Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02251-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02251-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-02251-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
28 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá DC, 28 de julio de 2026
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02251-01
Demandante: Salud Total E.P.S. S.A.
Demandado: Subsección B - Sección Primera - Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional –
revoca
Síntesis del caso: La parte actora enjuició las providencias que rechazaron su demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho por haber operado el fenómeno de la caducidad.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada por la parte actora contra la Sentencia de 27 de
abril de 2026, por medio de la cual la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado negó el amparo solicitado2.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 19 de marzo de 2026, Salud Total E.P.S. S.A. presentó una acción de
tutela contra la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la
administración de justicia y seguridad social, con ocasión de las
providencias judiciales proferidas, respectivamente, el 20 de junio y el 4 de
septiembre de 2025, por el Juzgado 607 Administrativo Transitorio de Bogotá
y la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, dentro el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho No. 11001-33-34-005-2024-00268-01.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2
“Segundo. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Salud Total EPS SA, en la solicitud de tutela
presentada contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B y el Juzgado 607
Administrativo Transitorio de Bogotá.”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02251-01
Demandante: Salud Total E.P.S. S S.A.
Demandado: Subsección B - Sección Primera - Tribunal Administrativo Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca – declara improcedencia
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“PRIMERA: Que se amparen los derechos fundamentales indicados y que fueron
conculcados por EL JUZGADO 607 ADMINISTRATIVO TRANSITORIO DE BOGOTÁ y
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO - SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN B- ORAL – BOGOTÁ
dentro del proceso 110013334005 2024 00268 01 como consecuencia de haber
proferido las siguientes decisiones - auto del 08 de agosto de 2025 por el cual se
confirma la decisión de primera instancia y se concede la apelación y auto del
17 de septiembre de 20253, por medio de la cual se resuelve la apelación que
vulneraron los derechos al debido proceso, Derecho a la salud, acceso a la
administración de justicia de Salud Total EPS S - S.A.
SEGUNDA: que como consecuencia del amparo solicitado se deje sin efectos
las providencias judiciales cuestionadas proferidas por EL JUZGADO 607
ADMINISTRATIVO TRANSITORIO DE BOGOTÁ y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO -
SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN B ORAL – BOGOTÁ notificada el mes de
noviembre del mismo año, bajo radicado 110013334005 20240026801 y se
ordene la emisión de una nueva decisión que respete las garantías
fundamentales invocadas en la presente acción de tutela.
TERCERA: Que se adopten medidas necesarias para evitar que en el futuro se
repitan las vulneraciones a los derechos mencionados en la presente acción de
tutela.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:
4. 1) El 7 de mayo de 2024, a través de apoderado, Salud Total E.P.S. S.A
presentó demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, contra la Administradora de Recursos del
Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES-, en la cual solicitó la
nulidad de los Oficios No. UTF2014-OPE-28089 de 19 de enero de 2018 y
UTF2014-OPE29284 de 28 de febrero de 2018, en los cuales se auditaron los
paquetes de cuentas No. 817 y 917, respectivamente, y rechazaron recobros
por servicios y tecnologías en salud no incluidos en el Plan de Beneficios en
Salud -PBS -, correspondientes a 13 cuentas.
5. 2) Le correspondió por reparto en primera instancia al Juzgado 607
Administrativo de Bogotá, el cual, mediante Auto de 5 de mayo de 2025,
inadmitió la demanda y le concedió el término de 10 días para subsanar4, lo
cual fue realizado por Salud Total E.P.S. S.A el 19 de mayo de 2025.
6. 3) Mediante Auto de 20 de junio de 2025, se rechazó la demanda por
haber operado la caducidad de la acción. Como argumento de su decisión
3 La Sala considera pertinente aclarar que, una vez revisado el expediente del proceso ordinario, se logró
corroborar que la fecha del auto enjuiciado que resolvió el recurso de apelación era de fecha de 4 de septiembre
de 2025
4 Se trascribe: “Si bien señala que pretende la nulidad parcial de la comunicación UTF2014-OPE28089 del 19 de
enero de 2018 denominada paquete de cuentas 0817, debe expresar con precisión y claridad en la misma
estructura presentada para la radicación, cuál de los 13 recobros objeto de reclamación, están asociadas a dicha
comunicación y que pretende debatir en esta instancia.
(…)
En ese orden es necesario que, al aportar dicha base se relacionen los recobros, ítems, valores glosados, causal
de glosa y demás información relevante que corresponde a la comunicación UTF2014-OPE-28089 del 19 de enero
de 2018 denominada paquete de cuentas 0817.
(…) Por último, deberá aportar constancia de agotamiento de requisito de procedibilidad de conciliación
extrajudicial de que trata el art. 161 de la ley 1437 de 2011.”
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02251-01
Demandante: Salud Total E.P.S. S S.A.
Demandado: Subsección B - Sección Primera - Tribunal Administrativo Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca – declara improcedencia
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expuso (se trascribe) “Por tanto, teniendo en cuenta que en asunto se pretende
la nulidad de la comunicación UTF2014-OPE-28089 del 19 de enero de 2018 y la
demanda se formuló el 7 de mayo de 2024 es claro que en los términos del artículo
164.2 operó el fenómeno de caducidad del medio de control.”
7. 4) Contra dicha decisión, Salud Total E.P.S. S.A. interpuso recurso de
reposición y, en subsidio, de apelación. En primer lugar, sostuvo que, en
materia laboral y de seguridad social, la conciliación extrajudicial no
constituía un requisito de procedibilidad exigible, de conformidad con la
Sentencia C-893 de 2001 de la Corte Constitucional y con el artículo 7 y el
parágrafo del artículo 67 de la Ley 2220 de 2022.
8. Asimismo, afirmó que la actuación del juzgado desconoció lo
dispuesto en el Auto 1942 de 2023 de la Corte Constitucional porque, en el
estudio de admisión de la demanda, debía aplicarse una interpretación
flexible de los requisitos de acceso a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, incluido el análisis de la caducidad del medio de control.
Señaló que, para ese efecto, debían observarse las reglas procesales
previstas en la legislación laboral, en particular las relativas a la prescripción
de los derechos consagradas en los artículos 488 y 489 del Código Sustantivo
del Trabajo -CST-, en concordancia con el artículo 6 del Código Procesal del
Trabajo y de la Seguridad Social -CPT y SS-.
9. Igualmente, indicó que el Decreto 564 de 15 de abril de 2020 dispuso
que (se trascribe) “Los términos de prescripción y de caducidad (…) se
encuentran suspendidos desde el 16 de marzo de 2020 hasta el día que el
Consejo Superior de la Judicatura disponga la reanudación (…)”, la cual fue
después del 1 de julio de 2020, según el Acuerdo No. PCSJ20-11567. Con
fundamento en ello, advirtió que el juzgado no tuvo en cuenta la suspensión
de los términos al momento de rechazar de plano la demanda.
10. 5) Mediante Auto No. 286 de 8 de agosto de 2025, el Juzgado 607
Administrativo de Bogotá resolvió no reponer el Auto de 20 de junio de 2025
y concedió, en el efecto suspensivo, el recurso de apelación. Señaló que (se
trascribe): “comoquiera que en el asunto se pretende la nulidad de la
comunicación UTF2014-OPE-28089 del 19 de enero de 2018, y la demanda
se formuló el 07 de mayo de 2024 es claro que no tiene incidencia en el
asunto la suspensión de términos que ocurrió ente el 16 de marzo de 2020 y
se levantó a partir del 1º de julio de 2020.”
11. 6) La Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo
Cundinamarca, a través de Auto de 4 de septiembre de 2025, confirmó la
decisión apelada. Advirtió que este tipo de controversias sobre recobro de
recursos NO PBS eran, inicialmente, conocidas por la jurisdicción ordinaria
laboral, hasta que la Corte Constitucional, mediante Auto 389 de 2021,
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02251-01
Demandante: Salud Total E.P.S. S S.A.
Demandado: Subsección B - Sección Primera - Tribunal Administrativo Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca – declara improcedencia
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determinó que correspondían a la jurisdicción de lo contencioso
administrativa por tratarse de actos administrativos expedidos por el
FOSYGA, hoy ADRES. Indicó que la Sección Tercera del Consejo de Estado,
en Sentencia de 20 de abril de 2023, radicado No. 25000-23-26-000-2012-
00291-01 (55085), unificó jurisprudencia en el sentido de indicar que la
acción procedente para estos casos era la de nulidad y restablecimiento
del derecho.
12. Explicó que, para las demandas presentadas ante la jurisdicción
ordinaria antes del Auto 389 de 2021, la Corte Constitucional, mediante Auto
1942 de 2023, dispuso reglas de transición y un plazo de 6 meses para
adaptarse a las nuevas exigencias, contado desde la publicación de dicha
providencia por el Consejo Superior de la Judicatura, realizada entre el 5 de
octubre y el 5 de noviembre de 2023, por lo que el término corrió del 6 de
noviembre de 2023 al 6 de mayo de 2024. Precisó que Salud Total EPS radicó
la demanda el 7 de mayo de 2024, según el acta de reparto, esto es, un día
después del vencimiento del plazo de transición, y casi 6 años después de
la comunicación UTF2014-OPE-28089 de 19 de enero de 2018, cuya nulidad
se pretendía, lo que evidenció falta de diligencia. Con fundamento en ello,
concluyó que había operado el fenómeno de la caducidad y que no
resultaba de recibo el argumento sobre garantía de acceso a la
administración de justicia, dado el propósito de la caducidad de asegurar
la estabilidad de las relaciones jurídicas y evitar la incertidumbre indefinida
sobre la validez de los actos administrativos.
13. Como fundamento de la vulneración, la parte accionante sostuvo
que las autoridades judiciales incurrieron en un defecto sustantivo al
rechazar la demanda por caducidad por desconocer el precedente fijado
por la Corte Constitucional en los Autos 389 de 2021 y 1942 de 2023, los cuales
(se trascribe):
“establecieron lineamientos específicos para la flexibilización de ciertos
requisitos aplicables a las demandas que militan ante la jurisdicción contencioso
administrativo, como es el caso, del presupuesto de caducidad, el cual debía
estudiarse a la luz de las normas laborales”.
14. De conformidad con la trascripción, consideró que se debió dar
aplicación a las normas previstas en el Código Sustantivo del Trabajo -CST-5
en lo atinente al cómputo de términos, previsto en los artículos 488 y 489, con
atención a lo previsto en el artículo 151 del mismo código, y lo concerniente
a la reclamación administrativa de que trata el artículo 4 de la Ley 712 de
2001.
5 Código derogado a partir del 2 de abril de 2026 por el artículo 331 de la Ley 2452 de 2025
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca – declara improcedencia
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15. A su vez, expuso que debió tener en cuenta la suspensión de términos
durante la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19, a través del
Decreto 564 de 2020.
16. Por último, afirmó que la conducta desplegada por las autoridades
judiciales accionadas privilegió una interpretación formalista de las normas
de caducidad y, en consecuencia, la declararon indebidamente sin valorar
la incidencia de la reclamación administrativa y de la suspensión de
términos judiciales.
1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación
17. Mediante Sentencia de 27 de abril de 2026, la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado negó el amparo solicitado. Expuso
que la providencia cuestionada6 no incurrió en defecto sustantivo ni
desconoció el precedente de la Corte Constitucional, pues la autoridad
judicial accionada realizó una interpretación razonable de los Autos 389 de
2021 y 1942 de 2023, proferidos por dicha corporación, y aplicó
correctamente el régimen de transición previsto para las controversias
relacionadas con recobros ante la ADRES. Asimismo, consideró que la
inconformidad de la accionante se limitó a cuestionar la valoración jurídica
efectuada por el juez natural, lo que resultaba ajeno al ámbito de la acción
de tutela.
18. De igual manera, señaló que el argumento relativo a la suspensión de
términos con ocasión de la pandemia por COVID-19 era improcedente por
no haber sido planteado en el proceso ordinario y, en todo caso, carecía
de incidencia en el asunto, dado que la emergencia sanitaria ya había
finalizado para la época de los hechos relevantes. En consecuencia,
concluyó que no se acreditó vulneración de los derechos fundamentales
invocados.
19. La EPS accionante impugnó la decisión de primera instancia. Indicó
que el juez de primera instancia desconoció la relevancia constitucional del
asunto al reducir la controversia a un debate de legalidad y omitir que el
rechazo de la demanda afectó el acceso a la administración de justicia, el
debido proceso y la protección de los recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud.
6 Realizó un acápite sobre “las decisiones cuestionadas” en el que expuso lo siguiente (se trascribe):
“9. Se advierte que, pese a que en el escrito inicial se cuestiona la legalidad de las decisiones proferidas por el
Juzgado 607 Administrativo Transitorio de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B, se observa que los argumentos que sustentan sus pretensiones son similares respecto a una y otra.
10. Por lo anterior y en atención a que la providencia del 20 de junio de 2025, proferida en primera instancia fue
apelada y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, desató el recurso a través
de la providencia del 4 de septiembre de igual mes y año, al confirmar lo resuelto por el a quo, el reclamo
constitucional formulado será estudiado solo respecto a esta última, en tanto fue la que puso fin al proceso”
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20. Reiteró que las providencias cuestionadas incurrieron en defecto
sustantivo por efectuar una interpretación restrictiva de las reglas de
transición previstas en el Auto 1942 de 2023 de la Corte Constitucional, al
computar el término de 6 meses desde la publicación y no desde la
certificación expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, lo que, a su
juicio, condujo a declarar indebidamente la caducidad de la acción, pese
a que la demanda se presentó oportunamente.
21. Asimismo, afirmó que las autoridades judiciales desconocieron el
precedente constitucional, el principio de confianza legítima y la necesidad
de flexibilizar los requisitos de acceso a la jurisdicción en los procesos de
recobro, a pesar de las sucesivas modificaciones en las reglas de
competencia y del carácter parafiscal de los recursos reclamados, por lo
que solicitó revocar el fallo de tutela y conceder el amparo de los derechos
fundamentales invocados.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio. 2.2. Identificación de
defectos. 2.3. Fijación de la controversia. 2.4. Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. 2.5. Conclusión.
2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio
22. El análisis de la presente acción de tutela, tal y como lo indicó el juez
de primera instancia, se limitará al Auto de 4 de septiembre de 2025,
proferido por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo Cundinamarca, que confirmó el rechazo de la demanda.
23. Esta delimitación obedece a que, si bien la accionante también
cuestionó el Auto de 20 de junio de 2025, proferido por el Juzgado 607
Administrativo de Bogotá, lo cierto es que, con ocasión del recurso de
reposición y, en subsidio, el de apelación, la decisión del tribunal fue la que
resolvió de forma definitiva la controversia planteada en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho. Además, en caso de un eventual
fallo favorable, correspondería a dicho tribunal dar cumplimiento a la orden
de tutela.
2.2. Identificación de defectos
24. Se considera pertinente aclarar que, el defecto sustantivo se alegó
respecto de (1) un desconocimiento del precedente fijado por la Corte
Constitucional en los Autos 389 de 2021 y 1942 de 2023; (2) la aplicación de
los artículos 488, 489 Y 151 del CST en lo atinente al cómputo de términos y
lo concerniente a la reclamación administrativa de que trata el artículo 4 de
la Ley 712 de 2001 y; (3) la supuesta omisión de la suspensión de términos
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Decisión: Revoca – declara improcedencia
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durante la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19, a través del
Decreto 564 de 2020.
25. En esa medida, se aclara que este defecto se estudiará respecto de
los dos últimos puntos, ya que el primer reparo encuadra en un
desconocimiento del precedente.
2.3. Fijación de la controversia
26. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial, si hubo, o no, una vulneración por parte de la autoridad judicial
accionada por haber incurrido en un defecto sustantivo y un
desconocimiento del precedente al proferir el Auto de 4 de septiembre de
2025, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 11001-33-
34-005-2024-00268-01. Como consecuencia de ese estudio, se procederá a
confirmar, modificar o revocar la decisión de tutela de primera instancia.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
27. La Sala revocará la sentencia de primera instancia que negó la
solicitud de amparo, para en su lugar declararla improcedente porque no
se satisfizo el requisito de relevancia constitucional, por las razones que
pasan a exponerse:
28. Para la Corte Constitucional, el requisito de relevancia constitucional
encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la
especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los
jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se
convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter legal.
En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han sido
identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la
autonomía e independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a
asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta
se convierta en una instancia adicional7.
29. Asimismo, dicha corporación ha sostenido que, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, el estudio
debe hacerse con mayor rigor y, en consecuencia, se exige,
adicionalmente, que se demuestre una vulneración desproporcionada y/o
arbitraria de un derecho fundamental8.
7 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.
8 Ídem. También puede verse: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02251-01
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca – declara improcedencia
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30. En sentido similar, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia
de 5 de agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo
expresamente que el requisito que se analiza requiere la conjunción de
varios elementos: (1) una carga argumentativa por parte del accionante
que explique, con suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez
de tutela, esto es, la necesidad de su intervención en el asunto9; (2) que la
solicitud de amparo no se presente con el objeto de obtener una instancia
adicional al proceso ordinario10 y (3) que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de simple legalidad11.
31. Por su parte, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-295 de 202312,
estableció que la relevancia constitucional se acredita a partir de 3 criterios:
(1) no tratarse de asuntos legales o meramente económicos, (2) perseguir la
protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir debates concluidos.
32. Con base en lo anterior, se tiene que la parte actora alegó que la
cuestión discutida tenía trascendencia constitucional porque su solicitud se
orientó a obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y seguridad social,
trasgredidos por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca al, presuntamente haber desconocido el
precedente fijado por la Corte Constitucional en los Autos 389 de 2021 y 1942
de 2023, pues, a su juicio, se debió dar aplicación a los artículos 488, 489 y
151 del CST en lo atinente al cómputo de términos y lo concerniente a la
reclamación administrativa de que trata el artículo 4 de la Ley 712 de 2001;
así como por haber omitido la suspensión de términos durante la
emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19, a través del Decreto 564
de 2020.
33. Sin embargo, la Sala advierte que tales argumentos, no son suficientes
para explicar por qué era necesaria la intervención del juez de tutela frente
a la providencia proferida por la autoridad judicial accionada, puesto que
la simple alusión de los Autos 389 de 2021 y 1942 de 2023 y una referencia
general al tema objeto de controversia no es suficiente para manifestar que
dejó de aplicarse una regla que era trascendental tener en cuenta dada la
9 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer
elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es
de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
10 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal
adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
11 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos
fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre
aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
12 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02251-01
Demandante: Salud Total E.P.S. S S.A.
Demandado: Subsección B - Sección Primera - Tribunal Administrativo Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca – declara improcedencia
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similitud fáctica y jurídica del caso. Además, se presentó, junto con el
presunto defecto sustantivo contra esa decisión, como meras diferencias o
discrepancias interpretativas.
34. Lo que realmente se evidencia es que la parte actora buscó
cuestionar, mediante la acción de tutela, (1) el estudio y alcance que realizó
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca respecto de los Autos 389 de
2021 y 1942 de 2023; (2) debatir nuevamente si los recobros por concepto
de insumos NO PBS por parte de las entidades promotoras de salud al extinto
FOSYGA hoy ADRESS, se entendían como una controversias relacionada con
la seguridad social, o si lo que se discutía en realidad, era una decisión
adoptada en un procedimiento administrativo para determinar si se debía
aplicar o no lo previsto en el CST de cara al conteo de términos para la
caducidad; (3) los efectos de la reclamación administrativa y; (4) la
suspensión de términos durante la emergencia sanitaria ocasionada por la
COVID-19, a través del Decreto 564 de 2020.
35. De lo anterior se logró evidenciar que, los reproches esbozados en la
acción de tutela se inscriben en el ámbito propio de un debate meramente
legal, en la medida que intentan cuestionar la suficiencia, oportunidad y
apreciación de la jurisprudencia y normas que observó la autoridad judicial
accionada como medio de convicción para confirmar el auto de primera
instancia que rechazó la demanda por haber operado la caducidad del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con lo cual,
estos aspectos correspondían al juez natural de la causa.
36. En ese sentido, más allá de un supuesto defecto sustantivo y un
desconocimiento de precedente, la acción de tutela fue utilizada por la
entidad accionante como un mecanismo encaminado a reabrir una
discusión ya resuelta en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, con el propósito de obtener una nueva interpretación de la
jurisprudencia y las normas en que se fundamentó la decisión, lo cual resulta
incompatible con el carácter excepcional del amparo constitucional.
37. Por ello, se colige que la parte actora no explicó verdaderamente por
qué su litigio revestía trascendencia constitucional que hiciera necesaria la
intervención del juez constitucional y, por el contrario, sus argumentos dan
cuenta de una inconformidad con la conclusión a la que llegó la autoridad
judicial accionada.
38. Finalmente, se recuerda que las diferencias interpretativas que
existieren entre la parte demandante y el juez natural de la causa no
constituyen, por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las
decisiones del juez de lo contencioso administrativo. En otras palabras, la
presentación de las discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02251-01
Demandante: Salud Total E.P.S. S S.A.
Demandado: Subsección B - Sección Primera - Tribunal Administrativo Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca – declara improcedencia
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quien enjuicia dicha decisión, en ejercicio de la acción de tutela, no da por
cumplido el requisito de relevancia constitucional. Más, si se trata de una
tutela contra providencia judicial, pues este es un mecanismo constitucional
de amparo de derechos fundamentales de carácter excepcional13.
2.5. Conclusión
39. Para la Sala existen razones suficientes para tener por no cumplido el
requisito de relevancia constitucional, en consecuencia, se abstendrá de
estudiar los demás requisitos de procedencia de la acción de tutela y
confirmará la sentencia impugnada.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 27 de abril de 2026, que negó el
amparo de los derechos solicitados por Salud Total E.P.S. S S.A. y, en su
lugar, DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela, de
conformidad con las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra esta deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para ello14.
TERCERO: Por Secretaría General, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
13 Corte Constitucional, Sentencias SU-659 de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.
14 secgeneral@consejodeestado.gov.co
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