Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02231-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02231-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02231-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02231-01
Accionante: Ricardo Andrés Chavarriaga Tróchez
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Tema: Derechos a la salud, petición y otros. Mora administrativa. Solicitud
de traslado por salud. Queja por acoso laboral. REVOCA
SENTENCIA- NIEGA – DECLARA IMPROCEDENTE
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el señor Ricardo Andrés Chavarriaga
Tróchez, mediante apoderada, en contra de la sentencia del 30 de abril de 2026
proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante la cual se negó el
amparo invocado.
ANTECEDENTES
El accionante pretende que se protejan sus derechos fundamentales a la vida, a la
salud, al trabajo digno, al debido proceso, a la igualdad y de petición, los cuales
considera vulnerados por el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de la Carrera Judicial, la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Medellín, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bucaramanga y el Comité Seccional de Convivencia Laboral de Antioquia.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que se desempeña como secretario en propiedad en el Juzgado Primero Promiscuo
Municipal de La Estrella, Antioquia y desde el año 2022 su núcleo familiar reside en
Bucaramanga.
Sostiene que entre mayo y agosto de 2022 la jueza titular de esa época lo «sometió
a maltratos constantes: gritos, menosprecio público, negación de permisos, recarga
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excesiva de trabajo y devolución arbitraria de proyectos. Esta situación le generó su
primera crisis de salud mental, con ideación suicida».
Que a partir de septiembre de 2022 el juez titular «intensificó el hostigamiento,
amenazándolo con declararlo insubsistente e iniciarle procesos disciplinarios» y le
negó permisos para asistir a citas psicológicas, lo que precipitó su primera
hospitalización psiquiátrica. Además, remitió al Consejo Seccional de la Judicatura
una carta donde «lo señalaba falsamente como persona peligrosa, versión que
motivó que se me sugiriera trabajar en teletrabajo como medida de protección».
Que en el año 2023, solicitó su traslado por razones de salud, por presentar
«[t]rastorno mixto de episodios de depresión y (sic) ansiedad»; el 21 de abril de
2023, la Unidad Administrativa de la Carrera Judicial emitió concepto desfavorable
de traslado mediante el Oficio CJO23-2548; y el 5 de julio de ese año reiteró la
petición.
El 19 de diciembre de 2025, la IPS Evaluar Salud emitió concepto médico de aptitud
laboral, donde lo calificó «CON RESTRICCIÓN, ordenando continuar controles por
psiquiatría, psicología y neuropsicología, y estableciendo limitaciones físicas que
evidencian el deterioro integral de mi salud».
Que el 24 de noviembre de 2025, presentó ante la jueza titular del despacho para
el momento y el Comité Seccional de Convivencia Laboral, denuncia por presunto
acoso laboral por parte del oficial mayor y el citador, porque «[e]mitieron juicios de
valor sobre la gestión (sic) del Señor Chavarriaga ante usuarios externos; [i]ndujeron
a un usuario a presentar queja en su contra; [a]ccedieron ilegítimamente a correos
privados entre la jueza y el Señor Chavarriaga, adjuntándolos como “pruebas” en
descargos; [p]resentaron audios de WhatsApp fragmentados y descontextualizados
y [e]n sus descargos, admitieron haber inducido la queja y persistieron en calificarlo
como “negligente”».
Que en diciembre de 2025, la misma jueza negó la existencia del acoso, lo que a
su juicio «validó tácitamente las conductas de los acosadores, perpetuando el
ambiente hostil».
Que el 10 de diciembre de 2025, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Medellín expidió la Resolución núm. 393 donde concedió la licencia de maternidad
de la juez y designó en encargo a un funcionario de otro despacho, pese a que el
actor «es Secretario (sic) en propiedad del mismo juzgado, cumplía los requisitos
legales y tenía preferencia según la Ley 2430 de 2024».
Que el 15 de enero de 2026, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Medellín
«negó» los recursos de reposición y apelación interpuestos por el apoderado del
actor, con fundamento en el informe de gestión rendido por la jueza, contra quien
cursaba queja por acoso laboral (Rad. 2025-0017).
Que en el año 2025 radicó ante el Comité Seccional de Convivencia Laboral de
Antioquia queja por acoso laboral en contra de la jueza Posada (radicado 2025-
0017); sin embargo, a la fecha de interposición de la tutela han transcurrido más de
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doce (12) meses sin que el Comité haya adoptado medida alguna, omisión que le
agrava su situación de salud.
Que el 9 de marzo de 2026, el actor sufrió una crisis aguda de ansiedad con ideación
suicida y fue incapacitado por diez (10) días, con ocasión del «hostigamiento
continuo, de la negación arbitraria del encargo y de la falta de respuesta
institucional».
Que desde diciembre de 2025, la Unidad de Administración de la Carrera Judicial
cesó la oferta de plazas para traslado en el Departamento de Santander, lugar
donde reside su núcleo familiar, omisión que le impide su reubicación y que detona
su deterioro emocional.
Que no existe una evaluación ocupacional integral actualizada que dé cuenta del
actual estado de salud del actor, el cual se ha agravado con la hospitalización de
marzo de 2026, y que sirva de fundamento para la reubicación definitiva en su lugar
de arraigo.
PRETENSIONES
Solicitó que se amparen los derechos invocados y se ordene lo siguiente:
• A la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura, a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín y a la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga que, en el término
de cuarenta y ocho (48) horas, inicien las gestiones administrativas necesarias para
efectuar el traslado del actor por razones de salud a un cargo de igual categoría en
el distrito judicial de Bucaramanga, o en su defecto, en cualquier municipio del
Departamento de Santander, lugar de su arraigo familiar.
• A la Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín y a la Unidad de
Servicios de Salud de la Rama Judicial que, de manera inmediata y prioritaria,
reactiven los estudios y valoraciones integrales por parte del equipo de Seguridad y
Salud en el Trabajo (medicina laboral, psicología especializada y psiquiatría
ocupacional) para que, en un plazo máximo de quince (15) días, se emita una
recomendación de traslado actualizada que refleje el estado de salud actual del
actor, teniendo en cuenta la crisis sufrida en marzo de 2026 y las múltiples
certificaciones médicas que así lo acreditan.
• A las entidades accionadas que, mientras se materializa el traslado y se actualizan
las evaluaciones, oferten de manera inmediata todas las plazas en provisionalidad
existentes en el Departamento de Santander, y le informen al actor para que pueda
optar por alguna, en cumplimiento de la recomendación médica que exige mi
reubicación.
• Al Comité Seccional de Convivencia Laboral de Antioquia que, en el término de
cinco (5) días, resuelva de fondo la queja radicada bajo el número 2025-0017.
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• A la juez y a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Medellín que se
abstengan de utilizar, en cualquier actuación administrativa futura, informes o
conceptos emitidos por personas contra quienes curse una queja por acoso laboral
en su contra, y que garanticen su derecho de defensa y contradicción en cualquier
procedimiento que pueda afectarlo.
Además, pide «PREVENIR a las entidades accionadas para que, en lo sucesivo, se
abstengan de realizar actos u omisiones que vulneren sus derechos fundamentales,
so pena de las sanciones legales correspondientes».
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
El 20 de marzo de 2026, se admitió la acción; se vinculó al Juzgado Quinto de
Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Floridablanca; al Juzgado Primero
Promiscuo Municipal de La Estrella; a los señores Daniela Posada Acosta, Álvaro
Darío Ortiz Tafur Acosta, Luis Germán Arenas Escobar, Jenny Quirós Vásquez,
José Luis Hernández Bustamante, Martha Adriana León Velasco, Claudia Marcela
Narváez, Sergio Andrés Castro López y Henry Geoveny Jiménez Gutiérrez; a la
Unidad de Servicios de Salud de la Rama Judicial, al equipo de Seguridad y Salud
en el Trabajo y, a los magistrados que conforman la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Medellín.
El 13 de abril de 2026, se vinculó al Consejo Seccional de la Judicatura de
Santander y al Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia y se negó el decreto
de pruebas solicitadas por el señor Álvaro Dario Ortiz Tafur 1.
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
El Consejo Seccional de la Judicatura de Santander pidió su desvinculación de
la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que la
competencia para resolver solicitudes de traslado entre diferentes seccionales
recae exclusivamente en la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura.
La Unidad de Administración de la Carrera Judicial (CARJUD) solicitó su
desvinculación de la acción de tutela por carecer de legitimación en la causa por
pasiva, dado que i) a los Consejos Seccionales de la Judicatura les corresponde
administrar la carrera judicial en su respectivo distrito y ii) al Comité Seccional de
Convivencia Laboral de Antioquia es a quien le compete resolver de fondo la queja
por presunto acoso laboral.
La Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín informó que,
desde el mes de octubre de 2022, el servidor se encuentra en seguimiento de
condiciones de salud por parte de la entidad, siendo el último control realizado el 2
de diciembre de 2025. Precisó que el actor ha sido objeto de dos (2) estudios
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Pidió que se decretaran los testimonios de los señores German Villegas, Mauricio Correa, Luis Fernando Rúa,
Jorge Alberto Palacios, Natalia Tordecilla, Viviana Marcela Castañeda, Jenny Juliana Cuartas Cuervo, Luz Ayde
Vélez Molina, José Daniel Ochoa Espinal, y de los empleados del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de
La Estrella, para exponer presuntos inconvenientes que han tenido con el tutelante.
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psicosociales en su puesto de trabajo, orientados a la emisión de recomendaciones,
realizados en el segundo semestre de 2022 y en el primer semestre de 2025,
respectivamente.
El Comité Seccional de Convivencia Laboral de Antioquia manifestó que uno de
los integrantes a quienes se le asignó la queja que interpuso el actor, fue
incapacitado, situación que impidió que la solicitud se resolviera dentro de los
tiempos inicialmente previstos; sin embargo, adujo que actualmente se vienen
adelantando las gestiones necesarias para dar trámite efectivo a la queja, de ahí
que ya fueron enviadas las respectivas citaciones con el fin de escuchar de manera
individual a las personas involucradas en los hechos objeto de esta.
Por lo anterior, pidió que se declare improcedente la acción de tutela, por estar ante
la presencia de un hecho superado.
La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga
solicitó su desvinculación de la acción de tutela por carecer de legitimación en la
causa por pasiva, ya que la autoridad responsable del traslado de cargos dentro de
la Rama Judicial y en especial de ese distrito es el Consejo Seccional de la
Judicatura de Santander.
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ) indicó que la
autoridad legitimada es la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Medellín, motivo por el cual pidió su desvinculación de la acción de tutela.
El Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia expuso que la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial mediante Oficio CJO25-2769 del 27 de mayo
de 2025 conceptuó de manera desfavorable sobre la solicitud de traslado, por
incumplir con el requisito mínimo de permanencia en el cargo exigido, así las cosas,
resulta evidente que la entidad no ha vulnerado derecho fundamental alguno al
accionante; por el contrario, actuó de manera diligente y conforme al marco de sus
competencias, adelantando las actuaciones que le correspondían.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala de Gobierno informó
que el 6 de marzo de 2026 tuvo conocimiento de una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho que interpuso el actor en contra de la Nación – Centro
de Imputación Jurídica – Rama Judicial del Poder Público, la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, y los doctores Daniela Posada
Acosta y Luis Germán Arenas Escobar, donde solicitó como medida cautelar la
suspensión de las resoluciones núm. 393 del 10 de diciembre de 2025 y 001 del 15
de enero de 2026, por medio de las cuales se realizó el encargo del cargo de juez
por la licencia de la doctora Posada. Resaltó que para la fecha de presentación del
informe el Consejo de Estado no había proferido auto admisorio.
Por otro lado, adujo que existe cosa juzgada constitucional, dado que la Corte
Suprema de Justicia, Sala Laboral en la tutela 11001-02-30-000-2025-01474-00 se
pronunció sobre las discusiones planteadas en contra de la Resolución núm. 393
de 2025.
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Adicionalmente, manifestó que no se satisface el requisito de subsidiariedad,
porque el actor ya presentó demanda e incluso solicitó la suspensión provisional de
los actos demandados y no se demuestra un perjuicio irremediable que desvirtué la
idoneidad del proceso ordinario.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
Los señores Henry Jiménez Gutiérrez y Jenny Quiróz Vásquez alegaron los
inconvenientes laborales que han tenido con el actor.
El señor Álvaro Dario Ortiz Tafur pidió que se decretaran unos testimonios, con
los cuales pretendía probar los problemas que se han venido presentando al interior
del despacho con el accionante.
La señora Daniela Posada Acosta señaló que la Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Laboral declaró improcedente la tutela con radicado 11001-02-30-000-
2025-01474-00, donde se discutió lo concerniente al nombramiento en encargo
realizado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, con ocasión de
su licencia de maternidad.
El Juzgado Quinto de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de
Floridablanca señaló que mediante la Resolución núm. 010 de 2026 negó la
solicitud de traslado del actor, la decisión se notificó el 18 de marzo de 2026 y
«contra la misma, a la fecha, no se ha interpuesto recurso alguno».
Los demás vinculados guardaron silencio.
SENTENCIA IMPUGNADA
El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante sentencia del 30 de abril de 2026,
negó el amparo solicitado, con fundamento en lo siguiente:
En relación con la supuesta violación del derecho fundamental de petición por parte
de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial encontró que la entidad
mediante el Oficio CJO23-4916 de 29 de agosto de 2023 emitió concepto
desfavorable de traslado por razones de salud, es decir que, ya respondió la
solicitud del 5 de julio de ese año.
Adicionalmente dijo que la Unidad a través del Oficio CJO26-344 de 23 de enero de
2026 emitió concepto favorable de traslado del actor para el cargo de secretaría del
Juzgado Quinto de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Floridablanca
(Santander). Explicó que si el actor no está de acuerdo con la respuesta dada por
la entidad puede demandar esos actos administrativos.
Frente a la queja que el actor interpuso en contra de la jueza dijo que, si bien el
Comité Seccional de Convivencia Laboral de Antioquia no ha resuelto la misma, lo
cierto es que eso obedece a que se han presentado inconvenientes inesperados
como lo fue la incapacidad médica de uno de los miembros del comité, el cambio
del representante ante el comité y el hecho de que los integrantes de dicho grupo
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son servidores judiciales que tienen deberes y obligaciones desde sus cargos y su
disponibilidad de tiempo debe ser distribuida entre las tareas inherentes al cargo
como la representación.
Además, indicó que el comité se encuentra adelantando las etapas que
corresponden para resolver la inconformidad del actor, prueba de ello es que ya citó
a los implicados a rendir testimonio; razón por la cual la mora en el trámite no es
injustificada.
IMPUGNACIÓN
El actor argumentó que el juez constitucional de primera instancia redujo la
controversia a dos asuntos: i) la solicitud de traslado de julio de 2023 y ii) el Comité
Seccional de Convivencia Laboral de Antioquia no incurrió en mora administrativa
en el trámite de la queja, delimitación que «fue incompleta, restrictiva y contraria al
principio de protección efectiva de los derechos fundamentales».
Resaltó que a la fecha de presentación de la impugnación «ni siquiera se ha
avanzado en la citación formal de la audiencia, diligencia o espacio de conciliación
institucional dentro de la queja por presunto acoso laboral radicada ante el Comité
Seccional de Convivencia Laboral de Antioquia bajo el No. 2025-0017», lo cual
desvirtúa la conclusión del juez de primera instancia de que el Comité no ha
incurrido en mora administrativa.
Adicionalmente, expuso que las actuaciones que el Comité dijo que realizó, como
la citación a testimonios, no equivalen a cumplimiento material ni a superación de la
vulneración, ya que una actuación preparatoria no reemplaza la audiencia de
conciliación, no resuelve de fondo la queja, no adopta medidas preventivas y no
protege por sí misma la salud del accionante.
En cuanto a la violación del derecho de petición, precisó que la tutela no perseguía
únicamente que se reconociera la falta de respuesta a una solicitud de 2023, sino
que lo pretendido era que, a partir de la realidad médica, laboral y psicosocial actual
del actor, se adoptaran medidas efectivas de traslado, reubicación, valoración
integral o protección transitoria.
Argumenta que el proceso ordinario resulta procedente para discutir la legalidad
abstracta de determinados actos; no obstante, no es eficaz «para brindar protección
inmediata frente a una situación actual de salud, dignidad humana y riesgo
psicosocial. En este caso, la tutela procede porque se requiere una orden urgente,
preventiva y materialmente protectora».
Por lo anterior, pidió que se revoque la decisión de primera instancia y, en su lugar,
se acceda al amparo invocado.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
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A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales del accionante, para lo cual abordará los siguientes temas: I)
generalidades de la acción de tutela; II) requisito de subsidiariedad en la acción de
tutela; III) mora administrativa; y iv) análisis del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
Requisito de subsidiariedad en la acción de tutela
Conforme la jurisprudencia desarrollada y reiterada de la Corte Constitucional, esta
acción es eminentemente subsidiaria, de ahí que, en virtud de esta característica,
los conflictos jurídicos relacionados con los derechos fundamentales deben ser, en
principio, resueltos por las vías ordinarias -jurisdiccionales y sólo ante la ausencia
de dichas vías o cuando las mismas no resultan idóneas y eficaces para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a la acción de
amparo constitucional.
La existencia de otro mecanismo judicial ha sostenido la Corte, per se, no
constituye una razón suficiente para declarar la improcedencia de la acción, en la
medida que el mismo debe ser idóneo, lo que significa que debe ser materialmente
apropiado para generar el efecto protector de los derechos fundamentales,
además, debe ser un medio eficaz, esto es, estar diseñado de forma tal que brinde
oportunamente una protección al derecho.
Ahora bien, en torno a la necesidad de examinar la irremediabilidad del perjuicio y
la idoneidad y eficacia de los mecanismos principales de defensa, en uno de sus
tantos pronunciamientos expuso la Corte:
«(…) Para determinar la irremediabilidad del perjuicio hay que tener en cuenta
la presencia concurrente de varios elementos que configuran su estructura,
como la inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el
sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los
hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo
necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales
fundamentales»2.
Por lo demás, tampoco desconoce la Sala la amplia jurisprudencia constitucional con
relación a la improcedencia de la tutela contra actos administrativos de contenido
particular y concreto; por cuanto es viable controvertirlos e incluso solicitar la
2 Sentencia T-570 de 2007, MP Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.
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suspensión provisional de sus efectos; mediante los medios de control, así lo dijo la
Corte Constitucional:
«(…) Además, tal y como se señaló anteriormente (ver supra, fundamentos
jurídicos 44-56), la Ley 1437 de 2011 consagró una serie de posibles medidas
cautelares para la protección y garantía provisional del objeto del proceso o para
la efectividad de la sentencia. Entre las que se cuentan el restablecimiento
inmediato de un derecho, la suspensión de un procedimiento o actuación, o la
suspensión de los efectos de un acto administrativo. Adicionalmente, las
medidas cautelares pueden ser ordinarias o de urgencia. (…)»3
En este entendido, la procedencia de la acción de tutela se torna aún más
excepcional, dada la eficacia de las acciones ordinarias para la protección inmediata
de los derechos fundamentales.
Mora administrativa
La Corte Constitucional 4 considera que en los casos en que se ha sobrepasado el
término legal para fallar, es posible predicar la existencia de una mora
administrativa que vulnera el derecho fundamental al debido
proceso administrativo. Estableció que dicho fenómeno se caracteriza por
«(…) (i) el incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar
alguna actuación por parte del funcionario competente; (ii) que la mora
desborde el concepto de plazo razonable que involucra análisis sobre la
complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de la
autoridad competente y el análisis global de procedimiento; (iii) la falta de
motivo o justificación razonable en la demora»5.
La Corte estableció que la dilación injustificada se presenta cuando la duración de
un procedimiento supera el plazo razonable. De acuerdo con la jurisprudencia
constitucional 6, la razonabilidad del plazo se establece en cada caso particular y ex
post7 teniendo en cuenta los siguientes elementos «(i) la complejidad del asunto;
(ii) la actividad procesal del interesado; (iii) la conducta de la autoridad competente;
y (iv) la situación jurídica de la persona interesada».
Análisis del caso concreto
El actor alega que el juez constitucional de primera instancia delimitó de forma
errónea el problema jurídico, pues no solo persigue la falta de respuesta de la
petición de traslado de julio de 2023, sino que además pide que se adopten medidas
efectivas de traslado y reubicación del actor, dada su condición médica. Aduce que
el Comité Seccional de Convivencia Laboral de Antioquia si incurrió en mora
administrativa en el trámite de la queja por acoso laboral. Argumenta que el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho no es idóneo, ya que se
requieren medidas urgentes, por lo cual es procedente la tutela.
3 Sentencia T-149 de 2023
4 Sentencia T 318 de 2024
5 Sentencias C-036 de 2003, C-893 de 2012 y T-595 de 2019.
6 Sentencias C-980 de 2010, C-758 de 2013, C-034 de 2014, T-543 de 2017 y T-595 de 2019.
7 Sentencias C-496 de 2015, T-295 de 2018, T-341 de 2018 y T-595 de 2019.
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Sobre el desacuerdo, relacionado con la falta de respuesta de la solicitud de traslado
del año 2023 y la necesidad de adoptar medidas que garanticen el traslado o
reubicación del actor, dada su condición de salud, la Sala evidencia lo siguiente:
La Unidad de Administración de la Carrera Judicial mediante Oficio CJO23-4916 del
29 de agosto de 2023 emitió concepto desfavorable de traslado por razones de
salud, dado que el actor no «manifestó exactamente cuál es el despacho de su
interés al que aspira a ser trasladado, y no es competencia de la Unidad determinar
a qué Juzgado pretende el traslado».
La Unidad a través del Oficio CJO26-344 del 23 de enero de 2026 emitió concepto
favorable de traslado del actor para el cargo de secretaría del Juzgado Quinto
Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Floridablanca (Santander), donde
ordenó que se «reportarse de manera inmediata al Consejo Seccional de la
Judicatura de Santander, a fin de que realicen las anotaciones y controles
correspondientes en el Registro Seccional de Escalafón».
El Juzgado Quinto de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Floridablanca
informó que el 20 de febrero de 2026 el Consejo Seccional de la Judicatura de
Santander remitió los conceptos favorables de las solicitudes de traslados para el
cargo de secretario del despacho, dentro de los cuales se encuentra el aquí
accionante y mediante la Resolución núm. 010 de 2026 el Juzgado negó la solicitud
de traslado del actor; decisión que se notificó el 18 de marzo de 2026 y «contra la
misma, a la fecha, no se ha interpuesto recurso alguno».
Conforme a lo expuesto, la Sala observa que i) la Unidad contestó las solicitudes de
traslado que ha interpuesto el actor; ii) el Consejo Seccional de la Judicatura de
Santander cumplió con su deber de remitir los conceptos favorables de las
solicitudes de traslado al Juzgado Quinto de Pequeñas Causas y Competencias
Múltiples de Floridablanca; y, iii) el nominador nombró en propiedad a otra persona
como secretario de dicho despacho.
De lo anterior, se desprende que las autoridades citadas no le violan al actor
derecho alguno, pues adelantaron las actuaciones correspondientes a fin de
atender la solicitud de traslado. Ahora, si el actor no está de acuerdo con la decisión
del nominador de elegir a otra persona para el cargo de secretario en el despacho
de Floridablanca, puede demandar dicho acto administrativo ante la jurisdicción
contencioso-administrativa.
De la lectura de la impugnación la Sala concluye que la pretensión del actor está
encaminada a que se evalúe su condición médica y que con base en esos
resultados este juez constitucional adopte medidas encaminadas a «traslado,
reubicación, valoración integral o protección transitoria».
Sobre el particular, valga recordar que el Consejo Superior de la Judicatura en el
Acuerdo PCSJA25-12352 del 26 de noviembre de 2025 8 establece los presupuestos
que se deben cumplir para emitir concepto favorable de traslado y el artículo 133
8 Derogó los Acuerdos PCSJA17-10754 de 2017 y PCSJA22- 11956 de 2022
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de la Ley 270 de 1996 consagra que al nominador es a quien le corresponde realizar
el nombramiento del funcionario, previa verificación de los requisitos y calidades
para desempeñar el cargo.
En ese orden, es claro que existen una serie de normas que prescriben el
procedimiento que se debe llevar a cabo para acceder a la solicitud de traslado y
las autoridades competentes para conocer dicha situación; de ahí que el juez
constitucional no puede interferir en ese trámite y desconocer las etapas que se
deben dar para conceder un traslado. No es demás mencionar que el actor puede
radicar nuevamente una solicitud de traslado por salud para otro despacho.
En lo atinente a la situación de salud del actor, se observa que la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Medellín indicó que desde el año 2022 se
vienen adelantando atenciones y actuaciones derivadas del riesgo psicosocial en el
marco del Programa de Vigilancia Epidemiológica y de la medicina del trabajo
preventiva, las cuales están a cargo de un equipo de Profesionales Universitarios
del Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo y de las(os) asesoras(es)
psicólogas(os) especialistas en Seguridad y Salud en el Trabajo de la ARL Positiva.
De igual forma, se evidencia que el actor desde el 7 de julio de 2022 solicitó consulta
y desde esa fecha le están haciendo seguimiento. Recientemente, el 19 de enero
de 2026 tuvo seguimiento de programa conscientemente y los días 26 de febrero y
9 de marzo del año en «atención en crisis».
El Comité de Estudios Médicos a través de la historia clínica del 10 de marzo de
2026 le diagnosticó al accionante trastorno mixto de ansiedad y depresión por estrés
agudo y expidió incapacidad médica por diez (10) días.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala evidencia que el actor desde el año 2022
está presentando episodios de ansiedad y depresión, situación médica que ha sido
valorada por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín
desde esa fecha hasta la actualidad, prueba de ello es que se han realizado una
serie de evaluaciones médicas ocupacionales, seguimiento y acompañamiento
psicológico al actor y se han impartido las recomendaciones del caso, como lo
fue,en su momento, conceder teletrabajo.
Por lo anterior, no se advierte que la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Medellín le transgreda al actor los derechos
fundamentales a la salud, a la vida y a la dignidad humana, pues ha desarrollado
las actividades necesarias para brindarle al actor la atención y acompañamiento que
requiere. También el accionante está recibiendo atención médica por parte de la
EPS.
En lo atinente a la queja que interpuso el 30 de julio de 2025 el señor Chavarriaga
en contra de la jueza Daniela Posada Acosta, radicado 2025-0017. El Comité
Seccional de Convivencia Laboral en el informe que rindió dijo que el 6 de abril de
2026 citó a entrevista a las personas involucradas; no obstante, el actor aduce que
dicha actuación no equivale a un cumplimiento material ni supera la vulneración.
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Rad icad o: 11001-03-15-000-2026-02231-01
Sobre el particular, la Sala no encuentra que la demora en resolver la queja por
presunto acoso laboral sea injustificada, teniendo en cuenta que el trámite se ha
visto afectado ya que uno de los integrantes del comité estuvo incapacitado; ante la
prórroga de la incapacidad en el mes de noviembre de 2025 se efectuó el cambio
de representante ante el Comité de Convivencia Laboral, decisión que fue adoptada
como medida administrativa encaminada a asegurar el adecuado ejercicio de las
funciones del Comité.
De igual forma, no se puede desconocer que los integrantes que conforman el
comité son servidores públicos que cumplen tareas inherentes al cargo que ocupan
en los despachos y además deben tramitar las quejas que se presentan ante dicho
Comité, que no son pocas y algunas no han podido finalizar por factores externos,
que no dependen de este; que se encuentra adelantando las etapas que
corresponden a la queja del accionante, pues para el 6 de abril de 2026 citó a los
implicados a rendir su testimonio.
La Sala considera que, si bien no se ha resuelto dicha queja, ello obedece a los
inconvenientes que se han presentado dentro del trámite y a la carga que tiene el
comité en la gestión de las demás quejas que tiene a su cargo; motivo por el cual
no se estima que la tardanza en el trámite sea una mora administrativa injustificada.
En consecuencia, se revocará la sentencia del 30 de abril de 2026 y en su lugar,
se negará la tutela en relación con los derechos fundamentales invocados; se
negarán las solicitudes de desvinculación de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Bucaramanga y el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander y de
Antioquia y se declarará improcedente en relación con la pretensión de que se
ordene la reubicación o traslado del actor al cargo de secretario en un juzgado de
Santander.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. REVOCAR la sentencia del 30 de abril de 2026 proferida por el Consejo
de Estado, Sección Quinta, y en su lugar
Segundo. NEGAR la tutela en relación con los derechos fundamentales a la salud,
a la vida, a la dignidad humana y de petición.
Tercero. NEGAR las solicitudes de desvinculación de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Bucaramanga y el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander y de
Antioquia
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Rad icad o: 11001-03-15-000-2026-02231-01
Cuarto. DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela en relación con la pretensión de
que se ordene la reubicación o traslado del actor al cargo de secretario en un
juzgado de Santander.
Quinto. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Sexto. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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