Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02260-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02260-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-02260-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
4 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Cuatro (4) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2026-02260-001
Accionante : Fredy Alexander Torres
Accionado : Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B
Vinculados : Defensoría del Pueblo y otro2
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, nulidad de nombramiento en
provisionalidad
Decisión : Sentencia de primera instancia
1. Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela
incoada por el señor Fredy Alexander Torres contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, defensa, trabajo y mínimo
vital.
I. ANTECEDENTES
1.1. Contexto fáctico
2. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por el actor frente a la providencia judicial objeto de censura; luego, revisará lo
relativo a la procedencia de la acción de tutela; y, finalmente, resolverá lo pertinente
en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
La demanda de tutela
3. El señor Fredy Alexander Torres, quien actúa en nombre propio, interpuso el
presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, defensa, trabajo y mínimo vital,
presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B.
1
Expediente electrónico disponible en SAMAI.
2
Sindicato Nacional de Empleados y Contratistas de Defensoría Pública de la Defensoría del Pueblo (SINECODEP).
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02260-00
Accionante: Fredy Alexander Torres
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B
4. Por consiguiente, solicitó:
[…] SEGUNDA: Dejar sin efectos la SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
PROFERIDA DENTRO PROCESO DE NULIDAD ELECTORAL RAD.
250002341000202401291-00 CON FECHA DEL 27 DE FEBRERO DE 2026,
NOTIFICADA PERSONALMENTE EL 11 DE MARZO DE 2026, que declaró la nulidad
de la Resolución no. 1137 de 30 de abril de 2024.
TERCERA: Reasignar el proceso de nulidad electoral RAD.
250002341000202401291-00 a una nueva subsección del mismo TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN para efectos que tome una
decisión acorde con el término de 6 meses constitucional, en concordancia con el
debido proceso, derecho de defensa y en consonancia con el principio de igualdad y
las pruebas obrantes en el expediente.
Hechos3
5. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por el
accionante se puede evidenciar que, mediante Resolución No. 1137 del Treinta
(30) de Abril de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por el Defensor del Pueblo,
fue nombrado en provisionalidad en el cargo de profesional especializado en
investigación, código 2040, grado 17, perteneciente al nivel profesional, adscrito al
Grupo de Investigación para la Defensa de la Dirección Nacional de Defensoría
Pública de la Defensoría del Pueblo (nivel central).
6. El Diecisiete (17) de Julio de Dos Mil Veinticuatro (2024), el Sindicato Nacional
de Empleados y Contratistas de Defensoría Pública de la Defensoría del Pueblo
(SINECODEP) presentó demanda de nulidad electoral en contra de la Resolución
No. 1137 del Treinta (30) de Abril de Dos Mil Veinticuatro (2024), en tanto el
nombramiento del actor en provisionalidad generaba una violación del principio
de prevalencia de la carrera administrativa, al existir personal inscrito y
escalafonado para ese cargo. La acción fue tramitada en el proceso con radicado
No. 25000-23-41-000-2024-01291-00, el cual fue conocido, en única instancia,
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B.
7. Como parte de su defensa, el señor Torres aportó, como prueba que debía ser
nombrado en el cargo, la respuesta suscrita por la coordinadora del Grupo de
Investigación para Defensa a una petición que presentó, en la que, se afirmó que:
3
Visibles en el escrito de tutela en el expediente electrónico en SAMAI, índice 2, archivo 1.
2
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02260-00
Accionante: Fredy Alexander Torres
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B
8. No obstante, en sentencia del Veintisiete (27) de Febrero de Dos Mil Veintiséis
(2026), el Tribunal expuso que, si bien la finalidad atribuida a los nombramientos
en provisionalidad como facultad de la Defensoría del Pueblo se encuentra
determinada, en principio, por la urgencia en la prestación del servicio (artículo
138 de la Ley 201 de 1995), no podía obviarse que, el Defensor del Pueblo debía,
en todo caso, verificar la existencia de listas de elegibles vigentes para el cargo
y, en su defecto, acudir a los funcionarios de carrera administrativa de la propia
institución antes de recurrir a la figura del nombramiento provisional.
9. Así, el Tribunal sostuvo que, el artículo 138 de la Ley 201 de 1995 limita el
nombramiento de personas no inscritas en el escalafón de carrera administrativa
de la Defensoría del Pueblo a dos situaciones específicas: (i) que no existan
empleados públicos inscritos en el escalafón de la entidad, o (ii) que, existiendo,
no cumplan los requisitos para desempeñar el cargo.
10. Con base en lo anterior, concluyó que, el acto acusado quebrantó el artículo
138 de la Ley 201 de 1995, toda vez que, para la fecha del nombramiento del señor
Fredy Alexander Torres (quien no hacía parte de la carrera administrativa de la
Defensoría del Pueblo), existía personal inscrito en el escalafón que cumplía con
los requisitos para ocupar el mismo cargo, y a pesar de ello no fue seleccionado.
Por lo tanto, la autoridad judicial accionada declaró la nulidad de la Resolución No.
1137 del Treinta (30) de Abril de Dos Mil Veinticuatro (2024).
11. El señor Torres afirma, en su escrito, que la sentencia del Veintisiete (27) de
Febrero de Dos Mil Veintiséis (2026) adolece de los defectos procedimental,
fáctico, de violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02260-00
Accionante: Fredy Alexander Torres
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B
judicial. Primero, en desconocimiento del artículo 187 del CPACA, el Tribunal
habría omitido pronunciarse de fondo sobre las excepciones planteadas en la
contestación de la demanda, porque se limitó a hacer consideraciones sobre la
facultad discrecional del nominador y la idoneidad del nombrado, sin decir nada
sobre la estabilidad laboral reforzada, la fuerza vinculante de la Resolución 1250
de 2021 y la inexistencia de violación al sistema de carrera administrativa y al
mérito.
12. Segundo, la autoridad accionada habría incurrido en un defecto fáctico en su
dimensión negativa, porque omitió valorar las pruebas aportadas en la
contestación de la demanda, especialmente las documentales que indagaban
sobre la convocatoria interna que realizó la entidad para proveer la vacante.
Tercero, la violación directa de la Constitución radicaría en el desconocimiento
del artículo 264 superior (relativo al término para decidir), pues, entre la radicación
de la demanda de nulidad electoral (el Diecisiete (17) de Julio de Dos Mil
Veinticuatro (2024)) y la notificación de la sentencia (el Once (11) de Marzo de
Dos Mil Veintiséis (2026)), transcurrió un lapso de 1 año, 7 meses y 22 días, lo
que excede los seis (6) meses.
13. Finalmente, el actor alegó que, el fallo contradice abiertamente la línea
adoptada por el mismo Tribunal en dos casos análogos previamente decididos.
El mismo sindicato presentó dos demandas en el medio de control de nulidad
electoral, contra otros nombramientos en provisionalidad efectuados por la
Defensoría del Pueblo en cargos del Grupo de Investigación para la Defensa, que
fueron resueltas por la Subsección A de la misma Sección del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, así: (i) en el proceso con radicado 25000-23-
41-000-2024-01290-00, contra Gabriel Camilo Mora Rodríguez, se negaron las
pretensiones de la demanda; y (ii) en el proceso con radicado 25000-23-41-000-
2024-01292-00, contra Álvaro Pinzón García, mediante sentencia del Veintisiete
(27) de Junio de Dos Mil Veinticinco (2025), también se negaron las pretensiones,
al considerar, en ambos casos, que el Defensor del Pueblo gozaba de facultad
discrecional para realizar los nombramientos en provisionalidad.
II. TRÁMITE PROCESAL
14. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto del
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02260-00
Accionante: Fredy Alexander Torres
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Veinticinco (25) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026)4, admitió la presente acción
de tutela. En dicha decisión (i) ordenó notificar a la autoridad judicial accionada; y
(ii) dispuso vincular a la Defensoría del Pueblo y el Sindicato Nacional de
Empleados y Contratistas de Defensoría Pública de la Defensoría del Pueblo
(SINECODEP), en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.
2.1. Contestaciones de la acción
15. 2.1.1. El Sindicato Nacional de Empleados y Contratistas de Defensoría
Pública de la Defensoría del Pueblo (SINECODEP)5 expuso que, el cargo en
cuestión es de carrera administrativa, al no figurar como de libre nombramiento y
remoción en el artículo 136 de la Ley 201 de 1995 ni en el artículo 15 del Decreto
26 de 2014, y que el régimen especial de carrera de la Defensoría del Pueblo
(artículos 134 a 139 de la Ley 201 de 1995) debe aplicarse de forma preferente
frente a la Ley 909 de 2004. Bajo esta premisa, el Tribunal acertó al concluir que,
el artículo 138 superior establece un orden preferente: primero, el encargo de
funcionarios de carrera que cumplan los requisitos, y solo de manera residual, el
nombramiento provisional. Resaltó que en el expediente quedó probado, mediante
certificación de la Subdirección de Gestión de Talento Humano, que, al Treinta (30)
de Abril de Dos Mil Veinticuatro (2024), existía un funcionario de carrera (Carlos
Andrés Rodríguez Torres) que cumplía los requisitos para ocupar el cargo, lo que,
tornó en ilegal el nombramiento del actor. En todo caso, alegó que la tutela no
cumple el requisito de subsidiariedad, pues, el accionante cuenta con el recurso
extraordinario de revisión como mecanismo idóneo y eficaz para discutir la violación
directa de la Constitución (por el plazo de 6 meses) y la existencia de pruebas
nuevas, sin que se acredite un perjuicio irremediable.
16. 2.1.2. La Defensoría del Pueblo6 coadyuvó la acción y expuso que, la
providencia atacada se apartó injustificadamente del precedente judicial
horizontal7. Agregó que, la carrera administrativa de la Defensoría del Pueblo se
rige por un régimen especial contenido en la Ley 201 de 1995, y que la Ley 909 de
2004 solo resulta aplicable de manera supletiva ante vacíos normativos, lo cual no
ocurre frente a la provisión de empleos. En este marco, el artículo 138 de la Ley
4
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 4.
5
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 10, archivo 15.
6
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 11, archivo 16.
7
Sentado por las sentencias proferidas por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en los procesos
con radicado No. 25000-23-41-000-2023-01271-00; 25000-23-41-000-2024-01292-00; 25000-23-41-000-2024-01290-00;
68001-23-33-000-2025-00739-00; de conformidad con las sentencias C-503 de 2020 y C-102 de 2022 de la Corte
Constitucional.
5
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02260-00
Accionante: Fredy Alexander Torres
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B
201 de 1995 contiene una fórmula habilitante que, lejos de configurar un mandato
imperativo o un derecho subjetivo preferente al encargo a favor del personal
escalafonado, atribuye al nominador facultades discrecionales para elegir proveer
una vacante mediante la figura del encargo o del nombramiento en provisionalidad.
17. 2.1.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca remitió copia del
expediente digital, y aseguró8 que su decisión se ajustó a derecho y fue
debidamente motivada, mientras que, la tutela no goza de relevancia constitucional
ni contiene una carga argumentativa suficiente.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
18. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en
virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de
2017 y 333 de 2021.
3.2. La acción
19. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política
y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que, resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión
de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que, no se disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que, se trate de impedir un daño
irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
3.3. Solicitud de coadyuvancia
20. La Defensoría del Pueblo, quien integró el extremo pasivo en el medio de control
de nulidad electoral con radicado 2500-23-41-000-2024-01292-00 (en el que se
profirió el proveído de reproche) y fue vinculada al presente trámite constitucional
como tercero con interés, pide que se le tenga como coadyuvante del actor, al
considerar que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
8
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 9, archivo 13.
6
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02260-00
Accionante: Fredy Alexander Torres
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B
Subsección B, se apartó injustificadamente del precedente judicial horizontal de esa
misma corporación, que ha reconocido que el artículo 138 de la Ley 201 de 1995
confiere al Defensor del Pueblo facultades discrecionales para proveer las vacantes
mediante encargo o nombramiento en provisionalidad, sin que exista un orden de
prelación obligatorio entre ambas figuras.
21. Al respecto, se advierte que, la coadyuvancia es una figura procesal por medio
de la cual alguien acude a una controversia judicial, con el objeto de apoyar la
prosperidad de las aspiraciones del demandante u oponerse a ellas (es decir,
acompañar al demandado), y así salvaguardar sus propios intereses, de acuerdo
con el inciso 2º9 del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 71 10 del
Código General del Proceso (CGP), aplicable a las acciones de tutela en virtud de
los artículos 411 del Decreto 306 de 199212 y 2.2.3.1.1.313 del Decreto 1069 de
201514 y de lo precisado por la Corte Constitucional15.
22. En ese orden de ideas, comoquiera que, la Defensoría del Pueblo está habilitada
para intervenir en el presente asunto, puesto que, se reitera, fue vinculada como
tercera con interés16 y expuso las razones por las cuales se deben atender las
pretensiones del mecanismo constitucional, se accederá a su solicitud de
coadyuvancia.
3.3. Problema jurídico
23. Se contrae a determinar si es dable, a través de la acción de tutela, examinar el
eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar la sentencia
del Veintisiete (27) de Febrero de Dos Mil Veintiséis (2026), proferida por la
Subsección B de la sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por medio de la cual declaró la nulidad de la Resolución No. 1137 de 2024 que
nombró en provisionalidad al señor Fredy Alexander Torres en el cargo de
9
“Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la
persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud”.
10
“Quien tenga con una de las partes determinada relación sustancial a la cual no se extiendan los efectos jurídicos de la
sentencia, pero que pueda afectarse si dicha parte es vencida, podrá intervenir en el proceso como coadyuvante de ella,
mientras no se haya dictado sentencia de única o de segunda instancia[...]”.
11
“Para la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se
aplicarán los principios generales del Código de Procedimiento Civil, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho
decreto”.
12
“Por el cual se reglamenta el Decreto 2591 de 1991”.
13
“Para la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se
aplicarán los principios generales del Código General del Proceso, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho
Decreto”.
14
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
15
Sentencia T-70 de 2018, M. P. Alejandro Linares Cantillo.
16
Mediante auto de 25 de marzo de 2026 visible en el índice 4 de Samai.
7
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02260-00
Accionante: Fredy Alexander Torres
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B
Profesional Especializado en Investigación (expediente 25000-234-10-00-2024-
01291-00); y, en caso afirmativo, si se vulneraron las garantías superiores al debido
proceso, igualdad, defensa, trabajo y mínimo vital invocadas en la solicitud de
amparo.
3.4. La acción de tutela contra providencias judiciales
24. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional17 y de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado18, es posible acudir
a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.
25. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
26. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
17
Sentencia C-590 de 2005.
18
sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
8
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02260-00
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(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos
fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede
cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en
eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se
trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.
3.5. Caso concreto
27. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que: (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, por cuanto recae sobre la presunta vulneración
de los derechos al debido proceso, igualdad, defensa, trabajo y mínimo vital,
invocados en la solicitud de amparo, al configurarse presuntamente los defectos
procedimental, fáctico, de violación directa de la Constitución y desconocimiento
del precedente judicial; (ii) contra la decisión objeto de censura no procede recurso
alguno, pues se trata de una sentencia de única instancia que se encuentra
ejecutoriada; (iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto
de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, en
la medida en que, la providencia atacada quedó ejecutoriada el Veinte (20) de
Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026)19 y la solicitud de amparo se radicó el Dieciocho
(18) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), es decir, incluso antes de la ejecutoria;
y (v) el fallo acusado no obedece a uno de tutela.
19
Visible en el expediente electrónico del proceso 25000-234-10-00-2024-01291-00 en SAMAI, índice 57, archivo 55.
9
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28. En razón a que, se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el
fondo del asunto bajo las causales específicas denominadas defecto fáctico,
procedimental absoluto y sustantivo por desconocimiento del precedente judicial
(horizontal).
29. La Sala descarta el estudio de la violación directa de la Constitución, en tanto,
dicha causal supone explicar por qué, en la solución del caso, dejó de interpretarse
o aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional, o
qué derecho fundamental de aplicación inmediata ha sido vulnerado o, incluso, por
qué no se tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme20, mientras que,
el tutelante se refiere simplemente al incumplimiento del plazo de seis meses para
fallar previsto en el artículo 264 de la Constitución.
30. En realidad, lo que alega es que la sentencia de única instancia fue proferida por
fuera del término legal, lo que se refiere a un defecto procedimental absoluto,
motivo por el que el cargo se estudiara bajo dicha causal.
3.5.1. Defecto fáctico
31. Sea lo primero anotar que una providencia judicial se encuentra viciada por
defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin
contar con supuestos ciertos, esto es, «[…] surge cuando carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión» 21. Así mismo, este
defecto se da cuando «[…] el error en el juicio valorativo de la prueba [es] de tal entidad que
sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo [tenga] una incidencia directa en la decisión» 22.
32. Así, la Corte Constitucional ha sostenido que, el defecto fáctico contiene dos
aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no
apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión (negativa) ocurre en el evento
en que el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa
u omite su valoración y, sin una razón válida, da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente23. Se exige que el error
en la valoración probatoria sea ostensible, flagrante y manifiesto, es decir, que
20
Corte Constitucional, sentencias T-809 de 2010 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), SU-024 de 2018 (M.P. Cristina Parto
Schlesinger) y SU-069 de 2018 (M.P. José Fernando Reyes Cuartas).
21
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
22
Corte Constitucional, sentencia T-567 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
23
Corte Constitucional, sentencias T-239 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-567 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz; T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02260-00
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tenga la capacidad de impactar de manera definitiva la decisión de fondo y, por lo
tanto, que afecte directamente los derechos del accionante.
33. En el sub lite, el accionante argumenta que se configuró un defecto de este tipo,
en su dimensión negativa, por lo siguiente:
El Tribunal accionado, mediante la SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA PROFERIDA
DENTRO DEL PROCESO DE NULIDAD ELECTORAL RAD.
250002341000202401291-00 CON FECHA DEL 27 DE FEBRERO DE 2026, omitió
valorar las pruebas aportadas por el suscrito en la contestación de la demanda,
especialmente las documentales que indagaban sobre la convocatoria interna que
[…] realizó la entidad para proveer la vacante.
El Tribunal únicamente tuvo en cuenta la certificación rendida por la entidad, sin
embargo, ignoró los derechos de petición y las respuestas emitidas por la entidad y
que fueron aportadas oportunamente en la contestación.
[…]
Sobre la anterior documental, a pesar de que fue aportada desde la contestación de
la demanda y decretadas, el Tribunal nunca las tuvo en cuenta dentro de su decisión
y que permite concluir a una decisión distinta, en la medida que la entidad s[í] agotó
una búsqueda interna para proveer la vacante, previo al nombramiento provisional del
suscrito.
34. Si bien la providencia cuestionada no menciona expresamente la petición del
Veintisiete (27) de Septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024) y respuestas emitidas
por la entidad frente a la solicitud del señor Torres de información sobre las
postulaciones recibidas para el Laboratorio Forense de Evidencia Digital (LFED)
(documentales aportadas con el memorial contentivo de excepciones previas), se
observa que, en el numeral 17 del acápite 5.2. de la providencia, el Tribunal
accionado hizo referencia a la certificación rendida por la subdirectora de Gestión
de Talento Humano de la Defensoría del Pueblo (memorial no.
202500501002324132), con la siguiente captura de pantalla:
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Accionante: Fredy Alexander Torres
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B
35. De igual manera, en el numeral 22 del citado acápite, el Tribunal accionado se
refirió a las peticiones de varios funcionarios de carrera administrativa24, allegadas
por la entidad demandante, que «no fueron elevadas para ocupar el cargo ahora demandado,
efectuado el 30 de abril de 2024, sino para ser nombrados en otros empleos vigentes y vacantes
para las fechas en que se elevaron las peticiones, y que en modo alguno se discuten en este otro
proceso». En ese sentido, el Tribunal decidió apoyarse en la certificación expedida
por la Subdirección de Gestión de Talento Humano por solicitud del Despacho, y
no en las respuestas dadas por la misma área frente a diferentes peticiones
particulares que antecedieron el nombramiento del señor Torres (en particular, la
presentada por el actor el Veintisiete (27) de Septiembre de Dos Mil Veinticuatro
(2024)).
36. En consecuencia, el Tribunal accionado hizo el siguiente análisis probatorio, con
base en los elementos de prueba antes relacionados:
24
“b) Para el nombramiento en un cargo de carrera como el demandado, existían solicitudes efectuadas de manera personal
por varios funcionarios en carrera administrativa que cumplían con las exigencias del cargo, como el señor Eyner Adolfo
Castro Sandoval, técnico en criminalística, grado 15, adscrito al grupo de investigación para la Defensoría del Pueblo,
asociado a SINECODEP, quien desde el año 2023 ha solicitado sea tenido en cuenta, por ser un funcionario de carrera
administrativa, para ocupar un cargo superior, como el demandado, petición que tuvo la coadyuvancia de la coordinadora
del grupo interno de trabajo de investigación para la defensa, y del Director Nacional de Defensoría Pública, solicitud que fue
negada bajo los argumentos de discrecionalidad del Defensor del Pueblo, sin tener en cuenta además sus estudios y
experiencia.
b) Asimismo, Dori Alexi Gonzáles Mendosa, técnico en criminalística, grado 15 adscrito al grupo de investigación para la
defensa de la dirección nacional de la defensoría pública de la Defensoría del Pueblo, asociada a SINECODEP, y quien
desde el año 2015 en adelante, ha solicitado sea tenida en cuenta, por ser funcionaria de carrera, para ocupar el cargo
demandado, entre ellas, se tienen las peticiones elevadas el 8 de enero y 20 de noviembre de 2015, el 21 de enero, 22 de
febrero y 7 de julio de 2016, las cuales fueron negadas por la subdirección de gestión del talento humano, con argumentos
de que no cumplía con el perfil para ocupar el cargo o que le faltaba experiencia, o que no estaba la vacante disponible,
incluso creando expectativas. No se tuvo en cuanta además sus estudios y experiencia.”.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02260-00
Accionante: Fredy Alexander Torres
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B
Del citado documento, el cual no fue tachado de falso, ni desvirtuado por la parte
actora, se tiene lo siguiente:
a) Para la fecha de expedición del acto acusado -30 de abril de 2024- contrario a lo
manifestado por el demandado, el servidor público Carlos Andrés Rodríguez Torres,
funcionario inscrito en carrera administrativa, sí cumplía los requisitos para ocupar el
cargo impugnado, esto es, el empleo de profesional especializado en investigación,
código 2040, grado 17, perteneciente al nivel profesional, adscrito al grupo de
investigación para la defensa de la dirección nacional de defensoría pública de la
Defensoría del Pueblo.
b) Ahora, si bien la citada persona, -Carlos Andrés Rodríguez Torres- quien se
encuentra inscrito en el empleo de técnico en criminalística, código 3010, grado 15,
perteneciente al nivel técnico luego fue encargado en la vacante temporal del empleo
de profesional especializado en investigación, código 2040, grado 17 mediante la
Resolución no. 2247 de 5 de agosto de 2024, es decir fue encargado en un empleo
de igual categoría al demandado, lo cierto es que, ese preciso encargo se realizó en
una fecha posterior a la expedición del acto acusado. En efecto, el nombramiento
demandado en este caso concreto se efectuó el 30 de abril de 2024 y el encargo en
el empleo de profesional especializado en investigación, código 2040, grado 17 al
señor Carlos Andrés Rodríguez Torres, se realizó el 5 de agosto de ese mismo año.
18) Es evidente que para la fecha de expedición del acto acusado -30 de abril de
2024- el servidor público Carlos Andrés Rodríguez Torres, funcionario inscrito en
carrera administrativa, cumplía los requisitos para ocupar el cargo impugnado, esto
es, el empleo de profesional especializado en investigación, código 2040, grado 17,
perteneciente al nivel profesional, adscrito al grupo de investigación para la defensa
de la dirección nacional de defensoría pública de la Defensoría del Pueblo, cargo que
de conformidad con la Resolución no. 1406 de 15 de octubre de 2019 expedida por
el Defensor del Pueblo hace parte del Nivel Profesional. Asimismo, cabe resaltar, que,
para la fecha de expedición del acto demandado, la citada persona ocupaba un
empleo de grado inferior, esto es, como de técnico en criminalística, código 3010,
grado 15, perteneciente al nivel técnico, ya que de conformidad con la Resolución no.
1406 de 15 de octubre de 2019 expedida por el Defensor del Pueblo este último
empleo hace parte del Nivel Técnico.
19) Por tanto, es claro que para el momento de la expedición del acto demandado
existía un servidor público inscrito en el escalafón de la carrera administrativa de la
Defensoría del Pueblo que podía ser designado en el cargo impugnado, ya que
cumplía con los requisitos para ser nombrado en ese empleo, encontrándose además
en un cargo inferior al demandado. Es decir, respecto de ese preciso servidor público
se debía dar prelación a la figura del encargo, por tanto, es claro que en este caso
concreto no se podía acudir a la figura de la provisionalidad por lo que existe
incumpliendo del ordenamiento jurídico analizado.
20) En este caso concreto no se acreditó que para el momento de la expedición del
acto administrativo demandado existían listas de elegibles vigentes, pero sí se probó
que existían funcionarios de carrera que cumplían con los requisitos para ser
designados en encargo en el cargo vacante de profesional especializado en
investigación, código 2040, grado 17, perteneciente al nivel profesional, adscrito al
grupo de investigación para la defensa de la dirección nacional de defensoría pública
de la Defensoría del Pueblo puesto que existía un funcionario disponible que se
encontraba en un cargo inferior de técnico en criminalística, código 3010, grado 15,
perteneciente al nivel técnico. Por tanto, es claro que en este caso concreto la
Defensoría del Pueblo desconoció la figura del encargo, para en su lugar a nombrar
provisionalmente al demandado, por lo que se desconocieron los principios de la
carrera administrativa y su propia regulación especial contenida en la Ley 201 de
1995.
37. Frente a la idoneidad alegada por el accionante para ocupar el cargo, en el
numeral 21 del mismo acápite, el Tribunal sopesó tales argumentos y descartó que
aquellas calidades enervaran el derecho preferente de los funcionarios de carrera,
13
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02260-00
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al considerar que «la figura del encargo, se constituye como un derecho mínimo laboral instituido
a favor de los empleados de carrera en el régimen general, cuya prerrogativa tiende a garantizar
aspectos básicos del sistema de mérito y de los principios de la función pública […] no es posible
aceptar que los sistemas especiales de carrera, como el establecido en la Ley 201 de 1995,
desconozcan, inobserven y no se compadezcan con los logros y derechos mínimos alcanzados por
los trabajadores que fueron positivizados en el sistema general de carrera».
38. De la providencia cuestionada se evidencia que resulta razonable la decisión del
Tribunal de otorgarle mayor peso probatorio a la certificación expedida por la
Subdirección de Gestión de Talento Humano —emitida el Dieciséis (16) de Mayo
de Dos Mil Veinticinco (2025), con posterioridad a la Resolución no. 1137 del
Treinta (30) de Abril de Dos Mil Veinticuatro (2024) y a la petición radicada por el
accionante (el Veintisiete (27) de Septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), con
respuesta del Treinta (30) de Septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024))—, en la
medida en que da cuenta, de manera concreta y específica, de la existencia de un
funcionario inscrito en carrera administrativa que, para esa fecha exacta (el Treinta
(30) de Abril de Dos Mil Veinticuatro (2024), día en que se expidió la Resolución
No. 1137 del Treinta (30) de Abril de Dos Mil Veinticuatro (2024), mediante la cual
el señor Fredy Alexander Torres fue nombrado en provisionalidad en el cargo de
profesional especializado en investigación), cumplía con los requisitos para ocupar
el cargo impugnado. Frente a ello, las demás peticiones radicadas (incluso por el
señor Torres) ante la misma área resultaban insuficientes para desvirtuar dicha
certificación, pues no solo fueron elevadas respecto de vacantes distintas a la que
es objeto de este proceso, sino que, tampoco podían dar cuenta del estado de los
funcionarios inscritos en carrera administrativa para el momento exacto en que se
expidió el acto acusado.
39. Bajo ese entendido, no se advierte una apreciación arbitraria, caprichosa o
irrazonable del acervo probatorio, ni tampoco la omisión de un elemento de juicio
determinante que, de manera objetiva, condujera a otra conclusión. Por el contrario,
el Tribunal expuso las razones por las cuales no otorgó el alcance pretendido por
el actor a los derechos de petición y a la documentación relativa a la convocatoria
interna realizada en el año 2022 para la implementación del Laboratorio Forense
de Evidencia Digital, que no resultaban suficientes para desvirtuar la certificación
específica de la Subdirección de Gestión de Talento Humano del Dieciséis (16) de
Mayo de Dos Mil Veinticinco (2025), en tanto se referían a una búsqueda efectuada
para otras vacantes y en un contexto temporal y funcional distinto al del
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nombramiento cuestionado, sin que, de allí pudiera concluirse que para el Treinta
(30) de Abril de Dos Mil Veinticuatro (2024) y para el cargo específico de
Profesional Especializado en Investigación, código 2040, grado 17, no existiera
personal de carrera idóneo para ser encargado. Cosa distinta es que, esas pruebas
no hubieran sido apreciadas en el sentido reclamado por el accionante.
40. Esta diferencia no involucra la causal específica de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales denominada defecto fáctico, por cuanto, en
cumplimiento de sus competencias jurisdiccionales, el juez natural tiene la potestad
de examinar la pertinencia, utilidad y conducencia de los elementos de convicción
obrantes en el expediente, así como la de otorgarles diferentes grados de certeza,
siempre que lo haga de manera integral y bajo los criterios de la sana crítica,
conforme aconteció en el asunto materia de controversia.
41. En ese orden de ideas, se observa que la providencia censurada no deviene de
un actuar caprichoso o ilegal de la autoridad accionada, en la medida en que su
decisión estuvo debidamente motivada, conforme con las pruebas que fueron
aportadas en el aludido proceso, situación de la que se colige que no incurrió en un
defecto fáctico.
3.5.2. Defecto procedimental
42. Sea lo primero indicar que este defecto encuentra su razón de ser en los artículos
29 y 228 de la Constitución que consagran las garantías constitucionales del debido
proceso, el acceso a la administración de justicia y el principio de prevalencia del
derecho sustancial sobre el procesal25.
43. En términos generales, este defecto puede presentarse en dos modalidades: (i)
absoluto, cuando el funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento
legalmente establecido, y (ii) por exceso ritual manifiesto, que ocurre cuando «[…]
hay una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor
en la aplicación de las normas procesales» 26, es decir, se privilegian aspectos formales
sobre el derecho sustancial, lo que afecta la garantía de acceso a la administración
de justicia27.
25
Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
26
Corte Constitucional, sentencia T-620 de 2013, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.
27
Sentencia T-386 de 2010, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
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44. Por una parte, en este caso, el accionante considera que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca incurrió en un defecto procedimental absoluto
porque «omitió pronunciarse de fondo sobre las excepciones planteados por el suscrito en la
contestación de la demanda». En su concepto, «el Tribunal accionado apenas y se pronunció
sobre la facultad discrecional del nominador y la idoneidad del nombrado, sin embargo, nada dijo
sobre la estabilidad laboral, la fuerza vinculante de la Resolución 1250 de 2021, modificada por la
Resolución 348 de 2023 ni tampoco sobre la inexistencia de violación a la carrera administrativa o
la vulneración al mérito, en los términos descritos por cada excepción».
45. Al respecto, la Sala encuentra que, en el fallo acusado, la autoridad judicial sí
relacionó los siguientes argumentos sobre la estabilidad laboral del actor:
f) Estabilidad laboral intermedia: Desarrollo de acciones afirmativas en favor de Fredy
Alexander Torres, por su calidad de padre cabeza de familia de especial protección,
con el siguiente sustento:
1) Se solicita tener en cuenta la especial situación del demandado, quien, con
anterioridad a la posesión, ostentaba de una estabilidad laboral en la Policía Nacional,
entidad para la cual laboró por más de diez años de manera ininterrumpida, siendo
retirado de la institución por voluntad propia, precisamente para ocupar la vacante
como perito dentro del laboratorio forense de evidencia digital de la Defensoría Del
Pueblo.
2) Los ingresos que percibe no solo sostienen económicamente los gastos propios,
sino que también sostiene económicamente a su menor hijo de 13 años Jorge
Alexander Torres Acevedo, en calidad de padre cabeza de familia, pues no cuenta
con una relación formal con la Madre del menor ni tampoco cuenta con auxilio
económico proveniente de ella.
3) En reciente sentencia T-313 de 2024 de la Corte Constitucional, se reiteraron
parámetros para otorgar acciones afirmativas en favor de sujetos de especial
protección constitucional, esto es, (i) que sea el último en ser removido del cargo; y
(ii) en caso de la nulidad del acto de nombramiento, ordenar su reintegro de manera
provisional en cargos vacantes de la misma jerarquía o equivalencia del cargo que
venía ocupando.
46. Si bien el Tribunal no destinó un apartado expreso al análisis de esta excepción,
lo cierto es que, el medio de control electoral se limita a verificar la legalidad del
acto de nombramiento, y, en todo caso, este aspecto no resultaba determinante
para variar el sentido del fallo, en la medida en que la decisión de declarar la nulidad
de la Resolución 1137 de 2024 se sustentó en la verificación objetiva del
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desconocimiento del orden de prelación dispuesto por el artículo 138 de la Ley 201
de 1995, y, en ese sentido, en que el mérito prevalece sobre la estabilidad laboral
reforzada del funcionario que no hace parte de la carrera administrativa.
47. En cuanto a la alegada fuerza vinculante de las Resoluciones 1250 de 2021 y
348 de 2023 invocadas por el accionante, el Tribunal restó valor al argumento al
considerar que «si bien existe la excepción a la regla de carrera, que sería la provisionalidad, se
analiza que el cargo cubierto a través de nombramiento provisional debía en un principio ser
asignado a un funcionario inscrito en la carrera de la Defensoría del Pueblo, lógicamente,
cumpliendo los requisitos idóneos y particulares para el cargo. Y una vez agotada esta opción, se
podrá acudir a nombramientos provisionales de personas externas a la carrera». Así dejó claro
que las disposiciones reglamentarias internas no podían interpretarse en sentido
contrario al principio constitucional de mérito ni al artículo 138 de la Ley 201 de
1995.
48. Finalmente, el Tribunal abordó el argumento sobre la presunta inexistencia de
una violación a la carrera administrativa o al mérito. Además de los anteriores
pronunciamientos, la autoridad judicial indicó que «la figura del encargo, además de ser
una situación administrativa del servicio público, se constituye como un derecho mínimo laboral
instituido a favor de los empleados de carrera en el régimen general, cuya prerrogativa tiende a
garantizar aspectos básicos del sistema de mérito y de los principios de la función pública, toda vez
que el derecho preferencial de encargo de los empleados de carrera, previsto en el artículo 24 de
la Ley 909 de 2004, tiene como finalidad proteger el mérito y la función pública y se ha erigido como
una prerrogativa mínima». A partir de ahí, concluyó que «para el momento de la expedición
del acto demandado existía un servidor público inscrito en el escalafón de la carrera administrativa
de la Defensoría del Pueblo que podía ser designado en el cargo impugnado, ya que cumplía con
los requisitos para ser nombrado en ese empleo, encontrándose además en un cargo inferior al
demandado. Es decir, respecto de ese preciso servidor público se debía dar prelación a la figura
del encargo, por tanto, es claro que en este caso concreto no se podía acudir a la figura de la
provisionalidad por lo que existe incumpliendo del ordenamiento jurídico analizado».
49. De lo anterior, la Sala concluye que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
sí se pronunció sobre los argumentos planteados por el aquí accionante en su
contestación a la demanda, sin que el hecho que la decisión adoptada haya sido
contraria a sus pretensiones suponga la configuración de un defecto procedimental
absoluto. La labor del juez natural no consiste en abordar de manera independiente
cada excepción bajo el rótulo formal con que fue propuesta, sino en resolver de
fondo la controversia con base en la fijación que se hizo del litigio.
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Accionante: Fredy Alexander Torres
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B
50. Por otra parte, el actor adujo que, «desde la radicación de la demanda de nulidad electoral
RAD. 250002341000202401291-00 -17 de julio de 2024- hasta la notificación de la sentencia -del
11 de marzo de 2026- transcurrió 1 año, 7 meses y 22 días. Lo anterior constituye una vulneración
[…] del artículo 264 superior: Artículo 264. El Consejo Nacional Electoral (…) PARÁGRAFO. La
jurisdicción contencioso administrativa decidirá la acción de nulidad electoral en el término máximo
de un (1) año. En los casos de única instancia, según la ley, el término para decidir no podrá exceder
de seis (6) meses».
51. Esta Sala ha expuesto que, el derecho fundamental al acceso a la administración
de justicia comporta la facultad de toda persona de acudir ante los jueces de la
República, en aras de resolver las controversias que vulneran o amenazan sus
derechos.
52. Dicha atribución constitucional no solo refiere a la posibilidad de poner en
funcionamiento el aparato jurisdiccional del Estado, sino también a la de recibir una
pronta solución al conflicto, para lo cual las autoridades cuentan con la facultad de
adoptar las medidas coercitivas previstas en el sistema normativo.
53. Ahora bien, cuando los funcionarios judiciales no actúan dentro de los términos
fijados en las normas procesales, se configura la mora judicial, que constituye un
«[…] fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que impide el disfrute efectivo del derecho
de acceso a la administración de justicia, pero que muchas veces una buena parte de la misma es
el resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad humana de los
funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos»28.
54. No obstante, el mero retraso en las actuaciones judiciales no vulnera el derecho
fundamental, por cuanto debe mediar una tardanza injustificada por parte de los
funcionarios para quebrantar esa garantía, caso en el cual será susceptible de
protección a través de la solicitud de amparo.
55. Resulta oportuno advertir que, la jurisprudencia de la Corte Constitucional 29 ha
indicado que, como regla general, el juez de tutela no debe inmiscuirse en el trámite
de los procesos judiciales debido a que podría desconocer el principio de
autonomía judicial. Sin embargo, cuando se evidencia que, la tardanza no obedece
a cuestiones relacionadas con carga de trabajo, problemas estructurales o
complejidad de los asuntos que se conocen, la acción de tutela resulta procedente
para proteger el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia.
28
Corte Constitucional, Sentencia T-945 de 1998, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
29
Sentencia T-258 de 2004, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02260-00
Accionante: Fredy Alexander Torres
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B
56. Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que:
El desconocimiento del plazo razonable viola la garantía de acceso oportuno a la
administración de justicia. No obstante, si bien la administración de justicia debe ser
en tiempo, como un elemento esencial de la garantía efectiva de un debido proceso,
no todo retardo en la adopción de una decisión judicial genera per se una infracción
a la Constitución. Para que esto ocurra, se debe probar que la dilación injustificada
tuvo origen en la falta de diligencia del funcionario judicial en el cumplimiento de sus
deberes o que el plazo del proceso sea irrazonable. Como ya se ha advertido, el
concepto de plazo razonable es indeterminado, pero determinable y procura acudir al
análisis de las especificidades de cada caso en particular. […].
La Corte Constitucional ha analizado qué sucede cuando un funcionario judicial
desconoce los plazos de una etapa procesal pero la consecuencia de esta
inobservancia no está prevista en la ley. Para dar respuesta, este tribunal ha
presumido que la fijación de las etapas procesales por el legislativo “pasa por una
deliberación de sujeción a cánones constitucionales, oportunidad, conveniencia y, en
general, de criterios que conceden razonabilidad a las decisiones, esto es, que
justifican el por qué para decidir un asunto se prevé por ejemplo un lapso de un (1)
año y no de cinco (5) años”. En igual sentido, el legislativo ha creado un catálogo de
normas sancionatorias aplicables en estos casos (i.e. vigilancia judicial administrativa
a cargo de los Consejos Seccionales de la Judicatura, acción disciplinaria a cargo de
las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, etc.). No obstante, si bien estas
herramientas jurídicas permiten corregir el desconocimiento de la administración de
justicia de forma oportuna y eficaz, no implican para los afectados un resarcimiento
de los perjuicios causados.
57. En el presente caso, si bien es cierto que, entre la radicación de la demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad electoral (el Diecisiete (17) de Julio de
Dos Mil Veinticuatro (2024)) y la sentencia (Seis (6) de Marzo de Dos Mil Veintiséis
(2026)), se superó el término de seis meses previsto en el artículo 264 de la
Constitución Política, dicho retardo no genera necesariamente una infracción a la
norma superior, más aún cuando el actor no acreditó que la dilación haya sido
irrazonable o se originara en la falta de diligencia del funcionario judicial, y no a un
motivo razonable como la congestión judicial o el volumen de trabajo.
58. Si además se tiene en cuenta que el accionante no demostró que se tratara de
un error de procedimiento grave y trascendente que influyó de manera cierta y
directa en la decisión de fondo, la Sala no encuentra configurado un defecto
procedimental absoluto por presuntamente haberse apartado del procedimiento
legal establecido en el artículo 264.
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Accionante: Fredy Alexander Torres
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B
3.5.3. Defecto sustantivo
59. Valga la pena recordar que el desconocimiento del precedente tiene dos
modalidades: (i) como causal autónoma de procedencia de la tutela contra
providencia judicial cuando se trata del precedente constitucional, y (ii) como
defecto sustantivo por el desconocimiento del precedente judicial. La primera tiene
su origen en el artículo 241 superior y se predica exclusivamente de los
precedentes fijados por la Corte Constitucional en su jurisprudencia30, y la segunda
hace referencia a cuando la autoridad jurisdiccional se aparta del precedente
horizontal o vertical sin justificación suficiente, lo que lleva a concluir que la
providencia adolece de un defecto sustantivo31 en virtud de los principios del debido
proceso, igualdad y buena fe32.
60. Sobre el particular, es preciso señalar que aplica la segunda modalidad de
desconocimiento del precedente judicial, en razón a que la discusión planteada gira
en torno a si la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca se apartó injustificadamente del precedente que el accionante
estima contenido en las sentencias del mismo Tribunal del Dieciocho (28) de Marzo
de Dos Mil Veintiséis (2026) (proceso con radicado No. 25000-23-41-000-2024-
01290-00) y Veintisiete (27) de Junio de Dos Mil Veinticinco (2025) (proceso con
radicado No. 25000-23-41-000-2024-01292-00).
61. Al respecto, vale la pena aclarar que todas las decisiones del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca invocadas por la parte actora provienen de la
Subsección A de la Sección Primera, y no de la Subsección B, autoridad que profirió
la decisión atacada. En consecuencia, no es cierto que pueda predicarse un
precedente horizontal, pues, como lo ha aclarado el Consejo de Estado, «la Sala de
decisión no estuvo conformada por los mismos Magistrados, por ende, no se puede predicar
vulneración al derecho fundamental a la igualdad» 33. Es decir que, la posibilidad que
diferentes subsecciones tengan una postura distinta en una misma materia se
30
Sentencia T-360 de 2014: «En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a desconocerse cuando: (i)
se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, (ii) se
contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto
que la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una
sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte
Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela».
31
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995 M. P. Carlos
Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa,
T-462 de 2003 M. P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M.
P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M. P. Jorge Iván Palacio Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González
Cuervo.
32
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M. P. Jorge Iván
Palacio Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
33
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 3 de mayo de 2028, Rad. 11001-03-15-000-2017-02747-01.
20
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02260-00
Accionante: Fredy Alexander Torres
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B
predica de la independencia judicial de la que gozan los jueces, y ello no constituye
un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente.
62. En ese orden, la Sala encuentra que la Subsección B de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca no se apartó injustificadamente del
precedente judicial invocado por el accionante. En ese orden, se advierte que los
argumentos expuestos por el accionante no logran acreditar la configuración de un
defecto sustantivo en la sentencia atacada, en tanto las providencias referidas no
se constituyen en precedente judicial que debiera respetar la autoridad judicial
accionada. Por ende, tampoco se advierte una vulneración de los derechos al
debido proceso, igualdad, defensa, trabajo y mínimo vital.
63. Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que, el razonamiento que
efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía
e independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no
observa vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su
intervención, como ocurre en este caso.
IV. DECISIÓN
64. Por las razones expuestas, la Sala considera que, en el presente asunto, la parte
accionante no acreditó que la providencia cuestionada haya incurrido en los
defectos fáctico, procedimental, sustantivo o en violación directa de la Constitución.
Por tal motivo, se negará la solicitud de amparo.
65. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. ACEPTAR la solicitud de coadyuvancia formulada por la Defensoría del
Pueblo, conforme a lo esgrimido en la parte considerativa de este fallo.
SEGUNDO. NEGAR la solicitud de amparo presentada por el señor Fredy
Alexander Torres contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección B, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
21
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02260-00
Accionante: Fredy Alexander Torres
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B
TERCERO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
CUARTO. Si la presente sentencia no fuere impugnada dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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