Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02352-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02352-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02352-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
27 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02352-00
Demandante: Fideicomiso Inversiones Aritmetika Sentencias
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Temas: Tutela contra providencia judicial / Proceso ejecutivo / Inaplicación
del artículo 1653 del Código Civil / Desconocimiento del
precedente judicial y defecto sustantivo
Decisión: Negar la solicitud de amparo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la solicitud formulada por el Fideicomiso Inversiones Aritmetika
Sentencias, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
Constitución Política, y desarrollada en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud
1. El Fideicomiso Inversiones Aritmétika Sentencias promovió solicitud de tutela
con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, los cuales consideró vulnerados por las
providencias proferidas el 12 de septiembre de 2024 y el 28 de febrero de 2025 por
el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena y el Tribunal
Administrativo de Bolívar, respectivamente, en el proceso ejecutivo identificado con
el radicado 13001-33-33-008-2013-00136-00/01.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
2.1. En ejercicio del proceso ejecutivo presentó demanda en contra de la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional y Ejército Nacional con la finalidad de que se librara
mandamiento de pago por la suma $ 11.082.382.,92 correspondientes al valor del
capital reconocido en la sentencia de 8 de julio de 2014, proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolivar1, más los intereses contados desde el día siguiente a la
1 Proceso de reparación directa identificado con el radicado 13001333300820130013600.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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fecha de ingreso del pago parcial hasta el momento en que se verificara el pago total
de la obligación.
2.2. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena en
providencia del 8 de agosto de 2023 libró mandamiento de pago, por un saldo de
capital de $11.082.382. Frente a lo cual, la parte demandada se opuso al considerar
que con el depósito realizado canceló la totalidad del capital de la sentencia, lo que
extinguió la deuda y por cuanto los intereses habían cesado con el reconocimiento
de la deuda pública, razón que lo llevó a proponer la excepción de pago.
2.3. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial Cartagena en
providencia del 12 de septiembre del 2024 declaró no probada la excepción
propuesta por la entidad ejecutada al considerar que la obligación no se encontraba
plenamente satisfecha y ordenó continuar la ejecución por valor de $11.082.382, cifra
resultante de restar el capital indexado al abono de $77.789,960. Asimismo, precisó
que «[s]i bien la parte ejecutante afirma que la ejecución se inicia por un saldo insoluto de
capital, con fundamento en el artículo 1653 del Código Civil, del análisis de la documentación
aportada y de la liquidación del crédito se evidencia que, en realidad, lo reclamado
corresponde al saldo de intereses moratorios». Igualmente, condenó en costas y
agencias en derecho.
2.4. El Tribunal Administrativo de Bolívar en providencia del 28 de febrero del 2025
modificó la decisión del a quo, respecto de mantener la negativa de la excepción de
pago al considerar que la suma depositada era insuficiente para extinguir la
obligación, reiteró que el abono debía imputarse inicialmente al capital, pero no
condenó en costas ni agencias en derecho.
2.5. Las autoridades demandadas vulneraron sus derechos fundamentales al
incurrir en defecto sustantivo por aplicación indebida del artículo 1653 del Código
Civil referente a la regla general de que todo pago debe aplicarse prioritariamente a
intereses, salvo manifestación clara del acreedor en sentido contrario. Asimismo, en
desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado2 que estableció que
la regla de imputación de pagos era aplicable a las obligaciones que derivaran de
sentencias y conciliaciones a cargo de la Nación.
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] PRIMERA. […] Se declare que el JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE CARTAGENA, y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR, vulneraron
el derecho al Debido Proceso y al Acceso a la Administración de Justicia al FIDEICOMISO
INVERSIONES ARITMÉTIKA SENTENCIAS.
2 Al respecto citó: i) Sentencia de tutela del 6 de agosto de 2021, Sección Tercera, Subsección B, con
radicado No. 11001-03-15-000- 2021- 04403-00; ii) 8 de septiembre de 2021, Sección Tercera
Subsección B, con radicado No. con radicado No. 25000-23-36-000-2015-00386-01; iii) 17 de junio de
2024, Sección Tercera Subsección B, con radicado No. 25000-23-36-000-2022-00508-01 (70736).
2
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SEGUNDA. Se tutela el Derecho Fundamental al Debido Proceso y al Acceso a la
Administración de Justicia del FIDEICOMISO INVERSIONES ARITMÉTIKA SENTENCIAS,
dejando sin efectos, las providencias judiciales proferidas el 12 de septiembre de 2024 por
el JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DE CARTAGENA, la cual fue modificada por
providencia judicial del 28 de febrero de 2025 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
BOLÍVAR.
TERCERA. Como consecuencia se ordene al JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DE
CARTAGENA, y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR, que, dentro de las 48
horas siguientes a la notificación del fallo de tutela, profieran una nueva decisión dentro del
proceso ejecutivo radicado no. 13001333300820130013600, atendiendo estrictamente: (i)
El precedente jurisprudencial vinculante de la sección tercera del Consejo de Estado (ii) Las
reglas de imputación de pagos del artículo 1653 del Código Civil, (iii) El régimen de intereses
previstos en los artículos 192 y 195 del CPACA y 8(iv) Los criterios constitucionales
desarrollados en esta acción de tutela[...]» [sic].
1.1.1. Informes rendidos en el proceso
4. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena3
solicitó que se declarara improcedente la petición de amparo por cuanto la verdadera
intención del demandante era convertir la tutela en una instancia adicional del
proceso contencioso, pues la sentencia enjuiciada no incurrió en los defectos
endilgados.
4.1. El Tribunal Administrativo de Bolívar4 requirió que se declarara
improcedente la solicitud de amparo por no acreditar el requisito general de la
relevancia constitucional, comoquiera que se trató de una decisión meramente legal
y de contenido estrictamente económico. Asimismo, tampoco existió una
argumentación sólida para acreditar la vulneración de los derechos fundamentales
cuestionados.
4.2. Los demás terceros con interés guardaron silencio.
2. Consideraciones
5. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y de las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) Cuestión previa; iii) procedencia de la
tutela contra providencia judicial; iv) determinación del problema jurídico; y v) análisis
de la Sala.
2.1. Competencia
6. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política
y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el 1°. del Decreto 333 del 6 de
3 Ver índice 12 del expediente de primera instancia. Archivo denominado:
22RECIBEPRUEBAS_MEMORIAL_informeTutela2026023 (.pdf) NroActua12.
4 Ver índice 14 del expediente de primera instancia. Archivo denominado:
15_MemorialWeb_ContestaciónDemanda-.pdf CONTESTACIONTUTELA (.pdf) NroActua14
3
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abril de 20215 la Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo contra
el Tribunal Administrativo de Bolivar y otro.
2.2. Cuestión previa
7. Se advierte que, pese a que en el escrito inicial se cuestionan las decisiones
proferidas por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena y
el Tribunal Administrativo de Bolívar, se observa que los argumentos que sustentan
sus pretensiones son similares respecto de una y otra.
8. Por lo anterior, y en atención a que la providencia del 12 de septiembre del
2024, proferida en primera instancia fue apelada y el Tribunal Administrativo de
Bolívar desató el recurso a través de la providencia del 28 de febrero del 2025, el
reclamo constitucional formulado será estudiado solo respecto a esta última, en tanto
que fue la que puso fin a la discusión de la imputación de pagos.
2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
9. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo
del Consejo de Estado6 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema7. Al respecto señaló lo
siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».
10. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
5 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01,
M.P. María Elizabeth García González.
7 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
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11. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo8, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.
12. Ahora bien, la Corte Constitucional9 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez;
y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
13. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos10,
el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de
la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de
los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea
de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales11.
Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que
incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate
que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.4. Problema jurídico
14. De acuerdo con el escrito de tutela, la Sala deberá definir: ¿si el Tribunal
Administrativo de Bolívar vulneró los derechos fundamentales del Fideicomiso
Inversiones Aritmetika Sentencias con ocasión de la providencia del 28 de febrero de
2025, con la que incurrió, presuntamente, en defecto sustantivo y de desconocimiento
del precedente judicial?
8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-
590 de 2005.
10 Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2015, MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
11 Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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2.5. Análisis de la Sala
2.5.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
15. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela, y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio de fondo del asunto planteado
2.5.2 Defecto sustantivo
16. En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte
Constitucional12 ha señalado que este se presenta cuando el juez adopta una
decisión que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto. En su jurisprudencia, la corporación ha
resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces
gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar normas
jurídicas, esta no es una facultad absoluta, para lo cual precisó que los límites se
encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho
17. El alto tribunal de lo constitucional ha identificado una serie de situaciones en
las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta en
una norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación
o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad,
es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses legítimos de las
partes o es manifiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta sentencias que hayan
definido el alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición aplicada se toma regresiva
o contraria a la Constitución; (v) no se efectúa una interpretación sistemática de la
norma y (vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso.
18. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación
en que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal
entidad debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.
Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión
proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
fundamentales de los sujetos procesales.
2.5.3 Desconocimiento del precedente judicial
19. En este punto, en cuanto al desconocimiento del precedente alegado se
recuerda que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política
permite afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes
relevantes como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para
promover la seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la
predictibilidad de las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las
12 Corte Constitucional, Sentencia T-118 a de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo.
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normas jurídicas. Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo
adecuado de estos, como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones
judiciales, presupuesto esencial del Estado social de derecho.
20. La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión
previa adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes
jurisdicciones que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o
semejantes desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el
juez, debe ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad.
El adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el
curso de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas,
salvo si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan
modificarlo.
21. Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de
la modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las toma en injustas o incorrectas en el orden de cosas
actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.
22. En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia,
identificando los precedentes relevantes; de suficiencia dando a conocer las razones
que en su concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué
esa modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello
reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad
que se derivada de la desobediencia al precedente.
2.5.4. Sobre el caso concreto
23. El Fideicomiso Inversiones Aritmetika Sentencias acudió al juez de tutela con
el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se
dejara sin efectos la providencia proferida el 28 de febrero de 202513 por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, mediante la cual precisó la inaplicabilidad del artículo 1653
del Código Civil en procesos ejecutivos iniciados con base en sentencias judiciales.
24. Lo anterior, al considerar que se incurrió en defecto sustantivo por aplicación
indebida del artículo 1653 del Código Civil referente a la regla general de que todo
pago debe aplicarse prioritariamente a intereses, salvo manifestación clara del
acreedor en sentido contrario. Asimismo, en desconocimiento del precedente judicial
13 Según la información registrada en Samai fue notificada el 19 de diciembre de 2025.
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del Consejo de Estado14 que estableció que la regla de imputación de pagos es
aplicable a las obligaciones que deriven de sentencias y conciliaciones a cargo de la
Nación.
25. Para mayor claridad del asunto, la Sala recuerda el análisis efectuado por el
Tribunal Administrativo de Bolívar en la sentencia enjuiciada, para concluir que los
pagos que se realicen con el fin de dar cumplimiento a una sentencia judicial deben
imputarse inicialmente a capital y luego a intereses:
«[…] (i) De la imputación de pagos.
Destaca este Tribunal que, si bien en anteriores oportunidades aplicó en procesos
ejecutivos iniciados con base en sentencias judiciales el artículo 1653 del Código Civil, el
cual establece que cuando se deben sumas de dinero por concepto de capital e intereses,
el pago se imputará primero a los intereses y luego a capital, de acuerdo con la reciente
jurisprudencia del Consejo de Estado, contenida en sentencia proferida el 30 de mayo de
2024 por la Sección Segunda dentro del radicado No. 25000-23-42-000-2016-02688-01,
la aplicación de dicha norma es incompatible con las normas que rigen los
presupuestos y trámites de las administradoras atendiendo la naturaleza de los
recursos de la de seguridad social, y la necesidad de acatar el principio de legalidad
en materia administrativa y presupuestal.
Si bien la sentencia descrita hace alusión principalmente a las administradoras de
pensiones y, no hay sentencia de unificación jurisprudencial sobre la materia, la Sala
acoge los criterios expuestos en la providencia antes referida y hace un cambio de
postura, porque considera que se ajusta a los principios de legalidad, seguridad jurídica y
estabilidad financiera.
En efecto, la sentencia mencionada, que esta Sala acoge y prohíja, precisó que la
disposición comentada del Código Civil no puede aplicarse directamente al proceso
seguido por esta jurisdicción con miras a la ejecución de sentencias judiciales porque: “el
precepto examinado del Código Civil fue previsto para regular la imputación de pagos de
las relaciones económicas de los particulares que administran sus recursos conforme a
su patrimonio y estatutos, mientras que el Estado cuando funge como deudor debe
someterse a trámites administrativos y presupuestales que impiden que cumpla con sus
obligaciones pecuniarias de forma inmediata”.
Así mismo, sostuvo que “la aplicación del artículo 1653 del Código Civil no debe tener
como único parámetro la «condición de igualdad», en primer lugar, porque no es lo mismo
cobrar una deuda a un particular que administra sus propios recursos de acuerdo con sus
condiciones que al Estado y, en segundo lugar, tampoco puede predicarse la vulneración
de derechos fundamentales por la «no aplicación» de ese canon”.
Luego, para la Sala es evidente que los pagos que se realicen con el fin de dar
cumplimiento a una sentencia judicial deben imputarse inicialmente a capital y luego a
intereses» [sic].
26. Como se observa, la autoridad judicial demandada acogió el criterio reciente del
Consejo de Estado en relación con la imputación de pagos, apartándose de la
aplicación tradicional del artículo 1653 del Código Civil en procesos ejecutivos
derivados de sentencias judiciales; en ese sentido, consideró que dicha disposición,
14 Al respecto citó: i) Sentencia de tutela del 6 de agosto de 2021, Sección Tercera, Subsección B, con
radicado No. 11001-03-15-000- 2021- 04403-00; ii) 8 de septiembre de 2021, Sección Tercera
Subsección B, con radicado No. con radicado No. 25000-23-36-000-2015-00386-01; iii) 17 de junio de
2024, Sección Tercera Subsección B, con radicado No. 25000-23-36-000-2022-00508-01 (70736).
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Demandante: Fideicomiso Inversiones Aritmetika Sentencias
prevista para regular relaciones entre particulares, resulta incompatible con el
régimen administrativo y presupuestal que rige a las entidades estatales.
27. Así mismo, adoptó el cambio de postura jurisprudencial con fundamento en
criterios de legalidad, seguridad jurídica y estabilidad financiera, a través de lo cual
resaltó que el Estado, a diferencia de los particulares, debe sujetarse a
procedimientos que impiden el pago inmediato de sus obligaciones pecuniarias, por
lo que concluyó que, en el cumplimiento de sentencias judiciales, los pagos
efectuados deben imputarse en primer lugar al capital y posteriormente a los
intereses, con lo que desestimó la aplicación automática del artículo 1653 del Código
Civil bajo el entendido de una supuesta igualdad de condiciones entre deudores
públicos y privados.
28. En concordancia con lo anterior, en razón a la controversia a decidir, la Sala
advierte que no se configuró el defecto sustantivo en el presente asunto, por cuanto
la autoridad judicial demandada no dejó de aplicar de manera caprichosa el artículo
1653 del Código Civil, ni acudió a una norma inexistente o manifiestamente
inaplicable. Por el contrario, examinó la disposición normativa y determinó si era
aplicable al caso concreto o no. En efecto, el Tribunal Administrativo de Bolívar
expuso las razones por las cuales consideró que la regla de imputación prevista en
el artículo 1653 del Código Civil, no resultaba aplicable en el marco de condenas
judiciales contra entidades públicas.
29.Al respecto, conviene recordar lo dicho por el máximo órgano constitucional que
expone lo siguiente:
«Es preciso señalar que una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo cuando
la autoridad jurisdiccional (…) a pesar del amplio margen hermenéutico que la
Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, realiza una interpretación
contraevidente o claramente irrazonable o desproporcionada» [sic]15.
30. Bajo este entendimiento, la Sala concluye que en el caso concreto no se
configuró el defecto alegado, pues la interpretación adoptada por la autoridad judicial
demandada, frente al artículo 1653 del Código Civil no resultó contraevidente,
irrazonable o desproporcionada. Por el contrario, se sustentó en los elementos
normativos y jurisprudenciales del ordenamiento jurídico.
31. Por otra parte, tampoco se advierte la configuración de un desconocimiento del
precedente judicial del Consejo de Estado, pues si bien, se reconoce que las
providencias judiciales citadas, resolvieron la aplicabilidad del artículo 1653 del
Código Civil y reconocieron la regla de imputación del pago, las mismas no
constituyen una regla de obligatorio cumplimiento, ni tampoco unificaron el criterio en
esos trámites, pues lo cierto es que al interior de la Corporación no existe una
posición unificada al respecto. Máxime, cuando las mismas fueron proferidas con
anterioridad a la sentencia que aplicó la autoridad judicial demandada, la cual es más
reciente.
15 Corte Constitucional. Sentencia T-021 de 2018. Bogotá, D.C., del 5 de febrero del 2018. MP: José
Fernando Reyes Cuartas.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02352-00
Demandante: Fideicomiso Inversiones Aritmetika Sentencias
32. Asimismo, no sobra advertir que la sentencia de tutela referenciada tiene
efectos inter-partes, así que menos podría considerarse como un precedente de
obligatorio cumplimiento. Si bien los pronunciamientos que se alegan como
desconocidos podrían ser pertinentes para avalar la interpretación favorable a los
intereses del demandante, no se puede desconocer que, frente al tema, existen
decisiones en sentido contrario, lo cual más allá de evidenciar un desconocimiento
del precedente judicial, deja ver que no existe una línea pacífica sobre el tema.
33. Se advierte que sobre la materia existen distintas posturas al interior de la
Corporación, lo que, se insiste, denota la ausencia de un criterio unificado. Razón por
la cual, la autoridad judicial demandada no se apartó de manera arbitraria o irracional
de la jurisprudencia citada por el demandante, por el contrario, el mismo Tribunal
Administrativo de Bolívar reconoció que «no hay sentencia de unificación jurisprudencial»
y en ese contexto, la tutela no resulta el mecanismo idóneo para unificar criterios.
34. En concordancia con lo anterior, la autoridad judicial demandada valoró los
distintos criterios e interpretaciones, y expuso las razones y justificaciones en las que
se basó para motivar la cuestionada providencia. Así, no se evidenció el
desconocimiento de una regla jurisprudencial unificada y vinculante, sino un ejercicio
de interpretación en el marco de la autonomía judicial que fue acorde al ordenamiento
jurídico.
35. En este punto, la Sala constató que las autoridades judiciales optaron por
imputar el pago realizado por la entidad ejecutada directamente al capital, en atención
a las particularidades del régimen presupuestal, administrativo, de la naturaleza
jurídica, del alcance del precepto normativo del Código Civil y de su compatibilidad
con las obligaciones de las entidades públicas.
36. En esas condiciones, lo que existe es una inconformidad con el resultado de
la valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, lo cual impone negar
la solicitud de amparo constitucional pues, se reitera, este mecanismo no puede
convertirse en una tercera instancia.
37. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación
jurídica del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones
adoptadas dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la
vulneración de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se
encontró́ probado.
3. Conclusión
38. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que
la parte demandante centró sus esfuerzos, de forma en que la Sala negará el amparo
los derechos fundamentales invocados por el Fideicomiso Inversiones Aritmetika
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02352-00
Demandante: Fideicomiso Inversiones Aritmetika Sentencias
Sentencias en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de
Bolívar y el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena.
39. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Negar el amparo de los derechos fundamentales del Fideicomiso
Inversiones Aritmetika Sentencias en la solicitud de tutela presentada contra el
Tribunal Administrativo de Bolívar y el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito
Judicial de Cartagena.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CJE/LVLQ
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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