RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-02267-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02267-00

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02267-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Empresa de Servicios Públicos de Galan SEPGA S.A. E.S.P. SEGUNDO. NEGAR el amparo solicitado por Rosa Mabel Román Romero, a través de la acción de tutela formulada en contra del Tribunal Administrativo de Santander. 7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2026-02267-00 Demandante: Rosa Mabel Román Romero TERCERO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02267-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02267-00
Demandante: Rosa Mabel Román Romero
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander

Temas: Tutela contra providencia judicial. Acción ejecutiva. Inexistencia
de título ejecutivo. Defecto fáctico.

Decisión: Niega el amparo.

La Sala decide la acción de tutela formulada por Rosa Mabel Román Romero contra
el Tribunal Administrativo de Santander.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 19 de marzo de 2026, Rosa Mabel Román Romero, por intermedio de
apoderado judicial, presentó acción de tutela con el fin de obtener la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia; así como el principio de buena fe. En consecuencia, solicitó dejar sin efectos
la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Santander en el proceso ejecutivo con radicado 68679-33-33-001-2019-00005-01,
para, en su lugar, ordenar a la autoridad judicial mencionada emitir una nueva
decisión, en la que se valore de manera integral el acervo probatorio, se respete la
distribución legal de la carga de la prueba y se resuelva la controversia conforme a
derecho.

2. Como fundamentos fácticos de la acción de amparo, del escrito de tutela
y anexos, se observa que la accionante instauró demanda ejecutiva en contra de la
Empresa de Servicios Públicos de Galán E.S.P. S.A. (SEGPA SA), para obtener la
ejecución del «capital insoluto contenido en el acta de terminación y liquidación del
contrato No. 017 de 2015», por la suma de $ 4.000.000; más el valor que
corresponda a los «intereses moratorios desde el día 31 de diciembre de 2015 y
hasta la fecha en que se haga efectivo el pago».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02267-00
Demandante: Rosa Mabel Román Romero

3. El 27 de septiembre de 2024, el Juzgado 1 Administrativo de San Gil declaró
probada la excepción denominada «inexistencia de un título ejecutivo que genera
obligación de pagar sumas de dinero» y, en consecuencia, negó seguir adelante
con la ejecución. Para soportar su decisión, explicó que la parte ejecutante aportó,
junto con la demanda ejecutiva, copia simple del contrato de prestación de servicios
No. 017 de 2015; frente a lo cual recordó, que la sentencia de unificación del
Consejo de Estado de fecha 28 de agosto de 2013 radicación 05001-23-31-000-
1996-00659-01(25022), fue determinante en establecer que en los procesos
ejecutivos es exigencia aportar el original o su copia auténtica de los documentos
que conforman el título ejecutivo.

4. Asimismo, expuso, que en la contestación de la demanda se presentó el
contrato y el acta de liquidación bilateral en original, documentos que adolecen de
la firma de la parte ejecutante, concluyendo que «la firma es la prueba de ser
conteste con el contenido de un documento en este caso de un contrato de
naturaleza pública que por su especificidad debe estar plenamente perfeccionado y
sin que exista prueba de ello no es posible alegar su existencia y,
consecuencialmente, la ejecución de su liquidación por cuanto nunca existió».

5. El extremo activo interpuso recurso de apelación, puesto que, en su criterio,
se desconoció que el contrato estaba suscrito por la representante legal de la
entidad y, que simplemente basó la decisión «en que la defensa deprecó que ellos
no tenían tales documentos firmados, por lo tanto, los aportados por la suscrita se
presumían falsificados, ergo no se había perfeccionado el contrato»; empero no
verificó las afirmaciones de la ejecutada a través de pruebas como «requiriendo a
la gerente de la época, quien era la ordenadora del gasto, o decretando la prueba
de perito solicitada por la parte demandada».

6. El 20 de noviembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Santander
confirmó la sentencia de primera instancia, comoquiera que a la ejecutante le
correspondía allegar un documento íntegro y suscrito por ambas partes, como única
prueba admisible de la celebración del contrato y de las obligaciones que de él
pudieran emerger, por lo que, al no haberlo hecho, no se demostró la existencia del
negocio jurídico cuya ejecución se reclama, y, por contera, tampoco las obligaciones
que supuestamente derivaban de aquel. Por lo anterior, resulta jurídicamente
imposible predicar la existencia de un título ejecutivo en los términos de los artículos
422 del CGP y 297 del CPACA.

7. Como fundamentos de derecho, la accionante afirmó que la Sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el 20 de noviembre de 2025
incurrió en defecto fáctico, al haberse adoptado la decisión cuestionada sin haber
agotado el debate probatorio que la propia controversia exigía, ya que, ante la duda
sobre la autenticidad del documento, no se tramitó tacha de falsedad o la práctica
de una prueba pericial y «tampoco existía conclusión técnica que permitiera afirmar
la falsedad de ese documento».

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02267-00
Demandante: Rosa Mabel Román Romero

8. Además, indicó que se incurrió en una inversión de la carga de la prueba:
la falsedad alegada por la entidad demandada no fue demostrada conforme a las
reglas procesales, pero aun así terminó exigiéndosele a aquella (accionante)
acreditar la autenticidad, trasladándole una carga que no le correspondía y
alterando la estructura del procedimiento probatorio.

9. Señaló que la conclusión del tribunal, consistente en que no existe un
contrato válido, es incompatible con los hechos acreditados en el expediente, como
la ejecución del objeto contractual, la existencia de un acta de liquidación, los
registros en SECOP I y la documentación institucional asociada a este. Por lo
anterior, estimó que no puede pasarse por alto que la entidad demandada en el
proceso ordinario pretende fundamentar su defensa en su propia desorganización
documental, lo que desconoce el principio según el cual «nadie puede alegar su
propia torpeza en su favor», ya que era la administración la que tenía el deber de
custodiar sus archivos, de manera que la ausencia de determinados documentos o
la existencia de versiones incompletas en sus propios registros no puede
trasladarse en perjuicio del contratista ni servir para desconocer un vínculo
contractual respaldado por otras fuentes probatorias, incluso de carácter
institucional y la documentación remitida por la Contraloría.

10. En ese sentido, resaltó que la decisión terminó avalando que la entidad se
beneficie de sus propias falencias administrativas, «al utilizar la falta de documentos
como argumento para negar un contrato», cuya ejecución, liquidación y
reconocimiento, a su juicio, se encuentran acreditados. Por tanto, afirmó que la
autoridad accionada, en lugar de integrar las pruebas y resolver dicha contradicción,
optó por fragmentar el análisis y le dio prevalencia a un elemento formal, sin explicar
por qué las demás pruebas perdían valor.

Intervenciones1

11. El Tribunal Administrativo de Santander afirmó que el presente asunto no
cumple con la exigencia de relevancia constitucional, toda vez que los argumentos
utilizados por la accionante buscan modificar la decisión por serle desfavorable,
pero no atacan su validez. Además, destacó que la controversia tiene una
connotación preponderantemente económica, dado que lo pretendido en el proceso
ejecutivo es el cobro de un contrato que, presuntamente, se ejecutó en el año 2015
por un valor de $ 4.000.000 y no demuestra grave afectación a derechos
fundamentales o un proceder arbitrario de la autoridad judicial. En consecuencia,
solicitó declarar improcedente la acción de tutela, al no encontrarse superado los
requisitos de procedibilidad.

12. La Empresa de Servicios Públicos de Galan SEPGA S.A. E.S.P. indicó que
los argumentos plasmados en el escrito de tutela no tienen la solidez necesaria para
desvirtuar los fundamentos de la providencia judicial controvertida, pues, con ellos,
lo que pretende la parte actora es reabrir un debate de carácter legal y probatorio

1
El 24 de marzo de 2026, se admitió la acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Santander y se vinculó al
Juzgado 1 Administrativo de San Gil y a la Empresa de Servicios Públicos de Galán – SEPGA SA ESP.

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02267-00
Demandante: Rosa Mabel Román Romero

que ya fue resuelto por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, lo cual
desnaturaliza el carácter subsidiario y excepcional de la acción de tutela. En todo
caso, afirmó que no se demostró la transgresión de un derecho fundamental, por
cuanto el proceso ejecutivo se tramitó conforme a derecho por los jueces naturales,
respetando las garantías procesales de la accionante.

13. De otra parte, adujo que esa entidad no tiene competencia funcional, técnica
ni administrativa sobre las actuaciones solicitadas por la accionante, por lo que
solicitó declarar improcedente la acción de amparo y su desvinculación del presente
trámite.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

14. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Cuestión previa

15. La Sala aclara que no accederá a la solicitud de desvinculación formulada
por la Empresa de Servicios Públicos de Galan SEPGA S.A. E.S.P., toda vez que
aquella fue vinculada al presente trámite debido a que actuó como parte ejecutada
en el proceso, en el cual se profirió la decisión que se discute en esta sede
constitucional.

Problema jurídico

16. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, si el Tribunal
Administrativo de Santander, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso
y acceso a la administración de justicia; así como el principio de buena fe, al expedir
la Sentencia del 20 de noviembre de 2025 por incurrir en defecto fáctico.

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

17. La presente acción de tutela cumplió con todos los requisitos generales de
procedencia, comoquiera que (1) la controversia goza de relevancia constitucional,
toda vez que el debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia; así como
el principio de buena fe; se argumentaron con suficiencia los reparos alegados y no
se trata de un asunto de mera legalidad o carácter eminentemente económico; (2)
se tiene acreditada la legitimación, tanto activa como pasiva, puesto que la
accionante es la titular de las garantías constitucionales que se invocan como
vulneradas y el Tribunal Administrativo de Santander fue la autoridad que profirió la

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02267-00
Demandante: Rosa Mabel Román Romero

decisión que se cuestiona en el escrito de amparo; (3) no existe otro mecanismo
judicial que permita a la parte actora procurar la defensa de sus derechos
constitucionales; (4) la acción de tutela se presentó el 19 de marzo de 2026, es
decir, dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la Sentencia del 20 de
noviembre de 2025 2 ; (5) no se cuestionó una irregularidad procesal; (6) se
identificaron razonablemente los hechos y argumentos con fundamento en los
cuales se alega la vulneración de derechos fundamentales; y (7) la tutela no se
interpone contra una providencia de igual naturaleza.

Análisis de la vulneración alegada: Estudio del defecto fáctico.

18. La Sala negará el amparo solicitado, por no haberse estructurado el defecto
fáctico alegado por la accionante, de acuerdo con las razones que a continuación
se exponen:

19. La accionante solicitó la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia, los cuales estimó
vulnerados por el Tribunal Administrativo de Santander, al expedir la Sentencia del
20 de noviembre de 2025, comoquiera que incurrió en defecto fáctico, ya que, al
haberse puesto en duda la autenticidad del documento por la entidad, no se tramitó
tacha de falsedad o la práctica de una prueba pericial.

20. Asimismo, alegó una indebida inversión de la carga de la prueba, pues la
falsedad no fue demostrada por la entidad demandada y, aun así, se le exigió a ella
acreditar la autenticidad del documento, alterando las reglas del procedimiento
probatorio. Además, afirmó que la decisión es incompatible con las pruebas
obrantes en el expediente, tales como la ejecución del contrato, el acta de
liquidación, los registros en SECOP I y demás documentación institucional, las
cuales acreditaban el vínculo contractual.

21. Pues bien, para resolver los anteriores desacuerdos, la Sala estima
necesario analizar los argumentos en que se apoyó el Tribunal Administrativo de
Santander para confirmar la decisión del Juzgado 1 Administrativo de San Gil,
mediante la cual declaró probada la excepción denominada «inexistencia de un
título ejecutivo que genera obligación de pagar sumas de dinero» y, en
consecuencia, negó seguir adelante con la ejecución.

22. Al respecto, se observa que la autoridad accionada indicó que la
demandante aportó copia del Contrato de Prestación de Servicios No. 071 del 11
de diciembre de 2015, suscrito entre Daniela Cordero Duarte y Rosa Mabel Román
Romero, y copia del acta de terminación y liquidación del contrato No. 017 de 2015,
suscrita el día 31 de diciembre de 2015, en la que las partes indicaron:

«Que con la suscripción de la presente acta, el Supervisor y/o Interventor certifica haber
recibido a satisfacción el objeto del Contrato.

2
La providencia fue notificada a través de mensaje de datos el 10 de diciembre de 2025.

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02267-00
Demandante: Rosa Mabel Román Romero

Que teniendo en cuenta lo anterior, las partes acuerdan terminar y liquidar el Contrato,
en los siguientes términos.

Valor del Contrato o Convenio $4.000.000
Valor ejecutado $4.000.000
Valor a cobrar $4.000.000
Saldo a liberar $0

Una vez la Empresa de servicios públicos de Galán SEPG A S.A E.S.P consigne al
Contratista la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000) correspondiente
al pago total del presente Contrato No. 017, las partes quedarán a PAZ Y SALVO»

23. Adicionalmente, señaló que SEGPA S.A. aportó los documentos originales
del contrato, entre los cuales, se encontraba el contrato de prestación de servicios
mencionado y el acta de terminación y liquidación de este, pero resaltó que la
ejecutante no los suscribió.

24. Por lo anterior, luego de analizar el artículo 1500 del Código Civil y los
artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993, indicó que el contrato del Estado es un
negocio jurídico solemne, en tanto que para su perfeccionamiento es necesario que
se eleve a escrito; esto es, el principio de legalidad contractual exige, salvo para los
eventos de urgencia manifiesta, la solemnidad constitutiva de que el contrato sea
escrito. Adicionalmente, sostuvo que, de acuerdo con el artículo 826 del Código de
Comercio, cuando un contrato debe constar por escrito, para efectos de su
perfeccionamiento, es suficiente un documento privado con las firmas autógrafas de
los suscriptores.

25. Así las cosas, al descender al caso bajo estudio, señaló que en el
expediente aparecen suscritos los documentos que se hacen valer como título
ejecutivo únicamente por la parte ejecutada, echándose de menos la firma del
ejecutante y, siendo los contratos estatales negocios jurídicos de naturaleza
solemne cuyo perfeccionamiento exige, conforme a los artículos 39 y 41 de la Ley
80 de 1993, la existencia de un documento escrito suscrito por quienes los celebran;
es claro que la ausencia de la firma de una de las partes imposibilita acreditar su
existencia jurídica y, con ello, el surgimiento de obligaciones recíprocas.

26. Respecto de los reproches formulados en el recurso de apelación, resaltó
que la finalidad de ese proceso no era la de controvertir el derecho reclamado por
las partes, sino la de ejecutar un derecho reconocido y del cual se derive una
obligación clara, expresa y exigible, de ahí que, no era posible a través de esta
cuerda procesal, dirimir los conflictos que se derivan de las relaciones contractuales,
pues para ello existe el medio de control de controversias contractuales, donde se
podrá impugnar la existencia y cumplimiento del contrato.

27. Para el efecto, precisó que el diseño del proceso ejecutivo, tienen una serie
de limitaciones para evitar la discusión jurídica y probatoria en los mismos términos
de un juicio declarativo, pues «justamente, en este punto radica la diferencia entre
ambos procesos, mientras que en los declarativos el derecho se encuentra en
discusión y deberá determinarse a quién le asiste razón; en los ejecutivos ese
debate deberá encontrarse resuelto con la existencia de un título contentivo de una

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02267-00
Demandante: Rosa Mabel Román Romero

obligación plenamente determinada, pero insatisfecha, respecto de la cual se
solicita coercitivamente su cumplimiento».

28. Pues bien, analizadas las consideraciones expuestas por el Tribunal
Administrativo de Santander para adoptar la decisión que aquí se reprocha, la Sala
no observa una apreciación arbitraria del acervo probatorio, sino que, aquella
autoridad, en ejercicio de su autonomía e independencia judicial, efectuó una
interpretación razonable y jurídicamente fundada de las pruebas allegadas al
proceso, orientada a verificar si los documentos allegados cumplían con las
exigencias legales para constituir un título ejecutivo.

29. Ahora bien, aunque la parte accionante cuestiona que la decisión adoptada
es incompatible con los hechos acreditados en el expediente, como la ejecución del
objeto contractual, la existencia de un acta de liquidación, los registros en SECOP I
y la documentación institucional asociada a este, lo cierto es que, como se ha
resaltado, la autoridad judicial accionada precisó que el proceso ejecutivo no es el
escenario procesal idóneo para adelantar un debate probatorio amplio dirigido a
esclarecer controversias sobre la existencia o validez de una relación contractual,
pues su finalidad se limita a hacer efectivo un derecho reconocido y del cual se
derive una obligación clara, expresa y exigible.

30. En el mismo sentido, tampoco se configura un defecto fáctico porque el
Tribunal no hubiese promovido un debate probatorio adicional mediante tacha de
falsedad o prueba pericial. La providencia cuestionada no declaró falso el
documento allegado por la ejecutante ni hizo descansar la decisión en un juicio
técnico sobre falsedad documental; estimó, en cambio, a partir de la valoración de
los documentos allegados por ambas partes —los cuales obraban en el expediente
y gozaban de presunción de autenticidad—que subsistía incertidumbre sobre la
existencia de un título ejecutivo.

31. En consecuencia, se concluye que no se configuró el defecto factico
alegado, por lo que se negará el amparo solicitado por Rosa Mabel Román Romero,
a través de la acción de tutela formulada en contra del Tribunal Administrativo de
Santander.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Empresa de
Servicios Públicos de Galan SEPGA S.A. E.S.P.

SEGUNDO. NEGAR el amparo solicitado por Rosa Mabel Román Romero, a través
de la acción de tutela formulada en contra del Tribunal Administrativo de Santander.

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02267-00
Demandante: Rosa Mabel Román Romero

TERCERO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.