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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02302-01

Fecha
26 de junio de 2026
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02302-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 9 de abril de 2026, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02302-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

26 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02302-01
Accionante: Juan David Alzate Aguirre y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Asunto: Acción de tutela – Segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada en contra del fallo de tutela proferido el 9 de
abril de 20261 por la Sección Primera del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo constitucional

El 20 de marzo de 20262, Juan David Alzate Aguirre, Luz Marina Alzate Aguirre, Paola
Andrea Alzate y Jacobo Rincón Alzate, por conducto de apoderado judicial3, radicaron
acción de tutela4 en procura de la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y a la reparación integral, que estiman
vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 25 de septiembre de 2025 por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, en el marco del proceso de reparación directa
66001-33-33-002-2019-00041-01, mediante la cual se confirmó la sentencia dictada por
el Juzgado Segundo Administrativo de Pereira, que negó las pretensiones de la
demanda.

1.2. Hechos

1.2.1. Juan David Alzate Aguirre, Luz Marina Alzate Aguirre, Paola Andrea Alzate, Jacobo
Rincón Alzate y María Albanisa Aguirre Alzate interpusieron demanda de reparación

1 Obra en el certificado B38E3BA0708AD8AD 3A6FE72FD935ECC3 EDF93EE65119356B 9B266A0DB547F279,
índice 20.
2 Obra en el certificado 73750AD8E5B2EFE7 C32E7E5835EFF8F6 95CCA68D027B7DCE F7EAB396D014684B,

índice 2.
3 Obra en el certificado 6CED48A73C4203E3 EA42F856840D7256 6C5230D1C76E650A 29F2756FB9E505D1, índice

2.
4 Obra en el certificado B16FFC72A0C20B25 ED370D43471A07CF 59CA8083596D0049 6AEF4F59CAA65168, índice

2.

2

Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2026-02302-01
Accionante: Juan David Alzate Aguirre y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda

directa5 contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, con el fin de que se
declarara su responsabilidad por la herida con arma de fuego que sufrió el primero de los
demandantes, luego de ser capturado en flagrancia.

1.2.2. El 27 de enero de 20236, el Juzgado Segundo Administrativo de Medellín declaró
probada la excepción de hecho exclusivo y determinante de un tercero y negó las
pretensiones de la demanda.

1.2.3. Inconforme, la parte demandante interpuso recurso de apelación 7 , el cual fue
resuelto por el Tribunal Administrativo de Risaralda el 25 de septiembre de 20258, en el
sentido de confirmar la providencia apelada.

Como fundamento, luego de establecer que María Gladys Correa González, moradora
de la finca a la que Juan David Alzate Aguirre ingresó y donde fue capturado en flagrancia
por el delito de hurto, le disparó con arma de fuego mientras se encontraba bajo custodia
de la Policía, el juez consideró que, si bien existió un daño y el Estado tiene la obligación
de garantizar los derechos del capturado, se configuró la causal eximente de
responsabilidad por el hecho exclusivo y determinante de un tercero, dado que se
cumplieron los requisitos de exterioridad de la conducta frente a los agentes del Estado,
imprevisibilidad e irresistibilidad.

1.3. Fundamentos de la acción de tutela

La parte actora sostiene que sus derechos fundamentales se vieron afectados por las
siguientes razones:

1.3.1. Hizo referencia a que, en el momento en que se materializó la captura y se utilizaron
medios de coerción física, como las esposas, se anuló toda posibilidad de autodefensa
del ciudadano, lo que, de conformidad con la Sentencia SU-122 de 2022, generó una

5 Folios 2 – 13 del certificado 7FC508919AAAAF7F C0B8F288D71F1522 E84EDBA4B650F55F CC7880E5BEE366E5,

índice 17 del expediente 66001333300220190004100 de los Juzgados Administrativos de Pereira.
6 Obra en el certificado AA598FE5CC3AC034 79EC85AB07A40455 EA6361196D7C7CEA 0B50A090C307ED74,

índice 18, ibid.
7 Obra en el certificado 859827CB4449226D E5C2A4B6DC677268 21748AE4F55DBF65 901BA6DF591A728E, índice

20, ibid.
8 Obra en el certificado 9C91C8DD24037AC7 EB378E8498869913 5183A0A5B38DCF96 9F36097B8ABD01B8, índice

9 del expediente 66001333300220190004101 del Tribunal Administrativo de Risaralda.

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obligación de resultado a cargo del Estado frente a la protección del tutelante, por lo que
debía garantizarse su indemnidad como detenido.

Asimismo, sostuvo que el análisis del caso debió realizarse bajo la óptica del riesgo
excepcional o del daño especial, toda vez que la privación de la libertad activa el régimen
de responsabilidad objetiva del Estado.

1.3.2. Así, estimó que se incurrió en un defecto fáctico, por cuanto se omitió valorar el
testimonio del patrullero Duver Delgado Garzón, el cual evidenciaba la previsibilidad de
la actuación de la agresora, dado que este la conocía y advertía el riesgo de una reacción
violenta de su parte.

Sumado a ello, estimó que se omitió tener en cuenta la advertencia formulada por el
tutelante respecto de la presencia de una escopeta, así como que el intendente Edilberto
Henao admitió que no registró las habitaciones del inmueble con el fin de verificar la
eventual existencia de armas tras la captura, lo que permitió que la agresora accediera a
aquella sin oposición alguna. En ese sentido, consideró que la negligencia policial
desvirtuó la exclusividad del hecho de un tercero y, en su lugar, se configuró una causa
concurrente en la producción del daño.

1.3.3. Sumado a lo anterior, adujo también la configuración de un defecto sustantivo y el
desconocimiento del precedente constitucional vinculante, pues se vulneró la posición de
garante, se desnaturalizó la figura de la causa extraña y se produjo una ruptura del
principio de igualdad ante las cargas públicas. Para sustentar su planteamiento, citó las
sentencias SU-122 de 2022 y T-288 de 2021.

1.4. Pretensiones de la acción de tutela

La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:

“PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales al Debido Proceso y al Acceso a
la Administración de Justicia de mis poderdantes, los cuales fueron vulnerados por el
Tribunal Administrativo de Risaralda al proferir la sentencia de segunda instancia del
25 de septiembre de 2025 dentro del proceso de Reparación Directa con radicado
66001-33-33 002-2019-00041-01.

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Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda

SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTO jurídico la providencia de fecha 25 de septiembre
de 2025, mediante la cual el Tribunal accionado confirmó la negativa de las
pretensiones de la demanda.

TERCERA: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Tercera de
Decisión que, en un término no superior a quince (15) días, profiera una sentencia de
reemplazo. En dicha providencia, el Tribunal deberá resolver el fondo del asunto
siguiendo los parámetros constitucionales fijados en el fallo de tutela, especialmente
en lo relacionado con:

La aplicación del régimen de Responsabilidad Objetiva derivado de la Relación
Especial de Sujeción (RES).

La observancia del precedente vinculante (Sentencias SU-122/22 y T-288/21)
respecto a la Posición de Garante del Estado frente a ciudadanos bajo custodia física
y el uso de medios de coerción.

La imposibilidad de configurar la "causa extraña" cuando existe una omisión probada
en el deber de seguridad y aseguramiento del perímetro por parte de la fuerza
pública”9.

2. Trámite de la acción de tutela en primera instancia

2.1. Mediante auto del 25 de marzo de 202610, la Sección Primera del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela y ordenó notificar, en calidad de demandado, al Tribunal
Administrativo de Risaralda; y, en calidad de terceros con interés, a María Albanisa
Aguirre de Álzate, a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y al Juzgado
Segundo Administrativo de Pereira11.

2.2. La Policía Nacional12 señaló que no existió acción u omisión que comprometiera su
responsabilidad, razón por la cual las autoridades judiciales demandadas negaron las
pretensiones del medio de control. Asimismo, sostuvo que la acción de tutela resultó
improcedente y que no se probó la configuración de un perjuicio irremediable que
ameritara la intervención del juez constitucional en un asunto que ya fue debatido a través
de las correspondientes vías ordinarias.

9 Folios 7 – 8 del certificado B16FFC72A0C20B25 ED370D43471A07CF 59CA8083596D0049 6AEF4F59CAA65168,

índice 2.
10 Obra en el certificado 65893D832D62303A 8BCBA9BEE2BDB7E4 05012C9BF01800D2 1B2C2FAB3EAF2392,

índice 4.
11 Los soportes de notificación obran en el índice 9.
12 Obra en el certificado EA88936B3ADE5D32 DAD0DC740A2282F3 27E8FAE67E168C6B E8A97B5903EEB5BA,

índice 12.

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Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda

2.3. El Tribunal Administrativo de Risaralda13, luego de resumir los fundamentos de la
sentencia censurada, señaló que la solicitud de amparo carecía de relevancia
constitucional, ya que se utilizó con el fin de reabrir un debate propio de una instancia
adicional. Asimismo, indicó que no se cumplió con la carga argumentativa suficiente, por
lo que resultaba evidente que la providencia cuestionada estaba debidamente
fundamentada, aunque no fuera favorable a los intereses de la parte demandante.

2.4. Los demás interesados guardaron silencio.

3. Fallo de tutela de primera instancia

La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia del 9 de abril de 202614,
declaró la improcedencia de la solicitud de amparo.

El a quo constitucional consideró que no se superó el requisito de relevancia
constitucional, toda vez que el análisis de la decisión controvertida no resultó caprichoso
ni arbitrario, por lo que el mecanismo constitucional se fundamentó en una discrepancia
orientada a cuestionar el fallo de la reparación directa como si se tratara de una instancia
adicional.

4. Razones de la impugnación

En contra de la providencia referida, la parte accionante presentó impugnación15. Alegó
que el debate planteado no pretendía la reapertura de una discusión meramente legal o
de contenido económico, sino que versaba sobre la desnaturalización de la posición de
garante del Estado frente a un ciudadano sometido a una relación especial de sujeción,
lo que sí reviste trascendencia constitucional. Así, en su criterio, el litigio propuesto no
puede reducirse a una simple discrepancia interpretativa; por el contrario, es claro que
existió una valoración probatoria arbitraria al ignorar la omisión en el aseguramiento del
perímetro por parte de los agentes de policía que capturaron al actor.

13 Obra en el certificado 5FE06CD171D81A82 DDDD2979596BA74C E635D166E366EA24 216DE7FDA1DD8470,
índice 16.
14 Obra en el certificado B38E3BA0708AD8AD 3A6FE72FD935ECC3 EDF93EE65119356B 9B266A0DB547F279,

índice 20.
15 El 27 de abril de 2026. Obra en el certificado B589A3EABE164587 10363BB9A0688312 3FDEDA794A1148EA

8BD414E3D4C37E5C, índice 24.

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Así, citó la Sentencia T-288 de 2021, al considerar que se trataba de un caso análogo al
aquí examinado. En consecuencia, sostuvo que el presente asunto sí revestía relevancia
constitucional, en tanto se desconoció el precedente sobre el deber de protección estatal,
así como la naturaleza de la omisión y la posición de garante.

De esta manera, textualmente se solicitó:

“Queda demostrado que la acción de amparo supera ampliamente el test de
relevancia constitucional. El caso trasciende lo económico e interpela directamente
los cimientos del Estado de Derecho: el límite de la coerción estatal y la correlativa
obligación de indemnidad frente a ciudadanos despojados de su autodefensa.

Por las razones expuestas, respetuosamente solicito al superior funcional que:

REVOQUE en su integridad la sentencia proferida el 9 de abril de 2026 por la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.

En su lugar, efectúe un examen de fondo y CONCEDA EL AMPARO de los derechos
fundamentales al Debido Proceso y al Acceso a la Administración de Justicia de los
accionantes.

DEJE SIN EFECTOS la sentencia del 25 de septiembre de 2025 del Tribunal
Administrativo de Risaralda y ordene la emisión de una sentencia de reemplazo con
estricta sujeción al precedente constitucional vinculante”16.

5. Trámite de la acción de tutela en segunda instancia

Mediante auto del 6 de mayo de 202617 el a quo concedió la impugnación.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada en contra del fallo
de tutela proferido el 9 de abril de 2026 por la Sección Primera del Consejo de Estado,
de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 32 del Decreto
2591 de 1991 y 25 del Acuerdo No. 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

16 Folio 4, ibid.
17 Obra en el certificado 902B021815DC686C 03196EF0C391F561 517B2E59462AB99B 19FC3BCA7EAE4165,
índice 26.

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2. Problema jurídico

En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos alegados.

3. La acción de tutela en contra de providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 reconoció que la acción de tutela
en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos requisitos
de procedibilidad18 y de procedencia19 con el fin de determinar si se vulneraron o no los
derechos de orden superior.

4. Verificación de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto

4.1. Sobre el requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional ha señalado
que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones”20.

En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario examinar
dos elementos, a saber 21 : (i) que el actor cumpla su carga argumentativa, justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales,
ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que la acción de tutela
no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la

18 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento

de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
19 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto

fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por
desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
20 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
21 Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.

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providencia acusada, puesto que este mecanismo especial constitucional está constituido
para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor
tenga frente a la decisión judicial.

Por su parte, la Corte Constitucional en la SU-215 de 202222, al pronunciarse sobre el
requisito sub judice, advirtió que era necesario verificar:

“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.

4.2. Así mismo, resaltó que en caso de que una acción de tutela fuere incoada en contra
de una providencia judicial emitida por una Alta Corte, resultaba mandatorio advertir,
además de los anteriores requisitos, “una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.”.

4.3. Para la Sala resulta evidente que el amparo impetrado no satisface el requisito de
relevancia constitucional, pues se advierte como un medio dirigido a revivir el debate
planteado ante el juez ordinario dentro del proceso de reparación directa 66001-33-33-
002-2019-00041-01, como si este mecanismo constituyera una instancia adicional, según
se explicará.

En el caso concreto, la parte demandante sostiene que la sentencia reprochada incurrió
en defecto fáctico y en defecto sustantivo, debido a que el tribunal demandado adoptó
una decisión sin tener en cuenta que debía aplicarse el régimen objetivo de
responsabilidad del Estado al examinar la obligación estatal de salvaguardar la integridad
personal del capturado y al concluir que se configuró la causal eximente por el hecho de
un tercero.

4.4. Al respecto, se observa que los argumentos en los que el tutelante fundamentó su
solicitud de amparo han sido planteados de manera reiterada durante el proceso

22 Sentencia del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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ordinario, como se evidenció en el recurso de apelación23; frente a lo cual el Tribunal
Administrativo de Risaralda expresó claramente:

“En este punto, debe reseñar esta sala de decisión, que según cierta línea
metodológica en la jurisprudencia del Consejo de Estado, cuando se alega la
materialización de causas extrañas como el hecho exclusivo de la víctima y/o el de
un tercero, en ciertos escenarios no es necesario que el juzgador determine el título
de imputación; ya que, de encontrarse acreditado alguno de tales eximentes de
responsabilidad, se rompería el nexo de causalidad necesario entre la actuación de
las demandadas y el daño reclamado, circunstancia que impediría efectuar una
atribución jurídica a las accionadas; por esa razón, con la finalidad de prohijar los
principios de economía y eficiencia procesal, la Subsección A, ha iniciado el estudio
de imputación a partir de la posible configuración de causas extrañas, argumentando
que metodológicamente resulta inane explorar el comportamiento de las entidades
accionadas, si desde el punto de vista fáctico se constata la presencia de un hecho
idóneo para quebrar el nexo de causalidad requerido entre el daño y su intervención
activa u omisiva, siguiendo el citado precedente del Consejo de Estado y de
conformidad con las particularidades del asunto objeto de examen judicial, se
analizará el daño y luego la existencia de la causal de exoneración alegada, pues ya
sea bajo el régimen subjetivo o el objetivo, el hecho exclusivo y determinante de un
tercero que encontró probado el juez de primer grado, exime de responsabilidad a la
parte demandada.

(…)

El día 1º de febrero de 2017, a las 20:10 horas, se reportó por el radio de la policía
información otorgada por una fuente humana, que la Finca La Alejandra, ubicada en
la Vereda la Fría del Municipio de Dosquebradas, estaba siendo objeto de hurto por
varias personas, razón por la cual, el Intendente Jefe Edilberto Henao Gaitán y los
patrulleros de la Unidad Duver Delgado y Diego Cerón Cruz, acudieron al lugar, y
luego de ingresar a la parte interior de la residencia, dieron captura al señor Juan
David Alzate Aguirre, quien fue encontrando en situación de flagrancia; por lo que,
una vez aprehendido, fue esposado, no obstante, en el momento en que se le daban
a conocer sus derechos fue lesionado con arma de fuego por la señora María Glayds
Correa González, moradora de la Finca y víctima del hurto, conforme se desprende
del Informe de Policía de Captura en Flagrancia correspondiente:

(…)

De conformidad con la jurisprudencia del H. Consejo de Estado, para que las
mencionadas eximentes de responsabilidad puedan exonerar total o parcialmente de
responsabilidad a la entidad demandada, además de ser determinante en la
causación del daño, debe ser imprevisible, irresistible y externo, respecto de la
actividad de la entidad accionada, y de faltar uno de ellos, habrá que desestimar la
constitución de la causal eximente y, consecuencialmente, acceder a las súplicas de
la demanda, de acuerdo con el régimen de imputabilidad aplicable al caso concreto.

(…)

23 Obra en el certificado 859827CB4449226D E5C2A4B6DC677268 21748AE4F55DBF65 901BA6DF591A728E,
índice 20 del expediente 66001333300220190004100 de los Juzgados Administrativos de Pereira.

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Puntualizado lo anterior, esta Colegiatura luego de efectuar un análisis minucioso a
todas las piezas procesales que obran en el dosier, se considera que ha quedado
establecido conforme la queja promovida por el actor Juan David Alzate Aguirre,
mediante auto calendado 01 de marzo de 2017, que el Jefe de la Oficina de Control
Disciplinario Interno MEPER, dio apertura a la indagación preliminar, y dentro de las
pruebas practicadas se recaudó la exposición libre y espontánea respecto del
Intendente Jefe Edilberto Henao Gaitán, quien tal oportunidad señaló:

(…)

Ante los estrados Judicial el Intendente Jefe Edilberto Henao Gaitán rindió
declaración, y absolvió cada uno de los interrogantes planteados, señalando que su
actuación se limitó al recibo de una llamada, en virtud de la cual, una fuente humana
ponían en conocimiento el acaecimiento de un hurto en la finca La Alejandra, ubicada
en la vereda La Fría de Dosquebradas, y una vez acudieron al sitio e ingresaron a la
vivienda sorprendieron a varios sujetos, dio captura al señor Juan David Alzate
Aguirre, dejándolo en custodia del Patrullero Delgado, y en la medida en que, los
demás coautores al notar la presencia policial emprendieron la huida, salió en su
búsqueda. Luego de aproximadamente, 3 o 4 minutos, escuchó la detonación de un
arma de fuego, por lo que, de inmediato regresó a la residencia y observó a la señora
María Gladis portaba un arma de fuego con carga múltiple (escopeta), y el capturado
sangrado, razón por la cual, proceden con el traslado al centro médico más cercano,
esto es, la E.S.E Hospital San Jorge de Pereira.

Por su parte, se recaudó la exposición libre y espontánea respecto del Patrullero
Diego Felipe Cerón Cruz, quien para la época de los hechos integraba la Unidad
Policial que ejecutó el operativo, y señaló que ingresó junto con el Jefe por la parte
de debajo del predio, y conforme a las indicaciones de su Superior, emprendió la
búsqueda de los sujetos que habían huido por un voladero, cuando escucha la
detonación y regresa al lugar, observó un lago hemático y a su compañero Delgado
trasladando al lesionado para ser atendido por personal médico:

(…)

También, obra la exposición libre y espontánea respecto del señor Duver Delgado
Garzón, quien para la época de los hechos fungió como agente de policía que ejecutó
el operativo, y respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, relató:

(…)

De otro lado, el señor Isaac Zapata Valencia, como testigo de los hechos, en su
declaración narró que al ser vecino de la zona, al escuchar el ruido de los agentes
policiales salió a su encuentro, incluso, permitió el ingreso de los policías a su predio
para la búsqueda de los delincuentes que emprendieron la huida, y una vez
culminaron con el rastreo, escucharon un grito de la señora María Gladis, en el que
vociferó: ¡ése hijuetantas, se tiene que morir¡, y luego un disparo, seguidamente
relata que vio como bajaban al capturado para ser llevado atendido en un Hospital.

Señala que, pese a que conocía a la señora María Gladis por ser colindantes,
desconocía que aportaba algún tipo de arma para su defensa personal.

(…)

Siguiendo con el hilo argumental, es menester de la Sala acotar que, no le asiste
razón al recurrente, en señalar que la Policía Nacional omitió su deber de revisar las

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demás habitaciones de la casa, en busca de otros asaltantes y de las posibles
víctimas para liberarlas o auxiliarlas, planteando que si lo hubiesen hecho habrían
encontrado a las víctimas y el arma, la escopeta que estaba en el piso de la cocina,
toda vez que a juicio de esta Colegiatura apenas estaban ingresando a la sala del
inmueble y allí se encontraron a uno de los asaltantes, que fue capturado y en ese
instante observaron huir a los demás, se recuerda que eran cuatro policiales, dos
adelante que fueron los únicos que a ese momento habían entrado y dos que se
dirigían atrás, uno de los agentes se quedó con el detenido y los demás, partiendo
de la premisa prevista en el artículo 186 de la Ley 1801 de 2016, esto es, la
posibilidad que tiene el personal de la Policía Nacional de capturar a una persona
cuando ésta haya sido señalada de cometer un delito o sea sorprendida en flagrancia,
su actividad el día de los hechos, dirigieron sus esfuerzos a la aprehensión de los
coautores del hurto en el exterior y lo que advierte este juez colegiado, es que aquello
sucede en cuestión de minutos 3-4 minutos y el sentido común que hace parte de la
sana critica, indica que la exploración del inmueble en el que ya se constató que
existían asaltantes entraña riesgos para la vida de los agentes, pues en ese momento
no sabían si existían y permanecían en el interior de la Finca atacantes con armas,
ni de qué tipo; luego entonces, la exploración o el registro de las demás habitaciones
del inmueble no es una actividad que se pueda realizar de forma aparatosa, afanada
y sin coordinación; se insiste, la policía apenas estaba ingresando a la Finca, ubicada
en una zona rural en la noche y quienes participaron en el operativo son coincidentes
en que la visibilidad no era la mejor; entonces, al observar la huida de algunos de los
delincuentes no continuaron con el examen de las habitaciones sino que salieron y
por lo expuesto, los uniformados no hallaron a Correa González mientras estuvo
atada y amordazada, de ahí que se liberara sin su ayuda; luego, no puede pensarse
que existió de la posibilidad de que estuvieran pendientes de su comportamiento y
por ello prever el daño.

(…)

De acuerdo con lo anterior, a juicio de la Sala forzoso es concluir que no dependía
de los integrantes de la Unidad Básica Policial, la actuación dolosa de la señora María
Gladis, pues escapaba del todo a su alcance y determinación, sobrepasando el
marco de reacción de los agentes policiales, de conformidad con las circunstancias
de modo, tiempo y lugar en que se desarrolló el operativo que ya han sido reseñadas
en esta providencia, lo cual lleva a definir tal circunstancia –el hecho del tercero-
como un asunto exterior a su actuar administrativo.

(…)

Bajo este escenario, la actuación de la señora María Gladis Correa González, es
imprevisible para el Estado, toda vez que se itera, los policiales desconocían que los
moradores de la propietaria de la finca tuvieran un arma de fuego como defensa
personal. Igualmente, es importante resaltar que, todo aconteció en minutos, de
noche, en un operativo que apenas estaba iniciando en el inmueble en el que no
ingresaron más allá de la sala pues allí encontraron a uno de los asaltantes y por esa
razón, los uniformados no hallaron a Correa González, tampoco conocían que estuvo
atada y amordazada, de ahí que se liberara sin su ayuda; luego, no puede pensarse
que existió de la posibilidad de que estuvieran pendientes de su comportamiento y
por ello prever o anticipar el daño.

Al respecto, considera esta Sala de decisión, que el hecho resultó irresistible, toda
vez que de acuerdo con la realidad reflejada en las piezas procesales, el resultado
dañoso creado por la víctima de hurto no fue impulsado por los agentes policiales y
tampoco es viable afirmar, de conformidad con las circunstancias de tiempo, modo y

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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2026-02302-01
Accionante: Juan David Alzate Aguirre y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda

lugar en que se desarrollaron los acontecimientos, que el Estado hubiese contribuido
causalmente a su generación, en la medida en que, la señora María Gladis actuó de
manera sigilosa y deliberada, decidiendo bajo su propio riesgo el uso del arma de
fuego en contra de la integridad física del señor Juan David Alzate Aguirre,
generándose las lesiones que hoy pretende se indemnicen; la señora María Gladis
decidió voluntariamente ejecutar actos inequívocos con la intención dañar la
integridad personal del capturado y aquellos pueden ser catalogados como
sorpresivos, exponiéndose a motu proprio al resultado.

(…)

Puntualizado lo anterior, resulta claro para esta Colegiatura que el patrullero no tenía
margen de maniobra ante el peligro inminente para la integridad física o vida del
capturado y al agente mismo, respecto con la actitud desafiante, agresiva y dañina,
que desembocó en una actuación irresistible, externa e imprevista por parte de la
señora María Gladis, que envolvía una voluntad deliberada de usar un arma de fuego
con carga múltiple y cometer un delito, a sabiendas de su carácter delictivo y del daño
que podía causar; y aunque el Agente Policial alertó la ilicitud del comportamiento, la
causa eficiente y determinante de las lesiones, fue la conducta de la víctima de hurto
María Gladis la cual siempre fue intencional, violenta y evasiva de la autoridad, que
lo llevó a exponerse a consecuencias penales, pues estuvo inmersa no solo en I) la
violación de un deber ciudadano consistente en aceptar el requerimiento de las
autoridades, sino también II) en una conducta típica e ilícita constitutiva de delito-
tentativa de homicidio o de lesiones personales-,

Lo anterior estructura la causal exonerativa del hecho exclusivo y determinante de un
tercero como eximente de la responsabilidad de la entidad estatal, por cuanto el daño
que sufrió la víctima directa y el perjuicio que padecen los demandantes, fue causado
en forma exclusiva por la culpa de un tercero, circunstancias que generan una ruptura
a la imputación jurídica del daño a la entidad demandada y por ende, exonera a la
entidad de la responsabilidad estatal objetiva aquí endilgada.”24.

4.5. En atención a lo anterior, la Sala advierte que la autoridad judicial enjuiciada realizó
un extenso análisis probatorio, en el que se incluyó el examen de varios testimonios, a
partir del cual concluyó que se configuraron todos los elementos necesarios para declarar
la causal eximente de responsabilidad por el hecho de un tercero.

4.6. Resulta claro, entonces, que la parte actora pretende utilizar la acción de tutela como
si se tratara de una instancia adicional, pues, como se vio, las críticas contenidas en el
escrito tuitivo buscan reabrir la controversia que tuvo lugar en el trámite ordinario, con el
fin de que prevalezca la interpretación del tutelante sobre la del Tribunal Administrativo
de Risaralda.

24 Folios 17 – 36 del certificado 9C91C8DD24037AC7 EB378E8498869913 5183A0A5B38DCF96
9F36097B8ABD01B8, índice 9.

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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2026-02302-01
Accionante: Juan David Alzate Aguirre y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda

En este orden de ideas y en atención a la autonomía judicial y al carácter
excepcionalísimo que reviste la tutela, se debe acotar que no basta con manifestar
inconformidades respecto a las decisiones judiciales objeto de censura o alegar la
configuración de los requisitos especiales de procedencia, ya que, de esa forma, la
discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que no trascienden al plano
constitucional.

4.7. Al respecto, se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra de
decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer la
autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica,
en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un “juicio de
corrección” de la decisión cuestionada25, lo que se opone a que se use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatorio o de
interpretación del derecho que se resolvieron previamente por el juez de la causa26.

4.8. Asimismo, frente al cargo relacionado con el desconocimiento de las sentencias T-
288 de 2021 y SU-122 de 2022, resulta claro que no se cumple con el requisito de
subsidiariedad27, toda vez que no se advierte que en el recurso de apelación la parte
tutelante hubiese planteado ante el juez ordinario dichos fundamentos jurisprudenciales,
con el fin de que fueran considerados al momento de proferirse la sentencia de segunda
instancia. Frente a ello, no se evidenció la configuración de un perjuicio irremediable,
puesto que la parte actora no justificó las razones por las cuales omitió mencionar los
fallos citados en su recurso de apelación.

5. En consecuencia, se observa que ninguno de los cargos formulados en la solicitud de
amparo supera los requisitos generales de procedibilidad ya estudiados, razón por la cual
se confirmará el fallo impugnado.

25 Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
26 Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.
27 El inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política claramente expresa que la acción de tutela resulta procedente

cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial. Sin embargo, la Corte Constitucional ha señalado
que la solicitud de amparo procede de forma excepcional (i) cuando a pesar de existir otros mecanismos, estos no son
idóneos ni eficaces para la protección de los derechos fundamentales o (ii) cuando se ejerce para evitar la causación
de un perjuicio irremediable. En el primero de los casos la orden de protección sería definitiva y, en el segundo,
transitoria.

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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2026-02302-01
Accionante: Juan David Alzate Aguirre y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 9 de abril de 2026, proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados
por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Consejero de Estado

ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado

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