RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-02315-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02315-00

Fecha
15 de mayo de 2026
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02315-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: NEGAR la acción de tutela promovida por el Consorcio Piedemonte contra el Tribunal Administrativo de Arauca. SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02315-00

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

15 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., quince (15) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02315-00

Accionante: CONSORCIO PIEDEMONTE

Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ARAUCA

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

MORA JUDICIAL-Se configura por la dilación injustificada y el desconocimiento negligente de términos. MORA
JUDICIAL-Por la congestión estructural de los despachos judiciales no toda dilación configura mora. TUTELA -
No procede para interferir en las decisiones que están pendientes en el proceso ordinario.

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el Consorcio Piedemonte, contra
el Tribunal Administrativo de Arauca.

ANTECEDENTES

1. Acción de tutela

El 20 de marzo de 2026, el Consorcio Piedemonte, representado legalmente por
Plutarco Daza Trujillo, por conducto de apoderada judicial1, formuló acción de tutela
con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia. Sostuvo que tales garantías resultaron
vulneradas por el Tribunal Administrativo de Arauca, con ocasión de la presunta mora
judicial en la que incurrió dentro del proceso ejecutivo contractual con radicado
81001233900020180001000, promovido contra la Empresa de Servicios Públicos
Caribabare E.P.S., por la falta de pronunciamiento sobre varias solicitudes elevadas
por la parte ejecutante.

1
Cfr. SAMAI, índice 2. Archivo: 6ED_4_EXPEDIENTEDIGI_Dem(.pdf) NroActua 2: Pág. 7.

2
Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-02315-00
Accionante: Consorcio Piedemonte
Acción de tutela – Primera instancia

En virtud de la acción de tutela, la parte accionante solicitó textualmente:

« 4.1. Sírvase su señoría, ADMITIR la presente acción constitucional de tutela por
reunir los requisitos señalados en el artículo 14 del Decreto 2591 de 1.991.

4.2. Previo el trámite correspondiente de la Acción de tutela regulado en el Decreto
2591 de 1.991 y demás normas aplicables, en la Sentencia de tutela sírvase disponer
lo siguiente:

• TUTELAR a favor del CONSORCIO PIEDEMONTE el DERECHO
FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO (Artículo 29 de la Constitución
Política) y el DERECHO AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
(Artículo 229 de la Constitución Política).

• Se le ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ARAUCA que
atendiendo el principio de imparcialidad y en virtud del derecho al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, se pronuncie en un plazo
razonable respecto de las peticiones presentadas por el CONSORCIO
PIEDEMONTE dentro del proceso ejecutivo contractual No.
81001233900020180001000, como son: (i) solicitud de fijación de fecha para
audiencia inicial (radicada el 02/05/2024), (ii) solicitud de ampliación de
medidas cautelares (radicada el 15/05/2024) y (iii) solicitud de impulso
procesal y advertencia respetuosa sobre mora judicial (radicada el
23/02/2026)».

2. Hechos relevantes

El Consorcio Piedemonte expuso que, el 11 de enero de 2018, por conducto de
apoderada judicial, promovió demanda ejecutiva contractual contra la Empresa de
Servicios Públicos Caribabare E.P.S. ante el Tribunal Administrativo de Arauca.
Indicó que, en esa misma fecha, la Oficina de Apoyo Judicial de Arauca asignó el
conocimiento del asunto al Despacho 001 de esa corporación, al cual correspondió
el radicado 81001233900020180001000. Señaló que, el 24 de abril de 2018,
presentó reforma de la demanda ejecutiva contractual.

Refirió que, mediante autos del 17 de septiembre de 2018, el Tribunal Administrativo
de Arauca libró mandamiento de pago y decretó medidas cautelares dentro del
proceso ejecutivo contractual. Manifestó que, con posterioridad, la autoridad judicial
profirió los autos del 3 de noviembre de 2022, mediante los cuales amplió las
medidas cautelares y resolvió el recurso de reposición interpuesto por la Empresa

3
Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-02315-00
Accionante: Consorcio Piedemonte
Acción de tutela – Primera instancia

de Servicios Públicos Caribabare E.P.S. contra el auto que libró mandamiento de
pago. Según afirmó, esas fueron las últimas providencias dictadas dentro del
expediente ordinario.

Señaló que, el 2 de mayo de 2023, presentó memorial de impulso procesal, en el
que solicitó que se fijara fecha para audiencia inicial, sin que esa petición hubiera
sido resuelta para la fecha de presentación de la tutela. Indicó, además, que el 4 de
abril de 2024 solicitó la ampliación de las medidas cautelares, con el fin de que se
ordenara el embargo y secuestro de varios bienes inmuebles que, según afirmó, eran
de propiedad de la Empresa de Servicios Públicos Caribabare E.P.S. Agregó que
esa solicitud tampoco había recibido pronunciamiento por parte del Despacho 001
del Tribunal Administrativo de Arauca.

Expuso que, el 23 de febrero de 2026, presentó un nuevo memorial de impulso
procesal, debido a que, desde la expedición de los autos del 3 de noviembre de 2022,
el proceso permanecía en mora judicial. Precisó que, desde esa última actuación
judicial hasta la presentación de la acción de tutela, ocurrida el 20 de marzo de 2026,
habían transcurrido aproximadamente tres años, cuatro meses y diecisiete días sin
que el Tribunal Administrativo de Arauca hubiera expedido otro auto o providencia
dentro del proceso ejecutivo contractual.

Manifestó que, dentro del mismo proceso ejecutivo contractual, ya se había
presentado una acción de tutela anterior por la presunta vulneración de los derechos
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. Explicó que la misma
fue resuelta por el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección C, mediante
sentencia del 16 de diciembre de 2022, en la cual se declaró la carencia actual de
objeto por hecho superado, debido a que el Tribunal Administrativo de Arauca había
proferido los autos del 3 de noviembre de 2022. No obstante, precisó que, para la
fecha de radicación de esa tutela, dichos autos aún no habían sido publicados ni
notificados al Consorcio Piedemonte, pues la notificación solo se surtió el 22 de
noviembre de 2022.

Finalmente, afirmó que la última actuación registrada en SAMAI dentro del proceso
ejecutivo contractual correspondía al memorial de impulso procesal radicado el 23
de febrero de 2026.

4
Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-02315-00
Accionante: Consorcio Piedemonte
Acción de tutela – Primera instancia

3. Fundamentos de la acción

La parte accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, debido a la presunta mora judicial
en la que incurrió el Tribunal Administrativo de Arauca dentro del proceso ejecutivo
contractual 81001233900020180001000. La parte actora sostuvo que, desde los
autos del 3 de noviembre de 2022, no se había proferido ninguna nueva providencia
dentro del expediente, a pesar de que se encontraban pendientes de decisión varias
solicitudes, entre ellas la fijación de fecha para audiencia inicial, la ampliación de
medidas cautelares y el impulso procesal presentado el 23 de febrero de 2026.

La parte accionante invocó como fundamento constitucional los artículos 86, 228 y
229 de la Constitución Política, así como el Decreto 2591 de 1991. Además, citó el
artículo 121 del Código General del Proceso, por remisión del CPACA, para señalar
que los términos procesales son perentorios y que su incumplimiento podía incidir en
la garantía de una administración de justicia pronta y cumplida. También afirmó que
la mora judicial injustificada vulneraba el debido proceso y el acceso efectivo a la
administración de justicia, en especial cuando existió inactividad prolongada no
justificada por parte del despacho judicial.

En apoyo de su postura, la demanda citó jurisprudencia constitucional sobre mora
judicial y perjuicio irremediable, especialmente la Sentencia T-230 de 2013. A partir
de esa referencia, sostuvo que la mora judicial injustificada se configuraba cuando
existió incumplimiento de los términos legales, ausencia de una razón válida que
explicara la tardanza y omisión imputable a la autoridad judicial. También reconoció
que la mora podía estar justificada por la complejidad del asunto, la congestión
judicial o circunstancias imprevisibles, pero afirmó que, en su caso, la inactividad del
Tribunal Administrativo de Arauca había excedido un plazo razonable.

En síntesis, el fundamento central de la acción fue que la falta de pronunciamiento
del Tribunal Administrativo de Arauca frente a las solicitudes pendientes dentro del
proceso ejecutivo contractual habría impedido el avance del trámite judicial y, por
esa razón, habría comprometido los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia del Consorcio Piedemonte.

5
Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-02315-00
Accionante: Consorcio Piedemonte
Acción de tutela – Primera instancia

4. Trámite procesal

El 6 de abril de 2026 se admitió la acción de tutela y se ordenó su notificación al
Consorcio Piedemonte, al Tribunal Administrativo de Arauca y a la Empresa de
Servicios Públicos Caribabare E.S.P., esta última en calidad de tercero interesado.
Asimismo, se informó a la autoridad judicial accionada y a los terceros con interés
que, en el término de tres (3) días, podían rendir informe sobre los hechos objeto de
la tutela. También se notificó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
para su eventual intervención, se dispuso la publicación de la providencia en la
página web del Consejo de Estado, se tuvieron como pruebas los documentos
allegados con la solicitud, se solicitó al Tribunal Administrativo de Arauca la remisión
de la copia digital del expediente 81001-23-39-000-2018-00010-00, se suspendió el
término para decidir mientras se practicaban las pruebas ordenadas y se reconoció
personería a la abogada Ana Cleotilde Villamizar Pabón como apoderada del
solicitante.

En los escritos de contestación, el Tribunal Administrativo de Arauca 2 señaló que
el proceso ejecutivo contractual promovido por el Consorcio Piedemonte contra la
Empresa de Servicios Públicos de Tame-Caribabare E.S.P. se encontraba al
despacho para decidir las solicitudes de ampliación de medidas cautelares. Sin
embargo, indicó que la entidad ejecutada había puesto de presente que uno de los
documentos que integraba el título ejecutivo era presuntamente falso, por supuesta
falsedad material e ideológica en el acta de recibo final compensada del 21 de
diciembre de 2012, en la cual se fijó una suma a favor del consorcio. Por esa razón,
mediante auto del 15 de abril de 2026, requirió a la Fiscalía General de la Nación-
Dirección Seccional Arauca para que informara las gestiones adelantadas respecto
de la denuncia radicada por los delitos de falsedad ideológica en documento público
y falsedad material en documento público, así como su estado actual y la Fiscalía o
Juzgado de conocimiento. Finalmente, explicó que la demora en el trámite obedecía
a la elevada carga laboral del despacho, a la insuficiencia de personal de apoyo y a
un volumen superior a 400 procesos y allegó copia digital del expediente requerido3.

2
SAMAI, índice 14.
3
SAMAI, índice 11.

6
Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-02315-00
Accionante: Consorcio Piedemonte
Acción de tutela – Primera instancia

La Empresa de Servicios Públicos de Tame-Caribabare E.S.P. 4, señaló que la
acción de tutela fue dirigida contra el Tribunal Administrativo de Arauca por la
presunta mora judicial dentro del proceso ejecutivo contractual, por lo que afirmó que
era ajena a la decisión que originó el amparo. Indicó que verificó las actuaciones
registradas en SAMAI y precisó algunas fechas del expediente ordinario, entre ellas
que la demanda y el reparto figuraban el 19 de enero de 2018, que las actuaciones
sobre mandamiento de pago y medidas cautelares aparecían el 18 de septiembre de
2018, y que los autos del 3 de noviembre de 2022 fueron registrados el 21 de
noviembre de 2022. También informó que no observó pronunciamiento sobre la
solicitud de impulso procesal del 2 de mayo de 2023 y que las demás solicitudes
mencionadas por la parte accionante reposaban en el expediente digital. Frente a las
pretensiones, sostuvo que no podía ser vinculada a ellas porque estaban dirigidas
exclusivamente contra el Tribunal Administrativo de Arauca. No obstante, indicó que,
si se tenía en cuenta su posición, esta debía limitarse a la defensa de sus intereses
en el proceso ordinario. Solicitó que se adoptara la decisión que en derecho
correspondiera.

CONSIDERACIONES

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela promovida por el
Consorcio Piedemonte contra el Tribunal Administrativo de Arauca, con ocasión de
la presunta mora judicial en la que habría incurrido dicha autoridad dentro del
proceso ejecutivo contractual 5.

6. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la acción con arreglo a lo dispuesto por el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2019

4
SAMAI, índice 13.
5 Proceso identificado con número de radicación: 81001-23-39-000-2018-00010-00.

7
Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-02315-00
Accionante: Consorcio Piedemonte
Acción de tutela – Primera instancia

de la Sala Plena de la Corporación.

Mora judicial

La Corporación ha definido la mora judicial como la conducta dilatoria de un juez
para resolver un proceso judicial, que se explica por el desconocimiento injustificado
y negligente de los términos legales y que carece de un motivo probado y razonable.
Esta situación vulnera el debido proceso y el derecho de acceso a la administración
de justicia. Ahora bien, por las condiciones estructurales que producen congestión y
lentitud en los despachos judiciales, no toda dilación en la decisión de un asunto
equivale a mora o a negligencia 6. En efecto, dicha situación puede producirse por
causas externas como la excesiva carga laboral y la falta de una infraestructura
básica en los despachos judiciales, que limitan sus capacidades de acción 7.

A su vez, la Corte Constitucional ha advertido que no todo desconocimiento de los
plazos establecidos en la ley da lugar a la violación de los derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, pues ello solo se
configura cuando el juez no puede justificar su retardo. Así, ha integrado el concepto
convencional de “plazo razonable” para evaluar si, al omitir resolver un proceso
judicial en término, el juez transgredió las garantías judiciales del usuario de la
administración de justicia. Dicho análisis abarca la complejidad del asunto, la
actividad procesal del interesado, la conducta del operador judicial y la afectación
generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso 8.

Caso concreto

En el presente asunto, el Consorcio Piedemonte acudió a la acción de tutela con el
propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia, los cuales estimó vulnerados por el
Tribunal Administrativo de Arauca. La inconformidad se originó en la presunta mora
judicial que, a su juicio, se configuró dentro del proceso ejecutivo contractual 81001-
23-39-000-2018-00010-00, promovido contra la Empresa de Servicios Públicos de

6 Corte Constitucional, sentencia T-577 de 2008
7 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 15 de septiembre de 2016, rad nº. 11001-03-15-000-2016-

01884-00. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
8 Sentencia SU-179 de 2021.

8
Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-02315-00
Accionante: Consorcio Piedemonte
Acción de tutela – Primera instancia

Tame-Caribabare E.S.P., por la falta de pronunciamiento frente a las solicitudes de
fijación de audiencia inicial, ampliación de medidas cautelares e impulso procesal.

De acuerdo con el escrito de tutela, el proceso ejecutivo contractual tuvo como
últimas providencias relevantes los autos del 3 de noviembre de 2022, mediante los
cuales el Tribunal Administrativo de Arauca amplió unas medidas cautelares y
resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el mandamiento de pago. Con
posterioridad, la parte ejecutante presentó solicitudes orientadas a obtener impulso
procesal y decisión sobre medidas cautelares. En particular, en la demanda de tutela
se hizo referencia a los memoriales relacionados con la fijación de audiencia inicial,
la ampliación de medidas cautelares y el impulso procesal radicado el 23 de febrero
de 2026.

Al revisar la situación planteada, la Sala advierte que las pretensiones de la parte
actora se dirigen a que el juez constitucional intervenga en un proceso ejecutivo
contractual que permanece en curso ante el juez natural. En efecto, la controversia
expuesta por el Consorcio Piedemonte se relaciona con la oportunidad en que el
Tribunal Administrativo de Arauca debe resolver solicitudes elevadas dentro del
proceso ordinario, asunto que, en principio, corresponde a la dirección procesal del
despacho judicial que conoce del expediente.

Además, el Tribunal Administrativo de Arauca informó que el proceso se encontraba
al despacho para decidir las solicitudes de ampliación de medidas cautelares
formuladas por la parte ejecutante. No obstante, explicó que, antes de continuar con
las actuaciones correspondientes, advirtió que la entidad ejecutada había puesto de
presente que uno de los documentos que integraba el título ejecutivo era
presuntamente falso, por supuesta falsedad material e ideológica en el acta de recibo
final compensada del 21 de diciembre de 2012, documento en el que se habría fijado
una suma a favor del Consorcio Piedemonte.

En ese sentido, la autoridad accionada indicó que, mediante auto del 15 de abril de
2026, requirió a la Fiscalía General de la Nación-Dirección Seccional Arauca para
que informara las gestiones adelantadas respecto de la denuncia con radicado
817946001227201800049, relacionada con los delitos de falsedad ideológica en
documento público y falsedad material en documento público, así como su estado

9
Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-02315-00
Accionante: Consorcio Piedemonte
Acción de tutela – Primera instancia

actual y la Fiscalía o Juzgado de conocimiento. De esa manera, se advierte que el
trámite judicial no se encontraba paralizado de forma absoluta, pues el despacho
adoptó una determinación procesal encaminada a recaudar información que estimó
necesaria para continuar con el proceso ejecutivo.

En ese contexto, la Sala no encuentra demostrado que la tardanza cuestionada
obedezca a una conducta caprichosa, arbitraria o negligente atribuible a la autoridad
judicial accionada. La situación manifestada por el accionante no conduce, por sí
misma, a concluir la existencia de una mora judicial inconstitucional. Para ello se
requiere constatar que el retardo careció de justificación objetiva y razonable,
presupuesto que no se acreditó en este caso, pues el tribunal explicó que, con
ocasión de la denuncia penal relacionada con la presunta falsedad de uno de los
documentos que integran el título ejecutivo, consideró necesario recaudar
información ante la Fiscalía General de la Nación respecto del estado actual de la
investigación, actuación que estimó indispensable para adoptar las decisiones
subsiguientes dentro del proceso ejecutivo.

Así las cosas, la Sala concluye que no se configuró una mora judicial injustificada
que habilite la intervención del juez de tutela en el trámite del proceso ejecutivo
contractual. En consecuencia, no resulta procedente impartir las órdenes
encaminadas a que se resuelvan de manera inmediata las solicitudes de fijación de
audiencia inicial, ampliación de medidas cautelares e impulso procesal formuladas
por la parte ejecutante, pues ello implicaría interferir en la dirección del proceso a
cargo del juez natural y desconocer las actuaciones que este ha considerado
necesarias para continuar con el trámite conforme a las particularidades del asunto,
pues ello supondría interferir en la competencia del juez natural y desconocer el
orden de prelación de los asuntos sometidos a su conocimiento.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

10
Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-02315-00
Accionante: Consorcio Piedemonte
Acción de tutela – Primera instancia

RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR la acción de tutela promovida por el Consorcio Piedemonte
contra el Tribunal Administrativo de Arauca.

SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.