Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02323-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
De nulidad y restablecimiento del derecho: competencia de la jurisdicción
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02323-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-02323-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
20 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026).
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02323-00
Accionado: ASTRUM S.A.S.
Accionante: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN PRIMERA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia / PROCESO
DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Competencia de la jurisdicción
de lo contencioso administrativo / REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Se
acudió a la acción de tutela con el propósito de reabrir la discusión definida en el proceso
ordinario – Se plantea un debate legal / PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD – Se encuentra
pendiente de resolver un incidente de nulidad
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela1 instaurada
por la sociedad Astrum S.A.S.2, por conducto de apoderado3, de conformidad con
lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política, en el artículo 29 del
Decreto 2591 de 1991 y en el Decreto 333 de 2021.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 20 de marzo de 2026, la parte accionante presentó acción de tutela contra la
Sección Primera del Consejo de Estado, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia.
Hechos relevantes
2. La sociedad Proyecto 2000 Ltda., hoy Astrum S.A.S., promovió demanda en
ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el
artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, contra el Distrito Turístico
Cultural e Histórico de Santa Marta, con el fin de obtener las siguientes
pretensiones:
1 Que ingresó al despacho para fallo el 10 de abril de 2026.
2 Antes Proyecto 2000 Ltda.
3 Se advierte que el señor Carlos Javier Rueda Vesga como representante legal de la Sociedad
Constructora Astrum S.A.S. le otorgó poder al señor Joaquín Daniel Jiménez de la Rosa. El
mencionado representante legal figura en el certificado de existencia y representación legal del 12
de marzo de 2024. Ver certificado 0EDB62AA2E26044F F753A615935A22F4 4071FF0D4EFEA54D
D7A5761B66AE4F3C, págs. 18 a 22, índice 2 de Samai.
1
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02323-00
Accionante: Astrum S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
“[…] 1. Se Decrete la Nulidad de la Resolución No. 139 de fecha 18 de
Febrero del 20011, (sic) notificada el día 22 de Febrero del 20111 (sic), que
ordenó Revocar el acto Administrativo de fecha 29 de Octubre del 2009, por
medio del cual se resolvió el Recurso de Reposición, interpuesto en contra
de la Resolución No. 4461 de fecha 19 de diciembre del 2007.
Esta Solicitud la fundamento en la falta de competencia que tiene el ente
territorial, para proferir Actos Administrativos de Revocatoria Directa, pues
las decisiones que se adoptan, en este tipo de procedimiento, son
actuaciones que corresponden a verdaderos actos Jurisdiccionales y no
actos propiamente administrativos.
2. Solicito se Decrete la Nulidad de la Resolución No.139 de fecha 18 de
febrero del 2011, notificada el día 22 de Febrero del 2011, por estar expedida
de manera irregular, pues no tuvo en cuenta la Administración Distrital, que
la falta de competencia expuesta en la referenciada resolución, ya había sido
discutida al interior del proceso, a través de un Incidente de Nulidad,
disponiéndose, que la administración, si (sic) tenía competencia para
adelantar este tipo de procesos, fijando en consecuencia caución, por
ejercicio de servidumbres legales.
Que como consecuencia de lo anterior solicito a titulo (sic) de
Restablecimiento lo siguiente:
A. Se ordene continuar con el trámite administrativo del proceso Radicado
bajo el No 014-2006, dejando en consecuencia vigente la Resolución de
fecha 29 de Octubre del 2009, mediante el cual el Distrito de Santa Marta,
ordenó la fijación de una caución, equivalente al diez por ciento (10%) de la
Suma de Treinta Mil Millones de Pesos, reclamadas por parte de la Empresa
Proyecto 2.000 Ltda.
B. Que se condene en Costas Procesales al Distrito de Santa Marta, por dar
lugar a esta reclamación. […]”4
3. Inicialmente el asunto se radicó bajo el número 47001-33-31-002-2011-00181-00
y fue asignado al Juzgado Segundo (2.°) Administrativo del Circuito Judicial de
Santa Marta. Mediante auto del 29 de mayo de 2025, dicha autoridad dispuso remitir
el expediente al Tribunal Administrativo del Magdalena, al estimar que carecía de
competencia para conocer del caso en primera instancia en atención a la cuantía.
4. El trámite se registró con el número 47001-23-31-000-2015-00032-00 y fue
repartido al Tribunal Administrativo del Magdalena que, mediante auto del 26 de
enero de 2026, asumió el conocimiento de la controversia.
5. Luego de ello, expuso que el Tribunal Administrativo del Magdalena, a través de
auto del 6 de septiembre de 2016, declaró la nulidad de todo lo actuado por falta de
jurisdicción y ordenó remitir el proceso a los Juzgados Civiles Municipales de Santa
Marta, para lo de su competencia.
6. Lo anterior, por considerar que, de acuerdo con las pretensiones de la demanda,
encaminadas a obtener la nulidad de la Resolución núm. 139 de 2011 y la fijación
de una caución e indemnización derivadas de una servidumbre de hidrocarburos, el
asunto implicaba determinar la autoridad competente para establecer tales
conceptos. Así, concluyó que, conforme a la Ley 1274 de 2009, dicha competencia
4 Folios 1 y 2. Archivo “61_Autoquerechaz_OraExp20150003201Pro_0_20260224165214008”.
2
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02323-00
Accionante: Astrum S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
radicaba en el juez civil municipal del lugar donde se ubicaba el predio, dentro de
un trámite especial que debía adelantarse, en principio, mediante negociación
directa y, en su defecto, ante la jurisdicción ordinaria.
7. En ese sentido, el Tribunal Administrativo del Magdalena advirtió que la sociedad
demandante acudió indebidamente a una actuación administrativa ante la autoridad
distrital, la cual no era susceptible de control ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, por lo que se configuraba una falta de jurisdicción. No obstante,
precisó que, en aplicación del artículo 138 del Código General del Proceso, lo
actuado conservaba validez y el expediente debía remitirse al juez competente para
que adoptara la decisión de fondo correspondiente.
8. La sociedad demandante interpuso recursos de reposición y, en subsidio,
apelación, contra la decisión precitada. El Tribunal Administrativo del Magdalena,
mediante auto del 4 de abril de 2019, rechazó por improcedente la reposición y
concedió la apelación ante el Consejo de Estado.
9. El asunto fue asignado a la Sección Primera del Consejo de Estado, despacho
del entonces consejero Oswaldo Giraldo López, que, por medio de providencia del
16 de octubre de 2020, admitió el recurso de apelación. Sin embargo, el 30 de mayo
de 2024, el referido magistrado manifestó impedimento para conocer de la
controversia.
10. La Sección Primera del Consejo de Estado, despacho del consejero Germán
Eduardo Osorio Cifuentes, a través de auto del 30 de mayo de 2024, (i) declaró
fundado el impedimento; (ii) separó al magistrado Oswaldo Giraldo López del
estudio del proceso; y (iii) asumió el conocimiento del recurso de apelación
presentado por la entonces sociedad Proyecto 2000 Ltda. contra la providencia del
6 de septiembre de 2016.
11. Así, surtido el trámite precitado, por medio de auto del 23 de febrero de 2026, la
autoridad judicial accionada rechazó el recurso de apelación en comento, por
considerar que carecía de la carga argumentativa requerida para realizar el análisis
de fondo, en razón a que no se controvirtieron los fundamentos de la decisión
impugnada.
12. La parte actora interpuso recurso de queja contra el auto del 23 de febrero de
2026; no obstante, la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante auto del 10
de marzo de 2026, lo rechazó por improcedente, al discurrir que contra la
providencia que decide el recurso de apelación no procede ningún otro medio de
impugnación.
Pretensiones
13. En el presente proceso de tutela, la parte accionante solicita lo siguiente (se
transcribe textualmente):
“PRIMERO: Que se amparen los derechos fundamentales de ASTRUM
S.A.S. antes PROYECTO 2000 LTDA al debido proceso por defecto
3
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02323-00
Accionante: Astrum S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
sustancial y defecto fáctico y el derecho al acceso a la administración de
justicia respecto de las providencias de 23 de febrero del 2026 y 10 de marzo
del 2026 proferidas por de la Sección Primera del Honorable CONSEJO DE
ESTADO Consejero ponente Dr. GERMAN OSORIO CIFUENTES radicado
47001-23-31-000-2015-00032-01.
SEGUNDO: Que se ordene a la Sección Primera del Honorable CONSEJO
DE ESTADO Consejero ponente Dr. GERMAN OSORIO CIFUENTES
radicado 47001-23-31-000-2015-00032-01 dejar sin efectos los autos de
fecha 23 de febrero del 2026 y 10 de marzo del 2026 proferidas por de la
Sección Primera del Honorable CONSEJO DE ESTADO Consejero ponente
Dr. GERMAN OSORIO CIFUENTES radicado 47001-23-31-000-2015-
00032- 01.
TERCERO: Que se ordene a la Sección Primera del Honorable CONSEJO
DE ESTADO Consejero ponente Dr. GERMAN OSORIO CIFUENTES
radicado 47001-23-31-000-2015-00032-01 seguir adelante con el trámite de
la apelación contra el auto de 6 de septiembre de 2016.
CUARTO: Que se conmine a la Sección Primera del Honorable CONSEJO
DE ESTADO Consejero ponente Dr. GERMAN OSORIO CIFUENTES
radicado 47001-23-31-000-2015-00032-01 a proferir decisión de fondo con
arreglo a prescripciones legales y jurisprudenciales vigentes y aplicables
para la materia del proceso.
QUINTO: Las demás que extrapetita y ultrapetita se logren demostrar o
advierta el despacho, en virtud de la facultad que ostentan los jueces
constitucionales”5.
Fundamentos de la demanda de tutela
14. La parte accionante sostiene que la Sección Primera del Consejo de Estado
incurrió en un defecto sustantivo, en la medida en que se aplicaron criterios
jurídicos que desconocieron el marco normativo aplicable, al excluir sin justificación
una circunstancia relevante y acudir a una norma inaplicable al caso concreto, sin
exponer las razones que sustentaran dicha determinación. En ese sentido, la
sociedad actora adujo que no se trata de una simple discrepancia interpretativa,
sino de un error en la selección y aplicación de la norma, lo que condujo a una
consecuencia jurídica inadecuada, como fue el rechazo del recurso.
15. Al respecto, manifiesta que en las providencias acusadas no se evidenció una
motivación suficiente que explicara por qué la consecuencia jurídica adoptada era
procedente y se omitió analizar de fondo los argumentos expuestos por la parte
actora, especialmente aquellos dirigidos a esclarecer el procedimiento aplicable
conforme al Código de Minas y la Sentencia C-063 de 2005, proferida por la Corte
Constitucional. Por el contrario, afirma la demandante que la Sección Primera del
Consejo de Estado se limitó a formular afirmaciones genéricas, como señalar que
el recurrente no sustentó la aplicabilidad del procedimiento, pese a que
precisamente el recurso buscaba dilucidar ese aspecto.
16. A su vez, alega un defecto procedimental derivado de la forma en que se
tramitó el recurso, en tanto considera que se desconocieron las reglas que rigen el
debido proceso, particularmente el derecho de las partes a ser oídas y a que sus
5 Folios 7 y 8 del escrito de tutela.
4
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02323-00
Accionante: Astrum S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
argumentos sean valorados de manera efectiva. Ello, al haberse rechazado el
recurso de apelación sin explicar las razones que justificaran dicho cambio de
decisión, teniendo en cuenta que previamente había sido admitido por un
magistrado ponente distinto. Esta actuación, a su juicio, resulta contraria a los
principios de coherencia y transparencia procesal, pues no se expusieron las
circunstancias que motivaron la variación del criterio inicialmente adoptado.
Trámite procesal
17. Por medio de auto del 24 de marzo de 2026, el despacho sustanciador admitió
la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar a la Sección Primera del
Consejo de Estado como accionada y al Tribunal Administrativo de Magdalena, al
Juzgado Segundo (2.°) Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta, al Distrito
Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, al Ministerio Público, y a los demás
intervinientes dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado No. 47001-23-31-000-2015-00032-00/01, como terceros
con interés en las resultas del proceso, para que ejercieran su derecho de defensa.
De igual modo, se ordenó la vinculación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado.
Intervenciones
18. El Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, a través de
apoderado, solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva, al considerar que el ente distrital no es el llamado a responder por la
presunta vulneración de derechos fundamentales que alega la sociedad accionante.
19. Por conducto del magistrado Germán Eduardo Osorio Cifuentes, la Sección
Primera del Consejo de Estado solicitó que se declare improcedente la acción de
tutela de la referencia por no cumplir con los requisitos de subsidiariedad y
relevancia constitucional. De igual modo, en caso de efectuarse un análisis de
fondo, señaló que debe negarse el amparo pretendido, por no advertirse vulneración
alguna de derechos fundamentales.
20. Sostuvo que en el caso bajo estudio no se cumple con el requisito de
subsidiariedad, en atención a que el 19 de marzo de 2026, el apoderado de la
sociedad demandante presentó incidente de nulidad procesal dentro de la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación núm. 47001-23-31-000-
2015-00032-01, el cual, de acuerdo con la información consignada en el aplicativo
Samai, aún se encuentra pendiente de resolver.
21. En igual sentido, advirtió que el asunto de la referencia no tiene relevancia
constitucional, en la medida que la controversia debatida no gira en torno al alcance,
aplicación y/o desarrollo de un derecho fundamental, sino frente a la inconformidad
con la decisión adoptada por el juez natural. Además, guarda relación con temas de
carácter meramente legal o de contenido económico que fueron resueltos por el
juez de la causa.
5
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02323-00
Accionante: Astrum S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
22. El Tribunal Administrativo del Magdalena realizó un recuento de las
actuaciones surtidas en el trámite de la primera instancia de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, para concluir que no se vislumbra violación a sus
garantías fundamentales, toda vez que esa autoridad no ha llevado a cabo ningún
trámite que pueda ser censurado.
23. La Procuraduría Delegada de Intervención 10: Quinta ante el Consejo de
Estado rindió concepto y solicitó que se declare improcedente la acción de tutela
de la referencia.
24. Manifestó que dentro del trámite ordinario de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho está todavía pendiente por tramitar una solicitud de
nulidad impetrada por la parte actora y, adicionalmente, en todo caso, el proceso
debe seguir su curso, ante la jurisdicción pertinente y el juez que se determine
competente. Por ello, al ser la acción de tutela un mecanismo residual y subsidiario,
no procede cuando el interesado aun dispone de medios idóneos de defensa para
obtener la satisfacción de sus pretensiones.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Competencia
25. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de segunda instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.
Problemas jurídicos y metodología de la decisión
26. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder ¿si la presente acción cumple con los
requisitos generales de procedibilidad?
27. De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá ¿si la Sección
Primera del Consejo de Estado, con la expedición de los autos del 23 de febrero de
2026 y 10 de marzo de 2026, incurrió en los defectos sustantivo y procedimental y,
por consiguiente, en la vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia de la parte accionante?
28. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) el cumplimiento
de los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad y (iii) el caso concreto.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
29. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 20056, reiterado de
manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela
6 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
6
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02323-00
Accionante: Astrum S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.
30. De manera frecuente la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar7; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela8, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional9 o el Consejo de Estado10, ni
una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP11; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable12 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
Del principio de subsidiariedad. Procedencia excepcional de la acción de
tutela
31. El artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 6.° del Decreto 2591 de
1991 establecen que la acción de tutela es procedente cuando no exista un medio
de defensa judicial eficaz que permita resolver el asunto sometido a consideración
del juez o, en los casos en los que, pese a contar el accionante con una herramienta
idónea, se esté frente a la inminencia de un perjuicio irremediable en los términos
de la jurisprudencia constitucional.
32. En la sentencia SU-355 de 2015, la Corte Constitucional precisó su posición
frente al requisito de subsidiariedad y señaló que este principio se rige por las reglas
de exclusión de procedencia y de procedencia transitoria. Así, estableció que (i) es
improcedente cuando existen medios de defensa judicial idóneos y eficaces para
7 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
8 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
9 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
10 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
11 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
12 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
7
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02323-00
Accionante: Astrum S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
resolver el problema jurídico y no se evidencia riesgo de un perjuicio irremediable;
(ii) procede de manera definitiva cuando no existen tales mecanismos; y, (iii) de
forma excepcional, es procedente de manera transitoria cuando, aun existiendo
medios judiciales adecuados, se advierte la posibilidad de un perjuicio irremediable
que haga necesaria la protección inmediata de los derechos fundamentales del
accionante.
33. Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que,
cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional, se admite la
excepcionalmente la tutela y es tarea del operador jurídico realizar un examen
flexible de procedibilidad de la acción. Así, ha sostenido la Corte:
“[…] 46. En sentencia SU-588 de 2019, esta Corte reiteró su postura
respecto del requisito de subsidiariedad y estableció que este principio
responde a las reglas de (i) exclusión de procedencia y (ii) procedencia
transitoria.
47. En otras palabras, (i) si existe un medio de defensa idóneo y eficaz para
resolver el problema jurídico y no hay riesgo de que se configure un perjuicio
irremediable, la acción de tutela es improcedente; (ii) cuando no existen
mecanismos de defensa idóneos y eficaces para resolver el asunto puesto
a consideración del juez constitucional, la tutela será procedente de manera
definitiva; y (iii) de manera excepcional, cuando la persona disponga de
medios de defensa idóneos y eficaces, pero exista riesgo de configuración
de un perjuicio irremediable, el amparo será procedente de manera
transitoria con el fin de proteger los derechos fundamentales del
accionante”.13
Del requisito de relevancia constitucional
34. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté
directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a
reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente
al juez ordinario.
35. La Corte Constitucional indicó14 que la tutela contra providencias judiciales no
puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar sentencias ni
reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga
relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los
derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión
judicial.
36. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de
amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en el
eventos en que se pretende reabrir el debate15: (i) el debate debe recaer sobre un
asunto constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe
13 Corte Constitucional. Sentencia T-095 de 2022.
14 Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018.
15 Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.
8
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02323-00
Accionante: Astrum S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
relacionarse con un debate jurídico que se centre al contenido, alcance y goce de
algún derecho fundamental, o tiene una trascendencia para la aplicación y el
desarrollo eficaz de la Constitución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates exclusivamente legales.
37. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental
para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de
manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una
trasgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen
de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez
constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de
corrección judicial, el cual se escapa de su competencia16.
Caso concreto
38. La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el
presente asunto, por cuanto no se cumple con los requisitos generales de
procedibilidad de subsidiariedad y relevancia constitucional.
39. En el caso bajo estudio, la parte accionante pretende que se dejen sin efectos
los autos del 24 de febrero y 10 de marzo de 2026, proferidos por la Sección Primera
del Consejo de Estado, mediante los cuales se rechazaron, respectivamente, los
recursos de apelación y de queja interpuestos por la sociedad Proyecto 2000 Ltda.,
hoy Astrum S.A.S. Dichos recursos se dirigían contra la decisión del Tribunal
Administrativo del Magdalena que ordenó remitir la demanda presentada contra el
Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta a los Juzgados Civiles
Municipales de esa ciudad.
40. En primer lugar, de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, se
advierte que, el 19 de marzo de 2026, el apoderado de la sociedad Astrum S.A.S.
presentó incidente de nulidad dentro del proceso radicado núm. 47001-23-31-000-
2015-00032-01 e invocó la causal de pretermisión integral de la instancia. Lo
anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 133 del Código General del
Proceso, que establece como causal de nulidad que “el juez reviva un proceso
legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia”.
41. Al respecto, acorde con la información consignada en el aplicativo Samai17, se
tiene que el incidente ingresó a despacho el 6 de abril de 2026 y se encuentra
pendiente de pronunciamiento por parte de la Sección Primera del Consejo de
Estado. Por ello, no resulta jurídicamente viable que el juez constitucional emita un
pronunciamiento de fondo sobre lo solicitado, en la medida en que la parte
accionante dispone de medios de defensa idóneos y eficaces previstos en el
ordenamiento jurídico vigente.
16 Corte Constitucional, sentencia SU-134 de 2022.
17 Expediente radicado número 47001-23-31-000-2015-00032-01. Véase índice 79 y siguientes.
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=47001233100020150
0032011100103
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02323-00
Accionante: Astrum S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
42. En efecto, las pretensiones que se formulan en sede de tutela pueden ser
planteadas ante el juez de lo contencioso administrativo, autoridad competente para
conocer y resolver este tipo de controversias, lo cual impide que la acción
constitucional sea utilizada como un mecanismo alternativo o sustitutivo de las
acciones ordinarias existentes.
43. Así las cosas, es necesario resaltar que la causal de improcedencia de la acción
consistente en la existencia de otros medios de defensa tiene el propósito de
respetar la división de competencias que la Constitución Política ha delineado y el
principio de especialidad de la jurisdicción; por tanto, invadir la órbita de
competencia del juez natural de la causa implica desconocer el encargo
constitucional de poner fin a las controversias en una jurisdicción determinada,
función para la cual fueron revestidos de autonomía e independencia.
44. Conjuntamente, en el presente caso no se configura un perjuicio irremediable 18
que habilite la procedencia excepcional de la acción de tutela, pues la sociedad
accionante no demostró que la espera derivada del agotamiento del incidente de
nulidad le ocasione un perjuicio definitivo o irreversible que haga necesaria la
intervención inmediata del juez constitucional.
45. En consecuencia, mientras dicho mecanismo se encuentre disponible, la acción
de tutela no puede sustituirlo ni anticipar su resultado, sin que ello implique una
afectación actual o definitiva de los derechos fundamentales invocados. De esta
manera, del análisis de las circunstancias fácticas del caso no se advierte la
configuración de un riesgo inminente, un daño grave o una condición impostergable,
pues lo pretendido en sede constitucional puede ser solicitado y resuelto dentro de
los trámites judiciales correspondientes.
46. En segundo lugar, para esta Subsección es claro que la tutela ejercida por la
parte accionante no supera la relevancia constitucional. En lo que respecta al
presunto defecto sustantivo, se advierte que la parte accionante no plantea una
controversia de naturaleza constitucional, sino que expresa su desacuerdo con la
interpretación jurídica realizada por los jueces administrativos dentro del proceso
ordinario. En efecto, los reproches formulados en la demanda de tutela se dirigen a
cuestionar la manera en que la Sección Primera del Consejo de Estado valoró la
sustentación del recurso de apelación y definió las consecuencias procesales
derivadas de la falta de carga argumentativa suficiente. Así, más que evidenciar la
aplicación de una norma manifiestamente inaplicable o el desconocimiento abierto
de una regla constitucional, la parte actora pretende que el juez de tutela reevalúe
el criterio jurídico adoptado por la corporación natural y llegue a una conclusión
distinta sobre el alcance del marco normativo aplicable. Por tanto, el asunto
propuesto se mantiene en el ámbito de un debate legal, propio de la jurisdicción
ordinaria, y no en el plano excepcional del control constitucional.
18 Las características del perjuicio irremediable se concretan en un riesgo “(i) inminente, es decir,
que la lesión o afectación al derecho está por ocurrir; (ii) grave, esto es, que el daño del bien jurídico
debe ser de una gran intensidad; (iii) urgente, en tanto que las medidas para conjurar la violación o
amenaza del derecho se requieren con rapidez; e (iv) impostergable, porque se busca el
restablecimiento de forma inmediata”, Corte Constitucional, Sentencia T-350 e 2025.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02323-00
Accionante: Astrum S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
47. En cuanto al alegado defecto procedimental, la Sala observa una
inconformidad con las decisiones adoptadas en el curso del trámite judicial. La
sociedad accionante cuestiona que el recurso de apelación hubiera sido
inicialmente admitido y posteriormente rechazado, y a partir de ello pretende que el
juez constitucional revise nuevamente la legalidad y corrección de esa actuación.
Sin embargo, ese reproche no demuestra la existencia de una irregularidad de tal
entidad que hubiera suprimido las garantías esenciales de contradicción, defensa o
acceso al juez competente, sino que busca reabrir una discusión ya resuelta por las
autoridades judiciales en ejercicio de sus competencias. De esta manera, la tutela
se utiliza como una instancia adicional para prolongar el debate del proceso
ordinario, lo que resulta incompatible con su carácter subsidiario y excepcional,
máxime cuando la controversia que se formula es, en esencia, de contenido
estrictamente legal y procesal.
48. Conjuntamente, en la tutela no se alega la vulneración del derecho al debido
proceso en su dimensión fundamental. La Corte Constitucional ha señalado que
dicho derecho sólo resulta afectado en ese ámbito cuando se desconocen sus
garantías esenciales, como el acceso al juez natural, la posibilidad de aportar y
controvertir pruebas, la publicidad del trámite y de las decisiones, la imparcialidad
judicial o el ejercicio de la defensa. Ninguno de estos aspectos resultó afectado en
el caso bajo estudio, toda vez que la parte accionante intervino de manera activa en
el proceso ordinario y ejerció su derecho a la defensa.
49. En esa misma lógica, no se advierte que se denunciara la vulneración al derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia en su dimensión
constitucional. La sociedad demandante dispuso de los recursos previstos en el
ordenamiento jurídico para controvertir las decisiones adoptadas dentro del
proceso. No obra prueba que permita inferir que se le negó la posibilidad de acudir
al aparato judicial, que se hubiere obstaculizado el normal desarrollo del trámite o
que se le hubieran restringido sus facultades procesales para ejercer su derecho de
defensa y contradicción. Por el contrario, el expediente refleja que las garantías
propias del debido proceso fueron respetadas, lo cual descarta cualquier afectación
a la tutela judicial efectiva.
50. En conclusión, la Sala considera que la intención de la parte demandante es
someter a un nuevo análisis lo que ya ha sido definido de manera válida y razonable
por el juez natural de la causa, lo que lleva a la improcedencia de la acción de tutela
debido al incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, pues la parte
actora pretende emplear la acción de tutela como un mecanismo para reabrir un
debate ya definido en el proceso ordinario.
51. En ese orden de ideas, la Sala declarará improcedente la acción de amparo
constitucional, por cuanto no se cumplen los requisitos generales de procedencia
de subsidiariedad y relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02323-00
Accionante: Astrum S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
III. R E S U E L V E
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
sociedad Astrum S.A.S., quien actúa por conducto de apoderado, contra la Sección
Primera del Consejo de Estado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: De no ser impugnada, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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