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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02321-00

Fecha
11 de junio de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02321-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. NEGAR las solicitudes de desvinculación invocadas por la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” y la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Santiago de Cali. 2. NEGAR la pretensión de la presente acción de tutela, referente a la respuesta de la petición radicada el 18 de noviembre de 2025, conforme a los planteamientos expuestos. 3. AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor Jorge Ernesto Andrade. En consecuencia, ordenar: (i) A la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Santiago de Cali que, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la presente providencia, surta la notificación de la respuesta adoptada en la petición radicada por el señor Andrade el 16 de diciembre de 2025 (ítem 5.4 de la providencia) al correo de notificaciones aportado por el peticionario. (ii) Al Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, a través de la respectiva dependencia, que dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la presente providencia y dentro del ámbito de su competencia, emita una respuesta clara, completa y de fondo a la solicitud radicada por el señor Jorge Ernesto Andrade, el 18 de diciembre de 2025, o proceda a darle el trámite correspondiente, y que este se le notifique al actor en los términos previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 4. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2026-02321-00 Demandante: Jorge Ernesto Andrade 5. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 6. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02321-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

11 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., once (11) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-02321-00
Demandante JORGE ERNESTO ANDRADE
Demandado CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Temas Adecuación de medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos a una acción de tutela. Derecho fundamental de
petición. Solicitud de capacitaciones para jueces de paz del Distrito
Especial de Santiago de Cali.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por el señor Jorge Ernesto Andrade, de conformidad con lo dispuesto en
los decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

De la información que reposa en el expediente, se desprende que el 18 de febrero
de 20261, el señor Jorge Ernesto Andrade (juez de paz de Santiago de Cali), en
ejercicio de la «Acción popular» demandó al Distrito Especial de Santiago de Cali y el
Consejo Superior de la Judicatura, buscando la «protección de derechos e intereses
colectivos», que consideró vulnerados por la falta de respuesta y trámite a las
peticiones del 18 de noviembre de 2025 y 16 de diciembre de 2025 en las que
solicitó la capacitación de los 108 jueces de paz de Cali, para prestar una mejor
atención a la comunidad y además, evitar la imposición de sanciones disciplinarias
por parte de las Comisiones Seccional y Nacional de Disciplina Judicial dada la falta
de actualización en sus conocimientos.

En atención a lo anterior, y como se relatará más adelante, la demanda se adecuó
al trámite de la acción de tutela, considerando que el señor Jorge Ernesto Andrade
(juez de paz de Santiago de Cali), alega la vulneración del derecho fundamental de
petición, con ocasión a la falta de respuesta a las solicitudes radicadas el 18 de
noviembre de 2025 y el 16 de diciembre de 2025 en las que solicitó la capacitación
académica para los 108 jueces de paz de Cali.

En el escrito de subsanación se formularon como pretensiones, las siguientes2:
(Cita textual)
«Tercera pregunta, las prestensiones que ambas entidades o unas de las dos entidades
contraten a la universidad o la entidad expectas para dicatar estos talleres de capacitación de
la petición inicia, en donde nunca fue contestadas de acuerdo a la petición y solamente
desvian las respuestas en otras indoles que nada tienen que ver con los talleres de
capacitación solicitada y esto obra en el expediente de la anterior expeidiente.
Que se dicten los talleres dentro de la vulneracion al debido proceso, dentro de las amenzas
y en peligro los derechos colectivos e intereses colectivos de la Ley 472 de 1998. N ncas
ambas entidades emitieron las respuestas a que universidad o que entidad los va a dictar,

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Demandante: Jorge Ernesto Andrade

esto nunca se respondió y guardaron silencio administrativos dentro de las vulneracion,
amenazas y en peligro los intereses colectivos de la justicia de paz, articulo 247 de la C/P/C/
para la ciudad de Santiago de Cali, en donde presto mis servicios como juez de paz en
gratuidad del articulo 06 de la ley 497 de 1999».3

2. Hechos

Del escrito inicial y de la subsanación se advierten como hechos relevantes los
siguientes:

2.1. El señor Jorge Ernesto Andrade se desempeña como juez de paz en el Distrito
de Santiago de Cali.

2.2. El 18 de noviembre de 2025, el señor Jorge Ernesto Andrade en ejercicio del
derecho de petición solicitó a la Alcaldía de Santiago de Cali y al Consejo
Superior de la Judicatura, lo siguiente:
(Sic a toda la cita)
«Se requiere de diferentes talleres de capacitación y con el fin de podernos capacitar y
podernos saber cuáles son nuestras funciones administrativas dentro del marco legar de
nuestras competencias por la falta de la reglamentación de la ley.
Se requiere diferentes capacitaciones en lo concerniente a nuestras funciones para no
cometer más errores administrativos y abuso de autoridad como jueces de paz de esta ciudad
y la capacitación va encaminada a los jueces de paz, únicamente con el fin de poder mejorar
nuestras atenciones a la comunidad en general de esta ciudad y corregimientos en lo
siguiente:
Talleres de capacitación de la convocatoria.
Talleres de capacitación para el acta de inicio.
Talleres de capacitación para el acta de conciliación.
Talleres de capacitación para elaborar sentencias en equidad.
Talleres de capacitación de nuestras funciones administrativas.
Talleres de capacitación para la elaboración de la reglamentación de la ley 497 de 1999.
JUSTICIA DE PAZ/ARTICULO 247 DE LA C.P.
Talleres de capacitación de los traslados de competencias y a quienes se deben de dirigir
nuestras funciones, aplicando el artículo 21 de la ley 1755 de 2015».

2.3. El 16 de diciembre de 2025, el demandante presentó una nueva solicitud
denominada «Acción popular» dirigida a los Juzgados Administrativos del Circuito
de Cali cuyos demandados eran la Alcaldía de Santiago de Cali y al Consejo
Superior de la Judicatura, en la que pretendía:
(Sic a toda la cita)
«Que se cite xxxxxxxxxxxxxx a los demandados a una audencia de pacto de cumplimiento y
dentro del artículo 21 de la ley 1755 de 2015, son funcionarios con competencia para conocer
esta acción popular y ambas entidades amenzaron y vulneraron la adopccion de las medidas
necesarias de protección de los derechos fundamentales e intereses colectivos del artículo
144 de la ley 1437 de 2011, para que presente ya sea el contrato de la firma de la, universidad
que nos van a enseñar y capacitar dentro de los talleres mencionados en los hechos del
derecho fundamentala que no fue contestados por ambas entidades y es una obligación
capacitarnos para no cometer más errores administrativos y no ser perseguidos por la ofician
de investigación disciplinarias del valle del cacua, dentro de su temeridad. Articulo 39 y 40 de
esta ley 472 de 1998.»

3. Fundamentos de la acción

El accionante cuestionó que a la fecha de radicación de la «acción popular» (adecuada
a la presente acción de tutela), la Alcaldía de Santiago de Cali y el Consejo Superior
de la Judicatura no han dado respuesta sobre sus solicitudes para la contratación o

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Demandante: Jorge Ernesto Andrade

disposición de talleres y capacitaciones para los jueces de paz y jueces de
reconsideración, formación necesaria para la correcta realización de sus
competencias y, en consecuencia, la protección efectiva de los derechos
fundamentales y colectivos de las comunidades donde se desempeñan.

Como fundamento de sus pretensiones menciona el artículo 247 de la Constitución
Política, el artículo 144 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso
Administrativo, el artículo 6 de la Ley 497 de 1999 y la Ley 472 de 1998.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. El 18 de febrero de 20264, el señor Jorge Ernesto Andrade, juez de paz de
Santiago de Cali, promovió una «Acción popular» contra el Distrito Especial de
Santiago de Cali y el Consejo Superior de la Judicatura, solicitando la
protección de derechos e intereses colectivos, para que se prestara una mejor
atención a la comunidad en el ejercicio del servicio de justicia de paz.

Para tal fin, solicitó que se capacitara a los 108 jueces de paz del Distrito
Especial de Santiago de Cali, a fin de evitar sanciones disciplinarias por las
Comisiones Seccional y Nacional de Disciplina Judicial dada la falta de
actualización en sus conocimientos, en aspectos como «talleres de inicio/talleres
de convocatoria/ talleres como llenar el acta de conciliación/ talleres como elaborar una
sentencia en equidad/ talleres cuales son nuestras funciones administrativos (sic), que actos
podemos conocer como jueces de paz y que actos no podemos conocer y además no tramitar
y otras obligaciones para evitar demandas administrativas ante […] la comisión de
investigación disciplinarias del valle del cacua (sic)».

4.2. La anterior acción le fue repartida al Juzgado Once Administrativo de Santiago
de Cali (Expediente 76001-33-33-011-2026-00040-00); autoridad que por auto del
25 de febrero de 2026 dispuso: (i) adecuar la acción popular instaurada por el
señor Jorge Ernesto Andrade al trámite de acción de tutela, por estimar que
se podría estar vulnerando el derecho de petición con ocasión a las solicitudes
elevadas para obtener capacitaciones para los jueces de paz de la ciudad de
Santiago de Cali, y (ii) remitir por competencia el expediente al Consejo de
Estado.

4.3. El 20 de marzo de 20265 fue repartida la acción de tutela ante el Consejo de
Estado.

4.4. Por auto del 10 de abril de 2026 el despacho sustanciador requirió6 al
accionante para que: (i) aclarara cuáles eran las autoridades accionadas, las
acciones y omisiones atribuibles a cada una de dichas autoridades y los
derechos fundamentales vulnerados, (ii) identificara con precisión las
peticiones no contestadas y (iii) las pretensiones frente a las accionadas.

El 15 de abril de 2026, el señor Andrade remitió escrito de subsanación7.

4.5. El 29 de abril de 2026 se admitió8 la demanda presentada por el señor Jorge
Ernesto Andrade contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Alcaldía de
Santiago de Cali, la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana de Santiago de
Cali y el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca. Se requirió a
las entidades accionadas para que remitieran copia de las peticiones elevadas
por el señor Andrade, informara del estado de su trámite y allegaran las
respuestas proferidas, si la hubiere.

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Demandante: Jorge Ernesto Andrade

4.6. El Consejo Superior de la Judicatura, Escuela Judicial “Rodrigo Lara
Bonilla”9, rindió informe a través del oficio EJO26-955 en el que solicitó la
desvinculación del proceso, que se declare improcedente la acción o se
nieguen las pretensiones.

Como fundamento señaló que no se cumple con el requisito de subsidiariedad
pues, el accionante no acreditó de manera clara haber acudido previamente al
derecho de petición para realizar su solicitud ante la Escuela Judicial “Rodrigo
Lara Bonilla”.

Por otro lado, expuso que la inconformidad del accionante por la falta de
capacitaciones carece de fundamento, pues cuenta por un lado con materiales
académicos disponibles de acceso público en su sitio web destinados a la
formación de jueces de paz, y por otro, se han adelantado diferentes
capacitaciones dirigidas a jueces de paz y de reconsideración tanto en
modalidad virtual como presencial en la ciudad de Santiago de Cali, de los
cuales, destacó que el accionante asistió a algunas de las realizadas en la
ciudad de Cali para las siguientes fechas: 29 de agosto de 2017, 11 de
diciembre de 2017, 9 de noviembre de 2018, 1 de noviembre de 2019 y 21 de
noviembre de 2021.

Como prueba de sus afirmaciones aportó una certificación académica de los
cursos de formación en los que participó el señor Jorge Ernesto Andrade
(EJCER26-114) y un cuadro de Excel que contiene la relación de las actividades
desarrolladas para los jueces de paz desde el año 2016 hasta el año 2025.

4.7. El Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca10 por medio de
oficio CSJVO26-607 dio respuesta a la acción de tutela solicitando declarar la
improcedencia. Mencionó que el Consejo Seccional de la Judicatura y las
entidades que hacen parte del Comité Departamental de Coordinación
Interinstitucional de la Jurisdicción de Paz del Valle del Cauca han realizado
un esfuerzo por brindar una formación integral a los jueces de paz.

Expuso que luego de verificar las peticiones presentadas por el actor ante esa
autoridad, no encontró solicitudes radicadas en el año 2026, sin embargo,
identificó una del 11 de noviembre de 2025 en donde se pedía «que se dictaran
capacitaciones especificas (sic) a los jueces de paz sobre temas relacionados con sus
funciones», a la cual dio respuesta mediante el oficio CSJVAO-1868 del 14 de
noviembre de 2025.

Respecto a la posibilidad de que se dictara un diplomado en los asuntos
requeridos por el accionante señaló que el Comité Departamental de
Coordinación Interinstitucional de la Jurisdicción de Paz del Valle del Cauca
aprobó el plan de formación para los jueces de paz para el año 2026
conformado por 4 módulos (con una duración de 24 horas) y 3 sesiones de clínica
de casos (con una duración de 6 horas).

Se refirió al plan de formación integral para jueces de paz y de reconsideración
del Valle del Cauca que se realizó en el año 2025 para lo cual, relacionó los
siete módulos que se desarrollaron, los objetivos, la duración, el horario y la
cantidad de asistentes a cada uno de ellos.

Añadió que para el año 2026 el accionante no ha radicado ninguna petición en
relación con el plan de formación, pese a ello aportó un documento de Excel
con «las 49 peticiones y 14 acciones de tutela que ha presentado el señor Andrade en 2025
y 2026».

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Demandante: Jorge Ernesto Andrade

Adujo que el señor Andrade participó en cuatro de los módulos del plan de
formación (Oficio 1272 del 21 de julio de 2025), correspondientes a herramientas
digitales y manejo básico de herramientas informáticas, habilidades blandas
para atención al usuario, principio y técnica de conciliación y formación
jurídica. Indicó que respecto de la petición del 11 de noviembre de 2025 se
le dio respuesta al accionante mediante Oficio CSJVA025-1868 del 14 de
noviembre de 2025.

Como anexos adjuntó: un cuadro de Excel con las solicitudes presentadas y
el número del oficio a través del cual se dio respuesta; la certificación que da
cuenta de la totalidad de las peticiones y acciones de tutela presentadas por
el señor Andrade, de las cuales 4 se relacionan con el requerimiento de
capacitación presentadas (7 de marzo de 2025, 9 de julio de 2025, 11 de noviembre
de 2025 y 1 de diciembre de 2025); el informe de gestión al Congreso; la Circular
CSJVAC25-50 de la convocatoria a la sesión informativa sobre el plan de
formación integral para los jueces de paz y jueces de reconsideración, entre
otros.

4.8. La Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Santiago de
Cali11 solicitó que se declare la carencia actual de objeto por hecho superado
y subsidiariamente que se declarara la falta de legitimación en la causa por
pasiva.

Explicó que las peticiones del 18 de noviembre de 2025 (capacitación para jueces
de paz) y del 16 de diciembre de 2025 (acción popular y capacitación para jueces
de paz), fueron atendidas y sus respuestas comunicadas el 24 de noviembre
2025 y 23 de diciembre de 2025, respectivamente, al correo electrónico
andradejorge293@gmail.com.

Resaltó que por su parte ha desarrollado programas de formación para los
jueces de paz y reconsideración como el Diplomado con la Universidad del
Valle para la vigencia 2024 y el módulo de herramientas digitales, formaciones
de las cuales ha hecho parte el señor Andrade.

Por consiguiente, la entidad argumentó que en el presente asunto existe una
carencia actual de objeto por hecho superado, por otro lado, destaca que no
es de su competencia la formación de jueces de paz y reconsideración, ya que
por mandato de los artículos 20 y 21 de la ley 497 de 1999 corresponde al
Consejo Superior de la Judicatura la financiación y el desarrollo del Programa
General de Formación de Jueces de Paz y de Reconsideración.

Con posterioridad se remitió el Decreto Extraordinario 411.0.20.0516. de 2016
por el cual se determinó la estructura de la Administración Central y las
funciones de sus dependencias.

4.9. Por su parte el Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública
de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali12 alegó la inexistencia de
una vulneración a los derechos fundamentales.

Señaló que no se han radicado derechos de petición por parte del señor
Ernesto Andrade, que la acción de tutela no está llamada para perseguir
pretensiones de contenido económico, y que en su caso existe falta de
legitimación en la causa por activa al no acreditar que represente a los Jueces
de Paz de la ciudad y aseguró que no existe un perjuicio irremediable.

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Demandante: Jorge Ernesto Andrade

4.10. Con memorial del 9 de junio de 2026, al señor Jorge Ernesto Andrade puso de
presente al despacho ponente que dada su situación económica no le era
posible costear la publicación del auto admisorio en medios de comunicación,
por lo que manifestó que realizó la misma a través de la aplicación Facebook.
Sin embargo, el despacho ponente no dio ninguna orden de realizar publicación
alguna, lo más cercano a esto fue la orden que dio el despacho sustanciador a
la Secretaría General para que notificara a las partes.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 199113, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Cuestión previa

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del
Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares. La Corte Constitucional14 ha señalado que
la legitimación en la causa por pasiva en sede de tutela se refiere a la aptitud legal
que tiene la persona contra la que se dirige la acción de tutela, y quien está llamada
a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, cuando ésta
resulte demostrada.

La parte actora cuestiona la falta de respuesta a las solicitudes radicadas el 18 de
noviembre de 2025 y el 16 de diciembre de 2025 en donde se solicitaba capacitación
académica para los 108 jueces de paz de Cali. Por su parte, la Escuela Judicial
“Rodrigo Lara Bonilla” y la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana de la Alcaldía de
Santiago de Cali señalaron que carecían de legitimación en la causa por pasiva.

En el presente asunto, la demanda se admitió en contra del Consejo Superior de la
Judicatura y no de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, por lo que al no haber
sido vinculada como parte o tercero en el presente trámite, no hay lugar a acceder
a la solicitud planteada.

En lo que respecta a la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana de la Alcaldía de
Santiago de Cali su vinculación fue como parte demandada, dado que ante esta
autoridad se radicaron de forma presencial las solicitudes que se estudian en este
caso. En consecuencia, no hay lugar a acceder a la solicitud de desvinculación de
esta otra entidad.

3. Planteamiento del problema jurídico

Si bien los planteamientos del escrito inicial y el de subsanación no son del todo
claros, esta Sala interpreta que la presunta vulneración del derecho de petición del
señor Jorge Ernesto Andrade emana de la presentación de dos solicitudes que se

13
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
14
Sentencia T- 1051 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Reiterada en la sentencia T-278 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02321-00
Demandante: Jorge Ernesto Andrade

aportaron como anexos del escrito de tutela, que se identifican así: (i) la radicada el
18 de noviembre de 2025 y, (ii) la radicada el 16 de diciembre de 2025.

Esta precisión se realiza en razón a que, de las contestaciones recibidas fue posible
advertir que el hoy accionante ha presentado un gran número de peticiones y
acciones por diversos asuntos ante los hoy accionados y otras autoridades.

Ahora bien, de acuerdo con los antecedentes, las pretensiones de la acción de
tutela, los anexos aportados y las contestaciones, se estudiará la posible
vulneración del derecho fundamental de petición respecto de las mencionadas
solicitudes por parte del Consejo Superior de la Judicatura, el Distrito Especial de
Santiago de Cali - Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, y el Consejo Seccional
de la Judicatura del Valle del Cauca.

4. Núcleo esencial del derecho fundamental de petición

De acuerdo con el artículo 23 de la Constitución Política, toda persona tiene derecho
a presentar peticiones respetuosas ante autoridades públicas y organizaciones
privadas, por motivos de interés general o particular y a obtener una pronta
resolución. Se trata de un derecho de aplicación inmediata según el artículo 85 de
la Carta.

Asimismo, de conformidad con el inciso 2º del artículo 13 de la Ley 1437 de 2011 15,
«Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho
de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo.
Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la
intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un
servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular
consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos».

La Corte Constitucional ha señalado que el derecho de petición tiene la connotación
de derecho fundamental y permite garantizar otros derechos tales como la
información, la participación política, la libertad de expresión, la seguridad social, el
acceso a documentos públicos, entre otros.

El derecho de petición presenta un núcleo esencial complejo, ampliamente
desarrollado por la jurisprudencia constitucional, que ha dispuesto que son tres los
elementos del núcleo esencial de este derecho, a saber: (i) la pronta resolución; (ii)
que la autoridad dé una respuesta de fondo, es decir que sea clara, precisa,
congruente y consecuente con lo solicitado; y (iii) que la decisión adoptada se le
notifique al peticionario.

En tanto derecho fundamental, la vulneración de su núcleo esencial es objeto de
protección por la acción de tutela. De este, sin embargo, no hace parte el sentido
de la respuesta, pues es de competencia exclusiva del sujeto pasivo del derecho de
petición, por ello se ha aclarado que la respuesta negativa en ningún caso significa
vulneración del derecho fundamental de petición, ya que «existe una diferencia entre el
derecho de petición y el derecho a obtener lo pedido». En otras palabras, una respuesta es
suficiente cuando resuelve materialmente la petición y satisface los requerimientos
del solicitante, sin perjuicio de que la respuesta sea negativa a las pretensiones del
peticionario, pues se considera efectiva si la respuesta soluciona el caso que se
plantea y es congruente si existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal
manera que la solución verse sobre lo pedido.

En lo que respecta a la notificación de la respuesta al derecho de petición, la Corte
Constitucional indicó que corresponde a la administración actuar con diligencia para
que la respuesta sea conocida por el interesado, gestión que denota lealtad y

15
Sustituido por el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015, «Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición
y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo».

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02321-00
Demandante: Jorge Ernesto Andrade

publicidad de las actuaciones de la administración y permite materializar el derecho
al debido proceso del administrado, ya que es condición necesaria para que el
interesado ejerza su derecho de defensa y contradicción.
Además, la Corte Constitucional hace énfasis en que, «la administración tiene la carga
probatoria de demostrar que notificó al solicitante su decisión, pues el conocimiento de esta hace
parte del intangible de ese derecho que no puede ser afectado» 16.

Conforme al artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1º de la
Ley 1755 de 2015, tratándose de peticiones escritas, como la que ocupa la atención
de la Sala, cuando la autoridad a quien se dirige un derecho de petición no es la
competente para resolverlo, dentro de los 5 días siguientes a la recepción de la
solicitud, deberá remitirla al competente, y enviar copia del oficio remisorio al
peticionario17.
Significa que si la autoridad a quien se dirige el derecho de petición, resulta no ser
a quien legal y/o reglamentariamente corresponde resolverlo, debe, dentro del
término y ajustado al procedimiento señalado en ese artículo, darle traslado y
ponerlo en conocimiento de quien sí lo es, para que le dé respuesta de fondo a la
respectiva petición.
Conviene precisar que la respuesta a la solicitud no exige necesariamente la
decisión favorable o positiva a los intereses de la persona, en razón a que una cosa
es el derecho de petición y otra es el derecho a lo pedido. Sobre ese asunto la Corte
Constitucional en sentencia T-063 de 2000, explicó:
«En primer lugar cabe señalar que existe una diferencia esencial entre el derecho de petición
y el derecho a lo pedido, en cuanto el primero de ellos, consagrado en el artículo 23 de la
Carta, hace referencia a la facultad que tienen las personas de elevar solicitudes respetuosas
ante las autoridades, en la seguridad de obtener de ellas una pronta y oportuna
respuesta que debe hacerse conocer en debida forma al interesado, y que materialmente
responda las inquietudes o asuntos planteados. Este derecho, en los distintos aspectos que
lo componen y que han sido analizados por la doctrina de la Corte, puede ser objeto de amparo
constitucional en sí mismo y con independencia del contenido de las peticiones.

Por su parte, el derecho a lo pedido hace alusión a aquel que se pretende defender, o cuyo
reconocimiento se busca a través del ejercicio del derecho de petición. El objeto de la solicitud,
que no interesa para los fines de la garantía constitucional, en los términos expuestos, tiene
en cambio relevancia frente a la normatividad que regula el ejercicio de esos otros derechos,
canalizados en su ejercicio por la vía de la solicitud elevada ante la autoridad competente.
Esta, respecto del fondo de la petición, no está obligada a absolverla favorablemente
y, en todo caso su decisión, si así lo quiere el solicitante por considerar que sus derechos
son violados con la respuesta negativa, está llamada a debatirse ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, en tanto, como lo ha dicho la jurisprudencia, ya no
está en juego el derecho fundamental de que trata el artículo 23 de la Carta, "sino
otros derechos, para cuya defensa existen las vías judiciales contempladas en el Código
Contencioso Administrativo y, por tanto, respecto de ella -esa hipótesis- no cabe la acción
de tutela salvo la hipótesis del perjuicio irremediable (artículo 86 C.N.) .

5. Del contenido de las solicitudes y el trámite impartido por las autoridades
accionadas.

5.1. Petición radicada el 18 de noviembre de 2025

5.1.1. El señor Jorge Ernesto Andrade, cuestionó no obtener respuesta sobre la
petición fechada del 11 de noviembre de 2025 y radicada presencialmente el 18
de noviembre de 2025, a las 9:59 a.m. en la alcaldía de Santiago de Cali -
Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, la cual iba dirigida a la «ALCALDÍA DE

16
Corte Constitucional. Sentencia T-149 de 2013.
17
«Artículo 21. Funcionario sin competencia. «sustituido. Ley 1755, art. 1º» Si la autoridad a quien se dirige la petición
no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días
siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará
copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos
para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente».

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02321-00
Demandante: Jorge Ernesto Andrade

SANTIAGO DE CALI/DISTRITO ESPECIAL/CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA/»,
en la que planteaba la necesidad de que se impartieran talleres y
capacitaciones a los Jueces de Paz y Reconsideración. La alcaldía registró la
solicitud bajo el número 2025-4173010-206279-2, como se advierte a
continuación:

En este derecho de petición, el señor Andrade solicitó que se dictaran talleres
sobre sus funciones y competencias como jueces de paz, para así desarrollar
correctamente su actividad, evitar procesos disciplinarios y garantizar los
derechos fundamentales e intereses colectivos de las comunidades donde
ejerce su labor.

5.1.2. De acuerdo con la contestación que brindó la Secretaría de Paz y Cultura
Ciudadana de la Alcaldía de Santiago de Cali, el 24 de noviembre de 2025 esa
oficina dio trámite a la petición.

Mediante el Oficio 202541640200003241 dicha autoridad remitió la petición por
competencia al magistrado Jorge Dussan Hitscherich del Consejo Seccional
de la Judicatura de Cali, porque se relacionaba con la solicitud de «unos talleres
de capacitación, en lo concerniente a sus funciones». El oficio se envió al correo
electrónico auxj03consecjudcali@cendoj.ramajudicial.gov.co como se advierte a
continuación:

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02321-00
Demandante: Jorge Ernesto Andrade

A su vez, esta comunicación de traslado por competencia le fue comunicada
en la misma fecha al señor Jorge Ernesto Andrade al correo electrónico
andradejorge293@gmail.com18, a través del Oficio 202541640200003251, en el
que se le indicó que si bien esa Secretaría recibió la solicitud de talleres de
capacitación «con el fin de no cometer errores administrativos y abuso de autoridad como
jueces de paz y mejorar la atención a la comunidad, en general», no es la autoridad
competente para atender lo requerido, motivo por el cual procedería a remitir
la solicitud al Consejo Seccional de la Judicatura, conforme a lo dispuesto en
el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, para que «dentro del ámbito de sus
competencias, se adelanten las acciones que considere pertinentes», toda vez que esa
autoridad es quien debe ejecutar y organizar el Programa General de
Formación de jueces de paz y de reconsideración.

De otro lado, si bien la parte accionante no acreditó haber remitido
directamente la petición fechada del 11 de noviembre de 2026 al Consejo
Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, esta entidad, en la contestación
de la presente acción de tutela acreditó haber enviado respuesta a una petición
idéntica a la presentada por el señor Jorge Ernesto Andrade ante la Secretaría
de Paz y Cultura Ciudadana de la ciudad de Santiago de Cali. Así:

En el mencionado correo se adjuntó el Oficio CSJVAO25-1868 del 14 de
noviembre de 2025, en el que se le informó al señor Andrade, Juez de Paz de
Cali, que el taller que pretendía respecto de competencias y funciones de los
jueces de paz se había dictado el 2 y 9 de agosto de 2025, y que el módulo de
procedimiento en la Jurisdicción de Paz se dictaría próximamente, información
que se le comunicarían en su momento. Esto en los siguientes términos:
«En relación con solicitud de que se dicten unas capacitaciones específicas a los jueces de
paz, le informamos que en virtud al Plan Integral de Formación aprobado por el Comité
Departamental de Coordinación Interinstitucional, los temas que usted refiere sobre la
competencia y las funciones, se abordaron en el módulo 2, denominado “Introducción al rol de
juez de paz y de reconsideración”, el cual se dictó el 2 y el 9 de agosto del año en curso.

Por su parte, los asuntos que menciona sobre el procedimiento que debe seguir el juez de
paz, hacen parte de los temas que se van a dictar en el módulo 5 denominado “Procedimiento
jurisdicción de paz”, sobre el inicio de este curso se comunicará oportunamente para su
inscripción.».

De ahí que, la Sala encuentra que en lo que respecta a la solicitud fechada el
11 de noviembre de 2025 el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del
Cauca dio respuesta con el Oficio CSJVAO25-1868 el cual le fue comunicado

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Demandante: Jorge Ernesto Andrade

al peticionario con envío al correo electrónico andradejorge293@gmail.com el 14
de noviembre de 2025.

Por lo que, se negará la pretensión relacionada con esta petición toda vez que
no se advierte vulneración del derecho de petición.

5.2. Petición radicada el 16 de diciembre de 2025

5.2.1. Del estudio del expediente y de los anexos se tiene que el señor Jorge Ernesto
Andrade, cuestionó no obtener respuesta sobre la solicitud fechada del 9 de
diciembre de 2025, la cual fue radicada presencialmente el 16 de diciembre de
2025 a las 4:30 p.m. ante la alcaldía de Santiago de Cali.

La alcaldía registró la solicitud bajo el número 2025-4173010-221550-2, como
se advierte a continuación:

Esta nueva solicitud el accionante la denominó: «Acción popular» y en el
encabezado estaba dirigida a los Juzgados Administrativos del Circuito de Cali
y se identificó como demandados a la Alcaldía de Santiago de Cali y al Consejo
Superior de la Judicatura.

En esta pretendía la protección de los derechos colectivos por la ausencia de
respuesta que le indicara cuál era el programa o el plan de formación integral
para los jueces de paz y reconsideración del Valle del Cauca pues consideraba
que «es una obligación capacitarnos para no cometer más errores administrativos y no ser
perseguidos por la ofician (sic) de investigación disciplinarias del valle del cacua (sic), dentro
de su temeridad. Articulo (sic) 39 y 40 de esta ley 472 de 1998.»

5.2.2. De acuerdo con la contestación que brindó la Secretaría de Paz y Cultura
Ciudadana de la Alcaldía de Santiago de Cali, el 23 de diciembre de 2025 se
le envió respuesta al señor Jorge Ernesto Andrade, informándole que la acción
popular según la ley 472 de 1998 es una acción de carácter judicial, además
de hacer un recuento sobre las competencias referentes a los Jueces de Paz
y Reconocimiento, destacando que su función es solo de promoción
pedagógica, mientras que la financiación corresponde a la rama judicial y la
formación y capacitación de dichos jueces corresponde al Consejo Superior
de la Judicatura.19 Así:
(Sic a toda la cita)
«Le informamos que la presente comunicación no constituye la contestación judicial a la
demanda. Como entidad pública respetuosa del debido proceso y el ordenamiento jurídico, la
Alcaldía de Santiago de Cali debe someterse a las etapas procesales establecidas en la Ley
472 de 1998. “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia
en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras
disposiciones.”

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02321-00
Demandante: Jorge Ernesto Andrade

De conformidad con los Artículos 20, 21 y 22 de la Ley 472 de 1998, una vez el juez
competente admita la demanda, este ordenará la notificación personal al representante legal
de la entidad demandada y correrá el respectivo traslado.
En consecuencia, esta Secretaría y la Oficina Jurídica de la Alcaldía estarán a la espera de
que el Despacho Judicial al cual le corresponda por reparto el conocimiento de su acción,
profiera el Auto Admisorio y surta la notificación legal correspondiente. Será en ese escenario
procesal donde la Administración Distrital ejercerá su derecho de defensa y contradicción,
presentando los argumentos fácticos y jurídicos pertinentes. […]
La Alcaldía de Santiago de Cali ha cumplido con sus funciones de apoyo logístico a las
elecciones y promoción de la figura. Las pretensiones relacionadas con capacitación formal,
dotación de equipos y asignación presupuestal para funcionamiento son, por ley, del resorte
exclusivo del Consejo Superior de la Judicatura. No obstante, la administración del señor
alcalde Álvaro Alejandro Eder, en su compromiso con la reconciliación y la paz del Distrito
Especial de Santiago de Cali y dentro sus competencia y capacidades, ha atendido la
formación de los jueces de Paz y Reconsideración, tal es el caso que para la vigencia 2024 ,
la Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana llevo a cabo un Convenio Interadministrativo, con la
Universidad de Valle, a través de cual se adelantó un Diplomado denominado, “Diplomado en
Justicia de Paz: Mediación y Conciliación en Equidad” formación de la que usted hizo parte;
tal es el caso que en el mismo mes de diciembre usted envió un documento en el que, a través
de sus redes sociales, agradeció por el diplomado. También mencionó que ese diplomado
tendría su último día de clases el sábado 14 de diciembre de 2024.
No siendo más, estaremos atentos a la notificación judicial para exponer los argumentos ante
el juez competente.»

No obstante, de esta respuesta dada por la Secretaría de Paz y Cultura
Ciudadana de la Alcaldía de Santiago de Cali al accionante no obra constancia
de notificación, por lo que, teniendo en cuenta que parte del núcleo esencial
del derecho de petición es que la decisión adoptada se le notifique al
peticionario, y en este expediente no obra tal constancia, se procederá a
amparar este derecho para efectos de que la Alcaldía de Santiago de Cali surta
en debida forma la notificación de la respuesta adoptada en esta petición al
correo de notificación aportado por el peticionario.
5.2.3. Por otra parte, el accionante como anexo allegó una captura de pantalla de la
cual se observa que remitió un correo electrónico el 18 de diciembre de 2025
ante el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, a la dirección:
ssadmvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co a las 9:33 a.m. desde el correo
andradejorge293@gmail.com21, cuyo asunto es «Acción popular 18 dic 2025.pdf».

Sin embargo, del informe rendido por el Consejo Seccional de la Judicatura
del Valle del Cauca22, no se evidencia que se haya tramitado o dado respuesta
alguna a dicho escrito.
Si bien el objeto de este puede ser entendido como una acción popular que el
peticionario formuló y omitió presentar ante la autoridad judicial competente,
esto no obsta para que la entidad accionada diera trámite remitiendo el escrito
ante la oficina de reparto, o brindara una respuesta con los reparos y
claridades que resultaran de su consideración, incluso poniendo en
conocimiento del accionante el «PLAN DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA JUECES
DE PAZ Y JUECES DE RECONSIDERACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA 2025» o en su
defecto el del año 2026.
En vista de lo anterior, se amparará el derecho de petición del señor Andrade
en lo que respecta a la solicitud que radicó el 18 de diciembre de 2025 ante el
Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, para que dé el trámite
correspondiente, en el evento de no haberlo hecho, si por el contrario remitió
esa solicitud ante la jurisdicción debe informar al señor Jorge Ernesto Andrade
al correo de notificación aportado.

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Demandante: Jorge Ernesto Andrade

6. Conclusión

Así las cosas, la Sección negará las pretensiones de la presente acción de tutela,
referente a la respuesta de la petición radicada el 18 de noviembre de 2025 respecto
a las dos entidades accionadas.

Por otro lado, la Sala amparará el derecho fundamental de petición del señor Jorge
Ernesto Andrade, en lo referente a la petición radicada el 16 (radicación presencial) y
18 (radicación electrónica) de diciembre de 2025. Para tal fin, se ordenará que dentro
de los tres (3) días siguientes a la notificación de esta providencia:

(i) La Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana de Santiago de Cali que le
notifique al señor Jorge Ernesto Andrade la respuesta adoptada el 23 de
diciembre de 2025 a la petición con radicado 2025-4173010-221550-2, al
correo de notificaciones aportado por el peticionario.

(ii) El Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, a través de la
dependencia que corresponda, le dé el trámite correspondiente a la acción o
brinde una respuesta clara, completa y de fondo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. NEGAR las solicitudes de desvinculación invocadas por la Escuela Judicial
“Rodrigo Lara Bonilla” y la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana de la
Alcaldía de Santiago de Cali.

2. NEGAR la pretensión de la presente acción de tutela, referente a la respuesta
de la petición radicada el 18 de noviembre de 2025, conforme a los
planteamientos expuestos.

3. AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor Jorge Ernesto
Andrade. En consecuencia, ordenar:

(i) A la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Santiago
de Cali que, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la
presente providencia, surta la notificación de la respuesta adoptada en la
petición radicada por el señor Andrade el 16 de diciembre de 2025 (ítem
5.4 de la providencia) al correo de notificaciones aportado por el
peticionario.

(ii) Al Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, a través de la
respectiva dependencia, que dentro de los tres (3) días siguientes a la
notificación de la presente providencia y dentro del ámbito de su
competencia, emita una respuesta clara, completa y de fondo a la
solicitud radicada por el señor Jorge Ernesto Andrade, el 18 de diciembre
de 2025, o proceda a darle el trámite correspondiente, y que este se le
notifique al actor en los términos previstos en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

4. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

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Demandante: Jorge Ernesto Andrade

5. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

6. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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