Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02260-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02260-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-02260-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
20 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veinte (20) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-02260-01
Accionante: FREDY ALEXANDER TORRES
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA -
SECCIÓN PRIMERA - SUBSECCIÓN B
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. SE REVOCA EL
FALLO IMPUGNADO. Se declara improcedente por no cumplir el requisito
general de procedencia de relevancia constitucional.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia de
4 de mayo de 2026, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor Fredy Alexander Torres, en nombre propio, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, mínimo vital, a la igualdad y
defensa, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 27 de febrero de 2026,
proferida por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, dentro del medio de control de nulidad electoral identificado con
número de radicación 25000-23-41-000-2024-01291-00.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Manifestó que mediante Resolución núm. 1137 de 30 de abril de 2024, expedida
por el Defensor del Pueblo, fue nombrado en provisionalidad en el cargo de
profesional especializado en investigación, código 2040, grado 17, perteneciente al
nivel profesional, adscrito al Grupo de Investigación para la Defensa de la Dirección
Nacional de Defensoría Pública de la Defensoría del Pueblo (nivel central).
2.2. Sostuvo que el Sindicato Nacional de Empleados y Contratistas de Defensoría
Pública de la Defensoría del Pueblo – SINECODEP interpuso demanda de nulidad
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02260-01
Accionante: Fredy Alexander Torres
electoral con número de radicación 25000-23-41-000-2024-01291-00 contra él y la
Defensoría del Pueblo.
2.3. Señaló que el conocimiento del proceso de nulidad electoral le correspondió en
única instancia a la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, autoridad judicial que, mediante sentencia de 27 de febrero de
2026, declaró la nulidad de la Resolución número 1137 de 30 de abril de 2024.
2.4. Manifestóque la providencia antes referida vulneró los derechos indicados
supra, por haber incurrido, presuntamente, en un defecto fáctico, procedimental
absoluto y sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.
2.5. Respecto al defecto fáctico señaló que el Tribunal “[…] omitió valorar las pruebas
aportadas por el suscrito en la contestación de la demanda, especialmente las
documentales que indagaban sobre la convocatoria interna que […] realizó la entidad
para proveer la vacante. El Tribunal únicamente tuvo en cuenta la certificación rendida
por la entidad, sin embargo, ignoró los derechos de petición y las respuestas emitidas
por la entidad y que fueron aportadas oportunamente en la contestación. […] Sobre
la anterior documental, a pesar de que fue aportada desde la contestación de la
demanda y decretadas, el Tribunal nunca las tuvo en cuenta dentro de su decisión y
que permite concluir a una decisión distinta, en la medida que la entidad s[í] agotó una
búsqueda interna para proveer la vacante, previo al nombramiento provisional del
suscrito. […]”.
2.6. Sobre el defecto procedimental afirmó que “[…] omitió pronunciarse de fondo
sobre las excepciones planteados por el suscrito en la contestación de la demanda
[…] el Tribunal accionado apenas y se pronunció sobre la facultad discrecional del
nominador y la idoneidad del nombrado, sin embargo, nada dijo sobre la estabilidad
laboral, la fuerza vinculante de la Resolución 1250 de 2021, modificada por la
Resolución 348 de 2023 ni tampoco sobre la inexistencia de violación a la carrera
administrativa o la vulneración al mérito, en los términos descritos por cada
excepción» […]”.
2.7. Finalmente, alegó que se contradijo abiertamente la línea adoptada por el mismo
Tribunal en dos casos análogos previamente decididos. Al respecto precisó que el
mismo sindicato presentó dos demandas en el medio de control de nulidad
electoral, contra otros nombramientos en provisionalidad efectuados por la
Defensoría del Pueblo en cargos del Grupo de Investigación para la Defensa, que
fueron resueltas por la Subsección A de la misma Sección del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, así: (i) en el proceso con radicado 25000-23-41-
000-2024-01290-00, contra Gabriel Camilo Mora Rodríguez, se negaron las
pretensiones de la demanda; y (ii) en el proceso con radicado 25000-23-41-000-
2024-01292-00, contra Álvaro Pinzón García, también se negaron las pretensiones,
al considerar, en ambos casos, que el Defensor del Pueblo gozaba de facultad
discrecional para realizar los nombramientos en provisionalidad.
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Accionante: Fredy Alexander Torres
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERA: Tutelar mis derechos fundamentales a la igualdad, debido
proceso, derecho de defensa, derecho al trabajo, derecho al mínimo vital y
demás postulados constitucionales infringidos con ocasión de la SENTENCIA
DE ÚNICA INSTANCIA PROFERIDA DENTRO DEL PROCESO DE NULIDAD
ELECTORAL RAD. 250002341000202401291-00 CON FECHA DEL 27 DE
FEBRERO DE 2026, NOTIFICADA PERSONALMENTE EL 11 DE MARZO DE
2026, proferida por TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN B.
SEGUNDA: Dejar sin efectos la SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
PROFERIDA DENTRO DEL PROCESO DE NULIDAD ELECTORAL RAD.
250002341000202401291-00 CON FECHA DEL 27 DE FEBRERO DE 2026,
NOTIFICADA PERSONALMENTE EL 11 DE MARZO DE 2026, que declaró la
nulidad de la Resolución no. 1137 de 30 de abril de 2024.
TERCERA: Reasignar el proceso de nulidad electoral RAD.
250002341000202401291-00 a una nueva subsección del mismo TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN para efectos que tome
una decisión acorde con el término de 6 meses constitucional, en concordancia
con el debido proceso, derecho de defensa y en consonancia con el principio
de igualdad y las pruebas obrantes en el expediente […]”.
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 25 de marzo de 2026, el magistrado a cargo de la sustanciación
del proceso de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
admitió la presente acción de tutela. Asimismo, ordenó vincular en calidad de
terceros con interés en el resultado del proceso a la Defensoría del Pueblo y al
Sindicato Nacional de Empleados y Contratistas de Defensoría Pública de la
Defensoría del Pueblo – SINECODEP y negó la medida provisional solicitada.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuada la notificación a la autoridad accionada y a los vinculados, se
allegaron los siguientes informes:
5.1. La Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca solicitó se niegue el amparo solicitado e indicó que “[…] me permito
manifestar que la decisión adoptada por este tribunal en la sentencia de única
instancia emitida 27 de febrero de 2026 dentro del medio de control electoral
25000-23-41-000-2024-01291-00, se ajusta a derecha y fue debidamente motivada
desde los puntos de vista fáctico, jurídico, probatorio y jurisprudencia y las razones
de ser de aquella se encuentran consignadas en dicha providencia, en estos
términos, lo que observa el despacho es que lo pretendido por la actora con la
presente acción de tutela es convertir con otro trámite procesal, injustificada e
indebidamente, en otra instancia, lo cual es totalmente improcedente […]”.
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Accionante: Fredy Alexander Torres
5.2. El Sindicato Nacional de Empleados y Contratistas de Defensoría Pública
de la Defensoría del Pueblo solicitó negar las pretensiones de la demanda en la
medida que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B, no incurre en ningún defecto específico de
procedibilidad y es una providencia razonable, motivada y ajustada a derecho.
5.3. La Defensoría del Pueblo solicitó reconsiderar el criterio adoptado, a fin de que
se armonice la decisión objeto de análisis con el precedente jurisprudencial
previamente fijado por el mismo tribunal, en el cual se ha reconocido que la carrera
administrativa de la Defensoría del Pueblo se rige por la Ley 201 de 1995, y que,
conforme a su artículo 138, el nominador cuenta con facultades discrecionales para
definir la provisión de las vacantes mediante encargo o nombramiento en
provisionalidad.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
6. Mediante fallo de tutela de 4 de mayo de 2026, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado que negó las pretensiones de la demanda.
7. Al respecto consideró:
“[…] 3.5.1. Defecto fáctico:
[…]
39. Bajo ese entendido, no se advierte una apreciación arbitraria, caprichosa o
irrazonable del acervo probatorio, ni tampoco la omisión de un elemento de
juicio determinante que, de manera objetiva, condujera a otra conclusión. Por
el contrario, el Tribunal expuso las razones por las cuales no otorgó el alcance
pretendido por el actor a los derechos de petición y a la documentación relativa
a la convocatoria interna realizada en el año 2022 para la implementación del
Laboratorio Forense de Evidencia Digital, que no resultaban suficientes para
desvirtuar la certificación específica de la Subdirección de Gestión de Talento
Humano del Dieciséis (16) de Mayo de Dos Mil Veinticinco (2025), en tanto se
referían a una búsqueda efectuada para otras vacantes y en un contexto
temporal y funcional distinto al del nombramiento cuestionado, sin que, de allí
pudiera concluirse que para el Treinta (30) de Abril de Dos Mil Veinticuatro
(2024) y para el cargo específico de Profesional Especializado en Investigación,
código 2040, grado 17, no existiera personal de carrera idóneo para ser
encargado. Cosa distinta es que, esas pruebas no hubieran sido apreciadas en
el sentido reclamado por el accionante.
40. Esta diferencia no involucra la causal específica de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales denominada defecto fáctico, por
cuanto, en cumplimiento de sus competencias jurisdiccionales, el juez natural
tiene la potestad de examinar la pertinencia, utilidad y conducencia de los
elementos de convicción obrantes en el expediente, así como la de otorgarles
diferentes grados de certeza, siempre que lo haga de manera integral y bajo
los criterios de la sana crítica, conforme aconteció en el asunto materia de
controversia.
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Accionante: Fredy Alexander Torres
41. En ese orden de ideas, se observa que la providencia censurada no deviene
de un actuar caprichoso o ilegal de la autoridad accionada, en la medida en que
su decisión estuvo debidamente motivada, conforme con las pruebas que
fueron aportadas en el aludido proceso, situación de la que se colige que no
incurrió en un defecto fáctico.
3.5.2. Defecto procedimental
44. Por una parte, en este caso, el accionante considera que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca incurrió en un defecto procedimental absoluto
porque «omitió pronunciarse de fondo sobre las excepciones planteados por el
suscrito en la contestación de la demanda». En su concepto, «el Tribunal
accionado apenas y se pronunció sobre la facultad discrecional del nominador
y la idoneidad del nombrado, sin embargo, nada dijo sobre la estabilidad
laboral, la fuerza vinculante de la Resolución 1250 de 2021, modificada por la
Resolución 348 de 2023 ni tampoco sobre la inexistencia de violación a la
carrera administrativa o la vulneración al mérito, en los términos descritos por
cada excepción».
45. Al respecto, la Sala encuentra que, en el fallo acusado, la autoridad judicial
sí relacionó los siguientes argumentos sobre la estabilidad laboral del actor
[…]”.
[…]
46. Si bien el Tribunal no destinó un apartado expreso al análisis de esta
excepción, lo cierto es que, el medio de control electoral se limita a verificar la
legalidad del acto de nombramiento, y, en todo caso, este aspecto no resultaba
determinante para variar el sentido del fallo, en la medida en que la decisión de
declarar la nulidad de la Resolución 1137 de 2024 se sustentó en la verificación
objetiva del desconocimiento del orden de prelación dispuesto por el artículo
138 de la Ley 201 de 1995, y, en ese sentido, en que el mérito prevalece sobre
la estabilidad laboral reforzada del funcionario que no hace parte de la carrera
administrativa.
[…]
3.5.3. Defecto sustantivo:
60. Sobre el particular, es preciso señalar que aplica la segunda modalidad de
desconocimiento del precedente judicial, en razón a que la discusión planteada
gira en torno a si la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca se apartó injustificadamente del precedente
que el accionante estima contenido en las sentencias del mismo Tribunal del
Dieciocho (28) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026) (proceso con radicado
No. 25000-23-41-000-2024-01290-00) y Veintisiete (27) de Junio de Dos Mil
Veinticinco (2025) (proceso con radicado No. 25000-23-41-000-2024-01292-
00).
61. Al respecto, vale la pena aclarar que todas las decisiones del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca invocadas por la parte actora provienen de la
Subsección A de la Sección Primera, y no de la Subsección B, autoridad que
profirió la decisión atacada. En consecuencia, no es cierto que pueda
predicarse un precedente horizontal, pues, como lo ha aclarado el Consejo de
Estado, «la Sala de decisión no estuvo conformada por los mismos
Magistrados, por ende, no se puede predicar vulneración al derecho
fundamental a la igualdad. Es decir que, la posibilidad que diferentes
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02260-01
Accionante: Fredy Alexander Torres
subsecciones tengan una postura distinta en una misma materia se predica de
la independencia judicial de la que gozan los jueces, y ello no constituye un
defecto sustantivo por desconocimiento del precedente.
62. En ese orden, la Sala encuentra que la Subsección B de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no se apartó injustificadamente
del precedente judicial invocado por el accionante. En ese orden, se advierte
que los argumentos expuestos por el accionante no logran acreditar la
configuración de un defecto sustantivo en la sentencia atacada, en tanto las
providencias referidas no se constituyen en precedente judicial que debiera
respetar la autoridad judicial accionada. Por ende, tampoco se advierte una
vulneración de los derechos al debido proceso, igualdad, defensa, trabajo y
mínimo vital […]”.
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
8. La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia argumentando lo
siguiente:
“[…] Las Subsecciones A y B de la Sección Primera del mismo Tribunal llegaron a
interpretaciones diametralmente opuestas del artículo 138 de la Ley 201 de 1995
—una sosteniendo que existe facultad discrecional del Defensor del Pueblo para
proveer las vacantes mediante encargo o provisionalidad, sin orden de prelación
obligatorio; la otra afirmando exactamente lo contrario—, sin que hubiese mediado
variación normativa alguna entre una decisión y otra, y sin que la providencia
atacada ofreciera una carga argumentativa que explicara y justificara
razonablemente ese apartamiento frente al criterio que la misma corporación venía
sosteniendo en casos sustancialmente idénticos.
Ciertamente, la independencia judicial de cada Magistrado y de cada Subsección
es un valor constitucional que debe preservarse, y no se pretende con este cargo
que exista una subordinación funcional entre subsecciones de una misma sección.
Sin embargo, esa independencia no puede ejercerse en un vacío absoluto de
coherencia institucional, pues frente a ella concurre, con la misma jerarquía
constitucional, el derecho de los administrados a la igualdad de trato, a la seguridad
jurídica y a la confianza legítima en que situaciones jurídicas idénticas serán
resueltas de manera consistente por una misma autoridad judicial, así se trate de
salas de decisión diferentes.
Corresponde al Aq quem, como juez de segunda instancia en sede de tutela,
ponderar ambos principios —independencia judicial, de un lado, y coherencia,
igualdad y seguridad jurídica, del otro— y no simplemente descartar el cargo con el
argumento formal de que las subsecciones no comparten integrantes. La sola
circunstancia de que la Subsección B no esté vinculada por un precedente
horizontal estricto de la Subsección A no exime al Tribunal, como órgano unitario,
de justificar de manera expresa, razonada y suficiente por qué, ante hechos
sustancialmente iguales, adoptó una decisión sustancialmente distinta.
En consecuencia, solicito revocar la decisión de primera instancia en este punto y
declarar configurada la vulneración al derecho a la igualdad y a la seguridad jurídica
[…]”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02260-01
Accionante: Fredy Alexander Torres
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
9. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20246.
VIII.2. Problemas jurídicos
10. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado7, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá:
b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante, al haber incurrido,
presuntamente, en un defecto fáctico, procedimental absoluto y sustantivo
por desconocimiento del precedente judicial.
11. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, de acuerdo con los requisitos generales y especiales de procedibilidad;
para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del
asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
12. LaSala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20128, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
1
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.
2
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.
3
“[…] Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”.
4
“[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho […]”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
7
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02260-01
Accionante: Fredy Alexander Torres
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
13. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
14. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.
15. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial9, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución10.
16. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”11 que encaje en dichos
parámetros.
17. Setrata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
9
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
10
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
11
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
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Accionante: Fredy Alexander Torres
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
18. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VIII.4. El caso concreto
19. El señor Fredy Alexander Torres, en nombre propio, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, mínimo vital, a la igualdad y
defensa, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 27 de febrero de 2026,
proferida por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, dentro del medio de control de nulidad electoral identificado con
número de radicación 25000-23-41-000-2024-01291-00.
20. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial, el requisito general de relevancia constitucional.
VIII.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
21. El requisito de procedencia de relevancia constitucional se entiende cumplido
cuando se acredita que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún
derecho fundamental12 y no cuando guarda relación con asuntos de carácter
meramente legal o de contenido económico que deberán ser definidos por otras
jurisdicciones13.
22. En las acciones de tutela contra providencias judiciales14 el referido requisito se
cumple siempre que se evidencie la afectación o vulneración de las garantías
constitucionales o núcleo esencial de los derechos fundamentales y se descarte el
uso del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces15.
23. En cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena del
Consejo de Estado, en sentencia de unificación16, sostuvo que:
“[…] La ‘relevancia constitucional’ es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
12
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
13
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
14
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
15
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
16
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
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Accionante: Fredy Alexander Torres
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de ‘relevancia constitucional’, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera de texto].
24. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202217 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, el accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]
17
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
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Accionante: Fredy Alexander Torres
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho; (iii)
laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican pretensiones
económicas, la Corte ha reconocido la relevancia constitucional del asunto
siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está dirigida a
obtener la protección de un derecho fundamental y no a reabrir la discusión
definida ante los jueces ordinarios.
[…]
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto]
25. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202318.
26. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales19.
27. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante sostuvo que la autoridad accionada vulneró sus
derechos fundamentales indicados supra por haber incurrido, presuntamente, en
un defecto fáctico, procedimental absoluto y sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial.
27.1. Respecto al defecto fáctico señaló que el Tribunal “[…] omitió valorar las pruebas
aportadas por el suscrito en la contestación de la demanda, especialmente las
documentales que indagaban sobre la convocatoria interna que […] realizó la entidad
para proveer la vacante. El Tribunal únicamente tuvo en cuenta la certificación rendida
18
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
19
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
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Accionante: Fredy Alexander Torres
por la entidad, sin embargo, ignoró los derechos de petición y las respuestas emitidas
por la entidad y que fueron aportadas oportunamente en la contestación. […] Sobre
la anterior documental, a pesar de que fue aportada desde la contestación de la
demanda y decretadas, el Tribunal nunca las tuvo en cuenta dentro de su decisión y
que permite concluir a una decisión distinta, en la medida que la entidad s[í] agotó una
búsqueda interna para proveer la vacante, previo al nombramiento provisional del
suscrito. […]”.
27.2. Sobre el defecto procedimental afirmó que “[…] omitió pronunciarse de fondo
sobre las excepciones planteados por el suscrito en la contestación de la demanda
[…] el Tribunal accionado apenas y se pronunció sobre la facultad discrecional del
nominador y la idoneidad del nombrado, sin embargo, nada dijo sobre la estabilidad
laboral, la fuerza vinculante de la Resolución 1250 de 2021, modificada por la
Resolución 348 de 2023 ni tampoco sobre la inexistencia de violación a la carrera
administrativa o la vulneración al mérito, en los términos descritos por cada
excepción» […]”.
27.3. Finalmente,alegó que se contradijo abiertamente la línea adoptada por el
mismo Tribunal en dos casos análogos previamente decididos. Al respecto precisó
que el mismo sindicato presentó dos demandas en el medio de control de nulidad
electoral, contra otros nombramientos en provisionalidad efectuados por la
Defensoría del Pueblo en cargos del Grupo de Investigación para la Defensa, que
fueron resueltas por la Subsección A de la misma Sección del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, así: (i) en el proceso con radicado 25000-23-41-
000-2024-01290-00, contra Gabriel Camilo Mora Rodríguez, se negaron las
pretensiones de la demanda; y (ii) en el proceso con radicado 25000-23-41-000-
2024-01292-00, contra Álvaro Pinzón García, también se negaron las pretensiones,
al considerar, en ambos casos, que el Defensor del Pueblo gozaba de facultad
discrecional para realizar los nombramientos en provisionalidad
28. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realiza desde una óptica
constitucional y ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una
tercera instancia con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el órgano
de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
29. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional.
Para ello es necesario que la parte accionante motive suficientemente las razones
por las que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.
30. Además, no se está poniendo de presente que en la providencia censurada se
haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que el motivo que fundamenta su
inconformidad se sustenta, básicamente, en que declaró la nulidad de la Resolución
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número 1137 de 30 de abril de 2024, que había nombrado al accionante en
provisionalidad en el cargo de Profesional Especializado en Investigación, Código
2040, grado 17 adscrito al grupo de investigación para la defensa de la Dirección
Nacional de Defensoría Pública.
31. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en la providencia cuestionada:
“[…] a) Para la fecha de expedición del acto acusado -30 de abril de 2024-
contrario a lo manifestado por el demandado, el servidor público Carlos Andrés
Rodríguez Torres, funcionario inscrito en carrera administrativa, sí cumplía los
requisitos para ocupar el cargo impugnado, esto es, el empleo de profesional
especializado en investigación, código 2040, grado 17, perteneciente al nivel
profesional, adscrito al grupo de investigación para la defensa de la dirección
nacional de defensoría pública de la Defensoría del Pueblo.
b) Ahora, si bien la citada persona, -Carlos Andrés Rodríguez Torres- quien se
encuentra inscrito en el empleo de técnico en criminalística, código 3010, grado
15, perteneciente al nivel técnico luego fue encargado en la vacante temporal
del empleo de profesional especializado en investigación, código 2040, grado
17 mediante la Resolución no. 2247 de 5 de agosto de 2024, es decir fue
encargado en un empleo de igual categoría al demandado, lo cierto es que, ese
preciso encargo se realizó en una fecha posterior a la expedición del acto
acusado. En efecto, el nombramiento demandado en este caso concreto se
efectuó el 30 de abril de 2024 y el encargo en el empleo de profesional
especializado en investigación, código 2040, grado 17 al señor Carlos Andrés
Rodríguez Torres, se realizó el 5 de agosto de ese mismo año.
18) Es evidente que para la fecha de expedición del acto acusado -30 de abril
de 2024- el servidor público Carlos Andrés Rodríguez Torres, funcionario
inscrito en carrera administrativa, cumplía los requisitos para ocupar el cargo
impugnado, esto es, el empleo de profesional especializado en investigación,
código 2040, grado 17, perteneciente al nivel profesional, adscrito al grupo de
investigación para la defensa de la dirección nacional de defensoría pública de
la Defensoría del Pueblo, cargo que de conformidad con la Resolución no. 1406
de 15 de octubre de 2019 expedida por el Defensor del Pueblo hace parte del
Nivel Profesional. Asimismo, cabe resaltar, que, para la fecha de expedición del
acto demandado, la citada persona ocupaba un empleo de grado inferior, esto
es, como de técnico en criminalística, código 3010, grado 15, perteneciente al
nivel técnico, ya que de conformidad con la Resolución no. 1406 de 15 de
octubre de 2019 expedida por el Defensor del Pueblo este último empleo hace
parte del Nivel Técnico.
19) Por tanto, es claro que para el momento de la expedición del acto
demandado existía un servidor público inscrito en el escalafón de la carrera
administrativa de la Defensoría del Pueblo que podía ser designado en el cargo
impugnado, ya que cumplía con los requisitos para ser nombrado en ese
empleo, encontrándose además en un cargo inferior al demandado. Es decir,
respecto de ese preciso servidor público se debía dar prelación a la figura del
encargo, por tanto, es claro que en este caso concreto no se podía acudir a la
figura de la provisionalidad por lo que existe incumpliendo del ordenamiento
jurídico analizado.
20) En este caso concreto no se acreditó que para el momento de la expedición
del acto administrativo demandado existían listas de elegibles vigentes, pero sí
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Accionante: Fredy Alexander Torres
se probó que existían funcionarios de carrera que cumplían con los requisitos
para ser designados en encargo en el cargo vacante de profesional
especializado en investigación, código 2040, grado 17, perteneciente al nivel
profesional, adscrito al grupo de investigación para la defensa de la dirección
nacional de defensoría pública de la Defensoría del Pueblo puesto que existía
un funcionario disponible que se encontraba en un cargo inferior de técnico en
criminalística, código 3010, grado 15, perteneciente al nivel técnico. Por tanto,
es claro que en este caso concreto la Defensoría del Pueblo desconoció la
figura del encargo, para en su lugar a nombrar provisionalmente al demandado,
por lo que se desconocieron los principios de la carrera administrativa y su
propia regulación especial contenida en la Ley 201 de 1995.
21) El demandado Fredy Alexander Torres argumenta que cumple con los
requisitos y el perfil para ocupar el cargo demandado, en tanto que es ingeniero
de sistemas que laboró al menos 21 años como servidor público al servicio del
extinto DAS -Departamento Administrativo De Seguridad- y de la Policía
Nacional, ostenta estudios de posgrado de “Maestría En Ciberseguridad e
Informática Forense”, maestría finalizada el 11 de diciembre 2023 y que
corresponden a conocimientos directamente aplicables al cargo como perito en
el laboratorio forense de evidencia digital y que la experiencia que adquirió en
la Policía Nacional es directamente relacionada con las labores que ocupa
como perito dentro de la Defensoría Del Pueblo.
Estos argumentos no son de recibo para la Sala por lo siguiente
a) Al respecto, la Sala precisa que la figura del encargo, se constituye como
un derecho mínimo laboral instituido a favor de los empleados de carrera
en el régimen general, cuya prerrogativa tiende a garantizar aspectos
básicos del sistema de mérito y de los principios de la función pública, toda
vez que el derecho preferencial de encargo de los empleados de carrera,
previsto en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, tiene como finalidad
proteger el mérito y la función pública y se ha erigido como una prerrogativa
mínima. Lo anterior permite concluir que no es posible aceptar que los
sistemas especiales de carrera, como el establecido en la Ley 201 de 1995,
desconozcan, inobserven y no se compadezcan con los logros y derechos
mínimos alcanzados por los trabajadores que fueron positivizados en el
sistema general de carrera, pues una interpretación en contrario implicaría
darle un carácter al régimen específico como laboralmente regresivo y, por
ende, contrario a los fines del Estado social y a los derechos de arraigo
constitucional.
b) En este caso concreto, para el momento de expedición del acto
demandado, existía un servidor público inscrito en el escalafón de la carrera
administrativa de la Defensoría del Pueblo que podía ser designado en el
cargo impugnado, ya que cumplía con los requisitos para ser nombrado en
ese empleo, encontrándose además en un cargo inferior al demandado. Es
decir, respecto de ese preciso servidor público de carrera se debía dar
prelación a la figura del encargo, por tanto, es claro que en este caso
concreto no se podía acudir a la figura de la provisionalidad por lo que existe
incumpliendo del ordenamiento jurídico.
[…]
23) Finalmente, en cuanto a la aplicación de la sentencia C-503 del 3 de diciembre
de 2020 se precisa que con tal pronunciamiento se estudió la constitucionalidad de
los artículos 82, 185, 186, 187, 188 y 218 del Decreto Ley 262 de 2000 –régimen
de carrera de la Procuraduría General de la Nación–, conforme los cargos de la
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Accionante: Fredy Alexander Torres
demanda, para lo cual declaró su exequibilidad y dispuso estarse a lo resuelto en
la sentencia C-077 de 2004. De este modo, tal pronunciamiento no estableció una
regla o subregla aplicable al asunto objeto de esta demanda, por lo que, tampoco
es posible extender sus efectos a la regulación propia de la Defensoría del Pueblo
y, mucho menos por analogía. En tal sentido, no constituye un precedente
jurisprudencial que dicte una línea jurisprudencial en el caso en particular.
Por estas mismas razones, tampoco es aplicable la sentencia C-102 de 2022, dado
que en esta se resolvió una demanda contra los numerales 3 y 4 del artículo 11
(parcial) del Decreto ley 020 de 2014, “[p]or el cual se clasifican los empleos y se
expide el régimen de carrera especial de la Fiscalía General de la Nación”.
Adicionalmente, en relación con la materia de este proceso, debe tenerse presente
que a través del artículo 24 del Acto Legislativo 2 de 2015 se modificó el artículo
281 Constitucional, para establecer que “[e]l Defensor del Pueblo ejercerá sus
funciones de manera autónoma”; ello, puesto que, en la legislación anterior se
contemplaba que “[e]l Defensor del Pueblo formará parte del Ministerio Público y
ejercerá sus funciones bajo la suprema dirección del Procurador General de la
Nación.”
Por tanto, actualmente la Defensoría del Pueblo ejerce de manera autónoma
respecto de la dirección de la Procuraduría General de la Nación y, en tal sentido,
por tratarse de regímenes de carrera administrativa distintos no es posible aplicar
ni por extensión ni por analogía los efectos de una sentencia de constitucionalidad
que analizó la regulación de esta última, como lo es la sentencia C-503 del 3 de
diciembre de 2020 […]”.
32. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no
se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso contencioso administrativo.
33. Por el contrario, se observa que
la Subsección B de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca realizó un estudio razonable del caso.
34. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”20.
35. Significalo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”21. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
20
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
21
Ibid.
16
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Accionante: Fredy Alexander Torres
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”22.
36. Finalmente, la Sala precisa que para que se configure el defecto por
desconocimiento del precedente jurisprudencial horizontal, es requisito
indispensable que la identidad fáctica y jurídica se predique respecto de decisiones
dictadas por el mismo funcionario o por la misma corporación judicial en una sala o
subsección idéntica a aquella que profirió la providencia controvertida.
37. Estasección ha considerado que las subsecciones, en el marco de sus
competencias, gozan de una independencia interpretativa legítima, por lo que los
pronunciamientos de una no atan ni configuran un dictado ineludible para la otra,
salvo que se trate de una sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de
esta Corporación o de la Sección Segunda en pleno, supuesto que no se configura
en este caso.
38. Con fundamento en los anteriores razonamientos, esta Sección revocará el fallo
impugnado y, en su lugar, se declarará improcedente la presente acción de tutela
por carecer de relevancia constitucional, como se dispondrá en la parte resolutiva
de esta decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 4 de mayo de 2026, proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En su lugar,
DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
22
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.
17
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02260-01
Accionante: Fredy Alexander Torres
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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