Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02265-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02265-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-02265-01
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
17 de julio de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02265-01
Accionante: Marcial Francisco Ortega Reyes
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02265-01
Accionante: Marcial Francisco Ortega Reyes
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – Carácter subsidiario del amparo. Requisitos
generales y especiales de procedencia. Defecto fáctico. Desconocimiento del precedente. Amparo
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia
proferida el 23 de abril de 2026 por la Sección Primera del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Marcial Francisco Ortega Reyes interpuso acción de tutela con el fin de obtener el amparo
de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y a “que se apliquen los principios de favorabilidad y los
inherentes a la seguridad social”1, los cuales considera vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Nariño, con ocasión de la sentencia del 28 de noviembre de 2025, que
revocó el fallo emitido el 31 de julio de 2025 por el Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito de Pasto y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda al interior del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
número 52001-33-33-003-2023-00281-01.
2. Hechos
El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica:
2.1. El señor Marcial Francisco Ortega Reyes promovió demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación-Ministerio de
Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG),
con el propósito de obtener la nulidad del acto administrativo ficto derivado del silencio
frente a la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes y, a
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Índice 00002 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado 7A3DB80D231BA6AD
C77B7C4DFD03F1A1 DAAD4C6BC8592D49 37F0FB6ACA246265.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02265-01
Accionante: Marcial Francisco Ortega Reyes
título de restablecimiento del derecho, que se ordenara el reconocimiento y pago de dicha
prestación, con fundamento en la Ley 71 de 1988 y las demás disposiciones que estimó
aplicables.
2.2. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
de Pasto bajo el radicado núm. 52001-33-33-003-2023-00281-01, autoridad que
mediante sentencia de 31 de julio de 2025 accedió a las pretensiones de la demanda. En
esa oportunidad declaró la nulidad del acto administrativo demandado y ordenó a la
entidad accionada reconocer y pagar la pensión de jubilación por aportes a favor del
demandante, al considerar demostrado que había cumplido los requisitos previstos en la
Ley 71 de 1988 y el Decreto 2709 de 1994, por cuanto acreditó más de veinte años de
aportes efectuados al entonces Instituto de Seguros Sociales y al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, así como la edad exigida para acceder a dicha
prestación.
2.3. Inconforme con la anterior decisión la parte demandada interpuso recurso de
apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Nariño, a través de
sentencia de 28 de noviembre de 2025, en el sentido de revocar el fallo de primera
instancia y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.
Para sustentar esa decisión, el tribunal consideró que el material probatorio obrante en el
expediente permitía establecer que el actor adquirió una vinculación formal, legal y
reglamentaria al servicio público educativo únicamente con posterioridad al 27 de junio de
2003, fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, circunstancia que impedía
reconocerle el régimen pensional previsto en la Ley 33 de 1985. Asimismo, concluyó que
las certificaciones aportadas para acreditar los períodos laborados como docente
mediante contratos de prestación de servicios no resultaban suficientes para demostrar
tales tiempos de servicio, razón por la cual revocó la decisión apelada y condenó en
costas al demandante.
3. Pretensiones y argumentos de la solicitud
La parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en
consecuencia, pidió dejar sin efectos la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2025
por el Tribunal Administrativo de Nariño, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 52001-33-33-003-2023-00281-01, y ordenar a dicha autoridad
judicial dictar una nueva providencia en la que valore integralmente las certificaciones
laborales aportadas al proceso, aplique el régimen jurídico que considera procedente y
observe la jurisprudencia que, a su juicio, resulta aplicable al caso.
Asimismo, solicitó exhortar al Tribunal para que, en decisiones futuras, no desconozca el
valor probatorio de las certificaciones expedidas por entidades públicas ni atribuya
carácter de sentencia de unificación a providencias que no ostentan esa naturaleza.
Como fundamento de la acción constitucional, el accionante sostuvo que la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño vulneró sus derechos fundamentales al
incurrir en diversos defectos constitucionales. En primer lugar, afirmó que la providencia
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Accionante: Marcial Francisco Ortega Reyes
adolece de un defecto fáctico, debido a que dejó de valorar las certificaciones expedidas
por las Secretarías de Educación de Nariño y Cauca, así como los demás documentos
aportados al proceso, los cuales, en su criterio, acreditaban los períodos durante los
cuales prestó sus servicios como docente mediante contratos de prestación de servicios.
Agregó que tales certificaciones constituyen documentos públicos que gozan de
presunción de autenticidad y veracidad, razón por la cual no podían ser desestimadas por
el solo hecho de no haberse allegado los respectivos contratos.
De igual manera, manifestó que la autoridad judicial accionada profirió una decisión
carente de motivación y desconoció el precedente judicial, por cuanto sustentó su
decisión en una providencia del Consejo de Estado de 13 de febrero de 2020, a la que
atribuyó el carácter de sentencia de unificación, pese a que, según afirmó, dicha
providencia no ostenta esa naturaleza y, además, reconoce eficacia probatoria a
certificaciones expedidas por entidades territoriales para acreditar tiempos de servicio
docente.
En ese contexto, sostuvo que el Tribunal se apartó injustificadamente de decisiones del
propio Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Nariño en las que se habría
reconocido valor probatorio a ese tipo de certificaciones para efectos del reconocimiento
pensional.
En la solicitud de amparo se invocaron como sustento un precedente vertical y otro
horizontal. El primero corresponde a la sentencia de 30 de enero de 2025 de la Sección
Segunda del Consejo de Estado (rad. 52001-23-33-000-2021-00112-01), en la que se
reconoció la pensión de jubilación a una docente al computar el tiempo de servicios
prestado mediante contratos de prestación de servicios con fundamento en las
certificaciones expedidas por la entidad territorial. El segundo corresponde a la sentencia
de 17 de octubre de 2025 del Tribunal Administrativo de Nariño (rad. 52001-33-33-004-
2023-00007-01), que confirmó el reconocimiento de la prestación pensional en un caso
similar, al otorgar valor probatorio a la certificación expedida por el municipio para
acreditar el tiempo de servicios como docente vinculada mediante contratos de prestación
de servicios.
Finalmente, se pone de presente que, si bien el accionante hizo referencia a la
configuración de un defecto procedimental, este no fue desarrollado, pues la sustentación
de la solicitud de amparo se encuentra dirigida, en esencia, a demostrar la existencia de
un defecto fáctico y del desconocimiento del precedente judicial (este último asociado a
un presunto déficit de motivación de la providencia cuestionada).
4. Trámite de tutela e intervenciones
Mediante auto del 24 de marzo de 20262, el magistrado ponente de la Sección Primera del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela; vinculó como terceros con interés a la
Nación-Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
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Índice 00005 del expediente digital de primera instancia, certificado 4B63AA0142685EDE 7D5E92406D96C93A
79DA5F13CA00095E C853F9537428103B.
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Accionante: Marcial Francisco Ortega Reyes
Magisterio y al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Pasto; y ordenó notificar a
los sujetos procesales.
Una vez efectuadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:
4.1. El Tribunal Administrativo de Nariño3 se opuso a las pretensiones de amparo.
Expuso que la sentencia cuestionada fue proferida con estricto apego al ordenamiento
jurídico y con fundamento en una valoración integral del material probatorio obrante en el
proceso ordinario. Señaló que el actor no acreditó los períodos de servicio que afirmó
haber prestado como docente mediante contratos de prestación de servicios, puesto que
únicamente allegó certificaciones expedidas por entidades territoriales, sin aportar los
respectivos contratos que permitieran verificar las condiciones de tales vinculaciones.
Sostuvo que la providencia cuestionada aplicó la jurisprudencia del Consejo de Estado
sobre la materia y descartó la configuración de los defectos fáctico, procedimental, de
motivación y de desconocimiento del precedente alegados en la demanda de tutela.
4.2. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Pasto 4 realizó un recuento de
las actuaciones surtidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y
puso de presente que, mediante sentencia de 31 de julio de 2025, accedió a las
pretensiones de la demanda, decisión que posteriormente fue revocada por el Tribunal
Administrativo de Nariño. En ese contexto, indicó que no había vulnerado derecho
fundamental alguno y solicitó su desvinculación del trámite constitucional, por carecer de
interés directo en las pretensiones formuladas contra la providencia de segunda
instancia.
4.3. La Fiduprevisora como vocera del FOMAG 5 manifestó que la administración y el
pago de las prestaciones económicas del magisterio se encuentran sometidos a las
competencias legalmente asignadas a las entidades que integran el sistema del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En ese sentido, sostuvo que carecía de
legitimación en la causa por pasiva para responder por los reproches dirigidos contra la
providencia judicial cuestionada, al no haber participado en su expedición, razón por la
cual solicitó su desvinculación del presente trámite.
5. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 23 de abril de 2026 6, la Sección Primera del Consejo de Estado
declaró la improcedencia de la acción por no superar el requisito de relevancia
constitucional.
Lo anterior, dado que los planteamientos del actor evidenciaban únicamente su
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Índice 00010 del expediente digital de primera instancia, certificado 03024A0652A816EA 160CAB41C7F707BB
7E427C3CFC147A4B 958AF7D8EDE9E7CA.
4
Índice 00014 del expediente digital de primera instancia, certificado A117341B60EBDF7C 56C274669113E2F4
708EC51C384B3A93 D22C6EABD2B9E423.
5
Índice 00018 del expediente digital de primera instancia, certificado 2943D28D3CA7923B 39D901DD9ED9FE19
6B36C86A7804E128 1F12FF491216F080.
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Índice 00020 del expediente digital de primera instancia, certificado F9474F7A4273779F 5D4267B468B04C9F
5E10CDA8 554B8E4F C6877573254702BC.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02265-01
Accionante: Marcial Francisco Ortega Reyes
inconformidad con la valoración probatoria y con la interpretación del régimen pensional
efectuada por la autoridad judicial accionada dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. En ese sentido, estimó que la controversia propuesta se
circunscribía a aspectos de mera legalidad y pretendía reabrir el debate propio del
proceso ordinario, sin demostrar que la providencia cuestionada involucrara la
interpretación, aplicación o desarrollo de un derecho fundamental o que hubiera
ocasionado una afectación desproporcionada de tales garantías.
6. Impugnación7
La parte actora presentó escrito de impugnación en contra de la decisión de primera
instancia y reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela.
Sostuvo que el a quo incurrió en un error al concluir que el asunto carecía de relevancia
constitucional. Afirmó que la controversia trasciende el ámbito de la mera legalidad, por
cuanto compromete el derecho fundamental a la seguridad social, el mínimo vital, la
dignidad humana y el debido proceso de una persona de 67 años, sujeto de especial
protección constitucional. Agregó que la sentencia omitió valorar que la tutela planteaba
la existencia de una posible arbitrariedad judicial con incidencia directa en tales garantías
y que, además, la protección del derecho pensional encuentra respaldo tanto en la
Constitución como en instrumentos internacionales que integran el bloque de
constitucionalidad.
De otra parte, puso de presente que el Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante
sentencia de tutela del 12 de marzo de 20268, concedió el amparo en un asunto que, a su
juicio, presenta supuestos fácticos y jurídicos semejantes, al advertir que el Tribunal
Administrativo de Nariño había incurrido en un defecto fáctico por la indebida valoración
de certificaciones laborales. A partir de ese antecedente, sostuvo que la autoridad
accionada ha reiterado los mismos yerros advertidos por esta Corporación y citó,
además, providencias que, en su criterio, constituyen precedente vertical y horizontal
sobre el reconocimiento del valor probatorio de tales certificaciones.
Finalmente, manifestó que la acción de tutela no pretende convertir al juez constitucional
en una instancia adicional ni reabrir el debate propio del proceso ordinario. Señaló que el
objeto del amparo consiste exclusivamente en verificar si la sentencia cuestionada omitió
valorar pruebas determinantes, aplicó indebidamente el precedente judicial y produjo una
afectación desproporcionada de sus derechos fundamentales, circunstancias que, en su
criterio, justifican la intervención excepcional del juez de tutela.
Mediante auto del 22 de mayo de 20269, el magistrado ponente de la Sección Primera del
Consejo de Estado concedió la impugnación interpuesta por la parte accionante.
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Índice 00024 del expediente digital de primera instancia, certificado 3ECC85A34D35695D E785AEB2B6E190F2
079A4B6A5D1CD562 8951D900665D0BF8.
8
Acción de tutela identificada con el radicado núm. 11001-03-15-000-2025-08207-00
9
Índice 00026 del expediente digital de primera instancia, certificado 132BD8886BB86662 D084724633EB6C23
6F989CFBE21AA038 C9A22A35F24513B7.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02265-01
Accionante: Marcial Francisco Ortega Reyes
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 32 del
Decreto 2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque Marcial
Francisco Ortega Reyes es el titular de las garantías constitucionales que afirma fueron
vulneradas, en su condición de accionante dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 52001-33-33-003-2023-
00281-01.
2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva porque el Tribunal
Administrativo de Nariño fue la autoridad que profirió la decisión que, según la parte
actora, vulneró sus derechos fundamentales.
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia del
23 de abril de 2026, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró
la improcedencia de la acción por no superar el requisito de relevancia constitucional.
Para el efecto, es necesario establecer si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte actora.
4. Procedibilidad de la acción
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos que
reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 2005 10 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
10
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02265-01
Accionante: Marcial Francisco Ortega Reyes
habilitan la interposición de la tutela11 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto12.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues
ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los
jueces naturales, así como su autonomía funcional”13.
5. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
5.1. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional ha
sentado jurisprudencia en torno al deber que le asiste al juez de tutela de pronunciarse de
forma expresa y con claridad sobre las razones por las cuales el asunto que entra a
resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que ha impartido el órgano
de cierre sobre la materia14.
En el presente asunto, la Sala observa que el actor no se limitó a manifestar su
desacuerdo con el sentido de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Nariño. Por el contrario, identificó de manera expresa los derechos fundamentales que
consideró vulnerados, particularmente el debido proceso y la igualdad, y atribuyó dicha
afectación a la configuración de un defecto fáctico, por la presunta omisión en la
valoración de certificaciones expedidas por autoridades públicas y de un
desconocimiento del precedente, al sostener que la autoridad judicial fundamentó su
11
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
12
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en
cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de
ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la
autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados.
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
13
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
«La Corte Constitucional ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el requisito de
relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son: i) que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de
algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico» lo que implica
revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental» ; ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente
un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de interpretar o aplicar una norma o en los
eventos en que la controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los particulares
más no para el interés general; y iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que
permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una afectación grave de derechos
fundamentales».
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02265-01
Accionante: Marcial Francisco Ortega Reyes
decisión en una providencia a la que atribuyó un carácter de unificación que, según
afirmó, no ostenta y cuyo contenido, además, habría sido interpretado de manera
contraria a su alcance.
La cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, toda vez que, de encontrarse
configurados los defectos invocados, prosperaría la pretensión de amparo de ordenar a la
autoridad accionada emitir una nueva providencia en la que tenga en cuenta el material
probatorio aportado al plenario y que lo valore de cara a la jurisprudencia del Consejo de
Estado.
5.2. El accionante no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios
para la protección de los derechos fundamentales que consideró vulnerados, pues agotó
las instancias respectivas dentro del medio de control con radicado núm. 52001-33-33-
003-2023-00281-01 en el que se profirió la decisión objeto de tutela.
5.3. El requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, porque la providencia que
profirió el Tribunal Administrativo de Nariño el 28 de noviembre de 2025, fue notificada el
15 de diciembre de 2025 por mensaje de datos y el escrito de tutela se presentó el 19 de
marzo de 202615, esto es, dentro del plazo de seis (6) meses establecidos por la
jurisprudencia constitucional16 y del Consejo de Estado17 como razonable.
5.4. La parte actora, en el escrito de amparo, expuso de forma clara y concreta los
hechos y argumentos por los cuales consideró vulnerados sus derechos
fundamentales, sin que de tales planteamientos pueda advertirse una posible
irregularidad procedimental. Finalmente, la providencia reprochada no fue una
sentencia emitida dentro de un trámite de tutela.
6. Defecto fáctico
15
Índice 00003 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado 3DDCD7D4B19A1763
B63C8F339CBC4722 4A2EB685DFD10232 07D3C202418B7FEC.
16
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente
núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02265-01
Accionante: Marcial Francisco Ortega Reyes
Para efectos de analizar el defecto fáctico alegado por la parte actora, es preciso tener en
cuenta que la Corte Constitucional ha concluido que este se presenta cuando “resulta
evidente que el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada
norma es absolutamente inadecuado” 18 o cuando “se hace manifiestamente irrazonable
la valoración probatoria hecha por el juez en su providencia”19. Por lo tanto, en la indebida
valoración que hace el operador judicial de las pruebas, sea desde su dimensión positiva
o negativa20, debe examinarse si tal yerro es ostensible, flagrante y manifiesto, y que a su
vez incida en el sentido de la decisión adoptada, de modo que, al estar estructurado ese
análisis, podría el juez de tutela entrar a amparar los derechos fundamentales
conculcados con la providencia objeto de censura21.
La Corte Constitucional señaló, de manera primigenia, tres casos que daban origen a este
defecto;22 sin embargo, a modo de desarrollo jurisprudencial ha planteado la existencia de
dos dimensiones que le dan cabida y que, a su vez, se traducen en otras modalidades de
configuración, agrupadas en la sentencia T-923 de 2013, de la siguiente forma:
Dimensión negativa: que ocurre por la valoración defectuosa del material probatorio
debidamente allegado al plenario y se presenta cuando el funcionario judicial: i) niega la
práctica del medio probatorio solicitado, ii) no ordena el que debía recaudar de oficio u iii)
omite la valoración de elementos de juicio determinantes para identificar la veracidad de
los hechos analizados y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia
que de ella emerge.
Dimensión positiva: que se produce por desconocimiento de las reglas de la sana crítica
en la apreciación de los medios de prueba que conducen a valorarlos de manera
arbitraria, irracional y caprichosa, y se da cuando el funcionario judicial: i) fundamenta su
determinación en elementos de juicio que no le es permitido considerar porque fueron
indebidamente recaudados, son totalmente inconducentes al caso concreto o se trata de
pruebas nulas de pleno derecho, y/o ii) apoya la decisión judicial en material probatorio
que no permite llegar a la certeza sobre el supuesto fáctico del cual parte la conclusión del
fallador.
18
Corte Constitucional, sentencia T-393 de 2017, T-567 de 1998, reiterada en sentencias como la T-555 de 1999,
T-1100 de 2008, T-781 de 2011, entre otras.
19
Corte Constitucional, sentencia SU-399 de 2012.
20
Corte Constitucional, sentencia T-385 de 2018. “La Corte Constitucional ha identificado dos dimensiones en las que
se puede apreciar el defecto fáctico: 1.) La dimensión negativa del defecto fáctico, según aquella, abarca supuestos
como los siguientes: i) ignorar o no valorar, injustificadamente, medios de prueba trascendentales frente a la decisión
adoptada; ii) decidir al margen de las pruebas que le hubieren impedido la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la providencia; iii) no decretar pruebas de oficio en los procedimientos en los que el juez se encuentre
habilitado legalmente para hacerlo, y siempre que de las circunstancias del caso se derive la obligación de hacerlo para
esclarecer hechos oscuros o difusos. 2.) La dimensión positiva del defecto fáctico puede abarcar supuestos tales
como: i) valorar pruebas ilícitas, siempre que las mismas hubieren sido determinantes del sentido de la
decisión; ii) decidir con medios de prueba que, por disposición legal, no conduzcan a demostrar los hechos en que se
fundamenta la providencia judicial que se cuestiona en tutela”.
21
Sentencias T-442 de1994 y T-456 de 2010.“El error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea
ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no
puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente
conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia, porque ello sería contrario al principio de que la
tutela es un medio alternativo de defensa judicial, aparte de que se invadiría la órbita de la competencia y la autonomía
de que son titulares las otras jurisdicciones”. (Resaltado de la Sala).
22
i) omisión en el decreto y práctica de las pruebas; ii) valoración errada de las mismas; y iii) valoración de las que
resultan nulas de pleno de derecho.
9
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02265-01
Accionante: Marcial Francisco Ortega Reyes
7. Desconocimiento del precedente
El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la República tienen
un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales vinculantes y relevantes, pues
se constituyen en un mecanismo que garantiza la efectividad de los principios de
seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima, y la unificación de la
interpretación de las normas jurídicas.
La Corte Constitucional ha considerado que el precedente se define como aquella la
sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con anterioridad a un caso determinado
que, por su semejanza en los hechos analizados y en los problemas jurídicos resueltos,
debe ser necesariamente considerado por las autoridades judiciales al momento de emitir
un fallo posterior. Frente a la obligatoriedad del precedente, el alto tribunal constitucional
ha manifestado:
“90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino
obligatorio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad del
precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto de
la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al
imperio de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia
para fallar, pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley.
Particularmente, el concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la
Corte desde un sentido amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el
legislador, sino además comprende todas las fuentes del derecho incluidas las
sentencias que interpretan la Constitución como norma de normas, el bloque de
constitucionalidad y la jurisprudencia de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
91. La segunda razón se desprende de los derechos a la igualdad, el debido proceso
y el principio de buena fe. El precedente es una figura que tiene como objetivo
principal garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los
principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el
ordenamiento constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un
principio relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad en la
aplicación de la ley y por otras prescripciones constitucionales” 23.
Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede clasificar en
dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas por autoridades
judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo funcionario; y ii) vertical,
concerniente a las decisiones adoptadas por el superior jerárquico o la autoridad
encargada de unificar la jurisprudencia24.
En ese orden, el precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano que los
jueces, sean individuales o colegiados, adopten fallos sin determinar si él mismo o el
tribunal del cual hace parte ha establecido una regla de decisión en relación con casos
similares o si existen reglas interpretativas fijadas por autoridades judiciales
funcionalmente superiores, encargadas de la unificación de la jurisprudencia 25.
Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de manera
razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del principio de
23
Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.
24
Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
25
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02265-01
Accionante: Marcial Francisco Ortega Reyes
autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente, pues la
interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así, en caso de que
el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una violación a los
derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y al debido
proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de tutela 26.
8. Caso concreto
La Sala anuncia que revocará la decisión de primera instancia y, en consecuencia, se
ampararán los derechos de la parte actora en la presente acción de tutela, por las razones
que se exponen a continuación:
Al analizar el escrito de tutela, se advierte que la actora sostuvo que la decisión
cuestionada incurrió en defectos fáctico, por falta de motivación y por desconocimiento
del precedente judicial. En cuanto al primero, afirmó que el Tribunal Administrativo de
Nariño omitió valorar las certificaciones expedidas por las Secretarías de Educación de
Nariño y Cauca, así como los demás documentos aportados al proceso, los cuales, a su
juicio, acreditaban los períodos en los que prestó sus servicios como docente mediante
contratos de prestación de servicios. Señaló que dichas certificaciones, por tratarse de
documentos públicos, gozaban de presunción de autenticidad y veracidad, por lo que no
podían ser desestimadas ante la ausencia de los respectivos contratos.
Alegó que la providencia carecía de una motivación suficiente y desconocía el precedente
judicial, al fundarse en la sentencia del Consejo de Estado de 13 de febrero de 2020, a la
que el Tribunal atribuyó indebidamente el carácter de unificación. Sostuvo que dicha
providencia no tenía esa naturaleza y, además, reconocía eficacia probatoria a las
certificaciones expedidas por entidades territoriales para acreditar tiempos de servicio
docente. En ese sentido, afirmó que la autoridad judicial se apartó injustificadamente de
ese precedente y de otras decisiones del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo
de Nariño que habían otorgado valor probatorio a tales certificaciones para efectos del
reconocimiento pensional.
Al respecto, conviene precisar que los defectos invocados por el accionante se
examinarán de manera conjunta, toda vez que todos se originan en la presunta indebida
valoración certificaciones expedidas por las Secretarías de Educación de Nariño y Cauca,
documentos con los que se pretendía acreditar el tiempo de servicios prestado por la
accionante como docente. La falta de valoración de dichos elementos probatorios
condujo a que la autoridad judicial demandada concluyera que no estaba acreditada la
vinculación de la accionante como docente oficial antes de la entrada en vigencia de la
26
Ibidem: “En efecto, tal como lo ha sostenido esta Corte, los jueces pueden apartarse válidamente del precedente
horizontal o vertical, siempre y cuando, al hacerlo, observen los deberes de transparencia y suficiencia. El primero exige
que el juez enuncie las reglas conforme a las cuales se han resuelto casos similares (es decir, que reconozca
expresamente el precedente), pues “solo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su
existencia”. El segundo requiere exponer razones suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos
fácticos del nuevo caso que justifiquen el cambio jurisprudencial o una decisión diferente, lo cual implica demostrar que
el precedente no es válido, correcto o suficiente para resolver el asunto sometido a examen judicial. Cumplidos estos
requisitos, se entienden garantizados tanto el derecho a la igualdad de trato ante las autoridades como la autonomía e
independencia de los operadores judiciales”.
11
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02265-01
Accionante: Marcial Francisco Ortega Reyes
Ley 812 de 2003 y, en consecuencia, negara la aplicación del régimen pensional
excepcional previsto para quienes cumplían esa condición.
La Sala abordará los defectos invocados de manera conjunta, por cuanto de los
argumentos planteados en el escrito de tutela se colige que, a raíz de la indebida
valoración probatoria alegada por el accionante, no se aplicó el precedente
jurisprudencial fijado por el Consejo de Estado. Por lo tanto, esta judicatura entiende que
un defecto es consecuencia del otro.
8.1. Fundamentos de la sentencia objeto de tutela
Ahora bien, del análisis de los aspectos abordados por el Tribunal Administrativo de
Nariño se advierte que, en la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2025, dicha
autoridad arribó a la siguiente conclusión:
“Sobre el caso que es objeto de análisis es preciso aclarar, que está acreditado que el
demandante nació el 3 de octubre de 1958 según el registro civil que se aportó con la
demanda, por lo que cumplió sesenta años (60) años el 3 de octubre de 2018.
Adicionalmente, dice haber iniciado su vida laboral como docente a través de diversas
órdenes de prestación de servicios así:
Se evidenció, que su vida laboral inició el 21 de enero de 1993 según consta en las
certificaciones de semanas de cotización que se allegaron al expediente (F. 43 y 46
archivo 003).
Cotizó al sistema pensional así:
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02265-01
Accionante: Marcial Francisco Ortega Reyes
Finalmente, según el formato único para la expedición del certificado de historia
laboral, fue vinculado en provisionalidad mediante Decreto No. 1294 desde el 18 de
septiembre de 2007 hasta el 24 de septiembre de 2007 por la Secretaría de
Educación Departamental de Nariño y, en propiedad a través de los Decretos Nos.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02265-01
Accionante: Marcial Francisco Ortega Reyes
860, 231, 234 y la resolución 2111, desde el 24 de septiembre de 2007 hasta el 21 de
diciembre de 2022.
En este caso, la parte actora pretende que se contabilicen, para efectos del
reconocimiento de su pensión de jubilación, los períodos durante los cuales dice
haber laborado como docente mediante vinculación con varios contratos de
prestación de servicios con entidades públicas, antes de su vinculación por nómina al
servicio educativo oficial.
Sin embargo, revisado el expediente se advierte que no se aportaron los contratos de
prestación de servicios, únicamente se adjuntaron algunas certificaciones, lo que
implica que no es posible verificar de manera directa y precisa los elementos
esenciales de cada relación contractual, tales como la fecha de inicio y terminación, el
objeto del contrato, la entidad contratante y, especialmente, la naturaleza de las
funciones que desempeñó.
En sentencia de unificación del 13 de febrero de 2020, que se emitió al interior del
expediente No. 54001-23-33- 000-2014-00106-01(0156-15), el H. Consejo de Estado
reconoció que, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades es procedente contabilizar el tiempo durante el cual los docentes
oficiales prestaron sus servicios al Estado con vinculación a través de contratos de
prestación de servicios, siempre que se acredite que efectivamente ejercieron
funciones docentes y que existió una relación material de subordinación y
continuidad.
No obstante, en esa sentencia también se estableció en forma clara y precisa que el
cómputo de esos términos está sujeto a que se cumpla una carga probatoria
específica, que recae sobre quien alega la existencia de la relación laboral.
En particular se exige acreditar i) la existencia de los contratos, ii) el periodo de
ejecución de cada uno, iii) el objeto contractual, que debe corresponder a funciones
docentes, iv) la entidad contratante y, v) la entidad a la cual se efectuaron los aportes
pensionales, si se realizaron.
En ausencia de los documentos contractuales no es posible verificar si los servicios
que se prestaron correspondieron efectivamente a funciones docentes en el marco
del servicio público educativo oficial, si se configuraron los elementos propios de una
relación laboral, la extensión cronológica del servicio (diaria), entre otras. Tampoco es
posible establecer con certeza la duración de los períodos por los que se reclama, ni
la entidad responsable de asumir la cuota parte pensional correspondiente.
Por tanto, la falta de prueba directa de los contratos impide contabilizar esos períodos
para efectos pensionales, sin que ello implique desconocer los principios de
favorabilidad y primacía de lo sustancial sobre las formas, pues estos no exoneran al
interesado de cumplir con la carga mínima de acreditar los hechos constitutivos de su
derecho.
En consecuencia, esta Corporación considera que los tiempos a los que se refiere la
parte actora como aquellos que laboró mediante contratos de prestación de servicios
no se pueden tener en cuenta para efectos del reconocimiento de su pensión de
jubilación, puesto que no se acreditaron los elementos mínimos que exige la
jurisprudencia para su valoración27.
En síntesis, el Tribunal Administrativo de Nariño concluyó que los períodos durante los
cuales el demandante afirmó haber laborado como docente mediante contratos de
27
Índice 00008 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 52001-33-33-003-2023-00281-01 en
el aplicativo SAMAI, certificado 41A75FCF2AF4452C 3FC04E201848042E 1FD2EE096712B007
1198F85FFE24B0F8.
14
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02265-01
Accionante: Marcial Francisco Ortega Reyes
prestación de servicios no podían computarse para efectos del reconocimiento de la
pensión de jubilación, porque no se acreditaron los elementos mínimos que, a su juicio,
exigía la jurisprudencia, especialmente debido a la falta de los contratos de prestación de
servicios. En consecuencia, descartó esos tiempos de servicio para efectos pensionales y
negó la pretensión de reconocimiento de la pensión bajo el régimen excepcional docente.
8.2. Consideraciones de la Sala respecto de los defectos invocados
Se advierte que, en el presente asunto, el Tribunal Administrativo de Nariño concluyó que
el demandante no acreditó su vinculación como docente oficial con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, por considerar que los elementos probatorios
allegados para demostrar el tiempo de servicios prestado mediante órdenes de
prestación de servicios no eran idóneos. En efecto, con fundamento en lo que identificó
como la “sentencia de unificación” del Consejo de Estado de 13 de febrero de 2020
(expediente 54001-23-33-000-2014-00106-01 (0156-15)), sostuvo que ese tipo de
vinculaciones exigía que aportara los respectivos contratos de prestación de servicios,
pues únicamente estos permitían verificar: (i) la existencia de los contratos; (ii) el período
de ejecución de cada uno; (iii) el objeto contractual, correspondiente a funciones
docentes; (iv) la entidad contratante; y (v) la entidad a la que se efectuaron los aportes
pensionales, en caso de haberse realizado.
Al respecto, corresponde examinar, en primer término, el contenido de las pruebas
aportadas por el demandante y, posteriormente, el criterio jurisprudencial en el que el
Tribunal Administrativo de Nariño fundamentó su decisión. En ese contexto, se observa
que, con el propósito de acreditar la vinculación como docente mediante contratos de
prestación de servicios, el demandante allegó dos certificaciones: (i) una expedida el 9 de
diciembre de 2022 por el Área de Archivo de la Secretaría de Educación Departamental
de Nariño28 y (ii) otra expedida el 21 de noviembre de 2022 por la Gobernación del
departamento del Cauca29, en las que se indicó lo siguiente:
28
Índice 00015 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado F5F07D651AE081DA
278EFC7567EEADBA 393569E5B5655B76 67848A2FA6B2948B, carpeta “Cuaderno principal”, archivo
“002Demanda y anexos” pág. 36
29
Índice 00015 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado F5F07D651AE081DA
278EFC7567EEADBA 393569E5B5655B76 67848A2FA6B2948B, carpeta “Cuaderno principal”, archivo
“002Demanda y anexos” pág. 37
15
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Accionante: Marcial Francisco Ortega Reyes
Del contenido de las pruebas antes reseñadas se advierte que estas contienen, en lo
sustancial, los elementos que el Tribunal Administrativo de Nariño consideró ausentes
para acreditar la vinculación del demandante mediante contratos de prestación de
servicios. En efecto, las certificaciones expedidas por la autoridad educativa competente
identifican de manera expresa los contratos celebrados, precisan su período de
ejecución, describen el objeto contractual, correspondiente al ejercicio de funciones
docentes, e individualizan la entidad territorial con la que fueron suscritos. En
consecuencia, dichos documentos permiten verificar los aspectos esenciales de las
16
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02265-01
Accionante: Marcial Francisco Ortega Reyes
relaciones contractuales cuya valoración fue descartada por la autoridad judicial
accionada.
Ahora bien, se observa que las certificaciones no hacen referencia a la entidad a la cual
se efectuaron los aportes pensionales, en caso de haberse realizado. En ese contexto,
corresponde determinar si, como lo sostuvo el Tribunal Administrativo de Nariño, la
acreditación de ese aspecto constituye una exigencia derivada de una regla
jurisprudencial de carácter vinculante que deba observarse necesariamente para el
cómputo del tiempo de servicios prestado mediante contratos de prestación de servicios o
si, por el contrario, se trata de una consideración que no impide otorgar valor probatorio a
las certificaciones allegadas al expediente.
Al analizar la sentencia utilizada como fundamento por el Tribunal Administrativo de
Nariño (fallo del 13 de febrero de 2020, expediente 54001-23-33-000-2014-00106-
01(0156-15)), la Sala concluye en primer lugar, que esta no constituye una sentencia de
unificación, pues no contiene reglas jurisprudenciales de esa naturaleza ni expresa, en
alguno de sus apartes, que su finalidad sea unificar la jurisprudencia del Consejo de
Estado. Por el contrario, corresponde a una decisión ordinaria proferida por una de las
Subsecciones de la Sección Segunda.
Asimismo, aunque en dicha providencia se señala que, para acreditar el tiempo de
servicios docentes prestados mediante contratos de prestación de servicios, resulta
pertinente aportar los respectivos contratos, en ningún momento se establece que estos
constituyan el único medio de prueba idóneo para demostrar esa circunstancia. De
hecho, la Sala otorgó valor probatorio a la certificación allegada en ese proceso y, con
fundamento en el conjunto del material probatorio, accedió a las pretensiones de la
demanda. Finalmente, tampoco puede afirmarse que la providencia hubiera fijado una
regla jurisprudencial según la cual sea indispensable acreditar la entidad a la que se
efectuaron los aportes pensionales para que esos períodos puedan ser computados,
pues dicha referencia corresponde a una consideración incidental (obiter dictum) y no a la
ratio decidendi de la decisión, ni hizo parte del análisis probatorio determinante para
resolver el caso.
Así entonces, los mencionados documentos resultaban relevantes dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, pues tenían la virtualidad de acreditar la fecha de
ingreso al servicio público docente y, en consecuencia, el régimen pensional aplicable,
así como de determinar el tiempo de servicio a efectos del reconocimiento de su pensión
de jubilación.
Bajo este contexto, la Sala considera que la conclusión a la que arribó el Tribunal
Administrativo de Nariño, según la cual no se acreditó la vinculación del demandante
mediante órdenes de prestación de servicios, carece de sustento suficiente para
descartar el valor probatorio de los documentos oportunamente aportados al proceso. En
efecto, esa conclusión se edificó sobre una interpretación de una providencia que no tiene
la naturaleza de precedente vinculante ni corresponde a una sentencia de unificación.
17
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02265-01
Accionante: Marcial Francisco Ortega Reyes
Además, desconoce que la Sección Segunda del Consejo de Estado 30 precisó
recientemente que la acreditación de la prestación del servicio no está sometida a una
tarifa legal probatoria que obligue a demostrar ese hecho exclusivamente mediante los
contratos de prestación de servicios, pues el juez conserva la facultad de establecerlo a
partir de cualquier medio de prueba legalmente incorporado al expediente que ofrezca
certeza sobre la existencia de la relación jurídica y las circunstancias en que esta se
desarrolló.
Para la Sala, el tribunal accionado con la decisión de no tener en cuenta los certificados
expedidos por la Secretaría de Educación Departamental de Nariño y la Gobernación del
departamento del Cauca en las que constaban las fechas de contratos suscritos entre las
partes, documentos públicos y auténticos a la luz de los artículos 243 y 244 del Código
General del Proceso, pues se tiene certeza no solo de su autoría sino también del
contenido, que dan fe de su otorgamiento conforme al artículo 257 del mismo estatuto
procesal; dejó de valorar una prueba determinante para establecer la realidad de la
vinculación mediante órdenes de prestación de servicios como requisito para acceder a la
pensión especial docente, lo que conllevó a que se negara el reconocimiento del régimen
pensional especial y en consecuencia, se viera afectada la decisión adoptada de cara al
problema jurídico planteado.
Siendo así, para la Sala, la providencia dictada por el Tribunal Administrativo de Nariño
incurrió en defecto fáctico e indebida aplicación del precedente, pues impuso a la
demandante una carga probatoria excesiva, injustificada e innecesaria, para lo cual
invocó una jurisprudencia a la cual le dio un alcance que no tenía y decidió negar las
pretensiones de la demanda, sin conceder a la demandante la oportunidad de controvertir
tal decisión, pues fue adoptada en sede de segunda instancia.
Igualmente, la sentencia cuestionada desconoce la postura reiterada del Consejo de
Estado, según la cual, para que a un educador del sector público le sea aplicable la Ley 33
de 1985 (o la Ley 71 de 1988 que estableció la pensión por aportes), lo relevante es que
se haya desempeñado como educador en el sector oficial antes de esa fecha, conforme al
artículo 81 de la Ley 812 de 2003, tal como lo demostró el demandante. Cabe señalar que
este análisis resulta suficiente para concluir probado el defecto de desconocimiento del
precedente, sin que se considere necesario analizar las demás providencias cuyo
incumplimiento se alegó en la tutela.
En ese orden de ideas, la sentencia cuestionada desconoció injustificadamente los
efectos jurídicos que produjeron los tiempos en que el accionante se desempeñó como
docente, lapsos en que, si bien fue contratista, tienen incidencia pensional y se pueden
tener en cuenta para entender que existió una vinculación docente anterior a la vigencia
de la Ley 812 de 2003, tal como lo admitió la providencia censurada y lo ha señalado el
Consejo de Estado31
30
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de abril de 2024, Exp. 05001-23-33-000-2016-
00993-01 [Fundamento jurídico 2.4.1.1. prestación personal del servicio]
31
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de mayo de 2024, Exp. 25000-23-42-000-
2019-01673-01
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02265-01
Accionante: Marcial Francisco Ortega Reyes
Así las cosas, la Sala procederá a revocar la decisión proferida en primera instancia el 23
de abril de 2026 por la Sección Primera del Consejo de Estado, para en su lugar, amparar
los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia
y a la igualdad del accionante. Por lo tanto, dejará sin valor y efecto la sentencia del 28 de
noviembre de 2025 emitida por el Tribunal Administrativo de Nariño. En consecuencia, se
ordenará a la mencionada autoridad judicial que emita una nueva decisión en la que
tenga en cuenta las certificaciones allegadas por el accionante, de cara a la
jurisprudencia reciente en la materia, emitida por el Consejo de Estado.
En todo caso, resulta pertinente aclarar que las consideraciones expuestas en esta
sentencia de ninguna manera pueden ser interpretadas como una orden de fallar en un
determinado sentido, puesto que se deben garantizar los principios de independencia y
autonomía judicial. En ese marco, el Tribunal Administrativo de Nariño podrá valorar a su
juicio los mencionados documentos en conjunción con los demás medios probatorios,
para lo cual deberá exponer los argumentos que sustenten su decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 23 de abril de 2026 por la Sección
Primera del Consejo de Estado y, en su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad
de Marcial Francisco Ortega Reyes, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2025
por el Tribunal Administrativo de Nariño dentro del expediente identificado con el radicado
núm. 52001-33-33-003-2023-00281-01, en atención a las razones expuestas en esta
providencia.
TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Nariño que, en el término de veinte
(20) días hábiles contados a partir de la notificación de esta providencia, profiera una
nueva decisión en la que atienda lo indicado en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito, en
atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
QUINTO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02265-01
Accionante: Marcial Francisco Ortega Reyes
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
Salva voto
SABF
20
Sigue leyendo
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