Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02272-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02272-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-02272-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02272-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: ALFREDO MUÑOZ
TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ QUE NO SE CUMPLE
CON EL REQUISITO GENERAL DE LA SUBSIDIARIEDAD, PUES EL MEDIO DE
CONTROL EN EL QUE SE PROFIRIÓ EL AUTO CUESTIONADO SE ENCUENTRA EN
TRÁMITE. ASIMISMO, AL CUESTIONAR ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE DAN
CUMPLIMIENTO A UNA ORDEN JUDICIAL.
DERECHOS FUNDAMENTALES: MÍNIMO VITAL, SEGURIDAD SOCIAL,
DIGNIDAD HUMANA, TRABAJO Y ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la
sentencia de 27 de abril de 2026, mediante la cual la SECCIÓN
SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO1
declaró improcedente la solicitud de amparo.
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En adelante SECCIÓN SEGUNDA.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02272-01
Actor: ALFREDO MUÑOZ
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
El señor ALFREDO MUÑOZ, actuando en nombre propio, en ejercicio
de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al
mínimo vital, a la seguridad social, a la dignidad humana, al trabajo
y al principio de estabilidad laboral reforzada, los cuales estima
vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO2 y
el MUNICIPIO LA UNIÓN3, al haber dictado, respectivamente, la
providencia de 20 de noviembre de 2025 dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de radicación 2025-00079-01 y el Decreto núm. 23 de 28 de
enero de 2026.
I.2.- Hechos
Sostuvo que mediante Resolución núm. 995 de 3 de diciembre de
2024 y el Decreto núm. 057 de 6 de febrero de 2025, el MUNICIPIO
lo desvinculó del servicio y derogó su nombramiento en período de
prueba en el cargo de operario, código 487, grado 1,
2
En adelante TRIBUNAL.
3
En adelante MUNICIPIO.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02272-01
Actor: ALFREDO MUÑOZ
respectivamente.
Adujo que por lo anterior promovió acción de tutela que correspondió
en segunda instancia a la SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO que,
en sentencia de 9 de mayo de 20254 garantizó su permanencia en un
cargo similar o permanente al que venía desempeñando de forma
transitoria, por el término 4 meses con el fin de que durante dicho
término ejerciera las acciones o medios de control pertinentes para
resolver la controversia, de la siguiente manera:
“[…] PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida por el
Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de La Unión (Nariño),
el 20 de marzo de 2025, dentro de la acción de tutela de la
referencia, y, en su lugar, CONCEDER de forma transitoria el
amparo constitucional al debido proceso, salud, trabajo,
mínimo vital y estabilidad laboral reforzada del señor Alfredo
Muñoz.
SEGUNDO. En consecuencia, SUSPENDER la aplicación del
Decreto No. 057 del 6 de febrero de 2025, por medio del cual se
resolvió declarar la terminación del empleo en provisionalidad.
TERCERO. ORDENAR a la Alcaldía Municipal de La Unión,
Nariño que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes
a la notificación de esta providencia de la Unión, adopte las
medidas pertinentes para garantizar la permanencia del
accionante en el cargo que venía desempeñando en
provisionalidad, asignándole funciones acordes a su estado de
salud y a las recomendaciones médicas que se hagan. Así
mismo, deberá efectuar el pago de los salarios y demás
emolumentos que se pueden llegar a causar durante el tiempo
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Identificada con número único de radicación 2025-00033-01.
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Actor: ALFREDO MUÑOZ
en que se mantenga el amparo transitorio.
CUARTO. Las órdenes impartidas en la presente
providencia permanecerán vigentes durante el término de
cuatro (4) meses siguientes a su notificación. Dentro de
éste, la parte accionante deberá elevar las acciones o medios de
control ordinarios pertinentes para resolver de fondo la
controversia, junto con las medidas cautelares
correspondientes. En caso de no cumplir con esta carga procesal,
cesarán automáticamente los efectos de la protección concedida
[…]”.
Indicó que, por lo anterior, promovió demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el
MUNICIPIO, con el fin de que se declarara la nulidad de los
mencionados actos administrativos, el cual fue identificado con el
número único de radicación 2025-00079-00 y le correspondió por
reparto al JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE PASTO5 que, mediante auto de 19 de septiembre de
2025, decretó la medida cautelar solicitada y ordenó su reintegro al
cargo solicitado.
Señaló que el TRIBUNAL en proveído de 20 de noviembre de 2025
revocó la decisión del a quo al considerar que no estaba acreditada
la confluencia de un perjuicio en su contra, así como tampoco estaba
demostrada la vulneración flagrante de sus derechos fundamentales.
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En adelante TRIBUNAL.
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Actor: ALFREDO MUÑOZ
Finalmente, refirió que el MUNICIPIO expidió el Decreto núm. 023
de 28 de enero de 2026, -en cumplimiento del fallo de tutela de 9 de
mayo de 2025-, por medio del cual dio por terminado su
nombramiento temporal.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio del actor, el MUNICIPIO le impidió tomar posesión en el
cargo de operario pese a ganar un concurso de méritos, pues
fundamentó su decisión solamente en el concepto de “no adecuado”
del examen médico que se practicó, sin tener en cuenta que en el
mismo se determinó que sí podía realizar labores que no requirieran
esfuerzo físico.
Adujo que las autoridades accionadas pasaron por alto que su
pérdida de capacidad laboral del 22.50% es consecuencia de un
accidente de trabajo que sufrió mientras desempeñaba ese mismo
empleo en provisionalidad, de tal forma que no puede ser usado
como argumento para desvincularlo del cargo de operario.
Refirió que la parte demandada lo dejó en un estado de desprotección
total al vulnerarle su garantía a la estabilidad laboral reforzada como
persona en condición de debilidad manifiesta por razones de salud.
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Alegó que el TRIBUNAL revocó la suspensión provisional de los actos
administrativos acusados al asumir erróneamente que contaba con
una protección indefinida bajo un cargo temporal, cuando en realidad
el ente territorial ya lo había eliminado, por lo que la decisión
cuestionada lo impacta económica y personalmente, pues se
encuentra desempleado a sus 61 años, sin ingresos para el sustento
de su hogar y en un riesgo inminente ya que no pueda cotizar las
semanas faltantes para acceder a la pensión de vejez.
I.4.- Pretensiones
Por lo anterior, el actor solicitó lo siguiente:
“[…] PRIMERA. Solicito a la honorable Corporación se sirva tutelar
los derechos fundamentales al mínimo vital, seguridad social,
dignidad humana, trabajo y estabilidad laboral reforzada por
condiciones de salud del suscrito accionante, vulnerados por el
Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión y el
municipio de La Unión, Nariño con la expedición de la siguiente
providencia y acto administrativo, respectivamente:
• Auto del 20 de noviembre de 2025, por medio del cual la
Corporación accionada revocó la providencia del Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Pasto que, a su vez, concedió la
medida cautelar de suspensión provisional de los actos
administrativos elevada por el suscrito accionante en el medio de
control 20013333001-2025-00079-00 promovido en contra de la
aludida entidad territorial.
• Decreto No. 023 del 28 de enero de 2026, “Por medio del cual se
da por terminado un nombramiento temporal, en cumplimiento a
una Sentencia de Tutela de Segunda Instancia proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto – Sala Civil Familia,
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identificada con el Radicado No. 2025- 00033 (331-25), se ordena
el retiro del servicio de un funcionario de la planta de personal de
la Alcaldía Municipal de La Unión – Nariño y se suprime un cargo”.
SEGUNDA. Como consecuencia de lo anterior, solicito se dejen sin
efectos las resoluciones, judicial y administrativa antes referidas y
en su lugar, se ordene a la autoridad judicial accionada que en un
término razonable dicte una providencia de reemplazo en la que se
tenga en cuenta la realidad de la situación que el suscrito atraviesa,
de conformidad con la argumentación planteada en la presente
acción de tutela.
TERCERA. Igualmente, se solicita ordenar al municipio de La Unión,
Nariño por intermedio de su representante legal que, de manera
inmediata reintegre al suscrito accionante al cargo de “Operario”,
código 487, grado 1, nombrado en provisionalidad o, en su defecto,
como en el pasado cree nuevamente dicho cargo de manera
temporal, con el fin de garantizar la permanencia provisional del
suscrito en ese empleo hasta que se profiera el fallo respectivo en
el presente asunto.
CUARTA. Se ordene al municipio de La Unión, Nariño realizar el
pago de los salarios, prestaciones sociales y todo concepto que el
suscrito dejó de percibir en el cargo de “Operario”, código 487,
grado 1, hasta que se haga efectivo su reintegro provisional. Así
mismo, se ordene realizar los aportes al Sistema General de
Pensiones […]” (Destacado texto original).
I.5. Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL solicitó que se declare improcedente la
solicitud de amparo de la referencia por cuanto no se cumple con el
requisito general de la subsidiariedad, en la medida que el actor
cuenta con otros medios de defensa y lo que pretende es usar la
presente acción de tutela como una instancia adicional al proceso
ordinario cuestionado.
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I.5.2.- El MUNICIPIO también solicitó que se declare improcedente
la acción de tutela, toda vez que no se cumple con el requisito de la
subsidiariedad, máxime cuando no se evidencia la ocurrencia de un
perjuicio irremediable que justifique el amparo como mecanismo
transitorio.
I.6. Intervinientes
I.6.1.- El JUZGADO sostuvo que no ha vulnerado los derechos
fundamentales alegados por el actor, pues la decisión que profirió en
su momento estuvo ajustada a derecho.
I.6.2.- El señor SEGUNDO TOBÍAS FERNÁNDEZ BOLAÑOS,
solicitó que se declare improcedente la solicitud de amparo al no
encontrarse vulnerados los derechos fundamentales invocados y,
además, por cuanto el actor no agotó todos los mecanismos que tenía
a su disposición dentro del proceso ordinario cuestionado.
Sumado a ello, destacó que el MUNICIPIO fue diligente en su
actuar, por lo que frente a este tampoco deben prosperar las
pretensiones expuestas.
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II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN SEGUNDA mediante sentencia de 27 de abril de 2026,
declaró improcedente el amparo al considerar que no se cumple con
el requisito general de la subsidiariedad.
Para el efecto, consideró que el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho objeto de tutela se encuentra en curso,
por lo que es dentro de este en el que el actor puede solicitar una
nueva medida cautelar si estima que existen hechos sobrevinientes
que ameriten su decreto.
Afirmó que aun cuando el actor también solicitó dejar sin efectos el
acto administrativo que dio por terminado su nombramiento
temporal, no emitiría pronunciamiento alguno, por cuanto este fue
expedido en cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia de tutela
de 9 de mayo de 2025, proferida por el TRIBUNAL SUPERIOR.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El actor impugnó la decisión proferida en primera instancia y solicitó
que se revoque, para lo cual argumentó lo siguiente:
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Señaló que resulta desacertada la decisión del a quo al declarar
improcedente el amparo por falta del requisito de subsidiariedad,
pues obligarlo a solicitar una segunda medida cautelar por hechos
nuevos cuando ya se agotó tal mecanismo dentro del proceso
ordinario, no evita la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Cuestionó que se considere legítimo el acto administrativo que lo
retiró del servicio bajo el argumento de que fue el simple acatamiento
de una acción de tutela previa, pues la protección otorgada por el
TRIBUNAL SUPERIOR fue transitoria mientras se acudía a la vía
ordinaria, de tal forma que el MUNICIPIO conocía este límite y la
expedición del Decreto núm. 023 de 2026 no constituye un hecho
nuevo sino la materialización de una desvinculación que ya estaba
prevista.
Adujo que el a quo omitió analizar la falta de idoneidad y eficacia de
pedir una nueva medida cautelar ante la jurisdicción contencioso-
administrativa, pues el TRIBUNAL ya fijó una postura restrictiva al
revocar la suspensión provisional que inicialmente le había otorgado
el juez de primera instancia, lo que le cierra las posibilidades de
obtener una protección oportuna por esa vía.
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Finalmente, aseguró que el juez de primera instancia se limitó a un
análisis formal de procedencia, ignorando los graves yerros en los
que incurrió el TRIBUNAL al no valorar su situación de
vulnerabilidad.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
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(expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
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“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción
de tutela como un mecanismo de protección alternativo,
se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional
en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
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susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
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d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera
del texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
deje sin efecto la providencia de 20 de noviembre de 2025,
proferida por el TRIBUNAL dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 2025-00079-01. Igualmente, que se declare la nulidad del
Decreto núm. 23 de 2026 expedido por el MUNICIPIO, por medio
del cual dio por terminado su nombramiento temporal y fue retirado
del servicio.
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A juicio del actor, las accionadas vulneraron sus derechos
fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social, a la dignidad
humana, al trabajo y al principio de estabilidad laboral reforzada,
habida cuenta que, en su sentir, el MUNICIPIO le negó la posesión
en el cargo de operario que ganó por concurso de méritos, basándose
exclusivamente en un examen médico que lo declaró "no adecuado",
obviando que sí puede realizar labores que no requieran esfuerzo
físico y omitiendo que su pérdida de capacidad laboral del 22,50%,
se derivó de un accidente de trabajo sufrido en el mismo ente
territorial. Asimismo, cuestionó el auto proferido por el TRIBUNAL
que revocó la suspensión provisional que lo favorecía bajo el falso
supuesto de que gozaba de protección en un cargo temporal que la
administración ya eliminó.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN SEGUNDA que, mediante sentencia de 27 de abril de
2026, declaró improcedente la solicitud de amparo al considerar que
no se cumplió con el requisito de la subsidiariedad.
Inconforme con lo anterior, el actor interpuso recurso de
impugnación contra la decisión proferida en primera instancia, en el
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que sostuvo que los mecanismos ordinarios ya se agotaron, por lo
que resultaba ineficaz pedir una nueva medida cautelar. Asimismo,
cuestionó que el juez ordinario avalara lo dispuesto en el acto
administrativo objeto de debate e indicó que el a quo se limitó a
realizar un análisis formal sin verificar de fondo la vulneración de sus
derechos fundamentales invocados.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a
resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se
verificará en primera medida si se cumplen los presupuestos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial; y, de ser así, se establecerá si el TRIBUNAL vulneró los
derechos deprecados.
En ese orden de ideas, la Sala entrará a examinar el cumplimiento
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en especial, el requisito general de
la subsidiariedad.
Al respecto, cabe señalar que el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991
prevé como causal de improcedencia que «existan otros recursos
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o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto
a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante» (Subrayas y negrillas fuera del texto).
Lo anterior significa, que este mecanismo de amparo ostenta un
carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente
cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales
para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo
tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en
aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.
Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,
afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los
derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural
idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las
competencias establecidas por el legislador.
No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de
un perjuicio irremediable, el juez constitucional podría
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intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos
fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo
contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de
amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se
dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer
del fondo del asunto.»6 (Subrayas y negrillas fuera del texto).
Precisado lo anterior, la Sala encuentra que la presente acción de
tutela es improcedente por carencia del requisito general de
la subsidiariedad, en razón a que el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que fue proferida la providencia
cuestionada se encuentra en curso, sin que se advierta que dicha
decisión impida el acceso a la administración de justicia del actor o
su derecho a la tutela judicial efectiva.
En efecto, el hecho de que en el proceso origen de la controversia se
haya revocado el auto de 19 de septiembre de 2025, que decretó la
medida cautelar solicitada, no implica que no pueda continuar
ejerciendo su derecho de defensa y principio de contradicción en
dicho trámite, ni que tal circunstancia defina su situación, pues esto
6
Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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último será resuelto en la sentencia de primera instancia que allí se
profiera, la cual incluso será susceptible del recurso de apelación.
En efecto, esta Sección7 ha indicado que el requisito de
subsidiariedad tampoco se cumple cuando se encuentra en trámite
el proceso en el que se profirió la decisión objeto de tutela. Al
respecto, señaló que:
“[…] Es necesario reiterar que, por regla general, cuando el
proceso se encuentra en curso, la acción de tutela no es
procedente para cuestionar cualquier decisión adversa a
las partes, aún luego de agotados los recursos que contra
ellas proceden dentro del proceso, si el desarrollo del
medio de control no ha finalizado y, por tanto, no se puede
tener certeza de la trascendencia de esa presunta
irregularidad procesal en la decisión que pone fin al
proceso.
Lo anterior atiende, además, a la imposibilidad de acudir a la
acción de tutela como una tercera instancia ante decisiones que
no convienen a las partes en el trámite de los procesos, cuyos
efectos en la decisión definitiva son inciertos, y que, además, no
generan ningún perjuicio ius fundamental irremediable.
En este sentido, solo en el evento en que las presuntas
irregularidades en el curso del proceso impidan el acceso a la
administración de justicia y el derecho a la tutela judicial efectiva
de la parte accionante, y ésta carezca de medios judiciales de
defensa al interior del proceso, resultaría procedente asumir su
estudio en sede de tutela, situación que no se presenta en el
caso sub judice por cuanto, el medio de control aún está en
trámite […]” (Resaltado fuera del texto).
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
diciembre de 2017, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 2017-03006-00.
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Al respecto, para la Sala es claro que la providencia a la cual el actor
le atribuyó la afectación de sus garantías fundamentales no puso fin
al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 2025-00079-00, que
aún se encuentra en trámite y, por ende, la intervención del juez
constitucional se encuentra vedada. Ello, por cuanto, se reitera, es el
mismo proceso ordinario el adecuado para hacer valer los derechos
que el accionante estima vulnerados y mal haría el juez de tutela en
suplantar las competencias que le están dadas al juez de
conocimiento.
Por otro lado, la Sala advierte que la sola edad del actor no es un
hecho que por sí solo configure un perjuicio irremediable que haga
procedente el estudio del fondo del asunto, en particular, porque no
se evidencia que no cuente con más recursos que suplan su mínimo
vital. En efecto, esta Sección se pronunció en tal sentido8:
“[…] Aunado a lo anterior, la parte actora sostuvo que la decisión
controvertida vulnera su derecho fundamental al mínimo vital;
sin embargo, no allegó ningún medio probatorio para corroborar
que ello es así y verificar que se encuentra en un estado de
vulnerabilidad, dado que, de conformidad con la jurisprudencia
constitucional, le corresponde al accionante demostrar la
vulneración de su mínimo vital, señalando qué necesidades
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de
noviembre de 2021, CP Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-
04089-01.
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básicas están siendo insatisfechas, pues “no sólo basta hacer
una afirmación llana respecto de la afectación del mínimo vital,
sino que dicha aseveración debe venir acompañada de pruebas
fehacientes y contundentes de tal afectación, que le permitan al
juez de tutela tener la certeza de tal situación […]”
De acuerdo con lo expuesto en precedencia, la Sala no advierte la
existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción
de tutela de la referencia como mecanismo transitorio, ya que de las
circunstancias fácticas probadas no se pudo advertir tal escenario y,
además, en todo caso, la situación jurídica del actor no se encuentra
definida pues como se expuso en líneas anteriores, el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho que instauró aún
se encuentra en trámite.
Ahora, frente a la inconformidad relativa a que se deje sin efecto el
Decreto núm. 023 de 28 de enero de 2026, expedido por el
MUNICIPIO, que dio por terminado su nombramiento temporal y
ordenó su retiro del servicio, la Sala advierte que tampoco tiene
vocación de prosperidad, tal como lo estimó el a quo, en la medida
en que ello obedeció a la orden dispuesta en la sentencia de tutela
de 9 de mayo de 2025, proferida por el TRIBUNAL SUPERIOR
dentro del expediente núm. 2025-00033-00.
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En efecto, verificado el Decreto núm. 023 de 2026 se observa que
este fue expedido en cumplimiento de la mencionada orden de
amparo:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO. – CUMPLIMIENTO DE FALLO DE
TUTELA. En atención de la Sentencia de Tutela de Segunda
Instancia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Pasto – Sala Civil Familia identificada con el Radicado No.
2025-00033 (331-25), al haber cumplido las condiciones y el
término en que fue otorgado transitoriamente el amparo
constitucional, se da por terminado el nombramiento del señor
Alfredo Muñoz, identificado con la cédula de ciudadanía No.
15.812.075, en el cargo temporal de OPERARIO, Código 487,
Grado 01, adscrito a la Secretaría de Planeación, a partir de del
día siguiente a la debida comunicación del presente acto
administrativo, ante la expiración del término transitorio del
amparo judicial que motivó su nombramiento, de acuerdo con la
parte motiva del presente acto administrativo […]”.
Así las cosas, comoquiera que el acto administrativo cuestionado no
creó, modificó o extinguió una situación jurídica, sino que se limitó a
acatar una orden judicial, por regla general la acción de tutela resulta
improcedente para cuestionarlo, tal como lo ha dispuesto esta
Sección en anteriores pronunciamientos, entre ellos, en sentencia de
17 de octubre de 20259, en la que se dijo:
“[…] Al respecto, se advierte que los decretos y el acuerdo
mencionados supra se expidieron en cumplimiento de la
sentencia de 30 de abril de 2013 proferida dentro de la acción
popular objeto de debate, respecto de la cual el Juzgado Quince
Administrativo de Bucaramanga está tramitando la verificación
de su cumplimiento.
9
M.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, expediente número 68001-23-33-000-2025-00276.
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48. Esta Sección ha señalado que la acción de tutela es
improcedente contra este tipo de actos porque no crean,
extinguen o modifican una situación jurídica en razón a
que se limitan a dar cumplimiento a una orden judicial. En
efecto, en la sentencia de 7 de julio de 2023 se señaló lo
siguiente:
“[…] 9. Retornando al caso objeto de estudio, se advierte que la
Resolución N° SUB58583 de 1 de marzo de 2023, emitida por la
Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones,
es un acto de ejecución de los fallos proferidos en primera y
segunda por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de
Ibagué y por el Tribunal Administrativo del Tolima.
40. Nótese que en las consideraciones del citado administrativo
se indicó: «[…] [e]n este orden de ideas, se procederá a dar
cumplimiento al fallo judicial proferido por el JUZGADO SEXTO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE IBAGUE y confirmado por
el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TOLIMA y como consecuencia
se ordenará la disminución de la mesada pensional en cuantía
inicial de $2.270.283, a partir del 1 de marzo de 2023 […]».
41. Valga resaltar que los actos administrativos de
ejecución son aquellos que se limitan a dar cumplimiento
a las decisiones de autoridades judiciales. En ese sentido,
la Corte Constitucional y esta Corporación han sostenido
que, por regla general, la acción de tutela resulta
improcedente contra este tipo de actos porque no crean,
modifican o extinguen una situación jurídica, sino que se
restringen a dar cumplimiento a una orden que, como en
el presente caso, se encuentra cobijada por la institución
de la cosa juzgada. Al respecto la Corte Constitucional, en la
sentencia SU – 077 de 2018, señaló lo siguiente:
«De otra parte, los actos de trámite, que comprenden los
preparatorios, de ejecución y, en general, todos los actos de
impulso procesal son los que no crean, modifican o extinguen
una situación jurídica concreta, sino que están encaminados a
contribuir con su realización. Con respecto a dichos actos,
esta Corporación ha establecido que “(…) no expresan en
conjunto la voluntad de la administración, pues
simplemente constituyen el conjunto de actuaciones
intermedias, que preceden a la formación de la decisión
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administrativa que se plasma en el acto definitivo y, en la
mayoría de los casos, no crean, definen, modifican o
extinguen situaciones jurídicas.”
(…)
15. De la clasificación de los actos de la administración y,
en particular, la categoría de actos de trámite, se deduce
que por regla general la tutela es improcedente para
cuestionarlos, en la medida en que no expresan en
concreto la voluntad de la administración y son
susceptibles de control por parte del juez natural del
asunto cuando se controvierta la legalidad del acto
administrativo definitivo.
(…)
En ese orden de ideas, la tutela procede excepcionalmente para
cuestionar actos administrativos de trámite, cuando constituya
una medida preventiva, “(…) encaminada a que la autoridad
encauce su actuación conforme a los preceptos constitucionales
que amparan los derechos fundamentales, y a que el desarrollo
de su actividad sea regular desde el punto de vista constitucional
y, consecuencialmente, el acto definitivo que expida sea
legítimo, es decir, ajustado al principio de legalidad».
42. En este orden de ideas, la Sala considera que la
presente acción de tutela no cumple con el requisito
general de subsidiariedad, teniendo en cuenta que en el
presente caso el señor Quimbayo Lozano está
cuestionando el acto administrativo emitido por
Colpensiones en cumplimiento de las sentencias
judiciales proferidas en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho N° 73001-33-33-006-2019-
00245-01, esto es, la Resolución SUB-58583 el 1 de marzo
de 2023 que redujo la mesada pensional del aquí
accionante de $2.679.739 a $2.270.283. […]”.
49. En conclusión, la Sala considera que la acción de
tutela no es procedente para controvertir los Decretos
núms. 0051 de 26 de marzo de 2025 y 003 de 7 de enero
de 2025 y el Acuerdo Metropolitano de 6 de agosto de
2013 […]”. (destacado corresponde al texto).
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Por último, frente a las pretensiones del actor orientadas a que se
ordene al MUNICIPIO su reintegro al cargo de operario, así como el
pago de los salarios y emolumentos dejados de percibir, estas
también resultan improcedentes, ya que precisamente tales
reclamaciones constituyen el objeto central del debate que
actualmente cursa ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo, razón por la que el juez de tutela tiene vedado emitir
pronunciamientos o impartir órdenes sobre asuntos que competen
de manera exclusiva al juez natural de la causa, so pena de invadir
sus atribuciones legales.
Por lo precedente, se confirmará la decisión del a quo, que declaró
improcedente la solicitud de amparo y así se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad
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con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 6 de agosto de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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