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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02242-00

Fecha
15 de mayo de 2026
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02242-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: RECONOCER personería al abogado Adolfo Rodríguez Garzón, para actuar como apoderado judicial de Amilvia Cortés Hernández, en los términos y para los efectos del poder conferido. SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela respecto de Ana María Cortés Hernández, Alexandra Bermúdez Cortés y Alejandra Meza Pérez, por falta de legitimación en la causa por activa, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por Amilvia Cortés Hernández contra el Tribunal Administrativo de Boyacá-Despacho 05, por no cumplir el requisito de relevancia constitucional, conforme a las razones expuestas en esta providencia. CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. QUINTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02242-00

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

15 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., quince (15) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02242-00

Accionante: ANA MARÍA CORTÉS HERNÁNDEZ Y OTROS

Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ-DESPACHO 05

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-Incumplimiento cuando la solicitud de amparo pretende reabrir un debate procesal resuelto
por el juez natural. TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-La acción constitucional no constituye una
tercera instancia para controvertir la interpretación razonable de las reglas procesales. RECURSO DE
APELACIÓN-Carga de presentar los memoriales a través de los canales oficiales informados por el despacho
judicial. DEBIDO PROCESO-Uso de canales digitales autorizados como garantía de seguridad jurídica, eficacia
y orden procesal. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA-Improcedencia de la acción cuando el apoderado
judicial no acredita poder para actuar en nombre de las accionantes.

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por los accionantes 1 contra el Tribunal
Administrativo de Boyacá-Despacho 05.

ANTECEDENTES

1. Acción de tutela

El 18 de marzo de 2026, Ana María Cortés Hernández y otros, por medio de
apoderado judicial, formularon acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Boyacá-Despacho 05, con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la doble
instancia y a la seguridad jurídica. La parte accionante sostuvo que tales garantías
resultaron vulneradas con ocasión de la providencia proferida el 13 de febrero de

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Accionantes: Ana María Cortés Hernández, Alexandra Bermúdez Cortés, Amilvia Cortés Hernández y Alejandra
Meza Pérez.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-02242-00
Accionante: Hornell Ana María Cortés Hernández y otros
Acción de tutela – Primera instancia

2026, dentro del proceso de reparación directa identificado con radicado 15759-33-
33-001-2017-00248-01, mediante la cual se dejó sin efectos el recurso de apelación
que había sido concedido por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Sogamoso.

En virtud del amparo, la parte accionante solicitó textualmente:

«Primera. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso
efectivo a la administración de justicia, a la doble instancia y a la seguridad jurídica,
los cuales han sido vulnerados por la providencia judicial proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá dentro del proceso contencioso administrativo radicado No.
15759333300120170024800.

Segunda. Como consecuencia del amparo constitucional solicitado, dejar sin efectos
la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá – Despacho
correspondiente –, mediante la cual se acogió El MEMORIAL DENOMINADO
SOBRE ADMISIÓN VICIOS Y NULIDADES presentado por la fiscalía general de la
Nación y se dejó sin efectos la concesión del recurso de apelación previamente
admitido por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Sogamoso.

Tercera. Ordenar al Tribunal Administrativo de Boyacá que restablezca plenamente
los efectos jurídicos del auto mediante el cual el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Sogamoso concedió el recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, decisión que se encuentra ejecutoriada dentro del proceso.

Cuarta. Ordenar al Tribunal Administrativo de Boyacá que continúe con el trámite de
la segunda instancia dentro del proceso contencioso administrativo radicado No.
15759333300120170024800, garantizando el ejercicio efectivo del derecho a la
doble instancia y el respeto de los principios constitucionales que rigen el debido
proceso judicial. Quinta. Disponer cualquier otra medida que el despacho judicial
considere necesaria para la protección integral de los derechos fundamentales
vulnerados y para restablecer el orden constitucional afectado por la providencia
judicial objeto de esta acción de tutela».

2. Hechos relevantes

Ana María Cortés Hernández y otros promovieron medio de control de reparación
directa contra la Nación-Fiscalía General de la Nación y la Nación-Rama Judicial-
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de obtener la reparación de
los perjuicios presuntamente causados por la privación injusta de la libertad del señor
Jhon Eduard Bermúdez Cortés. El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-02242-00
Accionante: Hornell Ana María Cortés Hernández y otros
Acción de tutela – Primera instancia

Primero Administrativo del Circuito de Sogamoso, bajo el radicado 15759-33-33-001-
2017-00248-00.

El 25 de abril de 2024, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Sogamoso
profirió sentencia de primera instancia, por medio de la cual negó las pretensiones
de la demanda, declaró la falta de legitimación en la causa respecto de la Fiscalía
General de la Nación, condenó en costas y ordenó la devolución de los procesos
penales remitidos en calidad de préstamo. La providencia fue notificada por correo
electrónico el 26 de abril de 2024.

La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia. Según lo expuesto en el escrito de tutela y en el auto del 29 de julio de
2024, el recurso fue remitido el 14 de mayo de 2024 al correo electrónico
jadmin01sogamoso@notificacionesrj.gov.co, dirección que no estaba habilitada por
el juzgado para la recepción de correspondencia. No obstante, el despacho judicial
consideró que la apelación había sido presentada dentro del término legal.

Por auto del 29 de julio de 2024, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Sogamoso concedió, en el efecto suspensivo, el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante contra la sentencia del 25 de abril de 2024, en aplicación
del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
En dicha providencia, el juzgado precisó que, pese al error en el correo utilizado para
la remisión del recurso, este debía tenerse por presentado en tiempo, en aras de
garantizar la tutela judicial efectiva de los demandantes.

La Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de reposición contra el auto que
concedió la apelación. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Sogamoso,
por auto del 24 de septiembre de 2025, rechazó por extemporáneo dicho recurso y
ordenó dar cumplimiento al trámite de la apelación previamente concedida. Luego,
el expediente fue remitido al Tribunal Administrativo de Boyacá para el trámite de
segunda instancia.

El 7 de noviembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Boyacá admitió el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera
instancia. Posteriormente, la Fiscalía General de la Nación presentó recurso de

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-02242-00
Accionante: Hornell Ana María Cortés Hernández y otros
Acción de tutela – Primera instancia

reposición contra esa decisión, con el argumento de que la apelación no debió
admitirse por las irregularidades relacionadas con su radicación.

El 13 de febrero de 2026, el Tribunal Administrativo de Boyacá-Despacho 05 resolvió
el recurso de reposición presentado por la Fiscalía General de la Nación contra el
auto del 7 de noviembre de 2025, que había admitido el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia. En esa
providencia, revocó el auto recurrido y rechazó por improcedente el recurso de
apelación presentado contra la sentencia proferida el 25 de abril de 2024 por el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Sogamoso.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora sostuvo que la providencia proferida el 13 de febrero de 2026 por el
Tribunal Administrativo de Boyacá-Despacho 05 vulneró los derechos fundamentales
al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la doble instancia y a
la seguridad jurídica, porque dejó sin efectos el trámite del recurso de apelación que
el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Sogamoso había concedido contra
la sentencia del 25 de abril de 2024, dictada dentro del proceso de reparación directa
promovido por Ana María Cortés Hernández y otros contra la Nación-Fiscalía
General de la Nación y la Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.

Afirmó que el asunto tenía relevancia constitucional, pues no se redujo a una
discusión formal sobre el canal electrónico utilizado para remitir el recurso, sino que
comprometió garantías estructurales del proceso judicial. En su criterio, el tribunal
accionado eliminó la posibilidad de surtir la segunda instancia, alteró un estado
procesal consolidado y desconoció la firmeza de las decisiones del juzgado de
primera instancia, que había concedido la apelación y luego había rechazado por
extemporáneo el recurso de reposición presentado por la Fiscalía General de la
Nación.

También sostuvo que se cumplió el requisito de subsidiariedad, porque contra la
providencia cuestionada no existía otro mecanismo ordinario o extraordinario de
defensa judicial. Agregó que la acción se presentó en un término razonable y que los

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-02242-00
Accionante: Hornell Ana María Cortés Hernández y otros
Acción de tutela – Primera instancia

hechos, derechos y defectos atribuidos a la decisión reprochada fueron identificados
de manera clara.

En cuanto a los defectos específicos, alegó que la providencia incurrió en defecto
procedimental por desconocimiento del principio de preclusión procesal, exceso
ritual manifiesto, desconocimiento de estados procesales consolidados e indebida
utilización del régimen de nulidades procesales. Explicó que la Fiscalía General de
la Nación pretendió reabrir una discusión ya definida sobre la admisión del recurso
de apelación y que el Tribunal Administrativo de Boyacá-Despacho 05 acogió esa
postura con base en una formalidad que, a su juicio, no podía prevalecer sobre el
derecho sustancial a la doble instancia. Por ello, concluyó que la decisión
cuestionada configuró una vía de hecho judicial y solicitó dejarla sin efectos,
restablecer la concesión del recurso y ordenar la continuación del trámite de segunda
instancia.

4. Trámite procesal

El 6 de abril de 2026 se admitió la acción de tutela y se ordenó su notificación a la
parte accionante y al Tribunal Administrativo de Boyacá-Despacho 05, en calidad de
autoridad judicial accionada; así como a la Nación-Fiscalía General de la Nación, a
la Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, al Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Sogamoso, en calidad de terceros con interés.
También se comunicó la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado para su eventual intervención y se solicitó al Tribunal Administrativo de
Boyacá y al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Sogamoso que remitieran
copia digital o enlace del expediente ordinario. Además, se dispuso la publicación de
la providencia en la página web del Consejo de Estado, se tuvieron como pruebas
los documentos allegados con la solicitud, se suspendió el término para decidir
mientras se practicaban las pruebas decretadas y se requirió al abogado Adolfo
Rodríguez Garzón para que aportara el poder que acreditara la representación
judicial de la parte accionante.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-02242-00
Accionante: Hornell Ana María Cortés Hernández y otros
Acción de tutela – Primera instancia

En los escritos de contestación, el Tribunal Administrativo de Boyacá-Despacho
052 solicitó negar el amparo, porque estimó que la decisión del 13 de febrero de 2026
no vulneró los derechos fundamentales de la parte accionante. Explicó que, aunque
el 7 de noviembre de 2025 había admitido el recurso de apelación presentado por la
parte demandante, la Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de reposición
contra esa providencia el 11 de noviembre siguiente. Al resolverlo, el despacho
revocó la admisión de la apelación y dispuso su rechazo, debido a que el recurso fue
presentado por un medio no autorizado. En concreto, señaló que la notificación de la
sentencia había indicado de forma clara y expresa que los escritos debían remitirse
por la ventanilla virtual de SAMAI o al correo electrónico oficial
j01admctosogamoso@cendoj.ramajudicial.gov.co, pero el apoderado de la parte
demandante no radicó la apelación oportunamente por ninguno de esos canales. Por
esa razón, consideró que no podía mantenerse la concesión del recurso con
fundamento en la tutela judicial efectiva de los demandantes, pues ello afectaba el
debido proceso de la parte demandada. Además, remitió el enlace de acceso al
expediente.

El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Sogamoso 3 señaló que dentro
del proceso de reparación directa, profirió sentencia el 25 de abril de 2024, mediante
la cual negó las pretensiones de la demanda. Indicó que, por auto del 29 de julio de
2024, concedió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, al considerar
que fue presentado oportunamente, pese a que se remitió a un correo no habilitado
por el despacho. Además, precisó que el 24 de septiembre de 2025 rechazó por
extemporáneo el recurso de reposición presentado por la Fiscalía General de la
Nación contra el auto que concedió la apelación. Finalmente, informó que el Tribunal
Administrativo de Boyacá, mediante auto del 13 de febrero de 2026, rechazó el
recurso de apelación y adjuntó los enlaces del expediente judicial requerido.

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 4 solicitó su desvinculación del
trámite, al considerar que no estaba legitimada por pasiva, pues la tutela cuestionó
una providencia judicial proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá y la DEAJ
no tenía competencia ni injerencia sobre las decisiones adoptadas por jueces o

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SAMAI, índice 19.
3
SAMAI, índice 16.
4
SAMAI, índice 13.

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Accionante: Hornell Ana María Cortés Hernández y otros
Acción de tutela – Primera instancia

magistrados. Además, precisó que no intervino en el proceso ordinario de reparación
directa, cuya representación de la Rama Judicial correspondió a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja. En todo caso, sostuvo que
no se acreditó vulneración de derechos fundamentales y que la parte actora
pretendió reabrir un debate judicial ya definido.

Adolfo Rodríguez Garzón 5 aportó poder especial, amplio y suficiente conferido
únicamente por Amilvia Cortés Hernández, quien lo autorizó para interponer y
sustentar la acción de tutela contra la providencia del 13 de febrero de 2026 proferida
por el Tribunal Administrativo de Boyacá-Despacho 005, dentro del proceso de
reparación directa con radicado 15759333300120170024800. El documento incluyó,
además, el correo electrónico por medio del cual la poderdante remitió el poder al
abogado.

La Fiscalía General de la Nación 6 solicitó que se declarara su falta de legitimación
en la causa por pasiva. Explicó que la tutela se dirigió contra una providencia del
Tribunal Administrativo de Boyacá, dictada dentro del proceso de reparación directa
con radicado 15759-33-33-001-2017-00248-01, en el que el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Sogamoso negó las pretensiones mediante sentencia
del 25 de abril de 2024. Indicó que, aunque el juzgado concedió la apelación de la
parte demandante por auto del 29 de julio de 2024, la Fiscalía interpuso reposición
contra esa decisión y, después, presentó ante el tribunal un memorial denominado
“Sobre admisión, vicios y nulidades”, con el propósito de cuestionar la validez de la
concesión de la alzada. El Tribunal Administrativo de Boyacá acogió esa solicitud y
dejó sin efectos la concesión del recurso de apelación.

La entidad sostuvo que no existía relación de causalidad entre alguna actuación u
omisión suya y la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso efectivo a la administración de justicia, a la doble instancia y a la
seguridad jurídica, pues la decisión reprochada fue adoptada por la autoridad judicial
accionada. Además, precisó que sus funciones constitucionales y legales se
relacionaban con el ejercicio de la acción penal y la investigación de conductas

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SAMAI, índice 14.
6
SAMAI, índice 18.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-02242-00
Accionante: Hornell Ana María Cortés Hernández y otros
Acción de tutela – Primera instancia

punibles, por lo que no tenía competencia para dejar sin efectos providencias
judiciales ni para modificar el trámite del recurso de apelación dentro del proceso
contencioso administrativo.

CONSIDERACIONES

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra la providencia
del 13 de febrero de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá-
Despacho 05, que rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante dentro del proceso de reparación directa.

6. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la acción con arreglo a lo dispuesto por el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2019
de la Sala Plena de la Corporación.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental 7. De conformidad con
su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que
el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale
con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; vi)
que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela 8.

7 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
8 Ibidem.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-02242-00
Accionante: Hornell Ana María Cortés Hernández y otros
Acción de tutela – Primera instancia

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.

Legitimación en la causa por activa

El artículo 86 de la Constitución Política consagró la acción de tutela como un
mecanismo constitucional de defensa judicial al que puede acudir toda persona que
considere vulnerados sus derechos fundamentales. En este sentido, quien procure
la protección inmediata de tales derechos frente a una acción u omisión de una
autoridad pública o de un particular, puede solicitar el amparo constitucional
correspondiente.

Por su parte, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, reglamentario del precepto
constitucional citado, dispone que cualquier persona vulnerada en sus derechos
fundamentales podrá ejercer la acción de tutela en todo momento y lugar, para lo
que podrá actuar en nombre propio o por intermedio de un representante. Asimismo,
prevé la figura de la agencia oficiosa cuando el titular del derecho no se encuentre
en condiciones de promover el amparo, situación que deberá manifestar
expresamente el agente en la solicitud.

En línea con lo anterior, la Corte Constitucional ha precisado que carecen de
legitimación en la causa por activa, para cuestionar una actuación judicial, quienes
pudiendo intervenir en un proceso judicial, no lo hacen 9. Es deber del juez
constitucional verificar el cumplimiento de este requisito y constatar que el derecho
cuya protección se reclama pertenece al accionante y no a un tercero. En
consecuencia, debe existir un interés directo y actual del actor respecto de las
pretensiones formuladas en sede de tutela 10.

9 Corte Constitucional, sentencia T-240 del 12 de marzo de 2004.
10 Corte Constitucional, sentencia T-1191 del 25 de noviembre de 2004.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-02242-00
Accionante: Hornell Ana María Cortés Hernández y otros
Acción de tutela – Primera instancia

Así, el cumplimiento de este presupuesto resulta exigible para quien ejerce el
derecho a presentar la tutela, sin perjuicio que esta se encuentre dirigida contra una
providencia judicial. En tal caso, el actor debe demostrar un interés particular y
concreto frente a los reproches que plantea, de manera que el juez constitucional
pueda advertir con claridad, sin mayor dificultad, que la protección solicitada recae
sobre un derecho fundamental propio y no ajeno 11.

La jurisprudencia constitucional ha precisado, como ya se expuso, que la legitimación
en la causa por activa exige la existencia de un interés jurídico directo y actual,
derivado de una afectación real, personal y concreta de los derechos fundamentales
del accionante. En ese sentido, la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia
—entre otras, la sentencia C-590 de 2005—, ha señalado que la acción de tutela no
tiene naturaleza popular y, por tanto, no procede para la defensa de intereses
generales o abstractos.

En conclusión, para que se configure la legitimación activa en la acción de tutela, el
actor debe: (i) ser titular del derecho invocado o demostrar representación válida del
mismo; (ii) acreditar una afectación directa y concreta de su derecho fundamental, y
(iii) sustentar un interés jurídico actual que justifique su intervención ante el juez
constitucional.

Relevancia constitucional

La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional 12: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo
cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se
deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor
respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) que
la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.

11 Corte Constitucional, sentencia T-320 del 21 de septiembre de 2021.
12 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número:

11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-02242-00
Accionante: Hornell Ana María Cortés Hernández y otros
Acción de tutela – Primera instancia

En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los elementos
antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia
constitucional. Sostuvo que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial”. Precisó que el requisito de relevancia constitucional
es consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad
de los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional.
Además de lo anterior, la Corte indicó que:

«(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la
protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de
la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal».

Caso concreto

La presente acción de tutela se dirigió contra la providencia proferida el 13 de febrero
de 2026 por el Tribunal Administrativo de Boyacá-Despacho 05, mediante la cual se
revocó el auto del 7 de noviembre de 2025, que había admitido el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 25 de abril de
2024, dictada por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Sogamoso
dentro del proceso de reparación directa promovido contra la Nación-Fiscalía
General de la Nación y la Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial. La parte actora sostuvo que esa decisión vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia,
a la doble instancia y a la seguridad jurídica, porque, a su juicio, dejó sin efectos una
apelación que ya había sido concedida y reabrió una discusión procesal previamente
definida.

De manera preliminar, esta Sala advierte que el abogado Adolfo Rodríguez Garzón
presentó la acción de tutela en nombre de Ana María Cortés Hernández y otros. Sin

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Acción de tutela – Primera instancia

embargo, dentro del trámite constitucional solo se acreditó poder especial conferido
por Amilvia Cortés Hernández para promover la presente acción contra la
providencia del 13 de febrero de 2026. En efecto, el memorial allegado el 14 de abril
de 2026 tuvo por objeto dar cumplimiento al auto admisorio del 6 de abril de 2026;
sin embargo, aportó únicamente el poder otorgado por Amilvia Cortés Hernández,
sin que se hubiere allegado poder de Ana María Cortés Hernández, Alexandra
Bermúdez Cortés o Alejandra Meza Pérez, ni se hubiere invocado agencia oficiosa
respecto de ellas.

En ese orden, frente a Ana María Cortés Hernández, Alexandra Bermúdez Cortés y
Alejandra Meza Pérez, la acción de tutela resulta improcedente por falta de
legitimación en la causa por activa, toda vez que el abogado que suscribió la solicitud
de amparo no acreditó mandato judicial para actuar en su nombre. La informalidad
propia de la acción de tutela no releva a quien actúa como apoderado judicial de
demostrar la representación de las personas en nombre de las cuales acude al juez
constitucional, salvo que invoque y justifique una agencia oficiosa, circunstancia que
no ocurrió en este caso. Por tanto, el análisis de fondo de la procedencia de la acción
solo puede efectuarse respecto de Amilvia Cortés Hernández, quien sí confirió poder
especial para cuestionar la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Boyacá-Despacho 05.

Frente a Amilvia Cortés Hernández, la Sala considera que la acción de tutela
tampoco supera el requisito de relevancia constitucional. Si bien la acción presentó
la controversia como una afectación de los derechos al debido proceso, al acceso a
la administración de justicia, a la doble instancia y a la seguridad jurídica, el examen
de la providencia reprochada permite advertir que el debate propuesto corresponde,
en realidad, a una discrepancia con la interpretación procesal efectuada por el
Tribunal Administrativo de Boyacá-Despacho 05 sobre la forma válida de radicar el
recurso de apelación en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

La providencia cuestionada no se limitó a rechazar la apelación sin motivación ni a
desconocer de manera arbitraria el trámite surtido en primera instancia. Por el
contrario, el Tribunal Administrativo de Boyacá-Despacho 05 explicó, en primer lugar,
que el recurso de reposición formulado por la Fiscalía General de la Nación contra el
auto del 7 de noviembre de 2025 era procedente y oportuno, con fundamento en los

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-02242-00
Accionante: Hornell Ana María Cortés Hernández y otros
Acción de tutela – Primera instancia

artículos 242 y 243 del CPACA y en los artículos 318 y 319 del CGP. A partir de ello,
asumió el estudio del recurso y precisó que la discusión recaía sobre la validez de la
radicación de la apelación interpuesta contra la sentencia del 25 de abril de 2024.

Luego, el tribunal accionado verificó que el oficio de notificación de la sentencia de
primera instancia informó a las partes, de manera expresa, que los escritos dirigidos
al proceso debían remitirse por la ventanilla virtual de SAMAI o al correo electrónico
j01admctosogamoso@cendoj.ramajudicial.gov.co. No obstante, constató que el
apoderado de la parte demandante envió el recurso de apelación al correo
jadmin01sogamoso@notificacionesrj.gov.co, esto es, a una dirección distinta de
aquella que había sido indicada por el despacho judicial como canal oficial para
recibir memoriales.

Con base en esa constatación, la autoridad judicial accionada concluyó que el
recurso no podía tenerse por presentado en debida forma, pues el uso de los canales
oficiales no constituía una carga meramente formal, sino una exigencia necesaria
para garantizar el debido proceso, la seguridad jurídica y el adecuado funcionamiento
de la administración de justicia. Para sustentar esa conclusión, el Tribunal
Administrativo de Boyacá-Despacho 05 acudió a precedentes del Consejo de Estado
sobre la radicación de memoriales en buzones electrónicos no habilitados, en los
cuales se indicó que los usuarios de la administración de justicia tenían la carga de
utilizar la sede judicial electrónica o el canal digital oficialmente informado por el
despacho. También destacó que admitir cualquier correo institucional como medio
válido para recibir memoriales generaría incertidumbre y una carga
desproporcionada para los despachos judiciales.

Así, la providencia reprochada sí contiene una motivación suficiente, razonable y
directamente relacionada con el problema procesal sometido a decisión. El tribunal
accionado explicó por qué no compartía la decisión del juzgado de primera instancia
de conceder la apelación, pese a que el recurso había sido remitido a un correo no
habilitado. Además, precisó que la tutela judicial efectiva de la parte demandante no
podía invocarse para desconocer las cargas procesales previamente informadas ni
para afectar el debido proceso de la parte demandada. En consecuencia, la decisión
cuestionada no evidencia, un defecto procedimental, un exceso ritual manifiesto o
una actuación arbitraria de entidad constitucional, sino una interpretación judicial

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-02242-00
Accionante: Hornell Ana María Cortés Hernández y otros
Acción de tutela – Primera instancia

fundada en las reglas sobre el uso de canales digitales oficiales en los procesos
contencioso administrativos.

La Sala observa que el reclamo de Amilvia Cortés Hernández pretende que el juez
constitucional reevalúe si el Tribunal Administrativo de Boyacá-Despacho 05 debió
mantener la admisión del recurso de apelación o, por el contrario, rechazarlo por
haberse radicado en un canal electrónico no autorizado. Esa discusión, aunque
relevante para los intereses procesales de la parte actora, corresponde a un debate
de legalidad sobre el cumplimiento de cargas procesales, la oportunidad y la forma
de presentación de los recursos judiciales. En esa medida, la tutela no puede
emplearse como una instancia adicional para imponer una interpretación distinta a la
adoptada por el juez natural, menos aun cuando la providencia cuestionada analizó
de manera detallada los antecedentes del expediente, identificó los canales oficiales
de radicación, valoró la conducta procesal del apoderado y sustentó su decisión en
criterios jurisprudenciales aplicables.

La acción de tutela contra providencias judiciales es excepcional y exige que la
controversia trascienda el desacuerdo con la interpretación normativa realizada por
el juez ordinario y que revele una afectación constitucional directa, evidente y grave.
En este caso, la parte actora no demostró que la providencia del 13 de febrero de
2026 hubiera desconocido de manera abierta la Constitución que afectara sus
derechos fundamentales o que careciera de motivación. Por el contrario, sus
argumentos buscan que el juez de tutela sustituya el criterio del Tribunal
Administrativo de Boyacá-Despacho 05 sobre la validez de la radicación del recurso
de apelación, lo que desnaturalizaría el carácter excepcional de la tutela contra
providencias judiciales y la convertiría en una tercera instancia.

Por lo anterior, frente a Amilvia Cortés Hernández, la Sala declarará improcedente la
acción de tutela por no cumplirse el requisito de relevancia constitucional. En cuanto
a Ana María Cortés Hernández, Alexandra Bermúdez Cortés y Alejandra Meza
Pérez, se declarará la improcedencia por falta de legitimación en la causa por activa,
al no haberse acreditado poder para actuar en su nombre dentro del presente trámite
constitucional.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-02242-00
Accionante: Hornell Ana María Cortés Hernández y otros
Acción de tutela – Primera instancia

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: RECONOCER personería al abogado Adolfo Rodríguez Garzón, para
actuar como apoderado judicial de Amilvia Cortés Hernández, en los términos y para
los efectos del poder conferido.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela respecto de Ana María
Cortés Hernández, Alexandra Bermúdez Cortés y Alejandra Meza Pérez, por falta de
legitimación en la causa por activa, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

TERCERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por Amilvia
Cortés Hernández contra el Tribunal Administrativo de Boyacá-Despacho 05, por no
cumplir el requisito de relevancia constitucional, conforme a las razones expuestas
en esta providencia.

CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

QUINTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO

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