Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02302-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02302-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02302-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
9 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02302-00
Referencia: Acción de tutela
Actores: PAOLA ANDREA ÁLZATE Y OTROS
TESIS: LA ACCIÓN DE TUTELA ES IMPROCEDENTE POR FALTA DEL
REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA
PARTE ACTORA PRETENDE DEBATIR ASPECTOS QUE YA FUERON
OBJETO DE ANÁLISIS EN SEDE ORDINARIA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por los
actores contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA1.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
Los señores PAOLA ANDREA ÁLZATE y JACOBO RINCÓN
ÁLZATE, JUAN DAVID y LUZ MARINA ÁLZATE AGUIRRE,
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En adelante Tribunal.
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actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de
tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitaron
la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia y al principio de reparación
integral, los cuales estiman vulnerados por el TRIBUNAL, al haber
proferido la providencia de 25 de septiembre de 2025 dentro del
medio de control de reparación directa identificado con el número
único de radicación 2019-00041-01.
I.2.- Hechos
Manifestaron que el 1o. de febrero de 2017 el señor JUAN DAVID
ÁLZATE AGUIRRE ingresó a la finca La Alejandra, ubicada en la
vereda La Fría del municipio de Dosquebradas (Risaralda), con el fin
de ejecutar actos delictivos constitutivos de la conducta punible de
hurto.
Mencionaron que la anterior situación fue puesta en conocimiento a
agentes de la POLICÍA NACIONAL, que se trasladaron al lugar de
los hechos y lo capturaron en flagrancia, por lo que fue reducido y
esposado.
Advirtieron que encontrándose en estado de total indefensión, la
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señora MARÍA GLADIS CORREA GONZÁLEZ, propietaria de La
Finca La Alejandra, se aproximó al señor ÁLZATE AGUIRRE, y con
una escopeta lo hirió gravemente en el tórax y brazo derecho,
dejándole una deformidad física permanente y perturbación funcional
de carácter definitivo en su cuerpo.
Señalaron que por lo anterior, promovieron demanda en ejercicio del
medio de control de reparación directa contra la NACIÓN -
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL,
pretendiendo la declaratoria de responsabilidad administrativa por
los perjuicios causados, a la cual le fue asignado el número único de
radicación 2019-00041-00.
Indicaron que el proceso fue conocido en primera instancia por el
JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
PEREIRA2 que, en sentencia de 27 de enero de 2023, declaró
probada la excepción de hecho exclusivo y determinante de un
tercero y denegó las súplicas de la demanda.
Adujeron que interpusieron recurso de apelación, el cual fue
desatado por el TRIBUNAL en providencia de 25 de septiembre de
2025, por medio de la cual confirmó la decisión del a quo.
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En adelante Juzgado.
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I.3.- Fundamentos de la solicitud
Manifestaron que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
fáctico al realizar una lectura fragmentaria y contraevidente de las
pruebas allegadas al plenario, lo que llevó a concluir erróneamente
la existencia de una “causa extraña”.
Adujeron que el TRIBUNAL calificó el ataque como imprevisible; no
obstante, omitió el testimonio del patrullero DUVER DELGADO
GARZÓN, quien confesó conocer a la agresora y su reacción violenta,
además, pasó por alto la declaración del Intendente EDILBERTO
HENAO y que el señor JUAN DAVID ÁLZATE AGUIRRE le advirtió
sobre la presencia de la escopeta.
Advirtieron que el TRIBUNAL también incurrió en defecto
sustantivo y en desconocimiento del precedente
jurisprudencial al aplicar solamente el régimen de responsabilidad
subjetiva para exonerar al Estado.
Destacaron que, de conformidad con lo expuesto en la sentencia de
unificación SU-122 de 2022, proferida por la Corte Constitucional, al
momento de la captura y el uso de medios de coerción, el Estado
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asume una obligación de resultado respecto de la integridad física del
detenido; en ese mismo sentido, bajo los parámetros establecidos en
la sentencia T-288 de 2021, no es posible predicar el hecho de un
tercero, si su propia omisión facilitó la actuación dañina.
I.4.- Pretensiones
La parte actora solicita el amparo de sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTO jurídico la providencia de
fecha 25 de septiembre de 2025, mediante la cual el Tribunal
accionado confirmó la negativa de las pretensiones de la
demanda.
TERCERA: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Risaralda –
Sala Tercera de Decisión que, en un término no superior a quince
(15) días, profiera una sentencia de reemplazo. En dicha
providencia, el Tribunal deberá resolver el fondo del asunto
siguiéndolos parámetros constitucionales fijados en el fallo de
tutela, especialmente en lo relacionado con: […]”. (resaltado del
texto)
I.5. Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL resaltó que la providencia cuestionada
contiene los fundamentos de hecho, derecho y jurisprudenciales que
soportan la decisión, por lo que no es de tal acierto que se hubiese
incurrido en los defectos endilgados.
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I.6. intervinientes
I.6.1.- La NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -
POLICÍA NACIONAL solicitó que se declare la improcedencia de la
acción de tutela de la referencia, máxime cuando no se advierte la
ocurrencia de un perjuicio irremediable en el asunto.
I.6.2.-La señora MARÍA ALBANISA AGUIRRE DE ÁLZATE y el
JUZGADO, a pesar de haber sido vinculados en debida forma,
guardaron silencio.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
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La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
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requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
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irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
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d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende
que se deje sin efecto la providencia de 25 de septiembre de 2025,
proferida por el TRIBUNAL dentro del medio de control de
reparación directa identificado con el número único de radicación
2019-00041-01.
A la mencionada providencia la parte actora alega la vulneración de
sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y al principio de reparación integral, habida
cuenta de que, a su juicio, incurrió en los defectos fáctico, sustantivo
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y desconocimiento del precedente jurisprudencial, al concluir
erróneamente para desestimar las pretensiones de la demanda la
existencia de una “causa extraña”.
Aclarado lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico
que debe resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente
caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencia judicial y, de superarse tal
derrotero; ii) establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos
fundamentales invocados e incurrió en los defectos alegados.
De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,
la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida
por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la
relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
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de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional3, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».4
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación5, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
3
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
4
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [6]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [7].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [8].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [9].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
[6] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[7] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[8] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[9] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [10]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [11].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [12]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
[10] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[11] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[12] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 2022,
precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las
siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial[...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
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tutela en concreto cumplía con el requisito general de relevancia
constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito: (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente
económico; (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
judiciales; y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez
ordinario.
Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la presente
acción de tutela no cumple con el requisito general de la relevancia
constitucional, en la medida en que lo pretendido por los actores es
que se realice un nuevo análisis del asunto puesto a consideración
del juez natural, como si este mecanismo constitucional se tratara de
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una instancia adicional al proceso ordinario.
En efecto, la divergencia surge del hecho según el cual la autoridad
judicial accionada profirió la decisión desconociendo el material
probatorio obrante dentro del proceso ordinario, al declarar probada
la existencia de una causa extraña, pasando por alto los testimonios
de los uniformados DUVER DELGADO GARZÓN y EDILBERTO
HENAO; sumado a ello, que desconoció la jurisprudencia
constitucional respecto de la posición de garante y la causa extraña.
Dichos aspectos, derivan de la valoración probatoria y la
interpretación jurisprudencial que la parte actora pretende que se dé
a su situación particular y giran en torno a la inconformidad con la
decisión adoptada por el juez natural del asunto, la cual fue resuelta
por el TRIBUNAL, así:
“[…] Esta Colegiatura Judicial anticipa que CONFIRMARÁ la
sentencia recurrida, en cuanto desestimatoria de las súplicas
formuladas en la demanda, conforme los argumentos que a
continuación se expondrán.
En este punto, debe reseñar esta sala de decisión, que según cierta
línea metodológica en la jurisprudencia del Consejo de Estado,
cuando se alega la materialización de causas extrañas como el
hecho exclusivo de la víctima y/o el de un tercero, en ciertos
escenarios no es necesario que el juzgador determine el título de
imputación13; ya que, de encontrarse acreditado alguno de tales
13
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN A, Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO, sentencia del trece (13) de
agosto de dos mil veintiuno (2021), proferida dentro del proceso identificado con Radicación número:
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eximentes de responsabilidad, se rompería el nexo de causalidad
necesario entre la actuación de las demandadas y el daño
reclamado, circunstancia que impediría efectuar una atribución
jurídica a las accionadas; por esa razón, con la finalidad de prohijar
los principios de economía y eficiencia procesal, la Subsección A,
ha iniciado el estudio de imputación a partir de la posible
configuración de causas extrañas, argumentando que
metodológicamente resulta inane explorar el comportamiento de
las entidades accionadas, si desde el punto de vista fáctico se
constata la presencia de un hecho idóneo para quebrar el nexo de
causalidad requerido entre el daño y su intervención activa u
omisiva14, siguiendo el citado precedente del Consejo de Estado y
de conformidad con las particularidades del asunto objeto de
examen judicial, se analizará el daño y luego la existencia de la
causal de exoneración alegada, pues ya sea bajo el régimen
subjetivo o el objetivo, el hecho exclusivo y determinante de un
tercero que encontró probado el juez de primer grado, exime de
responsabilidad a la parte demandada.
[…]
Puntualizado lo anterior, esta Colegiatura luego de efectuar un
análisis minucioso a todas las piezas procesales que obran en el
dosier, se considera que ha quedado establecido conforme la queja
promovida por el actor Juan David Alzate Aguirre, mediante auto
calendado 01 de marzo de 2017, que el Jefe de la Oficina de Control
Disciplinario Interno MEPER, dio apertura a la indagación
preliminar, y dentro de las pruebas practicadas se recaudó la
exposición libre y espontánea respecto del Intendente Jefe
Edilberto Henao Gaitán, quien tal oportunidad señaló: […]
También, obra la exposición libre y espontánea respecto del señor
Duver Delgado Garzón, quien para la época de los hechos fungió
como agente de policía que ejecutó el operativo, y respecto de las
circunstancias de tiempo, modo y lugar, relató: […]
De acuerdo con lo anterior, a juicio de la Sala forzoso es concluir
que no dependía de los integrantes de la Unidad Básica Policial, la
actuación dolosa de la señora María Gladis, pues escapaba del todo
a su alcance y determinación, sobrepasando el marco de reacción
de los agentes policiales, de conformidad con las circunstancias de
modo, tiempo y lugar en que se desarrolló el operativo que ya han
66001-23-31-000-2009-00074-01(52915) - Actor: ÁLVARO MUÑOZ CARDONA Y OTROS - Demandado:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y OTROS - Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA.
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Sin embargo, no es lo que ocurrió en primera instancia, ya que el juez, si se determinó el título como
falla, pero no explicó claramente en que consistió aquella.
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sido reseñadas en esta providencia, lo cual lleva a definir tal
circunstancia –el hecho del tercero- como un asunto exterior a su
actuar administrativo.
[…]
En ese orden, concluye este juez colegiado que se configuran los
presupuestos de la causal exonerativa del hecho de un tercero, en
la medida que se encuentra acreditado que el particular en
comento (i) incurrió en un hecho ilícito , como una de las fuentes
de culpa jurídica (delito tentativa de homicidio-Lesiones
personales), lo cual tuvo incidencia única y exclusiva en el
resultado dañoso, conforme quedó ampliamente argumentado, (ii)
conducta o causa externa que, para la entidad, era imprevisible,
en cuanto en los siguientes 3-4 minutos después de la captura en
flagrancia del señor Alzate Aguirre no le era posible contemplar la
presencia de la señora María Gladis Correa González, en el interior
de la vivienda, ni mucho menos tener conocimiento por anticipado
la posibilidad de que la señora María Gladis, portara un arma de
fuego con mecanismo idóneo para disparar, ya que cuando los
agentes policiales ingresaron no fueron recibidos por los
moradores, sino que observaron la presencia del señor Juan David
Alzate Aguirre, a quien aprehendieron con fines judiciales por
encontrarse en flagrancia, y (iii) irresistible para el ente estatal
dicha causa extraña o actuar del tercero, en cuanto no podía evitar
o impedir que procediera de forma intempestiva accionar el arma
de fuego de carga múltiple (escopeta) en contra del demandante
víctima, dado que de acuerdo con la cronología de los hechos, no
tenía conocimiento de la voluntad inequívoca del hecho delictuoso
para atentar contra su vida, quien sorprendió con su conducta ilícita
que desencadenó en el resultado lesivo.
Y finalmente, es incuestionable que el actuar del tercero es (iv)
externo a la actividad del obligado o ente público, en este caso a
su obligación de custodia y vigilancia, según quedó suficientemente
explicado en párrafos precedentes, toda vez que el cumplimiento
de tal contenido obligacional a cargo de la Policía, es ajeno al
cumplimiento de los ciudadanos y lo que se presenta por parte del
tercero es la voluntad de causar daño.
Bajo estos argumentos, teniendo en cuenta que la señora María
Gladis tuvo injerencia única, directa y determinante en el hecho
dañoso, razón el asiste al juez de primera instancia en señalar que
se configura el hecho de un tercero como eximente de la
responsabilidad estatal endilgada, y por ende, las inconformidades
esgrimidas en el recurso de alzada carecen de prosperidad. En
consecuencia, esta Colegiatura confirmará la sentencia recurrida.
[…]”.
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De los apartes transcritos de la providencia cuestionada se extrae
que el TRIBUNAL al revisar las pruebas aportadas al plenario, logró
concluir que se configuró el hecho de un tercero, comoquiera que el
hecho ilícito realizado por el señor JUAN DAVID ÁLZATE AGUIRRE
tuvo incidencia única y exclusiva en el resultado dañoso.
Sumado a ello, dicha causa externa resultaba imprevisible para los
agentes de la policía, pues no tenían conocimiento de la presencia de
la señora MARÍA GLADIS CORREA GONZÁLEZ al interior de la
vivienda ni que esta portara un arma de fuego y tuviera la capacidad
para disparar. Finalmente, que le resultaba irresistible para el ente
estatal dicha causa extraña, toda vez que no le era posible evitar o
impedir que la mencionada procediera de forma intempestiva y
accionara el arma de fuego contra el señor ÁLZATE AGUIRRE.
Por último, la autoridad judicial accionada resaltó que el actuar del
tercero es externo a la actividad de la POLICÍA NACIONAL, que en
este caso era de custodia y vigilancia.
Así las cosas, para la Sala ni el análisis, ni la decisión contenida en la
providencia controvertida resultan caprichosos o arbitrarios, sino que
fueron adoptados a partir del alcance dado a las pruebas aportadas
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al plenario y a un análisis de las particularidades fácticas del mismo.
Situación distinta es que la parte actora no comparta la tesis allí
dispuesta, al ser adversa a sus intereses, lo cual no significa que la
decisión sea arbitraria, sino que de conformidad con la autonomía
judicial de la que goza el juez de conocimiento, el TRIBUNAL decidió
el asunto sometido a su consideración.
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte
actora, sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión
judicial como si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia
adicional, en relación con aspectos que fueron resueltos de forma
admisible por la autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no
puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de
tutela un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso
invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
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decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
En las condiciones anotadas, la Sala concluye que tales
inconformidades carecen del requisito general de la relevancia
constitucional, razón por la que se declarará improcedente la solicitud
de amparo, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
esta sentencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
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TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 9 de abril de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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