Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02301-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02301-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02301-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
4 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., cuatro (04) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2026-02301-001
Accionante : Alie Rocío Rodríguez Pineda
Accionado : Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración
de Carrera Judicial
Vinculados Aspirantes que integran la lista de elegibles para el cargo de
Magistrado de Comisión Seccional de Disciplina Judicial
(270010)
Acción : Tutela
Tema : Demoras en la Convocatoria 027 de 2018 para la provisión del
cargo de Magistrado de Comisión Seccional de Disciplina
Judicial
Decisión : Sentencia de primera instancia
1. Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia, en la acción de tutela incoada
por Alie Rocío Rodríguez Pineda contra el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de
Administración de Carrera Judicial por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso administrativo y al acceso a cargos públicos.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico
2. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por la
accionante frente a la vulneración alegada. Luego, se revisará lo relativo a la procedencia
de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que corresponda en torno a las
pretensiones de este mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela
3. La señora Alie Rocío Rodríguez Pineda interpuso el presente recurso de amparo, con
el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso
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Expediente electrónico disponible en SAMAI.
Acción de tutela: 11001-03-15-000-2026-02301-00
Accionante: Alie Rocío Rodríguez Pineda
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
administrativo y al acceso a cargos públicos, presuntamente vulnerados por el Consejo
Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial.
4. Por consiguiente, solicitó ordenar a la entidad accionada que, «[…] envíe de manera
inmediata la lista de elegibles para proveer los 4 cargos vacantes de Magistrado de la Comisión Seccional
de Disciplina Judicial que existen en la sede Bogotá, a la corporación nominadora, Comisión Nacional de
Disciplina Judicial».
1.3. Hechos2
5. De acuerdo con lo expuesto por la accionante y los documentos que obran en el
expediente, la señora Alie Rocío Rodríguez Pineda manifestó que la Corte Constitucional
profirió la Sentencia T-008 del 30 de enero de 2026. En dicha providencia, el alto tribunal
instó al Consejo Superior de la Judicatura a continuar de manera célere con el concurso
de méritos correspondiente a la Convocatoria 27 de la Rama Judicial. En vista de ello, la
autoridad accionada expidió la Resolución PCSJSR26-028 del 11 de febrero de 2026.
Mediante este acto administrativo, se conformó el Registro Nacional de Elegibles para el
cargo de Magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial. En ese documento,
la entidad inscribió a la accionante en el cuarto lugar del orden de mérito a nivel nacional.
6. Posteriormente, el 2 de marzo de 2026, la Unidad de Administración de la Carrera
Judicial publicó las vacantes disponibles y habilitó la opción de escogencia de sede con
plazo hasta el 6 de marzo de 2026. Así las cosas, la aspirante optó por la sede de Bogotá
para el eventual ejercicio de sus labores. Como consecuencia de lo anterior, el 10 de
marzo de 2026, la autoridad publicó la relación de aspirantes para proveer las cuatro
vacantes reportadas en Bogotá. En ese reporte, la accionante ocupó el tercer lugar en la
lista de dicha corporación.
7. Pese a la culminación de la etapa de elaboración de listas, la actora manifiesta que el
Consejo Superior de la Judicatura y la Unidad de Administración de Carrera Judicial
omitieron remitir el registro de elegibles a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Por
consiguiente, la falta de envío del documento obstaculiza el nombramiento respectivo e
interrumpe el proceso de selección, constituyéndose en una demora injustificada a pesar
de la orden dada por la Corte Constitucional.
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Expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 2.
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Acción de tutela: 11001-03-15-000-2026-02301-00
Accionante: Alie Rocío Rodríguez Pineda
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
II. TRÁMITE PROCESAL
8. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, mediante auto del 27 de marzo
de 2026, admitió la acción de tutela. En dicha decisión, se ordenó notificar al Consejo
Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial y vincular, como
terceros con interés, a los aspirantes que integran la lista de elegibles para el cargo de
Magistrado de Comisión Seccional de Disciplina Judicial (270010).
2.1. Contestaciones de la acción
2.1.1. La Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de
la Judicatura3 solicitó negar el amparo invocado. La entidad justificó esta petición al
afirmar que no vulneró ningún derecho fundamental. Para sustentar dicha premisa, la
autoridad señaló que, mediante el Oficio CJO26-1804 del 13 de abril de 2026, remitió las
listas de elegibles a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. En vista de ello, la
accionada concluyó que cumplió con su deber legal, garantizó los principios de mérito y
confianza legítima, y superó la omisión alegada en el escrito inicial.
2.1.2 Los terceros interesados, a pesar de haber sido debidamente notificados, no
intervinieron en esta acción de tutela.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
9. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud de
las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333 de
2021.
3.2. Problema jurídico
10. Se contrae a determinar si, en el presente asunto, se estructuró una carencia actual
de objeto por hecho superado, en virtud de la actuación desplegada por el Consejo
Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial, consistente en
remitir la lista de elegibles a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, efectuada el 13
de abril de 2026.
3.3 La carencia actual de objeto por hecho superado
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Expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 12.
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Acción de tutela: 11001-03-15-000-2026-02301-00
Accionante: Alie Rocío Rodríguez Pineda
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
11. La acción de tutela se encuentra orientada a garantizar la efectividad de los derechos
fundamentales de las personas cuando sean vulnerados o amenazados por la acción u
omisión de una autoridad pública; sin embargo, si la circunstancia que dio origen a la
trasgresión desaparece, se configura el fenómeno conocido como hecho superado, que
da como resultado una carencia de objeto para decidir de fondo el asunto. Al respecto,
la Corte Constitucional4 ha definido este fenómeno jurídico en los siguientes términos:
35. La carencia actual de objeto en los trámites de tutela. La carencia actual de objeto es un
fenómeno jurídico que se presenta cuando la causa que motivaba la solicitud de amparo se
extingue o “ha cesado” 5 y, por lo tanto, el pronunciamiento del juez de tutela frente a las
pretensiones de la acción de tutela se torna innecesario, dado que “no tendría efecto alguno”
o “caería en el vacío”6. Este fenómeno puede configurarse en tres hipótesis: (i) daño
consumado, el cual tiene lugar cuando “se ha perfeccionado la afectación que con la tutela
se pretendía evitar, de forma que (…) no es factible que el juez de tutela dé una orden para
retrotraer la situación”7 ; (ii) hecho sobreviniente, el cual se presenta cuando acaece una
situación que acarrea la “inocuidad de las pretensiones” 8 y que no “tiene origen en una
actuación de la parte accionada dentro del trámite de tutela” 9 ; y (iii) hecho superado, que
ocurre cuando la “pretensión contenida en la acción de tutela” se satisfizo por completo por
un acto voluntario del responsable10. La Corte Constitucional ha aclarado que el hecho
superado se configura cuando la satisfacción del derecho parte de ‘una decisión voluntaria y
jurídicamente consciente del demandado11, por razones ajenas a la intervención del juez
constitucional12. El cumplimiento de los fallos de tutela de los jueces de instancia no configura
la carencia actual de objeto en sede de revisión. (Destaca la Sala)
12. Conforme a lo anterior, resulta necesario analizar si la presunta vulneración de los
derechos fundamentales invocados en el caso sub examine aún persisten o si, por el
contrario, la pretensión planteada para procurar su defensa ha sido satisfecha, esto es,
si se configuró el fenómeno jurídico de carencia actual de objeto por hecho superado.
3.4 Caso concreto.
13. En el caso bajo estudio, la señora Alie Rocío Rodríguez Pineda acude al mecanismo
de amparo para solicitar la protección de sus derechos fundamentales puesto que, afirma
que no se ha remitido la lista de elegibles formulada mediante Acuerdo PCSJA26-12418
4
Corte Constitucional Sentencia T-70 de 24 de febrero de 2022.
5
Corte Constitucional, sentencias T-033 de 1994, T-285 de 2019 y T-060 de 2019.
6
Corte Constitucional, sentencia T-533 de 2009.
7
Corte Constitucional, sentencia SU- 522 de 2019.
8
Corte Constitucional, sentencia T-308 de 2011.
9
Corte Constitucional, sentencias T-149 de 2018 y SU-440 de 2021. Ver también, Corte Constitucional, sentencia SU-522 de 2019.
“El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena como por las distintas Salas de Revisión. Es una categoría que ha
demostrado ser de gran utilidad para el concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud cobija casos que no se enmarcan
en los conceptos tradicionales de daño consumado y hecho superado. El hecho sobreviniente remite a cualquier “otra circunstancia
que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y
por lo tanto caiga en el vacío”. No se trata entonces de una categoría homogénea y completamente delimitada. A manera de
ilustración, la jurisprudencia ha declarado un hecho sobreviniente cuando: (i) el actor mismo es quien asume la carga que no le
correspondía para superar la situación vulneradora; (ii) un tercero –distinto al accionante y a la entidad demandada- ha logrado que
la pretensión de la tutela se satisfaga en lo fundamental; (iii) es imposible proferir alguna orden por razones que no son atribuibles a
la entidad demandada; o (iv) el actor simplemente pierde interés en el objeto original de la Litis”.
10
Corte Constitucional, sentencias T-321 de 216 y T-154 de 2017.
11
Corte Constitucional, sentencia T-344 de 2019. En el mismo sentido se encuentra la sentencia T-104 de 2020.
12
Corte Constitucional, sentencia T-321 de 2016. En el mismo sentido se encuentran las sentencias T-154 de 2017, T-715 de 2017 y
T-104 de 2020.
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Acción de tutela: 11001-03-15-000-2026-02301-00
Accionante: Alie Rocío Rodríguez Pineda
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de 2026. Así las cosas, la actora reprocha que, al momento de interponer la acción, la
autoridad accionada no había comunicado a la autoridad competente el listado de
elegibles para el cargo de Magistrado/a de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial.
14. Pero una vez verificados los anexos de esta acción de tutela, en particular los que
reposan en el índice 12 en SAMAI, se tiene que, en efecto, la directora de la Unidad de
Carrera Judicial remitió a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial las listas de
candidatos para proveer cargos de Magistrado de Comisiones Seccionales de Disciplina
Judicial con ocasión a la Convocatoria 27, tal y como se evidencia en la siguiente imagen:
15. Entre los listados remitidos, se encuentra el PCSJA26-12418, que contiene los
aspirantes a proveer las 4 vacantes vigentes para la Comisión Seccional de Disciplina
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Judicial de Bogotá, entre los que se encuentra la accionante. Por consiguiente, la
situación fáctica que originó la solicitud de amparo desapareció, en la medida en que la
autoridad administrativa efectuó la actuación cuya demora se cuestiona.
16. Así las cosas, se configura la carencia actual de objeto por hecho superado, puesto
que, el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial
ya remitió los listados de elegibles ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial como
lo pedía la accionante. En consecuencia, al no existir una amenaza o vulneración actual
a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, cualquier orden que se imparta en este momento resultaría inoficiosa.
IV. DECISIÓN
17. Por las razones expuestas, la Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado.
18. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO, de conformidad con las razones expuestas en esta sentencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y
en los términos previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
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Acción de tutela: 11001-03-15-000-2026-02301-00
Accionante: Alie Rocío Rodríguez Pineda
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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