Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02306-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02306-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-02306-00
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
8 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá, D. C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02306-00
Accionante: Nubia Alicia Vélez Bedoya
Accionado: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
La Sala resuelve, en primera instancia, la demanda de tutela presentada por la señora
Nubia Alicia Vélez Bedoya en contra de la sentencia proferida el 25 de septiembre de
2025 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
SÍNTESIS1
La accionante cuestiona la sentencia proferida el 25 de septiembre de 2025 por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual se revocó
parcialmente la decisión de primera instancia y, en su lugar, se declaró la prescripción
de los derechos reclamados dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho llevado a cabo contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial con el fin de que se reconocieran y pagaran las diferencias
salariales y prestacionales derivadas del 30% de su remuneración descontado como
prima especial. Se declara la improcedencia de la demanda de tutela, debido a que no
se satisfizo el requisito de relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1. El 20 de marzo de 2026, la señora Nubia Alicia Vélez Bedoya, mediante apoderado
judicial, presentó una demanda en ejercicio de la acción de tutela para obtener la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la
administración de justicia, los cuales, a su juicio, fueron vulnerados por la sentencia del
25 de septiembre de 20252 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante la cual se revocó parcialmente la decisión emitida el 5 de
septiembre de 2019 por el Tribunal Administrativo de Antioquia y, en su lugar, se declaró
probada la excepción por prescripción de los derechos reclamados en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 05001-23-33-000-2015-00024-
02.
1
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Improcedencia / Relevancia constitucional /
Reconocimiento emolumentos laborales
2
Notificada el 16 de octubre de 2025, según consta en el índice 64 del expediente digital núm. 05001-23-
33-000-2015-00024-02 disponible en Samai.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02306-00
Accionantes: Nubia Alicia Vélez Bedoya
Se declara la improcedencia de la demanda
2. La accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:
PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, DERECHO A
LA IGUALDAD y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA de la señora NUBIA
ALICIA VÉLEZ BEDOYA.
SEGUNDO: ORDENAR DEJAR PARCIALMENTE SIN EFECTOS la sentencia del 25 de
septiembre de 2025, en lo que respecta a la declaratoria de prescripción de la aquí
accionante, y en su lugar expedir una nueva o complementaria que ordene acoger las
pretensiones invocadas.
TERCERO: ORDENAR al Consejo de Estado, Sección, Sub-Sección A, proferir una
NUEVA SENTENCIA, valorando integralmente las pruebas y determinando
correctamente la fecha de retiro (2 de Marzo de 2014).3
B. Hechos
3.La señora Nubia Alicia laboró como Juez Promiscuo Municipal de Pequeñas Causas
en Antioquia desde el 9 de mayo de 1991 y como Juez Quinta Civil del Circuito de
Medellín hasta el 4 de marzo de 2014.
4. En virtud de la Ley 4° de 19924 y el Decreto 57 de 19935, presentó una petición ante
la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial con el objetivo de que se reajustara su ingreso
salarial hasta en el 30% de la asignación básica.
5. El Director Seccional del Consejo Superior de la Judicatura de Medellín expidió la
Resolución DESAJMR núm. 14-4671 del 9 de septiembre de 2014, por medio de la cual
negó el reconocimiento del reajuste que resulte de la diferencia salarial contenido en el
artículo 146 de la Ley 4° de 1992.
6. Al respecto, presentó recurso de apelación, sin embargo, no obtuvo ningún
pronunciamiento, por lo cual se configuró un acto ficto, producto del silencio
administrativo.
7. La señora Nubia Alicia y otros7 presentaron demanda en ejercicio del medio de control
3
Índice 2 del expediente digital disponible en Samai.
4
Congreso de Colombia. Ley 4 de 1992. Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que
debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las
prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo
establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.
5
Departamento Administrativo de la Función Pública. Presidente de la República de Colombia Decreto 57
de 1993. Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos
de la rama judicial y de la justicia penal militar y se dictan otras disposiciones.
6
Artículo 14. El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario
básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito
Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y
para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores
de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la
Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993. (…)
7
Los señores Alvaro de Jesús Pérez Mejía, Elsy Zapara Burgos, Alberto Antonio Ceballos Velásquez, Jorge
Mauricio Burgos Ruíz, Libardo Antonio Osorio Hoyos, Julián Muñoz Sánchez, Antonio de Jesús Pineda
Rincón, Luis Fernando Delgadillo Llano, Jaio Alberto Ramírez Giraldo, Dario Ignacio Estrada Sanin,
Carmenza Correa Pérez, María Teresa Holguín Sánchez, Yacira Elena Palacio Obando, María Sonia Gil
Molina, Javier Gonzalo Montoya Orrego, Lilia Stella del S. Góez Rico, Pio Nicolás Jaramillo Marín, Jesús
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02306-00
Accionantes: Nubia Alicia Vélez Bedoya
Se declara la improcedencia de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Rama Judicial – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial con el fin de que se declarara la nulidad de la
Resolución DESAJMR núm. 14-4671 de 2014 y el acto presunto, mediante los cuales
se les negó el reconocimiento y pago del reajuste que resulte del 30% de la diferencia
salarial y los emolumentos salariales dejados de pagar desde la vigencia del artículo 14
de la Ley 4° de 1992.
8. A título de restablecimiento, solicitaron que la entidad demandada reconociera,
reliquidara y pagara la diferencia salarial y las prestaciones respecto del 30% de la
remuneración mensual que fue descontado a título de prima especial.
9. Mediante sentencia del 5 de septiembre de 2019, el Tribunal Administrativo de
Antioquia accedió a las pretensiones de la demanda, tras advertir que, en virtud del
artículo 14 de la Ley 4° de 1992 y los Decretos núm. 43 de 1995 8, 36 de 19969 y 76 de
199710 y de acuerdo con los principios de progresividad y favorabilidad, la prima especial
debe constituir un incremento y no una disminución de la remuneración básica de los
servidores judiciales. Por lo cual señaló:
Es decir, no puede el intérprete de ninguna manera suponer que al desaparecer la prima
especial sin carácter salarial, equivalente al 30% de la remuneración mensual de tales
empleados, su asignación para la época en que tuvo vigencia el Decreto, sea del 70% de la
escala remuneratoria allí prevista, se trata sencillamente de descargar el castigo de dicho
30%, que conforme a los términos de la norma invalidada, restringía en ese porcentaje las
consecuencias prestacionales de tales servidores.
Finalmente se precisa que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4° de 1992,
la prima de servicios no puede ser inferior al 30% del salario básico mensual.
10. El 19 de septiembre de 2019, la parte demandada interpuso recurso de apelación
contra la decisión de primera instancia y manifestó, entre otros, que no es viable realizar
la reliquidación de las prestaciones, toda vez que la prima especial no tiene carácter
salarial, ya que desde su creación se excluyó ese atributo. Señaló que acceder a las
pretensiones implica desacatar el ordenamiento legal vigente.
11. Por medio de sentencia del 25 de septiembre de 2025, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado revocó parcialmente la sentencia del 5 de septiembre
de 2019 y, en su lugar, declaró probada, de oficio, la excepción de prescripción del
derecho, debido a que la reclamación administrativa se presentó el 27 de agosto de
2014, por lo cual ya estaban prescritos los derechos causados con anterioridad al 27 de
agosto de 2011, en especial, porque la señora Nubia Alicia solo demostró una relación
Emilio Múnera, Luis Hernando Valencia Arismendy, José Manuel Cuervo Ruíz, Nubia Alicia Vélez Bedoya,
Rodrigo Hernández Henao y Claudia Janneth Toledo Dugarte.
88
Departamento Administrativo de la Función Pública. Presidente de la República de Colombia. Decreto
43 de 1995. Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores
públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones.
9
Presidente de la República de Colombia. Decreto 36 de 1996. Por el cual se dictan normas sobre el
régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar
y se dictan otras disposiciones.
10
Presidente de la República de Colombia. Decreto 76 de 1997. Por el cual se dictan normas sobre el
régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar
y se dictan otras disposiciones.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02306-00
Accionantes: Nubia Alicia Vélez Bedoya
Se declara la improcedencia de la demanda
laboral hasta 2010, en ese sentido, su derecho ya se había extinguido.
C. Fundamentos de la vulneración
12. La accionante alegó que la sentencia del 25 de septiembre de 2025 incurrió en los
defectos fáctico y procedimental, por lo cual se vulneraron sus derechos fundamentales
al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia.
13. Sobre el defecto fáctico, señaló que en la demanda se aportaron certificados
laborales que acreditaban la continuidad de la relación laboral desde el 9 de mayo de
1991 hasta el 3 de marzo de 2014 y la parte demandada no controvirtió la relación
laboral ni se pronunció respecto de tales documentos, no obstante, la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado ignoró y desestimó dichos documentos y
concluyó que la fecha de retiro fue en el 2010.
14. Indicó que el juez de conocimiento debió decretar una prueba de oficio o emitir un
auto para mejor proveer con el fin de esclarecer la fecha de retiro, debido a que era un
hecho determinante para resolver y determinar la prescripción. Así, alegó que la
decisión adoptada se fundamentó sobre un hecho equívoco, lo que conllevó a una
indebida declaratoria de prescripción del derecho.
15. Respecto del defecto procedimental, manifestó que la autoridad judicial accionada
no es un sujeto pasivo, por lo cual tenía la obligación de verificar la fecha real de retiro
de la demandante y decretar pruebas de oficio para aclarar los hechos sobre los cuales
existían dudas.
D. Trámite procesal
16. Mediante auto del 25 de marzo de 202611, se admitió la demanda de tutela y se
ordenó notificar a la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y, en
calidad de terceros con interés, al Tribunal Administrativo de Antioquia, a los señores
Pío Nicolás Jaramillo Marín, Álvaro de Jesús Pérez Mejía, Elsy Zapata Burgos, Alberto
Antonio Ceballos Velásquez, Jorge Mauricio Burgos Ruiz, Libardo Antonio Osorio
Hoyos, Julián Muñoz Sánchez, Antonio de Jesús Pineda Rincón, Luis Fernando
Delgado Llano, Jairo Alberto Ramírez Giraldo, Darío Ignacio Estrada Sanín, Carmenza
Correa Pérez, María Teresa Holguín Sánchez, Yacira Elena Palacio Obando, María
Sonia Gil Molina, Javier Gonzalo Montoya Orrego, Lilia Stella del S. Góez Rico, Jesús
Emilio Múnera Villegas, Luis Hernando Valencia Arismendy, José Manuel Cuervo Ruiz,
Rodrigo Hernández Henao y Claudia Janneth Toledo Dugarte (demandantes en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho) y a la Nación, Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, para que, rindieran un informe sobre los
hechos objeto de la demanda de tutela.
17. Por medio de escrito del 28 de julio de 202612, los consejeros Alberto Montaña Plata
y Fredy Ibarra Martínez manifestaron estar impedidos para conocer del asunto con
11
Índice 5 del expediente digital disponible en Samai.
12
Índice 31 del expediente digital disponible en Samai.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02306-00
Accionantes: Nubia Alicia Vélez Bedoya
Se declara la improcedencia de la demanda
fundamento en lo dispuesto en el numeral 1°13 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004 14,
por cuanto indicaron que les asiste un interés directo en las resultas del presente asunto,
ya que ejercieron el cargo de magistrado auxiliar en la Corporación, cargo para el cual
también se creó la prima especial que se reclama por la parte accionante.
18. Mediante providencia del 24 de agosto de 202615, se declaró infundado el
impedimento manifestado por los consejeros de Estado Alberto Montaña Plata y Fredy
Ibarra Martínez, al considerar que la simple afirmación de los consejeros, en el sentido
de que ocuparon el cargo de magistrado no demuestra, por sí misma, que tengan un
interés personal, actual y especifico en las resultas del presente trámite constitucional,
por lo cual, se advirtió que no se encuentran incursos en la causal de impedimento
invocada.
E. Oposiciones e intervenciones
19. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado16 (accionado) allegó
el expediente digital del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el radicado núm. 05001-23-33-000-2015-00024-02.
20. La Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - DEAJ17 (tercero
con interés) solicita que se ordene la desvinculación de la entidad del presente trámite
constitucional y se nieguen las pretensiones de la demanda de tutela. Lo anterior, por
cuanto la DEAJ no tiene injerencia en la decisión que cuestiona la accionante. En todo
caso, señaló que los argumentos del escrito de tutela no tienen vocación de prosperidad,
debido a que la demanda se presentó para reabrir un debate definido y para modificar
una decisión debidamente ejecutoriada, sin que se vislumbre algún tipo de afectación a
los derechos fundamentales invocados.
21. El Tribunal Administrativo de Antioquia18 (tercero con interés) remitió el enlace del
expediente digital núm. 05001-23-33-000-2015-00024-00 y señaló que no tiene
injerencia en la decisión que profirió el superior funcional, por lo cual no es procedente
emitir un pronunciamiento de fondo sobre los cargos planteados.
22. El consejero de Estado Juan Camilo Morales Trujillo, integrante de la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado 19 (accionado) manifestó que los
argumentos planteados en el escrito de tutela evidencian un desacuerdo con la
valoración del acervo probatorio y las consideraciones de la providencia cuestionada,
situación que, incluso, se expresó en la solicitud de adición de la sentencia del 25 de
septiembre de 2025, razón por la cual la solicitud de amparo resulta improcedente.
23. Los señores Pío Nicolás Jaramillo Marín, Álvaro de Jesús Pérez Mejía, Elsy Zapata
13
Artículo 56. Causales de impedimento. Son causales de impedimento: 1. Que el funcionario judicial, su
cónyuge o compañero o compañera permanente, o algún pariente suyo dentro del cuarto grado de
consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, tenga interés en la actuación procesal.
14
Poder Público – Rama Legislativa. Ley 906 de 2004. Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Penal.
15
Índice 34 del expediente digital disponible en Samai.
16
Índice 12 del expediente digital disponible en Samai.
17
Índice 14 del expediente digital disponible en Samai.
18
Índice 15 del expediente digital disponible en Samai.
19
Índice 17 del expediente digital disponible en Samai.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02306-00
Accionantes: Nubia Alicia Vélez Bedoya
Se declara la improcedencia de la demanda
Burgos, Alberto Antonio Ceballos Velásquez, Jorge Mauricio Burgos Ruiz, Libardo
Antonio Osorio Hoyos, Julián Muñoz Sánchez, Antonio de Jesús Pineda Rincón, Luis
Fernando Delgado Llano, Jairo Alberto Ramírez Giraldo, Darío Ignacio Estrada Sanín,
Carmenza Correa Pérez, María Teresa Holguín Sánchez, Yacira Elena Palacio Obando,
María Sonia Gil Molina, Javier Gonzalo Montoya Orrego, Lilia Stella del S. Góez Rico,
Jesús Emilio Múnera Villegas, Luis Hernando Valencia Arismendy, José Manuel Cuervo
Ruiz, Rodrigo Hernández Henao y Claudia Janneth Toledo Dugarte fueron debidamente
notificados20, sin embargo, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
F. Competencia
24. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
resolver la demanda de tutela interpuesta por la señora Nubia Alicia Vélez Bedoya contra
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015 y en el Reglamento del Consejo de Estado (Acuerdo 80 de 2019).
G. Solicitud de desvinculación
25. La Sala negará la solicitud de desvinculación formulada por la Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. La entidad fue vinculada en calidad de
tercero con interés, ya que fue demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho objeto de la presente demanda de tutela.
H. Sentido de la decisión
26. La Sala declarará la improcedencia de la demanda de tutela, debido a que no se
superó el requisito de relevancia constitucional, ya que la discusión propuesta por la
accionante corresponde a un asunto de mera legalidad y se circunscribe a un asunto de
índole económico. En ese sentido, y por razones metodológicas, en esta providencia no
se hará la verificación de los demás requisitos generales de procedencia de la demanda
de tutela21.
I. El requisito de relevancia constitucional
27. La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra providencias
20
Índice 26 y 29 del expediente digital disponible en Samai.
21
Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente
relevancia constitucional; b) que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable; c) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración; d) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; e) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible, y f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de
2005).
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02306-00
Accionantes: Nubia Alicia Vélez Bedoya
Se declara la improcedencia de la demanda
judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger los derechos
fundamentales.22 En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección de la
decisión cuestionada23, con el fin de impedir “que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial”.
28. Aunado a lo anterior, con el fin de evitar que la acción de tutela contra providencia
judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir el debate del
proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte Constitucional
estableció que la cuestión que se discute debe ser de evidente relevancia constitucional.
De esta manera, se busca evitar que el juez constitucional se involucre en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones.24
29. En la sentencia SU-215 de 202225, la Corte Constitucional identificó los siguientes
criterios de análisis para establecer si la demanda en ejercicio de la acción de tutela
contra una providencia judicial supera el requisito de relevancia constitucional:
(i) el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico, en otras palabras, el asunto debe
ser trascendente para la interpretación, aplicación y desarrollo de la
Constitución Política o para la determinación del alcance de un derecho
fundamental;
(ii) la controversia no debe limitarse a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico, en ese sentido, no se debe emplear la
acción de tutela como una tercera instancia o un recurso adicional para reabrir
debates meramente legales y la solicitud debe trascender la mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales;
(iii) se deben plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la
providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental, entonces,
no basta con la sola referencia a la afectación de las garantías superiores para
encontrar probada la relevancia constitucional, sino que se debe justificar
razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada a un
derecho fundamental; y
(iv) el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes
debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una
22
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
23
Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-128 de 2021, M.P.
Cristina Pardo Schlesinger y SU-134 de 2022, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
24
Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de
2017, M.P. José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P.
Alberto Rojas Ríos y SU-073 de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
25
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02306-00
Accionantes: Nubia Alicia Vélez Bedoya
Se declara la improcedencia de la demanda
actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos
fundamentales
30. Para la Corte Constitucional26, el requisito de relevancia constitucional comporta tres
finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
31. Por todo, la Corte Constitucional ha insistido en que la intervención del juez
constitucional sólo está justificada cuando “[…] la providencia judicial sea
definitivamente incompatible con el alcance y límite de los derechos fundamentales que
han sido desarrollados por la Corte o que ella genere una anomalía en el sistema jurídico
de tal entidad que haga necesaria o imperiosa la intervención del juez constitucional” 27.
J. Requisitos específicos de procedibilidad invocados en la demanda
32. La sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional estableció que la tutela
contra providencias judiciales es constitucionalmente admisible siempre y cuando se
configure, al menos, una de las siguientes causales especiales: (i) defecto orgánico; (ii)
defecto procedimental; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; y (viii) violación directa
de la Constitución.
33. En el asunto sub iudice, la accionante cuestiona la sentencia proferida el 25 de
septiembre de 2025 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
porque, a su juicio, incurrió en los defectos fáctico y procedimental. A continuación, la
Sala describirá las características y elementos de los defectos alegados, con el
propósito de determinar el objeto de la litis y examinar a fondo la presunta vulneración
de derechos fundamentales.
34. El defecto fáctico se refiere al yerro en el decreto, práctica o valoración del material
probatorio que incide en el sentido del fallo. Es decir que, en esencia, se configura
cuando la autoridad judicial “carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión”28.
35. El defecto procedimental29 se presenta en dos escenarios: (i) el absoluto, el cual
se configura cuando el juez desconoce o se aparta del procedimiento legalmente
prestablecido y (ii) el exceso ritual manifiesto, que se presenta cuando el goce de los
derechos de los individuos se obstaculiza por un extremo rigor en la aplicación de las
normas procesales.
26
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
27
Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
28
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
29
Corte Constitucional. Sentencia T-166 de 2022.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02306-00
Accionantes: Nubia Alicia Vélez Bedoya
Se declara la improcedencia de la demanda
K. Análisis del caso concreto
36. La Sala considera que la demanda de tutela no satisface el requisito de relevancia
constitucional, debido a que la discusión que presenta la accionante corresponde a un
asunto de mera legalidad y se circunscribe a un tema económico, por medio de la cual
se pretende una instancia adicional para controvertir la conclusión a la que arribó la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
37. En efecto, la accionante no presenta una controversia constitucional autónoma, por
el contrario, pretende que se realice, nuevamente, la valoración de los certificados
laborales que aportó al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de
que se controvierta la configuración de la prescripción y se disponga el reconocimiento
de las diferencias salariales y prestacionales reclamadas en el proceso ordinario.
38. La parte accionante cuestiona la providencia judicial del 25 de septiembre de 2025,
mediante la cual la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
resolvió:
(…) TERCERO. ADICIONAR el numeral PRIMERO de la parte resolutiva de la sentencia
expedida el 5 de septiembre de 2019 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el
sentido de declarar parcialmente probada, de oficio, la excepción de prescripción del
derecho, conforme a lo expuesto en las consideraciones.
CUARTO. REVOCAR PARCIALMENTE el numeral TERCERO de la parte resolutiva de la
sentencia apelada, el cual quedará así:
TERCERO. Se condena a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, reconocer y
pagar a los demandantes: José Manuel Cuervo Ruiz, Rodrigo Hernández Henao, Jesús
Emilio Múnera Villegas y Claudia Janneth Toledo Dugarte, las sumas que resulten de la
reliquidación de la diferencia salarial y prestacional desde el 27 de agosto de 2011 hasta
que se constate que los mismos dejaron de prestar servicios a la Rama Judicial en un
cargo destinatario del beneficio ordenado así como las que se causen hacia futuro, según
lo dispuesto en el artículo 14° de la Ley 4ª de 1992. Teniendo como base el 100% de la
asignación básica mensual sin descontar el 30% a título de prima especial. Dicho
reconocimiento, para el caso de Luis Hernando Valencia Arismendy, comprenderá desde
el 27 de agosto de 2011 hasta el 2 de marzo de 2014.
El reconocimiento de las diferencias de las cesantías, debe reconocerse por los
siguientes periodos: Luis Hernando Valencia Arismendy: desde el 27 de agosto de 2011
hasta el 2 de marzo de 2014; José Manuel Cuervo Ruiz: desde el 1o de enero de 1993
hasta el momento en que termine su vinculación en el cargo de juez de la república y
descontando los periodos comprendidos entre el 11 de enero de 2005 y el 11 de enero
de 2007 y entre el 4 de noviembre de 2009 y el 18 de octubre de 2010, pues así lo solicitó
en la demanda; Rodrigo Hernández Henao: desde el 18 de marzo de 2002 hasta el
momento en que termine su vinculación en el cargo de juez de la república Jesús Emilio
Múnera Villegas desde el 1o de enero de 1993 hasta el momento en que termine su
vinculación en el cargo de juez de la república y/o magistrado y Claudia Janneth Toledo
Dugarte: desde el 15 de septiembre de 2003 hasta el momento en que termine su
vinculación en el cargo de juez de la república.
Negar el reconocimiento de tales diferencias salariales y prestacionales reclamadas por
los demandantes: Lilia Stella del S. Góez Rico, Pío Nicolás Jaramillo Marín, Álvaro de
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02306-00
Accionantes: Nubia Alicia Vélez Bedoya
Se declara la improcedencia de la demanda
Jesús Pérez Mejía, Elsy Zapata Burgos, Jorge Mauricio Burgos Ruiz, Libardo Antonio
Osorio Hoyos, Julián Muñoz Sánchez; Antonio de Jesús Pineda Rincón, Jairo Alberto
Ramírez Giraldo, Darío Ignacio Estrada Sanín, Carmenza Correa Pérez, María Teresa
Holguín Sánchez, Yacira Elena Palacio Obando, María Sonia Gil Molina; Javier Gonzalo
Montoya Orrego; Alberto Antonio Ceballos Velásquez; Luis Fernando Delgado Llano y
Nubia Alicia Vélez Bedoya, porque respecto de ellos se configuró la prescripción.
El anterior reconocimiento se condiciona a que en ningún caso se podrá superar el tope
salarial impuesto por el Gobierno Nacional.
QUINTO. ADICIONAR la sentencia de primera instancia, así:
ORDENAR a la entidad demandada reliquidar los aportes en Seguridad Social en
Pensiones de todos los demandantes, agregando el porcentaje del salario que había
sido tenido como prima especial, durante el tiempo en que cada uno de ellos ocupó un
cargo susceptible del reconocimiento de dicha prima, así como las que se causen hacia
futuro respecto de los demandantes que continúan en ejercicio de su actividad laboral,
según lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. El pago de las diferencias por
concepto de tales aportes deberá ser asumido tanto por el empleador como por los
demandantes en las proporciones de ley y deberá ser remitido al Fondo Administrador
de Pensiones al que hubieran estado afiliados. El anterior reconocimiento se condiciona
a que en ningún caso se podrá superar el tope salarial impuesto por el Gobierno
Nacional. (…)
39. Lo anterior, por cuanto la autoridad judicial accionada se ocupó de analizar si
procedía o no la prescripción, ya que en el trámite de primera instancia no se declaró.
A su vez, precisó que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
adoptó la tesis de calcular la prescripción en los términos previstos en la sentencia de
unificación SUJ-016-CE-S2-2019 de la Sala Plena de Conjueces de la Sección Segunda
del Consejo de Estado30, la cual ha imperado en esa materia y se refiere:
por lo anterior, el hecho constitutivo del derecho a la prima especial que se reclama se hizo
exigible con la entrada en vigor de decreto que reglamentó primigeniamente la Ley 4 de
1992, es decir, a partir del 7 de enero de 1993, fecha de entrada en vigencia del Decreto
57 de 1993. En consecuencia, desde el 7 de enero de 1993 los interesados podrían haber
interrumpido la prescripción trienal. Expresado en otras palabras, no fue con la ejecutoria
de la sentencia del 29 de abril de 2014 que surgió el derecho a interrumpir la prescripción,
dada su naturaleza declarativa.
[…]
Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de
servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación
administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de
conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.
40. Así, revocó parcialmente la sentencia de primera instancia, en especial el
reconocimiento de las diferencias salariales y prestacionales ordenadas a favor de la
doctora Nubia Alicia, ya que, a pesar de que alegó una relación de trabajo hasta el 4 de
30
Consejo de Estado. Sala Plena de Conjueces de la Sección Segunda. Sentencia de Unificación SUJ-
016-CE-S2-2019 del 2 de septiembre de 2019. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho núm.
41001-23-33-000-2016-00041-02(2204-18)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02306-00
Accionantes: Nubia Alicia Vélez Bedoya
Se declara la improcedencia de la demanda
marzo de 2014 sólo demostró un vínculo laboral hasta 2010. Adicionalmente, en virtud
del acervo probatorio que reposa en el expediente, determinó que la reclamación
administrativa se presentó con anterioridad al 27 de agosto de 2014, por lo cual, se
declararon prescritos los derechos causados con antelación al 27 de agosto de 2011.
41. No obstante, el juez de segunda instancia ordenó realizar aportes con destino al
Sistema de Seguridad Social en Pensiones respecto de todos los demandantes, en
tanto dichos aportes, con fundamento en el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, son
obligatorios y constituyen un derecho irrenunciable e imprescriptible a favor de los
demandantes.
42. Ahora bien, la accionante presenta la solicitud de amparo con el fin de que se
estudien nuevamente los elementos de prueba del expediente del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, en particular las certificaciones laborales que allegó al
trámite ordinario, con el fin de que se adopte un pronunciamiento distinto en favor de
sus intereses y se reconozcan los emolumentos laborales reclamados, no obstante, tal
como se describió, dicha discusión ya fue debidamente analizada y concluida por parte
del juez natural del asunto.
43. En efecto, aunque la accionante alegó la configuración de los defectos fáctico y
procedimental como requisitos específicos de procedibilidad de tutela contra
providencias judiciales, lo cierto es que tales reparos no superan la carga argumentativa
requerida para demostrar que la sentencia del 25 de septiembre de 2025 configuró una
vulneración directa a sus derechos fundamentales o que se sustentó en criterios
caprichosos, arbitrarios o ilegítimos en detrimento de sus garantías iusfundamentales,
por el contrario, se evidenció que la providencia cuestionada se sustentó en las pruebas
documentales allegadas al trámite ordinario y en el marco normativo y jurisprudencial
aplicable a la materia, por lo cual la discusión propuesta se limita a la desavenencia e
inconformidad con el sentido del fallo.
44. En todo caso, si procediera la demanda de tutela no es dable argumentar que existió
un defecto procedimental y fáctico por no decretar pruebas de oficio o no emitir un auto
para mejor proveer, ya que con fundamento en los argumentos expuestos por el juez de
segunda instancia, no había duda respecto del vínculo laboral de la doctora Nubia Alicia,
pues de las pruebas documentales, en particular, la certificación de tiempo de servicios,
resultó claro que la fecha de inicio de la relación laboral como juez fue el 1° de enero de
1992 y la de retiro el 31 de diciembre de 2010, razón por la cual no había ninguna
discusión en cuanto a los tiempos laborados por la accionante.
45. La Sala enfatiza que el mecanismo constitucional que se dirige contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no de corrección, por cuanto su finalidad no es
sustituir el criterio del juez natural ni desplazar la competencia preferente del juez de
conocimiento, por el contrario, la competencia del juez de tutela se limita a evaluar si la
providencia judicial controvertida vulnera los derechos fundamentales de los
accionantes por la configuración de los defectos descritos en el párrafo núm. 29 de esta
providencia, por lo cual no constituye una tercera instancia para reabrir debates
probatorios propios del juez natural del asunto.
46. En atención a lo expuesto, la Sala declarará la improcedencia de la demanda de
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02306-00
Accionantes: Nubia Alicia Vélez Bedoya
Se declara la improcedencia de la demanda
tutela, debido a que la solicitud de amparo no satisface el requisito de relevancia
constitucional, toda vez que la accionante pretende una instancia adicional para reabrir
un debate de mera legalidad que se fundamenta en un asunto de índole económico,
máxime cuando tal discusión ya fue abordada y definida en la jurisdicción contencioso-
administrativa.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la demanda de tutela por falta del requisito
de relevancia constitucional.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: Una vez notificada, y si no fuese impugnada, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
QUINTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
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