Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02313-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02313-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02313-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02313-00
Accionante: MCCC1
Accionados: Entidad Promotora de Salud Famisanar S.A.S y otro
Tema: Derechos a la salud, vida en condiciones dignas y libre desarrollo
de la personalidad, entre otros. Reembolso de valores pagados
por cirugía. Indemnización por daños y perjuicios. DECLARAR
IMPROCEDENTE.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora MCCC, en nombre
propio, en contra de la Entidad Promotora de Salud Famisanar S.A.S y del Hospital
Universitario San Ignacio de Bogotá.
ANTECEDENTES
La accionante solicita que se amparen sus derechos fundamentales a la salud, a la
vida en condiciones dignas, al libre desarrollo de la personalidad, a la seguridad
social e integridad física y personal, que considera vulnerados por las entidades
accionadas.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
La accionante narró que en el año 2020 asistió al psicólogo con el fin de iniciar su
proceso de transición de género y solicitó «a la EPS la remisión a la IPS que tuviera
programa de Disforia de Género la EPS se negaba y me trasladaba a IPS que no
1 La supresión de los datos de identificación se realiza con el fin de garantizar el derecho a la intimidad de l a
accionante, tal y como lo dispone la Circular núm. 10 de 2022 de la Corte Constitucional.
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contaba con especialistas ni con el programa disforia de genero [sic]». - Archivo Central.
Que debido a las constantes barreras administrativas que impuso la EPS
Famisanar, pidió a la Superintendencia Nacional de Salud «la apertura de PQR»,
por lo cual la Superintendencia le solicitó a la EPS priorizar la autorización de los
procedimientos; sin embargo, la entidad hizo caso omiso.
Que instauró acción de tutela en contra de Famisanar EPS, para que le autorizaran
cita médica encaminada a efectuar la cirugía de cambio de sexo. El proceso le
correspondió al Juzgado 61 Penal Municipal con Función de Control de Garantías
de Bogotá, con radicado 11001-40-88-061-2022-00009-00.
Que el 9 de febrero de 2022, el Juzgado amparó sus derechos fundamentales a la
salud en conexidad con la vida digna y al libre desarrollo de la personalidad y le
ordenó a Famisanar «desplegar todas las actividades necesarias para atender de
manera urgente a la accionante y que se conforme un grupo interdisciplinario que
la evalúe y una vez se obtenga la valoración médica, determine los derroteros para
arribar a la cirugía de reafirmación sexual requerida por la accionante».
Que en el mes de mayo de 2022, presentó tutela en contra del Hospital Universitario
San Ignacio, la cual fue conocida por el Juzgado 71 Penal Municipal con Función
de Control de Garantías, autoridad judicial que, en sentencia del 19 de mayo de
2022, amparó sus derechos fundamentales a la salud, a la vida en condiciones
dignas, a la seguridad social, a la integridad física y personal y al libre desarrollo de
la personalidad de la accionante y le ordenó al Hospital que programara fecha y
hora para la intervención antes mencionada.
Afirmó que presentó tres incidentes de desacato, pero «la orden no se cumplió a
cabalidad no obstante [sic] los jueces tenían tráfico de influencias con las partes
accionadas y recibieron dinero para el archivo de las órdenes judiciales según
ejecutoriada por dichas decisiones judiciales tanto los funcionarios judiciales como
las accionadas se pusieron en mutuo acuerdo y tomaron represalias en mi contra».
Que el 29 de junio de 2022 se le realizó en el Hospital Universitario San Ignacio la
cirugía de reafirmación sexual, pero, según manifiesta, ese día fue «(..) abusada
sexualmente mientras estaba anestesiada dopada y me agredieron sexualmente
muchos hombres sin poder precisar el número de hombres recibí agresiones en mi
cuerpo piernas brazos y senos (…)».
Que además cuando despertó le dolían sus «(…) brazos los senos y me dolía mucho
el ano, me trasladaron a sala de “recuperación” se me [sic] fue negado el
medicamento sacaron a mi acompañante del hospital y empecé a recibir más trato
[sic] y violencia por parte de los funcionarios del hospital San Ignacio entre otros
hechos que presente en denuncia completa de tiempo modo y lugar ante la Fiscalía
General de la Nación».
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• Archivo Central.
Considera que la EPS Famisanar S.A.S le transgrede sus derechos fundamentales
a la salud, a la vida en condiciones dignas, al libre desarrollo de la personalidad, a
la seguridad social y a la integridad física y personal, ya que le negó el servicio de
salud, por lo que tuvo que asumir los gastos de cita con especialista, cirugía de
reconstrucción de genitales, hospedaje, medicamentos y viáticos con sus propios
recursos, a pesar de cual dicha EPS se niega a reembolsar el dinero.
PRETENSIONES
La accionante pide que 1) se «decrete» la nulidad del Oficio número 100788 del 1.°
de septiembre de 2025, por medio del cual le negaron el «derecho al reconocimiento
económico y demás de acuerdo a la resolución [sic] 05261 de 1994 »; 2) ordenar a
Famisanar EPS y al Hospital Universitario San Ignacio la devolución del pago de la
cirugía de reconstrucción de genitales «en un monto superior de acuerdo lo estipule
la ley a $ 43.930.000 como también los intereses moratorios» y 3) «a título de
restablecimiento del derecho», se le ordene a las entidades antes mencionadas que
le reconozcan y paguen indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.
TRÁMITE DEL PROCESO
El 26 de marzo de 2026, se admitió la acción de tutela y se ordenó notificar a las
entidades accionadas.
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
El Hospital Universitario San Ignacio señaló que no es responsable de las
autorizaciones y el suministro de medicamentos o insumos y tampoco de determinar
la IPS que va a atender al paciente, pues esta labor recae en la entidad promotora
de salud EPS. Adicionalmente, expresó que no es competente para manifestarse
frente a los hechos y las pretensiones que tratan sobre el reembolso del pago de la
cirugía.
Indicó que la accionante ha promovido varias acciones de tutela y en algunas
ocasiones el juez constitucional ha advertido que la actuación es temeraria, estas
son:
Autoridad judicial y radicado Actuación o decisión
Juzgado 53 Penal Municipal. El 31 de agosto de 2022, se emitió fallo que negó las
2021-0092 pretensiones, refirió que era una acción temeraria.
Juzgado 73 Penal Municipal. En fallo del 19 de mayo de 2022, se ordenó
11001-40-88-071-2022-039 materializar el cambio de sexo.
Juzgado 29 Civil del Circuito El 30 de junio de 2023, el Juzgado negó el amparo
2023-00273 por ausencia de vulneración de derechos y
desvinculó al Hospital Universitario San Ignacio y a
las demás entidades vinculadas.
Tribunal Superior del Distrito El 25 de julio de 2023, el Tribunal «falla en contra de
Judicial, Sala Civil. 2023-01536 la accionante y niega las pretensiones».
Corte Suprema de Justicia, Sala La corte declaró la improcedencia de la acción por
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Autoridad judicial y radicado Actuación o decisión - Archivo Central.
de Casación Penal. 2023-132670 existir temeridad:
«la Sala considera que en el caso concreto se
configura la temeridad entre la presente acción de
tutela y las de otros dos procesos».
Juzgado 56 Penal Municipal con El 23 de octubre de 2023, el Juzgado «declara
Función de Control de Garantías improcedente la acción instaurada conforme la
2023-00278 aplicación de la figura de temeridad constitucional».
Tribunal Superior del Distrito El 15 de febrero de 2024, el Tribunal declaró
Judicial de Bogotá. 2024-00466 improcedente la tutela y desvinculó al Hospital
Universitario San Ignacio.
Juzgado 34 Penal del Circuito con El 15 de mayo de 2024, el Juzgado negó el amparo
Función de Conocimiento. 2024- por ausencia de vulneración de derechos.
00065
Tribunal Superior del Distrito El Tribunal remitió la tutela a los juzgados penales
Judicial de Bogotá, Sala Penal. del circuito Bogotá, por falta de competencia.
11001-22-04-000- 2024-01610-00
Tribunal Superior del Distrito El 28 de mayo de 2024, el Tribunal negó el amparo
Judicial de Bogotá, Sala Penal. por ausencia de vulneración de derechos y
11001-22-04-000-2023-00466-00. desvinculó al Hospital Universitario San Ignacio y a
las demás entidades vinculadas
Juzgado 25 Administrativo del En fallo del 8 de julio de 2025 se dispuso
Circuito Judicial. 11001-33-35- «Finalmente, se reitera que la tutela no es el
025-2025-00237-00. mecanismo idóneo para perseguir pretensiones de
índole económico, lo que refuerza la tesis de que el
actuar de la accionante no busca la protección
legítima de derechos fundamentales, sino la
instrumentalización del mecanismo constitucional
para fines distintos a los previstos por el
ordenamiento jurídico. Por consiguiente, en el
presente asunto es viable concluir que la tutela es
improcedente porque desconoce el principio de
subsidiariedad que gobierna este mecanismo
excepcional, ya que la accionante cuenta con otros
mecanismos de defensa judiciales para hacer
efectiva la protección reclamada».
Informó que el 2 de junio del «presente año [sic]» envió la historia clínica a la Fiscalía
40 Seccional Unidad de vida-feminicidio, atendiendo el requerimiento número
110016099085202250565.
Por otro lado, adujo que Famisanar EPS a la fecha tiene una cartera pendiente con
el Hospital Universitario San Ignacio, situación que indefectiblemente afecta la
operación normal del Hospital, máxime cuando aún con las atenciones iniciales de
urgencias se siguen causando cuentas.
Así las cosas, solicitó que se declare improcedente la tutela, por tratarse de una
acción temeraria.
La Entidad Promotora de Salud Famisanar S.A.S fue debidamente notificada de
la acción de tutela; sin embargo, guardó silencio.
Se decidirá previa las siguientes,
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• Archivo Central.
CONSIDERACIONES
A la Sala le corresponde decidir sobre la tutela solicitada, para lo cual se abordarán
los siguientes temas: I) generalidades de la acción de tutela; II) requisito de
subsidiariedad de la acción de tutela y III) análisis del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
Requisito de subsidiariedad de la acción de tutela
Conforme la jurisprudencia desarrollada y reiterada de la Corte Constitucional, esta
acción es eminentemente subsidiaria, de ahí que, en virtud de esta característica,
los conflictos jurídicos relacionados con los derechos fundamentales deben ser, en
principio, resueltos por las vías ordinarias jurisdiccionales y sólo ante la ausencia
de dichas vías o cuando las mismas no sean idóneas y eficaces para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a la acción de
amparo constitucional.
La existencia de otro mecanismo judicial, ha sostenido el máximo tribunal
constitucional, per se, no constituye una razón suficiente para declarar la
improcedencia de la acción, en la medida que el mismo debe ser idóneo, lo que
significa que debe ser materialmente apropiado para generar el efecto protector de
los derechos fundamentales, además, debe ser un medio eficaz, esto es, estar
diseñado de forma tal que brinde oportunamente una protección al derecho.
Ahora bien, en torno a la necesidad de examinar la irremediabilidad del perjuicio, en
uno de sus tantos pronunciamientos, la Corte Constitucional expuso:
«(…) Para determinar la irremediabilidad del perjuicio hay que tener en cuenta
la presencia concurrente de varios elementos que configuran su estructura,
como la inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el
sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los
hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo
necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales
fundamentales»2.
2 Sentencia T-570 de 2007, MP Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.
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• Archivo Central.
Análisis del caso concreto
En síntesis, la señora MCCC considera que la Entidad Promotora de Salud
Famisanar S.A.S. y el Hospital Universitario San Ignacio de Bogotá vulneran sus
derechos fundamentales a la salud, a la vida en condiciones dignas, al libre
desarrollo de la personalidad, a la seguridad social e integridad física y personal,
por negar el reembolso del pago de la cirugía de reconstrucción de genitales y no
reconocer y cancelar una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.
Para el efecto, la accionante aportó las siguientes pruebas:
• Copia de las siguientes epicrisis 1) del 4 de noviembre de 2022 emitida por la
Clínica de Especialistas de Girardot; 2) del 21 de marzo de 2021 y el 8 de septiembre
de 2022 de la Clínica Med; 3) del 25 de noviembre de 2022 de Colsubsidio; 4) del
14 de diciembre de 2022 expedida por Dumian Medical y 5) del 13 de enero de 2023
de Colsubsidio.
• Facturación electrónica de venta expedida por la Dirección de impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN) por valor de $43.930.000, donde aparece como
comprador la accionante y como vendedor el Centro Especializado en Cirugía
Mamaria S.A.S.
• Fallo de tutela del 9 de febrero de 2022 proferido por el Juzgado 61 Penal Municipal
con Función de Control de Garantías de Bogotá, con radicado 11001-40-88-061-
2022-0009-00.
• Providencia que resolvió incidente de desacato del 5 de abril de 2022 proferida por
el Juzgado 61 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, con radicado
2022-0009.
• Fallo de tutela del 19 de mayo de 2022 proferido por el Juzgado 62 Penal Municipal
con Función de Control de Garantías, con radicado 11001-40-88-071-2022-039.
• Auto del 11 de julio de 2022 que resolvió incidente de desacato dentro del proceso
2022-039.
• Auto núm. A2025-004444 del 31 de diciembre de 2025, por medio del cual la
Superintendencia Nacional de Salud 3 rechazó demanda promovida por la
accionante en contra de Famisanar EPS, por no subsanar en debida forma la
demanda, conforme a lo requerido en el Auto Inadmisorio A2025-002020 del 16 de
octubre de 2025.
3 Función jurisdiccional de la Superintendencia artículo 47 de la Ley 1122 de 2007, modificado y adicionado por
los artículos 126 y 127 de la Ley 1438 de 2011 y por el artículo 6 de la Ley 1949 de 2019
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Previo a proceder al análisis del fondo del asunto, se observa que - elArchivo Central.
Hospital
Universitario San Ignacio alegó que la actuación de la accionante es temeraria, ya
que ha presentado 11 tutelas sobre el mismo tema; sin embargo, se advierte que
no aportó copia de las decisiones ni brindó información sobre los hechos y las
pretensiones de dichas acciones, y en el sistema de consulta de procesos de la
Rama Judicial no se encontraron las providencias aludidas 4.
El único pronunciamiento que se logró obtener fue la sentencia del 8 de abril de
2025 con radicado 11001-33-35-025-2025-00237-00, la cual fue proferida en la
acción instaurada por la accionante en contra del Ministerio de Defensa, de la Policía
Nacional, del Ministerio de Salud y Protección Social, de la Fiscalía General de la
Nación, de Famisanar EPS, del Hospital Universitario San Ignacio y de la Unidad
Nacional de Protección, por la presunta comisión de conductas delictivas y
terroristas.
En ese orden, la Sala no advierte que la actuación de la accionante sea temeraria,
pues la acción de tutela antes referenciada no tiene identidad de partes, objeto y
causa petendi con esta acción constitucional.
Ahora, en cuanto a las pretensiones de la accionante, la Sala encuentra que la tutela
resulta improcedente por no satisfacer el requisito de subsidiariedad, pues la actora
cuenta con otros mecanismos de defensa, a fin de obtener el reembolso del dinero
que utilizó para la cirugía de reconstrucción de genitales, esto es, la instauración de
una demanda ante la Superintendencia Nacional de Salud, acorde con el artículo
41 de la Ley 1122 de 2007, el que le fue negado por la EPS Famisanar S.A.S a
través del Oficio 100788 del 1.° de septiembre de 2025, o ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, si pretende la nulidad de dicho Oficio.
Si bien es cierto la actora ya había instaurado una demanda anterior ante dicha
Superintendencia, lo cierto es que esta fue rechazada por no haberse subsanado
en debida forma, pero, como allí se le señaló a la demandante, puede formular una
nueva. En efecto, en el Auto A2025-004444 del 31 de diciembre de 2025, se le indicó
que: «podrá presentar nuevamente su solicitud, teniendo en cuenta los requisitos
legales, dichos documentos deben ser adjuntos en formato PDF sin el uso de
plataformas de información o carpetas comprimidas».
Se observa que la accionante pidió en esta acción «a título de restablecimiento del
derecho» el pago de la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, pero
no aclaró si hacía referencia a la negativa de la EPS de realizar el reembolso o a
los hechos que, según expuso, ocurrieron el día de la cirugía; sin embargo, debe
recordarse que la tutela no es el mecanismo idóneo para lograr el pago de sumas
dinerarias ni para efectuar juicios de responsabilidad administrativa, civil o penal,
pues para ello en el ordenamiento jurídico se prevén distintos mecanismos judiciales
idóneos y eficaces.
4 Teniendo en cuenta que el Hospital no indicó el número completo del radicado y dado que se trata de acciones
constitucionales.
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de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
• Archivo Central.
Además, la solicitante del amparo no argumentó y mucho menos allegó prueba
siquiera sumaria que demuestre la procedencia de la acción de tutela como
mecanismo transitorio para evitar que se configure un perjuicio de dicha naturaleza
y el juez constitucional tampoco evidencia que exista una circunstancia excepcional
que amerite un estudio de fondo, para la protección de los derechos invocados,
máxime si se tiene en cuenta que a la actora ya le fueron prestados los servicios
médicos y lo único que pretende a través de esta acción es la devolución de las
sumas pagadas y el reconocimiento de una indemnización.
Así las cosas, se declarará improcedente la acción de tutela por no satisfacer el
requisito de subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la
señora MCCC, conforme a las consideraciones expuestas en esta providencia.
Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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