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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02246-01

Fecha
7 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02246-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE 5 Radicación: 11001-03-15-000-2026-02246-01 Accionante: Luis Ernesto García Ortega Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia) PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 29 de mayo de 2026 proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-02246-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

7 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., siete (07) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02246-01
Accionante: Luis Ernesto García Ortega
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DE TUTELA – CONFIRMA /
Improcedencia / No se acreditaron los supuestos excepcionalísimos para su
procedencia.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida el 29 de mayo de 2026 por el Consejo de Estado – Sección
Tercera – Subsección C, mediante la cual se declaró improcedente el amparo
solicitado.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. El 18 de marzo de 2026, el señor Luis Ernesto García Ortega interpuso acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo de Bolívar, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, acceso a la administración
de justicia y seguridad jurídica. Consideró que dichas prerrogativas fueron
lesionadas con la sentencia de 10 de marzo de 2026, expedida al interior de la acción
de tutela1 que promovió en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Armada Nacional, con la pretensión de que se ordenara inaplicar la Resolución 841
del 19 de diciembre de 2005, declarada nula por el Tribunal Administrativo de Bolívar
mediante sentencia del 31 de marzo de 2011.

2.El Juzgado Trece Administrativo de Cartagena, en sentencia de 30 de enero de
2026, declaró improcedente la acción al no cumplir los requisitos de inmediatez y
subsidiariedad. Además, encontró acreditada la temeridad.

3. El Tribunal Administrativo de Bolívar, en sentencia del 10 de marzo de 2026,
confirmó la decisión de primera instancia bajo supuestos similares. Estimó que el
asunto no superaba el requisito general de inmediatez, por cuanto el accionante
pretendía la inaplicación de la Resolución 841 de 2005, sin embargo interpuso la
acción de tutela el 19 de enero de 2026, por lo que no ejerció la acción en un tiempo

1 Radicado: 13-001-33-33-013-2026-00010-01.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02246-01
Accionante: Luis Ernesto García Ortega
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

razonable. Además, la sentencia de nulidad fue proferida el 31 de marzo de 2011 y,
si bien el actor radicó petición de reintegro ante la Armada Nacional el 26 de agosto
de 2025, ello ocurrió 14 años después de la emisión de dicho fallo.

4. Respecto del requisito de subsidiariedad, expuso que no se superaba debido a
que la Resolución 841 de 2005 era un acto administrativo de carácter particular, por
lo que el actor debía acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho para cuestionarla, tal como lo hizo, pero obtuvo una decisión adversa, por
lo que no podía utilizar la tutela como instancia adicional y debatir un asunto ya
zanjado por el juez natural.

5.La parte accionante afirmó que el Tribunal accionado incurrió en defecto
sustantivo, debido a que permitió que un acto administrativo declarado nulo
continuara produciendo efectos.

6. Expuso que, aunque el restablecimiento es inter-partes, la nulidad expulsa el acto
del orden jurídico, cuya consecuencia jurídica es la pérdida de fuerza ejecutoria; por
lo que permitir su aplicación implica reconocer efectos a un acto inexistente, violar el
principio de legalidad y desconocer la cosa juzgada material.

7. Por otra parte, indicó que había desconocimiento del precedente judicial, en la
medida en que no se tuvieron en cuenta las sentencias relacionadas con la
procedencia de tutela contra providencias judiciales (SU-159 de 2002), el defecto
sustantivo (T-522 de 2001), la prevalencia del derecho sustancial y la violación del
principio de igualdad.

8.También aludió que había “defecto por desconocimiento del hecho nuevo”,
pues la accionada ignoró que la vulneración se originó en 2025, cuando obtuvo la
negativa administrativa, y no en 2005, por lo que se satisfacía el requisito de
inmediatez.

9. Expresó que se presentó un exceso ritual manifiesto, debido a que se negó la
tutela por formalidades, pero sin analizar el fondo, pese a que la Corte Constitucional
ha establecido que el juez debe privilegiar el derecho sustancial.

10. Por último, arguyó que se incurrió en un defecto fáctico porque el Tribunal omitió

valorar la sentencia de nulidad del año 2011 y la negativa administrativa de 2025, lo
cual llevó a que emitiera una decisión desconectada de la realidad jurídica.

B. Sentencia de primera instancia
11.
En fallo de 29 de mayo de 2026, el Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección C declaró improcedente el amparo. Adujo que el accionante controvierte
la decisión adoptada por la autoridad accionada sin exponer la existencia de una
actuación fraudulenta, dolosa o contraria a los principios de lealtad y buena fe que
haya incidido en el sentido del fallo.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02246-01
Accionante: Luis Ernesto García Ortega
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

12.
Por otra parte, indicó que si bien el señor García ha promovido previamente
acciones de tutela relacionadas con su retiro de la Armada Nacional, no se
configuraba identidad plena entre el presente asunto y las acciones identificadas con
los radicados 11001-03-15-000-2016-02376-00/01, 11001-03-15-000-2020-05181-
00/01 y 13001233300020170008400/01, toda vez que ahora la controversia se
sustentaba, entre otros aspectos, en la respuesta emitida por la Armada Nacional en
2025 frente a la solicitud de inaplicación de la Resolución 841 de 2005 elevada por
el actor; razón por la cual no declaró la temeridad.

13.
Por último, advirtió al accionante a fin de que se abstuviera de continuar
presentando acciones de tutela contra el Tribunal Administrativo de Bolívar y la
Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional, orientadas a la inaplicación de
la Resolución 841 de 2005 y a la extensión de los efectos de la sentencia del 31 de
marzo de 2011.

C. La impugnación

14.
El accionante Indicó que hubo un error en la calificación de la pretensión, toda vez
que no había solicitado el restablecimiento del derecho, sino que cesaran los efectos
de un acto declarado nulo. Sin embargo, el fallo impugnado fundamentó la
improcedencia señalando que la nulidad de la Resolución 841 de 2005 tiene efectos
erga omnes, pero que el restablecimiento es inter-partes. Manifestó que ello
constituye una falta de aplicación de la jurisprudencia constitucional, concretamente
la sentencia “C-1997 de 1999”.

15.
Señaló que en primera instancia se omitió valorar un hecho que desvirtúa la
legalidad de las decisiones del Tribunal Administrativo de Bolívar y es que la nulidad
del acto fue el 31 de marzo de 2011, es decir, previa a su sentencia del proceso
ordinario -2 de septiembre de 2011-; por lo que hubo una contradicción procesal, ya
que era incomprensible que los mismos magistrados habiendo declarado en marzo
de 2011 que la Resolución 841 de 2005 era nula, hubieran dictado una sentencia en
septiembre de ese mismo año negando las pretensiones. Por lo anterior, el Tribunal
incurrió en un defecto fáctico, por no valorar su propio fallo previo, y en un defecto
sustantivo al aplicar una norma inexistente.

16.
Igualmente, manifestó que la sentencia de primera instancia argumentó que no
había inmediatez porque la nulidad se declaró en 2011; sin embargo, ignoró que la
vulneración de sus derechos se renovó y actualizó el 4 de septiembre de 2025,
cuando la Armada Nacional respondió negativamente a su derecho de petición.

17.
En un escrito adicional, cuestionó que el fallo impugnado no hubiera estudiado de
fondo la posible contradicción entre dos sentencias de 2011, el presunto
desconocimiento del precedente horizontal y el defecto fáctico alegado. Sostuvo que
la tutela no pretendía constituir una tercera instancia ni confundía la nulidad del acto
con el reconocimiento del derecho, y afirmó que la existencia de otras tutelas no
impedía el amparo por no existir identidad de partes. Finalmente, insistió en que la

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02246-01
Accionante: Luis Ernesto García Ortega
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

vulneración debía analizarse a partir de la respuesta negativa recibida el 4 de
septiembre de 2025 y solicitó una valoración integral del expediente.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

D. Competencia

18.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19912.

E. Análisis del caso concreto

19. Se confirmará la decisión de primera instancia, en la solicitud de amparo no
cumple con la carga argumentativa exigida para demostrar la existencia de una
situación fraudulenta.

20. La Corte Constitucional ha admitido la procedencia excepcionalísima de la acción

de tutela contra una sentencia proferida en un proceso de la misma naturaleza,
siempre que, además de cumplir los requisitos generales y específicos de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, la demanda no
comparta identidad procesal con la solicitud de amparo que se pretende cuestionar,
no exista otro mecanismo para remediar la situación alegada y se demuestre, a
través de una exigente carga argumentativa, que la providencia acusada fue
producto de un actuar fraudulento3.

21. Para acreditar esta última exigencia, es imperativo que la parte promotora de la

acción demuestre con base en fundamentos claros, ciertos, serios y coherentes, por
un lado, que el juez constitucional incurrió en un actuar doloso o extremadamente
negligente, que se opone a los principios básicos que orientan la labor de administrar
justicia; y, por otro, que el fallo acusado no puede ser admitido debido a que resulta
evidentemente incorrecto4.

22. El accionante se limitó a sustentar los yerros endilgados al fallo acusado como si

únicamente se tratara de una acción de tutela contra providencia judicial, obviando
la carga argumentativa adicional que se impone cuando la sentencia objetada fue
dictada en un proceso de tutela.

23. Además, se advierte que los planteamientos de esta acción ni siquiera cumplen

con la carga argumentativa mínima que se requiere para estudiar una tutela contra
providencia judicial y verificar la ocurrencia de un vicio susceptible de comprometer
derechos fundamentales.

24. Elseñor García Ortega omitió identificar cuál o cuáles normas habían sido
indebidamente aplicadas u omitidas en el caso concreto, si la decisión acusada se

.2 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
3 Al respecto, ver sentencia SU-627 de 2015.
4 Corte Constitucional, sentencia T-322 de 2019.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02246-01
Accionante: Luis Ernesto García Ortega
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

fundamentó en una norma derogada, declarada inexequible o evidentemente
inaplicable al caso concreto, ni si el fallo carece de motivación material, es
irrazonable, desconoce sentencias con efectos erga omnes que hayan definido el
alcance de las normas empleadas, o no tuvo en consideración otras disposiciones
igualmente aplicables.

25. Tampoco expuso el motivo por el cual las sentencias que anunció guardan
relación con su asunto; es decir, si tienen identidad de hechos y causa, ni cuál es la
ratio decidendi desconocida. Ni indicó la razón por la cual no tener en cuenta la fecha
de la petición que elevó a la Armada Nacional en 2025 constituía un error ostensible,
máxime cuando en el fallo acusado dicho evento sí se tuvo en cuenta, pero se estimó
que el actor lo radicó pasados 14 años desde la emisión del fallo de 31 de marzo de
2011 que declaró la nulidad de la Resolución 841 de 2005 en el caso del señor Pedro
Antonio Espinosa, no en el suyo.

26. Del mismo modo, no expuso el motivo por el cual había exceso ritual manifiesto

en su caso concreto, es decir, cómo se configuró. Ni mucho menos desarrolló un
argumento tendiente a exponer el motivo por el cual existía una errada valoración de
las pruebas aludidas y su importancia para cambiar la decisión reprochada.

27. La falencia argumentativa existente cobra especial relevancia cuando se pretende

controvertir una providencia judicial proferida dentro de un proceso de tutela, pues la
parte actora no solo tiene la carga de demostrar, mediante un ejercicio argumentativo
serio y suficiente, la configuración de los yerros que atribuye a la decisión
cuestionada, sino que, además, debe acreditar que la providencia objetada se profirió
con fines ilegales vinculados a una intención dolosa o que se deriva de una
interpretación que riñe abiertamente con los postulados constitucionales o la buena
fe judicial.

28. Noobstante, en su escrito de tutela el demandante no desarrolló argumento
alguno orientado a evidenciar una posible configuración de un fraude en la sentencia
acusada.

29. De los elementos de juicio obrantes en el plenario tampoco se vislumbra ningún

indicio de arbitrariedad, dolo o fraude que habilite la procedencia excepcionalísima
del mecanismo de amparo.

30.
Por lo expuesto anteriormente, la Sala CONFIRMARÁ la sentencia de 29 de mayo
de 2026 proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

31.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

5

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02246-01
Accionante: Luis Ernesto García Ortega
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 29 de mayo de 2026 proferida por el
Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE5
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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