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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02329-01

Fecha
15 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02329-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Confírmase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2°)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02329-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

15 de septiembre de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, quince (15) de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-02329-01
Demandante: ORLANDO CORTÉS CORTÉS Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMMINISTRATIVO DEL CAUCA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.

Síntesis del caso: se cuestionó la decisión que confirmó la negativa de las pretensiones
formuladas en el proceso de reparación directa promovido por la privación de la libertad de uno
de los actores. La Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró improcedente la
acción de tutela por falta de relevancia constitucional, porque los reparos formulados están
encaminados a controvertir la valoración probatoria y las conclusiones jurídicas adoptadas por el
juez natural respecto del carácter antijurídico de la privación de la libertad, aspectos que fueron
planteados y resueltos dentro del proceso ordinario.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante en contra de la
sentencia del 4 de junio de 2026 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado
mediante la cual se dispuso:

“PRIMERO: Denegar las solicitudes de desvinculación propuestas por la
Fiscalía General de la Nación y la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial.

SEGUNDO: Declarar improcedente la acción de tutela promovida por el señor
Orlando Cortés Cortés y otros por no cumplir el requisito de relevancia
constitucional (…). (Negrillas y mayúsculas fijas del original - SAMAI, índice 39).

I. ANTECEDENTES
Los hechos de la demanda

Mediante escrito presentado el 24 de marzo de 20261, los señores Orlando Cortés Cortés,
Henry Leonardo Cortés Ochoa, Giovanny Cortés Ochoa, Donald Harrison Cortés Ochoa,

1
SAMAI, índice 02.

2
Expediente: 11001-03-15-000-2026-02329-01
Actor (a): Orlando Cortés Cortés y otros
Acción de tutela

Harold Milton Cortés Ochoa, Estiven Cortés Montes y Julia Rosa Ochoa Guevara
promovieron proceso de acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Cauca
para que le sean amparados sus derechos fundamentales del debido proceso, igualdad,
acceso a la administración de justicia, mínimo vital y dignidad humana, así como el
principio de legalidad, presuntamente vulnerados por la sentencia del 18 de septiembre
de 2025.

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) El 26 de julio de 2011, la señora Daniela Alejandra Garcés Gómez fue víctima del hurto
de una motocicleta en la ciudad de Popayán y, en desarrollo de la investigación penal
adelantada por esos hechos, el 9 de noviembre siguiente identificó mediante
reconocimiento fotográfico al señor Óscar Iván Cortés Ochoa y al señor Ricaurte
Mosquera Navia como presuntos responsables.

2) Con fundamento en dicha diligencia, la Fiscalía General de la Nación solicitó la
correspondiente orden de captura y, una vez aprehendido el señor Cortés Ochoa, el 6 de
diciembre de 2011 el Juzgado Tercero Penal Municipal de Popayán con funciones de
control de garantías legalizó la captura, formuló la imputación y le impuso medida de
aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario.

3) El 21 de noviembre de 2012, el señor Cortés Ochoa recuperó la libertad por
vencimiento de términos y el proceso penal continuó ante el Juzgado Sexto Penal
Municipal con Funciones de Conocimiento de Popayán.

4) Mediante sentencia del 30 de julio de 2015, el Juzgado Sexto Penal Municipal con
Funciones de Conocimiento de Popayán los absolvió, decisión que quedó ejecutoriada
en estrados sin que se interpusieran recursos.

5) El 23 de marzo de 2017, presentaron demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa en contra de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación, para obtener la reparación de
los perjuicios derivados de la privación de la libertad2.

2
El proceso se registró con el número de radicación 19001-33-33-010-2017-00076-00/01.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-02329-01
Actor (a): Orlando Cortés Cortés y otros
Acción de tutela

6) Mediante sentencia del 16 de agosto de 2024, el Juzgado Décimo Administrativo del
Circuito Judicial de Popayán negó las pretensiones por considerar que la medida de
aseguramiento impuesta estuvo sustentada en elementos que permitían establecer una
inferencia de autoría, particularmente, en el reconocimiento fotográfico efectuado por la
víctima, ya que la restricción de la libertad fue proporcional y razonable de acuerdo con
las circunstancias existentes al momento de su imposición.

7) Formularon recurso de apelación en el que alegaron que la absolución y las
circunstancias acreditadas durante el proceso penal permitían establecer el carácter
injusto de la privación de la libertad.

8) A través de sentencia del 18 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo del
Cauca confirmó el fallo de primera instancia, para lo cual expuso que al momento de
imponerse la medida de aseguramiento existían elementos que justificaban la restricción
de la libertad, entre estos, el reconocimiento fotográfico efectuado por la víctima; por
tanto, aunque se encontraba acreditado el daño derivado de la privación de la libertad,
no se demostró su carácter antijurídico y, en consecuencia, no había lugar a declarar la
responsabilidad patrimonial del Estado.

Fundamento de la vulneración

La parte actora sostuvo que la sentencia del 18 de septiembre de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo del Cauca vulneró sus derechos fundamentales, porque incurrió
en los defectos fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de
la Constitución.

En primer lugar, en cuanto al fáctico, sostuvo que el tribunal otorgó un valor determinante
al reconocimiento fotográfico practicado el 9 de noviembre de 2011 para concluir que la
medida de aseguramiento impuesta a la víctima fue razonable y proporcional, pese a que
la señora Daniela Alejandra Garcés Gómez no compareció al juicio oral para ratificar
dicha identificación y la Fiscalía General de la Nación desistió de presentarla como testigo
y solicitó la absolución.

Asimismo, afirmó que la autoridad judicial omitió valorar integralmente los elementos
documentales y testimoniales que supuestamente acreditaban que la víctima se

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-02329-01
Actor (a): Orlando Cortés Cortés y otros
Acción de tutela

encontraba laborando en una finca del municipio de El Tambo, al momento de los hechos;
en concreto, se refirió al contrato de obra, las planillas de actividades laborales, los
testimonios de compañeros de trabajo y las facturas comerciales que habrían sido
aportados desde la audiencia de imposición de la medida de aseguramiento.

En segundo lugar, invocó un defecto sustantivo, pues consideró que el tribunal interpretó
el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado en contravía del artículo 90 de la
Constitución Política pues negó la reparación, pese a que, durante el proceso penal, no
solo desapareció la prueba que había sustentado inicialmente la medida de
aseguramiento, sino que existía una coartada en favor del señor Cortés Ochoa.

En tercer lugar, alegó el desconocimiento del precedente, para lo cual invocó,
principalmente, las sentencias SU-072 de 2018, SU-363 de 2021 y SU-259 de 2022 de
la Corte Constitucional, las cuales, en su criterio, imponían efectuar un análisis integral
de la legalidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida restrictiva de la libertad y
de las circunstancias acreditadas durante el proceso penal, examen que, a su juicio, no
realizó la autoridad judicial accionada.

Finalmente, invocó una violación directa de la Constitución, porque estimó desconocidos
los artículos 29, 90 y 229 superiores, por mantenerse la negativa de la indemnización con
fundamento en el reconocimiento fotográfico, pese a su falta de ratificación durante el
juicio oral, la incomparecencia de la víctima y los elementos que demostraban que el
sindicado se encontraba en un lugar distinto al de los hechos.

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de las siguientes
súplicas:

“Con fundamento en lo expuesto, respetuosamente se solicita al despacho:

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, a la
IGUALDAD, al ACCESO EFECTIVO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, al
MÍNIMO VITAL, a la DIGNIDAD HUMANA y al PRINCIPIO DE LEGALIDAD de
los señores ORLANDO CORTÉS CORTÉS, JULIA ROSA OCHOA GUEVARA,
OSCAR IVÁN CORTÉS OCHOA, HENRY LEONARDO CORTÉS OCHOA,
GIOVANNY CORTÉS OCHOA, DONALD HARRISON CORTÉS OCHOA,
HAROLD MILTON CORTÉS OCHOA y ESTIVEN CORTÉS MONTES,
vulnerados por la sentencia de segunda instancia proferida el 18 de septiembre
de 2025 por la Sala de Decisión 001 del Tribunal Administrativo del Cauca

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-02329-01
Actor (a): Orlando Cortés Cortés y otros
Acción de tutela

dentro del proceso de reparación directa radicado bajo el número 19001-33-33-
010-2017-00076-01, al incurrir dicha providencia en vía de hecho por defecto
fáctico grave, defecto sustantivo y desconocimiento ostensible del precedente
constitucional vinculante establecido, entre otras, en las sentencias SU-072 de
2018, SU-363 de 2021 y SU-259 de 2022 de la Corte Constitucional.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 18 de septiembre de 2025
proferida por la Sala de Decisión 001 del Tribunal Administrativo del Cauca, que
confirmó la negativa de las pretensiones de indemnización por privación injusta
de la libertad.

TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo del Cauca que, en el término
improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación
de esta providencia, profiera nueva sentencia de segunda instancia dentro del
proceso de reparación directa radicado bajo el número 19001-33-33-010-2017-
00076-01.

CUARTO: En subsidio, y para el evento en que se considere necesario,
ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA reabrir el debate
probatorio con el fin de practicar o valorar las pruebas que demuestren la
desaparición de la prueba de cargo y la coartada plena, conforme a las
facultades oficiosas reconocidas en el artículo 169 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. ( SAMAI - índice 2).

Actuación procesal

A través de oficio del 25 de marzo de 2026, el magistrado ponente de la Sección Quinta
del Consejo de Estado manifestó su impedimento para conocer del asunto con
fundamento en la causal prevista en el numeral 1 del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal (SAMAI, índice 04), sin embargo, los demás integrantes de la Sala
lo declararon infundado mediante providencia del 16 de abril siguiente (SAMAI, índice
10).

Mediante auto del 28 de abril de 2026, la Sección Quinta del Consejo de Estado inadmitió
la acción de tutela para que se precisara si el señor Óscar Iván Cortés Ochoa también
integraba el extremo accionante, debido a que no suscribió el escrito de amparo,
requerimiento que no fue atendido por la parte actora (SAMAI, índice 19).

Posteriormente, por auto del 13 de mayo de 2026, la misma autoridad admitió la acción
únicamente respecto de los señores Orlando Cortés Cortés, Henry Leonardo Cortés
Ochoa, Giovanny Cortés Ochoa, Donald Harrison Cortés Ochoa, Harold Milton Cortés
Ochoa y Estiven Cortés Montes y de la señora Julia Rosa Ochoa Guevara; asimismo,
vinculó al señor Óscar Iván Cortés Ochoa como tercero con interés, en atención a que
integró el extremo demandante del proceso de reparación directa.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-02329-01
Actor (a): Orlando Cortés Cortés y otros
Acción de tutela

En la misma providencia ordenó notificar, como autoridades accionadas, a los
magistrados integrantes de la Sala de Decisión 01 del Tribunal Administrativo del Cauca
y al titular del Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Popayán y, como
terceros con interés, vinculó a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la
Fiscalía General de la Nación (SAMAI, índice 24).

Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 4 de junio de 2026, la Sección Quinta del Consejo de Estado
declaró improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional, por
considerar que los reparos formulados por la parte actora estaban encaminados a reabrir
el debate probatorio resuelto por los jueces naturales dentro del proceso de reparación
directa.

Para arribar a esa conclusión, señaló que el Tribunal Administrativo del Cauca efectuó
un análisis razonado de las circunstancias que rodearon la privación de la libertad y de
los elementos que sustentaron la medida de aseguramiento, particularmente, del
reconocimiento fotográfico realizado por la víctima; en consecuencia, coligió que los
accionantes pretendían obtener una nueva valoración de las pruebas y controvertir las
conclusiones adoptadas por el juez natural, propósito incompatible con el carácter
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Asimismo, negó las solicitudes de desvinculación formuladas por la Fiscalía General de
la Nación y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, porque habían intervenido
como partes en el proceso de reparación directa y, por esa razón, tenían interés legítimo
en el resultado del trámite constitucional (SAMAI, índice 39).

Impugnación

La parte actora impugnó la anterior decisión con base en que la controversia sí tiene
relevancia constitucional, pues los cuestionamientos formulados no estaban dirigidos a
promover una nueva valoración del proceso de reparación directa por la sola
inconformidad con el resultado, sino a demostrar que la sentencia del 18 de septiembre
de 2025 del Tribunal Administrativo del Cauca incurrió en defectos que comprometieron
sus derechos fundamentales.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-02329-01
Actor (a): Orlando Cortés Cortés y otros
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A su juicio, el juez de tutela de primera instancia no examinó materialmente los reparos
formulados contra la providencia cuestionada, en particular, la valoración otorgada al
reconocimiento fotográfico de la señora Daniela Alejandra Garcés Gómez, pese a que no
fue ratificado en el juicio oral, así como las pruebas documentales y testimoniales que
demostraban que el sindicado se encontraba en un lugar distinto al de los hechos y de
que fue la propia Fiscalía General de la Nación quien solicitó la absolución (SAMAI, índice
44).

II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a Tribunal
Administrativo del Cauca con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con ocasión de la
sentencia del 18 de septiembre de 2025.

En primera instancia, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró improcedente la
acción por falta de relevancia constitucional, por considerar que los reparos formulados

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-02329-01
Actor (a): Orlando Cortés Cortés y otros
Acción de tutela

estaban dirigidos a reabrir el debate probatorio resuelto por el juez natural, en particular,
respecto de los elementos que sustentaron la medida de aseguramiento y el carácter
antijurídico de la privación de la libertad.

La parte actora impugnó esa decisión porque, en su criterio, los cuestionamientos
formulados sí tienen relevancia constitucional, dado que no pretenden obtener una nueva
valoración del proceso ordinario, sino demostrar que la providencia cuestionada incurrió
en los defectos alegados en la demanda; por tanto, solicitó revocar el fallo de primera
instancia y estudiar de fondo la solicitud de amparo.

En los términos en que fue propuesta la controversia, la Sala confirmará la decisión de
primera instancia que declaró improcedente la acción por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional, por las razones que se expondrán a continuación:

2.1 La relevancia constitucional en la acción de tutela contra providencias
judiciales

Cuando una acción de tutela se promueve en contra de una providencia judicial su
procedencia está sometida a una serie de requisitos generales, sin los cuales el juez
constitucional no puede entrar a realizar un análisis de fondo.

En efecto, tales presupuestos generales se instituyeron con la finalidad de que no todos
los asuntos puedan ser decididos en sede de tutela, so pena de vaciar la competencia de
los jueces ordinarios y desconocer principios de raigambre constitucional como la
seguridad jurídica y la autonomía e independencia judicial.

Con ese norte, la jurisprudencia, específicamente en la sentencia C-590 de 2005 de la
Corte Constitucional, que constituye el fallo hito en la materia, estableció un modelo de
requisitos generales de procedencia y defectos o causales específicas, orientados a
preservar el carácter extraordinario de este mecanismo residual, dentro de los cuales se
encuentra la imperiosa necesidad de constatar que el debate que se propone reviste una
genuina, verdadera y marcada relevancia constitucional ocupa un lugar central.

En la sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que
el cumplimiento de este requisito está orientado a la consecución de tres finalidades
concatenadas: i) preservar la competencia e independencia de los jueces ordinarios,
impidiendo que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; ii)

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-02329-01
Actor (a): Orlando Cortés Cortés y otros
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restringir el amparo a cuestiones que comprometen la vigencia efectiva de derechos
fundamentales, evitando que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones; e iii) impedir que este mecanismo se
convierta en una instancia o recurso adicional frente a decisiones judiciales ejecutoriadas.

En similares términos, en jurisprudencia de unificación reciente3, la Corte ha reiterado
que la acción de tutela contra providencias judiciales no puede desnaturalizarse en un
medio para revisar la “correcta” aplicación del ordenamiento, sustituir el criterio del juez
natural o reabrir debates probatorios ya concluidos, e insistió en que el juez constitucional
sólo puede intervenir cuando la controversia planteada trasciende el ámbito de la
legalidad y se proyecta como un problema genuinamente constitucional que afecte
derechos fundamentales de las partes involucradas.

De acuerdo con esta línea, en primer lugar, la Sala Plena de la Corte Constitucional
enfatizó que el asunto sometido a acción de tutela debe involucrar un problema de índole
constitucional claro y marcado, relacionado con el contenido, alcance o goce de un
derecho fundamental, sin que pueda reducirse a la simple inconformidad frente a la
interpretación de normas legales o a divergencias sobre la valoración probatoria, de
manera que las controversias que “se limitan a la mera determinación de aspectos legales
de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma
procesal4”, carecen, en principio, de relevancia constitucional, salvo que se acredite de
manera específica una afectación grave y desproporcionada de derechos fundamentales.
En efecto, en la referida sentencia SU-103 de 2022, que ratificó el criterio que ya se había
planteado en la sentencia SU-128 de 2021, la Corte indicó que no cumplen este
presupuesto aquellos casos en los que “la controversia no versa sobre un asunto
constitucional, sino uno meramente legal y/o económico” o cuando la parte actora “busca
una instancia adicional para reabrir debates meramente legales ya concluidos con la
intención de revivir los términos procesales”.

En segundo lugar, la propia Corte estableció que la relevancia constitucional entraña una
exigente carga argumentativa para la parte actora ya que no es suficiente con invocar,
en abstracto, la vulneración de derechos fundamentales, por cuanto le asiste la carga de
explicar, de forma concreta y razonada, por qué la decisión cuestionada comporta una

3
Corte Constitucional, sentencia SU-103 de 2022.
4
Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.

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Actor (a): Orlando Cortés Cortés y otros
Acción de tutela

restricción constitucionalmente inaceptable, postulado que fue reiterado por el Consejo
de Estado en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 en la que se dispuso
que “no basta con (…) aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir
este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales5”, enfatizando
en que corresponde al demandante justificar por qué su pretensión tiene tal entidad, so
pena de rechazo o improcedencia.

En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido un entendimiento más
exigente sobre la carga argumentativa asociada con dicho requisito. Así, las
mencionadas sentencias SU-215 de 2022 y la SU-103 de 2022 de la Corte Constitucional
fueron específicas en destacar que la relevancia constitucional no se presume por la sola
invocación de vocabulario constitucional, ni por la sola mención de un derecho
fundamental, en tanto corresponde a la parte actora exponer un problema jurídico de
naturaleza constitucional e identificar con claridad los defectos que se pretenden atribuir
a la providencia objeto de censura, con una explicación clara sobre el por qué estos
desbordan el margen de interpretación y conducen a la vulneración concreta de un
derecho fundamental, de ahí que se ha reiterado que la acreditación del requisito “más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con
derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción desproporcionada” de tales derechos:

“Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el
asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.6”.

En tercer lugar, la relevancia constitucional está destinada a impedir que la acción de
tutela se utilice como tercera instancia o mecanismo para reiterar desacuerdos o simples
desavenencias con el criterio del juez natural, punto sobre el cual, tanto la Corte
Constitucional como el Consejo de Estado han sido enfáticos en que la acción de tutela

5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez,
sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, radicación no. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
6
Idem.

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Actor (a): Orlando Cortés Cortés y otros
Acción de tutela

no puede erigirse en un escenario para revisar, en abstracto, la corrección jurídica de la
decisión, sustituir la apreciación probatoria del fallador ordinario ni reabrir litigios
legalmente concluidos.

Al respecto, la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia T-022 de 2019, determinó
que la acción de tutela constituye un juicio de validez y no de corrección de las decisiones
de los jueces, motivo por el cual en aquellos casos en los que resulta diáfano que la
intención de las partes es instrumentalizar este mecanismo con el único fin de cuestionar
la interpretación, el criterio o la posición del juez natural, simplemente por encontrarse en
desacuerdo con la decisión desfavorable a sus intereses, dicho mecanismo carece de
una verdadera trascendencia desde la óptica constitucional.

El Consejo de Estado ha destacado que, si de la acción se desprende que el objetivo del
actor es convertir la tutela en una instancia adicional a las del proceso ordinario con miras
a evidenciar las inconformidades con la providencia objeto de censura, específicamente,
con su interpretación normativa o sus conclusiones probatorias, la consecuencia lógica
es que el amparo así deprecado se torna a todas luces improcedente pues en esa
hipótesis se está ante un debate infraconstitucional que no compromete directamente
mandatos superiores y cuya resolución compete únicamente a los jueces ordinarios,
quienes fueron investidos por el legislador de precisas facultades para ello.

El juez de tutela no es ni puede actuar como superior funcional de los jueces ordinarios,
de modo que su análisis debe contraerse a aquellos debates que comporten una genuina
y marcada importancia desde el punto de vista de los derechos fundamentales, en orden
a evitar inmiscuirse en discusiones que no son de su resorte, so pena de vaciar de
contenido las competencias asignadas a cada jurisdicción. El rol del juez de tutela no
puede ni debe confundirse con el de una instancia revisora de las providencias proferidas
por los jueces naturales en su ejercicio y cualquier intento dirigido a reemplazar o
arrogarse competencias de juez ordinario, desde luego, debe ser contenido.

En suma, a partir de lo dispuesto, entre otras, en las sentencias SU-573 de 2019, SU-128
de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022, es necesario verificar que la acción de tutela
reúna los siguientes parámetros: i) el debate planteado en la acción de tutela debe
trascender la mera legalidad y tener la virtualidad de incidir en la interpretación, aplicación
o eficacia de la Constitución o de un derecho fundamental; ii) la controversia no puede
limitarse a un asunto estrictamente patrimonial o privado carente de proyección

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-02329-01
Actor (a): Orlando Cortés Cortés y otros
Acción de tutela

constitucional; iii) el escrito de acción de tutela debe mostrar una afectación grave,
concreta y desproporcionada de derechos fundamentales atribuible a una decisión
judicial arbitraria o irrazonable, y iv) no es constitucionalmente relevante una pretensión
dirigida a replantear discusiones que ya fueron propuestas, analizadas y resueltas en el
proceso ordinario, mediante los recursos propios de la jurisdicción competente.

Tales criterios, además, son aún más rigurosos cuando se pretenda emplear la acción
para cuestionar una decisión de una Alta Corte, pues, de conformidad con lo establecido
por la propia Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019, esta hipótesis
comporta un escrutinio aún más estricto, en el que se “exige valorar, prima facie, si la
decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial,
violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita de acción tanto
de los jueces constitucionales, como de las demás jurisdicciones’ en estricto respeto a la
independencia de los jueces ordinarios7”.

En conclusión, la relevancia constitucional opera como un filtro material y obligatorio que
condiciona el estudio de fondo de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
en tanto exige que la parte actora demuestre, con una argumentación clara y específica,
que la providencia cuestionada desborda el margen de interpretación razonable y
comporta una afectación grave e injustificada de derechos fundamentales.

En esa medida, el análisis de este presupuesto de procedibilidad de la acción obliga al
juez de tutela a declarar improcedente el amparo cuando se advierta que se pretende
emplearlo para expresar desacuerdos con la decisión, replantear discusiones probatorias
o jurídicas ya zanjadas, o perseguir fines meramente económicos o privados; únicamente
cuando se supera este umbral es legítimo avanzar al examen de los defectos alegados
en el caso concreto.

Verificación del requisito de relevancia constitucional en el caso concreto

1) La parte actora alegó que la sentencia del 18 de septiembre de 2025 incurrió en varios
defectos porque el tribunal tuvo en cuenta el reconocimiento fotográfico para establecer
que la medida de aseguramiento impuesta fue razonable, pese a que quien lo hizo no

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Criterio que, a su vez fue ratificado en la sentencia SU-215 de 16 de junio de 2022, MP Natalia Ángel
Cabo.

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Actor (a): Orlando Cortés Cortés y otros
Acción de tutela

compareció al juicio oral para ratificarlo; además, sostuvo que no se valoraron varias
pruebas que demostraban su inocencia.

2) Sin embargo, la Sala advierte que los anteriores cuestionamientos no satisfacen el
requisito de relevancia constitucional, pues están dirigidos, en esencia, a controvertir la
valoración probatoria y las conclusiones jurídicas a las que arribó el juez natural acerca
del carácter antijurídico de la privación de la libertad, con el propósito de que se efectúe
una nueva apreciación de las circunstancias que dieron lugar a la imposición de la medida
de aseguramiento y se determine que esta fue injusta.

3) En efecto, los aspectos que ahora se presentan como fundamento de los defectos
alegados fueron planteados sustancialmente por la parte demandante en el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia del 16 de agosto de 2024, oportunidad en la
cual sostuvo que la víctima permaneció privado de la libertad durante 11 meses y 15 días
dentro de un proceso en el que finalmente fue absuelto, que la falta de comparecencia
de quien aparentemente lo identificó constituía un indicador de su inocencia, y de que
existían pruebas que demostraban que aquel se encontraba en otro municipio para la
fecha de los hechos.

4) Frente a tales reparos, en la providencia cuestionada, el Tribunal Administrativo del
Cauca se pronunció en el sentido de señalar que, aunque el sindicado fue absuelto y
quien lo identificó no compareció al juicio oral, para determinar el carácter antijurídico del
daño debía establecerse si la medida de aseguramiento desconoció los criterios de
razonabilidad, proporcionalidad y necesidad; por consiguiente, consideró que al momento
de su imposición existían elementos que permitían inferir razonablemente la autoría,
particularmente, la denuncia y el reconocimiento fotográfico y videográfico efectuados por
quien denunció el hecho, en los siguientes términos:

“Finalmente, el 30 de julio de 2015 el Juzgado Sexto Penal Municipal de
Popayán con funciones de conocimiento emitió sentencia en la que absolvió
tanto al demandante como a Ricaurte Mosquera Navia, bajo la consideración
de que no se pudo desvirtuar la presunción de inocencia y, ante la no
interposición de recursos, la decisión quedó en firme en esa fecha.

7.3 Con lo dicho, para la Sala aparece probado que el actor fue sometido a una
privación de la libertad entre el 6 de diciembre de 2011 y el 21 de noviembre de
2012, razón por la cual se encuentra demostrada la ocurrencia de un daño.
Ahora, como se indicó ya, conforme con la orientación jurisprudencial que
impera en la actualidad, es necesario determinar si tal daño tiene la entidad de
ser antijurídico o no, pues para ello ha de establecerse que la privación
desconoció los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-02329-01
Actor (a): Orlando Cortés Cortés y otros
Acción de tutela

De ese modo, del análisis de las pruebas, se puede advertir en primera medida
que el presente asunto no corresponde a aquellos asuntos que eventualmente
se pueden estudiar bajo el régimen objetivo, pues, el actor no fue exonerado
porque la conducta era objetivamente atípica o el hecho no existió, sino porque
la víctima del delito prefirió no comparecer a declarar en contra de quienes
denunció pues tenía miedo de que estos efectuaran alguna acción en contra de
ella. Por esa razón, es necesario acudir a verificar si la medida preventiva de
privación de la libertad fue impuesta atendiendo a los principios aludidos.

(…).

Aterrizado ello al presente asunto, se aprecia como satisfecho el primero de los
requisitos, esto es, que se pudiera inferir razonablemente que el demandante
Oscar Iván Cortés Ochoa era autor de una conducta delictiva, si no se olvida
que la víctima de un hurto lo denunció porque lo identificó como unos de los
partícipes de tal hecho punible, además de que se adelantó diligencia de
reconocimiento fotográfico y videográfico en el que se ratificó su acusación en
contra de él.

(…).

Además, es preciso expresar que las exigencias de valoración probatoria para
la imposición de la medida de aseguramiento no son las mismas que las que se
demandan para la emisión de una condena, pues, mientras que en el primer
caso solo se requiere una inferencia razonable, en el segundo se requiere la
existencia de una certeza que supere cualquier duda razonable, lo que es muy
diferente”.

5) En relación con el reparo referido a los elementos de prueba que, según la parte actora,
demostraban que la víctima se encontraba en el municipio de El Tambo para la fecha de
los hechos, el tribunal también se pronunció puntualmente frente a ese aspecto en la
medida en que relacionó las declaraciones practicadas durante el juicio oral, así como la
planilla de actividades y las facturas exhibidas para respaldar esa versión, no obstante,
centró su análisis en los elementos disponibles al momento de imponerse la medida de
aseguramiento y en el estándar probatorio exigible para esa etapa del proceso penal.

6) De lo anterior se advierte que la discrepancia de la parte actora radica en el alcance
que el tribunal otorgó a esos elementos, pues dicha autoridad consideró que la
antijuridicidad del daño no podía establecerse exclusivamente a partir del resultado
absolutorio del proceso penal, sino que debía examinarse si la privación de la libertad
desconoció los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad exigibles al
momento de la imposición de la medida de aseguramiento y, para tal efecto, distinguió el
estándar probatorio requerido para adoptar esa decisión de aquel necesario para proferir
una sentencia condenatoria.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-02329-01
Actor (a): Orlando Cortés Cortés y otros
Acción de tutela

7) Así las cosas, la circunstancia de que la parte actora discrepe de la valoración
efectuada por el tribunal y considere que esas pruebas debieron conducir a una
conclusión diferente, no convierte una discusión probatoria y jurídica propia del medio de
control de reparación directa en un problema de naturaleza constitucional.

8) En lo que respecta al defecto sustantivo y a la violación directa de la Constitución, la
Sala advierte que estos reparos tampoco plantean una controversia constitucional
distinta, pues la parte actora los sustentó en que el Tribunal Administrativo del Cauca
interpretó el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado de manera contraria al
artículo 90 de la Constitución Política y desconoció los artículos 29 y 229 superiores al
negar la indemnización, pese a la posterior absolución de la víctima, la falta de ratificación
del reconocimiento fotográfico y la existencia de elementos que, en su criterio,
demostraban que aquel se encontraba en un lugar distinto al de los hechos.

9) Tales cuestionamientos parten, en esencia, de las mismas premisas fácticas y jurídicas
examinadas por el juez natural para establecer si el daño derivado de la privación de la
libertad tenía carácter antijurídico, aspecto frente al cual, se insiste, el tribunal consideró
que debía analizarse la razonabilidad, proporcionalidad y necesidad de la medida de
aseguramiento de acuerdo con los elementos existentes al momento de su imposición y
no exclusivamente a partir del resultado absolutorio del proceso penal; por tanto, bajo la
denominación de defecto sustantivo y violación directa de la Constitución, la parte actora
pretende controvertir nuevamente la conclusión jurídica adoptada sobre uno de los
presupuestos de la responsabilidad patrimonial del Estado, sin plantear un
cuestionamiento constitucional autónomo respecto de aquel debate. Esa fue
precisamente la metodología utilizada por el Tribunal en la providencia cuestionada.

10) Similar conclusión se impone frente al desconocimiento del precedente, sustentado
en las sentencias SU-072 de 2018, SU-363 de 2021 y SU-259 de 2022 de la Corte
Constitucional, pues la parte actora afirmó que esas providencias exigían efectuar un
análisis integral de la legalidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida restrictiva
de la libertad y de las circunstancias acreditadas durante el proceso penal, examen que,
en su criterio, fue omitido por el Tribunal Administrativo del Cauca.

11) Sin embargo, ese reparo también se encuentra ligado al desacuerdo con el análisis
efectuado por el juez natural, pues, como se expuso, la autoridad judicial demandada
abordó precisamente el carácter antijurídico del daño a partir de los criterios de

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Actor (a): Orlando Cortés Cortés y otros
Acción de tutela

razonabilidad, proporcionalidad y necesidad de la medida de aseguramiento y examinó
los elementos que sustentaron su imposición, de ahí que determinar si la interpretación
efectuada por dicha autoridad corresponde o no al alcance que la parte actora atribuye a
las providencias invocadas implicaría avanzar al estudio material del defecto alegado,
pese a que la controversia planteada no superó previamente el requisito general de
relevancia constitucional.

12) En ese contexto, acceder al estudio de los defectos formulados implicaría que el juez
de tutela reexaminara el material probatorio del proceso penal y sustituyera el criterio
adoptado por el Tribunal Administrativo del Cauca acerca de la razonabilidad,
proporcionalidad y necesidad de la medida de aseguramiento y, en últimas, sobre el
carácter antijurídico del daño, proceder que resulta ajeno a la finalidad excepcional del
amparo constitucional.

13) Por consiguiente, se confirmará la sentencia de primera instancia que declaró
improcedente la acción por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Confírmase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de
tutela de la referencia por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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Actor (a): Orlando Cortés Cortés y otros
Acción de tutela

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente Subsección Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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