Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02298-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02298-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02298-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
20 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026).
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02298-00
Accionante: MARIO CARMELO DÁJER PÉREZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela por mora judicial / niega los derechos fundamentales
invocados por el actor– La autoridad accionada actuó con diligencia.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción de tutela promovida el 20 de marzo de 2026 1, por el señor
Mario Carmelo Dájer Pérez, quien actúa en nombre propio, contra el Tribunal
Administrativo de Sucre. A su juicio, dicha autoridad judicial vulneró sus derechos
fundamentales de petición, debido proceso administrativo, acceso a la
administración de justicia, educación, formación profesional y al recurso de
apelación.
ANTECEDENTES
Hechos relevantes
1. El actor manifestó que el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado 70001-23-33-000-2023-00131-00 fue admitido por el
Tribunal Administrativo de Sucre, Sala 001 de Decisión Oral, mediante auto del 24
de octubre de 2023.
2. Indicó que, por auto del 12 de marzo de 2024, se prescindió de la audiencia
inicial, se decretó sentencia anticipada y se fijó el término para alegar. La decisión
en mención fue comunicada a las partes el 18 de marzo de 2024.
3. Señaló que las partes presentaron alegatos los días 1 y 3 de abril de 2024, sin
que el Ministerio Público rindiera concepto.
4. Explicó que el término de traslado para alegar transcurrió entre el 18 de marzo y
el 4 de abril de 2024, por lo que, a partir del 5 de abril de 2024, el proceso quedó en
estado de dictar sentencia, al encontrarse cumplidos los requisitos legales y
procesales.
1 Índice electrónico 01 de SAMAI. “REPARTO Y RADICACIÓN DEL PROCESO REALIZADAS EL
viernes, 20 de marzo de 2026 con secuencia: 3557”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02298-00
Accionante: Mario Carmelo Dájer Pérez
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
5. Indicó que, mediante auto del 20 de mayo de 2024, el proceso fue redistribuido
al Despacho 005 del mismo Tribunal, a cargo de la magistrada Silvia Rosa Escudero
Barboza, lo cual se hizo efectivo el 18 de junio de 2024.
6. Agregó que, a través de informe secretarial del 22 de octubre de 2024, el
expediente ingresó al Despacho 005, oportunidad en la cual se indicó que el proceso
se encontraba en etapa de proferir sentencia.
7. El tutelante sostuvo que, desde la redistribución del proceso, su apoderado ha
presentado múltiples memoriales de impulso —fechados el 16 de junio de 2024, 17
de octubre de 2024, 10 de marzo de 2025, 17 de junio de 2025, 29 de octubre de
2025 y 14 de enero de 2026— en los que ha reiterado la necesidad de emitir
decisión de fondo.
8. Afirmó que la demora en la decisión ha vulnerado sus derechos fundamentales a
la igualdad, al acceso a la administración de justicia y al trabajo, en la medida en
que no ha podido acceder a programas de maestría y doctorado ofrecidos por la
Universidad de Santander, donde labora desde hace más de diez años.
9. Finalmente, el actor sostuvo que, desde el 5 de abril de 20242, el proceso se
encuentra pendiente de fallo. Si bien reconoció la congestión judicial, afirmó que se
ha superado el término legal previsto en el artículo 121 del Código General del
Proceso, pues han transcurrido más de dos años desde la admisión de la demanda
y cerca de dos años desde que el proceso quedó en estado de dictar sentencia.
Pretensiones
10. Conforme a lo dispuesto en el escrito de tutela, se formularon las siguientes
pretensiones (se transcribe con posibles errores):
“1. Solicito se amparen mis derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia, igualdad y acceso al trabajo, los
cuales han sido vulnerados por la mora judicial en que ha incurrido el
Despacho 005 del Honorable Tribunal Administrativo de Sucre, con relación
a emitir fallo dentro del proceso judicial con radicado No. 70-001-23-33-000-
2023-00131-00. Como consecuencia, 2. Ordenar al Despacho 005 del
Honorable Tribunal Administrativo de Sucre, a cargo de la H. Magistrada
Dra. Silvia Rosa Escudero Barboza, que, dentro de un término perentorio y
razonable, proceda a proferir sentencia de fondo dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado No. 70-001-
23-33-000-2023-00131-00, el cual se encuentra para fallo desde el día 05
de abril de 2024 y se encuentra en su despacho para lo que corresponda
desde el 18 de junio de 2024.3. Prevenir a la autoridad judicial accionada
para que, en lo sucesivo, se abstenga de tomar represalias contra la parte
actora, y se abstenga de incurrir en conductas que generen dilaciones
injustificadas en la administración de justicia, garantizando el cumplimiento
2 Se advierte que al revisar el expediente identificado con el radicado 70001-23-33-000-2023-00131-
00 se encontró que el expediente ingresó al despacho el 22 de octubre de 2024. Ver índice 29 del
proceso mencionado.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02298-00
Accionante: Mario Carmelo Dájer Pérez
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
de los términos procesales establecidos en la ley. 4. Ordenar las demás
medidas que el juez constitucional considere necesarias para garantizar la
protección efectiva e inmediata de los derechos fundamentales
vulnerados”3.
Fundamentos de la demanda de tutela
11. El accionante sostuvo que se vulneraron sus derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, trabajo, la educación, a la
formación profesional y al recurso de apelación.
12. En relación con el debido proceso y el acceso a la administración de justicia,
afirmó que la mora judicial injustificada constituye una vulneración directa de estos
derechos, en la medida en que las decisiones judiciales deben adoptarse dentro de
un plazo razonable. Señaló que la Sentencia T-230 de 2013 y la Sentencia T-1031
de 2001 establecen que la dilación injustificada desconoce dichos derechos y que
el acceso a la justicia implica obtener una decisión de fondo en un término
razonable.
13. Asimismo, indicó que el derecho a un plazo razonable exige que los procesos
se resuelvan oportunamente, sin que la congestión judicial justifique
automáticamente la demora, conforme a lo señalado en la Sentencia T-292 de 2018.
En el caso concreto, advirtió que han transcurrido más de un año y once meses
desde que el proceso se encuentra para fallo.
14. En cuanto al derecho a la igualdad, sostuvo que este se vulnera cuando se
otorga un trato desigual frente a otros usuarios que sí obtienen decisiones dentro
de los términos legales, de acuerdo con la Sentencia T-553 de 2014.
15. Conjuntamente, afirmó que la mora judicial ha afectado su derecho al trabajo,
al limitar su acceso a oportunidades académicas y profesionales, en los términos de
la Sentencia T-414 de 2012.
16. El actor concluyó que la inactividad judicial, pese a que el proceso se encuentra
en estado de fallo desde el 5 de abril de 2024, configura una mora injustificada que
vulnera sus derechos fundamentales, por lo que solicitó el amparo constitucional,
con fundamento en la jurisprudencia constitucional citada.
Trámite en primera instancia
17. Mediante auto del 24 de marzo de 20264, el despacho sustanciador admitió la
presente acción de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar a la parte accionada
y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Asimismo, dispuso vincular
a la Nación – Ministerio de Educación Nacional - Dirección de Convalidación de
Títulos, al Ministerio Público y a los demás intervinientes dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado número
3 Índice electrónico 02 de SAMAI. 4ED_Demanda(.pdf) NroActua 2.
4 Índice electrónico 04 de SAMAI. 6Autoqueadmite_520260229800ADMITEMA(.pdf) NroActua 4.
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Accionante: Mario Carmelo Dájer Pérez
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
70001-23-33-000-2023-00131-00, en calidad de terceros con interés en las resultas
del proceso.
Intervenciones
18. El Tribunal Administrativo de Sucre5 expuso lo siguiente: (i) la demanda fue
admitida el 24 de octubre de 2023; (ii) el 12 de marzo de 2024 se fijó el litigio, se
corrió traslado de pruebas y se otorgó el término para alegar; y (iii) el 22 de octubre
de 2024 el proceso ingresó al despacho para proferir sentencia. Añadió que
actualmente el expediente ocupa el turno número 10 para fallo, el cual debe
respetarse en garantía del derecho a la igualdad de los usuarios, conforme a lo
previsto en la Ley 446 de 1998 y la Ley 270 de 1996.
19. Asimismo, explicó que el Despacho 005 fue creado mediante acuerdo del
Consejo Superior de la Judicatura como una medida orientada a fortalecer la oferta
de administración de justicia, e inició formalmente sus funciones en mayo de 2024.
Precisó que la redistribución de procesos provenientes de los despachos
preexistentes fue dispuesta a través del Acuerdo No. CSJSUA24-38 del 16 de mayo
de 2024, expedido por el Consejo Seccional de la Judicatura, y que el proceso de
entrega de los expedientes se extendió hasta el 18 de junio de 2024. Como
resultado de dicha redistribución, el despacho recibió un total de 413 procesos, lo
que incidió de manera directa en la carga laboral asumida desde el inicio de sus
actividades.
20. El despacho manifestó que ha recibido, durante los años 2024 a 2026, un alto
volumen de procesos de diversa naturaleza, en especial asuntos laborales
relacionados con docentes del FOMAG, nivelaciones salariales y prestaciones de
servidores públicos, entre otros. En aplicación del artículo 63A de la Ley Estatutaria
de la Administración de Justicia, ha priorizado el trámite de estos grupos temáticos,
sin desconocer el orden cronológico de los demás asuntos, dentro del cual el
proceso del accionante ocupa actualmente el turno décimo.
21. De igual manera, destacó el elevado ingreso de asuntos con prelación, como
acciones de tutela, incidentes de desacato, acciones de cumplimiento, acciones
populares, así como procesos ejecutivos, recursos de insistencia y conciliaciones
extrajudiciales, lo que incide en los tiempos de decisión de los procesos ordinarios.
22. El Tribunal señaló que con ocasión de las dificultades iniciales en la producción
del despacho, este fue requerido por el Consejo Seccional de la Judicatura, a lo cual
dio respuesta mediante Oficio No. 003 del 14 de julio de 2025, en el que explicó las
causas del bajo índice de evacuación durante su etapa inicial.
23. Indicó que la entrega de expedientes desde los despachos 01 al 04 se extendió
hasta el 18 de junio de 2024, debido a retrasos en la habilitación de herramientas
tecnológicas (cuenta SAMAI, correo institucional, OneDrive y sistema de firma).
Asimismo, señaló que muchos expedientes fueron recibidos en condiciones no
5 Índice electrónico 012 de SAMAI. 12RECIBEMEMORIAL_INFORME_TUTELA_2026_(.pdf)
NroActua 12.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02298-00
Accionante: Mario Carmelo Dájer Pérez
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
óptimas, con problemas de organización, falta de piezas procesales o en etapas
iniciales, lo que exigió actuaciones adicionales antes de poder decidirlos.
24. Estas circunstancias incidieron en el índice de evacuación del año 2024, que
fue del 59,2% (efectivo) y 74% (porcentual). No obstante, destacó que para el año
2025 estos indicadores mejoraron significativamente, alcanzando el 84% y 92%,
respectivamente, lo que evidencia un aumento en la productividad del despacho.
25. Conjuntamente, precisó que, aunque en 2026 no se cuenta aún con cifras
consolidadas, los datos preliminares muestran un índice de evacuación superior al
80%, con 91 procesos evacuados de 102 ingresos, varios de ellos de naturaleza
constitucional. En el caso concreto, el Despacho 005 ha enfrentado una alta carga
laboral desde su creación, derivada de la recepción de procesos complejos,
desorganizados, incompletos y, en muchos casos, en etapas iniciales, lo que ha
incidido en los tiempos de decisión, circunstancia que se acredita con los reportes
de gestión del despacho.
26. De otra parte, precisó que, si bien el asunto es de naturaleza laboral, no reúne
las condiciones para otorgarle prelación frente a otros procesos que lo anteceden
en turno. Además, advirtió que el expediente se encuentra próximo a fallo, por lo
que no se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable ni la vulneración
inminente de derechos fundamentales.
27. En ese contexto, sostuvo que existe una justificación objetiva para que aún no
se haya proferido sentencia y que no se configura una mora judicial injustificada.
Asimismo, señaló que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para alterar el
turno de los procesos, pues ello afectaría el derecho a la igualdad de los demás
usuarios. En consecuencia, solicitó negar el amparo, al no evidenciarse una
actuación que constituya un retardo injustificado en la administración de justicia.
28. El Ministerio Público6, el Ministerio de Educación Nacional7, la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado8, la Dirección de Convalidación de
Títulos9 guardaron silencio a pesar de haber sido notificados.
CONSIDERACIONES
Competencia
29. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de
201910.
6 Se notificó al correo: procesosjudiciales@procuraduria.gov.co.
7 Se notificó al correo: notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co.
8Se notificó al correo: agencia@defensajuridica.gov.co y
notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co.
9 Se notificó al correo: notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co.
10 Reglamento interno de esta corporación, puntualmente el artículo 13- “Distribución de los procesos
entre las secciones”.
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Accionante: Mario Carmelo Dájer Pérez
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Problema jurídico y metodología de la decisión
30. El señor Mario Carmelo Dájer Pérez promovió acción de tutela con el fin de
obtener la protección de sus derechos fundamentales de petición, debido proceso
administrativo, acceso a la administración de justicia, educación, formación
profesional y al recurso de apelación, los cuales considera vulnerados por el
Tribunal Administrativo de Sucre. Sostuvo que dicha infracción se origina en la
presunta mora judicial en la que, a su juicio, incurrió esa autoridad dentro del trámite
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
número 70001-23-33-000-2023-00131-00. En particular, indicó que han transcurrido
dos (2) años y seis (6) meses aproximadamente desde la admisión de la demanda
y un (1) año con seis (6) meses desde que el proceso quedó en estado de dictar
sentencia, sin que se haya proferido decisión de fondo.
31. En este contexto, corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si la acción
de tutela interpuesta cumple los requisitos formales de procedibilidad fijados por la
jurisprudencia constitucional para su admisión. Superado dicho examen preliminar,
en segundo lugar, procederá a efectuar el análisis de fondo encaminado a
establecer si, en el caso concreto, la autoridad judicial accionada transgredió los
derechos fundamentales invocados, en particular los relacionados con el debido
proceso administrativo, petición, acceso a la administración de justicia, educación,
formación profesional y al recurso de apelación.
32. Con el objetivo de resolver el problema jurídico, la Subsección adoptará la
siguiente ruta de análisis: (i) reiteración de jurisprudencia constitucional respecto de
la mora judicial; (ii) análisis de los requisitos de procedencia formal para establecer
si existe mora judicial injustificada y; (iii) examen de fondo del caso en concreto.
Mora judicial
33. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha entendido la mora judicial como
un “fenómeno multicausal”, por lo general asociado a las deficiencias estructurales
del sistema judicial, los cuales limitan el goce efectivo del derecho al acceso a la
administración de justicia. Este fenómeno se materializa cuando la acumulación de
procesos excede la capacidad de los servidores judiciales responsables de su
resolución11.
34. Como lo indica el artículo 29 Superior, toda persona que interpone una acción
o ejerce un recurso dentro de un proceso judicial tiene el derecho a obtener una
respuesta dentro de los plazos previstos por la ley. No obstante, no todo retraso en
el pronunciamiento de una decisión judicial constituye automáticamente una
vulneración constitucional, en la medida en que es necesario demostrar que la
demora fue injustificada, atribuible a la falta de diligencia del funcionamiento del
empleado judicial o que el tiempo de duración del proceso resulte irrazonable12.
11 Corte Constitucional, SU-179 de 2021.
12 Corte Constitucional, SU-333 de 2020.
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Accionante: Mario Carmelo Dájer Pérez
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
35. En ese sentido, corresponde al juez de tutela analizar, en cada caso en
concreto, si la conducta de los servidores o de la corporación judicial responde a
una actitud caprichosa o arbitraria o si, por el contrario, obedece a problemáticas
estructurales que dificultan el cumplimiento de los plazos procesales, como la
congestión judicial o la ausencia de condiciones mínimas de infraestructura en los
despachos. Este tipo de circunstancias, por su naturaleza, no pueden ser atribuidas
directamente a los servidores judiciales.
36. La Corte Constitucional ha establecido que la mora judicial puede estar
justificada cuando el incumplimiento de los términos procesales obedece a
situaciones estructurales, como la congestión judicial o la fuerza mayor. En estos
eventos, al tratarse de circunstancias ajenas al actuar de los encargados de
administrar justicia, no se configura una vulneración de los derechos fundamentales.
Por lo tanto, lo procedente es negar la existencia de la afectación alegada, y
disponer que el proceso continúe su curso conforme el turno asignado, siempre que
no se advierte la existencia de un perjuicio irremediable13.
37. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional14, para establecer
si existe mora judicial es necesario adelantar un análisis en dos etapas. La primera
corresponde al examen de procedibilidad formal, el cual se satisface cuando se
cumple entre otros los siguientes requisitos:
“(i)no se cuenta con un mecanismo judicial ordinario para impulsar el
proceso (como consecuencia de un estado de indefensión, entre otras
razones); (ii) el ciudadano se ha comportado activamente y ha
impulsado el avance del proceso, y (iii) la omisión judicial no se debe a
conductas dilatorias, o no es atribuible al incumplimiento de cargas
procesales”.
38. Una vez superado el análisis de procedibilidad formal, se pasa a la segunda
etapa del examen, correspondiente al análisis de fondo, en el que se debe
establecer si, en el caso concreto, se configura la mora judicial injustificada.
Conforme el precedente constitucional, ésta se presenta cuando se verifican los
siguientes elementos:
“(i) la demora obedece al incumplimiento de los términos previstos en la
ley para adelantar una actuación judicial; (ii) no existe una causa
razonable que justifique dicha dilación, como lo sería la congestión
judicial o la carga excesiva de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a
la omisión de la autoridad judicial en el cumplimiento de sus deberes
funcionales”.
39. En suma, la mora judicial constituye un problema estructural del sistema de
justicia, cuyo análisis exige valorar las circunstancias específicas de cada caso. No
todo retraso en la emisión de una providencia equivale a una vulneración
constitucional, pues solo adquiere relevancia cuando la demora carece de
justificación y es atribuible a la inactividad o negligencia del funcionario judicial. Si,
por el contrario, la tardanza obedece a causas estructurales como la congestión
13 Corte Constitucional, SU-179 de 2021.
14 Corte Constitucional, SU-333 de 2020.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02298-00
Accionante: Mario Carmelo Dájer Pérez
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
judicial, la falta de personal o condiciones materiales deficientes no puede imputarse
responsabilidad al despacho. En consecuencia, únicamente cuando se demuestra
que el retardo es injustificado y afecta de manera directa el derecho al debido
proceso o al acceso a la administración de justicia, procede la intervención del juez
constitucional para ordenar las medidas correctivas necesarias.
Análisis del caso concreto
40. El señor Mario Carmelo Dájer Pérez promovió acción de tutela con el objetivo
de obtener la protección de sus derechos fundamentales, los cuales considera
vulnerados por el Tribunal Administrativo de Sucre, con ocasión de la presunta mora
judicial en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
número 70001-23-33-000-2023-00131-00. Al respecto, señaló que han transcurrido
dos (2) años y seis (6) meses aproximadamente desde la admisión de la demanda
y un (1) año con seis (6) meses desde que el proceso quedó en estado de dictar
sentencia, sin que se haya proferido decisión de fondo.
41. En primer lugar, la Sala examinará la legitimación en la causa; en segundo
lugar, analizará los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela.
Legitimación en la causa por activa y pasiva
42. Mario Carmelo Dájer Pérez cuenta con legitimación en la causa por activa, dado
que ostentan la titularidad de los derechos fundamentales cuya vulneración invoca.
En tal condición, actúa como la persona directamente afectada por la presunta mora
judicial.
43. De igual manera, se encuentra satisfecho el requisito de legitimación en la
causa por pasiva, en la medida que la acción de tutela se dirigió contra el Tribunal
Administrativo de Sucre, autoridad judicial a la que se le atribuye la trasgresión de
los derechos invocados en la presente acción de amparo constitucional.
Estudio de procedibilidad de la mora judicial
44. A juicio de la Sala, cuando la acción de tutela se interpone con el propósito de
obtener la protección de derechos fundamentales presuntamente vulnerados por la
mora judicial, el análisis no debe limitarse a verificar si la autoridad judicial respetó
los plazos legales para adoptar una decisión. Lo verdaderamente relevante consiste
en establecer si la tardanza alegada carece de una justificación objetiva y
razonable15.
15 En Palabras de la Corte en la Sentencia T-186 de 2017: “el análisis para concluir si la mora era
justificada o no, implicaba una valoración crítica del cumplimiento de los deberes por parte del
funcionario judicial, entre los que se incluía la adopción de medidas tendentes a superar situaciones
de congestión, acudiendo a los superiores y autoridades competentes dentro de la organización de
la Rama Judicial, así como la información confiable y certera a los usuarios de la administración para
que estuvieran enterados de las razones por las cuales sus trámites no habían podido resolverse a
tiempo.”
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02298-00
Accionante: Mario Carmelo Dájer Pérez
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
45. En el caso bajo examen, la Sala constata que se cumplen los requisitos de
procedencia formal de la acción de tutela promovida por mora judicial.
46. Respecto del requisito de diligencia de la parte actora, se observa que el
accionante ha mantenido una actuación activa, en la medida en que presento varios
impulsos procesales. En particular, el 16 de julio de 202416, el 17 de octubre de
202417, el 10 de marzo de 202518, el 17 de junio de 202519 y el y 14 de enero de
202620.
47. En cuanto al requisito de subsidiariedad, aunque el proceso judicial aún se
encuentra en trámite, la jurisprudencia constitucional ha establecido que, en los
casos de mora judicial, el ciudadano no está obligado a agotar otros mecanismos
procesales —como recursos o incidentes—, dado que su utilización solo prolongaría
la tardanza y profundizaría la vulneración de los derechos fundamentales. En ese
contexto, el accionante se hallaba en una situación de indefensión, al carecer de un
medio judicial idóneo y eficaz que le garantizara una decisión oportuna.
48. Por último, en relación con el requisito de inmediatez, la acción de tutela se
interpuso dentro de un término razonable, toda vez que el proceso judicial continúa
abierto y la presunta afectación a los derechos fundamentales permanece vigente y
actual.
Estudio de procedencia de la acción de tutela
49. Una vez superado este análisis formal, la Sala entrará analizar de fondo el
presente asunto. Así, para determinar la existencia de mora judicial injustificada, es
necesario realizar una valoración integral de las circunstancias que rodean la
demora, al considerar que cuenta con factores como la complejidad del asunto, la
existencia de motivos razonables que justifiquen la dilación, la conducta de los
interesados, y la diligencia del funcionario judicial. En ese sentido, el mero
incumplimiento de los plazos procesales no configura, por sí solo, una vulneración
constitucional, pues es indispensable analizar el contexto en el que se produjo el
retardo.
50. En el caso concreto, la parte accionante sostuvo que el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, identificado con el radicado número 70001-23-33-
000-2023-00131-00, fue admitido por el Tribunal Administrativo de Sucre el 24 de
octubre de 2023 y que, desde el 5 de abril de 2024, se encuentra en estado de dictar
sentencia de primera instancia. Bajo ese contexto, afirmó que han transcurrido más
de dos años desde la admisión de la demanda y cerca de dos años desde que el
expediente quedó listo para fallo, sin que se haya proferido decisión de fondo. En
consecuencia, consideró que dicha situación configura una mora judicial que
vulnera sus derechos fundamentales de petición, debido proceso, acceso a la
16 Índice electrónico 027 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Sucre.
17 Índice electrónico 028 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Sucre.
18 Índice electrónico 030 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Sucre.
19 Índice electrónico 032 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Sucre.
20 Índice electrónico 037 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Sucre.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02298-00
Accionante: Mario Carmelo Dájer Pérez
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
administración de justicia, educación, formación profesional y al recurso de
apelación.
51. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que la autoridad judicial no
incurrió en una mora judicial injustificada como se pasará a explicar a continuación:
52. En primer lugar, la Sala advierte que el Tribunal Administrativo de Sucre expuso
en el informe de tutela la existencia de circunstancias estructurales que han incidido
en el trámite oportuno de los procesos a su cargo. En particular, señaló que el
despacho inició formalmente sus funciones en mayo de 2024 y que el proceso de
entrega de expedientes, producto de la redistribución dispuesta, se extendió hasta
el 18 de junio de 2024. Como consecuencia, recibió un total de 413 procesos, lo que
impactó de manera directa la carga laboral asumida desde el inicio de sus
actividades.
53. Asimismo, indicó que dicha entrega se vio afectada por retrasos en la
habilitación de herramientas tecnológicas indispensables para el funcionamiento del
despacho, tales como la cuenta SAMAI, el correo institucional, el acceso a OneDrive
y el sistema de firma de providencias. Aunado a lo anterior, precisó que un número
significativo de expedientes fue recibido en condiciones no óptimas, con deficiencias
en su organización, ausencia de piezas procesales o en etapas iniciales, lo que
implicó la necesidad de adelantar actuaciones adicionales antes de emitir
decisiones de fondo.
54. De otra parte, el Tribunal destacó el alto volumen de asuntos que ingresan con
carácter preferente, tales como acciones de tutela, incidentes de desacato, acciones
de cumplimiento, acciones populares, así como procesos ejecutivos, recursos de
insistencia y conciliaciones extrajudiciales, los cuales, por mandato legal, deben
tramitarse con prelación sobre los procesos ordinarios. A su juicio, esta
circunstancia incide de manera significativa en los tiempos de decisión y limita la
capacidad institucional para resolver con mayor celeridad los demás asuntos
sometidos a su conocimiento.
55. En el caso concreto, la autoridad judicial accionada informó que el proceso
ingresó al despacho para fallo el 22 de octubre de 2024 y que actualmente ocupa el
turno número diez en el listado de asuntos pendientes de decisión, encontrándose
próximo a que se profiera la respectiva sentencia de primera instancia. Precisó que
dicho turno debe respetarse en garantía de los derechos de igualdad y debido
proceso de los demás usuarios de la administración de justicia, conforme a lo
dispuesto en el artículo 18 de la Ley 44621 de 1998 y el artículo 63A de la Ley 270
de 1996, modificado por el artículo 26 de la Ley 2430 de 2024.
21 La autoridad judicial puso de presente lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, según
el cual “es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que
hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo
en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento
de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención
a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su
importancia jurídica y trascendencia social”. De igual manera, invocó el artículo 63ª de la Ley 2170
de 1996, el cual establece que “Cuando existan razones de seguridad nacional o para prevenir la
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56. En este punto, la Sala comparte el argumento expuesto por el Tribunal, en la
medida en que el proceso se encuentra próximo a ser decidido dentro del turno
correspondiente, dado que ocupa el décimo lugar en el listado de asuntos
pendientes de fallo. En ese sentido, el respeto del orden de decisión constituye una
garantía del principio de igualdad en el acceso a la administración de justicia.
Además, se advierte que el asunto bajo estudio no encuadra en ninguno de los
supuestos excepcionales que permiten alterar dicho orden, previstos en el artículo
63A de la Ley 270 de 1996, razón por la cual no resulta procedente otorgarle un
tratamiento preferente frente a los procesos que lo anteceden.
57. En segundo lugar, mediante oficio CSJSUOP26-110 del 2 de marzo de
202622,el Consejo Superior de la Judicatura informó que durante el año 2025 el
Despacho 005 del Tribunal Administrativo de Sucre registró un índice de evacuación
parcial efectivo del 84%23 y un índice de evacuación total del 92%24. Estos
indicadores dan cuenta de una gestión judicial significativa y evidencian que se trata
de un despacho con un nivel adecuado de productividad y respuesta frente a la
carga laboral.
58. Adicionalmente, en el informe rendido dentro del trámite de tutela, el Tribunal
precisó que, aunque para el año 2026 aún no se cuenta con el reporte estadístico
consolidado, los datos preliminares reflejan que el despacho ha mantenido un índice
de evacuación parcial efectivo superior al 80%. En efecto, señaló que, de 102
procesos ingresados, se han evacuado 91, de los cuales más de 25 corresponden
a asuntos de naturaleza constitucional, los cuales, por su carácter preferente,
demandan una atención prioritaria.
afectación grave del patrimonio nacional, o en el caso de graves violaciones de los derechos
humanos, o de crímenes de lesa humanidad, o de asuntos de especial trascendencia social, las
Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas, Secciones o Subsecciones del
Consejo de Estado, la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura o la Corte
Constitucional, señalarán la clase de procesos que deberán ser tramitados y fallados
preferentemente. Dicha actuación también podrá ser solicitada por el Procurador General de la
Nación”.
22 Índice electrónico 012 de SAMAI. 13RECIBEMEMORIAL_Oficio_CSJSUOP26110_(.pdf)
NroActua 12.
23 Conforme a la cartilla guía del Acuerdo PCSJA19-11207 el “Índice de Evacuación Parcial
Efectivo (% - IEPE): es el porcentaje resultante de la división de egresos efectivos entre ingresos
efectivos de un despacho. Un índice de Evacuación Parcial Efectivo, superior al 100% indica la
desacumulación de procesos del inventario final y un valor inferior al 100%, representa la
acumulación
EGRESO EFECTIVO
IEPE %= ---------------------------- * 100
INGRESO EFECTIVO”
24 Conforme a la cartilla guía del Acuerdo PCSJA19-11207 “el índice de Evacuación Total (% -
IET): es el porcentaje resultante de la división entre los egresos y la carga laboral. Su objetivo es
identificar la proporción de procesos evacuados en un periodo determinado frente al número de
asuntos que tuvo a su cargo el despacho.
EGRESO
IET % = ----------------- *100
CARGA LABORAL
Este indicador no debe tener como valor esperado el 100%, pues por términos procesales, no es
posible evacuar todos los procesos a cargo del despacho”.
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
59. En ese contexto, la Sala advierte que los indicadores de gestión reportados
permiten inferir que el despacho ha desplegado una actividad constante y diligente
en la tramitación de los asuntos a su cargo, lo que descarta la existencia de una
inactividad injustificada.
60. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que en el caso concreto no
se configura una mora judicial injustificada por parte del Tribunal Administrativo de
Sucre. En efecto, se acreditaron circunstancias objetivas y estructurales que
explican razonablemente la duración del trámite, tales como (i) la reciente creación
del despacho judicial y la consecuente redistribución masiva de procesos; (ii) las
dificultades administrativas y tecnológicas en su puesta en funcionamiento; (iii) la
recepción de un número significativo de expedientes, varios de ellos complejos,
incompletos o en etapas iniciales; y (iv) el ingreso constante de asuntos con
prelación legal, que deben ser atendidos prioritariamente.
61. A ello se suma que el proceso del accionante se encuentra en turno para fallo
—ocupando el décimo lugar— y próximo a ser decidido, lo cual descarta una
situación de inactividad o abandono del trámite.
62. Asimismo, los indicadores de gestión evidencian un desempeño diligente y
sostenido del despacho, con niveles adecuados de evacuación de procesos. En
este contexto, la Sala no advierte una dilación irrazonable atribuible a la autoridad
judicial accionada que comprometa los derechos fundamentales invocados, por lo
que se negará el amparo solicitado.
63. Por otro lado, no se advierte la configuración de un perjuicio irremediable que
habilite la intervención del juez constitucional. Conforme a la jurisprudencia
constitucional, para que se configure un perjuicio irremediable que justifique la
intervención transitoria del juez de tutela, deben concurrir los siguientes
elementos25: (i) inminencia, esto es, que el daño esté próximo a ocurrir y exista un
grado considerable de certeza sobre su materialización; (ii) gravedad, en cuanto
implique un detrimento serio sobre un bien jurídico relevante; (iii) urgencia,
entendida como la necesidad de adoptar medidas inmediatas para evitar la
consumación del daño; y (iv) la impostergabilidad de la protección, es decir, que no
exista otro mecanismo oportuno y eficaz que permita conjurar la afectación de
derechos fundamentales.
64. En el caso concreto, tales presupuestos no se encuentran acreditados. En
primer lugar, no se configura la inminencia del daño, en la medida en que el proceso
se encuentra en trámite activo y próximo a ser decidido por la autoridad judicial
accionada, al ocupar el turno décimo en el listado de asuntos pendientes de fallo.
Esta circunstancia evidencia que no existe un riesgo cierto e inminente de afectación
irreparable, sino una situación que está siendo atendida dentro de los cauces
ordinarios del proceso judicial.
65. En segundo lugar, tampoco se acredita la gravedad del perjuicio, dado que la
situación alegada por la parte actora se contrae a la inconformidad con el tiempo
25Corte Constitucional, Sentencia SU-179 de 2021.
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que ha tomado la decisión del proceso, sin que se evidencie una afectación
sustancial y grave de derechos fundamentales que trascienda la dinámica propia de
la administración de justicia. En efecto, como se expuso, la duración del trámite
encuentra justificación en circunstancias estructurales y objetivas debidamente
acreditadas.
66. En tercer lugar, no se demuestra la urgencia ni la impostergabilidad de la
intervención del juez de tutela, pues no se advierte la necesidad de adoptar medidas
inmediatas para evitar la configuración de un daño, ni la inexistencia de mecanismos
eficaces para la protección de los derechos invocados. Por el contrario, el proceso
judicial continúa su curso y se encuentra próximo a ser decidido, lo cual constituye
el medio idóneo y natural para resolver de fondo la controversia planteada.
67. En consecuencia, al no configurarse los elementos estructurales del perjuicio
irremediable, no hay lugar a la intervención transitoria del juez constitucional,
máxime cuando la situación expuesta por la parte actora está siendo atendida
dentro del trámite ordinario, sin que se evidencie una afectación actual, grave e
inminente de sus derechos fundamentales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales de petición, debido
proceso administrativo, acceso a la administración de justicia, educación, formación
profesional y al recurso de apelación de Mario Carmelo Dájer Pérez, por las razones
expuestas en la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: De no ser impugnada esta decisión, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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