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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02274-00

Fecha
30 de abril de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02274-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la señora Odila de Jesús González Rodríguez, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02274-00

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

30 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 15 000 2026 02274 00
Accionante: Odila de Jesús González Rodríguez
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por incumplir el
requisito general de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por la señora Odila de Jesús González
Rodríguez en contra de las sentencias proferidas el 31 de octubre de 2025 y el 22 de
enero de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Cartago, respectivamente, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 76147 33 33 003 2022
00875 00/01.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Odila de Jesús González Rodríguez, actuando por conducto de su apoderada
judicial, promovió acción de tutela en contra de la precitada providencia, y para ello,
formuló las siguientes pretensiones1:

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales DEBIDO PROCESO, MINIMO
VITAL, IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y
SEGURIDAD SOCIAL, de mi representada y que han sido vulnerados por la
accionada.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de segunda instancia emitida
dentro del proceso con radicado No. 76147-33-33-003-2022-00875 01 y ordenar
al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, la expedición de
una nueva sentencia en que reconozca, liquide y ordene pagar la pensión de
sobrevivientes a mi representada. [Mayúsculas y negrillas de la tutela]

2. SITUACIÓN FÁCTICA

La accionante manifestó que sostuvo una unión con el señor José Duley Londoño Pérez
quien inició labores como inspector de policía del municipio de Toro (Valle del Cauca) el
4 de marzo de 1974.

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 02274 00.

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Accionante: Odila de Jesús González Rodríguez
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

Indicó que el señor Londoño Pérez falleció el 30 de octubre de 1975 en ejercicio de sus
funciones, razón por la cual fue reconocida como víctima del conflicto armado mediante
Resolución núm. 201903705 del 21 de junio de 2019, expedida por la UARIV 2.

Señaló que en 2019 presentó derecho de petición ante la Gobernación del Valle del
Cauca solicitando información sobre la vinculación laboral del causante. La entidad
respondió que este laboró durante 1 año y 26 días, y que reconocería, mediante bono
pensional, lo que determinara el fondo de pensiones correspondiente.

Continuó relatando que el 6 de mayo de 2021, solicitó el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes o la indemnización sustitutiva. Frente a ello, mediante Resolución núm.
0291 del 24 de mayo de 2021, la entidad negó la solicitud al considerar aplicables las
Leyes 6 de 1945 y 12 de 1975, que exigían 20 años de servicio para acceder a la pensión
de sobrevivientes.

Contra esta decisión interpuso recurso de reposición, alegando la aplicación retrospectiva
de la Ley 100 de 1993 conforme a la jurisprudencia constitucional. No obstante, mediante
Resolución núm. 0386 del 16 de julio de 2021 se confirmó la negativa, bajo el argumento
de que la indemnización sustitutiva solo aplica a quienes se afiliaron al Régimen de Prima
Media tras la creación del sistema.

Indicó que promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra el
departamento del Valle del Cauca, solicitando la nulidad de los precitados actos
administrativos y que, a título de restablecimiento del derecho, se le otorgara el
reconocimiento de las prestaciones reclamadas, junto con la indexación de las sumas
adeudadas.

La demanda correspondió por reparto al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Cartago que, mediante sentencia del 22 de enero de 2024 negó las pretensiones por
considerar inaplicable la Ley 100 de 1993 en virtud del principio de irretroactividad. Esta
decisión fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca mediante sentencia del 31 de octubre de 2025.

La accionante reprochó que las autoridades judiciales no aplicaron un enfoque diferencial
al ser sujeto de especial protección constitucional por su condición de adulto mayor,
víctima del conflicto armado y por su estado de salud.

En cuanto a la procedencia de la acción de tutela, sostuvo que el caso tiene relevancia
constitucional al involucrar la protección de sus derechos fundamentales y no una mera
controversia económica. Asimismo, afirmó haber agotado todos los medios ordinarios de
defensa judicial que tenía a su alcance y que también cumple con el requisito de
inmediatez al interponer la tutela dentro de un término razonable.

Argumentó que las decisiones judiciales vulneraron sus derechos al debido proceso,
acceso a la justicia y seguridad social, al desconocer el precedente constitucional sobre
la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993, con base en una interpretación
restrictiva del momento de consolidación del derecho.

En cuanto a los requisitos específicos de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, alegó que las sentencias acusadas incurrieron en

2 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas

2

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desconocimiento del precedente, en decisión sin motivación, en defecto sustantivo y
violación directa de la constitución Política.

Frente al desconocimiento del precedente, citó varias sentencias de la Corte
Constitucional, entre ellas las T-891 de 2011, T-072 de 2012, T-587A de 2012, T-564 de
2015, T-415 de 2017, T-525 de 2017 y, especialmente, la T-012 de 2022, por considerar
que esta última resolvió un caso análogo relacionado con el reconocimiento de la pensión
de sobrevivientes cuando el fallecimiento del causante ocurrió antes de la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993. Según indicó, dicha jurisprudencia permite la aplicación
retrospectiva de esa ley cuando la situación jurídica no se encuentra consolidada y exige
analizar las circunstancias particulares del caso.

Asimismo, adujo que las providencias cuestionadas incurrieron en decisión sin
motivación, porque el juzgado y el tribunal se habrían limitado a citar jurisprudencia sin
analizar de manera concreta su situación ni responder los argumentos del recurso de
apelación.

En cuanto al defecto material o sustantivo, argumentaron que las autoridades judiciales
crearon requisitos no previstos en la Ley 100 de 1993, como exigir un tiempo considerable
de cotización o descartar la prestación por haber recibido otros beneficios económicos.
A su juicio, ello también configuró una violación directa de la Constitución, al desconocer
sus derechos fundamentales y omitir la aplicación de un enfoque diferencial.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 19 de marzo de 20263 y correspondió por reparto a esta
Sección que, por auto del 24 de marzo de 20264 la admitió y dispuso notificar5 al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Cartago, como partes accionadas; así como vincular al departamento del Valle del Cauca,
como terceros con interés directo en el resultado del proceso.

De igual forma, se requirió al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Cartago y al
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para que allegaran copia digital del
expediente correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
identificado con radicado núm. 76147 33 33 003 2022 00875 00/01, el cual fue remitido6.

3.2. La apoderada del departamento del Valle del Cauca allegó escrito7 en el que se
opuso a las pretensiones y solicitó que se declare improcedente la acción de tutela en
cuanto no se encuentra acreditada ninguna conducta atribuible a esta entidad que se
pueda constituir violación de los derechos fundamentales señalados.

3 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 02274 00.
4 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 02274 00.
5 Esta orden se cumplió el 26 de marzo de 2026. Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión

Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 02274 00.
6 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 02274 00.
7 Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 02274 00.
3

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Accionante: Odila de Jesús González Rodríguez
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

3.3. La secretaria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca remitió el expediente
solicitado, sin embargo, el despacho sustanciador no se pronunció sobre los hechos y las
pretensiones de la acción de tutela.

3.4. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Cartago guardó silencio.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 8 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,9 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202110, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 201911, modificado por el Acuerdo núm. 434 del
10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula
la distribución de procesos entre las secciones.

4.2. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente12:

4.2.1. La señora Odila de Jesús González Rodríguez, actuando por conducto de
apoderado judicial, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra
el departamento del Valle del Cauca, con el fin de que se declare la nulidad de las
Resoluciones núm. 0291 del 24 de mayo de 2021 y núm. 0386 del 16 de julio de 2021,
mediante la cual se le negó el reconocimiento de la pensión de sobreviviente,
indemnización sustitutiva o bono pensional solicitados.

A título de reconocimiento del derecho solicitó que se condenara a la entidad demandada
al reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente, indemnización sustitutiva o
bono pensional, a su favor en calidad de compañera permanente supérstite del señor
José Duley Londoño Pérez desde el día 31 de marzo de 1975.

4.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito de Cartago que, mediante sentencia del 22 de enero de 2025 negó las
pretensiones.

4.2.3. Inconforme con la decisión anterior, la parte actora interpuso recurso de apelación,
y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia del 31 de octubre de 2025,
la confirmó.

8 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
9 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece

las reglas de reparto de la acción de tutela.
10 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
11 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
12 Lo que se desprende del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado

con radicado núm. 76147 33 33 003 2022 00875 00. Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 02274 00.
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4.3. ANÁLISIS DE LA SALA

Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.

El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar es la
relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá en (i) los criterios que la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii)
caso concreto.

4.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que13:

[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […].

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.

A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la sentencia SU –
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades14:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.

13 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
14 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido. Este

criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.
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Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia 15. De manera
que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar la relevancia constitucional.

4.3.2. Caso concreto

La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el tercer
criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que:

[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de
mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los asuntos de
relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales]
y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal” (…)16. (Se destaca) […].

En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.

En igual sentido anotó que “como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se
destaca).

En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso y la jurisprudencia aplicable, resulta evidente que
este mecanismo constitucional está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo
la autonomía e independencia del juez natural.

La Sala advierte que, en este evento, no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la compone, esto es, impedir que
la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces, no está superado.

Ello, debido a que, a través de la solicitud de amparo, la parte actora pretende reabrir el
debate que se surtió en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, dado que
sus inconformidades están encaminadas a cuestionar la interpretación jurídica adoptada
por la autoridad judicial accionada, en particular frente a la aplicación de la

15 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29

de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente núm. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
16 Corte Constitucional. Sentencia SU 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.

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retrospectividad de la Ley 100 de 1993 y el alcance de los precedentes constitucionales
invocados.

Lo anterior, con el fin de insistir en que sí tiene derecho al reconocimiento y pago de la
pensión de sobrevivientes solicitada, lo cual ya fue objeto de debate.

Al respecto, el tribunal accionado, en la sentencia de segunda instancia acusada, expuso
lo siguiente:

El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Cartago negó las pretensiones de
la demandante, al acreditarse que el causante laboró 1 año y 27 días como
Inspector Departamental de Policía de “La Quiebra” municipio de Toro y falleció el
30 de marzo de 1975 por tanto en aplicación de la Ley 6 de 1945 y la Ley 12 de
1975, no cumplió el tiempo mínimo el reconocimiento pensional.

Determinó además que no era posible aplicar la Ley 100 de 1993 de manera
retrospectiva, dado que el fallecimiento ocurrió antes de su vigencia, tampoco
reconoció la indemnización sustitutiva ni el bono pensional, ya que el causante
murió a los 36 años, sin cumplir la edad ni el tiempo requeridos para pensionarse o
cotizar en el nuevo sistema.

[…]

Así las cosas, quedó acreditado en ambas instancias que, para el 13 de febrero de
1985, fecha en la que entró en vigencia la Ley 33 de 1985, el señor José Duley
Londoño Pérez laboró un (1) año y veintisiete (27) días como empleado público, en
consecuencia, el régimen aplicable es el consagrado en la Ley 33 de 1985, dado
que no acreditó los requisitos para convertirse en beneficiario del régimen de
transición contenido en el parágrafo 2.º del artículo 1.º de la mencionada normativa.

[…]

En virtud de lo expuesto, es claro que la señora Odila de Jesús González Rodríguez
no tiene derecho a acceder a la pensión de sobrevivientes prevista en los artículos
46 a 48 de la Ley 100 de 1993, toda vez que las expectativas prestacionales
derivadas del fallecimiento de su esposo se consolidaron bajo la normatividad
anterior, cuyos requisitos de tiempo de servicio no se cumplieron, pues el causante
laboró únicamente un (1) año y veintisiete (27) días, de los veinte (20) años exigidos
para el reconocimiento de la pensión contemplada en el artículo 1.º de la Ley 33 de
1985.

[…]

De lo expuesto se colige que no es posible, por razones de favorabilidad, aplicar de
manera retrospectiva el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 para reconocer la pensión
de sobrevivientes, toda vez que la situación jurídica se consolidó al momento del
fallecimiento del afiliado, ocurrido el 30 de marzo de 1975, es decir, antes de la
entrada en vigencia de dicha ley.

[…]

En cuanto a la pretensión de reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la
pensión y del bono pensional, esta tampoco resulta procedente, toda vez que
ambos beneficios fueron creados por la Ley 100 de 1993, norma que no puede
aplicarse de manera retrospectiva a una situación jurídica consolidada con el
fallecimiento del señor José Duley Londoño Pérez en 1975, cuando aún no existían
el Sistema General de Pensiones ni dichas figuras, por lo que su reconocimiento
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implicaría desconocer el principio de irretroactividad de la ley, por tanto la parte
actora no se desvirtuó la legalidad de los actos acusados.

Finalmente, en el asunto no es dable aplicar el enfoque de género porque el
problema jurídico principal no se deriva de una situación de discriminación o
desigualdad por razón de sexo, la discusión se dio en torno al principio de
irretroactividad de la ley y la imposibilidad jurídica de aplicar una norma posterior
para crear derechos que no existían al momento del fallecimiento del causante.

Bajo dicho contexto, la Sala advierte que la autoridad judicial accionada sí realizó un
análisis expreso y de fondo sobre el régimen jurídico aplicable, la improcedencia de la
aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993 y la inexistencia del derecho pensional
reclamado, con fundamento en el principio de irretroactividad de la ley y en la
consolidación de la situación jurídica al momento del fallecimiento del causante.

En ese sentido, la acción de tutela está siendo utilizada como una instancia adicional al
proceso ordinario para controvertir lo resuelto por el juez natural de la causa e insistir en
una interpretación distinta sobre la normativa aplicable, sin que se evidencie una
afectación constitucional autónoma que habilite la intervención del juez de tutela. Por
ello, se concluye que la solicitud de amparo no cumple con el tercer criterio del requisito
de relevancia constitucional.

En este punto, la Sala destaca que el proceso judicial se estructura a partir de las
pretensiones, excepciones y hechos propuestos por las partes, y que la decisión del juez
se fundamenta en las pruebas y en el derecho aplicable, en ejercicio de las competencias
que le han sido atribuidas por la Constitución y la ley.

Por lo tanto, cuando el juez decide sobre la controversia sometida a su conocimiento, no
le corresponde al juez constitucional intervenir para replantear el debate jurídico ya
resuelto, pues ello implicaría desbordar el ámbito de sus competencias y desnaturalizar
la acción de tutela como mecanismo excepcional de protección de derechos
fundamentales.

Bajo tales circunstancias, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse sobre las
cuestiones fácticas y jurídicas objeto del debate, en los términos planteados por las
partes, no es el juez de constitucionalidad el llamado a definir nuevamente el caso, salvo
que se evidencie una afectación sustancial al debido proceso, lo cual no ocurre en el
presente asunto.

Por lo anotado, sin ser necesario descender en otras consideraciones, la Sala declarará
improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito general de relevancia
constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

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Accionante: Odila de Jesús González Rodríguez
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la señora
Odila de Jesús González Rodríguez, según lo expuesto en la parte considerativa de esta
sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 30 de
abril de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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