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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02292-00

Fecha
22 de mayo de 2026
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02292-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado en la acción de tutela de Claudia Paola Carrillo Morales contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander. SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02292-00

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

22 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02292-00

Accionante: CLAUDIA PAOLA CARRILLO MORALES

Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-Hecho superado cuando la autoridad satisface lo solicitado sin que medie la orden
del juez. MORA JUDICIAL-Se configura por la dilación injustificada y el desconocimiento negligente de términos. MORA
JUDICIAL-Por la congestión estructural de los despachos judiciales no toda dilación configura mora. TUTELA-No
procede para interferir en las decisiones que están pendientes en el proceso ordinario.

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Claudia Paola Carrillo Morales contra
el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales de petición, salud, debido proceso y acceso a la administración
de justicia, con ocasión de la mora en la emisión de la sentencia de segunda instancia
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado No. 54001-33-33-
007-2018-00007-01.

ANTECEDENTES

1. Acción de tutela

Claudia Paola Carrillo Morales, en nombre propio, formuló acción de tutela con el fin de
obtener la protección de sus derechos fundamentales de petición, salud, debido proceso
y acceso a la administración de justicia; que consideró vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, ante la mora en la emisión de la sentencia de

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Accionante: Claudia Paola Carrillo Morales
Acción de tutela–Primera instancia

segunda instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 1 ,
promovido por Claudia Paola Carrillo Morales contra la Nación–Ministerio de Educación–
FOMAG, pese a que el proyecto de fallo fue sometido a votación el 6 de noviembre de
2025 y a las múltiples solicitudes de priorización presentadas por la accionante en
atención a su estado de salud.

En virtud de la acción de tutela, la parte accionante solicitó textualmente:

«Amparar mis derechos fundamentales invocados.

Ordenar al Tribunal Administrativo de Norte de Santander que, dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes:

a) Emita respuesta de fondo al derecho de petición presentado el 25 de febrero de
2026.

b) Informe de manera detallada el estado actual del proceso.

Ordenar al despacho judicial que valore de manera prioritaria mi situación de salud,
y adopte medidas para evitar un perjuicio irremediable.

Como medida de protección reforzada, se solicite al Tribunal que imprima celeridad
al proceso, atendiendo a mi condición médica y al tiempo transcurrido.»

2. Hechos relevantes

Claudia Paola Carrillo Morales actúa como parte dentro de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, actualmente en trámite de segunda instancia ante el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, identificado con el radicado No. 54001-
33-33-007-2018-00007-01.

En concreto, la accionante señaló que el 6 de noviembre de 2025 se llevó a cabo la
votación del proyecto de fallo dentro del referido proceso, sin que hasta la fecha se
hubiera proferido la correspondiente sentencia de segunda instancia.

Asimismo, indicó que el 25 de febrero de 2026 presentó derecho de petición solicitando
información sobre el estado actual del proceso, el cual no había sido respondido dentro
del término legal.

1 Proceso identificado con número de radicación: 54001-33-33-007-2018-00007-01.

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Accionante: Claudia Paola Carrillo Morales
Acción de tutela–Primera instancia

La accionante sostuvo que la mora judicial le ha generado una afectación directa a sus
derechos fundamentales, teniendo en cuenta que padece diversas condiciones de salud,
entre ellas condromalacia grado IV, ruptura de meniscos, protrusión discal, osteopenia,
hipotiroidismo subclínico y reflujo gastroesofágico, además de haber presentado
múltiples solicitudes de priorización del fallo sin obtener respuesta de fondo ni medidas
orientadas a atender su situación de vulnerabilidad.

3. Fundamentos de la acción

La parte accionante sostuvo en la acción de tutela que el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander vulneró sus derechos fundamentales de petición, salud, debido proceso y
acceso a la administración de justicia, al no haber proferido la sentencia de segunda
instancia pese a que el proyecto de fallo fue votado desde el 6 de noviembre de 2025, y
al no dar respuesta al derecho de petición presentado el 25 de febrero de 2026 mediante
el cual solicitó información sobre el estado actual del proceso.

Asimismo, señaló que presentó múltiples solicitudes de priorización del fallo en atención
a sus condiciones de salud y situación de vulnerabilidad, sin que el despacho judicial
hubiera adoptado medidas para imprimir celeridad al trámite.

4. Trámite procesal

El 6 de abril de 2026, se admitió la acción de tutela 2 y se ordenó su notificación a la
accionante y al Tribunal Administrativo de Norte de Santander, como autoridad judicial
accionada, así como a la Nación–Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio–FOMAG, como terceros interesados. Igualmente,
se solicitó al Tribunal Administrativo de Norte de Santander remitir copia digital del
expediente No. 54001-33-33-007-2018-00007-01 del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho adelantado por Claudia Paola Carrillo Morales contra la
Nación–Ministerio de Educación–FOMAG. Finalmente, se negó la medida previa
solicitada por la parte accionante

2 Cfr. SAMAI, índice 4.

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Por su parte, el Ministerio de Educación contestó la acción de tutela 3 y señaló que carece
de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no tiene competencia sobre los
hechos y pretensiones planteadas por la accionante, los cuales corresponden a
actuaciones de otras entidades y autoridades judiciales. Asimismo, solicitó su
desvinculación del trámite constitucional, al considerar que no existe relación funcional,
jurídica ni material entre las pretensiones de la tutela y las competencias asignadas a esa
cartera ministerial.

CONSIDERACIONES

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales de petición, salud, debido proceso y acceso a la administración de justicia,
con ocasión de la mora en la emisión de la sentencia de segunda instancia dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 4, promovido por Claudia Paola Carrillo
Moroales contra Nación–Ministerio de Educación–FOMAG.

6. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86
de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la acción con arreglo a lo dispuesto por el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo No. 80 del 12 de marzo de 2019,
expedido por la Sala Plena de la Corporación.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede excepcionalmente
contra providencias judiciales, si se advierte la afectación manifiesta y grosera de un
derecho constitucional fundamental 5 . De conformidad con su jurisprudencia, la tutela
contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos: i) que

3 Cfr. SAMAI, índice 3.
4 Proceso identificado con número de radicación: 54001-33-33-007-2018-00007-01.
5 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que el afectado haya agotado todos los
medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se
configure un perjuicio irremediable; iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que
la solicitud señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta
vulneración; vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de
tutela6.

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una prueba;
falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un precepto; error
inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del «precedente»
constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación directa de la
Constitución.

Carencia actual de objeto por hecho superado

El artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 prescribe que sí, estando en curso la tutela se
dictare una resolución administrativa o judicial que revoque, detenga o suspenda la
actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de
indemnización y de costas, si fueren procedentes. La carencia actual de objeto por hecho
superado se configura cuando entre la interposición de la acción de tutela y el fallo se
satisface lo solicitado en el amparo, de modo que la pretendida orden de tutela no es
necesaria y, por ello, el juez debe concluir la actuación 7.

Mora judicial

La Corporación ha definido la mora judicial como la conducta dilatoria de un juez para
resolver un proceso judicial, que se explica por el desconocimiento injustificado y
negligente de los términos legales y que carece de un motivo probado y razonable. Esta
situación vulnera el debido proceso y el derecho de acceso a la administración de justicia.
Ahora bien, por las condiciones estructurales que producen congestión y lentitud en los

6 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.

7 Corte Constitucional, sentencia SU-225 de 2013.

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despachos judiciales, no toda dilación en la decisión de un asunto equivale a mora o a
negligencia8. En efecto, dicha situación puede producirse por causas externas como la
excesiva carga laboral y la falta de una infraestructura básica en los despachos judiciales,
que limitan sus capacidades de acción 9.

A su vez, la Corte Constitucional ha advertido que no todo desconocimiento de los plazos
establecidos en la ley da lugar a la violación de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, pues ello solo se configura cuando el
juez no puede justificar su retardo. Así, ha integrado el concepto convencional de “plazo
razonable” para evaluar si, al omitir resolver un proceso judicial en término, el juez
transgredió las garantías judiciales del usuario de la administración de justicia. Dicho
análisis abarca la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la
conducta del operador judicial y la afectación generada en la situación jurídica de la
persona involucrada en el proceso 10.

Caso concreto

La señora Claudia Paola Carrillo Morales promovió acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, al considerar que dicha autoridad vulneró sus
derechos fundamentales de petición, salud, debido proceso y acceso a la administración
de justicia, ante la mora en la emisión de la sentencia de segunda instancia dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado No. 54001-33-33-007-2018-
00007-01.

La Sala advierte que, una vez revisado el expediente de Rad. No54001-33-33-007-2018-
00007-01 en la plataforma de SAMAI del Tribunal Administrativo Norte de Santander,
autoridad accionada en el presente trámite constitucional, fue posible evidenciar que el
Tribunal efectuó lo pretendido por la accionante.

El 16 de abril de 2026, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander expidió la
sentencia de segunda instancia solicitada por la accionante (índice 37, SAMAI). No
obstante, aunque el documento aún no puede ser visualizado en el sistema, en el

8 Corte Constitucional, sentencia T-577 de 2008
9 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 15 de septiembre de 2016, rad nº. 11001-03-15-000-2016- 01884-

00. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
10 Sentencia SU-179 de 2021.

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expediente sí aparece reflejada su expedición, por lo que únicamente resta esperar a que
culmine el trámite de firmas electrónicas correspondientes para su visualización definitiva.
Lo anterior, tal como lo evidencia el siguiente registro del expediente mencionado:

Así las cosas, como la autoridad judicial accionada efectuó lo pretendido por la accionante
en el escrito petitorio elevado a la autoridad judicial accionada y en el marco de la
presente acción constitucional, se configura un hecho superado y, en consecuencia, se
debe declarar la carencia actual de objeto y la cesación de la actuación respecto del
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en la medida en que lo pretendido con el
amparo ya se satisfizo.

Planteado lo anterior, no se advierte que la autoridad haya incurrido en una dilación
injustificada en los términos, ni ha sido negligente en el trámite del proceso, por lo que no
se configura una mora judicial que permita acceder a las pretensiones del amparo. La
autoridad ha dado trámite al proceso e incluso ya expidió la sentencia. Dicho lo anterior,
no es posible que el juez de tutela interfiera en la actuación, pues esta se encuentra
vigente y bajo la dirección del juez natural del asunto.

Por otra parte, es necesario señalar que el derecho de petición no constituye el
mecanismo idóneo para solicitar información relacionada con actuaciones estrictamente
judiciales, en tanto su procedencia se circunscribe, principalmente, a asuntos de carácter
administrativo. En efecto, las autoridades judiciales, en ejercicio de su función
jurisdiccional, no se pronuncian mediante respuestas a derechos de petición, sino a
través de las providencias correspondientes dentro del proceso, tales como autos o
sentencias.

Así, las solicitudes relacionadas con el trámite, estado o impulso de un proceso judicial
deben canalizarse a través de los mecanismos y actuaciones previstas en la respectiva
actuación judicial, razón por la cual no puede predicarse, en principio, la vulneración del
derecho fundamental de petición por la ausencia de respuesta formal a solicitudes que
recaen sobre asuntos propios de la función jurisdiccional.

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Acción de tutela–Primera instancia

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado en la acción de
tutela de Claudia Paola Carrillo Morales contra el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander.

SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MÚÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO

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