Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02310-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02310-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02310-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D. C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02310-00
Accionante: GUSTAVO ADOLFO CASTRO CAPERA
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL
Tema: Derecho de petición y debido proceso administrativo –
declara carencia actual de objeto por hecho superado y
niega
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra el Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Administración de Carrera Judicial. Lo anterior, de conformidad con lo
establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de
2015, modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo
080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
Por auto del 25 de marzo del 20262, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia. A su vez, mediante providencia del 14 de abril del mismo año, se ordenó
la vinculación de terceros con interés3.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. El 20 de marzo del 2026, el señor Gustavo Adolfo Castro Capera, actuando
a nombre propio, interpuso acción de tutela en contra del Consejo Superior de la
1
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2
Índice 5 de Samai. Se precisa que se notificó como autoridad accionada al Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial. Asimismo, se dispuso la vinculación de la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Comisión Seccional de la Judicatura de Bogotá y la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso.
3 Al respecto, se ordenó la vinculación de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, a la Unión Temporal
Formación Judicial 2019, a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la sociedad E
Distribution y a las personas que conforman el registro de elegibles para el cargo de magistrado de la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial, contenida en la Resolución No. PCSJSR26-028 del 11 de
febrero de 2026 del Consejo Superior de la Judicatura. Además, se le ordenó al Consejo Superior de la
Judicatura y a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial que publiquen esta providencia en las
respectivas páginas web de las entidades y que comunicaran dicha publicación a través del envío de
mensaje de datos a las personas que conforman el mencionado registro de elegibles.
1
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Accionante: Gustavo Adolfo Castro Capera
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Administración de Carrera Judicial
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Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial. Con la solicitud de
amparo pretende la protección de sus derechos fundamentales al trabajo, al acceso
al ejercicio y desempeño de cargos y funciones públicas, al debido proceso, a la
petición, al mérito, a la igualdad, a la buena fe, a la confianza legítima y al «respeto
al acto propio».
2. Las anteriores garantías las consideró vulneradas con ocasión de la omisión
«injustificada» de la autoridad accionada de enviar la «Relación de Aspirantes por
Sede» publicada el pasado 10 de marzo de 2026 –modificada el 16 del mismo mes
y año– a la autoridad nominadora, esto es, a la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, a efectos de que haga los nombramientos respectivos, en el marco de la
Convocatoria 27 de 2018.
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó lo siguiente:
PRIMERO: Tutelar mis derechos constitucionales fundamentales al DEBIDO
PROCESO, AL TRABAJO, AL EJERCICIO DE FUNCIONES PÚBLICAS, acorde
con los hechos referidos en el acápite pertinente de ésta acción, por cuanto están
siendo vulnerados por la entidad accionada al tratar de hacer efectivo unos actos
administrativos que comportan una vía de hecho y afectan el cumplimiento pronto y
oportuno del PRINCIPIO DE IGUALDAD y DEL MÉRITO, como aspirante inscrito a
la Convocatorio 027 de 2018 y quien se encuentra en el Registro Nacional de
Elegibles adoptado por la Resolución
SEGUNDO: ORDENAR a la entidad accionada la protección de mis derechos
fundamentales vulnerados y que proceda a ENVIAR INMEDIATAMENTE la “Lista
por Sede” que fue publicada para el mes de marzo de 2026 por la Unidad
Administrativa de la Carrera Judicial en relación con el cargo 270010 - Magistrado
de Comisión Seccional de Disciplina Judicial, y que constituye la regla del mérito en
el concurso público convocado mediante Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto
de 2018, en los términos de mi inscripción.4
1.2. Hechos
4. El señor Gustavo Adolfo Castro Capera participó en la Convocatoria 27 de la
Rama Judicial. Señaló que hace parte del Registro Nacional de Elegibles,
conformado mediante la Resolución No. PCSJSR26-028 del 11 de febrero de 2026,
para el cargo de magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, en el
que ocupó el quinto puesto.
5. Indicó que escogió a la ciudad de Bogotá como sede de preferencia para
desempeñar el cargo, con ocasión de las vacantes que fueron publicadas en la
página web del Consejo Superior de la Judicatura.
6. Luego, la Unidad de Administración de Carrera Judicial conformó la
«Relación de Aspirantes por Sede»5, información que fue publicada por la entidad
4
Transcripción literal que puede contener errores.
5
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/7227621/217882036/MCSDJ-RAS-0326_3.pdf/3e709b5e-
e04b-1530-3107-3cc249d49cae?t=1773431157120
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demandada el 10 de marzo de 2026 y actualizada el 16 del mismo mes y año.
7. El actor afirmó que ha conocido «de manera informal» que se han presentado
solicitudes de reclasificación de los aspirantes, lo cual, a su juicio, acarrea un
«trámite complejo y posterior al uso del Registro Nacional de Elegibles».
8. También señaló que el 17 de febrero de 2026 le solicitó a la Unidad de
Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura continuar
con el trámite de nombramiento de los aspirantes de conformidad con la sede
escogida, debido a que los requerimientos de reclasificación que ameritan actos de
revisión y control no deberían afectar el principio de mérito establecido en la
Convocatoria 27.
9. A su vez, sostuvo que el 20 de febrero del 2026 radicó una petición ante la
mencionada entidad, en la que solicitó: i) la remisión de la relación de vacantes
existentes para el cago de magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial y; ii) la información de si, a la fecha, se encontraban en trámite solicitudes
de traslado hechas por los servidores judiciales que desempeñan el cargo, bien sea
en propiedad o en provisionalidad y, en caso de obtener respuesta afirmativa, le
fuera indicado el lugar de origen y de destino del solicitante del traslado. No
obstante, señaló que, frente a dicha solicitud, no había recibido respuesta.
1.3. Sustento de la vulneración
10. La parte accionante señaló que la omisión de la Unidad de Administración de
Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura en remitir a la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial la «Relación de Aspirantes por Sede» vulneró sus
derechos fundamentales al trabajo, al ejercicio y desempeño de cargos y funciones
públicas.
11. Consideró que dicha situación obstaculiza de «manera injustificada e
infundada» los nombramientos en el cargo de magistrado de la Comisión Seccional
de Disciplina Judicial. En ese sentido, señaló que la sentencia SU-774 de 2014
proferida por la Corte Constitucional determinó que «se produce un exceso ritual
manifiesto cuando un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un
obstáculo a la ineficacia del derecho sustancial y, por esta vía, sus actuaciones
devienen en una denegación de justicia». Además, sostuvo que la Ley 270 de 1996
no prevé ninguna etapa intermedia entre el registro de elegibles y la lista de
elegibles que justifique tal demora.
12. Por otra parte, indicó que la solicitud de amparo es procedente, debido a que
la Corte Constitucional en las sentencias SU-077 de 2018 y T-398 de 2021 «avaló
la interposición de la acción de tutela contra actos administrativos de trámite», y, por
extensión, a omisiones en el proceso, debido a que tienen una «trascendencia» en
la vulneración de los derechos fundamentales de los afectados.
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13. Luego, mediante memorial allegado el 27 de marzo de 2026, señaló que la
omisión en la remisión de la «Relación de Aspirantes por Sede» a la entidad
nominadora puede causarle un perjuicio irremediable, toda vez que, con ocasión de
la expedición del Decreto 0297 del 25 de marzo de 2026 dictado por el Presidente
de la República6, se eliminó la prima especial que perciben los congresistas.
14. En ese sentido, recalcó que, debido a que su salario como magistrado de la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá se calcula con base en el
salario que perciben los miembros del Congreso de la República, resutaría afectado
en la medida en que el artículo 19 ibidem dispuso un régimen de transición tendiente
a la protección de los derechos salariales adquiridos solo respecto de los
funcionarios que se encuentren vinculados a la Rama Judicial antes del 20 de julio
del 2026.
15. Por lo anterior, señaló que la demora injustificada en la remisión de la relación
de aspirantes lo expone a un riesgo en su asignación salarial, en caso de no
concretarse su nombramiento antes de la fecha señalada en el numeral anterior.
1.4. Intervenciones
16. La Unidad de Administración de Carrera Judicial señaló que no vulneró
los derechos fundamentales del accionante, debido que respondió las peticiones
presentadas por el accionante mediante el Oficio CJO26-1677 del 6 de abril del
2026, el cual fue notificado al correo electrónico gustavo.castrocapera@gmail.com.
17. Por otra parte, puso de presente que, el 27 de marzo del 2026, a través del
Oficio CJO26-1648, le remitió al Consejo Superior de la Judicatura los puntos que
«deberían» ser considerados en la Sala del 8 de abril de 2026, dentro de los cuales
se encontraba el «Proyecto de Listas de Candidatos para proveer cargos de
magistrados de las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial», con el fin de
que fuera sometido a discusión. En ese orden, indicó que, si se estimase
adecuadamente formulada la lista, esta sería remitida a la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial «para lo de su competencia».
18. A su vez, precisó que las solitudes de reclasificación presentadas por
integrantes del registro de elegibles del que forma parte el demandante, tienen el
propósito de actualizar los factores que lo conforman. Sin embargo, aclaró que «no
es posible detener la integración de una lista de elegibles para dar trámite a las
solicitudes reclasificación».
19. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial y la Unión Temporal Formación Judicial 2019 solicitaron su
desvinculación del proceso por considerar que carece de legitimación en la causa
6 Por medio del cual se dictan unas disposiciones en materia salarial y prestacional para empleados
de la Rama Judicial y la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones.
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por pasiva, debido a que las pretensiones de la tutela se dirigen contra la Unidad de
Administración de Carrera Judicial, sin atribuirles alguna actuación u omisión que
hubiese causado la vulneración de derechos fundamentales. En consecuencia,
consideraron que, al no existir una relación directa entre los reproches formulados
en la solicitud de amparo y sus funciones, carecen de aptitud legal para participar
en el presente trámite constitucional.
20. Por otra parte, los señores Fernando Cruz Patiño, Liliana Guzmán Lozano
y Marleny Barrera López, integrantes del Registro Nacional de Elegibles
conformado mediante la Resolución No. PCSJSR26-028 del 11 de febrero de 2026,
manifestaron que coadyuvaban la acción constitucional formulada por la parte
actora y, en consecuencia, solicitaron que se acceda a las pretensiones
II. CONSIDERACIONES
21. La Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho superado frente a
los reproches por la falta de respuesta a las peticiones presentadas ante la entidad
demandada y negará las demás pretensiones.
22. Para ello, analizará los siguientes aspectos: i) delimitará el objeto de la
decisión; ii) el cumplimiento de los requisitos generales de la acción de tutela, iii) la
superación de la vulneración del derecho fundamental de petición, y iv) la no
vulneración del derecho fundamental al debido proceso administrativo del
accionante por la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura.
2.1. Delimitación del objeto de la decisión
23. Si bien en el escrito de tutelar el accionante señaló que la solicitud de amparo
es procedente en la medida en que, excepcionalmente, la acción de tutela procede
contra actos administrativos, lo cierto es que, en estricto sentido, sus reproches se
centran en cuestionar la omisión de la entidad demandada en remitir la «Relación
de Aspirantes por Sede» a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Esto, con el
fin de que se haga efectivo su nombramiento como magistrado de la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá.
24. En ese sentido, esta Sala de Decisión se limitará a estudiar la presunta
vulneración de los derechos fundamentales de petición y al debido proceso
administrativo del accionante, por la omisión que le endilga a la entidad demandada
y la falta de respuesta a las peticiones que presentó el 17 y 20 de febrero de 2026.
2.2 Cuestión previa
25. Los señores Fernando Cruz Patiño, Liliana Guzmán Lozano y Marleny
Barrera López manifestaron que coadyuvaban la acción de tutela presentada por el
5
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señor Castro Capera. La Sala aceptará sus solicitudes, comoquiera que sus
intervenciones guardan relación con los hechos y las pretensiones de formuladas
en la solicitud de amparo.
2.3. Caso concreto
2.3.1. La solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela
26. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela es
un mecanismo judicial subsidiario, residual, informal y autónomo que tiene por
objeto garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales a través
de un proceso preferente y sumario. De acuerdo con lo previsto en el Decreto 2591
de 1991 y el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional, son requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela: i) la legitimación en la causa por
activa y por pasiva de las partes, ii) la inmediatez y, iii) la subsidiariedad. El
cumplimiento de estos requisitos de procedencia es una condición para que el juez
de tutela pueda emitir una decisión de fondo7.
27. Esta Sección considera que la solicitud de amparo cumple con todos los
requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a exponerse:
28. Legitimación en la causa. Consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto
frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
29. La Sala advierte que el señor Gustavo Adolfo Castro Capera está legitimado
en la causa por activa, ya que es quien consideró vulnerados sus derechos
fundamentales por la omisión que le atribuye a la entidad demandada y quien radicó
las peticiones que, en su sentir, no han sido respondidas.
30. Por otra parte, se evidencia que el Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Administración de Carrera Judicial está legitimado en la causa por pasiva,
dado que es la autoridad judicial a la que el accionante le atribuyó la vulneración de
sus garantías constitucionales.
31. Por otra parte, la Sala negará las solicitudes de desvinculación formuladas
por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial y la Unión Temporal Formación Judicial 2019, debido a que fueron
vinculadas al proceso en calidad de terceros con posible interés en las resultas del
proceso por haber intervenido en el trámite de la Convocatoria 27.
32. Inmediatez. La Corte Constitucional ha señalado reiteradamente que la
7
Ver, entre otras, sentencias T-183 de 2024, T-309 de 2023 y T-099 de 2021.
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acción de tutela debe interponerse en un tiempo oportuno y justo, a partir del
momento en el que ocurre la situación que ocurre la situación que presuntamente
vulnera o amenaza el derecho fundamental8.
33. El accionante cumplió debidamente con esta carga, pues a la fecha de la
interposición de la solicitud de amparo persiste la omisión en la remisión de la
«Relación de Aspirantes por Sede» a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y
la falta de respuesta a las peticiones que presentó el 17 y 20 de febrero del 2026.
34. Subsidiariedad. El artículo 86 de la Constitución Política consagró el
carácter subsidiario de la acción de tutela frente a los medios ordinarios de defensa.
En virtud de dicho requisito, la Corte Constitucional ha determinado acción de tutela
solo procede en dos casos excepcionales9: i) como mecanismo de protección
definitivo, si el afecto no dispone de otro medio de defensa judicial idóneo 10 y
eficaz11 y, ii) como mecanismo de protección transitoria.
35. Esta Sección considera que se cumplió con dicho presupuesto, dado que el
accionante no cuenta con otros mecanismos judiciales para cuestionar la omisión
en la remisión de la relación de los aspirantes por sede y la ausencia de respuesta
a las peticiones que radicó por parte de la entidad demandada.
2.3.2. Respecto a la vulneración del derecho fundamental de petición operó la
carencia actual de objeto por hecho superado
36. La Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho superado respecto
de la vulneración al derecho fundamental de petición alegado por el accionante,
debido a que la Unidad de Administración de Carrera Judicial respondió sus
requerimientos en el transcurso del presente trámite constitucional, por las razones
que pasan a explicarse.
37. Como se expuso en los antecedentes de la providencia, el accionante
consideró vulnerado su derecho fundamental de petición, debido a que la Unidad
de Administración de Carrera Judicial no respondió a los requerimientos que radicó.
38. Ahora bien, de la revisión del expediente, se evidencia que el 17 de febrero
del 2026, el accionante le solicitó a la entidad demandada lo siguiente:
En atención a sus excelsas cualidades profesionales y personales por todos
conocidas, a través de las cuales se ha hecho posible avanzar en el trámite y
culminación con éxito de la Convocatoria 027 de 2018, solicito muy
respetuosamente se siga con el trámite de rigor que se encuentra pendiente para
8
Ver, entre otras, sentencias T-834 de 2005, T-887 de 2009 y T-427 de 2019.
9
Sentencia T-183 de 2024.
10
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es idóneo si es «materialmente apto para producir el
efecto protector de derechos fundamentales». Al respecto, ver sentencia SU-379 de 2019.
11
Ib. La Corte Constitucional ha considerado que la eficacia se refiere a si el mecanismo judicial está
diseñado para brindar una protección oportuna a los derechos fundamentales vulnerados.
7
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lograr dicho objetivo y se proceda a la expedición de los actos de nombramiento en
estricto orden de mérito conforme las listas de "Relación por Sede por aspirantes"
publicadas con fecha 2 de marzo de 2026 por la Unidad de Administración de
Carrera Judicial y que fueron enviadas a esa Alta Corporación.
39. Luego, el 20 de febrero del 2026, radicó la siguiente petición:
En mi calidad de participante dentro del Concurso de Méritos de la Convocatoria 27
de la Rama Judicial y en vista de la inclusión del suscrito en el Registro Nacional de
Elegibles para el cargo de Magistrado de Comisión Seccional de Disciplina Judicial
(Código 270010), se sirva informar la relación de las vacantes existentes para el
citado cargo con la individualización de su ubicación por ciudad (sede).
Así mismo, se sirva indicar si a la fecha se encuentra en trámite solicitudes de
traslados hechos por servidores judiciales que desempeñan dicho cargo, ya sea en
propiedad o en provisionalidad, y en caso positivo se sirva indicar el lugar de origen
y de destino de la sede del peticionario del traslado. Así mismo, si se han expedido
actos administrativos de nombramiento o traslados que enerven el cabal decurso
del Concurso de Méritos 027 de 2018.
Agradezco se sirvan dar el trámite correspondiente a la presente. Así mismo, se
disponga la remisión de esta manifestación de voluntad al Consejo Superior de la
Judicatura para efectos de dar aplicación a la orden dispuesta por la Corte
Constitucional en la Sentencia T-008 del 2026, M. P. Juan Carlos Córtes González,
que dispuso:
NOVENO. INSTAR al Consejo Superior de la Judicatura para que continúe de
manera célere con el desarrollo del proceso del concurso de méritos que
corresponde a la Convocatoria n.° 27 de la Rama Judicial, de conformidad con lo
dispuesto en la Sentencia SU-067 de 2022
40. Ahora bien, de la contestación allegada por la parte demandada, se advierte
que, mediante el Oficio CNJO26-1677 del 6 de abril del 2026, la Unidad de
Administración de Carrera Judicial atendió las peticiones realizadas por el
accionante. En la respuesta anexó un «excel» en el que reposa la relación de las
vacantes para el cago de magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial
por sede.
41. Respecto a las solicitudes de traslado por los servidores judiciales que
desempeñan el mencionado cargo, anexó la siguiente información:
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42. A su vez, le informó que el magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial del Cesar interpuso recurso de reposición contra el concepto desfavorable,
el cual fue revocado mediante la Resolución CJR26-0118 del 5 de marzo de 2026
en la que se accedió a la solicitud.
43. Asimismo, le indicó que el magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Bogotá interpuso, en el mes de marzo, recurso de reposición contra el
concepto desfavorable de traslado emitido mediante Oficio CJO26-827 del 18 de
febrero de 2026. No obstante, le informó que dicho recurso se encuentra en trámite.
44. Le señaló que, en el mes de marzo del 2026, periodo en el cual se publicaron
las sedes vacantes para efectos de traslados como para la escogencia de sede por
los integrantes del Registro Nacional de Elegibles de la Convocatoria 27, se radicó
la siguiente solicitud que se encuentra en trámite:
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45. Por otra parte, respecto a la solicitud de «remisión de la sentencia T-008 del
30 de enero del 2026», precisó que, si bien el cronograma de la convocatoria
estableció hasta el 22 de abril como fecha de expedición de los registros nacionales
de elegibles, lo cierto es que la corporación se anticipó a dicho término, ya que
expidió diversos registros con ocasión de las renuncias expresas a la ejecutoria de
las resoluciones que publicaron los resultados de la etapa clasificatoria por los
concursantes. En ese orden, le indicó que, a la fecha, ha expedido los siguientes
registros de elegibles:
46. Respecto a la solicitud de remisión de la lista de candidatos a la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, le informó que «se agendó el 27 de marzo del 2026
la lista de candidatos del cargo de magistrado de la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial» y, una vez sea expedido el respectivo acuerdo, será remitido a
la entidad nominadora para que proceda a realizar los respectivos nombramientos.
47. Finalmente, respecto a las solicitudes de reclasificación, resaltó que, de
conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 1242 de 200112, los integrantes del
Registro Nacional de Elegibles pueden reclasificar su inscripción, para lo cual deben
presentar sus solicitudes en los meses de enero y febrero de cada año. En ese
orden, señaló que deberá resolver los requerimientos, hasta el último día hábil del
mes de marzo de la anualidad correspondiente.
12
«Por medio del cual se dictan disposiciones para la reclasificación de los Registros de Elegibles para
los cargos de Funcionarios y Empleados de las Corporaciones y Despachos Judiciales».
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48. No obstante, precisó que dichas solicitudes no generan una pérdida de
vigencia del registro de elegibles, ya que las vacantes que se generaron durante el
concurso deberán ser provistas por los integrantes del registro de elegibles inicial
que hubiesen optado de manera oportuna por las sedes publicadas durante los
cinco primeros días del mes de marzo de 2026.
49. A su vez, esta Sección advierte que dicha respuesta fue remitida el 6 de abril
de 2026 al correo electrónico gustavo.castrocapera@gmail.com, el cual coincide
con la dirección de notificación del demandante.
50. En este punto, conviene recordar que existen eventos en los que la amenaza
al derecho fundamental desaparece en el trascurso de la acción de tutela, por lo
que el instrumento pierde efectividad y la intervención del juez constitucional resulta
inane. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que «el juez de tutela no ha
sido concebido como un órgano consultivo que emite conceptos o decisiones
inocuas una vez ha dejado de existir el objeto jurídico, sobre escenarios hipotéticos,
consumados o ya superados».
51. Sobre el tema, cabe destacar la sentencia SU-522 de 2019, en la que se
precisó que, si luego de acudir a la autoridad judicial, «la situación ha sido superada
o resuelta de alguna forma», no tendría sentido un pronunciamiento, puesto que «la
posible orden que impartiera el juez caería en el vacío», siendo esta la «idea central
que soporta el concepto de carencia actual de objeto».
52. Respecto a la figura del hecho superado, el tribunal constitucional indicó en
la sentencia SU-225 de 2013, que «se configura cuando entre el momento de la
interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se satisface por completo
la pretensión contenida en la demanda de amparo. En otras palabras, aquello que
se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes de que
el mismo diera orden alguna».
53. En virtud de lo anterior, se tiene que el fenómeno de carencia actual de objeto
por hecho superado se configuró en el asunto estudiado, en la medida en que, en
el trámite de la presente acción de tutela, la Unidad de Administración de Carrera
Judicial dio una respuesta clara, completa y de fondo a las peticiones radicadas por
el accionante el 17 y 20 de febrero del 2026, la cual fue debidamente notificada a
su dirección de notificación electrónica.
2.2.3. La Unidad de Administración de Carrera Judicial no vulneró el derecho
fundamental al debido proceso administrativo del accionante
54. El artículo 29 de la Constitución Política estableció que el debido proceso «se
aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas». En relación con
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estas últimas, la Corte Constitucional13 ha dispuesto que dicha garantía
constitucional limita los poderes del Estado y garantiza la protección a los derechos
de los administrados en el sentido de que el actuar de las autoridades no dependa
de su arbitrio, con la finalidad de que estén siempre sujetas a los procedimientos
señalados previamente por la ley.
55. En ese orden, la Corte Constitucional ha identificado las tres finalidades del
debido proceso administrativo, a saber: i) asegurar el debido funcionamiento de la
administración, ii) garantizar la validez de sus propias actuaciones, y iii) resguardar
el derecho a la seguridad jurídica y defensa de los administrados14.
56. Tales finalidades se satisfacen cuando se asegura: i) el acceso a la justicia
en igualdad de condiciones, ii) la legítima defensa, iii) la gestión de los
procedimientos dentro de plazos razonables y, iii) la imparcialidad en el ejercicio de
la función administrativa.
57. Respecto a la garantía de plazo razonable, el artículo 29 ibidem también
dispuso que toda persona tiene derecho a un debido proceso «sin dilaciones
injustificadas», lo cual puede desconocerse cuando hay ausencia de celeridad en
una actuación. Sobre el contenido de dicha garantía, el máximo tribunal
constitucional ha considerado que la inobservancia de los términos administrativos
puede conllevar la vulneración del debido proceso.
58. Sin embargo, ha precisado que no todo incumplimiento de los términos
procesales lesiona dicho derecho fundamental, porque, para que ello ocurra, se
debe verificar, además del desconocimiento del plazo razonable, la inexistencia de
un motivo válido que lo justifique15. Para ello, el juez constitucional deberá valorar
la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de la
autoridad competente y la situación particular del interesado16.
59. En virtud de lo expuesto, la Sala considera que la Unidad de Administración
de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura no vulneró el derecho
fundamental al debido proceso administrativo del accionante respecto a la falta de
remisión de la «Relación de Aspirantes por Sede» a la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, por las siguientes dos razones que pasan a explicarse.
60. En primer lugar, ni la unidad demandada ni el Consejo Superior de la
Judicatura tienen el deber de remitir la «Relación de Aspirantes por Sede» a la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con el fin de que, con base en dicho
documento, se realicen los respectivos nombramientos en el cargo de magistrado
de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial.
13
Al respecto, ver, entre otras, las siguientes sentencias: T-465 de 2009, C-980 de 2010, T-559 de 2015,
T-051 de 2016, T-595 de 2020, T-279 de 2023 y T-105 de 2023.
14
Sentencias T-465 de 2009, C-980 de 2010, T-559 de 2015, T-051 de 2016 y T-595 de 2020.
15
Corte Constitucional, Sentencia T-341 de 2018.
16
Corte Constitucional, Sentencia T-153 de 2019.
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61. Lo anterior, por cuanto los artículos 165 y 166 de la Ley 270 de 1996
diferenciaron el Registro Nacional de Elegibles de las listas de elegibles. Respecto
al registro, el artículo 165 ibidem señaló que el Consejo Superior de la Judicatura
conformará el Registro Nacional de Elegibles teniendo en cuenta las diferentes
categorías de empleos, y definió las reglas que deben seguirse para ello 17. A su vez,
señaló que los aspirantes que conforman el registro, en cualquier momento podrán
manifestar su sede de interés.
62. Por su parte, el artículo 166 ibidem dispuso que provisión de cargos por el
nominador se hará de las listas de elegibles con inscripción vigente en el registro
de elegibles, cuyos nombramientos se realizarán siguiendo el orden consecutivo de
la respectiva lista. Asimismo, indicó que «para la elaboración de las listas se tendrá
en cuenta el registro de elegibles vigente al momento en que se produzca la
vacante».
63. A su vez, el Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto del 2018, por medio
del cual se adelantó el proceso de selección de la Convocatoria 27, definió las
etapas del concurso y dispuso en los numerales 6 y 7 lo siguiente:
6. REGISTRO DE ELEGIBLES
6.1. Registro
Concluida la etapa clasificatoria con la firmeza del acto administrativo que da a
conocer los puntajes finales de los aspirantes, expedida por la Unidad de
Administración de Carrera Judicial, por delegación, el Consejo Superior de la
Judicatura procederá a conformar los correspondientes Registros Nacionales de
Elegibles, según orden descendente de puntajes por categoría de cargo y
especialidad. En caso de que los registros de elegibles de esta convocatoria (27) se
expidan sin que se hayan agotado los que le anteceden (convocatorias 20 y 22), las
relaciones de aspirantes por sede incluirán en primer término a integrantes de éstas
y a continuación a los de aquella, debiéndose agotar las listas resultantes en este
mismo orden.
17
ARTÍCULO 165. REGISTRO DE ELEGIBLES. <Artículo modificado por el artículo 82 de la Ley 2430
de 2024. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo Superior o Seccional de la Judicatura conformará el
correspondiente Registro de Elegibles para cargos de funcionarios y empleados de carrera de la Rama
Judicial, teniendo en cuenta las diferentes categorías de empleos y las siguientes reglas: a) La inscripción
en el Registro se hará en orden descendente, de conformidad con los puntajes que para cada etapa del
proceso de selección determine el reglamento. b) La inscripción individual en el Registro tendrá una
vigencia de cuatro (4) años. Durante los meses de enero y febrero cada dos (2) años, cualquier interesado
podrá actualizar su inscripción respecto de los factores de experiencia adicional, docencia, capacitación
y publicaciones, y con estos se reclasificará el Registro, si a ello hubiere lugar. Durante el término de la
vigencia del Registro de Elegibles, el retiro de este se hará por la posesión del aspirante en el cargo para
el cual concursó o por no aceptar o no posesionarse en el cargo al que aspiró. También se podrá retirar
por solicitud expresa de ser excluido del registro de elegibles. PARÁGRAFO. En cada caso y de
conformidad con el reglamento, los aspirantes en cualquier momento podrán manifestar las sedes
territoriales de su interés.
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6.2. Reclasificación
Los factores susceptibles de modificación mediante reclasificación, son los de
experiencia adicional, docencia y capacitación adicional, teniendo en cuenta los
puntajes establecidos en la convocatoria para los mismos factores y conforme la
documentación que sea presentada por los integrantes del Registro de Elegibles
que tengan su inscripción vigente, de conformidad con lo establecido en el artículo
165 de la Ley 270 de 1996 y las disposiciones legales y el reglamento vigente.
6.3. Opciones de sede
Esta se realizará de conformidad con el parágrafo del artículo 162 y 165 de la Ley
270 de 1996 y el reglamento vigente. Para quienes aspiren a vacantes en el Distrito
Judicial de San Andrés Isla, deberán acreditar el cumplimiento de lo previsto en el
artículo 45 de la Ley 47 de 1993, junto con los demás requisitos legales, a efectos
de obtener la confirmación por el correspondiente nominador.
7. LISTAS DE CANDIDATOS
Para magistrado de tribunal administrativo, magistrado de tribunal superior de
distrito judicial, magistrado de consejo seccional de la judicatura y magistrado de
comisión seccional de disciplina judicial, de la sala jurisdiccional disciplinaria o quien
haga sus veces, el Consejo Superior de la Judicatura conformará y remitirá las
listas de candidatos con base en las cuales se procederá al nombramiento por
la respectiva autoridad nominadora.(Énfasis de la Sala)
64. En ese sentido, la Sala advierte que la «Relación de aspirantes por Sede» no
es el acto que el Consejo Superior de la Judicatura debe remitir a la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial para que se realice el nombramiento del accionante,
pues de conformidad con las disposiciones citadas, la provisión de cargos se realiza
con base en la lista de elegibles que elabore el Consejo Superior de la Judicatura,
quien la conformará con los integrantes del Registro Nacional de Elegibles y las
opciones de sede manifestadas por los aspirantes.
65. Por lo tanto, la «Relación de aspirantes por Sede» es una actuación previa a
la conformación de la lista de elegibles, mas no el documento definitivo a partir del
cual la Comisión Nacional de Disciplina Judicial pueda efectuar el nombramiento y,
en esa medida, no le asiste un deber a la Unidad de Administración de Carrera
Judicial de remitir a la entidad nominadora dicho documento.
66. En segundo lugar, la Ley 270 de 1996 y el Acuerdo PCSJA18-11077 del 16
de agosto del 2018 no consagraron un término que hubiese sido desconocido por
la autoridad demandada para la conformación y remisión de las listas de elegibles
a las autoridades nominadoras, razón por la cual no concluirse que el Consejo
Superior de la Judicatura hubiese desconocido un plazo legal o reglamentario.
67. Además, esta Sección tampoco evidencia la existencia de una dilación
injustificada o irrazonable en la conformación de dichas listas que permita inferir una
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actuación contraria a los principios de celeridad y eficiencia de la administración, y
que, en consecuencia, genere la vulneración al derecho fundamental al debido
proceso administrativo del demandante.
68. Esto, por cuanto, de conformidad con el informe rendido por la Unidad de
Administración de Carrera Judicial, el 27 de marzo del 2026, a través del Oficio
CJO26-1648, le remitió al Consejo Superior de la Judicatura los puntos que
deberían ser considerados en la Sala del 8 de abril de 2026, en el marco de la
conformación de la lista de elegibles, dentro de los cuales se encontraba el
«Proyecto de Listas de Candidatos para proveer cargos de magistrados de las
Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial».
69. En ese sentido, se evidencia que la actuación administrativa encaminada a
la elaboración de las listas de elegibles se encuentra en curso y dentro de un término
razonable, en la medida en que solo ha transcurrido un corto periodo desde que fue
remitido el proyecto de listas de candidatos.
70. En consecuencia, esta Sala de decisión no advierte la configuración de una
vulneración al derecho fundamental al debido proceso administrativo del
accionante, pues la entidad demandada ha desplegado las actuaciones necesarias
para la conformación de las listas de elegibles conforme al procedimiento previsto
en la Ley 270 de 1996 y en el Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto del 2018,
sin que se hubiese acreditado el desconocimiento de un término legal o
reglamentario ni la existencia de dilaciones irrazonables en el trámite
correspondiente.
71. Por último, tampoco se acreditó la ocurrencia de algún perjuicio irremediable
que amerite la intervención del juez constitucional, en la medida en que el
demandante no expuso la inminencia de algún menoscabo grave derivado de la
falta de conformación de la lista de elegibles y su remisión a la entidad nominadora.
72. Por el contrario, del material probatorio obrante en el expediente se advierte
que el trámite administrativo encaminado a la conformación de la lista de elegibles
se encuentra en curso y está siendo adelantado por las autoridades competentes
con la debida diligencia.
73. En vista de lo anterior, la Sala declarará la carencia actual de objeto por
hecho superado respecto a la vulneración del derecho fundamental de petición, y
negará las pretensiones respecto a lo demás.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
15
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III. FALLA:
PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO respecto a la vulneración del derecho fundamental de petición por
parte del Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera
Judicial.
SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones formuladas en contra el Consejo
Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial.
TERCERO: ACEPTAR las solicitudes de coadyuvancia formuladas por los señores
Fernando Cruz Patiño, Liliana Guzmán Lozano y Marleny Barrera López.
CUARTO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Unión
Temporal Formación Judicial 2019.
QUINTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
SEXTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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