RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-02318-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02318-01

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02318-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 8 de mayo de 2026 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional y, en su lugar: SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor José Fernando Gallego, de conformidad con los argumentos expuestos en precedencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-02318-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C, nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02318-01
Accionante: José Fernando Gallego
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial

Decisión: Revocar para, en su lugar, negar el amparo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. LaSubsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación interpuesta contra la sentencia proferida el 8 de mayo de 2026 por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se
declaró improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. El señor José Fernando Gallego interpuso demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, con la finalidad de que
se declarara la nulidad del oficio CREMIL 2024035310 del 7 de junio de 2024,
mediante el cual negó el reajuste de la asignación de retiro.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se le ordenara i) reajustar el
valor reconocido por prima de antigüedad en la asignación de retiro del demandante,
para que el 38.5% de esta partida, se calcule sobre el 100% del sueldo básico y no
sobre el 70% del sueldo básico; ii) reconocer el retroactivo pensional del reajuste
reclamado; iii) pagar la indexación sobre las sumas de dinero adeudadas; iv) pagar
los intereses moratorios, y que se condene en costas a la entidad demandada.

4. El Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante sentencia
del 9 de diciembre de 2024, declaró probada la excepción de cosa juzgada, al
considerar acreditada la identidad de partes, causa y objeto entre la demanda objeto
de estudio y el proceso con radicado 11001-3335-008-2013-00149-00, respecto del
cual el mismo despacho por medio de la sentencia del 31 de julio de 2014 negó las
pretensiones relacionadas con el reajuste de la prima de antigüedad, decisión
confirmada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 19 de agosto de 2016.

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02318-01
Accionante: José Fernando Gallego

5. En sede de apelación, la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, a través de la sentencia del 18 de septiembre de
2025, confirmó la decisión judicial anterior.

2.2. Fundamento jurídico

6. La parte accionante consideró configurado el defecto sustantivo, al desconocer
el artículo 228 de la Constitución Política, relativo a la prevalencia del derecho
sustancial sobre el formal y el desconocimiento del precedente judicial, en
particular frente a la sentencia SU-027 de 2021 de la Corte Constitucional, en la que
se indicó que no se puede predicar la cosa juzgada cuando surgen hechos nuevos
o se incorporan elementos normativos que no fueron considerados previamente.

7. Lo anterior, debido a que la autoridad judicial accionada, declaró la cosa juzgada
en el proceso cuestionado, sin tener en cuenta que surgieron nuevos elementos de
análisis normativo que no fueron considerados en el proceso con radicado 11001-
3335-008-2013-00149-00, como la sentencia de unificación SUJ-015-CE-S2-2019
fecha 25 de abril del 2019.

2.3. Pretensiones

8. La parte accionante solicitó:

«1. Que se tutelen los derechos fundamentales del accionante los cuales fueron vulnerados
por la Subsección “D” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
al proferir la sentencia del 18 de septiembre de 2025, al aplicar de manera automática y
mecánica el instituto de la cosa juzgada.

2. Que, como consecuencia de la anterior declaración, se deje sin efectos la providencia
proferida el 18 de septiembre de 2025 y, en su lugar, se ordene a la autoridad judicial
accionada proferir una nueva decisión, en la que se estudie de manera sustancial, razonada
y de fondo la pretensión planteada en el proceso, consistente en que la prima de antigüedad
reconocida en la asignación de retiro se liquide partiendo del 100% del sueldo básico.

3. Que en la nueva decisión se garantice el estudio integral del derecho sustancial
reclamado, evitando la afectación desproporcionada e injustificada que implica bloquear al
accionante el acceso a la justicia por el simple hecho de haber acudido anteriormente a
solicitar el reajuste de su asignación de retiro con base en distintas pretensiones.

4. Que se advierta a las entidades accionadas sobre las consecuencias legales del eventual
incumplimiento de la decisión que se profiera en sede de tutela». (Sic en toda la cita)

2.4. Intervenciones

9. Por medio del auto del 24 de marzo de 2026, la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la
Subsección D del Tribunal Administrativo de Cundinamarca como accionado y a la
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares como tercera interesada.

10. La Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca sostuvo que los cambios jurisprudenciales no constituyen una
nueva situación que permita quebrantar la institución de la cosa juzgada y como la
sentencia con radicado 11001-3335-008-2013-00149-00 se dictó con anterioridad a

www.consejodeestado.gov.co 2
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02318-01
Accionante: José Fernando Gallego

la sentencia de unificación SUJ-015-CE-S2-2019 del 25 de abril del 2019, no
procede su análisis. En consecuencia, solicitó que se deniegue el amparo.

11. El Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito de Bogotá realizó una
descripción de las actuaciones surtidas al interior del proceso cuestionado.

12. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares sostuvo que en la acción de tutela
no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable ni la condición de
vulnerabilidad del señor José Fernando Gallego. Además, indicó que se encuentran
en firme las sentencias que se enmarcan en la cosa juzgada. Por lo tanto, solicitó
que se declare su improcedencia.

2.5. Sentencia impugnada

13. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 8 de mayo de 2026, declaró improcedente la acción de tutela por falta
de relevancia constitucional, pues las inconformidades expuestas no son
razonables desde el punto de vista constitucional. Al respecto sostuvo que, aunque
la sentencia de unificación CE-SUJ2-015-19 de 25 de abril de 2019 efectivamente
realizó un cambio jurisprudencial en la materia, las sentencias que hicieron tránsito
a cosa juzgada resultan inmodificables.

2.6. Impugnación

14. La parte accionante interpuso impugnación contra la decisión judicial anterior, al
considerar que sí se cumple el requisito de relevancia constitucional, en la medida
en que se alega la afectación de los derechos fundamentales al debido proceso, la
igualdad, la seguridad social y el acceso a la administración de justicia, con ocasión
de una providencia que cerró indebidamente el debate judicial sin analizar un
problema jurídico nuevo. Además, reiteró los argumentos expuestos en la acción de
tutela.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

15. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.2. Cuestión previa

16. Esta Subsección advierte que, de superarse los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial el de
relevancia constitucional, adecuará el presunto defecto sustantivo a la violación
directa de la Constitución Política, en la medida en que dicha causal no se
fundamenta en una disposición legal, sino en el supuesto desconocimiento del
artículo 228 de la Carta.

www.consejodeestado.gov.co 3
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02318-01
Accionante: José Fernando Gallego

3.3. Problema jurídico

17. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe en
establecer si la acción de tutela cumple los requisitos generales de procedibilidad
para cuestionar decisiones judiciales, en particular, el de relevancia constitucional.
En caso afirmativo, deberá determinarse si la Subsección D de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en los defectos por violación
directa de la Constitución Política y desconocimiento del precedente judicial en la
sentencia proferida el 18 de septiembre de 2025, al interior del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-029-2024-00225-
01.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

18. La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015
fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado.

19. Lo anterior procede siempre que no exista otro medio de defensa judicial idóneo
para la protección de tales derechos. En ese sentido, la acción de tutela tiene un
carácter residual o subsidiario, pues solo opera en ausencia de otros mecanismos
judiciales, salvo cuando se interpone como mecanismo transitorio para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable.

20. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales.

21. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder
en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y
derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier
autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser
controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites
que la Carta le impone.

22. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso.

23. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el
delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e

www.consejodeestado.gov.co 4
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02318-01
Accionante: José Fernando Gallego

independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

24. Los presupuestos generales de la acción de tutela dirigida a controvertir
providencias judiciales, son: i) relevancia constitucional; ii) subsidiariedad, salvo,
claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; iii) inmediatez; iv) que la
irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante
en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de
derechos; y vi) que no se trate sentencias de tutela.

25. Si bien la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró
improcedente la acción de tutela porque, a su juicio, carece de relevancia
constitucional, lo cierto es que esta Subsección considera que dicho requisito sí se
encuentra cumplido, en la medida en que el debate se centra en establecer una
presunta vulneración iusfundamental derivada de la supuesta configuración del
defecto de violación directa de la Constitución, causal que se encuentra
debidamente fundamentada. Aunado a ello, no se pretende habilitar una tercera
instancia del proceso ordinario, en tanto, como se dijo, la causal de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencia judicial se encuentra debidamente
argumentada.

26. Teniendo en cuenta que la acción de tutela satisface la relevancia constitucional,
se procede a analizar el cumplimiento o no de los demás requisitos:

3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.

3.3.2. En efecto, esta Sala considera que tanto los hechos como los derechos
presuntamente vulnerados se encuentran plenamente individualizados.

3.3.3. Por lo anterior, la Subsección advierte que la providencia objeto de tutela
carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo
constitucional.

3.3.4. Se observa igualmente que la presentación1 del mecanismo constitucional se
dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de 6
meses desde que adquirió ejecutoria la providencia cuestionada2.

3.3.5. La parte accionante no alegó una irregularidad procesal.

3.3.6. Por último, se advierte que la acción de tutela no se dirige contra una
providencia de la misma naturaleza.

27. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

1
20 de marzo de 2026.
2
30 de septiembre de 2025.

www.consejodeestado.gov.co 5
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02318-01
Accionante: José Fernando Gallego

3.5. La violación directa de la Constitución como causal de procedibilidad
de tutela contra providencia judicial.

28. En relación con esta causal específica de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:

«[...] Un defecto por violación directa de la Constitución se configura, entre
otros eventos, cuando el juez ordinario toma una decisión que desconoce
específicamente los postulados de la Carta Política, en perjuicio de los
derechos fundamentales de los ciudadanos. En otras palabras, dicho defecto
se produce cuando se deja de aplicar una disposición constitucional en un
caso concreto; cuando la decisión judicial se apoya en una interpretación
claramente contraria a la Constitución; o cuando el juez se abstiene de aplicar
la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de los
postulados superiores, siempre que se solicite su declaración por alguna de
las partes en el proceso.

Las providencias que incurren en este tipo de defecto no sólo vulneran el
derecho al debido proceso de las partes involucradas en el trámite, sino que
también desconocen la supremacía de la Constitución Política en el
ordenamiento jurídico (art, 4º. CP), por cuanto se apartan de sus mandatos
con base en argumentos infraconstitucionales. A este respecto, cabe señalar
que “el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce valor
normativo a los preceptos superiores, de modo tal que contienen mandatos y
previsiones de aplicación directa por las distintas autoridades y, en
determinados eventos, por los particulares. Por ende, resulta plenamente
factible que una decisión judicial pueda cuestionarse a través de la acción de
tutela cuando desconoce o aplica indebida e irrazonablemente tales
postulados»3.

3.6. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales

29. Sobre el particular, la Corte Constitucional, al efectuar el estudio de exequibilidad
respecto del artículo 4 de la Ley 169 de 18964, precisó que de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 230 superior, los jueces solo están sometidos al imperio de
la ley y por tanto no están obligados a fallar en la misma forma como lo han hecho
en casos anteriores, siempre y cuando, «expongan clara y razonadamente los
fundamentos jurídicos que justifican su decisión».

30. Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia C-590
de 2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por parte del
juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de tutela.

31. Respecto del precedente vertical5, la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el respeto
hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial,
por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones.

32. Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas

3
Corte Constitucional, sentencia T – 587 del 21 de septiembre de 2017, magistrado ponente: Alberto Rojas Ríos.
4
Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
5
Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.

www.consejodeestado.gov.co 6
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02318-01
Accionante: José Fernando Gallego

consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el
asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio
decidendi o razón central de la decisión anterior, la que al mismo tiempo, surge de
los presupuestos fácticos relevantes de cada caso6.

33. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera suficiente y
razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha seguido
en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la igualdad
y de la independencia judicial; por tanto, no podrá reprocharse a la sentencia
arbitrariedad ni inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los justiciables
ningún género de discriminación7.

34. En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional por
parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de arbitrariedad
por parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se encuentran en
idénticas circunstancias frente a la Ley.

3.6.1.1. Análisis del caso concreto

35. La parte accionante consideró configurado el «defecto sustantivo» al
desconocer el artículo 228 de la Constitución Política, relativo a la prevalencia del
derecho sustancial sobre el formal y el desconocimiento del precedente judicial,
en particular frente a la sentencia SU-027 de 2021 de la Corte Constitucional, en la
que se indicó que no se puede predicar la cosa juzgada cuando surgen hechos
nuevos o se incorporan elementos normativos que no fueron considerados
previamente.

36. Lo anterior, debido a que la autoridad judicial accionada, declaró la cosa juzgada
en el proceso cuestionado, sin tener en cuenta que surgieron nuevos elementos de
análisis normativo que no fueron considerados en el proceso con radicado 11001-
3335-008-2013-00149-00, como la sentencia de unificación SUJ-015-CE-S2-2019
fecha 25 de abril del 2019.

37. Con la finalidad de determinar si el Tribunal accionado incurrió en los defectos
sustantivo y desconocimiento del precedente judicial, se analizará si, en efecto,
surgieron nuevos elementos de análisis normativo en la demanda con radicado
11001-33-35-029-2024-00225-00, respecto del proceso 11001-3335-008-2013-
00149-00, que permitan desvirtuar la configuración de la cosa juzgada.

38. En el proceso con radicado 11001-33-35-029-2024-00225-00, el señor José
Gallego, en calidad de soldado profesional, interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, con
la finalidad de que se declarara la nulidad del oficio CREMIL 2024035310 del 7 de
junio de 2024, mediante el cual se negó el reajuste de su asignación de retiro y,
como restablecimiento del derecho, se reliquidara la prima de antigüedad
calculado el 38.5 % sobre el 100 % del sueldo básico y no sobre el 70 %, con el

6
Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
7
Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

www.consejodeestado.gov.co 7
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02318-01
Accionante: José Fernando Gallego

consecuente reconocimiento y pago del retroactivo pensional, la indexación e
intereses moratorios sobre las sumas adeudadas, así como la condena en costas.

39. Por otro lado, en el proceso con radicado 11001-33-35-008-2013-00149-00, la
parte demandante solicitó el reajuste de su asignación de retiro, al considerar que
en su liquidación no se incluyeron el subsidio familiar, el incremento del 20 % sobre
el sueldo básico ni el porcentaje total correspondiente a la prima de antigüedad.
Respecto de este último factor, sostuvo que debía liquidarse conforme a lo previsto
en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, en concordancia con el artículo 13.2.1.,
por cuanto la entidad demandada no reconoció la totalidad del porcentaje que, a su
juicio, le correspondía.

40. Sobre el particular, el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, que «[l]os soldados
profesionales que se retiren o sean retirados del servicio activo con veinte (20) años
de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses
de alta a que por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, se les pague una
asignación mensual de retiro, equivalente al setenta por ciento (70%) del salario
mensual indicado en el numeral 13.2.1, adicionado con un treinta y ocho punto cinco
por ciento (38.5%) de la prima de antigüedad. En todo caso, la asignación mensual
de retiro no será inferior a uno punto dos (1.2) salarios mínimos legales mensuales
vigentes».

41. En ese sentido, resulta evidente que la controversia sí gira en torno a la correcta
aplicación del artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, respecto de la liquidación de la
prima de antigüedad como factor computable de la asignación de retiro, pues,
aunque en el proceso con radicado 11001-33-35-029-2024-00225-00, se formuló la
pretensión con énfasis en que el porcentaje del 38.5 % debía calcularse sobre el
100% del sueldo básico y no sobre el 70 %, lo cierto es que dicho planteamiento no
dista del expuesto en el proceso con radicado 11001-33-35-008-2013-00149-00, en
el cual también se invocó la misma disposición normativa como fundamento de la
reliquidación pretendida.

42. Ahora, si bien la parte accionante considera que no resultaba procedente la
declaración de cosa juzgada ante la existencia de un nuevo hecho: la expedición de
la sentencia SU-027 de 2021 de la Corte Constitucional, también es cierto que lo
anterior no implica la pérdida de fuerza ejecutoria y cosa juzgada de todas las
decisiones que se emitieron en el pasado, en tanto es claro que el valor de la
seguridad jurídica no puede ceder ante el avance y unificación de la jurisprudencia
nacional8. De ahí que, resulte acertada la apreciación del juez natural, según la cual
el proceso en cuestión compartía identidad de partes, causa y objeto con el
expediente con radicado 11001-33-35-008-2013-00149-00. Máxime cuando en la
misma decisión aquí atacada la autoridad judicial accionada manifestó que la
sentencia de unificación que se alegó como hecho sobreviniente, precisó que los
casos respecto de los cuales ya ha operado la cosa juzgada, en virtud del
principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.

43. En ese sentido, es claro para esta Subsección que en el presente asunto no se
configuró el defecto por violación directa de la Constitución Política, pues no se

8
Corte Suprema de Justicia, SL688-2023 con radicado 94070, M.P. Luis Benedicto Herrera Díaz.

www.consejodeestado.gov.co 8
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02318-01
Accionante: José Fernando Gallego

demostró la prevalencia del derecho formal sobre el sustancial; ni tampoco el
defecto por desconocimiento del precedente judicial, en la medida en que el proceso
respecto del cual se declaró cosa juzgada fue analizado y decidido con anterioridad
a la expedición de la sentencia SU-027 de 2021 de la Corte Constitucional. Por
ende, se revocará la decisión judicial de primera instancia, proferida el 8 de mayo
de 2026 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela por falta de relevancia
constitucional y, en su lugar, se negarán las pretensiones.

44. En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 8 de mayo de 2026 por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se
declaró improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional y, en
su lugar:

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor
José Fernando Gallego, de conformidad con los argumentos expuestos en
precedencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

www.consejodeestado.gov.co 9
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.