Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02274-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02274-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02274-01
Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora
7 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Bogotá, D.C., siete (7) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02274-01
Accionante: ODILA DE JESÚS GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial/ Confirma improcedencia por incumplimiento
del requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
1. Se confirmará la sentencia proferida el 30 de abril de 2026 por la Sección Primera de
esta Corporación, que declaró improcedente la acción de tutela, por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional. La controversia propuesta es una reiteración de la
inconformidad sobre la nulidad de los actos administrativos que negaron el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.
II. ANTECEDENTES
La demanda
2. El 19 de marzo de 2026, la señora Odila de Jesús González Rodríguez, a través de
apoderado judicial, interpuso demanda de tutela para proteger sus derechos
fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y móvil, a la igualdad, a la seguridad
social y de acceso a la administración de justicia. Atribuyó la vulneración a las sentencias
del 31 de octubre de 2025 y el 22 de enero de 2024, proferidas por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Tercero Administrativo de Cartago en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76147-33-33-003-2022-
00875-01.
Hechos relevantes
3. La señora Odila de Jesús González Rodríguez se casó con el señor José Duley
Londoño Pérez, en el mes de octubre de 1968. El 4 de mayo de 1974, este último
comenzó a laborar en el cargo de inspector de Policía del municipio de Toro (Valle del
Cauca).
4. El señor Londoño Pérez falleció el 30 de octubre de 1975 con ocasión y en ejercicio
de sus funciones como inspector de Policía. Sus hijos Hilder y Raulinzon Londoño
González también fallecieron el 17 de junio de 1993 en el municipio de Cartago (Valle
del Cauca).
5. La señora González Rodríguez fue reconocida como víctima del conflicto armado a
través de la Resolución 201903705 del 21 de junio de 2019 proferida por la UARIV.
6. En 2019, solicitó a la Gobernación del Valle del Cauca información sobre la vinculación
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Accionante: Odila de Jesús González Rodríguez
laboral que su difunto compañero tuvo con esa entidad. En Oficio FO-M9-P3-16-V01
(1.110.10.-43 SADE) del 22 de marzo de 2018 le informaron que el señor Londoño Pérez
prestó sus servicios al departamento desde el 4 de marzo de 1974 hasta el 30 de marzo
de 1975, periodo en el que esa entidad no cotizaba a ningún fondo de pensiones ni caja
de previsión social. Asimismo, le informó que el tiempo laborado antes de entrar en vigor
la Ley 100 de 1993 lo reconocería a través de bono pensional o cuota parte, una vez el
mismo fuera solicitado por el fondo de pensiones que lo vaya a pensionar.
7. El 6 de mayo de 2021, solicitó a la Gobernación del Valle del Cauca el reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes, indemnización sustitutiva o el pago del bono pensional
correspondiente. El 24 de mayo siguiente, a través de la Resolución 0291, se negó lo
solicitado porque debía acreditarse que el afiliado contara con 20 años de servicio.
Contra la anterior decisión se interpuso recurso de reposición.
8. El 16 de julio de 2021, se profirió la Resolución 0386 por la Gobernación del Valle del
Cauca en la que confirmó lo decidido, porque la indemnización sustitutiva fue creada por
la Ley 100 de 1993 y las personas que cotizaron antes de la creación del Instituto del
Seguro Social solo tienen derecho al reconocimiento de dicha prestación siempre que
se hubieran afiliado al régimen de prima media, pues de no ser así, no tienen derecho a
tal reconocimiento.
9. Por lo anterior, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el fin de que se declarara la nulidad de los anteriores
actos administrativos. En sentencia del 22 de enero de 2024, el Juzgado Tercero
Administrativo de Cartago negó las pretensiones de la demanda. La decisión fue apelada
por la demandante. En sentencia del 31 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca confirmó la decisión de primera instancia.
Pretensiones
10. La accionante solicitó amparar sus derechos fundamentales, dejar sin efectos la
sentencia de segunda instancia y ordenar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
que profiera una nueva sentencia en la que reconozca, liquide y ordene pagar la pensión
de sobrevivientes.
Fundamentos de la tutela
11. En criterio de la accionante, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los
siguientes defectos:
12. Desconocimiento del precedente: en el proceso ordinario se refirieron múltiples
sentencias emitidas por la Corte Constitucional en el marco de revisión de tutelas, entre
ellas: sentencia T-891 de 2011, T-072 de 2012, T-587A de 2012, T-564 de 2015, T-415
de 2017 y T-525 de 2017; no obstante, el Juzgado de primera instancia solo citó
jurisprudencia del Consejo de Estado apartándose de los criterios fijados por la Corte
Constitucional.
13. Por lo anterior, interpuso recurso de apelación en el que cuestionó la inaplicación de
la jurisprudencia constitucional y, a pesar de ello, el Tribunal demandado no solo
mantuvo dicha postura, sino que también incurrió en desconocimiento del precedente
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porque no hizo referencia alguna a las sentencias reclamadas, ni tampoco hizo un
estudio para apartarse de ellas.
14. Hizo especial énfasis en la sentencia T-012 de 2022, en la que, en su criterio, se
estudió un caso de circunstancias fácticas similares porque también se trataba de un
accionante adulto mayor y el familiar respecto del cual reclamaban el derecho pensional
cotizó 2 años y 5 meses, mientras que, en su caso particular, el causante cotizó 1 año y
26 días.
15. En esa providencia, la Corte indicó que podía aplicarse retrospectivamente la Ley
100 de 1993 porque «no generaron situaciones consolidadas ni derechos adquiridos sino
que se incorporaron integralmente a dicha regulación sin importar el estado en que se
encontraban» y si bien en algunas sentencias de la propia Corte se exigía como requisito
un número considerable de años de cotización, también lo es que las sentencias T-564
de 2015 y T-116 de 2016 destacaron que debía analizarse en cada caso concreto la
proporcionalidad y razonabilidad de aplicar retrospectivamente la Ley 100 de 1993.
16. Decisión sin motivación: el juzgado de primera instancia no cumplió con la carga
argumentativa exigida por la Corte, y el Tribunal demandado «únicamente se limitó a
relatar los argumentos para confirmar la decisión, sin estudiar los fundamentos jurídicos
del recurso planteado».
17. Defecto sustantivo: porque le exigieron un periodo de cotización de más de 15 años
e indicar que la situación jurídica se consolidó con la muerte, y, además, porque le
negaron el reconocimiento de la pensión ya que fue beneficiaria de otros conceptos, tales
como el seguro de vida, requisitos que no son exigidos por la norma.
18. Violación directa de la Constitución: al desconocerse sus garantías al debido
proceso, a la vida digna, al mínimo vital, a la igualdad y de acceso a la administración de
justicia.
19. Por último, solicitó la aplicación de un enfoque diferencial porque es una persona de
77 años que tiene múltiples padecimientos en su salud, lo que afecta su estilo de vida y
demanda muchos gastos, aunado al hecho de que es víctima del conflicto armado.
Trámite impartido
20. En auto del 24 de marzo de 2026, el despacho sustanciador admitió la tutela contra
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Tercero Administrativo de
Cartago y vinculó, como tercero con interés, al departamento del Valle del Cauca.
Intervenciones
21. El departamento del Valle del Cauca se opuso a las pretensiones porque no «se
tiene ninguna relación con los hechos expuestos en el escrito de tutela», toda vez que la
tutela está dirigida contra las autoridades judiciales que conocieron del proceso ordinario.
Por lo anterior, pidió que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva.
22. Los demás vinculados guardaron silencio, a pesar de haber sido notificados del auto
admisorio de la demanda.
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Accionante: Odila de Jesús González Rodríguez
Sentencia de primera instancia
23. En sentencia del 30 de abril de 2026, la Sección Primera del Consejo de Estado
declaró improcedente la tutela, por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional.
24. La accionante pretende reabrir el debate del proceso ordinario, porque los
argumentos de la tutela están encaminados a cuestionar la interpretación jurídica
adoptada por la autoridad judicial accionada, en lo relacionado con la aplicación de la
retrospectividad de la Ley 100 de 1993 y el alcance de los precedentes constitucionales
invocados. Lo anterior, con el fin de insistir en que sí tiene derecho al reconocimiento y
pago de la pensión de sobrevivientes solicitada.
25. Agregó que el Tribunal sí realizó un análisis expreso y de fondo sobre el régimen
jurídico aplicable, la improcedencia de la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993
y la inexistencia del derecho pensional reclamado, con fundamento en el principio de
irretroactividad de la ley y en la consolidación de la situación jurídica al momento del
fallecimiento del causante.
26. Consideró que la tutela estaba siendo utilizada como una instancia adicional del
proceso ordinario, sin que se evidenciara una afectación constitucional autónoma que
habilite la intervención del juez de tutela.
Impugnación
27. La parte accionante impugnó. Argumentó que «resulta extraño que a pesar de que
se demorara 24 días para emitir un fallo no realizara un estudio y pronunciamiento
respecto de las manifestaciones realizadas en el escrito de tutela».
28. Confundió la teleología de la relevancia constitucional con los requisitos para su
procedencia, pues el escrito de tutela cumplió con la carga argumentativa. En su criterio,
el juez de primera instancia omitió valorar la existencia de los defectos que fueron
formulados los que «no sugieren un desacuerdo en la interpretación, sino unos yerros
que le restan validez jurídica a la decisión y que únicamente pueden ser reparados a
través de la acción de tutela» máxime cuando es sujeto de especial protección
constitucional por su edad y calidad de víctima del conflicto armado.
29. Cuestionó el formalismo legal asumido que desconoce la posibilidad de atacar una
providencia cuando es abiertamente injusta y contraria a los derechos fundamentales.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
30. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado es competente para resolver la impugnación, conforme a los
artículos 86 de la Constitución y 32 del Decreto 2591 de 1991, concordantes con el
Acuerdo 080 de 2019, por el cual se expidió el reglamento interno de esta corporación.
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Problema Jurídico y metodología de la decisión
31. Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia del 30
de abril de 2026, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional.
32. Para ello, verificará si la acción cumple con los requisitos de procedibilidad. Si se
cumplen, resolverá si las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos
invocados y vulneraron los derechos fundamentales del accionante.
Análisis de la Sala
Relevancia constitucional
33. La acción de tutela no es una instancia adicional para discutir aspectos económicos,
de mera legalidad o la interpretación legítima de los jueces naturales 1. Este mecanismo
solo procede cuando afloran serias dudas sobre la arbitrariedad, capricho o irracionalidad
de una decisión judicial.
34. La Sala confirmará la sentencia del 30 de abril de 2026, porque la acción de tutela
carece de relevancia constitucional.
35. En la impugnación, la accionante aseguró que el asunto tiene trascendencia
constitucional, en atención a que es un sujeto de especial protección constitucional en
atención a su edad, a las enfermedades que padece y a que es víctima del conflicto
armado. Al respecto, se tiene que, aunque la Sala no desconoce las circunstancias
invocadas, la jurisprudencia de la Corte Constitucional sostiene que la intervención del
juez de tutela es indispensable en los eventos en que la situación de vulnerabilidad está
asociada al debate que debe resolver. Sin embargo, en este caso, la edad y las
enfermedades que aquejan a la señora González Rodríguez no tienen conexidad con la
controversia que plantea.
36. El hecho de que la accionante sea víctima del conflicto armado, de la tercera edad o
padezca enfermedades, no implica, por sí solo, que deba accederse automáticamente al
amparo solicitado; para ello, es necesario verificar, en primer lugar, el cumplimiento de
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela y, de superarse este
análisis, acreditar la configuración de alguno de los requisitos específicos de
procedibilidad contra providencias judiciales.
37. En todo caso, la señora González Rodríguez no alegó la existencia de un perjuicio
irremediable que amerite la intervención excepcional del juez constitucional, ni la Sala
advierte la presencia de un riesgo que permita inferir su configuración.
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En la sentencia T-352 de 2025, la Corte Constitucional determinó que el requisito de relevancia constitucional tiene
tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de las autoridades judiciales de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por lo tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera
legalidad, (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a disputas vinculadas con la afectación de los derechos
fundamentales e (iii) impedir que esta acción se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces.
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38. Ahora bien, la Corte ha considerado que la relevancia de una acción de tutela contra
providencia está dada por el hecho de que la cuestión trascienda un debate de naturaleza
legal o económica y no sea una reiteración que se sustente en una simple inconformidad
con la decisión de los jueces naturales2.
39. En el caso concreto los defectos alegados se fundan en un argumento transversal.
La accionante considera que las decisiones cuestionadas no tuvieron en consideración
los precedentes de la Corte Constitucional en casos análogos y tampoco cumplieron con
la carga argumentativa mínima para apartarse de este.
40. En la sentencia de primera instancia, el Juzgado Tercero Administrativo de Cartago
negó las pretensiones de la demanda. Consideró que la jurisprudencia constitucional
(sentencias T-415 de 2017, T-891 de 2011, T-072 de 2012, T-587A de 2012, T-515 de
2012, T-564 de 2015 y T-116 de 2016) según la cual, para inaplicar por vía de excepción
las normas del régimen especial o las normas aplicables vigente al momento del
fallecimiento y analizar el caso bajo las premisas normativas de la Ley 100 de 1993, es
necesario no solo que el régimen general sea más favorable, sino que se cumpla con los
requisitos allí establecidos a pesar de que sean menos rigurosos. Además, el principio
de inescindibilidad normativa debe ser aplicado en su integridad, es decir, lo relacionado
con los beneficiarios y el monto de la pensión.
41. Con base en ello, la norma aplicable era el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 -
modificado por la Ley 797 de 2003, que exigía 50 semanas en los últimos 3 años
anteriores al deceso. Como se acreditaron cotizaciones por 55.9 semanas, se cumplía
con este requisito.
42. No obstante, sostuvo que la Corte Constitucional había considerado que el juez debía
verificar que la aplicación de la ley preconstitucional de seguridad social era una carga
desproporcionada, lo cual era posible en casos de solicitud de sustituciones pensionales
de cónyuges de trabajadores que prestaron sus servicios al Estado por más de 15 años,
esto es, un alto número de semanas cotizadas al sistema de seguridad social en
pensiones.
43. A partir de lo expuesto, consideró que si bien la accionante además de ser una
persona de la tercera edad en razón de su avanzada edad, sujeto de especial protección
constitucional por parte del Estado, y que ha sido reconocida como víctima por parte de
la UARIV, no cumplió con el requisito de cotización durante una cantidad considerable
de años para dar la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993 en materia de
pensiones, pues el causante solo cotizó por un año, el cual no es suficiente para
establecer de manera razonable una posible afectación constitucional.
44. Adujo que las pruebas demostraban que la actora y sus hijos se beneficiaron de los
salarios y prestaciones sociales que devengaba su esposo como inspector de policía, y
además les reconocieron un seguro de vida por la muerte del servidor público fallecido.
45. Concluyó que no era posible aplicar retrospectivamente la Ley 100 de 1993, porque
no se cumplían las reglas jurisprudenciales fijadas por el Consejo de Estado y por la
Corte Constitucional.
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Sentencia T-350 de 2025. M.P. Miguel Polo Rosero.
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46. Finalmente, afirmó que no procedía la indemnización sustitutiva en los términos de
la Ley 6 de 1945 porque el causante no acreditaba la edad para obtener la pensión.
Respecto del bono pensional aseguró que no se cumplía con los requisitos de edad del
trabajador y el tiempo de servicio.
47. En la sentencia del 31 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca confirmó la providencia del 22 de enero de 2024, proferida por el Juzgado Tercero
Administrativo de Cartago.
48. Para arribar a esa conclusión, determinó que el Consejo de Estado en sentencia del
29 de abril de 2010 precisó que en aplicación del artículo 288 de la Ley 100 de 1993 y
en desarrollo del principio de favorabilidad laboral, la ley podía aplicarse de forma
retrospectiva; sin embargo, mediante sentencia del 25 de abril de 2013 3 se rectificó esa
posición y sostuvo que la ley aplicable es la vigente al momento en que se estructura el
derecho, esto es, en el caso de la pensión de sobrevivientes – la fecha en que se produjo
la muerte-. Criterio que fue reiterado mediante sentencia del 30 de marzo de 2017 por la
misma Corporación4.
49. Como la muerte del señor José Dulcey Londoño Pérez ocurrió el 30 de marzo de
1975, fecha en la que no había entrado en vigencia la Ley 100 de 1993, le resultaba
aplicable la Ley 33 de 1985, esto es, haber servido 20 años continuos o discontinuos y
llegar a la edad de 55 años.
50. Concluyó que la señora González Rodríguez no tenía derecho a acceder a la pensión
de sobrevivientes prevista en los artículos 46 a 48 de la Ley 100 de 1993, porque las
expectativas prestacionales derivadas del fallecimiento de su esposo se consolidaron
bajo la normatividad anterior, cuyos requisitos de tiempo de servicio no se cumplieron,
dado que el causante únicamente laboró 1 año y 27 días, de los 20 años exigidos para
el reconocimiento pensional.
51. La anterior decisión se fundamentó en los principios de irretroactividad de las leyes
y de inescindibilidad del régimen pensional, pues no era posible tomar «para el caso de
la demandante, de los dos regímenes que regulan la pensión de sobrevivientes el más
conveniente».
52. Reiteró el hecho de que no era posible por razones de favorabilidad aplicar
retrospectivamente el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, porque la situación jurídica se
consolidó al momento del fallecimiento del afiliado, ocurrido el 30 de marzo de 1975, esto
es, antes de entrar en vigor.
53. Sostuvo que dicha postura ha sido pacífica y reiterada por el Consejo de Estado en
las sentencias del 24 de mayo de 2024 (radicado 76001-23-33-000-2017-00148-01), del
30 de marzo de 2017 (radicado 05001-23-33-000-2013-00843-01) y del 11 de mayo de
2017 (radicado 15001-23-33-000-2013-00783-01).
54. Respecto del reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión y del bono
pensional, consideró que tampoco resultaba procedente porque ambos beneficios fueron
3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de abril de 2013,
Consejero Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero, número interno 1605-2009.
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 30 de
marzo de 2017, Consejero Ponente William Hernández Gómez, radicación: 05-001-23-33-000-2013-00843-01,
demandante: Luis Alfonso de Jesús Hoyos Molina, demandado: Universidad Nacional, número interno 2245-2014; ii)
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 11 de mayo
de 2017, Consejero Ponente William Hernández Gómez, radicación 15-001-23-33-000-2013-00783-01, demandante:
Luz Marina Tibavija Torres, demandado: Departamento de Boyacá y otros, número interno 0870-2015.
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creados por la Ley 100 de 1993, norma que no podía aplicarse de manera retrospectiva
a una situación jurídica ya consolidada, cuando no existían dichas figuras «por lo que su
reconocimiento implicaría desconocer el principio de irretroactividad de la ley».
55. Por último, señaló que no era dable aplicar el enfoque de género, pues el problema
jurídico principal no se derivaba de una situación de discriminación o desigualdad por
razón de sexo, sino que la discusión se circunscribió al principio de irretroactividad de la
ley y la imposibilidad jurídica de aplicar una norma posterior para crear derechos que no
existían al momento de fallecimiento del causante.
56. Como se anticipó, al igual que el juez de tutela de primera instancia, esta Subsección
advierte que la tutela no cumple con el requisito de relevancia constitucional. Lo anterior,
porque el Tribunal consideró razonablemente que la señora Odila de Jesús González
Rodríguez no tenía derecho a la pensión de sobrevivientes reclamada, con fundamento
en que la muerte ocurrió en 1975 se aplicaba la Ley 33 de 1985, cuyos requisitos no se
cumplieron, pues el causante solo laboró poco más de un año.
57. Por ello, negó tanto la pensión solicitada y los otros beneficios creados
posteriormente, como la indemnización sustitutiva y el bono pensional, al no poder
aplicarse retrospectivamente normas inexistentes al momento del deceso y descartó el
enfoque de género al no tratarse de un caso de discriminación, sino de una cuestión
estrictamente normativa.
58. Se evidencia con suma claridad que la parte actora pretende revivir el debate zanjado
en el proceso contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho, consistente en
determinar la posibilidad de aplicar la Ley 100 de 1993 de manera retrospectiva, a fin de
posibilitar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes regulada por dicho estatuto,
asunto que se abordó de fondo en la sentencia objeto de reproche, en la que, conforme
a la jurisprudencia de esta Corporación, se determinó la imposibilidad de acoger esa
tesis, ante la existencia de una normativa que regula la materia y que se encontraba
vigente al momento del fallecimiento del causante, a la luz de la cual, no se cumplen las
exigencias para acceder al reconocimiento del derecho pretendido.
59. Si bien es cierto que el Tribunal de segunda instancia no se pronunció sobre los
referentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional, también lo es que fundamentó su
decisión con el desarrollo pacífico y reiterado de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, según la cual por razones de favorabilidad, no procede la aplicación retrospectiva
de la Ley 100 de 1993 para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, pues debe
tenerse en cuenta el régimen aplicable al momento en que se consolidó la situación
jurídica, esto es, el momento del fallecimiento del afiliado.
60. En todo caso, la Sala observa que las sentencias de tutela invocadas por la señora
González Rodríguez, si bien producen sus efectos principalmente entre los sujetos
procesales que intervinieron en ellas (efectos inter partes), no resultan, en el asunto sub
examine, de aplicación forzosa, comoquiera que los supuestos fácticos y jurídicos allí
resueltos no son plenamente asimilables a los que ahora ocupan la atención de la Sala.
61. También resulta claro que el presente asunto no es de aquellos en los que exista la
necesidad de interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución o darle alcance a un
derecho fundamental, ni siquiera por el hecho de que se alegue la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al mínimo vital y a la seguridad
social, pues la parte actora insiste en poner de presente sus inconformidades sobre la
interpretación del ordenamiento jurídico que trata sobre la pensión de sobrevivientes, lo
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Accionante: Odila de Jesús González Rodríguez
que deja ver que su verdadera intención es obtener un nuevo pronunciamiento judicial
en el que se resuelva la controversia de manera favorable a sus intereses.
62. Finalmente, frente al reproche relativo a la presunta mora del juez constitucional de
primera instancia en proferir la sentencia, la Sala advierte que, desde el ingresó del
expediente al despacho del magistrado sustanciador para fallo -el 10 de abril de 2026-
hasta la fecha en que se profirió la decisión -30 de abril de 2026-, transcurrieron 14 días
hábiles. No obstante, dicha circunstancia responde a la dinámica propia de una
corporación colegiada, en la cual el proyecto de sentencia debe ser sometido a
deliberación con los demás integrantes de la respectiva sala de decisión, a efectos de
obtener la mayoría necesaria para su aprobación, conforme a lo dispuesto en el artículo
49 del reglamento interno de la Corporación. Con todo, ello no daría lugar a tener por
superada la exigencia de relevancia constitucional.
63. En conclusión, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia porque no se
logró acreditar el requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 30 de abril de 2026 por la Sección
Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela.
SEGUNDO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Magistrada
Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Magistrado
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Magistrado
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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