Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02291-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02291-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-02291-00
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
5 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Cinco (5) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02291-00
Accionante: Consorcio Riego Agrosur
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
La Sala resuelve, en primera instancia, la demanda presentada por el Consorcio Riego
Agrosur en contra de la Sala de Decisión Oral A del Tribunal Administrativo del Atlántico
por considerar que esa autoridad judicial vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad.
SÍNTESIS1
El accionante cuestiona la mora judicial en proferir el auto que libra mandamiento de pago
en un proceso ejecutivo. Alega la vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad. Se declara la carencia actual
de objeto por hecho superado, en razón a que durante el trámite de la acción de tutela,
el Tribunal accionado profirió el auto, satisfaciendo la pretensión principal.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1. El 19 de marzo de 2026, el Consorcio Riego Agrosur presentó, por medio de su
representante legal, una demanda en ejercicio de la acción de tutela para obtener la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia e igualdad. En criterio del accionante, dichas garantías
constitucionales fueron vulneradas por la Sala de Decisión Oral A del Tribunal
Administrativo del Atlántico debido a que, para la fecha de interposición de la demanda
de tutela, no había librado mandamiento de pago dentro del proceso ejecutivo
identificado con el radicado número 08001-23-33-000-2014-00366-00.
2. El accionante formuló la pretensión que se transcriben a continuación:
Proteger los derechos fundamentales constitucionales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia e igualdad del CONSORCIO RIEGO AGROSUR, vulnerados
por la Magistrada Ponente LILIA YANETH ÁLVAREZ QUIROZ del TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO y ordenar que un término de 48 horas la Magistrada
1
Temas: Acción de tutela contra autoridad judicial / Mora judicial / Mora en proferir decisión judicial / Carencia actual
de objeto / Hecho superado
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02291-00
Accionante: Consorcio Riego Agrosur
Se declara la carencia actual de objeto
Ponente someta a la Sala correspondiente del Tribunal Contencioso Administrativo del
Atlántico el proyecto de providencia y se libre mandamiento de pago en los términos que
señala la ley colombiana.
B. Hechos
3. El Consorcio Riego Agrosur presentó una demanda ejecutiva contra el Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) con el fin de obtener el pago de la condena
ordenada a esa entidad en la sentencia del 27 de julio de 2020, corregida mediante auto
del 20 de abril de 2021, providencias proferidas por el Tribunal Administrativo del
Atlántico dentro de un proceso de controversias contractuales.
4. Mediante auto del 27 de marzo de 2023, la Sala de Decisión del Tribunal
Administrativo del Atlántico se abstuvo de librar mandamiento ejecutivo. Contra dicha
decisión, la parte ejecutante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación.
5. En auto del 27 de abril de 2023, el Tribunal rechazó por improcedente el recurso de
reposición y concedió la apelación, en el efecto suspensivo.
6. Por medio de auto del 17 de octubre de 2023, el Consejo de Estado revocó la
providencia y ordenó al Tribunal que resolviera la solicitud de mandamiento de pago,
con la verificación de los demás requisitos legales.
7. En cumplimiento de lo anterior, mediante auto del 18 de abril de 2024, el Tribunal
Administrativo del Atlántico inadmitió la demanda ejecutiva para que la parte ejecutante
precisara el monto de la obligación cuyo pago reclamaba y las operaciones aritméticas
utilizadas para determinarlo.
8. Una vez presentada la subsanación, el Tribunal ordenó remitir el expediente a la
contadora de la corporación para la elaboración de la liquidación correspondiente.
9. Por medio de auto del 6 de noviembre de 2024, la magistrada ponente libró
mandamiento de pago a favor del Consorcio Riego Agrosur.
10. Inconforme con el monto reconocido, la parte ejecutante interpuso recurso de
reposición y, en subsidio, de apelación. Mediante auto del 21 de mayo de 2025, el
Tribunal negó la reposición y concedió la apelación, en el efecto suspensivo.
11. Por auto del 13 de agosto de 2025, la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado declaró la nulidad de todo lo actuado desde la providencia del 6 de
noviembre de 2024, inclusive, al considerar que la decisión de librar mandamiento de
pago debía ser adoptada por la respectiva Sala de Decisión y no por la magistrada
ponente. En consecuencia, ordenó remitir el expediente al Tribunal Administrativo del
Atlántico.
12. Mediante auto del 21 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo del Atlántico
dispuso obedecer y cumplir lo resuelto por el Consejo de Estado.
C. Fundamentos de la vulneración
13. El accionante sostiene que el Tribunal Administrativo del Atlántico incurrió en una
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02291-00
Accionante: Consorcio Riego Agrosur
Se declara la carencia actual de objeto
mora judicial injustificada al no adoptar una nueva decisión sobre la solicitud de
mandamiento de pago dentro del proceso ejecutivo, pese a que el Consejo de Estado,
mediante auto del 13 de agosto de 2025 declaró la nulidad de lo actuado a partir del
auto del 6 de noviembre de 2024 y ordenó remitir el expediente a esa corporación para
que continuara con el trámite correspondiente. Afirma que dicha inactividad ha impedido
el avance del proceso y el cumplimiento efectivo de la sentencia cuyo pago pretende.
D. Trámite procesal
14. Mediante auto del 26 de marzo de 20262, se admitió la demanda de tutela
presentada por el Consorcio Riego Agrosur contra la Sala de Decisión Oral A del
Tribunal Administrativo del Atlántico y se ordenó notificar a dicha autoridad judicial, así
como vincular a la Nación-Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Agencia
Nacional de Tierras, a la Agencia Nacional de Desarrollo Rural y a Fiduagraria S.A.,
como vocera del Patrimonio Autónomo de Remanentes del Incoder, en calidad de
terceros con interés, para que, dentro del término de dos (2) días, rindiera informe sobre
los hechos y pretensiones expuestos en el escrito de tutela.
E. Oposiciones e intervenciones
15. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural3 (tercero con interés) solicitó que se
le absolviera de cualquier responsabilidad dentro del trámite constitucional y que se
dispusiera su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva. Sostuvo
que la presunta vulneración alegada por el accionante se atribuye exclusivamente al
Tribunal Administrativo del Atlántico y que el Ministerio no ha realizado acción u omisión
alguna relacionada con los hechos objeto de la demanda de tutela.
16. La Agencia Nacional de Tierras – ANT4 (tercero con interés) solicitó que se declarara
su falta de legitimación en la causa por pasiva y, en consecuencia, su desvinculación
del trámite. Indicó que la controversia gira en torno a una presunta mora judicial atribuida
al Tribunal Administrativo del Atlántico.
17. La Agencia de Desarrollo Rural – ADR5 (tercero con interés) solicitó que se “negara
por improcedente” la demanda de tutela. Señaló que no se evidencia una vulneración
cierta de los derechos fundamentales invocados por el accionante, que el proceso
ejecutivo ha sido objeto de múltiples actuaciones judiciales y que acceder a la pretensión
de ordenar a la magistrada ponente someter un proyecto de providencia a consideración
de la Sala y librar mandamiento de pago implicaría una injerencia indebida en la
autonomía e independencia judicial. Sostuvo que la demanda de tutela incumple el
requisito de subsidiariedad y que el accionante pretende utilizar este mecanismo como
una instancia adicional dentro del proceso ejecutivo.
18. El Tribunal Administrativo del Atlántico6 (autoridad accionada), solicitó que se
declarara improcedente la demanda de tutela por incumplimiento del requisito de
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Índice 4 del expediente digital disponible en Samai
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Índice 10 del expediente digital disponible en Samai
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Índice 12 del expediente digital disponible en Samai
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Índice 10 del expediente digital disponible en Samai
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Índices 14 y 16 del expediente digital disponible en Samai
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02291-00
Accionante: Consorcio Riego Agrosur
Se declara la carencia actual de objeto
subsidiariedad o, subsidiariamente, que se negaran las pretensiones. Afirmó que el
accionante no agotó previamente el “mecanismo de vigilancia judicial administrativa” y
sostuvo que el proceso ejecutivo ha surtido el trámite correspondiente, que las
decisiones se han adoptado dentro de términos prudenciales y que no existe una mora
judicial injustificada atribuible al despacho.
II. CONSIDERACIONES
F. Competencia
19. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
resolver la demanda de acción de tutela interpuesta por el Consorcio Riego Agrosur
contra la Sala de Decisión Oral A del Tribunal Administrativo del Atlántico, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de
1991 y 1069 de 2015 y en el Reglamento del Consejo de Estado (Acuerdo 80 de 2019).
G. Sentido de la decisión
20. La Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que lo
que pretende el accionante a través de la acción de tutela ya fue satisfecho, pues,
mediante auto del 26 de marzo de 2026, la Sala de Decisión Oral A del Tribunal
Administrativo del Atlántico profirió el auto del 26 de marzo de 2026 libró mandamiento
parcial de pago en el proceso ejecutivo identificado con el radicado 08001-33-33-000-
2014-00366-00. En ese sentido, y por razones metodológicas, en esta providencia no se
abordará el estudio de los requisitos generales de procedencia de la demanda de tutela7.
H. Carencia actual de objeto por hecho superado
21. La acción de tutela ha sido prevista como un mecanismo constitucional sumario y
preferente orientado a brindar protección inmediata a los derechos fundamentales de
todas las personas, siempre que estos resulten vulnerados o amenazados. Sin
embargo, en ocasiones el mecanismo de amparo pierde su razón de ser, toda vez que
la vulneración que dio origen a la presentación de la demanda de tutela ha
desaparecido, se ha resuelto o se ha alterado de tal manera que ya no es necesaria la
intervención del juez de tutela.
22. En este sentido, si la situación que motivó al accionante a interponer una acción
constitucional se ha resuelto antes de que el juez emita su decisión, cualquier
pronunciamiento posterior resulta innecesario debido a que no tendría ningún efecto
práctico, pues la controversia que el juez estaba llamado a resolver, ya no existe.
7
Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional
ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente relevancia constitucional; b) que se
hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) que se cumpla el requisito
de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración; d) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de
la parte actora; e) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración
como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere
sido posible, y f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de 2005).
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02291-00
Accionante: Consorcio Riego Agrosur
Se declara la carencia actual de objeto
23. La Corte Constitucional8 ha definido las categorías a partir de las cuales puede
configurarse una carencia actual de objeto. Al respecto, se precisaron tres categorías:
(i) daño consumado; (ii) hecho superado y (iii) situación sobreviniente.
24.En particular, la jurisprudencia9 ha definido el hecho superado de la siguiente
manera:
El hecho superado se configura cuando en el trámite constitucional las acciones u
omisiones que amenazan al derecho fundamental desaparecen por la satisfacción de la
pretensión perseguida a través de la acción de tutela, producto del obrar voluntario de la
entidad accionada. Bajo estas circunstancias la orden a impartir por el juez pierde su razón
de ser porque el derecho ya no se encuentra en riesgo. Es importante precisar que en los
casos de hecho superado le corresponde al juez de tutela constatar que: (i) efectivamente se
ha satisfecho por completo lo que se pretendía mediante la acción de tutela; (ii) y que la
entidad demandada haya actuado (o cesado en su accionar) a motu proprio, es decir,
voluntariamente.
25. Así las cosas, la carencia actual de objeto por hecho superado implica que la acción
de tutela pierde su propósito como mecanismo de protección judicial, puesto que resulta
improcedente emitir una orden de protección cuando la causa que motivó la
interposición del amparo constitucional desapareció y con ello la eventual vulneración
de los derechos fundamentales del accionante. Por lo tanto, al no subsistir amenaza o
vulneración actual de las garantías iusfundamentales, el pronunciamiento del juez de
tutela carece completamente de objeto y efecto práctico.
26. No obstante, la jurisprudencia ha establecido que, en algunas ocasiones, el juez en
razón de sus funciones puede pronunciarse de fondo siempre que lo considere
necesario, entre otros, para a) llamar la atención sobre la falta de conformidad
constitucional de la situación que originó la tutela y tomar medidas para que los hechos
vulneradores no se repitan; b) advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de
las sanciones pertinentes; c) corregir las decisiones judiciales de instancia; o d) avanzar
en la comprensión de un derecho fundamental”10.
H. El caso concreto
27. La Sala observa que la pretensión del accionante en la presente demanda de tutela
está orientada a que la autoridad judicial accionada profiera auto librando mandamiento
de pago en cumplimiento del auto del 13 de agosto de 2025, proferido la Subsección A
de la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del proceso ejecutivo identificado
con el radicado número 08001-33-33-000-2014-00366-00.
28. En efecto, el accionante sostuvo que transcurrió un término superior a cinco meses
desde que la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado ordenó al
Tribunal accionado efectuar un nuevo control de la demanda ejecutiva para determinar
si debía librar mandamiento de pago y en qué términos.
29. De la información obrante en el expediente disponible en la plataforma SAMAI, la
8
Corte Constitucional. Sentencias SU-522 de 2019 y SU 453 de 2020.
9
Corte Constitucional. Sentencia T-411 de 2024, SU- 124 de 2018 y T-533 de 2009.
10
Corte Constitucional. Sentencia T-057 de 2024.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02291-00
Accionante: Consorcio Riego Agrosur
Se declara la carencia actual de objeto
Sala advierte que, con posterioridad a la interposición de la demanda de tutela, la Sala
de Decisión Oral A del Tribunal Administrativo del Atlántico profirió el auto del 26 de
marzo de 202611, mediante el cual libró mandamiento parcial de pago contra la Agencia
de Desarrollo Rural – ADR, providencia que fue notificada a las partes del proceso
ejecutivo el 29 de abril de 202612.
30. Así las cosas, si bien al momento de la presentación de la demanda el accionante
alegaba la existencia de una mora judicial injustificada, lo cierto es que, con
posterioridad, la autoridad judicial accionada adoptó la decisión que se reclamaba, esto
es, el auto que libra mandamiento de pago, con lo cual desapareció la situación que
daba lugar a la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados.
31. En consecuencia, la Sala encuentra que la solicitud de amparo carece actualmente
de objeto por hecho superado, en tanto la pretensión principal de la tutela fue satisfecha
por la autoridad judicial accionada, motu proprio, durante el trámite de la presente
acción.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLÁRASE la carencia actual de objeto por hecho superado.
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito
y eficaz.
TERCERO: Una vez notificada, y si no fuese impugnada, ENVÍESE el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
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Índice 100 del expediente digital del proceso 08001-23-33-000-2014-00366-00, disponible en Samai.
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Índices 103 y 104 del expediente digital del proceso 08001-23-33-000-2014-00366-00, disponible en Samai.
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