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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02331-00

Fecha
21 de mayo de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02331-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio de Minas y Energía, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la parte accionante, según lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02331-00

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

21 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 15 000 2026 02331 00
Accionante: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Accionado: Tribunal de Arbitramento convocado para dirimir las
diferencias entre Transmetano E.S.P. S.A. y EPM en el
proceso arbitral con radicado 2024A0050, adelantado ante el
Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de
la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, integrado
por los árbitros Antonio Aljure Salame (presidente), Anne
Marie Mürrle Rojas y Andrés Cardona Restrepo
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia arbitral
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por no cumplir el
requisito general de subsidiariedad

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por las Empresas Públicas de Medellín
E.S.P. (EPM), en contra del laudo arbitral del 11 de febrero de 2026, proferido por el
Tribunal de Arbitramento convocado para dirimir las diferencias entre Transmetano
E.S.P. S.A. y EPM en el proceso arbitral con radicado 2024A0050, adelantado ante el
Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de
Medellín para Antioquia, integrado por los árbitros Antonio Aljure Salame (presidente),
Anne Marie Mürrle Rojas y Andrés Cardona Restrepo1.

1. SÍNTESIS DEL CASO
Las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM), actuando a través de apoderada
judicial, promovió acción de tutela en contra de la precitada decisión, y para ello, formuló
las siguientes pretensiones2:

PRIMERO. CONCEDER la protección del derecho fundamental al debido proceso
de EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., vulnerado por el Tribunal de
Arbitramento integrado por los árbitros Antonio Aljure Salame, Anne Marie Mürrle
Rojas y Andrés Cardona Restrepo, convocado para dirimir las diferencias entre
TRANSMETANO E.S.P. S.A. y EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., a
través del Laudo Arbitral del once (11) de febrero de dos mil veintiséis (2026),
cuyas solicitudes de aclaración y corrección se resolvieron mediante Auto No. 24
del veinte (20) de febrero de dos mil veintiséis (2026), proferidos dentro del

1 En adelante el Tribunal de Arbitramento.
2 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 02331 00.

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Radicado: 11001 03 15 000 2026 02331 00
Accionante: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Accionado: Tribunal de Arbitramento convocado para dirimir las
diferencias entre Transmetano E.S.P. S.A. y EPM en el proceso arbitral con radicado 2024A0050

proceso arbitral No. 2024 A 0050 adelantado ante el Centro de Conciliación,
Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín.

SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS el Laudo
Arbitral del once (11) de febrero de dos mil veintiséis (2026) y el Auto No. 24 del
veinte (20) de febrero de dos mil veintiséis (2026), proferidos por el Tribunal de
Arbitramento integrado por los árbitros Antonio Aljure Salame, Anne Marie Mürrle
Rojas y Andrés Cardona Restrepo, dentro del proceso arbitral No. 2024 A 0050.

2. SITUACIÓN FÁCTICA
La parte accionante informó que, el 1 de diciembre de 2023, Transmetano y EPM
suscribieron el contrato de transporte de gas natural TM-EPM-CF-2023-001, con vigencia
hasta el 30 de noviembre de 2024, para la prestación del servicio de transporte de gas
natural.

Precisó que el contrato no fijó libremente el Weighted Average Cost of Capital (WACC) o
Costo Promedio Ponderado de Capital aplicable, pues las tarifas estaban determinadas
por la regulación expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG, de
obligatorio cumplimiento para ambas partes.

Adujo que la controversia arbitral se originó porque Transmetano aplicó unilateralmente
una nueva tasa WACC del 11,88% a los contratos de transporte de gas natural, pese a
que la regulación de la CREG no autorizaba una actualización automática de las tarifas.

Señaló que la autoridad regulatoria había reiterado de manera clara y pública que la tasa
aplicable seguía siendo del 10,94% y que la nueva tasa solo tendría efectos en futuras
actuaciones tarifarias, circunstancia conocida tanto por Transmetano como por el Tribunal
de Arbitramento antes de dictarse el laudo cuestionado.

Indicó que la CREG, en ejercicio de su competencia para resolver conflictos entre
empresas del sector, zanjó formalmente la controversia mediante la Resolución núm. 502
118M de 2024, en la que concluyó que la tasa aplicable a los contratos de transporte
correspondía al 10,94% previsto en la Resolución núm. 103 de 2021 y no al 11,88%
aplicado por Transmetano. Asimismo, reiteró que los operadores no podían apartarse de
la regulación fijada por la autoridad competente.

Sostuvo que la Resolución núm. 502 118M de 2024 quedó en firme por efecto del silencio
administrativo negativo, al no resolverse oportunamente el recurso de reposición
interpuesto por Transmetano. Agregó que la CREG confirmó posteriormente dicha
decisión mediante la Resolución núm. 502 203 de 2026, reiterando que la tasa aplicable
era del 10,94%.

Expuso que el Tribunal de Arbitramento condenó a EPM a pagar, en favor de
Transmetano, una suma de dinero con fundamento en una interpretación regulatoria
contraria a la posición oficial y reiterada de la CREG sobre la tasa WACC.

Afirmó que el laudo arbitral acusado incurrió en defecto sustantivo al desconocer que la
Resolución núm. 502 118M de 2024 ya estaba en firme por efecto del silencio
administrativo negativo, descalificar los documentos y conceptos emitidos por la CREG y
construir una tesis propia sobre la aplicación del WACC, pese a reconocer que no tenía
funciones regulatorias.

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Radicado: 11001 03 15 000 2026 02331 00
Accionante: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Accionado: Tribunal de Arbitramento convocado para dirimir las
diferencias entre Transmetano E.S.P. S.A. y EPM en el proceso arbitral con radicado 2024A0050

Como fundamento de la acción de tutela, indicó que se cumple con el requisito general de
relevancia constitucional, pues el asunto trasciende el ámbito meramente legal y
económico al comprometer garantías superiores.

En cuanto a la subsidiariedad, manifestó que el recurso de anulación contra el laudo
arbitral es “manifiestamente ineficaz para remediar los defectos alegados”. Al respecto,
argumentó lo siguiente:

La primera razón es estructural. Las causales taxativas del artículo 41 de la Ley
1563 de 2012 se circunscriben a errores in procedendo. Como lo precisó el
Consejo de Estado en jurisprudencia recogida por la SU-556 de 2016, "mediante
el recurso extraordinario de anulación no es posible atacar el laudo por cuestiones
de mérito o de fondo, errores in iudicando (por violación de leyes sustantivas), ni
plantear o revivir un nuevo debate probatorio o considerar si hubo o no un yerro
en la valoración de las pruebas, puesto que el juez de anulación no es superior
jerárquico del Tribunal de Arbitramento." Como lo reiteró la SU-556 de 2016, "entre
las causales previstas no existe ninguna dispuesta para controlar defectos por
valoración manifiestamente defectuosa de los medios de prueba", y los errores in
iudicando "son en sí mismos impropios del recurso de anulación."

Los defectos que fundan esta tutela son errores in iudicando en su sentido más
preciso: la inaplicación de un acto administrativo vigente y en firme —la Resolución
502 118M—, la prescindencia sistemática de los pronunciamientos oficiales del
regulador como material probatorio determinante, y la construcción de una tesis
regulatoria contraria a la posición institucional uniforme de la CREG. Ninguno de
esos defectos tiene encuadre posible en las causales taxativas del artículo 41,
porque ninguna de ellas habilita al juez de anulación a examinar si el Tribunal
aplicó correctamente el derecho sustantivo, si valoró adecuadamente las pruebas,
o si respetó la posición del intérprete auténtico de las normas regulatorias. Intentar
acomodar estos defectos en alguna causal de anulación sería exactamente lo que
la SU-500 de 2015 calificó como "forzar" la realidad del vicio en un molde procesal
que no le corresponde.

La segunda razón es específica de la naturaleza del vicio central. El defecto más
grave del Laudo es la inaplicación de la Resolución 502 118M con fundamento en
que "no se encontraba en firme." Ese vicio no es un error procedimental del trámite
arbitral —no es que el Tribunal omitiera una etapa, no notificara a una parte o
dejara de practicar una prueba decretada—: es una violación directa del artículo
86 del CPACA. La violación de una norma sustantiva del ordenamiento
administrativo general que regula la eficacia de los actos administrativos es un
error in iudicando por definición, y ninguna causal del artículo 41 de la Ley 1563
de 2012 está diseñada para controlarlo.

Obligar a EPM a agotar el recurso de anulación sería, en palabras de la SU-500
de 2015, "un artificio innecesario cuando no se está en presencia de alguna de las
causales o se pretendiera forzadamente acomodar la verdadera razón de la
afectación del derecho fundamental en una de las causales de anulación", lo que
"supondría poner en marcha un proceso judicial manifiestamente inconducente y
sin posibilidades de satisfacer las pretensiones reclamadas." La tutela procede
directamente contra el Laudo.

A su turno, frente a la inmediatez, sostuvo que también se cumple por haberse presentado
la acción dentro de un plazo razonable.

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Radicado: 11001 03 15 000 2026 02331 00
Accionante: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Accionado: Tribunal de Arbitramento convocado para dirimir las
diferencias entre Transmetano E.S.P. S.A. y EPM en el proceso arbitral con radicado 2024A0050

Finalmente, arguyó que el Tribunal no solo interpretó erróneamente la regulación
aplicable, sino que sustituyó a la CREG en la definición del alcance de sus propios actos
regulatorios, construyendo una tesis regulatoria contraria al ordenamiento vigente y
determinante de la condena impuesta a EPM.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 20 de marzo de 20263 y correspondió por reparto a esta
Sección que, por auto del 6 de abril se requirió el poder correspondiente para promover
la solicitud de amparo.

3.2. Subsanado lo anterior, por auto del 21 de abril de 20264 la tutela fue admitida y
dispuso notificar5 al Tribunal de Arbitramento; así como vincular a Transmetano E.S.P.
S.A., al Ministerio de Minas y Energía y a la CREG, como terceros con interés directo en
el resultado del proceso.

De igual forma, se requirió al Tribunal de Arbitramento para que allegara copia digital del
expediente correspondiente al proceso identificado con radicado núm. 2024A0050.

3.2. La Camara de Comercio de Medellín6, a través de su Centro de Arbitraje, indicó que
no tiene responsabilidad ni competencia sobre las decisiones adoptadas en el trámite
arbitral, ya que su función es únicamente administrativa y logística, mientras que las
funciones jurisdiccionales corresponden exclusivamente al Tribunal Arbitral. Por ello, se
limitó a remitir la acción de tutela y sus anexos a los árbitros para su conocimiento.

3.3. La CREG7 presentó informe en el que manifestó que no le corresponde pronunciarse
sobre las decisiones adoptadas por jueces arbitrales ni determinar si vulneraron el debido
proceso, pues sus competencias son exclusivamente regulatorias.

En ese sentido, señaló que las Resoluciones núm. 502 118M de 2024 y núm. 502 203 de
2026 fueron expedidas en ejercicio legítimo de sus facultades legales para resolver
conflictos regulatorios, y aclaró que dichas decisiones se limitan a definir aspectos
regulatorios sobre la aplicación de la tasa de descuento, sin pronunciarse sobre nulidad
contractual, indemnizaciones o sanciones frente a los agentes involucrados.

3.4. El Tribunal de Arbitramento rindió informe8 en el que manifestó que en el presente
asunto no se cumplen los requisitos generales de procedencia relativos a la relevancia
constitucional y la subsidiariedad.

3 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 02331 00.
4 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 02331 00.
5 Esta orden se cumplió el 23 de abril de 2026. Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión

Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 02331 00.
6 Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 02331 00.
7 Visto en el índice 20 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 02331 00.
8 Visto en el índice 21 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 02331 00.
4

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Accionado: Tribunal de Arbitramento convocado para dirimir las
diferencias entre Transmetano E.S.P. S.A. y EPM en el proceso arbitral con radicado 2024A0050

Adujo que la solicitud de amparo carece de relevancia constitucional, por cuanto EPM
únicamente expresa su discrepancia con la interpretación y valoración jurídica realizada
por el tribunal, pretendiendo convertir la tutela en una instancia adicional para controvertir
el laudo, pese a que la jurisprudencia constitucional exige un estándar excepcional y
restrictivo para cuestionar decisiones arbitrales.

Agregó que la acción de tutela tampoco satisface el requisito de subsidiariedad, dado que
EPM interpuso recurso de anulación contra el laudo arbitral con fundamento en los
mismos cuestionamientos que ahora plantea como defectos sustantivos y fácticos, por lo
que la tutela pretende emplearse como un mecanismo paralelo y adicional frente a
controversias que ya se encuentran sometidas al mecanismo previsto para controvertir el
laudo.

Finalmente, expuso que el Tribunal Arbitral actuó dentro de las competencias otorgadas
por el contrato de transporte de gas y se limitó a resolver la controversia sometida a su
conocimiento, sin vulnerar el debido proceso de EPM, razón por la cual la acción de tutela
resulta improcedente.

3.5. Transmetano E.S.P. S.A.9 allegó respuesta en la que solicitó declarar improcedente
la acción de tutela, por no superarse los requisitos generales de subsidiariedad y
relevancia constitucional o, en su defecto, negar las pretensiones de la tutela ante la
inexistencia de los defectos invocados por la parte accionante.

Adujo que la acción de tutela no cumple con los requisitos de subsidiariedad ni de
relevancia constitucional, por cuanto reproduce los mismos argumentos formulados en el
recurso de anulación contra el laudo arbitral y pretende reabrir el debate jurídico y
probatorio ya resuelto por el Tribunal Arbitral.

Señaló que los cuestionamientos planteados se limitan a aspectos de legalidad
relacionados con la interpretación de la regulación expedida por la CREG y con la
valoración probatoria efectuada en el trámite arbitral, sin evidenciar una afectación directa
de derechos fundamentales.

Finalmente, alegó que en el presente caso no se configuraron los defectos invocados por
la parte accionante, toda vez que el Tribunal Arbitral actuó dentro de sus competencias,
interpretó razonadamente la regulación aplicable y motivó suficientemente su decisión,
de manera que la tutela únicamente refleja una discrepancia jurídica de EPM con el
contenido del laudo y un intento de reabrir el debate arbitral.

3.6. El Ministerio de Minas y Energía10 presentó informe en el que manifestó que no existe
acción u omisión atribuible a esa entidad que haya generado la presunta vulneración de
los derechos fundamentales invocados por la parte accionante. En consecuencia, solicitó
que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva y, por ende, su
desvinculación del presente trámite constitucional.

9 Visto en el índice 25 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 02331 00.
10 Visto en el índice 26 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 02331 00.
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diferencias entre Transmetano E.S.P. S.A. y EPM en el proceso arbitral con radicado 2024A0050

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 11 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,12 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202113, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 201914, modificado por el Acuerdo núm. 434 del
10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula
la distribución de procesos entre las secciones.

4.2. CUESTIÓN PREVIA

Frente a la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio de Minas y Energía,
la Sala advierte que no hay lugar a acceder a dicha solicitud, por cuanto su vinculación
al presente trámite tutelar obedeció a que, tal como la misma cartera ministerial lo
reconoció en su escrito, fue vinculado al proceso arbitral objeto de reproche en esta
oportunidad, como tercero con interés.

En consecuencia, su permanencia en la presente tutela resulta necesaria no solo para
garantizar la eficacia de la decisión que eventualmente se adopte, sino también para
asegurar el respeto de los principios de contradicción y defensa, permitiéndole
pronunciarse frente a los cargos formulados por la parte accionante.

4.3. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente15:

4.3.1. La sociedad Transmetano S.A. E.S.P. presentó demanda arbitral contra EPM, con
fundamento en lo dispuesto en la cláusula décima sexta de las condiciones generales
contenidas en el documento denominado “Contrato de transporte de gas natural en firme
de capacidades trimestrales”, el cual, junto con la certificación correspondiente, integra
el contrato celebrado entre las partes el 30 de noviembre de 2023, identificado con el
número TM-EPM-CF-2023-001.

4.3.2. El asunto fue conocido por el Tribunal Arbitral, el cual, mediante laudo de 11 de
febrero de 2026, resolvió lo siguiente:

Primero: Declarar no probadas las excepciones formuladas por EPM frente a las
pretensiones de la Demanda, de acuerdo con lo expresado en la parte motiva del
Laudo.

11 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
12 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece

las reglas de reparto de la acción de tutela.
13 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
14 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
15 Lo que se desprende del expediente del proceso arbitral identificado con radicado núm. 2024A0050.

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Accionante: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
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diferencias entre Transmetano E.S.P. S.A. y EPM en el proceso arbitral con radicado 2024A0050

Segundo: Declarar que no hay lugar a pronunciarse sobre la pretensión décima
de la Demanda por versar sobre una situación que se encuentra consolidada y no
requiere pronunciamiento, según lo expresado en la parte motiva del Laudo.

Tercero: Declarar que prosperan las demás pretensiones de la Demanda, con
fundamento en lo expresado en la parte motiva del Laudo.

Cuarto: Condenar a EPM a pagar a TRANSMETANO la suma de cinco mil
trescientos sesenta y tres millones doscientos cincuenta y nueve mil ochocientos
treinta pesos ($5.363.259.830), junto con el valor de los intereses de mora sobre
cada una de las sumas glosadas, a la tasa de interés máxima permitida por la ley,
según lo pactado en el Contrato y de acuerdo con lo indicado en el Laudo, desde
la fecha de vencimiento de cada factura, hasta que se realice el pago. Los
intereses de mora liquidados hasta la fecha del Laudo ascienden a la suma de mil
novecientos setenta y cinco millones setecientos trece mil setecientos ochenta y
nueve pesos ($1.975.713.789). Estas sumas se deberán pagar una vez
ejecutoriado este Laudo, y para efectos de su cobro se tendrá en cuenta lo
dispuesto en la ley aplicable.

Quinto: Condenar a EPM a pagar a TRANSMETANO la suma de $235.933.771
por concepto de costas del proceso, con fundamento en lo indicado en la parte
motiva de este Laudo.

4.3.3. Mediante escrito de 18 de febrero de 2026, remitido por vía electrónica, EPM
solicitó la aclaración y corrección del anterior laudo arbitral. Dicha solicitud fue resuelta
desfavorablemente por el Tribunal mediante Acta núm. 24 de 20 de febrero de 2026.

4.4. ANÁLISIS DE LA SALA

4.4.1. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones arbitrales

La Corte Constitucional16 ha reiterado que, aunque el arbitraje es ejercido por
particulares, estos actúan transitoriamente en ejercicio de la función jurisdiccional por
habilitación constitucional (art. 116 C.P.). En consecuencia, las decisiones arbitrales,
incluidos los laudos y demás providencias, tienen naturaleza jurisdiccional, producen
efectos de cosa juzgada y son definitivas y vinculantes para las partes.

Esta equivalencia material entre las decisiones arbitrales y las providencias judiciales ha
permitido admitir la procedencia excepcional de la acción de tutela contra aquellas,
siempre que se cumplan los requisitos generales y específicos fijados por la
jurisprudencia, especialmente los establecidos en la Sentencia C-590 de 2005.

Dicha procedencia se justifica en que tanto jueces como árbitros pueden vulnerar
derechos fundamentales en el ejercicio de la función de administrar justicia.

No obstante, la Corte ha sido enfática en señalar que el examen de procedibilidad de la
tutela contra decisiones arbitrales es más estricto que el aplicable frente a providencias
judiciales17.

16 Corte Constitucional, sentencias C-466 de 202 y T-131 de 2021 M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
17 Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 1 de febrero de

2024, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, Expediente 10010315000-2023-04943-00. Se reitera lo
considerado en la sentencia SU-174 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
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diferencias entre Transmetano E.S.P. S.A. y EPM en el proceso arbitral con radicado 2024A0050

Ello obedece a las particularidades de la justicia arbitral, entre las que se destacan: su
naturaleza excepcional, el principio de voluntariedad o libre habilitación de los árbitros, la
estabilidad jurídica de los laudos, el respeto por el margen de interpretación legal y
contractual de los árbitros y el carácter limitado de los mecanismos judiciales de control18.

En este contexto, la intervención del juez de tutela solo se justifica cuando se configura
una vulneración directa de derechos fundamentales, pues no es admisible que la tutela
se utilice para reabrir debates de fondo ya resueltos en el arbitraje o para desconocer la
voluntad de las partes de apartarse de la jurisdicción ordinaria.

Por ello, el juez constitucional debe realizar una valoración especialmente rigurosa de la
relevancia constitucional del caso, del principio de subsidiariedad y de la adecuación de
los defectos alegados a la lógica propia del proceso arbitral19.

Ahora bien, con fundamento en lo anterior, procede la Sala a efectuar el análisis del caso
concreto bajo la óptica del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales, en particular, el relativo a la
subsidiariedad.

4.4.2. Del requisito general de subsidiariedad

El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela solo procede
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

A su vez, el artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispuso que “la acción de tutela no
procederá: cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.

Por lo tanto, esta acción tiene como característica la subsidiariedad, en la medida que
solo resulta procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable20.

La Corte Constitucional ha explicado que el requisito general de subsidiariedad envuelve
tres eventos que conducen a la improcedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial21: (i) cuando el asunto está trámite; (ii) en el evento en que no se han agotado los
medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios, y (iii) si se usa para revivir etapas

18 Otras sentencias que se refieren a las características básicas del arbitramento son las siguientes: C-538

de 2016, C-974 de 2014, C-330 de 2012, C-330 de 2000, C-242 de 1997, C-431 y C-294 de 1995.
19 Corte Constitucional, Sentencias SU-081 de 2020, SU-033 de 2018 y SU-500 de 2015.
20 La Corte Constitucional en la sentencia T-441 del 15 de julio de 2015. M.P. Luis Guillermo Guerrero

Pérez, dijo que los criterios a partir de los cuales debe analizarse si, efectivamente, en un caso concreto,
se está ante la presencia de un perjuicio irremediable que habilite la procedencia transitoria del mecanismo
de amparo constitucional son (i) que el perjuicio se produce de manera cierta y evidente sobre un derecho
fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii) que de ocurrir no existiría forma de reparar el daño
producido; (iv) que resulta urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de
amenaza en la que se encuentra; y (v) que la gravedad de los hechos es de tal magnitud que hace evidente
la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales.
21 Corte Constitucional. Sentencia T – 396 del 26 de junio de 2014. M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio.

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Radicado: 11001 03 15 000 2026 02331 00
Accionante: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Accionado: Tribunal de Arbitramento convocado para dirimir las
diferencias entre Transmetano E.S.P. S.A. y EPM en el proceso arbitral con radicado 2024A0050

procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento
jurídico.

No obstante, el Tribunal Constitucional ha establecido dos excepciones al principio de
subsidiariedad de la acción de tutela: (i) cuando el mecanismo ordinario de defensa no
es idóneo ni eficaz para la protección inmediata de los derechos fundamentales, y (ii)
cuando se pretende evitar la configuración de perjuicio irremediable, el cual debe
acreditarse que cumple con las características de ser inminente y grave, que requiere de
la adopción de medidas de carácter urgente para superar el daño y, por lo tanto, que la
protección constitucional es impostergable22.

4.4.3. Caso concreto

Descendiendo al caso sub examine, EPM solicitó la protección de su derecho
fundamental al debido proceso, el cual consideró vulnerado por el Tribunal de
Arbitramento al proferir el laudo del 11 de febrero de 2026 que lo condenó a pagar una
suma de dinero en favor de Transmetano.

Adujo que el precitado laudo adolece de defectos sustantivo y fáctico, por cuanto
desconoció normas expresas al ignorar la firmeza de la Resolución núm. 502 118M de
2024, desatendió sistemáticamente los pronunciamientos técnicos y regulatorios de la
CREG y omitió valorar pruebas que consideró determinantes dentro del trámite arbitral.

Bajo ese contexto, la parte accionante sostuvo que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedencia. En particular, frente al requisito de subsidiariedad,
señaló que, aunque la regla general exige agotar el recurso de anulación antes de acudir
a la tutela contra un laudo arbitral, en este caso la acción procede directamente contra
dicha providencia porque los defectos alegados corresponden a errores de fondo o in
iudicando, relacionados con la aplicación del derecho sustantivo y la valoración
probatoria, asuntos que, a su juicio, no pueden ser examinados mediante el recurso de
anulación, cuyas causales se encuentran limitadas a errores procesales o in procedendo.
Por ello, indicó que exigir el agotamiento del recurso de anulación resultaría ineficaz para
la protección de los derechos fundamentales invocados.

No obstante, la Sala observa que, de manera simultánea a la radicación de esta acción
constitucional, EPM presentó recurso de anulación contra el laudo arbitral hoy
cuestionado, planteando en ambos escenarios cuestionamientos sustancialmente
coincidentes. En efecto, los argumentos relacionados con la presunta falta de valoración
de la Resolución núm. 502 118M de 2024, el desconocimiento de los conceptos emitidos
por la CREG y el supuesto exceso de competencia del Tribunal Arbitral también fueron
formulados dentro del recurso extraordinario de anulación promovido.

En ese orden, no resulta admisible sostener, de una parte, que el recurso de anulación
carece de idoneidad o eficacia para controvertir los defectos alegados y, de otra, acudir
simultáneamente a dicho mecanismo judicial para discutir los mismos asuntos que ahora
se presentan como vulneraciones de rango constitucional, pues tal circunstancia
evidencia que la parte accionante sí consideró apto el recurso extraordinario para
cuestionar la decisión arbitral.

22 Corte Constitucional. Sentencia T-150 de 2016 de 31 de marzo de 2016. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza

Martelo.
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diferencias entre Transmetano E.S.P. S.A. y EPM en el proceso arbitral con radicado 2024A0050

Así las cosas, en el asunto objeto de estudio aún se encuentra pendiente de resolver el
recurso de anulación interpuesto en contra del laudo arbitral, en el que, además, EPM
solicitó su suspensión23, razón por la cual aún no existe una decisión definitiva sobre las
inconformidades formuladas por la parte accionante.

En consecuencia, se declarará improcedente la solicitud de amparo por incumplir el
requisito general de subsidiariedad, más cuando no se encuentra acreditada la
configuración de un perjuicio irremediable que habilite la intervención excepcional del juez
constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio de Minas
y Energía, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la parte
accionante, según lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 21 de
mayo de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

23 El inciso tercero del artículo 42 de la Ley 1563 de 2012, dispone lo siguiente: “Artículo 42. Trámite del

recurso de anulación. (…) La interposición y el trámite del recurso extraordinario de anulación no
suspenden el cumplimiento de lo resuelto en el laudo, salvo cuando la entidad pública condenada solicite
la suspensión”.
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