser procesada por su “juez natural”” 18.

5. Caso concreto

La Sala anticipa que la presente acción de tutela no satisface el requisito de
subsidiariedad, por las razones que se exponen a continuación:

5.1. La parte actora cuestiona el auto proferido el 10 de marzo de 2026 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, al considerar que vulneró sus derechos
fundamentales al decretar la medida cautelar consistente en ordenar la suspensión
de la materialización de las disposiciones contenidas en el Decreto 182 del 25 de
febrero de 2026, hasta tanto se decida de fondo la acción popular que actualmente
cursa ante esa corporación.

5.2. No obstante, del examen del expediente correspondiente al proceso de acción
popular identificado con el radicado núm. 05001-23-33-000-2026-00385-00, así
como de los hechos expuestos en la solicitud de tutela, la Sala advierte que el
Ministerio de Salud y Protección Social interpuso recurso de apelación contra el auto
del 10 de marzo de 2026 por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Asimismo, se evidencia que el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante
providencia del 15 de abril de 2026 concedió dicho recurso en el efecto devolutivo19.
Posteriormente, el expediente ingresó por reparto a la Sección Primera del Consejo
de Estado el 23 de abril de 2026, donde actualmente se encuentra en trámite,
conforme a lo registrado en el aplicativo SAMAI20.

Sobre el particular, conviene recordar que el artículo 323 del Código General de
Proceso dispone que la concesión del recurso de apelación con efecto devolutivo
no suspende el cumplimiento de la providencia impugnada ni el curso del proceso.
A su turno, el artículo 298 ibidem establece que las medidas cautelares son de

17 Enunciado también en la sentencia T -053 de 2020.
18 Corte Constitucional, SU 062 de 2018.
19 Índice 00053 del proceso de acción popular en primera instancia del aplicativo SAMAI
20 Índice 00001 del proceso de acción popular en segunda instancia del aplicativo SAMAI

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inmediato cumplimiento y que la interposición de cualquier recurso no impide su
ejecución. En consecuencia, la medida cautelar decretada mediante auto del 10 de
marzo de 2026 continúa produciendo efectos mientras se resuelve el recurso de
apelación.

En esas condiciones, los planteamientos expuestos en la solicitud de amparo
buscan anticipar un pronunciamiento del juez constitucional sobre aspectos que
actualmente son objeto de estudio por el juez natural. Admitir tal proceder
desnaturalizaría el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, pues
implicaría interferir en un asunto sometido al conocimiento de la autoridad judicial
competente y desplazar el escenario procesal ordinario previsto para resolver las
controversias planteadas.

5.3. Conforme con lo expuesto, la Sala concluye que no se satisface el requisito de
subsidiariedad, toda vez que el recurso de apelación interpuesto contra la
providencia cuestionada se encuentra pendiente de decisión. En este escenario, la
acción de tutela no puede utilizarse como mecanismo alternativo o sustitutivo de los
mecanismos ordinarios previstos por el legislador, salvo que se demuestre que
estos resultan ineficaces o insuficientes para la protección de los derechos
fundamentales invocados, circunstancia que no se acreditó en el presente asunto.

Por consiguiente, la Sala considera que la presente acción de tutela es
improcedente, pues aceptar lo contrario implicaría sustituir los mecanismos
ordinarios dispuestos para la protección de los derechos de las partes dentro del
proceso judicial. La solicitud de amparo constitucional tiene carácter supletorio y
residual, de modo que no puede emplearse como una vía paralela o alternativa a
las herramientas procesales previstas para la solución de la controversia.

5.4. Ahora bien, el Ministerio de Salud y Protección Social manifestó que
actualmente el Consejo de Estado negó la suspensión provisional de los efectos del
Decreto 182 de 2026 dentro del proceso de nulidad simple identificado con el
radicado núm. 11001-03-24-000-2026-00097-00, por no encontrar acreditados los
requisitos para la procedencia de la medida cautelar. Con fundamento en ello,
afirmó que esa decisión constituía un elemento objetivo para demostrar que la
autoridad judicial accionada aplicó de manera indebida las normas que regulan la
procedencia de las medidas cautelares.

Al respecto, la Sala advierte que, una vez consultado el estado del referido proceso
de nulidad simple, se constató que la Sección Primera del Consejo de Estado
profirió auto el 4 de mayo de 2026, notificado el 6 de mayo siguiente, mediante el
cual decretó la suspensión provisional del Decreto 182 de 2026. En consecuencia,
contrario a lo sostenido por la parte actora, en dicho proceso sí se concluyó que se
encontraban acreditados los presupuestos para decretar la medida cautelar.

5.5. En ese orden, la Sala observa que la parte actora insiste en expresar su
inconformidad con la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Antioquia
y pretende que el juez constitucional sustituya el criterio del juez natural por una

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interpretación normativa acorde con sus intereses, pese a que el asunto continúa
sometido al conocimiento de la jurisdicción ordinaria.

En consecuencia, la Sala procederá a confirmar la decisión de primera instancia
que declaró improcedente la presente acción de tutela por no superar el requisito
de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 20 de abril de 2026 por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que declaró improcedente la
acción de tutela interpuesta por el Ministerio de Salud y Protección Social contra el
Tribunal Administrativo de Antioquia, por no superar el requisito de subsidiariedad,
conforme la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado
MCMM

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