Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02352-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02352-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-02352-01
Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02352-01
Demandante: FIDEICOMISO INVERSIONES ARITMETIKA SENTENCIAS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Revoca parcialmente el fallo
de primera instancia que denegó el amparo solicitado, para, en
su lugar, declarar la improcedencia de la acción de tutela por no
cumplir el requisito de relevancia constitucional frente al defecto
sustantivo y confirmar en lo demás.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra el
fallo del 27 de abril de 2026, por medio del cual el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B denegó la solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
Mediante escrito radicado el 24 de marzo de 2026, el Fideicomiso Inversiones
Aritmetika Sentencias, a través de apoderado judicial, promovió acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Bolívar y el Juzgado Octavo Administrativo del
Circuito Judicial de Cartagena para que se protegieran sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
Estimó vulneradas tales garantías constitucionales con ocasión de las
providencias proferidas el 12 de septiembre de 2024 y el 28 de febrero de 2025
por las mencionadas autoridades judiciales demandadas, respectivamente, en el
proceso ejecutivo identificado con el radicado 13001-33-33-008-2013-00136-
00/01.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la parte actora solicitó:
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Demandante: Fideicomiso Inversiones Aritmetika Sentencias
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
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PRIMERA. … Se declare que el JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE CARTAGENA, y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR,
vulneraron el derecho al Debido Proceso y al Acceso a la Administración de Justicia
al FIDEICOMISO INVERSIONES ARITMÉTIKA SENTENCIAS.
SEGUNDA. Se tutela el Derecho Fundamental al Debido Proceso y al Acceso a la
Administración de Justicia del FIDEICOMISO INVERSIONES ARITMÉTIKA
SENTENCIAS, dejando sin efectos, las providencias judiciales proferidas el 12 de
septiembre de 2024 por el JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DE
CARTAGENA, la cual fue modificada por providencia judicial del 28 de febrero de
2025 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR.
TERCERA. Como consecuencia se ordene al JUZGADO OCTAVO
ADMINISTRATIVO DE CARTAGENA, y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
BOLIVAR, que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo de tutela,
profieran una nueva decisión dentro del proceso ejecutivo radicado no.
13001333300820130013600, atendiendo estrictamente: (i) El precedente
jurisprudencial vinculante de la sección tercera del Consejo de Estado (ii) Las reglas
de imputación de pagos del artículo 1653 del Código Civil, (iii) El régimen de
intereses previstos en los artículos 192 y 195 del CPACA y 8 (iv) Los criterios
constitucionales desarrollados en esta acción de tutela…
1.3. Hechos
La parte demandante sostuvo que presentó demanda ejecutiva en contra de la
Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional con la finalidad de que
se librara mandamiento de pago por la suma $11.082.382 correspondientes al
valor del capital reconocido en la sentencia de 8 de julio de 2014, proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar1, más los intereses contados desde el día
siguiente a la fecha de ingreso del pago parcial hasta el momento en que se
verificara el pago total de la obligación.
Expuso que el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena
en providencia del 8 de agosto de 2023 libró mandamiento de pago, por un saldo
de capital de $11.082.382. La parte demandada se opuso porque consideró que
con el depósito realizado canceló la totalidad del capital de la sentencia, lo que
extinguió la deuda y los intereses habían cesado con el reconocimiento de la
deuda pública, razón por la cual propuso la excepción de pago.
Indicó que el mencionado juzgado con providencia del 12 de septiembre del 2024
declaró no probada la excepción propuesta por la entidad ejecutada al considerar
que la obligación no se encontraba plenamente satisfecha y ordenó continuar con
la ejecución por el valor de $11.082.382, cifra resultante de restar el capital
indexado al abono de $77.789.960.
Precisó que en el proveído se indicó que «[s]i bien la parte ejecutante afirma que
la ejecución se inicia por un saldo insoluto de capital, con fundamento en el
1 Proceso de reparación directa identificado con el radicado 13001-33-33-008-2013-00136-00.
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artículo 1653 del Código Civil, del análisis de la documentación aportada y de la
liquidación del crédito se evidencia que, en realidad, lo reclamado corresponde al
saldo de intereses moratorios». Además, se le condenó en costas y agencias en
derecho.
Mencionó que interpuso recurso de apelación contra la anterior sentencia y que el
Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante fallo del 28 de febrero del 2025,
modificó la providencia recurrida. Mantuvo la decisión de declarar no probada la
excepción de pago, al considerar que la suma depositada era insuficiente para
extinguir la obligación y que el abono debía imputarse inicialmente al capital; sin
embargo, revocó la condena en costas impuesta en primera instancia y se
abstuvo de condenar en costas y agencias en derecho en segunda instancia.
Esta providencia se notificó vía electrónica el 19 de diciembre de 2025.
1.4. Sustento de la petición
1.4.1. Defecto sustantivo
La parte accionante consideró vulneradas sus garantías fundamentales porque el
tribunal demandado inaplicó la regla general de imputación del pago contenida en
el artículo 1653 del Código Civil2, según la cual todo pago debe aplicarse
prioritariamente a intereses, salvo manifestación clara del acreedor en sentido
contrario.
Expuso que se desconoció la regla de imputación prevista en la mencionada
norma, pues la autoridad judicial estimó que la diferencia adeudada por la entidad
correspondía exclusivamente a saldo de intereses, contrariando el mandato legal
que impone la imputación preferente a intereses mientras estos se encuentren
insolutos.
Precisó que no solo el artículo 298 de la Ley 1437 de 2011 habilita la aplicación
de la regla de imputación civil, sino que los artículos 192 y 195 ibidem
establecieron que ante la existencia de una obligación, se deben reconocer
intereses moratorios desde la ejecutoria de la providencia judicial a ejecutar y
hasta que se verifique el pago de la obligación en cuestión, sin que se imponga el
cumplimiento de algún requisito más allá de la solicitud de pago dentro del
término de exigibilidad del título para que se devenguen los intereses causados.
Expuso que la decisión cuestionada afectó de manera directa el derecho
fundamental a la igualdad, pues otorgó un trato jurídico privilegiado a la Nación en
razón exclusiva de su condición de entidad estatal, en contravía de todo el
2 ARTÍCULO 1653. <IMPUTACIÓN DEL PAGO A INTERESES>. Si se deben capital e intereses, el
pago se imputará primeramente a los intereses, salvo que el acreedor consienta expresamente que
se impute al capital.
Si el acreedor otorga carta de pago del capital sin mencionar los intereses, se presumen éstos
pagados.
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análisis de la Corte Constitucional en la sentencia C-188 de 1999.
1.4.2. Desconocimiento del precedente judicial
Expuso que con las decisiones demandadas se desatendió el lineamiento
jurisprudencial de la Sección Tercera del Consejo de Estado que estableció que la
regla de imputación de pagos era aplicable a las obligaciones que derivaran de
sentencias y conciliaciones a cargo de la Nación.
Al respecto, citó como precedentes los siguientes proveídos:
i) Fallo de tutela del 6 de agosto de 2021, Sección Tercera, Subsección B, con
radicado 11001-03-15-000-2021-04403-00.
ii) Sentencia del 8 de septiembre de 2021, Sección Tercera, Subsección B, con
radicado 25000-23-36-000-2015-00386-01.
iii) Providencia del 17 de junio de 2024, Sección Tercera, Subsección B, con
radicado 25000-23-36-000-2022-00508-01 (70736).
1.5. Trámite
Mediante auto del 27 de marzo de 2026, se admitió la acción de tutela y, en
consecuencia, se ordenó la notificación de los magistrados que integran el
Tribunal Administrativo de Bolívar y al juez Octavo Administrativo del Circuito
Judicial de Cartagena.
A su vez, dispuso la vinculación, en calidad de terceros con interés, de la Nación,
al Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional y de la sociedad Aval
Fiduciaria S. A.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena
Este despacho judicial solicitó que se declarara improcedente la petición de
amparo por cuanto la verdadera intención del demandante era convertir la tutela
en una instancia adicional del proceso contencioso, pues la sentencia enjuiciada
no incurrió en los defectos endilgados.
1.6.2. Tribunal Administrativo de Bolívar
Esta autoridad judicial pidió que se declarara improcedente la solicitud de amparo
por no acreditar el requisito general de relevancia constitucional, puesto que se
trató de una decisión meramente legal y de contenido estrictamente económico.
Asimismo, tampoco existió una argumentación sólida para acreditar la vulneración
de los derechos fundamentales cuestionados.
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1.7. Sentencia de primera instancia
Mediante fallo del 27 de abril de 2026, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B denegó la solicitud de amparo.
En relación con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial, el a quo los encontró superados. Asimismo, señaló que
no se advertía causal de nulidad que invalidara lo actuado, por lo que procedería a
efectuar el estudio de fondo.
Indicó que la autoridad judicial demandada acogió el criterio reciente del Consejo
de Estado3 en relación con la imputación de pagos, apartándose de la aplicación
tradicional del artículo 1653 del Código Civil en procesos ejecutivos derivados de
sentencias judiciales y, por ello, consideró que dicha disposición, prevista para
regular relaciones entre particulares, resulta incompatible con el régimen
administrativo y presupuestal que rige a las entidades estatales.
Mencionó que la autoridad judicial cuestionada adoptó el cambio de postura
jurisprudencial con fundamento en criterios de legalidad, seguridad jurídica y
estabilidad financiera, para lo cual estableció que el Estado, a diferencia de los
particulares, debe sujetarse a procedimientos que impiden el pago inmediato de
sus obligaciones pecuniarias.
Recordó que en la providencia demandada se concluyó que, en el cumplimiento
de sentencias judiciales, los pagos efectuados deben imputarse en primer lugar al
capital y posteriormente a los intereses, con lo que desestimó la aplicación
automática de la aludida norma bajo el entendido de una supuesta igualdad de
condiciones entre deudores públicos y privados.
Estimó que, por tanto, no se configuró el defecto sustantivo por cuanto la autoridad
judicial demandada no dejó de aplicar de manera caprichosa el artículo 1653 del
Código Civil, ni acudió a una norma inexistente o manifiestamente inaplicable
pues, por el contrario, examinó la disposición normativa y determinó si era
aplicable al caso concreto o no.
Precisó que el tribunal demandado estableció las razones por las cuales consideró
que la regla de imputación prevista en ese artículo no resultaba aplicable en el
marco de condenas judiciales contra entidades públicas.
Refirió que la interpretación adoptada por la autoridad judicial demandada frente a
la citada norma no resultó contraevidente, irrazonable o desproporcionada, sino
que se sustentó en los elementos normativos y jurisprudenciales del ordenamiento
jurídico.
3 Contenido en la sentencia proferida el 30 de mayo de 2024 por la Sección Segunda dentro del
radicado 25000-23-42-000-2016-02688-01.
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Agregó que tampoco se configuró un desconocimiento del precedente judicial del
Consejo de Estado, pues si bien, en las providencias judiciales citadas se resolvió
sobre la aplicabilidad del artículo en mención y se reconoció la regla de imputación
del pago, las mismas no constituyen una regla de obligatorio cumplimiento, ni
tampoco unificaron el criterio en esos trámites, pues al interior de la corporación
no existe una posición unificada al respecto.
Advirtió que dichos pronunciamientos fueron proferidos con anterioridad a la
sentencia que atendió la autoridad judicial demandada, la cual es más reciente.
Refirió que la sentencia de tutela referenciada por la parte actora tiene efectos
inter partes, por lo que menos podría considerarse como un precedente de
obligatorio cumplimiento. Al respecto, aclaró que, si bien los pronunciamientos que
se alegan como desconocidos podrían ser pertinentes para avalar la interpretación
favorable a los intereses del demandante, no se podía desconocer que, frente al
tema, existían decisiones en sentido contrario.
Explicó que sobre la materia concurrían distintas posturas al interior del Consejo
de Estado, lo que denotaba la ausencia de un criterio unificado. Por tal motivo,
consideró que la autoridad judicial demandada no se apartó de manera arbitraria o
irracional de la jurisprudencia citada por el demandante, sino que, por el contrario,
el mismo tribunal reconoció que «no hay sentencia de unificación jurisprudencial»
y en ese contexto, la acción de tutela no resulta el mecanismo idóneo para unificar
criterios.
Manifestó que la autoridad judicial demandada valoró los distintos criterios e
interpretaciones, y expuso las razones y justificaciones en las que se basó para
motivar la cuestionada providencia. Por tanto, concluyó que, no se evidenció el
desconocimiento de una regla jurisprudencial unificada y vinculante, sino un
ejercicio de interpretación en el marco de la autonomía judicial que fue acorde al
ordenamiento jurídico.
Aclaró que la autoridad judicial demandada constató que las autoridades judiciales
optaron por imputar el pago realizado por la entidad ejecutada directamente al
capital, en atención a las particularidades del régimen presupuestal,
administrativo, de la naturaleza jurídica, del alcance del precepto normativo del
Código Civil y de su compatibilidad con las obligaciones de las entidades públicas.
Resaltó que lo que existe es una inconformidad con el resultado de la valoración
efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida en que
aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada contó
con soporte y estuvo debidamente razonada y justificada, lo cual conllevaba a
«negar la solicitud de amparo constitucional pues… este mecanismo no puede
convertirse en una tercera instancia.»
Recordó que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica del juez
natural y, por lo tanto, no le correspondía cuestionar las decisiones adoptadas
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dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resultara palmaria la
vulneración de derecho fundamental alguno, lo cual en el presente caso no se
encontró probado.
1.8. Impugnación
La parte actora impugnó oportunamente el fallo de primera instancia, para lo cual
solicitó que se revocara dicha decisión y se accediera al amparo solicitado.
Como consecuencia de lo anterior, pidió que se ordene al tribunal demandado
dictar una sentencia de remplazo que acoja el precedente de la Sección Tercera
del Consejo de Estado y se apliquen las reglas de imputación de pagos del
artículo 1653 del Código Civil, del régimen de intereses de los artículos 192 y 195
de la Ley 1437 de 2011, del alcance material de la sentencia del 30 de mayo de
2024 de la Sección Segunda de la corporación4, especialmente frente a la
delimitación de asuntos pensionales y de los criterios constitucionales
desarrollados en la impugnación o los que el ad quem considere.
Afirmó que el fallo de tutela impugnado incurrió en un error al declarar superado el
debate con una verificación meramente formal respecto de la decisión
demandada. Al respecto, señaló que una motivación formal no equivale a una
motivación constitucionalmente suficiente, por lo que debió analizar si la
providencia en la que se apoyó el tribunal era materialmente aplicable y si
guardaba verdadera identidad fáctica y jurídica con el caso concreto.
Precisó que la sentencia del 30 de mayo de 2024, en la que se fundamentó el
tribunal acusado, se dictó en un proceso ejecutivo de naturaleza pensional contra
la UGPP. Por tanto, se trataba de una controversia relacionada con el sistema de
seguridad social y no de una derivada de un medio de control de reparación
directa en las que se condenara al Ministerio de Defensa Nacional y al Ejército
Nacional, de modo que, no existía identidad en el tipo de obligación ni en el
régimen de pago.
Adujo que aunque los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011 regulan el
cumplimiento de sentencias y la causación de los intereses moratorios de las
entidades públicas, ninguno de ellos establece una regla especial de imputación
de pagos, de modo que debe aplicarse de forma preferente la regla general
contenida en el artículo 1653 del Código Civil.
Estimó que la línea jurisprudencial de la Sección Tercera del Consejo de Estado –
conforme con las sentencias que citó en la demanda inicial- determinan
expresamente que la precitada norma es plenamente aplicable a los procesos
ejecutivos contra entidades públicas.
4 Expediente 25000-23-42-000-2016-02688-01.
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Precisó que la ausencia de una sentencia de unificación no exonera al juez de
examinar la ratio decidendi y la fuerza vinculante de los precedentes específicos
de la Sección Tercera de la mencionada corporación, que es la encargada de
conocer de los asuntos de reparación directa y no pensionales.
Refirió que el a quo no valoró la falta de carga argumentativa reforzada que debía
efectuar el tribunal demandado para modificar su criterio respecto del derecho de
crédito del acreedor.
Advirtió que permitir al deudor estatal amortizar de manera unilateral sus pagos al
capital –sin autorización legal ni contractual- le concede un tratamiento privilegiado
e injustificado frente a cualquier deudor privado. Por ello, recordó que en la
sentencia C-188 de 1999, la Corte Constitucional señaló que el Estado en calidad
de deudor de obligaciones dinerarias no puede ostentar prerrogativas
extraordinarias que anulen de forma desproporcionada las garantías del particular
acreedor.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta sección es competente para conocer de la impugnación presentada por la
parte actora contra el fallo de tutela de primera instancia, según lo previsto en los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, este último modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20195.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la sala verificar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el fallo
del 27 de abril de 2026, por medio del cual el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B denegó la solicitud de amparo.
Por tanto, en el evento de superarse los requisitos generales de procedencia, se
analizará si se vulneraron los derechos fundamentales del accionante con ocasión
de la providencia del 28 de febrero de 2025 dictada por el Tribunal Administrativo
de Bolívar en el proceso ejecutivo identificado con el radicado 13001-33-33-008-
2013-00136-00/01.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de
la sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales,
ii) los requisitos adjetivos de procedibilidad y, finalmente, de encontrarse
superados, iii) el fondo del reclamo.
5 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024 de la Sala Plena de esta corporación.
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2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
2012, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:
… [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se
hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales
derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.
Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.
Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «… fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales
dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia
sustantiva– o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –
procedencia adjetiva–.
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sala declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
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Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a
la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el
sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Por tanto, resulta necesario precisar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para
revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del
juez natural.
2.4. Caso concreto
El Fideicomiso Inversiones Aritmetika Sentencias, a través de apoderado judicial,
promovió acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Bolívar y el Juzgado
Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena para que se protegieran
sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, los cuales consideró transgredidos con ocasión de las providencias
proferidas el 12 de septiembre de 2024 y el 28 de febrero de 2025 por las
mencionadas autoridades judiciales demandadas y que se profirieron en el
proceso ejecutivo identificado con el radicado 13001-33-33-008-2013-00136-
00/01, por configurase los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente.
El a quo denegó el amparo solicitado al considerar que no se configuraron los
defectos sustantivo y desconocimiento del precedente invocados por la parte
actora bajo el argumento de que el tribunal demandado justificó de manera
razonable la inaplicabilidad del artículo 1653 del Código Civil debido a su
incompatibilidad con el régimen administrativo y presupuestal del Estado, así
como en la ausencia de una postura jurisprudencial unificada sobre el asunto.
La parte actora impugnó tal decisión y reiteró sus argumentos iniciales relativos a
la inaplicación de la regla legal de imputación del pago contenida en el artículo
1653 del Código Civil y al desconocimiento de la línea jurisprudencial de la
Sección Tercera del Consejo de Estado en cuanto a la imputación de pagos a
cargo de la Nación.
Así las cosas, la sala considera que el fallo impugnado debe revocarse
parcialmente respecto del defecto sustantivo, puesto que la acción de tutela
resulta improcedente por falta de relevancia constitucional, y confirmarse en lo
demás, por las razones que se exponen a continuación.
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2.4.1. Defecto sustantivo
2.4.1.1. Relevancia constitucional
En lo referente al mencionado presupuesto cabe precisar que la Corte
Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que las
sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial «… el juez de tutela debe
limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados
por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de
la providencia reprochada.»
En ese sentido, el alto tribunal constitucional consideró que la tutela implica un
juicio de validez y no una corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se
puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir
cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron
por el juez natural.
Asimismo, dicha corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que este
mecanismo se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta
para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:
… (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
La parte accionante invocó la configuración de un defecto sustantivo por la
inaplicación indebida del artículo 1653 del Código Civil que establece que todo
pago debe aplicarse prioritariamente a intereses, salvo manifestación clara del
acreedor en sentido contrario, norma a la que debía acudirse ante la ausencia de
regulación especial en la Ley 1437 de 2011.
En tal sentido, lo pretendido por la sociedad actora plantea una discusión
interpretativa de rango legal relativa a establecer si en un proceso ejecutivo
adelantado para el cobro de una sentencia originada en un proceso de reparación
directa contra el Estado se debe aplicar la regla de imputación civil contenida en el
precitado artículo o si se impone el marco de las obligaciones públicas y
presupuestales conforme al régimen del cumplimiento de sentencias previsto en
los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011.
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En consecuencia, el reproche de la parte actora carece de relevancia
constitucional puesto que se origina en un debate meramente legal frente a la
definición del régimen normativo aplicable para la liquidación de saldos e
imputación de pagos de obligaciones públicas.
Adicionalmente, lo cuestionado por la demandante implica la reapertura del debate
sobre la aplicación del mencionado artículo, en tanto que, en atención a los
argumentos del recurso de apelación presentado por la aquí accionante en el
proceso ejecutivo, en la providencia acusada se determinó que con fundamento en
lo establecido en la sentencia del 30 de mayo de 2024 de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, los pagos que se realicen con el fin de dar cumplimiento a una
sentencia judicial debían imputarse inicialmente a capital y luego a intereses.
De igual manera, debe indicarse que el tribunal acusado reconoció que la
sentencia que aplicó tuvo origen en una controversia pensional y justificó la
aplicación de sus argumentos a partir del régimen administrativo y presupuestal
que condiciona el cumplimiento de las obligaciones dinerarias de las entidades
públicas.
Así las cosas, lo debatido en esta sede constitucional se trata de un asunto de
rango legal, mas no de la violación de derechos fundamentales, por lo que la
acción de tutela resulta improcedente debido a la ausencia de relevancia
constitucional puesto que no se presenta un debate iusfundamental que amerite
invadir el ámbito del juez natural.
Por consiguiente, se revocará parcialmente el fallo impugnado que denegó el
amparo frente al defecto sustantivo invocado por la parte actora, puesto que la
acción de tutela resulta improcedente por no cumplir el presupuesto de relevancia
constitucional.
2.4.2. Desconocimiento del precedente
Adicionalmente, la parte demandante invocó la configuración de un
desconocimiento del precedente porque se desatendió el lineamiento
jurisprudencial de la Sección Tercera del Consejo de Estado, según el cual la regla
de imputación de pagos contenida en el artículo 1653 del Código Civil era
aplicable a las obligaciones que derivaran de sentencias y conciliaciones a cargo
de la Nación.
En relación con el referido defecto, se encuentra que aunque el a quo solo
mencionó que los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela se
cumplían, sin detallar los mismos, en esta oportunidad se precisa que sí se
acreditaron.
En lo concerniente al requisito de la relevancia constitucional, la sala observa que
este presupuesto se encuentra satisfecho, toda vez que la controversia trasciende
el plano de la legalidad ordinaria para plantear una tensión iusfundamental entre
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los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia y el principio de autonomía judicial que ampara al tribunal demandado al
momento de seleccionar y aplicar la línea jurisprudencial con la que definió el
caso concreto.
Además, la providencia demandada del 28 de febrero de 2025 que modificó la
decisión de primera instancia dictada en el proceso ejecutivo 13001-33-33-008-
2013-00136-01, se notificó electrónicamente el 19 de diciembre de 2025, mientras
que la acción de tutela se formuló el 24 de marzo de 2026, por lo que se cumple
con el requisito de la inmediatez en tanto que entre la ejecutoria de aquella y la
presentación de esta vía constitucional no transcurrieron más de los 6 meses
establecidos para ello.
A su vez, se precisa que contra dicha decisión no procede recurso ordinario ni
extraordinario alguno y que fue dictada en un proceso ejecutivo, de modo que se
encuentran acreditados los presupuestos de la subsidiariedad y de que la solicitud
de amparo no se dirija contra una sentencia de tutela.
Así las cosas, se procederá con el análisis de fondo respecto del desconocimiento
del precedente alegado por la parte accionante.
La Corte Constitucional se ha referido al precedente aquel conjunto de sentencias
previas al caso que se habrá de resolver que, por su pertinencia para la
resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar
necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar
sentencia6.
Adicionalmente, debe precisarse que esta sección en reiterados pronunciamientos
ha indicado que el concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho
determinante en el sentido de la decisión y su contenido específico, es decir, la
ratio decidendi, la cual no está atada al número de decisiones, dado que solo
basta una providencia en donde se especifique una regla o subregla de derecho.
Asimismo, se ha destacado que el carácter vinculante de las reglas o subreglas
de derecho creadas por las altas cortes encuentra su fundamento en la jerarquía
del juez, en las funciones que le asigna la norma superior y en la garantía de los
principios de igualdad y seguridad jurídica, así como en la coherencia del
ordenamiento jurídico.
Por tanto, la parte que invoca el desconocimiento de un precedente
jurisprudencial, debe cumplir con la carga mínima de i) identificar la decisión que
considera desatendida, ii) la ratio de la misma aplicable a la solución del nuevo
caso que se somete a la jurisdicción dada la analogía con la litis anterior, y iii) la
incidencia de esta en la decisión final que adopte el fallador de instancia.
6 Sentencias T-1029 de 2012 y T-459 de 2017.
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Conforme con lo expuesto, debe precisarse que solo podría corresponder a un
precedente la sentencia que contenga una regla o subregla de derecho; no
obstante, las sentencias de tutela, si bien pueden constituir un criterio auxiliar de
interpretación, sus efectos son inter partes, lo cual aplica al fallo de tutela
invocado del 6 de agosto de 2021, Sección Tercera, Subsección B, con radicado
11001-03-15-000-2021-04403-00.
Ahora bien, se encuentra que la sociedad actora sustentó dicho defecto en que el
tribunal acusado no atendió los siguientes pronunciamientos, según los cuales en
los casos de ejecución relacionados con la reparación directa, las controversias
contractuales y demás, es aplicable lo dispuesto en el artículo 1653 del Código
Civil:
i) Sentencia del 8 de septiembre de 2021, Sección Tercera, Subsección B, con
radicado 25000-23-36-000-2015-00386-01 (59.004). Frente a esta decisión el
actor citó el siguiente aparte:
Si bien los artículos 192 y siguientes del CPACA desarrollan varios aspectos
relacionados con la efectividad de condenas contra entidades públicas, en materia
de la imputación de los pagos realizados guardan silencio23. En ese sentido, la
Sala recuerda, como ya tuvo la oportunidad de precisarlo esta Subsección24, que al
pago de condenas contra entidades públicas resulta aplicable la regla de
imputación del pago consagrada en el inciso primero del artículo 1653 del Código
Civil, en virtud de la cual, cuando una obligación consiste en pagar un capital e
intereses, “el pago se imputa primeramente a los intereses, salvo que el acreedor
consienta expresamente que se impute al capital.
ii) Providencia del 17 de junio de 2024, Sección Tercera, Subsección B, con
radicado 25000-23-36-000-2022-00508-01 (70736). Frente a este
pronunciamiento, la parte demandante citó:
14.- Sobre la aplicación del artículo 1653 del Código Civil al pago de las condenas
judiciales a cargo de entidades estatales, esta Subsección ha indicado que:
«Si bien los artículos 192 y siguientes del CPACA desarrollan varios aspectos
relacionados con la efectividad de condenas contra entidades públicas, en materia
de la imputación de los pagos realizados guardan silencio. En ese sentido, la Sala
recuerda, como ya tuvo la oportunidad de precisarlo esta Subsección, que al pago
de condenas contra entidades públicas resulta aplicable la regla de imputación del
pago consagrada en el inciso primero del artículo 1653 del Código Civil, en virtud de
la cual, cuando una obligación consiste en pagar un capital e intereses, “el pago se
imputa primeramente a los intereses, salvo que el acreedor consienta
expresamente que se impute al capital”.»
15.- En este sentido, el tribunal se equivocó al afirmar que no hay lugar a aplicar la
norma de imputación de pagos del Código Civil pues los artículos 192 y 195 del
CPACA constituyen una norma especial que regula de forma completa el pago de
condenas judiciales. Más aún, su afirmación según la cual «a la entidad estatal
siempre le corresponderá pagar el valor de la sentencia primero al capital de la
obligación y luego a los intereses pagados» carece de sustento normativo.
…
18.- Así las cosas, el tribunal erró al señalar que la obligación ejecutada se había
pagado pues los pagos parciales realizados por la entidad ejecutada sumaban el
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capital de la condena impuesta en el laudo. El tribunal no tuvo en cuenta los
intereses causados en los periodos transcurridos entre los diferentes pagos ni la
regla de imputación de pagos del artículo 1653 del Código Civil. Por lo tanto, se
revocará la providencia y se ordenará seguir adelante la ejecución.
En las mencionadas providencias, se estableció que los artículos 192 y siguientes
de la Ley 1437 de 2011 no regulan la imputación de los pagos efectuados para
satisfacer condenas contra entidades públicas y que, ante ese vacío, resulta
aplicable el artículo 1653 del Código Civil, conforme con el cual el pago debe
imputarse primero a los intereses y posteriormente al capital, salvo consentimiento
expreso del acreedor en sentido contrario; sin embargo, no unificaron el criterio
jurisprudencial al respecto pues en la corporación coexiste la postura contraria.
Al respecto, la parte impugnante sostuvo que la ausencia de una sentencia de
unificación no bastaba para descartar el precedente y que debía examinarse la
identidad fáctica y jurídica de las providencias de la Sección Tercera de esta
corporación.
Por tanto, debe indicarse que la fuerza vinculante del precedente se predica de la
regla o subregla contenida en la ratio decidendi de una decisión anterior que haya
resuelto un problema jurídico sustancialmente semejante, sin que su existencia
dependa necesariamente de la reiteración de decisiones o de su adopción
mediante una sentencia de unificación.
No obstante, la existencia de esas decisiones no conduce, por sí sola, a concluir
que el tribunal demandado incurrió en desconocimiento del precedente. Para la
configuración de este defecto debe establecerse la existencia de una regla
jurisprudencial anterior aplicable al caso concreto y que la autoridad judicial se
apartó de ella sin ofrecer una justificación suficiente. En este análisis también
resulta importante determinar si, para el momento en que se profirió la decisión
cuestionada, coexistían interpretaciones diferentes de la norma para resolver el
asunto debatido.
Sobre esto último, la sala observa que en la providencia acusada se indicó que si
bien en anteriores oportunidades se aplicó el artículo 1653 del Código Civil en
procesos ejecutivos iniciados con base en sentencias judiciales7, de acuerdo con
la reciente jurisprudencia del Consejo de Estado8, la aplicación de dicha
disposición resultaba incompatible con las normas que regulan los presupuestos y
trámites de las administradoras atendiendo a la naturaleza de los recursos de la
seguridad social y la necesidad de observar el principio de legalidad en materia
administrativa y presupuestal.
En lo particular, la autoridad judicial demandada consideró:
7 «… el cual establece que cuando se deben sumas de dinero por concepto de capital e intereses,
el pago se imputará primero a los intereses y luego a capital…»
8 «… contenida en sentencia proferida el 30 de mayo de 2024 por la Sección Segunda dentro del
radicado No. 25000-23-42-000-2016-02688-01…»
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Si bien la sentencia descrita hace alusión principalmente a las administradoras de
pensiones y, no hay sentencia de unificación jurisprudencial sobre la materia, la
Sala acoge los criterios expuestos en la providencia antes referida y hace un
cambio de postura, porque considera que se ajusta a los principios de legalidad,
seguridad jurídica y estabilidad financiera.
En efecto, la sentencia mencionada, que esta Sala acoge y prohíja, precisó que la
disposición comentada del Código Civil no puede aplicarse directamente al proceso
seguido por esta jurisdicción con miras a la ejecución de sentencias judiciales
porque: “el precepto examinado del Código Civil fue previsto para regular la
imputación de pagos de las relaciones económicas de los particulares que
administran sus recursos conforme a su patrimonio y estatutos, mientras que el
Estado cuando funge como deudor debe someterse a trámites administrativos y
presupuestales que impiden que cumpla con sus obligaciones pecuniarias de forma
inmediata”.
Así mismo, sostuvo que “la aplicación del artículo 1653 del Código Civil no debe
tener como único parámetro la «condición de igualdad», en primer lugar, porque no
es lo mismo cobrar una deuda a un particular que administra sus propios recursos
de acuerdo con sus condiciones que al Estado y, en segundo lugar, tampoco puede
predicarse la vulneración de derechos fundamentales por la «no aplicación» de ese
canon”.
Luego, para la Sala es evidente que los pagos que se realicen con el fin de dar
cumplimiento a una sentencia judicial deben imputarse inicialmente a capital y luego
a intereses.
En tal sentido, el tribunal demandado no ignoró la existencia del criterio que
avalaba la aplicación del mencionado artículo, e incluso reconoció que esa
disposición había sido aplicada en anteriores oportunidades en procesos
ejecutivos originados en el cobro de sentencias judiciales; sin embargo, optó por la
interpretación contenida en la sentencia del 30 de mayo de 2024 de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, en atención a las particularidades del régimen
administrativo y presupuestal del caso concreto.
Por tanto, se encuentra que la autoridad judicial demandada identificó la existencia
de interpretaciones diferentes y expuso las razones por las cuales se decantó por
una de ellas, es decir, que acogió la postura contraria a la pretendida por la parte
actora, la cual razonó adecuadamente pues justificó de manera clara y suficiente
el motivo por el cual procedía de tal manera en ejercicio de su autonomía judicial.
De igual manera, se precisa que en la providencia acusada se advirtió que la
sentencia del 30 de mayo de 2024 tuvo origen en un proceso ejecutivo de
naturaleza pensional contra la UGPP, pero explicó y justificó su aplicación en el
sometimiento de las entidades públicas al régimen administrativo y presupuestal
para el cumplimiento de sus obligaciones dinerarias.
En ese orden, no se encuentra que el tribunal cuestionado trasladara de manera
automática y sin justificación alguna los razonamientos de una sentencia de orden
pensional, sino que identificó la diferencia entre los asuntos y explicó el motivo por
el cual la consideró aplicable al caso concreto.
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Así las cosas, el desacuerdo de la parte actora con el criterio seleccionado por el
tribunal demandado no configura, por sí mismo, el defecto de desconocimiento del
precedente, pues este exige que de forma previa exista una regla o subregla
jurisprudencial que inequívocamente sea aplicable al caso concreto y que hubiera
sido omitida o desconocida sin una justificación suficiente.
En consecuencia, se confirmará la sentencia impugnada en lo que corresponde al
desconocimiento del precedente alegado por la parte accionante.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: Revocar parcialmente el fallo del 27 de abril de 2026, por medio del
cual el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B denegó la solicitud de
amparo para, en su lugar, declarar la improcedencia de la acción de tutela por no
cumplir el requisito de relevancia constitucional frente al defecto sustantivo
invocado.
SEGUNDO: Confirmar en lo demás la sentencia impugnada.
TERCERO: Notificar a las partes y a los terceros en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, y enviar copia de esta al despacho de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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