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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02317-01

Fecha
10 de julio de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02317-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 30 de abril de 2026 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2026-02317-01

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

10 de julio de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02317-01
Accionante: Joanna Alexandra Rodríguez Tamayo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., diez (10) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02317-01
Accionante: Joanna Alexandra Rodríguez Tamayo
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y Comisión Seccional
de Disciplina Judicial de Antioquia
Referencia: Acción de tutela

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – Carácter subsidiario del amparo. Requisitos
generales y especiales de procedencia. Relevancia constitucional – improcedencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante contra la sentencia
proferida el 30 de abril de 2026 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante
la cual declaró improcedente la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Joanna Alexandra Rodríguez Tamayo, actuando en nombre propio, promovió acción de
tutela con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso,
a la defensa, a la presunción de inocencia, a la igualdad, a la libertad de profesión u oficio
y al mínimo vital 1, que consideró vulnerados por la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial con ocasión de la sentencia del 3 de diciembre de 2025, que confirmó el fallo
proferido el 30 de mayo de 2025 por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Antioquia y, en consecuencia, la sancionó con suspensión de nueve (9) meses en el
ejercicio de la profesión de abogacía, dentro del proceso disciplinario identificado con el
radicado núm. 05001-25-02-000-2023-00990-00/01.

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica:

2.1. La señora Joanna Alexandra Rodríguez Tamayo señaló que se ha desempeñado
como abogada independiente durante aproximadamente 19 años. En ese contexto, el 6
de marzo de 2020 suscribió un contrato de prestación de servicios profesionales con la

1 Índice 00002 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado 0D7EABE86A898751

EB0F7F7DB7DE7099 72C84413651CFC1F 4D21A0F5620D2337 .

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Accionante: Joanna Alexandra Rodríguez Tamayo

señora Luz Ofelia Espinosa Atehortúa, cuyo objeto consistió en adelantar: (i) el
agotamiento de la sede administrativa; (ii) la audiencia de conciliación prejudicial, y (iii) la
presentación de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Distrito
Especial de Medellín-Secretaría de Educación, con ocasión del presunto despido injusto
del que habría sido víctima la contratante.

2.2. La accionante manifestó que el recaudo probatorio ante la Secretaría de Educación
del Distrito Especial de Medellín presentó múltiples dificultades. Señaló que, pese a ello,
el 17 de diciembre de 2021 radicó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

2.3. El asunto le correspondió al Tribunal Administrativo de Antioquia bajo el radicado
núm. 05001-23-33-000-2022-00054-00 autoridad que, mediante auto del 24 de marzo de
2023, rechazó la demanda al encontrar configurada la caducidad del medio de control. A
raíz de esa decisión, la señora Luz Ofelia Espinosa Atehortúa formuló queja disciplinaria
contra la profesional del derecho, al considerar que esta le ocasionó un grave perjuicio al
presentar la demanda por fuera del término legal.

2.4. El expediente le correspondió por reparto, a la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Antioquia, bajo el radicado núm. 05001-25-02-000-2023-00990-00. Mediante
sentencia del 30 de mayo de 2025, esa autoridad declaró disciplinariamente responsable
a la señora Rodríguez Tamayo y le impuso la sanción de suspensión en el ejercicio de la
profesión por el término de nueve (9) meses, tras encontrar acreditada la falta prevista
en el numeral 1 del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, en concordancia con el
incumplimiento del deber previsto en el numeral 10 del artículo 28 de la misma ley, a título
de culpa.

La autoridad judicial disciplinaria sustentó la responsabilidad de la investigada en la falta
de diligencia profesional que permitió la configuración de la caducidad del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho. Precisó que, aunque la disciplinada
sostuvo que el asunto versaba sobre prestaciones periódicas, el análisis del caso
evidenció que la pretensión principal consistía en la nulidad de un acto administrativo
relacionado con un despido indirecto derivado de presunto acoso laboral, circunstancia
que imponía la carga de promover la acción dentro de los cuatro meses siguientes a la
notificación del acto.

En ese sentido, concluyó que la demanda se presentó el 17 de diciembre de 2021, pese
a que el término de caducidad había expirado el 14 de agosto del mismo año,
circunstancia que comprometió el derecho de acceso a la administración de justicia de la
señora Espinosa Atehortúa.

La Comisión Seccional calificó la conducta como antijurídica y culpable, al considerar que
la investigada no acreditó una justificación válida para explicar su falta de diligencia y, en
consecuencia, incumplió el deber de atender con celo y prontitud los asuntos
encomendados, previsto en la Ley 1123 de 2007. Añadió que los argumentos defensivos,
sustentados en precedentes que no resultaban aplicables y en circunstancias carentes
de respaldo probatorio, no desvirtuaban que el rechazo de la demanda obedeció
directamente a la actuación negligente de la profesional.

2

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Accionante: Joanna Alexandra Rodríguez Tamayo

2.5. Inconforme con esa decisión, la accionante manifestó, mediante correo electrónico,
su intención de sustentar recurso de apelación, al estimar que la sentencia de primera
instancia no se encontraba conforme a derecho y por ende vulneraba su derecho al
debido proceso y los principios de legalidad entre otros. No obstante, dejó vencer el
término sin presentar la correspondiente sustentación.

Por su parte, el apoderado de oficio designado para representarla interpuso y sustentó
oportunamente el recurso de apelación. Sostuvo que la disciplinada actuó con
fundamento en una interpretación legítima de la jurisprudencia del Consejo de Estado,
según la cual el término de caducidad aplicable era de tres años para la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho de naturaleza laboral. Añadió que el rechazo de la
demanda obedeció únicamente a una diferencia de criterio con el Tribunal Administrativo
de Antioquia.

Asimismo, afirmó que la quejosa fue informada oportunamente sobre la posibilidad de
presentar nuevamente la demanda antes del vencimiento del término que, en su criterio,
resultaba aplicable, alternativa que aquella decidió no ejercer. Con base en ello, concluyó
que no existió ilicitud sustancial ni nexo causal entre la conducta atribuida a la disciplinada
y el perjuicio alegado.

2.6. Mediante auto del 3 de julio de 2025 La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Antioquia rechazó el recurso de apelación formulado por la accionante, por falta de
sustentación, y concedió el interpuesto por el apoderado de oficio.

2.7. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a través de fallo del 3 de diciembre de
2025, confirmó íntegramente la decisión de primera instancia. Consideró acreditado que
la señora Rodríguez Tamayo incumplió el deber de actuar con la debida diligencia
profesional al permitir la caducidad del medio de control cuya promoción le había sido
encomendada.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

Como pretensiones la parte actora solicitó

“1. Que no se abstengan a decidir la presente acción de tutela, teniendo en cuenta
que son competentes para dirimir esta vulneración de derechos, ya que, al
sancionarme de manera injustificado, por una acción disciplinaria ya prescrita, y por
un criterio jurídico al momento de contratar unos servicios profesionales, evidencia
una limitación restrictiva del ejercicio de la profesión.
2. La decisión de segunda instancia que confirma la sanción no tenía recurso alguno
siendo la acción de tutela, el mecanismo subsidiario para impedir la vulneración de
mis derechos fundamentales.
3. Que se revoquen las sentencias proferidas por la COMISIÓN NACIONAL Y
SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, en virtud de que ocurrió el fenómeno de la
prescripción de la acción disciplinaria27 y ya estos no eran competentes para dictar
sentencia.
En virtud de que las sentencias, disciplinarias se profirieron cuando la falta ya había
prescrito la acción, en tanto el contrato de prestación de prestación de servicios
profesionales, se firmó con la contratante el 20 de Marzo de 2020 y la sentencia en
primera instancia se dictó en el mes de Junio de 2025.
4. Que en caso de no declarar la prescripción se analice, la graduación de la sanción.

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5. O en caso de que el Juez de tutela, lo considere necesario se ordene al juez
disciplinario proferir un nuevo fallo, en el cual se sigan los lineamientos que determine
el juez de tutela”2.

Como fundamento de sus pretensiones, la accionante sostuvo que las autoridades
disciplinarias incurrieron en un defecto sustantivo al efectuar una interpretación extensiva
y contraria a la ley del numeral 10 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, al consi derar
que incumplió el deber de atender con celosa diligencia el encargo profesional conferido
por la señora Luz Ofelia Espinosa Atehortúa. Explicó que, cuando asumió la
representación judicial de su cliente, existía una discusión jurisprudencial sobre el término
de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en casos de
despido indirecto de empleados públicos, por lo que su actuación obedeció a una
interpretación jurídica razonable y respaldada por decisiones del Consejo de Estado, mas
no a una conducta negligente. Añadió que el rechazo posterior de la demanda no podía
erigirse, por sí solo, en fundamento de responsabilidad disciplinaria.

Afirmó que las providencias cuestionadas desconocieron el principio de legalidad, la
presunción de inocencia, los principios de favorabilidad e in dubio pro disciplinado, pues
las autoridades disciplinarias omitieron considerar que la controversia sobre la caduci dad
del medio de control admitía interpretaciones diversas y que, por tanto, no existía certeza
suficiente para atribuirle responsabilidad disciplinaria. En esa medida, estimó que fue
sancionada por una diferencia de criterio jurídico respecto del cómputo del término para
promover la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, circunstancia que, a su
juicio, comprometía el libre ejercicio de la profesión de abogado y excedía el ámbito del
poder disciplinario del Estado.

Adujo la configuración de un defecto fáctico, porque las autoridades accionadas valoraron
de manera incompleta el material probatorio obrante en el expediente disciplinario. En
particular, sostuvo que no tuvieron en cuenta las circunstancias en las que asumió el
mandato profesional, las actuaciones adelantadas durante la ejecución del contrato de
prestación de servicios, la existencia de precedentes judiciales sobre la materia y las
pruebas que demostraban que la estrategia procesal adoptada obedeció a una
interpretación jurídica fundada. Agregó que tampoco se valoró la existencia de un
apoderado anterior de la señora Luz Ofelia Espinosa Atehortúa ni las circunstancias
relacionadas con dicha representación, aspecto que consideró relevante para establecer
la responsabilidad disciplinaria.

De otra parte, sostuvo que dentro del trámite disciplinario se vulneró su derecho de
defensa y el debido proceso, porque la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no
examinó los argumentos expuestos por su apoderado contractual en la sustentación del
recurso de apelación y porque se le impuso un defensor de oficio pese a que ejercía su
defensa material. Igualmente, afirmó que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial
omitió declarar la prescripción de la acción disciplinaria, a pesar de que dicha
circunstancia fue propuesta por el defensor de oficio durante la primera instancia, y
cuestionó que las autoridades disciplinarias no hubieran precisado si la conducta
investigada correspondía a una falta instantánea, permanente o continuada, aspecto que

2 Ibid.

4

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consideró indispensable para establecer el momento inicial del cómputo del término de
prescripción previsto en el artículo 24 de la Ley 1123 de 2007.

Finalmente, manifestó que la sanción de suspensión por nueve meses resultaba
desproporcionada e irrazonable frente a la conducta investigada y afectaba gravemente
su derecho al trabajo, al mínimo vital y al libre ejercicio de la profesión. Asimismo,
cuestionó que el 28 de enero de 2026 se hubiera dispuesto el inicio del cumplimiento de
la sanción desde la misma fecha de la notificación, sin otorgarle un término que permitiera
proteger sus derechos y los de las personas a quienes representaba profesionalmente.
En su criterio, todas estas irregularidades evidencian que las decisiones disciplinarias
desconocieron las garantías del debido proceso y justificaban la intervención excepcional
del juez de tutela.

4. Trámite de tutela e intervenciones

Mediante auto del 27 de marzo de 20263, el magistrado ponente de la Subsección B de
la Sección Tercera del Consejo de Estado admitió la acción de tutela; vinculó como
tercera con interés a la señora Luz Ofelia Espinosa Atehortua; ofició a las autoridades
judiciales accionadas para que remitieran copia del expediente objeto de amparo; y
ordenó notificar a los sujetos procesales.

Una vez efectuadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:

4.1. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial4, a través del magistrado ponente de
la decisión cuestionada solicitó declarar la improcedencia de la acción por no superar el
requisito de relevancia constitucional, o en su defecto negar las pretensiones de amparo.

Sostuvo que la solicitud de tutela reproduce, en esencia, los mismos argumentos
formulados por la accionante durante el trámite del recurso de apelación disciplinario, los
cuales fueron analizados y desestimados en la sentencia de segunda instancia. Advirtió
que la actora pretende reabrir un debate jurídico ya definido por el juez natural y convertir
la tutela en una instancia adicional para controvertir aspectos de legalidad relacionados
con la valoración probatoria, la interpretación de las normas disciplinarias y la
determinación de su responsabilidad profesional.

En cuanto a los defectos alegados, sostuvo que la mayoría de ellos se dirigen a
cuestionar la declaratoria de negligencia profesional y la apreciación de las pruebas,
materias que fueron examinadas dentro del proceso disciplinario. Precisó que el único
reparo que versó específicamente sobre la dosificación de la sanción no podía ser objeto
de estudio en sede de tutela, por cuanto la investigada no formuló cuestionamiento alguno
sobre ese aspecto al interponer el recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, razón por la cual pretendía revivir una etapa procesal ya precluida. No obstante,
indicó que, aun si se analizara dicho planteamiento, la sanción fue debidamente motivada
con fundamento en los criterios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad previstos

3 Índice 00004 del expediente digital de primera instancia, certificado 9DD8B6F6678A508A B0F45DF105F77E74

820153450F16B0A9 E8B830D8AEF1ABF8.
4 Índice 00008 del expediente digital de primera instancia, certificado B41122F61A948579 5D6DB497640CB272

D5026365C79A92E5 D312F001457B1D06.

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en la Ley 1123 de 2007, teniendo en cuenta la modalidad culposa de la conducta, el
perjuicio ocasionado y la ausencia de antecedentes disciplinarios.

Añadió que la providencia cuestionada expuso de manera suficiente las razones por las
cuales la conducta de la disciplinada configuró una infracción al deber de diligencia
profesional, pues quedó demostrado que presentó la demanda cuando el término de
caducidad ya había vencido, circunstancia que ocasionó la pérdida de la oportunidad
procesal de su cliente. En ese sentido, sostuvo que la antijuridicidad disciplinaria no
dependía exclusivamente de la existencia de un perjuicio material, sino del
incumplimiento injustificado de los deberes profesionales previstos en la Ley 1123 de
2007, sin que los argumentos expuestos por la accionante lograran desvirtuar la
responsabilidad que le fue atribuida.

4.2. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia 5, a través de la
magistrada ponente de la primera instancia, solicitó negar el amparo constitucional, al
considerar que las decisiones cuestionadas fueron proferidas con fundamento en las
pruebas recaudadas y en correcta aplicación de la Ley 1123 de 2007, sin que se
configuraran los defectos invocados por la accionante.

Sostuvo que la accionante pretende reabrir el debate probatorio y jurídico surtido en el
proceso disciplinario, particularmente en lo relacionado con la interpretación del término
de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, asunto que
fue ampliamente debatido durante el trámite disciplinario y resuelto tanto por la Comisión
Seccional como por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Por lo que señaló que
busca convertir la tutela en una tercera instancia para imponer una interpretación distinta
a la acogida por el juez natural.

Respecto al reparo sobre la graduación de la sanción, expuso que la accionante no agotó
adecuadamente los mecanismos ordinarios de defensa, pues el recurso de apelación que
interpuso contra la sentencia de primera instancia fue rechazado por falta de sustentación
y el defensor de oficio, cuyo recurso sí fue concedido, no formuló reparo alguno respecto
del quantum de la sanción. Asimismo, indicó que la decisión de rechazar dicho recurso
fue debidamente notificada, por lo que no existió vulneración del derecho de defensa.

Añadió que la tutela tampoco satisface los requisitos generales de procedencia fijados
por la jurisprudencia constitucional para controvertir providencias judiciales, en tanto la
decisión disciplinaria estuvo debidamente motivada, se sustentó en el material probatorio
recaudado y no incurrió en ninguno de los defectos específicos alegados por la
accionante.

Finalmente, frente al cargo relacionado con la prescripción de la acción disciplinaria,
explicó que el término previsto en el artículo 24 de la Ley 1123 de 2007 debía
contabilizarse a partir del momento en que cesó la posibilidad jurídica de cumplir el
encargo profesional, esto es, desde el vencimiento del término para presentar el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho y no desde la suscripción del contrato

5 Índice 00011 del expediente digital de
primera instancia, certificado 16D37643C67775CC 21A715F3332EA940
D7E0A74816C935B5 FF80A317CEAD5346.

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de prestación de servicios. En consecuencia, afirmó que para la fecha en que se
profirieron las sentencias disciplinarias la acción no había prescrito, razón por la cual
solicitó negar el amparo.

4.3 La señora Luz Ofelia Espinosa Atehortua, a pesar de haber sido notificada en debida
forma, no se pronunció en esta etapa procesal.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 30 de abril de 20266, la Sección Quinta del Consejo de Estado
declaró improcedente la acción de tutela por no satisfacer el requisito de relevancia
constitucional.

El juez constitucional de primera instancia señaló que los reproches formulados por la
accionante estaban dirigidos, en esencia, a controvertir la valoración probatoria y la
interpretación jurídica realizada por las autoridades disciplinarias dentro del proceso
sancionatorio, con el propósito de reabrir u n debate propio de la jurisdicción competente.
En ese sentido, consideró que las inconformidades relacionadas con la configuración de
la falta disciplinaria, la interpretación del régimen de caducidad del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho y la apreciación de las pruebas correspondían a
asuntos de mera legalidad que no evidenciaban una controversia de naturaleza
constitucional.

Asimismo, precisó que el cargo relativo a la prescripción de la acción disciplinaria no
satisfacía la carga argumentativa mínima para demostrar la vulneración de derechos
fundamentales, que el cuestionamiento sobre la graduación de la sanción constituía un
planteamiento nuevo que no fue propuesto en el trámite disciplinario, por lo que el
reproche relacionado con la presunta vulneración del derecho de defensa, derivada de la
falta de valoración de los argumentos expuestos por el apoderado de la accionante en la
segunda instancia, tampoco demostraba una afectación con relevancia constitucional. En
consecuencia, concluyó que la acción de tutela pretendía convertir al juez constitucional
en una instancia adicional para revisar decisiones adoptadas por el juez natural, razón
por la cual declaró improcedente el amparo solicitado.

Finalmente, respecto al reparo relativo a que no se valoraron los argumentos de su
abogado de confianza, manifestó que la convocante no justificó, ni explicó de que manera
esta situación desconoció su derecho de defensa.

6. Impugnación7

La parte actora impugnó la decisión de primera instancia y reiteró los argumentos
expuestos en el escrito de tutela.

6 Índice 00013 del expediente digital de primera instancia, certificado 3CEB3D85BF6F4A55 A5C073F1B5CAD3D5

EAF88DFEFAAAFFBC 9BB530B1B7C57D51.
7 Índice 00022 del expediente digital de primera instancia, certificado 6ECF81389B07C9D5 948A91DF52FBF019

B32BE04C029EEDF8 73BB38D22FD33181.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02317-01
Accionante: Joanna Alexandra Rodríguez Tamayo

Sostuvo que la Sección Quinta incurrió en un error al concluir que la acción de tutela
carecía de relevancia constitucional, pues el asunto no se limita a una controversia de
mera legalidad, sino que plantea la vulneración del debido proceso, del derecho de
defensa, del principio de legalidad y del libre ejercicio de la profesión, derivada de las
decisiones adoptadas dentro del proceso disciplinario.

Adujo que la sentencia recurrida omitió pronunciarse sobre los defectos sustantivos,
fácticos y procedimentales planteados en la demanda de tutela, al declarar la
improcedencia del amparo con fundamento exclusivo en la ausencia de relevancia
constitucional. En su criterio, ello impidió el estudio de fondo de los cargos dirigidos a
cuestionar la interpretación realizada por las autoridades disciplinarias sobre el deber de
diligencia profesional, la configuración de la falta disciplinaria, la aplicación del principio
in dubio pro disciplinado, la valoración del material probatorio y la prescripción de la
acción disciplinaria.

Asimismo, reiteró que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial desconoció su derecho
de defensa al no valorar los argumentos expuestos por su apoderado de confianza
durante la segunda instancia disciplinaria y sostuvo que la sanción impuesta carece de
fundamento jurídico, por cuanto fue proferida cuando, a su juicio, la acción disciplinaria
ya había prescrito. También insistió en que las autoridades disciplinarias efectuaron una
interpretación irrazonable del régimen de caducidad del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, circunstancia que condujo a atribuirle una responsabilidad
disciplinaria incompatible con los principios de legalidad, favorabilidad y presunción de
inocencia.

Finalmente, afirmó que la sanción de suspensión por nueve meses resulta
desproporcionada y afecta gravemente su derecho al trabajo, al mínimo vital y al libre
ejercicio de la profesión. Por ello, solicitó revocar la sentencia impugnada y acceder a las
pretensiones de la demanda de tutela.

Mediante auto del 14 de mayo de 20268, la magistrada ponente de la Sección Quinta del
Consejo de Estado concedió la impugnación interpuesta por la parte accionante.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 32
del Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, en tanto
Joanna Alexandra Rodríguez Tamayo es la titular de los derechos que afirma fueron

8 Índice 00024 del expediente digital de primera instancia, certificado 363AAD41FEBE9E8B 6335879BD6FD241B

5A6A4E106EBD299F 96963DF584C1A3E0.

8

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02317-01
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vulnerados, en su condición de sancionada dentro del proceso disciplinario identificado
con el radicado núm. 05001-25-02-000-2023-00990-00/01

2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva porque la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia
fueron las autoridades que profirieron la decisión que, según la parte accionante, vulneró
sus derechos fundamentales.

2.3. Antes de continuar con el análisis de los defectos invocados, la Sala pone de
presente que, aunque la parte actora cuestionó las decisiones proferidas tanto en
primera, como en segunda instancia, circunscribirá su análisis a la providencia del 3 de
diciembre de 2025, dictada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial , por cuanto
fue la providencia que puso fin a la actuación.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia del
30 de abril de 2026, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la acción de tutela por no superar el requisito de relevancia constitucional.

Para el efecto, es necesario establecer si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte actora.

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 20059 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
habilitan la interposición de la tutela 10 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto 11.

9 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
10 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento

de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
11 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los

defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta

9

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02317-01
Accionante: Joanna Alexandra Rodríguez Tamayo

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues
ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los
jueces naturales, así como su autonomía funcional”12.

4.1. Relevancia constitucional.

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones
judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto exclusivo es la
protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina
la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e
indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional invada la
órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía
e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces” 13.

En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en
tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que la
controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el reparo
formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.

Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el
análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la

alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en
cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de
ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la
autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados.
11 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
12 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
13 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.

10

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02317-01
Accionante: Joanna Alexandra Rodríguez Tamayo

necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;
ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales; y iv) que
se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
De manera que la intervención del juez constitucional se establezca, exclusivamente,
ante graves defectos constitucionales.

Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte de
manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del
juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en
la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya que
el asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto más
amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de la
petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.

Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir con
la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho
tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria,
a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la
jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto 14.

5. Caso concreto

La Sala anuncia que confirmará la decisión de primera instancia, porque la presente
acción constitucional no cumple con el requisito de relevancia constitucional, por las
razones que se exponen a continuación:

5.1. Al analizar el escrito de tutela, se advierte que la actora sostuvo que las providencias
disciplinarias cuestionadas incurrieron en defecto sustantivo, al interpretar de manera
extensiva el numeral 10 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, pese a que la controversia
sobre el término de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho admitía diversas interpretaciones jurisprudenciales. En su criterio, fue
sancionada por una diferencia de criterio jurídico y no por una actuación negl igente.

Respecto del defecto fáctico, afirmó que las autoridades disciplinarias realizaron una
valoración incompleta del material probatorio, pues omitieron considerar las
circunstancias en que asumió el mandato, los precedentes judiciales que respaldaban su
actuación y otros elementos relevantes para establecer su responsabilidad disciplinaria.

Adicionalmente, indicó que durante el trámite disciplinario se vulneraron sus derechos de
defensa y al debido proceso, porque la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no
estudió los argumentos expuestos en la apelación, se le designó un defensor de oficio

14 Cfr. sentencia C-590 de 2005.

11

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02317-01
Accionante: Joanna Alexandra Rodríguez Tamayo

pese a ejercer su defensa material y no se declaró la prescripción de la acción
disciplinaria ni se precisó la naturaleza de la conducta investigada para efectos de su
cómputo.

Finalmente, sostuvo que la sanción de suspensión por nueve meses resultaba
desproporcionada y que su ejecución inmediata afectó sus derechos al trabajo, al mínimo
vital y al libre ejercicio de la profesión.

En este punto, esta judicatura advierte que la accionante no plantea un problema
autónomo de naturaleza constitucional, sino que manifiesta su desacuerdo con la
interpretación jurídica acogida por el juez disciplinario respecto del régimen de caducidad,
la valoración de las pruebas y la configuración de la responsabilidad disciplinaria. En
realidad, solicita que el juez constitucional sustituya el criterio del juez natural por el suyo
propio, propósito incompatible con la naturaleza excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales.

5.2. Ahora bien, del análisis de los aspectos abordados por la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial se advierte que, en la sentencia proferida el 3 de diciembre de 2025,
dicha autoridad arribó a la siguiente conclusión:

“Memórese que la doctora JOANNA ALEXANDRA RODRÍGUEZ TAMAYO fue
sancionada porque no promovió dentro del término legal el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra el Municipio de Medellín y Secretaría
de Educación Municipal, y, al obviar el término derivó en la configuración de la
caducidad del referido medio en disfavor de los intereses de su cliente, pese a que
fue contratada desde el 6 de marzo de 2020.

Retomando a la apelación, debe aclararse como primer aspecto que en materia de
abogados no se habla de ilicitud sustancial se habla de antijuridicidad, por cuanto, la
ilicitud se cimienta en la afectación del deber funcional (funcionarios), en los asuntos
contra abogados (Ley 1123 de 2007), sobre el incumplimiento de los deberes
profesionales. En consecuencia, la antijuridicidad no depende de la existencia de un
perjuicio concreto, sino de la constatación de una conducta que, sin justificación
quebranta un deber profesional, tal y como se probó en las presentes diligencias.

Es así, como se corroboró que en el presente asunto sí se configuró la antijuridicidad
consistente en la afectación, sin justificación, del deber previsto en el numeral 10 del
artículo 28 de la Ley 1123 de 2007.

Lo anterior, por cuanto la disciplinable se sustrajo del cumplimiento del deber de
diligencia porque cuando asumió el encargo encomendado se obligó a realizar
pertinentemente todas las actividades necesarias en procura de favorecer los
derechos confiados, especialmente el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho contra el Municipio de Medellín y Secretaría de Educación Municipal, y
es que no se trataba simplemente de instaurarlo, se trataba de hacerlo dentro del
término legal-, sin embargo, no lo hizo.

En ese sentido, se le reprochó el no haber presentado oportunamente la referida
demanda, por lo que el desconocimiento del deber de diligencia exigido a la
investigada se cimentó sobre dicho presupuesto fáctico, en consecuencia, las
actuaciones previamente desplegadas por la togada, no lograron alcanzar su
eximición, pues en todo caso, el rechazo de la demanda instaurada por la disciplinada
en representación de la señora Luz Ofelia Espinosa Atehortúa, derivó de la falta de
oportunidad para acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa.

12

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02317-01
Accionante: Joanna Alexandra Rodríguez Tamayo

Evidentemente el artículo 138 del CPACA fija en 4 meses el término de caducidad
para el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, salvo cuando se
trate de actos que reconozcan prestaciones periódicas, los cuales pueden
demandarse en cualquier tiempo, evento que no aplica en estas actuaciones, pues la
señora Luz Ofelia Espinosa Atehortúa contrató a la abogada JOANNA ALEXANDRA
RODRÍGUEZ TAMAYO para demandar la nulidad del acto que negó su reintegro
laboral por despido indirecto, según lo pactado en el contrato de prestación de
servicios. Por tanto, la investigada debía presentar el medio de control dentro del
término legal y no lo hizo.

Memórese que la constancia de no conciliación fue expedida por la Procuraduría 143
Judicial II el 14 de abril de 2021, los cuatro (4) meses vencían el 14 de agosto de
2021, no obstante, la demanda fue presentada el 17 de diciembre de 2021, tiempo
después de la audiencia de conciliación fallida”15.

Bajo ese contexto, la autoridad judicial accionada consideró que se encontraba
plenamente acreditado que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho fue
radicada una vez había operado la caducidad respecto de los actos administrativos núms.
202030102734 del 30 de marzo de 2020 y 202130099032 del 8 de marzo de 2021. En
consecuencia, concluyó que la demanda fue presentada de manera extemporánea, tal
como lo había determinado el Tribunal Administrativo de Antioquia, autoridad competente
para conocer del asunto, mediante auto del 24 de marzo de 2023, en el que la rechazó
por haber operado la caducidad del medio de control respecto de los actos administrativos
cuya nulidad se pretendía. Al respecto, señaló:

En ese punto, la Comisión Nación de Disciplina Judicial invocó la jurisprudencia emitida
por el Consejo de Estado 16 en la que se ha establecido que, tratándose de las
prestaciones periódicas, una vez termina la vinculación laboral inicia a regir la caducidad,
en ese sentido y para el caso en concreto, la demanda debió interponerse a más tardar

15 Índice 00009 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado D6E37656311A59DA

060B9F336E80E1DA F7EFE8FB7079057A 5B896A4BF4ABBE64, carpeta “05001250200020230099001”, carpeta
“01SegundaInstancia”, archivo “006 Providencia2023-00990-01”.
16 Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia de 13 de

febrero de 2020, dentro del Radicado No 7600123310002013000701 (4468 -18), Consejero Ponente. Gabriel Valbuena
Hernández [cita textual].

13

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02317-01
Accionante: Joanna Alexandra Rodríguez Tamayo

el 14 de agosto de 2021, pero fue radicada el 17 de diciembre de ese año, cuando ya
había fenecido el término17. Bajo este panorama, la autoridad accionada esgrimió:

“Es así como esta Corporación no acepta el argumento relacionado con que la
disciplinada no estaba sujeta al término de caducidad para incoar el medio de control
que se le había confiado, solo a términos de prescripción, pues diferente hubiese sido
que como restablecimiento del derecho o como pretensión consecuencial a la nulidad
del acto administrativo se pretendiera el reconocimiento de los salarios, prestaciones
sociales, y en general, todos los emolumentos dejados de percibir como consecuencia
del “despido indirecto e injusto”, es decir, los perjuicios derivados de los actos
administrativos que se predicaban anulables, como se planteó en la alzada, que el
acto que se controvertía fuese el que reconociere prestaciones periódicas, no
obstante, esa no era la pretensión de la quejosa, pues según el poder era la de
obtener la nulidad del acto administrativo que negaba la solicitud de reintegro como
consecuencia de haberse verificado un }despido indirecto producto o consecuencia
de actos constitutivos de acoso laboral.

En consecuencia, su actuación demostró falta de diligencia profesional, lo que justifica
el juicio de responsabilidad disciplinaria impuesto, máxime porque en estas
diligencias sí se configuró un perjuicio para con la quejosa y así lo hizo saber en su
ampliación de queja que rindió bajo la gravedad de juramento, al señalar su
descontento porque la togada dejó caducar el medio de control y en todo caso por
incurrir en un gasto económico -adicional representado en el pago de estos
emolumentos que fueron dados a la abogada-; por ello, tampoco es de recibo el
argumento relativo con la ausencia de un “daño o perjuicio”, porque como se dijo, si
fue probado en estas diligencias.

La decisión de primera instancia determinó de manera correcta que la disciplinada
desconoció injustificadamente el deber previsto en el artículo 28, numeral 10 de la
Ley 1123 de 2007, al no atender en términos legales y con celosa diligencia el encargo
encomendado. Por ende, lo expuesto por el recurrente no desvirtúa la antijuridicidad
de la conducta, pues en esta materia no se exige la materialización de un perjuicio,
sino la verificación de un quebrantamiento injustificado de los deberes profesionales
y en el sub examine, quedó demostrado.

Por otro lado, el recurrente sostuvo que la quejosa podía volver a presentar la
demanda, pero no lo quiso hacer. Al respecto, debe indicarse que es evidente que la
confianza entre cliente y abogada estaba fracturada” 18.

5.3. En ese orden, la Sala advierte que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial expuso
de manera suficiente, clara y razonada las razones por las cuales consideró que: i) la
disciplinada incumplió el deber de atender con celosa diligencia el encargo profesional
conferido, previsto en el numeral 10 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, al presentar
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho cuando ya había operado
la caducidad, circunstancia que condujo al rechazo de la demanda y justificó el juicio de
responsabilidad disciplinaria; ii) la conducta era antijurídica, pues el reproche disciplinario

17 Sentencia 2017-05670 de 2020 Consejo de Estado, del 23 de enero de 2020: “(…) Mientras subsista el vínculo

laboral, el auxilio de cesantías tiene la connotación de periódico pese a que se hagan pagos parciales o se consignen
anualmente a la cuenta de ahorro individual en el respectivo fondo; igualmente, tales actuaciones no son definitivas
pues solo adquieren este carácter cuando termina la relación laboral, momento en el cual se efectúa la liquidación final
y el pago de la totalidad de la prestación.(…) la vigencia del vínculo laboral de la demandante, y que la discusión atañe
al régimen aplicable al auxilio de cesantías, es válido concluir que en el presente caso no operó el fenómeno de
caducidad, pues, bajo este marco, el derecho reclamado se cataloga co mo prestación periódica y, por lo tanto, el acto
administrativo que decide sobre la reclamación en torno a ella puede demandarse en cualquier tiempo” [cita textual].
18 Índice 00009 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado D6E37656311A59DA

060B9F336E80E1DA F7EFE8FB7079057A 5B896A4BF4ABBE64, carpeta “05001250200020230099001”, carpeta
“01SegundaInstancia”, archivo “006 Providencia2023-00990-01”.

14

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02317-01
Accionante: Joanna Alexandra Rodríguez Tamayo

no dependía de la existencia de un perjuicio concreto, sino del quebrantamiento
injustificado del deber profesional de diligencia, sin que las actuaciones adelantadas
previamente por la investigada desvirtuaran dicha conclusión; iii) al caso sí le resultaba
aplicable el término de caducidad previsto para el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, toda vez que la pretensión encomendada consistía en
obtener la nulidad de los actos administrativos que negaron el reintegro laboral y no el
reconocimiento de prestaciones periódicas, razón por la cual la demanda debía
presentarse dentro del término legal y no varios meses después de su vencimiento; y iv)
los argumentos formulados en el recurso de apelación no desvirtuaban la responsabilidad
disciplinaria, dado que la interpretación propuesta por la investigada no encontraba
respaldo en la jurisprudencia aplicable y, en todo caso, estaba acreditado que la
presentación extemporánea de la demanda ocasionó la pérdida de la oportunidad de
acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, motivo por el cual confirmó la decisión
sancionatoria de primera instancia.

Pues bien, los elementos señalados en precedencia le permiten a la Sala inferir, con
claridad, que el debate planteado en este caso fue adecuadamente examinado por el juez
competente. Asimismo, no se aprecia que la decisión haya sido dictada de forma
arbitraria, sin respaldo o análisis de los hechos y fundamentos normativos, ni que se
hayan trasgredido los derechos fundamentales de la parte actora durante el desarrollo
del proceso ordinario.

Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y explicativa
que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a través del amparo,
la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de manera clara que no basta
la simple mención de la vulneración de los derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, sino que, para entender como acreditado el requisito general
de procedencia de relevancia constitu cional, se requiere demostrar: i) su existencia; ii)
su carácter desproporcionado; y iii) su carácter arbitrario. Así, quien acude a la tutela
debe aportar elementos suficientes que permitan al juez constitucional advertir tal
vulneración 19.

Por lo tanto, es claro que no basta con realizar simples afirmaciones con la intención de
lograr que su tesis sea acogida, sino que lo que se requiere es que la parte actora
presente sus reparos de cara a los derechos fundamentales que considera vulnerados y
eleve su argumentación a rango constitucional.

5.4. Ahora bien, respecto al defecto fáctico alegado por la parte accionante a la luz del
requisito de relevancia constitucional, es preciso recordar que la Corte Constitucional ha
señalado que este se configura cuando “resulta evidente que el apoyo probatorio en que
se basó el juez para aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado
(...)”20 o cuando “se hace manifiestamente irrazonable la valoración probatoria hecha por
el juez en su providencia”21.

19 Sentencia SU-215 de 2022.
20 Corte Constitucional, sentencia T-393 de 2017, T-567 de 1998, reiterada en sentencias como la T-555 de 1999, T-

1100 de 2008, T-781 de 2011, entre otras.
21 Corte Constitucional, sentencia SU-399 de 2012.

15

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02317-01
Accionante: Joanna Alexandra Rodríguez Tamayo

En esa medida, la indebida valoración de las pruebas, ya sea desde su dimensión positiva
o negativa22, solo adquiere relevancia constitucional cuando el yerro es ostensible,
flagrante y manifiesto, y tiene la entidad suficiente para incidir en el sentido de la decisión
adoptada23. Por ello, para que se configure este defecto es indispensable identificar la
prueba que no fue valorada o que fue apreciada de manera irrazonable, así como
demostrar que tal irregularidad tenía la potencialidad de modificar el resultado de la
decisión judicial cuestionada.

Bajo ese entendido, la Sala advierte que la parte actora sostuvo que la autoridad judicial
incurrió en un defecto fáctico porque no tuvo en cuenta las circunstancias en las que
asumió el mandato profesional, las actuaciones adelantadas durante la ejecución del
contrato de prestación de servicios, la existencia de precedentes judiciales sobre la
materia y las pruebas que demostraban que la estrategia procesal adoptada obedeció a
una interpretación jurídica fundada.

En ese orden, los argumentos relacionados con la configuración de un defecto fáctico no
exponen una irracionabilidad en la interpretación probatoria por parte de la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, sino que pretenden, nuevamente, insistir en mostrar una
solución distinta al caso concreto de manera favorable a los intereses del tutelante, pues
no advierten reparos concretos, de carácter iusfundamental en contra del análisis
realizado por la autoridad judicial.

Lo expuesto resulta suficiente para que la Sala se releve del análisis de este cargo, en la
medida en que la solicitante no desarrolló sus argumentos en función del defecto fáctico
invocado, pues su reparo se circunscribió en señalar que existió un yerro probatorio, pero
omitió explicar con claridad en que cambiaría la decisión tal circunstancia.

5.5. Adicionalmente, la Sala advierte que los reparos formulados en la presente acción
de tutela no guardan correspondencia con los argumentos que se expusieron al sustentar
el recurso de apelación dentro del proceso disciplinario. En efecto, del análisis de dicha
impugnación se observa que la disciplinada no planteó los cuestionamientos que ahora
propone en sede constitucional, relacionados, entre otros aspectos, con la existencia de
un supuesto defecto sustantivo derivado de la interpretación del régimen de caducidad,
la vulneración de los principios de legalidad, favorabilidad e in dubio pro disciplinado, la
configuración de un defecto fáctico por indebida valoración probatoria o las presuntas

22 Corte Constitucional, sentencia T-385 de 2018. “La Corte Constitucional ha identificado dos dimensiones en las que

se puede apreciar el defecto fáctico: 1.) La dimensión negativa del defecto fáctico, según aquella, abarca supuestos
como los siguientes: i) ignorar o no valorar, injustificadamente, medios de prueba trascendentales frente a la decisión
adoptada; ii) decidir al margen de las pruebas que le hubieren impedido la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la providencia; iii) no decretar pruebas de oficio en los procedimientos en los que el juez se encuentre
habilitado legalmente para hacerlo, y siempre que de las circunstancias del caso se derive la obligación de hacerlo
para esclarecer hechos oscuros o difusos. 2.) La dimensión positiva del defecto fáctico puede abarcar supuestos
tales como: i) valorar pruebas ilícitas, siempre que las mismas hubieren sido determinantes del sentido de la
decisión; ii) decidir con medios de prueba que, por disposición legal, no conduzcan a demostrar los hechos en que se
fundamenta la providencia judicial que se cuestiona en tutela”.
23 Sentencias T-442 de1994 y T-456 de 2010.“(…) El error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad

que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de
tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia, porque ello sería contrario al principio
de que la tutela es un medio alternativo de def ensa judicial, aparte de que se invadiría la órbita de la competencia y la
autonomía de que son titulares las otras jurisdicciones.(…)”. (Resaltado de la Sala).

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02317-01
Accionante: Joanna Alexandra Rodríguez Tamayo

irregularidades asociadas con la designación de un defensor de oficio y la prescripción
de la acción disciplinaria.

En esas condiciones, no resulta admisible que la acción de tutela sea utilizada para
introducir censuras que no fueron oportunamente sometidas al conocimiento del juez
natural, pues ello desconoce el carácter subsidiario y residual del mecanismo de amparo.
La tutela contra providencias judiciales no constituye una instancia adicional destinada a
replantear el debate jurídico ni a formular por primera vez inconformidades que pudieron
y debieron exponerse dentro del proceso ordinario, ya que su finalidad se l imita al control
excepcional de decisiones que, pese a haberse agotado los mecanismos judiciales de
defensa, adolezcan de una vulneración iusfundamental de relevancia constitucional.

5.6. Ahora bien, en cuanto al cuestionamiento de la actora según el cual la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial omitió valorar los argumentos expuestos por su abogado
de confianza, la Sala considera, al igual que el juez de primera instancia, que dicho reparo
no supera el requisito de relevancia constitucional.

En efecto, la accionante se limitó a afirmar que su apoderado de confianza presentó un
escrito de sustentación del recurso de apelación y que este no fue objeto de análisis por
la autoridad disciplinaria. No obstante, omitió explicar de qué manera esa supuesta
omisión comportó la vulneración de sus derechos fundamentales, pues n o identificó
cuáles argumentos concretos dejaron de ser examinados, cuál era su incidencia en la
decisión adoptada o por qué tendrían la entidad suficiente para modificar el sentido del
fallo disciplinario.

Aunado a ello, dicha afirmación carece de respaldo probatorio. Del expediente
disciplinario no obra evidencia que permita acreditar la radicación del escrito al que hace
referencia la accionante, de manera que el reproche parte de una premisa fáctica que no
se encuentra demostrada.

En esas condiciones, la censura se sustenta en afirmaciones genéricas y carentes de
soporte, insuficientes para plantear un debate de naturaleza constitucional. Por
consiguiente, este cargo no satisface la carga argumentativa mínima exigida para
habilitar la intervención excepcional del juez de tutela frente a providencias judiciales.

5.7. Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada por
la parte actora está encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite del medio
de control de nulidad electoral, toda vez que reitera argumentos de índole legal y
probatorio desarrollados en el marco del proceso ordinario, sin esbozar las razones
concretas por las cuales los derechos fundamentales invocados fueron vulnerados con
la providencia atacada, lo que escapa de la órbita del juez constitucional, toda vez que,
como ya se dijo, la decisión censurada se sustenta en el principio de autonomía judicial.

5.8. Pues bien, es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria,
por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02317-01
Accionante: Joanna Alexandra Rodríguez Tamayo

fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión
proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que
ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como si fuera
una instancia adicional a lo ya surtido.

Para el efecto, se reitera que el hecho de que la parte accionante no esté de acuerdo con
el análisis probatorio realizado por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no habilita
para que el juez constitucional interfiera en la apreciación realizada por la autoridad
judicial, en tanto, no se vislumbra que los argumentos de la solicitud de amparo sean de
carácter constitucional, sino que, se insiste, pretenden reabrir un debate que ya fue
zanjado por el juez de instancia.

En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada 24, lo que se opone a que use indebidamente como
una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario 25.

5.9. En consecuencia, la Sala procederá a confirmar la decisión proferida en primera
instancia el por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia
de la acción por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 30 de abril de 2026 por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
SABF

24 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.
25 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.

18

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