Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02261-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02261-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-02261-00
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02261-00
Accionante: Amparo Echeverry Zuleta
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela - Sentencia de primera instancia
La Sala resuelve la demanda en ejercicio de la acción de tutela interpuesta por la
señora Amparo Echeverry Zuleta contra la sentencia del 18 de septiembre de 2025,
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
SÍNTESIS1
La accionante cuestiona la sentencia del 18 de septiembre de 2025, proferida por
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual
se revocó la decisión que había accedido parcialmente a las pretensiones y, en su
lugar se negó el reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente. Se declara
la improcedencia de la demanda por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional, toda vez que la accionante reitera los argumentos que ya fueron
debidamente debatidos y resueltos en el proceso ordinario.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1. El 19 de marzo de 2026, la señora Amparo Echeverry Zuleta, por medio de
apoderada judicial, interpuso acción de tutela contra la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado para obtener la protección de sus derechos
fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, a la vida digna y a la igualdad.
En criterio de la accionante, esas garantías constitucionales fueron vulneradas por la
sentencia del 18 de septiembre de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con el radicado núm. 25000-23-42-000-2013-06401-00/01, promovido
contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, en adelante, “UGPP”.
2. La accionante formuló las siguientes pretensiones (se transcribe):
1 Temas: Demanda de tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del derecho/
Improcedencia / Relevancia constitucional.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02261-00
Accionantes: Amparo Echeverry Zuleta
Se declara la improcedencia
“(…) 1. Solicito Honorables Magistrados, que de conformidad con los argumentos
expuestos en la presente Acción de Tutela se AMPAREN los Derechos
Constitucionales Fundamentales de mi poderdante A LA SEGURIDAD SOCIAL, AL
MÍNIMO VITAL, A LA VIDA DIGNA Y A LA IGUALDAD, consagrados por los artículos
29, 229, 13, 11, 1 y 28 de la Constitución Política de Colombia, que están siendo
amenazados y vulnerados por la Sentencia de segunda instancia fechada 18 de
septiembre de 2025 proferida por el Honorable CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A,
mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda; lo anterior, de
conformidad con las consideraciones aquí expuestas.
2. Solicito, Honorables Magistrados, se REVOQUE la sentencia de segunda instancia
fechada 18 de septiembre de 2025 proferida por el Honorable CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A y como consecuencia de lo anterior DEJAR SIN EFECTOS la citada
sentencia, lo anterior de conformidad con los fundamentos fácticos y jurídicos
anteriormente expuestos.
3. Que se ORDENE al Honorable CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A que, en
su calidad de Juez Natural, dentro de los dos meses siguientes a la notificación de la
decisión de tutela, profiera una nueva Sentencia, de conformidad con los lineamientos
establecidos por el Juez de esta Tutela y, por ende, respetuosa de los Derechos
Constitucionales fundamentales de nuestros representados.
4. Subsidiariamente se SOLICITA el AMPARO TRANSITORIO de los derechos
fundamentales de la señora AMPARO ECHEVERRY ZULETA ante la presencia de un
perjuicio irremediable al mínimo vital, la vida digna y a la garantía a la estabilidad
laboral reforzada, se ORDENE a LA CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL EICE
EN LIQUIDACIÓN que suspenda los efectos de la Resolución RDP 017012 del 16 de
abril de 2013 concediendo la pensión de sobrevivientes a la señora AMPARO
ECHEVERRY ZULETA.
5. Que se adopten todas las demás medidas necesarias para tutelar y reivindicar los
Derechos Constitucionales Fundamentales de mi Representada, que fueron
vulnerados con Sentencia de segunda instancia fechada 18 de septiembre de 2025,
proferida por el Honorable CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A (Negrillas y mayúscula del
texto original).
B. Hechos
3. La señora Amparo Echeverry Zuleta convivió en unión marital de hecho con el
señor Luis Enrique Briceño Moreno desde el 1° de febrero de 1968 hasta el 4 de
octubre de 2011, fecha en que este falleció. De esa unión nacieron seis (6) hijos, lo
que acredita una convivencia real, estable y prolongada, así como un vínculo familiar
consolidado.
4. En vida, el señor Luis Enrique Briceño Moreno obtuvo el reconocimiento de una
pensión de jubilación mediante Resolución núm. 6240 del 13 de agosto de 1982,
proferida por la Caja Nacional de Previsión Social EICE en Liquidación, en cuantía
de treinta y ocho mil seiscientos treinta y un pesos con siete centavos de $38.631,07,
efectiva a partir del 1° de abril de 1981.
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Accionantes: Amparo Echeverry Zuleta
Se declara la improcedencia
5. Fallecido el causante, la señora Amparo Echeverry Zuleta solicitó ante la UGPP el
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en calidad de compañera
permanente supérstite. Mediante Resolución RDP 017012 del 16 de abril de 2013, la
entidad negó la prestación.
6. La señora Amparo Echeverry Zuleta demandó la nulidad de la Resolución núm.
RDP 017012 del 16 de abril de 2013, mediante la cual la UGPP le negó la pensión
de sobrevivientes como compañera permanente del causante, y solicitó su
reconocimiento y pago, con retroactivo e intereses moratorios conforme al artículo
141 de la Ley 100 de 1993. Este proceso se acumuló con el promovido por la señora
Martha Cecilia Benavides Díaz, quien como cónyuge supérstite perseguía idéntica
prestación y la nulidad de las resoluciones que se la negaron.
7. Mediante sentencia del 27 de junio de 2019, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca declaró la nulidad de la Resolución núm. RDP 017012 del 16 de abril
de 2013, condenó a la UGPP a pagar el 50% de la pensión de sobrevivientes a la
señora Amparo Echeverry Zuleta desde el 5 de octubre de 2011 y el 50% restante a
la señora Martha Cecilia Benavides Díaz, con prescripción de las mesadas anteriores
al 2 de junio de 2012, al tener por acreditada la convivencia simultánea del causante
con ambas durante los cinco (5) años previos a su fallecimiento. Las demás
pretensiones fueron negadas.
8. Inconforme con esa decisión, las partes interpusieron recurso de apelación. La
UGPP pidió revocar el fallo por no haberse acreditado la convivencia de ninguna de
las demandantes durante los 5 años anteriores al fallecimiento. La señora Martha
Cecilia Benavides Díaz reclamó el 100% de la pensión como cónyuge supérstite. La
señora Amparo Echeverry Zuleta se opuso al reconocimiento a favor de aquella,
cuestionó la validez del matrimonio por inconsistencias en la escritura pública núm.
3833 del 8 de octubre de 2003, y reclamó el 100% de la prestación, dado que su
convivencia con el causante fue de 36 años, 3 meses y 21 días, frente a los 8 años
y 6 días atribuibles a la señora Benavides Díaz.
9. En sentencia del 18 de septiembre de 2025, la Sección Segunda, Subsección A,
del Consejo de Estado revocó el fallo de primera instancia y negó las pretensiones
de ambas demandantes, por cuanto el acervo probatorio no permitió acreditar la
convivencia efectiva con el causante durante los 5 años continuos anteriores a su
fallecimiento, dado que los testimonios aportados no dieron cuenta de los aspectos
subjetivos propios de una comunidad de vida con vocación de permanencia. Se
condenó en costas en ambas instancias a las demandantes.
C. Fundamentos de la vulneración
10. La accionante sostiene que la sentencia vulneró sus derechos fundamentales a la
seguridad social, al mínimo vital, a la vida digna y a la igualdad, al incurrir en los
siguientes defectos:
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Accionantes: Amparo Echeverry Zuleta
Se declara la improcedencia
10.1. Defecto fáctico, por cuanto la accionada reconoció la convivencia entre la
accionante y el causante y la procreación de seis hijos, pero concluyó, sin justificación
lógica suficiente, que no existía una comunidad de vida jurídicamente relevante para
el reconocimiento de la prestación, y exigió, sin sustento legal ni jurisprudencial, que
los testigos narraran aspectos como el trato entre la pareja, el apoyo emocional y
espiritual, la confianza, la empatía y el reconocimiento social como núcleo familiar, lo
que derivó en una valoración contraevidente del acervo probatorio.
10.2. Defecto sustantivo por aplicación indebida del literal a) del artículo 47 de la Ley
100 de 1993, al omitir el análisis de la justa causa alegada para justificar las
eventuales interrupciones en la convivencia, derivada de los cuidados dispensados
al hijo Francisco Javier Briceño por su delicado estado de salud, circunstancia que,
conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Sala de Casación
Laboral, no conlleva la pérdida del derecho. Así lo ha precisado la Subsección B de
la Sección Segunda de esta Corporación en sentencia del 4 de mayo de 2023,
radicado 47001-23-33-000-2016-00471-02 (2430-2022).
D. Trámite procesal
11. Mediante auto del 24 de marzo de 2026, se admitió la demanda de tutela 2, se
negó la medida provisional solicitada y se ordenó notificar a la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado como accionada y, en calidad de terceros
con interés, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, y a la UGPP.
E. Oposiciones e intervenciones
12. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A 3,
solicitó su desvinculación del proceso, por cuanto la acción no le atribuye
responsabilidad alguna en la presunta vulneración de derechos fundamentales de la
accionante, reproche que se dirige de manera exclusiva contra la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado con ocasión del fallo del 18 de septiembre
de 2025.
13. La UGPP4 solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela con fundamento
en los siguientes argumentos: (i) la sentencia del 18 de septiembre de 2025 se ajustó
al ordenamiento jurídico, valoró debidamente el acervo probatorio y no incurrió en
defecto fáctico ni sustantivo, por lo que no puede catalogarse como una vía de hecho;
(ii) no se acreditaron los requisitos generales de procedencia de la tutela contra
providencias judiciales, en particular los de subsidiariedad, inmediatez y perjuicio
irremediable, dado que la accionante no agotó el recurso extraordinario de revisión
antes de acudir a esta vía excepcional; (iii) lo pretendido equivale a convertir la tutela
en una instancia adicional para reabrir un debate ya resuelto por el juez natural con
2 Índice 4 de Samai.
3 Índice 12 de Samai.
4 Índice 16 de Samai.
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Se declara la improcedencia
observancia del principio de doble instancia, lo que desconoce la cosa juzgada y la
autonomía judicial; y (iv) no se demostró vulneración al mínimo vital ni a la vida digna,
pues la accionante no acreditó carecer de otros medios de subsistencia.
14. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado 5 no rindió el
informe requerido y se limitó a remitir el expediente del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
II. CONSIDERACIONES
F. Competencia
15. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para resolver la demanda de tutela interpuesta por la señora Amparo Echeverry
Zuleta contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en los
Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y en el Reglamento del Consejo de Estado
(Acuerdo 80 de 2019).
G. Sentido de la decisión
16. La Sala negará la solicitud de desvinculación de la presente acción judicial
formulada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, por cuanto dicha autoridad fue vinculada al presente trámite en calidad
de tercero con interés al haber proferido la sentencia de primera instancia en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
17. En cuanto al fondo del asunto, se declarará improcedente la acción de tutela por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, toda vez que la accionante
pretende reabrir el debate probatorio y jurídico que fue resuelto en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, sin plantear argumentos que trasciendan lo
ya analizado por el juez natural. En tal virtud, por razones metodológicas la Sala se
abstendrá de efectuar el estudio de los demás requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencia judiciales6.
5 Índice 11 de Samai.
6 Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Corte Constitucional ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de
evidente relevancia constitucional; b) que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y
extraordinarios– de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración; d) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y
que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; e) que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible, y f) que no se
trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de 2005).
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Se declara la improcedencia
H. El requisito de relevancia constitucional
18. La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra providencias
judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger los derechos
fundamentales 7 . En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección de la
decisión cuestionada 8 , con el fin de impedir “que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para
discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial”.
19. Aunado a lo anterior, con el fin de evitar que la acción de tutela contra providencia
judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir el debate del
proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte Constitucional
estableció que la cuestión que se discute debe ser de evidente relevancia
constitucional. De esta manera, se busca evitar que el juez constitucional se
involucre en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones9.
20. En la sentencia SU-215 de 2022 10 , la Corte Constitucional identificó los
siguientes criterios de análisis para establecer si la demanda en ejercicio de la
acción de tutela contra una providencia judicial supera el requisito de relevancia
constitucional:
i) el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance
y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto
meramente legal y/o económico, en otras palabras, el asunto debe ser trascendente
para la interpretación, aplicación y desarrollo de la Constitución Política o para la
determinación del alcance de un derecho fundamental;
ii) la controversia no debe limitarse a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico, en ese sentido, no se debe emplear la acción de tutela como
una tercera instancia o un recurso adicional para reabrir debates meramente legales y
la solicitud debe trascender la mera inconformidad con las decisiones adoptadas por
los jueces naturales;
iii) se deben plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la providencia
judicial afectó de manera grave un derecho fundamental, entonces, no basta con la
sola referencia a la afectación de las garantías superiores para encontrar probada la
relevancia constitucional, sino que se debe justificar razonablemente la existencia de
una restricción desproporcionada a un derecho fundamental; y el examen de la acción
de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto, lo que implica
verificar que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria
o violatoria de los derechos fundamentales.
7 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
8 Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-128 de 2021,
M.P. Cristina Pardo Schlesinger y SU-134 de 2022, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
9 Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210
de 2017, M.P. José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P.
Alberto Rojas Ríos y SU-073 de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
10 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Se declara la improcedencia
21. Para la Corte Constitucional11, el requisito de relevancia constitucional comporta
tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de
la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de
los jueces.
22. Por todo, la Corte Constitucional ha insistido en que la intervención del juez
constitucional sólo está justificada cuando “[…] la providencia judicial sea
definitivamente incompatible con el alcance y límite de los derechos fundamentales
que han sido desarrollados por la Corte o que ella genere una anomalía en el
sistema jurídico de tal entidad que haga necesaria o imperiosa la intervención del
juez constitucional”12.
I. La falta de relevancia constitucional en el caso concreto
23. La Sala advierte que la demanda de tutela no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, pues su finalidad es reabrir el debate probatorio y jurídico para que se
determine que la accionante sí tenía derecho al reconocimiento de la sustitución
pensional, lo cual fue objeto de estudio por parte del juez natural en las dos instancias
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y no puede ser controvertido
por esta vía excepcional.
24. Revisado el expediente, está acreditado que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en sentencia del 27 de junio de 2019, accedió parcialmente a las
pretensiones y ordenó el reconocimiento del 50% de la sustitución pensional a favor
de la señora Amparo Echeverry Zuleta; sin embargo, la accionante interpuso recurso
de apelación porque consideró que le asistía el derecho al reconocimiento de la
prestación en cuantía del 100%, en su calidad de compañera permanente supérstite,
con fundamento en que había convivido de manera continua e ininterrumpida con el
causante desde el 1 de febrero de 1968 hasta el 4 de octubre de 2011, esto es, por
un lapso de 36 años, 3 meses y 21 días, y que de esa unión procrearon 6 hijos,
circunstancias que, a su juicio, acreditaban plenamente el requisito de convivencia
efectiva exigido por el artículo 47 de la Ley 100 de 1993.
25. Adicionalmente, cuestionó la calidad de cónyuge supérstite de la señora Martha
Cecilia Benavides Díaz, al señalar que la escritura pública núm. 3833 del 8 de octubre
de 2003 presentaba inconsistencias que ponían en duda la existencia del vínculo
matrimonial, y que en todo caso esta no había demostrado convivencia efectiva con
el causante, pues se trataba de la empleada doméstica de la hermana de este.
11 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
12 Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Se declara la improcedencia
26. En el mismo sentido, la señora Martha Cecilia Benavides Díaz apeló la decisión
de primera instancia porque consideró que en su calidad de cónyuge supérstite le
asistía el derecho al reconocimiento de la prestación en cuantía del 100%, al haber
convivido con el causante desde la fecha de su matrimonio hasta el día de su
fallecimiento. Por su parte, la UGPP también interpuso recurso de apelación, con
fundamento en que el acervo probatorio no permitió concluir hasta cuándo la señora
Amparo Echeverry Zuleta convivió con el causante, razón por la que no pudo
establecerse el requisito de convivencia durante los últimos 5 años anteriores a su
fallecimiento; que debió prestarse atención al testimonio de la señora Cecilia Briceño,
hermana del causante, quien afirmó que él vivía con ella y no con la señora
Benavides Díaz; y que la existencia de una denuncia penal interpuesta por la señora
Echeverry Zuleta contra la señora Benavides Díaz por fraude procesal, injuria y
calumnia daba cuenta de que ninguna de las demandantes cumplió con el requisito
de convivencia efectiva exigido por la ley.
27. Como todas las partes apelaron, la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado quedó habilitada para pronunciarse sobre la totalidad de la
decisión de primera instancia sin limitación alguna, razón por la que estudió y valoró
la totalidad del acervo probatorio obrante en el expediente, conformado por los
testimonios practicados en audiencia, las declaraciones extrajuicio aportadas por las
partes y el interrogatorio de parte rendido por la señora Martha Cecilia Benavides
Díaz, y concluyó que ninguna de las demandantes acreditó el requisito de
convivencia efectiva durante los 5 años continuos inmediatamente anteriores al
fallecimiento del causante, en tanto los medios de prueba resultaron insuficientes
para demostrar una comunidad de vida estable, permanente y con vocación de
unidad, razón por la que revocó la sentencia de primera instancia y negó la totalidad
de las pretensiones. Al respecto, la providencia cuestionada señaló:
“(…) Del análisis del anterior acervo probatorio, la Sala advierte que de los 3 requisitos
que exige la norma, tan solo se probó el de la calidad de cónyuge y compañera
permanente; mientras que los de vida marital con el causante hasta su muerte y
convivencia con el fallecido por no menos de 5 años continuos, inmediatamente
anteriores a su muerte, no fueron debida y suficientemente acreditados por las
demandantes.
Nótese que este es el punto esencial del presente litigio, por cuanto el requisito del
criterio temporal de la convivencia es el que advirtió el juez de primera instancia que sí
se cumplió, pero que debaten la entidad demandada y el Ministerio Público y las
demandantes entre sí. Para ello, la Sala pone de presente, respecto a la señora Martha
Cecilia Benavides Díaz, que la ley acoge un criterio material ─convivencia efectiva al
momento de la muerte─ y no simplemente formal ─vínculo matrimonial─ en la
determinación de la persona legitimada para gozar de la prestación económica.
Por consiguiente, los medios de prueba no permitieron concluir que entre la cónyuge
supérstite y el causante hubiera una relación con las características propias de una
verdadera vida de casados, es decir, convivencia, apoyo y soporte mutuo.
En otras palabras: la señora Benavides Díaz no comprobó que entre ella y el señor
Luis Enrique Briceño Moreno se hubiese gestado una comunidad de vida estable,
permanente y definitiva en la que la ayuda mutua y la solidaridad como pareja fuesen
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Se declara la improcedencia
la base de la relación, permitiendo que bajo un mismo techo se consolidase un hogar
en el que se buscara la singularidad, producto de la pretensión voluntaria de crear una
familia.
(…)
Como se observa, tales preguntas crean una serie de dudas sobre la idoneidad de los
aludidos medios de convicción y de su capacidad para acreditar la supuesta comunión
de vida del titular del derecho pensional y su reclamante supérstite, pues estos no
brindaron credibilidad, peso o fuerza probatoria porque puede concluirse que sus
cualidades, así como la plausibilidad del mensaje por estos comunicado, no reportaron
verídicamente el hecho objeto de litigio, pues no fue posible determinar si entre la
señora Benavides Díaz y el señor Luis Enrique Briceño Moreno existía o no una
auténtica comunidad de vida.
Se recuerda que la sola demostración de la existencia de un vínculo matrimonial
vigente o las manifestaciones reiteradas de que los esposos vivían bajo el mismo
techo, donde compartían lecho y mesa, no son criterios suficientes para poder acceder
al reconocimiento de una sustitución pensional, cuya carga onerosa y vitalicia debe
tener una justificación clara y evidente para que su titularidad sea trasladada a un
tercero.
Valiéndose de las mismas consideraciones, la Sala estima que la señora Amparo
Echeverry Zuleta tampoco demostró la convivencia bajo un mismo techo con el
causante, así como una vida de socorro y de carácter permanente, por lo que carece
de los fundamentos que permiten presumir los elementos que constituyen un núcleo
familiar, que es el sustentado y protegido por la Constitución, dado que no probó el
apoyo mutuo y constante, la comprensión, la vocación de estabilidad, el correlativo
respeto y el soporte económico, emocional y espiritual.
Se concluye lo anterior, en consideración a que los testimonios de José Ignacio Cuevas
Rodríguez y Jaime Alejandro Castro López, así como las declaraciones extrajuicio, si
bien fueron contestes en afirmar que entre la señora Amparo Echeverry Zuleta y el
causante existió convivencia y procrearon hijos, lo cierto es que no dieron cuenta de
los detalles que se esperan de una relación de pareja, es decir, no narraron aspectos
relacionados a los proyectos en común que tenían, al trato que se proporcionaban, a
las festividades que celebraban, a los viajes que realizaron, entre otras.
Por ende, al extrañarse esa clase de información, esto es, los aspectos subjetivos de
la convivencia, resulta palmario que más allá del vínculo legal de ser progenitores de
una serie de hijos, el acervo probatorio no permitió dilucidar que entre la señora
Echeverry Zuleta y el causante se hubiera gestado una auténtica comunidad de vida,
caracterizada por el ánimo mutuo de permanencia y de unidad, de los que se derivan,
jurídicamente, la noción de familia.
Lo anterior impide tener como cierto el supuesto de la unión de vida permanente de las
parejas en cuestión, pues se evidenció que las pruebas con las que se buscaba
acreditar lo propio fueron, en sí mismas, inconducentes y, por lo tanto, incumplieron
con uno de los elementos esenciales para que tuvieran capacidad demostrativa.
En síntesis, en el presente proceso hubo deficiencias probatorias, en la medida que no
se aportaron pruebas idóneas que dieran cuenta, objetivamente, sobre la comunidad
de vida de las demandantes con el causante. De ese modo, ante la ausencia de este
material, las pretensiones no tienen vocación de prosperar, por cuanto su estudio
exigía la demostración, más allá de toda duda razonable, de una unión con vocación
de permanencia, lo cual obedece a lo dispuesto por el artículo 167 del Código General
del Proceso, conforme con el cual incumbe «[…] a las partes probar el supuesto de
hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen».
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Accionantes: Amparo Echeverry Zuleta
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28. De lo expuesto se advierte que los planteamientos formulados por la accionante
recaen sobre aspectos que fueron expresamente examinados por la autoridad
judicial accionada al resolver los recursos de apelación interpuestos por todas las
partes, esto es, la valoración de los medios de prueba aportados para acreditar la
convivencia efectiva con el causante durante los 5 años continuos inmediatamente
anteriores a su fallecimiento y la determinación del marco normativo aplicable a la
sustitución pensional reclamada, frente a los cuales la accionante tuvo plena
oportunidad de plantear y controvertir sus argumentos en las dos instancias del
proceso ordinario.
29. En ese sentido, es claro que lo que la accionante presenta como defectos
constitucionales no es más que su inconformidad con la valoración probatoria
efectuada por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y con
las conclusiones a las que esta arribó en ejercicio de su autonomía judicial, sin que
se evidencie un vicio constitucional autónomo y verificable que trascienda el mero
desacuerdo interpretativo y que habilite el estudio de fondo de la presente acción de
tutela, razón por la que se declarará su improcedencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A.
SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la demanda de tutela por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito
y eficaz
CUARTO: Una vez notificada, y si no fuera impugnada ENVIAR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
QUINTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Presidente Magistrado
10
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