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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02285-00

Fecha
28 de mayo de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02285-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y debido proceso de la parte actora. SEGUNDO: Como consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS el auto de 6 de agosto de 2025, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C, dentro del proceso de reparación directa 11001-33-43-065-2024- 00418-01, para que, en el término de veinte (20) días, contados a partir de la notificación de la presente providencia, profiera una decisión de reemplazo, que tenga en cuenta las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-02285-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

28 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02285-00
Accionante: Gabriel Valles Sguerzi y otros1
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección C
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Auto emitido
dentro de proceso de reparación directa. Rechaza demanda. Caducidad ACCEDE
AMPARO – Derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y
debido proceso. Configuración defecto fáctico

Surtido el trámite de ley2, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela
de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. El 19 de marzo de 2026, los señores Gabriel Valles Sguerzi, Giannina Sguerzi de
Valles y Francisco Salomón Valles Cerero, a través de apoderado judicial,
promovieron acción de tutela contra la Subsección C de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Sesenta y Cinco
Administrativo de Bogotá, con el fin de que se ampararan sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.

2. Solicitaron que se dejaran sin efectos los autos de 5 de marzo y 6 de agosto de
2025, emitidos dentro del proceso de reparación directa3 que incoaron contra la
Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores y otra4, encaminado a obtener el
resarcimiento de los perjuicios causados por la expedición de la Resolución

1 Giannina Sguerzi de Valles y Francisco Salomón Valles Cerero.
2 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
3 Expediente 11001-33-43-065-2024-00418-00/01.
4 Unidad Administrativa Especial Migración Colombia.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02285-00
Accionante: Gabriel Valles Sguerzi y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C y otro

2014703540101233E de 4 de septiembre de 2014, mediante la cual se le expulsó
del territorio colombiano al señor Gabriel Valles Sguerzi.

3. Mediante la providencia de 6 de agosto de 2025, se confirmó el auto de 5 de marzo
de esa anualidad, que rechazó la demanda de reparación directa, al haberse
configurado el fenómeno procesal de la caducidad, pero por otras razones 5. Se
determinó que el medio de control idóneo para controvertir el mencionado acto
administrativo es el de nulidad y restablecimiento del derecho con indemnización de
perjuicios. Se tuvieron en cuenta las circunstancias de expulsión del país colombiano
y de privación de la libertad en su país de origen (Venezuela), la cual culminó en
mayo de 2018. Asimismo, se evidenció que el 20 de marzo de 2019 solicitó el
reconocimiento de la condición de refugiado, la que se le otorgó por medio de la
Resolución 3632 de 3 de agosto de 2021. En ese sentido, concluyó que la fecha para
computar el término del que disponía para promover el medio de control (4 meses)
es el 21 de marzo de 2019, pues a partir de ese momento se encontraba en el
territorio nacional y podía ejercer plenamente sus derechos. Por tanto, la parte actora
tenía hasta el 21 de julio de 2019 para acudir al aparato jurisdiccional y como
presentó la respectiva demanda hasta el 24 de octubre de 2024, se evidencia que lo
hizo de manera extemporánea. En todo caso, si se aceptara como procedente la
reparación directa, se tiene que el respectivo término igual feneció el 5 de julio de
20216.

4. La parte actora sostuvo que se incurrió en defecto procedimental absoluto.
Indicó que el juez de primera instancia consideró que la privación de la libertad en el
régimen dictatorial de Venezuela es equiparable al de Colombia, donde todas las
personas pueden otorgar poder aun cuando están con esa restricción. Es decir, no
valoró que no gozaba de las garantías judiciales para ejercer el medio de control de
reparación directa dentro de los años siguientes a la notificación de la Resolución de
5 de septiembre de 2014, lo cual desconoce la realidad material en la que se
encontraba, así como el contexto de graves violaciones a los derechos humanos
documentadas en los centros de detención del Servicio Bolivariano de Inteligencia
Nacional.

5. En el mismo sentido, a pesar de que el Tribunal accionado reconoció parcialmente
algunas de las circunstancias que padeció, mantuvo una interpretación rígida y
descontextualizada del término de caducidad, al concluir que se encontraba en
capacidad de acudir al aparato jurisdiccional desde el momento en que presentó su
solicitud de refugio en 2019. Con ello desconoció las cargas reforzadas que el
ordenamiento jurídico le impone al juez en casos de posibles graves violaciones a
los derechos humanos, en razón a que no valoró de manera integral las condiciones

5 El a quo determinó que la parte actora conocía del daño desde el día siguiente a la expedición del acto

administrativo de expulsión, por lo que tenía para acudir al aparato jurisdiccional hasta el 5 de septiembre de
2016.
6 En principio venció el lapso de 2 años el 21 de marzo de 2021, pero se adicionaron los 3 meses y 14 días de

suspensión de prescripción y caducidad dispuestos por el Decreto legislativo 564 de 2020, por razón de la
pandemia.
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Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C y otro

reales que determinaron la imposibilidad de ejercer oportunamente el derecho de
acción.

6. Lo anterior, por cuanto al regresar a Colombia no se encontraba en una situación
de normalidad jurídica, sino en un escenario de alta vulnerabilidad migratoria, en el
que debió priorizar su reconocimiento de la condición de refugiado ante las
autoridades competentes, como única vía para evitar su expulsión y garantizar su
permanencia en el país. En razón a que la Resolución de expulsión de 2014
continuaba vigente, lo que generaba un riesgo cierto de que cualquier actuación ante
autoridades estatales (incluidas las acciones judiciales contra entidades del Estado
por su expulsión en violación del principio de no devolución) pudiera derivar en la
aplicación de dicha decisión administrativa y, con ello, su retorno al país del cual
había huido, lo cual lo expondría nuevamente a persecución, privación de la libertad
y posibles actos de tortura.

7. En conclusión, no se tuvieron en cuenta los elementos que materialmente les
impidieron promover el medio de control de reparación directa de manera oportuna,
tales como: (i) la privación de la libertad del señor Gabriel en Venezuela, lo cual le
impidió conferir el correspondiente poder; (ii) su condición de ilegal/irregular en
territorio colombiano luego de su liberación en 2018; (iii) la persecución en 2021 por
autoridades migratorias colombianas, a pesar de su condición de refugiado; y (iv) el
miedo a reclamar el daño antijurídico causado por las acciones de agentes de
Migración Colombia en virtud de la vigencia de la Resolución de 4 de septiembre de
2014. Las anteriores circunstancias evidencian que solo estuvo en posibilidad
material de ejercer el derecho de acción una vez superó progresivamente los
obstáculos para acceder a la administración de justicia, esto es, cuando decidió
migrar hacia España y cesó la persecución física de las autoridades colombianas.

8.También se configuró defecto sustantivo, pues se realizó una interpretación
abiertamente irrazonable de las normas que regulan los medios de control y el
cómputo de la caducidad, lo que condujo a una restricción desproporcionada del
derecho de acceso a la administración de justicia.

9. El Tribunal accionado no tuvo en cuenta que el objeto de la demanda no se
limitaba a cuestionar la legalidad del acto administrativo que dispuso su expulsión
del territorio colombiano, sino que se orientaba a obtener la declaratoria de
responsabilidad patrimonial del Estado por un daño antijurídico complejo, continuado
y agravado por múltiples actuaciones estatales, entre ellas, la ejecución irregular de
dicha expulsión, la entrega a autoridades extranjeras y las graves violaciones a los
derechos humanos sufridos con posterioridad. Por consiguiente, la fuente del daño
no puede reducirse formalmente a la existencia de un acto administrativo, sino que
debe analizarse desde una perspectiva material, atendiendo a las consecuencias
antijurídicas generadas por la actuación estatal. En ese sentido, el medio de control
de reparación directa resulta procedente cuando el daño alegado trasciende la mera
ilegalidad del acto y se concreta en afectaciones autónomas a derechos e intereses
jurídicamente protegidos, como ocurre en el presente caso.
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10. Asimismo, las autoridades judiciales aplicaron de manera irrazonable las reglas

sobre caducidad, al asumir que el término debía computarse desde momentos en los
que el actor no estaba en condiciones reales para ejercer el derecho de acción,
máxime cuando se trata de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos,
frente a las cuales el análisis del término perentorio debe realizarse de manera
flexible, contextual y pro víctima.

11. De igual modo, se presentó defecto fáctico porque se incurrió en una indebida

valoración probatoria, en cuanto a los elementos de convicción que daban cuenta de
las circunstancias excepcionales a las estuvo sometido el señor Gabriel Valles. En
particular, su expulsión irregular del territorio colombiano, su posterior privación
arbitraria de la libertad en Venezuela y el contexto de graves violaciones a los
derechos humanos del que fue víctima. Por ende, genera afectación constitucional
el hecho de aplicar de manera automática el término de caducidad desde la
notificación de la Resolución de expulsión, pues fue precisamente a partir de ese
momento que se desencadenaron una serie de afectaciones continuadas y
estructurales que le impidieron ejercer oportunamente el derecho de acción.

12. En el mismo sentido, tampoco resulta jurídicamente viable acoger el criterio del

Tribunal, que fija el inicio del cómputo en el año 2019, con ocasión de la solicitud de
reconocimiento de la condición de refugiado, por cuanto en ese momento persistían
condiciones objetivas de vulnerabilidad que impedían un acceso real y efectivo a la
justicia. En razón a que se encontraba en un proceso de regularización migratoria,
bajo la vigencia de la Resolución de expulsión y frente a un riesgo cierto de nueva
deportación, lo que generaba un temor fundado de activar nuevamente el aparato
estatal en su contra.

13. Por tanto, ni en 2014 ni en 2019 existían condiciones materiales y jurídicas que

permitieran el ejercicio efectivo del derecho de acción, razón por la cual la aplicación
de la caducidad en cualquiera de estos momentos desconoce el estándar
constitucional que exige valorar el acceso real -y no meramente formal- a la
administración de justicia.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

14. Mediante auto de 25 de marzo de 20267, se admitió la acción de tutela y se ordenó

notificar a las autoridades demandadas. De igual modo, ordenó comunicar la
decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.

(i) Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección
C

7 Notificado el 6 de abril de 2026.

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Accionante: Gabriel Valles Sguerzi y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C y otro

15. Adujo que el proveído de 6 de agosto de 2025 no incurre en los yerros alegados.

Si bien la parte actora puso de presente las situaciones de privación arbitraria de la
libertad en Venezuela, que daban cuenta de una persecución política, también lo es
que tal situación fue tenida en cuenta en dicha providencia, así como la radicación el
20 de marzo de 2019 de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado,
momento a partir del cual contabilizó el término de caducidad, tanto del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, como, si a ello hubiere lugar, del
de reparación directa.

16. En ese sentido, se evidencia que sí se valoraron las circunstancias excepcionales

del caso, se examinaron las pruebas que dieron cuenta de la expulsión irregular y
posteriores violaciones de derechos humanos padecidas por el demandante Gabriel
Valles, y además se expusieron las razones por las cuales el medio de control idóneo
para el caso era el de nulidad y restablecimiento del derecho y no el de reparación
directa.

II. CONSIDERACIONES

C. Análisis del caso concreto

17. La tutela supera los presupuestos generales de procedibilidad contra providencia

judicial. Ello es así, porque (i) los planteamientos de la solicitud de amparo tienen
relevancia constitucional, en tanto suscitan un debate respecto del análisis
probatorio adelantado declarar la caducidad del medio de control promovido por la
parte actora, que implicó su rechazo y, con ello, una posible restricción al derecho
de acceso a la administración de justicia, que demanda el control del juez
constitucional a efectos de valorar su razonabilidad; (ii) no existe otro mecanismo
judicial para decidir sobre los reproches expuestos, pues, aunque se controvierten
los autos de 5 de marzo y 6 de agosto de 2025, emitidos tanto en primera como en
segunda instancia, lo cierto es que el estudio se centrará en este último, al ser el
que zanjó de manera definitiva lo referente a la configuración del aludido fenómeno
procesal; (iii) se cumple el requisito de inmediatez, porque la providencia censurada
de segunda instancia fue notificada el 19 de septiembre de 2025 y la tutela se
instauró el 19 de marzo de 2026; (iv) los accionantes identifican de manera
razonable, tanto los hechos que generaron la alegada vulneración como los
derechos cuya protección se persigue; y (v) no se controvierte una sentencia de
tutela o alguna providencia de aquellas respecto de las cuales este mecanismo de
protección es absolutamente improcedente.

18. En la tutela se aduce, en términos generales, que la autoridad judicial accionada

no valoró, para efectos de determinar la oportunidad en la presentación de la
demanda, que hubo circunstancias que le impidieron a los demandantes ejercer su
derecho de acción en el año 2019, las cuales se prolongaron hasta la migración del
señor Valles a España, lo cual comportaría, más que un defecto procedimental

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absoluto, uno fáctico (que también fue alegado), por lo que se abordará el estudio
de ese reproche bajo esta causal.

19. El defecto fáctico se configura en dos dimensiones, a saber: una negativa y una

positiva. De conformidad con lo fijado por la Corte Constitucional8, la primera “se
presenta cuando el juez niega el decreto o la práctica de una prueba u omite su
valoración y sin una razón valedera considera que no se encuentra probado el hecho
o la circunstancia que de la misma deriva clara y objetivamente. En esta dimensión
se incluyen las omisiones en la valoración de las pruebas determinantes para
identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez”. Por su parte, la
segunda se configura “cuando el juez aprecia pruebas esenciales y determinantes
de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar
porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo se desconoce
la Constitución”.

20. Además, dicha Corporación ha precisado que, en el marco del aludido defecto,

“se aprecia más la arbitrariedad judicial en el juicio de evaluación de la prueba,
cuando precisamente ignora la presencia de una situación de hecho que permite la
actuación y la efectividad de los preceptos constitucionales consagratorios de
derechos fundamentales, porque de esta manera se atenta contra la justicia que
materialmente debe realizar y efectivizar la sentencia, mediante la aplicación de los
principios, derechos y valores constitucionales”.

21. En el sub lite se tiene que en la demanda ordinaria la parte actora indicó que

pretendía “la reparación integral por los daños y perjuicios (artículo 90 Superior)
materiales e inmateriales ocasionados en virtud del daño antijurídico derivado de la
emisión de una orden de expulsión de territorio colombiano de Gabriel Valles Sguerzi
y otros hechos conexos ocurridos a partir del 4 de septiembre de 2014 y hasta por
lo menos el 01 de agosto de 2022, mismos que implicaron la violación efectiva y el
sometimiento a un riesgo desproporcionado, constante e inminente de sus derechos
humanos, todo debido a las acciones y omisiones en que incurrieron miembros
adscritos a las instituciones demandadas”.

22. En dicho escrito inicial hizo referencia a que, además de que estuvo recluido en

un centro penitenciario en Venezuela hasta el 2 de junio de 2018, cuando fue
liberado, regresó al territorio colombiano durante casi 3 años sin trabajar ni seguro
médico, con la finalidad de salvaguardar su vida e integridad personal con ocasión
a la persecución política a la que estaba siendo sometido por el gobierno
venezolano. Situación irregular que se superó con el reconocimiento, a través de la
Resolución 3632 de 3 de agosto de 2021, de la condición de refugiado, lo que le
permitió obtener un trabajo digno y legal en una empresa como ingeniero de
sistemas.

8 Sentencia T-686 de 2014, M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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23. Señaló que también fue víctima de trato abusivo y persecución por parte del

gobierno Colombiano. El 8 de noviembre de 2021 “dos funcionarios de Migración
Colombia se presentaron en su lugar de trabajo y de manera abusiva y violenta lo
aprehendieron, incomunicaron y llevaron a sus oficinas en donde fue interrogado,
sin presencia de su abogado, sobre su estancia en Colombia. Los funcionarios le
indicaron que aún continuaba vigente la orden de expulsión emitida en 2014. En este
lugar estuvo retenido por más de una hora. Posteriormente, le indicaron que, una
vez verificado su situación en Interpol, podría ser liberado9”. Agregó que ese temor
a ser deportado se incrementó luego de celebradas las elecciones presidenciales de
Colombia en junio de 2022. Circunstancias que lo condujeron a que el 1º de agosto
de 2022 migrara de Colombia y solicitara asilo en España para garantizar su vida y
su seguridad.

24. Noobstante, mediante auto de 5 de marzo de 2025 se rechazó la anterior
demanda por caducidad, con fundamento en que se instauró después de más de 2
años desde cuando fue expedido el acto administrativo que lo expulsó del territorio
colombiano, sin que representara un obstáculo para acudir a la jurisdicción
contencioso-administrativa la privación de la libertad de la que fue objeto.

25. Contra la anterior decisión la parte actora interpuso apelación, para cuyo
propósito reiteró las circunstancias descritas en el escrito introductorio. Básicamente
que “permaneció privado de su libertad de manera arbitraria por el gobierno de
Venezuela durante tres años y nueve meses y fue sometido a actos de tortura y
tratos crueles, inhumanos y degradantes. Luego de recuperar su libertad y regresar
a Colombia su situación era precaria: no gozaba de protección en el Estado
colombiano y la orden de expulsión ilegal que facilitó su tortura en primer lugar
continuaba vigente. En ese sentido, las circunstancias por las cuales Gabriel Valles
estaba impedido de acceder a la justicia tienen un carácter continuado en el tiempo”.

26. En ese sentido, en su memorial de apelación indicó que se presentaron
circunstancias que materialmente le impidieron al señor Valles ejercer su derecho
de acción, los cuales relacionó de la siguiente manera: “(1) La privación de libertad
en Venezuela, en la prisión conocida como la Tumba y en Helicoide lo cual implicó
imposibilidad de otorgar poder; (2) la condición de ilegal/irregular de Gabriel en
territorio colombiano luego de su liberación en 2018; (3) la persecución en 2021 por
autoridades migratorias colombianas a pesar de su condición de refugiado en
territorio colombiano y; (4) el miedo a reclamar el daño antijurídico causado por las
acciones de agentes de Migración Colombia en virtud de la vigencia de la resolución
Nro. 2014703540101233E del 04 de septiembre de 2014”.

27. Dicha alzada la conoció el Tribunal accionado, el cual, a través de la providencia

objeto de censura, confirmó la decisión de rechazo de la demanda adoptada por el
juez de primera grado, con fundamento en la configuración de la caducidad del

9 El Colombiano, ‘Migración Colombia Aclara Retención de Refugiado Venezolano Gabriel Valles.’ <https://www

.elcolombiano.com/colombia/venezolano-gabriel-valles-es-detenido-en-bogota-por-parte-de-migracion-
colombia-CE15998785>.
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medio de control, pero por otras razones. Tuvo en cuenta la situación de privación
de la libertad de la que fue víctima el señor Valles. Sin embargo, consideró que pudo
acudir a la administración de justicia desde el mismo día en que presentó la solicitud
de reconocimiento de la condición de refugiado, lo cual acaeció el 20 de marzo de
2019. Asimismo, determinó que el medio de control procedente era el de nulidad y
restablecimiento del derecho, por lo que contaba a partir de aquel día con 4 meses
para instaurar la demanda y como ello se realizó hasta el 24 de octubre de 2024 (el
22 de julio de ese año se presentó la solicitud de conciliación extrajudicial), se
presentó de manera extemporánea. Y aunque se admitiera que procedía la
reparación directa, también se ejerció el derecho de acción fenecida la respectiva
oportunidad legal.

28. La Sala evidencia que si bien la autoridad judicial tuvo en consideración la
restricción de la libertad sufrida por el señor Gabriel Valles así como el momento a
partir del cual el mencionado señor pudo ejercer derechos en Colombia (lo que
concluyó por su solicitud de reconocimiento como refugiado), lo cierto es que, como
lo alega la parte actora, no fueron objeto de análisis las otras circunstancias que
fueron alegadas como obstáculos para acudir de manera oportuna a la
administración de justicia.

29. Se adoptó una determinación que coarta la posibilidad de obtener una decisión

de fondo sobre una controversia suscitada ante el aparato jurisdiccional, sin
examinar particularidades que podrían tener la potencialidad de flexibilizar el término
legal del que disponía para promover el medio de control. Es decir, se declaró que
la parte actora tenía la posibilidad de acudir a la jurisdicción desde el 20 de marzo
de 2019, cuando el señor Gabriel Valles presentó la solicitud de reconocimiento de
la condición de refugiado, sin entrar a verificar los supuestos de hecho posteriores
a esa fecha, que fueron planteados, tanto en la demanda como en el recurso de
apelación, como obstáculos para el ejercicio del derecho de acción.

30. Por tanto, se adoptó como cierto un supuesto de hecho -posibilidad de acudir a

la administración de justicia desde el 20 de marzo de 2019- sin descartar las
afirmaciones de la parte actora que lo desvirtuaban y sin otorgarle la oportunidad de
que, en el evento de que no resultara suficiente para la autoridad judicial dichas
aserciones, pudiera probarlas durante el trámite procesal. Dicho debate probatorio
también podría servir de fundamento para efectuar un estudio diferenciado de la
configuración de la caducidad frente a cada uno de los tutelantes, es decir, dilucidar
si aquellas circunstancias, además de impedirle al señor Gabriel Valles acudir a la
jurisdicción contencioso-administrativa, también representaban un obstáculo para
sus familiares, pues es asunto fue abordado en forma general y sin valorar en forma
rigurosa todas las situaciones expuestas.

31. Para la Sala en este asunto el juez natural de la causa debió privilegiar el derecho

fundamental de acceso a la administración de justicia, en virtud del principio pro
actione, y, con base en ello diferir la decisión sobre la caducidad a una etapa
posterior, cuando se contaran con mayores elementos de juicio, que le permitieran
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esclarecer el acaecimiento o no de las particularidades advertidas por la parte
actora. Es decir, si la autoridad judicial considera que en la etapa de admisión no se
cuentan con elementos probatorios que permitan establecer con certeza si existen
circunstancias que hubieran impedido materialmente el ejercicio oportuno del
derecho de acción, puede posponer dicho estudio para una etapa posterior, ya sea
en la audiencia inicial o en la sentencia y no, desde un principio, cercenar el acceso
a la administración de justicia.

32. En reiteradas oportunidades, esta Corporación10 ha puntualizado que en aras de

hacer efectiva tal prerrogativa constitucional, el fallador puede diferir el análisis de la
caducidad del medio de control hasta la sentencia, cuando en la etapa inicial no sea
posible determinar con claridad el momento en que debe empezar a contabilizarse,
pues en una fase posterior del proceso se contará con mayores elementos
probatorios para establecer con certeza si operó o no la caducidad.

33. La Sala no pretende indicar que esta sea la forma en que el Tribunal debe resolver

el asunto, simplemente pone de presente que existen alternativas que no sacrifican
el acceso a la administración de justicia, incluso en situaciones en las que el material
probatorio aportado con la demanda no permite definir lo relativo a la caducidad. De
tal manera que corresponde al juez natural evaluar la información con que cuenta y
adoptar una decisión, que encuentre sustento en esas pruebas. Lo que no es
admisible es que declare la caducidad sin tener certeza de la totalidad de los
elementos fácticos que deben ser evaluados, pues ello pone en evidencia la
configuración del defecto fáctico.

34. En este caso se configuró el mencionado yerro al tener por acreditado el momento

en que concurrieron las condiciones materiales que permitían acudir a la jurisdicción,
sin que exista material probatorio que respalde esa determinación y sin examinar las
particularidades enunciadas por la parte acota como obstáculo para dicho propósito.

35. Por otro lado, la parte actora aduce defecto sustantivo, bajo la presunta indebida

interpretación de las normas que regulan los medios de control. No obstante, lo
relacionado con la procedencia o no del medio de control suscitado por aquella para
obtener los perjuicios que pretenden en sede ordinaria, correrá la misma suerte de
lo que se defina cuando se aborde de nuevo el estudio del fenómeno procesal de la
caducidad, pues esa determinación está ligada a la decisión sobre tal presupuesto
y el término con que se contaba para acudir a la jurisdicción, razón por la cual no se
abordará de fondo su estudio, que dicho sea de paso le corresponde definir al juez
natural de cara a las particularidades del caso y lo que se defina en el proceso como
la fuente del alegado daño.

36. Enese orden de ideas, la Sala dispondrá la protección de los derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia y debido proceso de los

10 Al respecto, ver sentencias del 30 de agosto de 2018, exp. 41001-23-33-000-2015-00926-01, CP. Ramiro

Pazos Guerrero y 28 de octubre de 2024, exp. 25000-23-36-000-2017-02210-01, CP. Nicolas Yepes Corrales;
auto del 3 de febrero de 2025, exp.05001-23-33-000-2020-00575-01, CP. María Adriana Marín.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02285-00
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Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C y otro

accionantes, vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Tercera – Subsección C al haber incurrido en un defecto fáctico. En consecuencia,
se dejará sin efectos el auto de 6 de agosto de 2025, con el fin de que la autoridad
judicial profiera una decisión de reemplazo, que privilegie el principio pro actione, en
garantía del acceso a la administración de justicia.

37. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales de acceso a la administración
de justicia y debido proceso de la parte actora.

SEGUNDO: Como consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS el auto de 6 de agosto de
2025, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección C, dentro del proceso de reparación directa 11001-33-43-065-2024-
00418-01, para que, en el término de veinte (20) días, contados a partir de la
notificación de la presente providencia, profiera una decisión de reemplazo, que
tenga en cuenta las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE11
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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