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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02272-00

Fecha
27 de abril de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02272-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declarar improcedente la solicitud de tutela presentada por Alfredo Muñoz en contra del Tribunal Administrativo de Nariño y el municipio de La Unión. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) dias siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. 18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Rad. 11001-03-15-000-2022-02041-00, 20 de mayo del 2022. CP: José Roberto Sáchica Méndez. 9 Radicado: 11001-03-15-000-2026-02272-00 Demandante: Alfredo Muñoz

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02272-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

27 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02272-00
Demandante: Alfredo Muñoz
Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial / Auto que negó el decreto de
medidas cautelares / Subsidiariedad

Decisión: Declarar improcedente

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la solicitud formulada por Alfredo Muñoz, en ejercicio de la acción de
tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada en los
decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

1. Alfredo Muñoz promovió solicitud de tutela con el fin de que se ampararan sus
derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social, a la dignidad humana,
al trabajo y a la estabilidad laboral reforzada por condiciones de salud, los cuales
consideró vulnerados con ocasión de la providencia proferida el 20 de noviembre de
2025 por el Tribunal Administrativo de Nariño, en en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado
52001333300120250007901, y el acto administrativo con el que el municipio La
Unión lo retiró del servicio.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

2.1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentó demanda en contra del municipio La Unión, con la finalidad de cuestionar la
legalidad de los actos administrativos2 mediante los cuales se le desvinculó del

1 Ver índice 002 del expediente de primera instancia. Archivo denominado «4ED_Demanda(.pdf)
NroActua2.
2
«La Resolución No. 995 del 3 de diciembre de 2024 mediante la cual se derogó el nombramiento en
periodo de prueba efectuado mediante Decreto No. 113 del 29 de febrero de 2024, y (ii) del Decreto
057 del 6 de febrero de 2025 mediante el cual se declaró la terminación del empleo en provisionalidad
del señor Alfredo Muñoz».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02272-00
Demandante: Alfredo Muñoz

servicio y se derogó su nombramiento en periodo de prueba en el cargo de operario,
código 487, grado 1. Al respecto solicitó como medida cautelar la suspensión de sus
efectos.

2.2. El Juzgado Administrativo del Circuito Judicial de Pasto en providencia del 19
de septiembre de 2025 decretó la medida cautelar solicitada, y ordenó el reintegro en
el cargo de operario, código 487, grado 1.

2.3. El Tribunal Administrativo de Nariño en providencia del 20 de noviembre del
2025 revocó la decisión del a quo al no encontrar «acreditada la confluencia de un
perjuicio en contra del actor, así como tampoco se denota que los actos cuya suspensión se
depreca, incurran en una vulneración flagrante del ordenamiento jurídico» [sic].

2.4. Las autoridades demandadas vulneraron sus derechos fundamentales al
incurrir en defectos sustantivo y desconocimiento del precedente, al no aplicar la
jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre estabilidad laboral reforzada, en
particular las sentencias T-311 de 2025 y T-256 de 2019, y al adoptar una decisión
que, desconoce la protección derivada de su estado de salud.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…]PRIMERA. Solicitó a la honorable corporación se sirva tutelar los derechos
fundamentales al mínimo vital, seguridad social, dignidad humana, trabajo y estabilidad
laboral reforzada por condiciones de salud del suscrito accionante, vulnerados por el
Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión y el municipio de la Unión,
Nariño con la expedición de la siguiente providencia y acto administrativo, respectivamente:
• Auto del 20 de noviembre del 2025, por medio del cual la Corporación accionada revocó
la providencia del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Pasto que, a su vez,
concedió la medida cautelar de suspensión provisional de los actos administrativos
elevada por el suscrito accionante en el medio de control 20013333001-2025-00079-00
promovido en contra de la aludida entidad territorial.
• Decreto No. 023 del 28 de enero de 2026, “Por medio del cual se da por terminado un
nombramiento temporal, en cumplimiento a una Sentencia de Tutela de Segunda
Instancia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto- Sala Civil
Familia, identificado con el Radicado No. 2025-00033 (331-25), se ordena el retiro del
servicio de un funcionario de la planta de personal de la Alcaldía Municipal de la Unión-
Nariño y suprime un cargo
SEGUNDA. Como consecuencia de lo anterior, solicitó se dejen sin efectos las
resoluciones, judicial y administrativa antes referidas y, en su lugar, se ordene a la autoridad
judicial accionada que en un término razonable dicte una providencia de reemplazo en la
que se tenga en cuenta la realidad de la situación que el suscrito atraviesa, de conformidad
con la argumentación planteada en la presente acción de tutela.
TERCERA. Igualmente, se solicita ordenar al municipio de La Unión, Nariño por intermedio
de su representante legal que, de manera inmediata reintegre al suscrito accionante al
cargo de “Operario”; código 487, grado 1, nombrado en provisionalidad, o en su defecto,
como en el pasado cree nuevamente dicho cargo de manera temporal, con el fin de

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02272-00
Demandante: Alfredo Muñoz

garantizar la permanencia provisional del suscrito en ese empleo hasta que se profiera el
fallo respectivo en el presente asunto.
CUARTA. Se ordene al municipio de La Unión, Nariño realizar el pago de los salarios,
prestaciones sociales y todo concepto que el suscrito dejó de percibir en el cargo de
“Operario”, código 487, grado 1, hasta que se haga efectivo su reintegro provisional. Así
mismo, se ordene realizar los aportes al Sistema General de Pensiones [...]» [sic].

1.1.1. Informes rendidos en el proceso

4. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Pasto3 precisó
que la decisión de primera instancia del proceso ordinario no vulneró los derechos
fundamentales del demandante al ordenar el reintegro, pues la decisión se basó en
la ley y jurisprudencia aplicable al caso, por lo que, de existir alguna afectación a los
derechos fundamentales, fue producto de la decisión posterior del Tribunal
Administrativo de Nariño que revocó la medida.

5. El Tribunal Administrativo de Nariño4 solicitó que se declarara improcedente
la petición de amparo por cuanto el demandante cuenta con otros medios de defensa
y pretendió utilizar la tutela como una tercera instancia del proceso contencioso.
Máxime cuando revocó la medida cautelar toda vez que no encontró ningún perjuicio
irremediable ni que los actos administrativos atacados tuvieran contradicción alguna
con el ordenamiento jurídico.

6. El municipio de La Unión5 requirió que se declarara improcedente el amparo
pretendido por no acreditar el requisito general de subsidiariedad, comoquiera que
existen otros medios de defensa en el proceso ordinario y la tutela no puede
convertirse en una tercera instancia para cuestionar decisiones adoptadas en los
procesos contenciosos en curso. Asimismo, no se acreditó un perjuicio irremediable
que justificara el amparo como mecanismo transitorio, ni la configuración de los
defectos endilgados.

7. Segundo Tobías Fernández Bolaños6 solicitó que se declarara
improcedente la petición de amparo ante la ausencia de vulneración de los derechos
fundamentales invocados, pues todo el proceso se realizó conforme al debido
proceso. Asimismo, el municipio fue diligente en todo momento ya que el
nombramiento se derogó ante los resultados de los exámenes médicos
ocupacionales allegados por el hoy demandante.

3 Ver índice 12 del expediente de primera instancia. Archivo denominado: 11RECIBEPRUEBAS_MEMORIAL_002

INFORMEVINCULATUT pdf) NroActua12.
4 Ver índice 16 del expediente de primera instancia. Archivo denominado:
15_MemorialWeb_ContestaciónDemanda-16895Contestaciont(.pdf) NroActua16.
5 Ver índice 13 del expediente de primera instancia. Archivo denominado:
13_MemorialWeb_ContestaciónDemanda-CONTESTACIONACCION (.PDF) NroActua13.
6 Ver índice 14 del expediente de primera instancia. Archivo denominado:
13_MemorialWeb_ContestaciónDemanda-CONTESTACIONACCION (.PDF) NroActua14.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02272-00
Demandante: Alfredo Muñoz

2. Consideraciones

8. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y de las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

9. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política
y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el 1°. del Decreto 333 del 6 de
abril de 20217 la Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo contra
el Tribunal Administrativo de Nariño y otro.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

10. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo
del Consejo de Estado8 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema9. Al respecto señaló lo
siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».

11. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

7 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02272-00
Demandante: Alfredo Muñoz

12. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo10, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.

13. Ahora bien, la Corte Constitucional11 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez;
y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

14. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos12,
el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de
la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de
los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea
de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales13.

Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que
incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate
que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

15. De acuerdo con el escrito de tutela, la Sala deberá definir: ¿si la presente
solicitud de tutela cumple con el requisito general de la subsidiariedad?

10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,

Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.
12 Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2005, MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
13 Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02272-00
Demandante: Alfredo Muñoz

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva – de la subsidiariedad

16. El artículo 86 constitucional señala que: «[…] Esta acción solo procederá cuando
el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991 dispone las causales de improcedencia de la solicitud de
amparo:

«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»

17. Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha
definido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia14, es decir, no es un
mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios
ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco
constituye un último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de
un derecho, pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos
fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

2.4.2. Sobre el caso concreto

18. Alfredo Muñoz acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan sus
derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la providencia
proferida el 20 de noviembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Nariño y el
acto administrativo mediante el cual se dio por terminado su nombramiento temporal.

19. Para mayor claridad del asunto, la Sala recuerda las actuaciones adelantadas
en el referido medio de control según consta en Samai15, así:

19.1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentó demanda en contra del municipio La Unión con la finalidad de cuestionar la
legalidad del Decreto 113 del 29 de febrero del 2024 y la Resolución 995 del 3 de
diciembre de 2024. El primero finalizó el nombramiento en provisionalidad para
vincularlo en periodo de prueba y el segundo derogó dicho nombramiento.

19.2. El 14 de mayo del 2025, solicitó una medida cautelar para dejar sin efectos los
actos administrativos demandados y, en consecuencia, se dispusiera su reintegro.

14 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-1121

de 2003.
15 Ver el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado

52001333300120250007901.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02272-00
Demandante: Alfredo Muñoz

19.3. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Pasto en
providencia del 19 de enero de 2025 decretó la medida cautelar.

19.4. El Tribunal Administrativo de Nariño en providencia del 19 de noviembre de
2025 revocó la decisión del a quo, en los siguientes términos:

«[…] No advierte la Sala una conducta lesiva o contraria al ordenamiento normativo, que
tornase imperiosa la necesidad de suspender los actos acusados, más aún, como se ha
dicho, el actor detenta una vinculación activa con la administración en virtud de la decisión
de tutela. Asi, de acuerdo con las evidencias obrantes en el expediente, no se avista que
la suspensión de los actos demandados cuente con la entidad de beneficiar la situación
actual del demandante, y, en cambio, podría derivar en la afectación de intereses, no solo
de la administración, sino tambien del señor Segundo Tobias Fernández Bolaños, quien
ocupa actualmente el cargo al cual pretende ser reintegrado el accionante» [sic].

20. En razón a la controversia a decidir, se recuerda que el artículo 233 del CPACA
en relación con la solicitud de medidas cautelares en los procesos de lo contencioso-
administrativo indica que:

Artículo 233. Procedimiento para la adopción de las medias cautelares:
(…)

La medida cautelar podrá ser solicitada desde la presentación de la demanda y en
cualquier estado del proceso.

21. Respecto de la posibilidad de solicitarlas en el proceso ordinario, la autoridad
judicial demandada precisó lo siguiente:

«[…] Lo anterior, vale precisar, sin perjuicio de la posibilidad con la que cuenta la parte
demandante, de solicitar medidas cautelares en cualquier etapa del proceso, con la
sustentación debida; facultad que podría ser ejercida ante una variación en las
condiciones de vigencia o temporalidad del cargo creado en cumplimiento a la decisión
de tutela, conforme se prevé́ en el artículo 233 del CPACA […]».

22. A partir de lo expuesto, la Sala considera que la solicitud de tutela interpuesta
por Alfredo Muñoz no satisface el requisito de subsidiariedad, toda vez que el proceso
ordinario del medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho sigue en
curso. Frente a lo cual, se advierte que, en el mismo proceso, conforme a la normativa
ya citada, puede volver a solicitar una medida cautelar si considera que existen
hechos sobrevinientes que la ameriten, como es el caso en concreto.

23. En concordancia con lo anterior, aunque el demandante también solicitó dejar
sin efectos el acto administrativo que dispuso la finalización de su nombramiento 16,
la Sala se abstendrá de emitir un pronunciamiento sobre ese punto, pues al revisar
su contenido, se advierte que dicho acto fue expedido bajo las siguientes
circunstancias: «Por medio del cual se da por terminado un nombramiento temporal, en
cumplimiento a una Sentencia de Tutela de Segunda Instancia proferida por el Tribunal

16 Decreto 023 del 28 de enero de 2026.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02272-00
Demandante: Alfredo Muñoz

Superior del Distrito Judicial de Pasto – Sala Civil Familia, identificada con el Radicado No.
2025- 00033 (331-25), se ordena el retiro del servicio de un funcionario de la planta de
personal de la Alcaldía Municipal de La Unión – Nariño y se suprime un cargo» y, en efecto,
se trató de un acto de mera ejecución:

24. En otras palabras, la decisión administrativa respondió al acatamiento de la
sentencia proferida el 9 de mayo de 2025 dentro del trámite de impugnación de tutela
con radicado 2025-00033 (331-25), así como a la naturaleza transitoria allí prevista.
En caso de inconformidad con el alcance temporal de la orden o con su
materialización, el mecanismo idóneo consistía en acudir ante el juez constitucional
que la profirió.

25. Por el contrario, lo anterior refuerza la tesis de que ante una nueva variación
de las circunstancias [la desvinculación] puede volver a solicitar la medida cautelar.
En ese sentido, en este medio de control, «la medida cautelar da mayor grado de eficacia
con el propósito de garantizar la protección de derechos fundamentales»17. Para finalizar,
se recuerda que la tutela no puede convertirse en un medio paralelo, por lo que el
asunto debe resolverse en el marco del proceso contencioso-administrativo en curso,
entre otras para no desnaturalizar el carácter subsidiario del amparo constitucional.

26. Al respecto, conviene recordar lo dicho por la Sección Tercera del Consejo de
Estado el 20 de mayo del 2022 que resolvió:

«[…] Por lo tanto, para que el juez constitucional estudie una solicitud de tutela, el
interesado debió haber agotado los recursos -idóneos y eficaces- que tenía a su
disposición para lograr el amparo de sus derechos, pues de lo contrario, la tutela deviene
improcedente
[…]
Así mismo, cabe recordar que cuando se cuestionan providencias judiciales, la
subsidiariedad debe considerarse a partir de 2 circunstancias. La primera, si el proceso
judicial ha terminado, y la segunda, si aún se encuentra en curso. En el último caso, la
competencia del juez de tutela es aún mas restringida, pues la acción de tutela no puede
convertirse en un mecanismo alternativo o paralelo para resolver los problemas jurídicos
o desavenencias que por naturaleza deben resolverse al interior de los procesos
judiciales.

En ese orden de ideas, por regla general, la acción de tutela no procede cuando el proceso
judicial en el que se han expedido las providencias acusadas aún esta en trámite, habida

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Rad. 11001-03-15-2022-01707-00, 9 de mayo del 2022.

CP: César Palomino Cortes.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02272-00
Demandante: Alfredo Muñoz

cuenta de que es el propio proceso el escenario adecuado para hacer valer los derechos
que las partes estimen vulnerados…]» [sic]18.

27. A partir de lo expuesto, la solicitud de tutela presentada por Alfredo Muñoz no
cumple con el requisito de subsidiariedad, toda vez que el proceso de nulidad y
restablecimiento de derecho identificado con el radicado 200013333001-2025-
00079-00, se encuentra en trámite. Frente a lo cual se advierte que en el sistema
jurídico no puede permitirse el paralelismo o la concurrencia de competencias entre
el juez natural del asunto y el de tutela, ni el ciudadano puede elegir entre uno y otro,
como aquí se propone.

28. Se recuerda que, para que el juez constitucional pueda pronunciarse sobre el
fondo del asunto planteado es necesario que este supere los requisitos generales de
procedencia de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, de tal manera
debe concluirse que el amparo de la referencia resulta improcedente por
desconocimiento del principio de subsidiariedad.

3. Conclusión

29. En este orden de ideas, la Sala declarará improcedente, por no superar el
requisito de la subsidiariedad, la solicitud de amparo presentada por Alfredo Muñoz
contra el Tribunal Administrativo de Nariño y el municipio de La Unión.

30. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Declarar improcedente la solicitud de tutela presentada por Alfredo Muñoz
en contra del Tribunal Administrativo de Nariño y el municipio de La Unión.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) dias siguientes a
su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Rad. 11001-03-15-000-2022-02041-00, 20 de mayo del

2022. CP: José Roberto Sáchica Méndez.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02272-00
Demandante: Alfredo Muñoz

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CJE/LVLQ

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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