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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02326-00

Fecha
19 de mayo de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02326-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Negar la solicitud de desvinculación del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Segundo. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Alejandra Milena Moreno Astwood, en la solicitud de tutela presentada contra el Consejo de Estado, Sección Quinta y el Tribunal Administrativo del Atlántico. Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. 16 Radicado: 11001-03-15-000-2026-02326-00 Demandante: Alejandra Milena Moreno Astwood

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2026-02326-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

19 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02326-00
Demandante: Alejandra Milena Moreno Astwood
Demandados: Consejo de Estado, Sección Quinta y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad electoral / Elección de
diputada en el departamento del Atlántico / Defecto fáctico,
desconocimiento del precedente y violación directa de la
constitución
Decisión: Negar la solicitud de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la solicitud formulada por Alejandra Milena Moreno Astwood en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
y desarrollada en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud

1. Alejandra Milena Moreno Astwood promovió solicitud de tutela con el fin de
que se ampararan sus derechos y garantías fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia y políticos, con ocasión de las sentencias
proferidas los días 18 de septiembre de 2025 y 26 de febrero de 2026,
respectivamente, por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección B y el Consejo
de Estado, Sección Quinta, en el medio de control de nulidad electoral identificado
con el radicado 08001-23-33-000-2024-00030-021.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente2:

2.1. La Registraduría Nacional del Estado Civil profirió la Resolución 28229 del
14 de octubre de 2022 con la que estableció el calendario para las elecciones de

1 Acumulado con los expedientes 08001-23-33-000-2024-00036-00 y 08001-23-33-000-2024-00038-

00.
2 Archivo obrante en el índice 2 del Samai.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02326-00
Demandante: Alejandra Milena Moreno Astwood

autoridades territoriales (gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles o
miembros de las juntas administradoras locales), a realizar el 29 de octubre de 2023.
Este acto dispuso que el 29 de julio de 2023 vencía el periodo de inscripción de
candidatos y listas de candidatos (3 meses antes de la elección).

2.2. El Consejo Nacional Electoral expidió la Resolución 11883 del 29 de
septiembre de 2023 con la que resolvió, entre otros aspectos, revocar la inscripción
de las candidaturas de Alejandra Milena Moreno Astwood, Miladys Cassiani Valdez,
Ludis Inés Camargo Moreno y Antonio José Bilbao Cardona, inscritos por la
coalición política conformada por los partidos y movimientos Colombia Humana
(CH), Polo Democrático Alternativo (PDA), Unión Patriótica (UP) y Partido
Comunista Colombiano (PCC), por la vulneración del artículo 7.° de la Ley 1475 del
2011, es decir, inscribir candidaturas distintas a las elegidas a través del mecanismo
de consulta.

2.3. Inconforme con la anterior decisión, Alejandra Milena Moreno Astwood
interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto por el CNE mediante la
Resolución 13772 del 19 de octubre de 2023, en la cual repuso la Resolución 11883
del 29 de septiembre de 2023 y, en consecuencia, negó la solicitud de revocatoria
de inscripción de las candidaturas de Alejandra Milena Moreno Astwood, Miladys
Cassiani Valdez, Ludis Inés Camargo Moreno y Antonio José Bilbao Cardona a la
Asamblea Departamental del Atlántico.

2.4. El 29 de octubre de 2023, se llevaron a cabo las elecciones territoriales para
elegir las autoridades locales, entre ellos, los diputados de la Asamblea del
Atlántico, periodo 2024-2027. Aquel evento democrático culminó con la expedición
del Formulario E-26 ASA del 20 de noviembre de 2023, que declaró la elección,
entre otros, de Alejandra Milena Moreno Astwood, como diputada del Atlántico.

2.5. Varios ciudadanos, en uso del medio de control de nulidad electoral,
presentaron demandas en las que solicitaron se declarara la nulidad del acto
administrativo E26 a través de la cual se designó como diputada de la corporación
departamental del Atlántico a la Alejandra Moreno Astwood proferido el 20 de
noviembre de 2023 emanado de la comisión escrutadora departamental.

2.6. El Tribunal Administrativo del Atlántico, en sentencia del 18 de septiembre de
2025 accedió a las pretensiones de la demanda al considerar que se modificó la
opción de voto preferente a no preferente en la lista de ciudadanos a la Asamblea
del Atlántico sin los requisitos legales, además de que se permitió la inclusión de la
aquí demandante en la lista de precandidatos del Movimiento Colombia Humana,
pese a que no participó en la consulta obligatoria. Los demandantes interpusieron
recursos de apelación.

2.7. El Consejo de Estado, Sección Quinta, en sentencia del 26 de febrero de
2026 confirmó la decisión de acceder las pretensiones de la demanda con similares
argumentos.

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Demandante: Alejandra Milena Moreno Astwood

2.8. La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al
incurrir en defecto fáctico, desconocimiento del precedente judicial y violación
directa de la Constitución Política, por lo siguiente: i) defecto fáctico, por cuanto las
autoridades judiciales omitieron valorar pruebas esenciales y realizaron una
apreciación probatoria fragmentada, dando prevalencia indebida a un solo
documento (E‑6 AS) e ignorando otros medios determinantes (E‑8 AS, acuerdos y
adendas), lo que incidió directamente en el sentido del fallo; ii) desconocimiento del
precedente constitucional sobre interpretación favorable de los derechos políticos y
sobre la finalidad de la cuota de género, afectando la participación política de la
mujer y el principio democrático; y iii) violación directa de la Constitución, en especial
el artículo 40 de la norma fundamental, al desconocer la voluntad del electorado, la
confianza legítima derivada de los actos del CNE y el derecho fundamental de la
demandante a ejercer el cargo para el cual fue elegida.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] 3.2. Segunda. – Como consecuencia de lo anterior, ordénese dejar sin efecto las
sentencias de 18 de septiembre de 2025, emanada del Tribunal Administrativo del
Atlántico, en cuyo contenido accedió a las pretensiones de la demanda; y del 26 de
febrero de 2026, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado por medio de la
cual se confirmó el fallo de primera instancia.

3.3. Tercera. – Ordénese al Consejo de Estado – Sección Quinta, emitir sentencia de
reemplazo donde se atiendan las observaciones realizadas en la presente acción de
tutela.

3.4. Pretensión subsidiaria. – En caso de que no sea posible acceder a la pretensión
tercera, ordénese al Consejo de Estado – Sección Quinta emitir sentencia de reemplazo
donde se modulen los efectos del fallo que declara la nulidad de la elección de la señora
Alejandra Milena Moreno Astwood, de modo que sus efectos sean exclusivamente ex
nunc (a futuro). […]». (sic)

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Consejo de Estado, Sección Quinta3 requirió que se declarara
improcedente o, en subsidio, se negara la tutela, al considerar que no cumplió el
requisito de relevancia constitucional y que se pretendió usar este mecanismo como
una tercera instancia frente al proceso de nulidad electoral que culminó con la
anulación de la elección de la demandante como diputada del Atlántico; expuso que
la sentencia del 26 de febrero de 2026 fue proferida conforme a la Constitución, la
ley y la jurisprudencia, sin defectos fácticos ni violación directa de derechos
fundamentales, pues quedó probado que aquella no participó en la consulta interna
del Movimiento Colombia Humana del 23 de abril de 2023, requisito vinculante para

3 Archivo obrante en el índice 14 del Samai.

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Demandante: Alejandra Milena Moreno Astwood

postularse, que la cuota de género ya se encontraba cumplida con las precandidatas
que sí participaron en esa consulta, por lo que la Resolución 254 de 2023 no podía
desconocer sus resultados, y que la opción de voto válida de la coalición Pacto
Histórico era la preferente, dado que cualquier intento de modificarla a no preferente
careció de unanimidad y validez formal, razón por la cual la decisión judicial
cuestionada se ajustó plenamente al ordenamiento jurídico y a las pruebas del
expediente.

5. El Tribunal Administrativo del Atlántico4 solicitó que se declarara
improcedente o, en su defecto, se negara el amparo solicitado, con el argumento de
que carece de relevancia constitucional y pretende convertirse en una tercera
instancia para reabrir el debate ya resuelto en el proceso de nulidad electoral; señaló
que no se configuró ningún defecto en las sentencias del 18 de septiembre de 2025
y del 26 de febrero de 2026, pues quedó demostrado que la demandante no
participó en la consulta interna del Movimiento Colombia Humana, que los
resultados de aquella eran vinculantes, que la cuota de género fue cumplida con las
precandidatas que sí intervinieron en el proceso consultivo y que el posterior
otorgamiento del aval no podía generar derechos para desconocer la obligatoriedad
de la consulta, razón por la cual la declaratoria de nulidad de su elección como
diputada del Atlántico para el período 2024–2027 se ajustó plenamente a la
Constitución, la ley y la jurisprudencia aplicable.

6. El Consejo Nacional Electoral, oficina de asesoría jurídica y defensa
judicial5 pidió su desvinculación del trámite constitucional por falta de legitimación
en la causa por pasiva, en tanto la tutela no se dirige contra actos u omisiones de
esa corporación electoral sino solo contra las sentencias judiciales proferidas el 18
de septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo del Atlántico y el 26 de febrero
de 2026 por el Consejo de Estado, Sección Quinta.

7. La Registraduría Nacional del Estado Civil6 solicitó su desvinculación del
trámite constitucional por falta de legitimación en la causa, al sostener que la
demanda se dirige contra las providencias judiciales proferidas por el Tribunal
Administrativo del Atlántico y el Consejo de Estado, Sección Quinta, sin que exista
acción u omisión atribuible a la Registraduría que vulnerara derechos
fundamentales.

8. Franklin Covilla Londoño, Dreisa María Rosas García7 en calidad de
terceros con interés, requirió que se declarara improcedente o, en subsidio, se
negara el amparo, al considerar que pretendió reabrir el debate como una tercera

4 Archivo obrante en el índice 15 del Samai.
5 Archivo obrante en el índice 18 del Samai.
6 Archivo obrante en el índice 23 del Samai.
7 Archivo obrante en el índice 24, 25, 26 y 27 del Samai. Pese a que Dreisa María Rosas García

afirma que Franklin Covilla Londoño no tiene interés directo, se observa que aquel fungió como
demandante en uno de los procesos electorales acumulados en los que se cuestionaba la validez
del acto que declaró la elección de Alejandra Milena Moreno Astwood como diputada del
departamento del Atlántico.

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Demandante: Alejandra Milena Moreno Astwood

instancia, pues quedó probado que la demandante no participó en la consulta
interna obligatoria del Movimiento Colombia Humana del 23 de abril de 2023, que
la cuota de género ya estaba satisfecha y que no existió autorización válida para
cambiar la modalidad de voto preferente; adicionalmente, advirtió que, aun si el juez
constitucional adoptara algún correctivo parcial, este no puede beneficiarla ni
rehabilitar su curul, y solicitó que se evite que la vacante sea asignada de manera
automática a otro integrante de la coalición por fuera de la órbita de Colombia
Humana, sin verificar previamente su compatibilidad con la consulta interna, en
aplicación del artículo 7 de la Ley 1475 de 2011, el artículo 107 de la Constitución y
el precedente funcional fijado por la Sección Quinta en el caso del Concejo de Cali,
para garantizar coherencia entre la razón de la nulidad y la eventual provisión de la
curul.

9. Los demás terceros con interés en el resultado del proceso guardaron
silencio.

2. Consideraciones

10. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa; iii) procedencia
de la tutela contra providencia judicial; iv) determinación del problema jurídico; y v)
análisis de la Sala.

2.1. Competencia

11. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución
Política y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 1.º del
Decreto 333 del 6 de abril de 2021, esta Sala es competente para conocer de la
solicitud de amparo contra el Consejo de Estado, Sección Quinta y otro.

2.2. Cuestiones previas

2.2.1. Las decisiones cuestionadas

12. Se advierte que, pese a que en el escrito inicial se cuestiona la legalidad de
las decisiones proferidas por el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Consejo de
Estado, Sección Quinta, se observa que los argumentos que sustentan sus
pretensiones son similares respecto a una y otra.

13. Por lo anterior y en atención a que la providencia del 18 de septiembre de
2025, proferida en primera instancia fue apelada y el Consejo de Estado, Sección
Quinta, desató el recurso a través de la providencia del 26 de febrero de 2026, al
confirmar lo resuelto por el a quo, el reclamo constitucional formulado será
estudiado solo respecto a esta última, en tanto fue la que puso fin al proceso.

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2.2.2. Legitimación en la causa por pasiva

14. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene
derecho a reclamar ante los jueces, por sí misma o por quién actúe en su nombre,
la protección de sus derechos constitucionales fundamentales cuandoquiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad o de los particulares, tal como lo señala el artículo 13 del Decreto 2591 de
1991:

«[…] Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó
o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación,
la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo.
De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra
el superior. […]».

15. Sobre la legitimación en la causa por pasiva en los trámites de solicitudes de
tutela, la Corte Constitucional ha considerado lo siguiente8:

«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder
por la vulneración o amenaza del derecho fundamental9. En la medida que refleja la
calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se
discute en el proceso”10, la misma, en principio, no se predica del funcionario que
comparece o es citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será
la llamada a responder por la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya
lugar a ello.

Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por
los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “debe
dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o
dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples
condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta
Fundamental.”11 Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente formales
(oficiosidad) y a interpretar la demanda de una forma tal que se favorezca la protección
del derecho fundamental, sin perjuicio de las garantías procesales de quien es
demandado. […]».

16. Ahora bien, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del
Estado Civil solicitaron que se declarara su falta de legitimación en la causa por
pasiva, toda vez que, no vulneraron derecho fundamental alguno de la parte
demandante y tampoco hay una relación directa entre lo pretendido y las acciones
que puedan desplegar para su cumplimiento.

17. Al respecto, la Sala aclara que, su vinculación al presente asunto fue en
calidad de terceros con interés, al figurar como demandados en el proceso

8 Sentencia T-1015 de 2006. MP Álvaro Tafur Galvis.
9 Sentencia T-025 de 1995. MP Marco Gerardo Monroy Cabra.
10 Sentencia T-416 de 1997 MP Antonio Barrera Carbonell.
11 Sentencia T-379 de 2005. MP Jaime Córdoba Triviño.

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contencioso en cuestión, y en aras de salvaguardar sus derechos de defensa y
contradicción, razón por la cual se negará su solicitud.

2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

18. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo del Consejo de Estado12 unificó el criterio de la corporación en cuanto
a la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 13. Al
respecto señaló lo siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
[…]».

19. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

20. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo14 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.

21. Ahora bien, la Corte Constitucional15 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, MP María Elizabeth García González.
13 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
14 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
15 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.

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inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

22. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos16,
el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
del amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los
requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de
tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales17.

23. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal
entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente
reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.4. Problema jurídico

24. La Sala deberá definir: ¿si el Consejo de Estado, Sección Quinta, vulneró los
derechos fundamentales de Alejandra Milena Moreno Astwood con ocasión de la
sentencia del 26 de febrero de 2026 dictada dentro del proceso de nulidad electoral
con radicado 08001-23-33-000-2024-00030-0218, con la que incurrió,
presuntamente, en vías de hecho por defecto fáctico, desconocimiento del
precedente y violación directa de la constitución política al acceder a las
pretensiones de la demanda?

2.5. Análisis de la Sala

2.5.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

25. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud
de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo
actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

2.5.2. Del defecto fáctico

26. La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez
omite la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los
hechos analizados por el juez»19, «o cuando sin razón valedera da por no probado

16 Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2015, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
17 Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo.
18 Acumulado con los expedientes 08001-23-33-000-2024-00036-00 y 08001-23-33-000-2024-
00038-00.
19 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, MP Antonio Barrera Carbonell

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el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente»20. La
segunda, se acredita cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido
admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas»21.

27. Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que
adelanta el juez natural, sólo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en
vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.

2.5.3. Desconocimiento del precedente judicial

28. En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se
recuerda que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política
permite afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes
relevantes como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para
promover la seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la
predictibilidad de las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las
normas jurídicas. Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo
adecuado de estos, como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones
judiciales, presupuesto esencial del Estado Social de Derecho.

29. La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión
previa adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes
jurisdicciones que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos
o semejantes desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver
el juez, debe ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de
igualdad. El adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de
seguir el curso de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias
previas, salvo si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan
modificarlo.

30. Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de
la modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de
cosas actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.

20 Sentencia SU-159 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería,
Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra.
21 Sentencia T-538 de 1994.

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31. En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia, identificando
los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones que en su
concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué esa
modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello
reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad
que se derivara de la desobediencia al precedente.

2.5.4. Violación directa de la Constitución Política

32. Se recuerda que fue concebida, en un principio, como un defecto sustantivo,
el cual se consolidó como un requisito de procedencia específico autónomo a partir
de las sentencias T-949 de 2003 y C-590 de 2005 de la Corte Constitucional.

33. Posteriormente el Alto Tribunal de lo Constitucional, en sentencia SU-069 de
2018, señaló que esta causal se configura «a partir del desconocimiento de los
jueces de aplicar la Constitución, conforme con el mandato consagrado en el
artículo 4º de la Carta que antepone de manera preferente la aplicación de sus
postulados», el cual puede configurarse por dos hipótesis:

34. La primera se refiere a que no se aplica una norma fundamental al caso en
estudio, lo cual puede suceder en tres supuestos, cuando en la solución del caso
(a) se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional; (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación
inmediata; y (c) en las decisiones se vulneraron derechos fundamentales y no se
tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución.

35. La segunda, se presenta cuando se aplica la ley al margen de los preceptos
consagrados en la Constitución Política, es decir, que no se aplica la excepción de
inconstitucionalidad contenida en el artículo 4 constitucional cuando exista
incompatibilidad con las disposiciones legales.

2.6. Análisis de la sala

36. Alejandra Milena Moreno Astwood acudió al juez de tutela con el fin de que
se ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efecto
la providencia proferida el 26 de febrero de 2026 por el Consejo de Estado, Sección
Quinta que confirmó la sentencia de primera instancia que accedió a las
pretensiones de la demanda, al considerar que se modificó la opción de voto
preferente a no preferente en la lista de ciudadanos a la Asamblea del Atlántico sin
los requisitos legales, además de que se permitió la inclusión de la aquí demandante
en la lista de precandidatos del Movimiento Colombia Humana, pese a que no
participó en la consulta obligatoria.

37. Lo anterior, al considerar que la referida decisión judicial incurrió en: i) defecto
fáctico, por cuanto las autoridades judiciales omitieron valorar pruebas esenciales y
realizaron una apreciación probatoria fragmentada, dando prevalencia indebida a

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Demandante: Alejandra Milena Moreno Astwood

un solo documento (E‑6 AS) e ignorando otros medios determinantes (E‑8 AS,
acuerdos y adendas), lo que incidió directamente en el sentido del fallo; ii)
desconocimiento del precedente constitucional sobre interpretación favorable de los
derechos políticos y sobre la finalidad de la cuota de género, afectando la
participación política de la mujer y el principio democrático; y iii) violación directa de
la Constitución, en especial el artículo 40 de la norma fundamental, al desconocer
la voluntad del electorado, la confianza legítima derivada de los actos del CNE y el
derecho fundamental de la demandante a ejercer el cargo para el cual fue elegida.

38. Al descender al caso en concreto, de la lectura del expediente contentivo del
radicado 08001233300020240003002, se evidencia que, contrario a lo afirmado por
la parte demandante, del contenido de la decisión acusada es posible avizorar una
motivación suficiente y coherente que justifica su sentido, pues la corporación
judicial demandada se pronunció sobre cada uno de los argumentos en los que giró
la controversia planteada.

39. Al respecto, comenzó por revisar las pruebas aportadas al expediente para
verificar si se modificó la opción de voto preferente a no preferente en la lista de
candidatos a la Asamblea del Atlántico por la Coalición Pacto Histórico, de tal
manera, después de revisar el acuerdo de coalición que se cargó a la plataforma de
la Registraduría Nacional del Estado Civil, el formulario E-6 AS, el formulario E-8
AS y los mensajes de datos pertinentes, consideró:

«[…] Ahora bien, la demandada en su alzada afirmó que el Formulario E-8 AS y la
«adenda modificatoria» señalan de manera clara que la lista se inscribió con la opción
de voto no preferente, por lo tanto, consideró que la valoración del a quo fue errada al
determinar que la opción de voto es la que se indica en el Formulario E-6 AS, a saber,
preferente.

Al respecto, la Sala evidencia que no hay certeza de que el Pacto Histórico hubiera
autorizado la modificación de la opción de voto que se informó a algunos funcionarios de
la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de los correos enviados a las 9:40 a.
m. y 10:52 a. m. del 4 de agosto de 2023, que corresponde al último día establecido en
el calendario electoral para modificar candidatos y listas, por las siguientes razones:

De un lado, por cuanto el texto del mensaje de datos no permite identificar con total
claridad el remitente, pues allí solamente se indica que se trató de la «Coordinación
Electoral Pacto Histórico» y, de otro, porque la «adenda modificatoria» adjunta a dicho
correo, no fue suscrita por la totalidad de los representantes de los partidos y
movimientos que integran la coalición Pacto Histórico, esto es, Colombia Humana (CH),
Polo Democrático Alternativo (PDA), Unión Patriótica (UP) y Partido Comunista
Colombiano (PCC), los cuales firmaron el acuerdo de coalición inicial (que contenía una
antinomia), ni por las tres agrupaciones que suscribieron el acuerdo de coalición
aclaratorio, a saber, Colombia Humana (CH), Unión Patriótica (UP) y Partido Comunista
Colombiano (PCC), en el que aclararon que la opción de voto era preferente.

De acuerdo con lo expuesto en precedencia, mal podría ampararse la diputada
demandada en que la Unión Patriótica (UP) y el Partido Comunista Colombiano (PCC)
certificaron que no hicieron parte de la coalición Pacto Histórico para la Asamblea del
Atlántico, pues, contrario a su dicho y al de las mencionadas colectividades, la Sala
evidenció, de las pruebas previamente analizadas, que sí suscribieron tanto el acuerdo

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02326-00
Demandante: Alejandra Milena Moreno Astwood

de coalición inicial como el aclaratorio, en los cuales se determinó que la modalidad de
voto era preferente.

Por otra parte, manifiesta la recurrente que el acuerdo de coalición inicial que fue
celebrado entre Colombia Humana (CH), el Polo Democrático Alternativo (PDA), la Unión
Patriótica (UP) y el Partido Comunista Colombiano (PCC), para inscribir la lista de
candidatos a la Asamblea del Atlántico para las elecciones del 29 de octubre de 2023,
dispuso que tenía como referencia, entre otras, la circular 1 de 2023 de la comisión
política nacional del Pacto Histórico, la cual, según la demandada, indicó que la opción
de lista sería cerrada.

Pues bien, este argumento tampoco tiene vocación de prosperidad, habida cuenta que
la Sección procedió a verificar el multicitado acuerdo y observó que allí no se estableció
lo que la señora Moreno Astwood afirmó en su alzada.
[…]
De otro lado, se tiene que la «adenda modificatoria» enviada a través de mensaje de
datos fue suscrita únicamente por los representantes de Colombia Humana (CH) y del
Polo Democrático Alternativo (PDA), pero sin contar con la anuencia de los demás
movimientos que integran la coalición, a saber, la Unión Patriótica (UP) y el Partido
Comunista Colombiano (PCC). Aunado a lo anterior, la Sala no entiende la razón de la
inclusión del Partido del Trabajo de Colombia (PTC) y tampoco que la hubiera firmado,
pues como se explicó en precedencia, esta colectividad no hizo parte de la coalición
Pacto Histórico, por lo que, mal podría solicitar el cambio de un acuerdo que en ningún
momento suscribió.

Sobre el particular, no sobra recordar que los partidos y/o movimientos políticos son los
únicos que están facultados para modificar, entre otros aspectos, la opción de voto y no
los funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil, como ocurrió en el sub
examine, dado el errático actuar de la coalición y la falta de unanimidad de sus
decisiones y comunicaciones luego de expedido el Formulario E-6 AS.

Así las cosas, las pruebas analizadas con suficiencia en esta providencia dan cuenta
que la voluntad de los candidatos que firmaron y aceptaron el Formulario E-6 AS y de la
coalición inscrita, siempre fue el voto preferente.

En este orden, le asiste razón al a quo al declarar la prosperidad de este cargo. […]»
[sic].

40. En este orden de ideas, se observa que el Consejo de Estado, Sección
Quinta, así como el Tribunal Administrativo del Atlántico tuvieron en cuenta todas
las pruebas aportadas al expediente del proceso de nulidad electoral, a tal punto
que explicaron los supuestos que podían deducirse de cada una para concluir que,
aun cuando aquellas presentaban inconsistencias, lo cierto que lo cierto es que la
referida lista optaba por el voto preferente.

41. Por su parte, no es posible concluir que con la decisión judicial adoptada se
desconocieran pronunciamientos constitucionales sobre los derechos políticos y la
finalidad de la cuota de género, en la medida en que la corporación judicial
demandada abordó tal discusión contrastando 3 ejes temáticos, a saber: i) el marco
normativo de las consultas internas de las organizaciones políticas, ii) las
actuaciones del Movimiento Colombia Humana y iii) la intervención del Consejo
Nacional Electoral para concluir:

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02326-00
Demandante: Alejandra Milena Moreno Astwood

«[…] Con este panorama, resulta claro que la señora Alejandra Milena Moreno Astwood
no solo no participó en la consulta interna celebrada el 23 de abril de 2023, sino que, so
pretexto de cumplir la cuota de género, según lo expuso el Movimiento Colombia
Humana y el Consejo Nacional Electoral en la Resolución 13772 de 19 de octubre de
2023, participó en el certamen que se llevó a cabo el 29 de octubre de 2023 y, según
consta en el Formulario E-26 ASA del 20 de noviembre de 2023, fue elegida diputada
del Atlántico.

De acuerdo con lo anterior, no le asiste razón a la demandada cuando en su alzada
señala que, con el fin de ajustar las listas y las cuotas de género, Colombia Humana se
vio obligada a proferir la Resolución 254 de 10 de julio de 2023, mediante la cual le
confirió la condición de precandidata. Tampoco, resulta acertado ampararse en lo
resuelto por el Consejo Nacional Electoral, en la resolución antes transcrita, en la cual
determinó que se incumplió la cuota de género prevista en el artículo 28 de la Ley 1475
de 2011, por los siguientes motivos:

Del artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, se puede colegir que: i) le corresponde a los
partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, previa inscripción
de sus candidatos, verificar que éstos cumplan a cabalidad las calidades y requisitos
exigidos y, la ausencia de inhabilidades o incompatibilidades y; ii) tratándose de listas
donde se elijan cinco o más curules para corporaciones de elección popular es
obligatorio que se conformen por el 30% de uno de los géneros.

Por su parte, la Corte Constitucional al hacer el análisis de exequibilidad de esta norma,
en la sentencia C-490 de 2011, al aludir a este porcentaje, se refirió a las «listas» y no a
las «curules» a proveer como referencia para el cálculo de la cuota de género.

Con estas precisiones, la Sala Electoral comienza por reseñar que si bien, en la consulta
interna de Colombia Humana para la Asamblea del Atlántico participaron 37 ciudadanos,
lo cierto es que, solamente 12 acreditaron el cumplimiento de los requisitos estatutarios
y, por esa razón, el Comité Nacional de Garantías Electorales del referido movimiento
les expidió el «certificado de firmeza de la precandidatura» para que participaran en el
certamen electoral del 29 de octubre de 2023.

Al respecto, es preciso señalar que de esos 12 aspirantes, 8 eran hombres y 4 mujeres,
por lo tanto, es dable concluir que desde esa etapa del proceso electoral Colombia
Humana cumplió con la cuota de género que, ante ese número ya de precandidatos, le
imponía incluir en dicho listado a 3.6 personas del género femenino, es decir, 4, como
en efecto ocurrió y que corresponden a i) Noira Margarita Pérez Molinares, ii) Edith María
Heredia Piñeres, iii) Ludis Inés Camargo Moreno y iv) Zoraya Suárez Osorio.

En ese orden de ideas, el referido cargo de la apelante no tiene vocación de prosperidad,
comoquiera que el número de aspirantes que participen en una consulta interna no es el
que fija el parámetro para acreditar el cumplimiento de la cuota de género, sino los
resultados que de ella se deriven, previo el estudio de los antecedentes disciplinarios,
judiciales y de doble militancia.

Con este panorama, se evidencia que la inclusión de la señora Alejandra Milena Moreno
Astwood como precandidata del Movimiento Colombia Humana obedeció a que,
después de celebrada la consulta interna, la referida agrupación le dio el aval y una vez
revisó las causales de inelegibilidad de quienes aspiraban a ser precandidatos,
determinó aquellos que cumplían los requisitos necesarios para que se les confiriera
dicha condición, desconociendo, de un lado, que, por virtud de la Constitución Política y
la Ley, los resultados de la consulta no pueden desatenderse por las agrupaciones
políticas ni por la autoridades electorales y, de otro, que la cuota de género prevista en
el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, se cumplió con el certificado de firmeza expedido
por la referida colectividad el 30 de mayo de 2023, en el cual se enlistaron los doce (12)

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02326-00
Demandante: Alejandra Milena Moreno Astwood

aspirantes que, luego de haber participado en la consulta, acreditaron la condición de
precandidatos, entre ellos, cuatro (4) mujeres.

Para la Sala Electoral, no existe ningún argumento o razón que permita a Colombia
Humana apartarse de las resultas del proceso consultivo, so pena de violar el principio
democrático y defraudar al electorado, y si bien, a través de unas actuaciones
posteriores le confirió a la demandada la condición de precandidata, esa situación no
generó ningún derecho para que se cercenara la vinculatoriedad de los resultados que
arrojó tal mecanismo de democracia interna y, por el contrario, lo que demuestra es un
total desconocimiento de las reglas del referido movimiento contenidas en la Resolución
081 de 2023, por medio de la cual se reglamentaron los procedimientos para adoptar las
decisiones internas para escoger a los precandidatos del Movimiento Colombia Humana,
citada en párrafos anteriores, la cual dispuso que el otorgamiento del aval corresponde
a un acto complejo56.

Aunado a lo anterior, debe decirse que, si internamente se decide realizar una consulta
y ésta se lleva a cabo, mal se puede oponer la libertad del partido o movimiento a la
obligatoriedad del resultado alcanzado, sea en forma directa (desconociendo su
resultado) o indirecta (ineptitud al momento de registrar un candidato en desmedro de
otro).

Para esta Sección no es posible desconocer lo dicho por la jurisprudencia respecto del
alcance del artículo 7.° de la Ley 1475 de 2011, sobre la vinculatoriedad de estos
mecanismos de democracia interna, pues de modo pacífico se ha indicado que lo que
se decida a través de una consulta es de obligatorio cumplimiento no solo para los
partidos y movimientos políticos, sino también para los precandidatos que participen en
ella, los cuales no solo deben acatar las resultas del mecanismo ejercido, sino que
además tendrán vedado participar en las elecciones a nombre de una colectividad
distinta a la que se consultó, so pena de incurrir en doble militancia.57

No sobra recordar que la determinación libre y autónoma de la agrupación política de
optar por la consulta interna con el fin de elegir sus candidatos no puede ser desatendida
por este juez de la democracia, comoquiera que fue el propio constituyente y legislador
quien estableció la consecuencia jurídica; esto es, su carácter vinculante58.

En resumen, la referida colectividad no podía burlar el contenido del artículo 7.º de la
Ley 1475 de 2011, relacionado con la obligatoriedad de las consultas, pues, se reitera,
la cuota de género consagrada en el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, se respetó con
la expedición del certificado de firmeza del 30 de mayo de 2023, el cual da cuenta de
doce (12) aspirantes, entre ellos, cuatro (4) mujeres que participaron en la consulta y
acreditaron la condición de precandidatos.

Por tales motivos, se niegan los argumentos de la apelación de la demandada. […]» [sic].

42. Así pues, revisada la motivación pertinente, esta Sala de decisión observa
que la providencia cuestionada no solo se adecúa a la normatividad y jurisprudencia
derechos políticos y cuota de género aplicables, sino que aquella no representa un
desconocimiento la voluntad del electorado, la confianza legítima en los actos del
CNE o el derecho a ejercer cargos políticos.

43. Lo anterior, en la medida en que para el momento en el que se celebró la
consulta interna del Movimiento Colombia Humana para elegir los precandidatos a
las alcaldías, concejos municipales, juntas administradoras locales, gobernaciones
y asambleas departamentales, en lo relacionado con la Asamblea Departamental
del Atlántico, se pudo establecer que 12 aspirantes acreditaron el cumplimiento de

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02326-00
Demandante: Alejandra Milena Moreno Astwood

los requisitos para participar en calidad de precandidatos en la contienda electoral
del 29 de octubre de 2023 de los cuales, 8 eran hombres y 4 mujeres, por lo que
desde esa etapa del proceso electoral Colombia Humana cumplió con la cuota de
género que, ante ese número ya de precandidatos, le imponía incluir en el listado
de aspirantes a 3.6 personas del género femenino, es decir, 4, como en efecto
ocurrió.

44. Ahora bien, teniendo claro tal panorama, es que el Consejo de Estado,
Sección Quinta, evidenció que, pese a los resultados obtenidos en la consulta
interna, el representante legal de Colombia Humana le confirió aval a Alejandra
Milena Moreno Astwood como la única candidata a la Asamblea del Atlántico, entre
otros militantes, so pretexto de cumplir la cuota de género, razón por la cual
concluyó que la demandante no participó en la consulta interna celebrada el 23 de
abril de 2023 y aun así aspiró a la asamblea departamental en el certamen en el
que fue elegida como diputada, desconociendo, de un lado, que, por virtud de la
Constitución Política y la Ley, los resultados de la consulta no pueden desatenderse
por las agrupaciones políticas ni por la autoridades electorales y, de otro, que la
cuota de género prevista en el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, se cumplió con
el certificado de firmeza expedido por la referida colectividad el 30 de mayo de 2023,
en el cual se enlistaron los 12 aspirantes que, luego de haber participado en la
consulta, acreditaron la condición de precandidatos, entre ellos, 4 mujeres.

45. Sumado a esto, debe resaltarse que la corporación judicial demandada
advirtió que el movimiento político Colombia Humana no podía desconocer el
contenido del artículo 7.º de la Ley 1475 de 2011, relacionado con la obligatoriedad
de las consultas, pues, en este caso la cuota de género consagrada en el artículo
28 de la Ley 1475 de 2011 se cumplió.

46. Así, una vez revisada la motivación de la providencia judicial cuestionada en la
que el juez natural del asunto se pronunció sobre cada uno de los argumentos
expuestos en la demanda, debe precisarse que, más allá de concretar las razones
por las cuales se configura el defecto fáctico, el desconocimiento del precedente, la
violación directa de la constitución política o alguna interpretación irrazonable, lo
que se evidencia en esta oportunidad es el desacuerdo de la demandante con las
consideraciones efectuadas por el juez de la causa, con lo cual pretende que se
realice un nuevo estudio de legalidad que no procede en sede de tutela.

47. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación
jurídica del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones
adoptadas dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la
vulneración de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se
encontró probado.

48. Así las cosas, esta Sala observa que la decisión acusada no incurrió en
defecto fáctico, desconocimiento del precedente o violación directa de la
constitución, debido a que fue proferida de conformidad con las normas que regulan

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02326-00
Demandante: Alejandra Milena Moreno Astwood

la materia y aquella se apoyó en el material probatorio aportado al proceso ordinario,
el cual permitió concluir que se efectuó una modificación a la opción de voto en la
lista de ciudadanos a la Asamblea del Atlántico sin los requisitos legales y se
permitió la inclusión de la aquí demandante en la lista de precandidatos del
Movimiento Colombia Humana, pese a que no participó en la consulta obligatoria.

49. En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado
de la valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la
medida en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial
demandada cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo
que, se reitera, este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.

3. Conclusión

50. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que
la parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el amparo
de los derechos fundamentales de Alejandra Milena Moreno Astwood, en la solicitud
de tutela presentada contra el Consejo de Estado, Sección Quinta y otro.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Negar la solicitud de desvinculación del Consejo Nacional Electoral y la
Registraduría Nacional del Estado Civil.

Segundo. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Alejandra Milena
Moreno Astwood, en la solicitud de tutela presentada contra el Consejo de Estado,
Sección Quinta y el Tribunal Administrativo del Atlántico.

Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02326-00
Demandante: Alejandra Milena Moreno Astwood

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

JVD
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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