Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02359-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02359-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-02359-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
7 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02359-00
Demandante: Aportes San Isidro SAS (ASI SAS)
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C
Temas: Tutela contra providencia judicial. Acción de revisión agraria.
Relevancia constitucional. Ausencia de defecto fáctico.
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela respecto de los cargos
de defecto sustantivo, desconocimiento del precedente judicial,
defecto procedimental y violación directa de la Constitución
Política. Niega el amparo solicitado, en relación con el defecto
fáctico.
La Sala decide la acción de tutela formulada por Aportes San Isidro SAS (ASI SAS)
en contra de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 24 de marzo de 2026, la sociedad Aportes San Isidro SAS (ASI SAS), por
intermedio de apoderado judicial, presentó acción de tutela con el fin de obtener la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, igualdad y propiedad privada; así como los principios de
supremacía constitucional y control de convencionalidad.
2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó dejar sin efectos la sentencia
proferida el 9 de diciembre de 2025 por la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado en la acción de revisión agraria con radicado 11001-03-26-000-
2013-00044-01, para, en su lugar, proferir una nueva decisión en la que se valore
integralmente las pruebas, se aplique el precedente constitucional y se ejerza
control de convencionalidad.
3. Como fundamentos fácticos de la acción de amparo, del escrito de tutela
y anexos, se observa que la empresa Aportes San Isidro S.A.S. instauró demanda,
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Demandante: Aportes San Isidro SAS (ASI SAS)
en ejercicio de la acción de revisión agraria, contra el extinto INCODER, con el fin
de obtener la nulidad de las Resoluciones No. 1473 del 11 de noviembre de 2008,
2266 del 5 de noviembre de 2009, 1612 del 23 de junio de 2011, 2284 del 14 de
noviembre de 2012 y 0166 del 8 de febrero de 2013, expedidas en el marco de un
procedimiento de extinción de dominio agrario adelantado.
4. Para soportar la anterior demanda, indicó que en el año 2006 un grupo de
personas identificadas como integrantes de la Asociación de Campesinos de
Buenos Aires (ASOCAB) solicitaron al INCODER la extinción del derecho de
dominio privado sobre el predio Las Pavas, alegando que había estado abandonado
durante quince años y explotado por campesinos desde 1998. El 9 de junio de 2006,
la Oficina de Enlace Territorial No. 2, Regional Bolívar, realizó diligencias previas y
una visita entre el 20 y 23 de junio de 2006, constatando el abandono y la
explotación alegada, extendiendo el informe también a los predios Peñaloza y Si
Dios Quiere. El 10 de marzo de 2007, Jesús Emilio Escobar Fernández enajenó los
predios mencionados a Aportes San Isidro S.A.S. y C.I. Tequendama S.A.
5. Con la expedición de la Ley 1152 de 2007, se creó la Unidad Nacional de
Tierras Rurales (UNAT), que asumió las actuaciones mediante autos de agosto y
septiembre de 2008. El 11 de noviembre de 2008, la UNAT expidió la Resolución
No. 1473, ordenando iniciar el procedimiento de extinción, notificado solo a
ASOCAB. En enero de 2009, los predios fueron invadidos por integrantes de la
asociación, por lo que las sociedades propietarias presentaron querella policiva de
amparo a la posesión, la cual fue resuelta a su favor por la Inspección Central de
Policía del municipio de El Peñón (Bolívar) el 25 de febrero de 2009.
6. Aportes San Isidro interpuso recurso de reposición contra la Resolución No.
1473, el cual fue resuelto por el INCODER mediante la Resolución No. 2266 de 5
de noviembre de 2009, confirmando la decisión inicial. Posteriormente, las
sociedades solicitaron el decaimiento y la revocatoria de la Resolución 1473, que
fueron resueltas mediante Resolución No. 346 de 23 de febrero de 2010, en la cual
el INCODER declaró la nulidad de la actuación administrativa, aduciendo violación
al debido proceso, por no haberse vinculado al propietario inscrito al momento de la
visita previa, por la omisión de inscripción del acto en los folios de matrícula
inmobiliaria y por inconsistencias en el auto que ordenaba la visita. Esta decisión
fue confirmada mediante Resolución No. 766 de 7 de abril de 2010. Tras nuevas
visitas en abril de 2010, se constató que los predios estaban siendo explotados por
los propietarios, por lo que no se inició un nuevo trámite de extinción.
7. Sin embargo, mediante la Sentencia T-267 del 8 de abril de 2011, la Corte
Constitucional dejó sin efectos la Resolución 346 de 2010 y ordenó continuar el
trámite de la Resolución 1473 de 2008, lo que llevó al INCODER a expedir el Auto
de junio de 2011 y la Resolución No. 1612, reanudando el procedimiento con las
sociedades propietarias como sujetos procesales. Tras nuevas diligencias, incluida
una inspección ocular en octubre de 2012, el INCODER expidió la Resolución No.
2284 de noviembre de 2012, decretando la extinción del dominio privado sobre los
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tres predios mencionados. Decisión que fue confirmada mediante la Resolución No.
0166 del 8 de febrero de 2013, notificada mediante edicto en marzo del mismo año.
8. El 9 de diciembre de 2025, la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado negó las pretensiones, al considerar, en primer lugar, que la
extinción del dominio agrario no tiene carácter sancionatorio, sino que es un
procedimiento administrativo especial orientado a verificar el cumplimiento de la
función social y ecológica de la propiedad, por lo que el INCODER conservaba plena
competencia para adelantar el trámite y resolverlo de fondo y, en segundo lugar,
que no se configuraron vicios sustanciales ni irregularidades que afectaran la validez
del procedimiento, y la extinción del dominio agrario se fundamentó en pruebas
técnicas y objetivas que demostraron la ausencia de explotación económica
suficiente y la configuración de la causal prevista en la Ley 160 de 1994.
9. Como fundamentos de derecho, la sociedad accionante afirmó que la
Sentencia del 9 de diciembre de 2025 incurrió en defecto fáctico, al omitir valorar
pruebas determinantes como: el informe de visita realizado por INCODER el 13 de
mayo de 2010, mediante el cual se indicó expresamente que los «predios estaban
siendo explotados económicamente por los propietarios, con cultivos de palma y
ganadería, sin terceros ocupantes»; el dictamen pericial agronómico de la
Universidad de Caldas, el cual se descalificó, sin analizarse el registro fotográfico,
trabajo de campo y la coherencia con informes administrativos previos, que
permitían concluir la existencia real de explotación económica mínimo desde 4 años
antes de 2012; querellas policivas de 2007 y 2009, mediante las cuales se hizo un
reconocimiento estatal de posesión, explotación y perturbación ilegítima de los
miembros de ASOCAB; y los testimonios rendidos por Luis Miguel Berrocal y
Edmundo Farad Chadid, entre otros, con el fin de desacreditar la idoneidad de la
visita previa realizada en 2006, por haberse realizado de forma incompleta e
irregular, demostrar la no verificación topográfica sobre la identidad de los predios,
y «la Dependencia de versiones de ASOCAB, entidad notablemente parcializada
que buscó un beneficio ilegítimo sobre los predios de la accionante».
10. Adicionalmente, manifestó que la providencia acusada adolece de defecto
sustantivo porque se exigió un estándar probatorio no previsto en la Ley 160 de
1994, no se aplicaron disposiciones y precedentes obligatorios que reforzaban la
protección de los derechos fundamentales comprometidos y se realizó una
interpretación restrictiva y desproporcionada, contraria a los principios de
favorabilidad, razonabilidad y prevalencia del derecho sustancial.
11. Sostuvo que se incurrió en defecto procedimental absoluto, comoquiera que
la autoridad accionada prescindió de etapas procesales esenciales, resolvió el
asunto sin garantizar un contradictorio efectivo frente a los argumentos y pruebas
aportados por el accionante y desconoció principios estructurales como la
publicidad, la congruencia y la motivación suficiente de las decisiones judiciales.
12. Indicó que también se incurrió en desconocimiento del precedente judicial,
debido a que la Subsección accionada se apartó sin justificación alguna de las
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sentencias C-595 de 2010, T-488 de 2014, SU-454 de 2016, T-295 de 2017, T-244
de 2018, SU-556 de 2019 y SU-146 de 2020, todas proferidas por la Corte
Constitucional.
13. Finalmente, señaló que la autoridad judicial accionada no realizó un control
de convencionalidad, ya que desconoció los estándares fijados por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en los casos Almonacid Arellano vs. Chile
(2006), Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú, Caso Gelman vs. Uruguay
(2011), Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México y Caso López Lone y otros
vs. Honduras (2015), en los cuales se indicó que los jueces nacionales, incluidas
las altas cortes, tienen la obligación de ejercer control de convencionalidad y que la
omisión de este control puede perpetuar violaciones de derechos humanos y
generar responsabilidad internacional del Estado.
Intervenciones1
14. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, luego de
hacer un breve recuento de las actuaciones judiciales adelantadas en el proceso
ordinario, afirmó que la acción de tutela no cumplió con el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que la sociedad accionante acudió a este mecanismo
para controvertir la valoración de los medios de convicción y las conclusiones
alcanzadas en la sentencia del 9 de diciembre de 2025, lo cual evidencia un
desacuerdo con el juicio de legalidad propio del proceso de revisión agraria, mas no
la exposición de una vulneración directa de derechos fundamentales.
15. Ahora, en el evento de encontrarse satisfecha la anterior exigencia, indicó
que no se estructuraron los defectos alegados, toda vez que se valoró de manera
integral el acervo probatorio conforme a las reglas de la sana crítica y se adoptó
una decisión debidamente motivada, ajustada al ordenamiento jurídico y respetuosa
de las garantías fundamentales; en consecuencia, los reproches formulados
carecen de la carga argumentativa exigida, se limitan a afirmaciones generales y no
desvirtúan la legalidad de la decisión judicial. Por lo anterior, solicitó declarar
improcedente la acción de la referencia.
16. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) manifestó que carece de legitimación
en la causa por pasiva, en la medida en que no profirió la providencia judicial
cuestionada y no cuenta con la capacidad jurídica ni material para dejar sin efectos,
modificar o sustituir dicha decisión. En consecuencia, requirió su desvinculación del
presente trámite constitucional.
Oposición del accionante
17. Resaltó que la contestación brindada por la autoridad judicial accionada fue
presentada de forma extemporánea. Adicionalmente, sostuvo que la acción de
tutela promovida no se reduce a una inconformidad con la valoración probatoria,
1
El 7 de abril de 2026, se admitió la acción de tutela en contra de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado y se vinculó a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y a la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (ASOCAB).
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sino que discute una ruptura estructural del debido proceso, caracterizada por la
ausencia de valoración y la apreciación selectiva y «arbitraria» de pruebas
determinantes, la construcción de una premisa fáctica contraevidente y la ausencia
de control de convencionalidad; irregularidades que, en su criterio, no solo afectan
la corrección del fallo, sino su validez constitucional, en tanto impiden que la
decisión judicial sea el resultado de un juicio racional, objetivo y respetuoso de los
derechos fundamentales. Insistió en que se configuraron los defectos fáctico y
sustantivo.
18. Por tanto, solicitó desestimar los argumentos expuestos en el informe
rendido por la Subsección accionada, declarar la procedencia de la acción de tutela
y, en ese sentido, amparar los derechos fundamentales invocados y dejar sin
efectos la Sentencia del 9 de diciembre de 2025.
19. En otro memorial, la parte accionante solicitó «tener por no presentado el
informe rendido por la autoridad judicial accionada», debido a que este fue
presentado por fuera del término concedido en el auto admisorio.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
20. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Cuestión previa
21. Antes de plantear el problema que aquí se desarrollará, la Sala precisa que,
aunque la parte actora, en los escritos de tutela y de impugnación, utilizó
expresiones asociadas a una presunta omisión o falta de valoración de
determinados medios de convicción, del examen integral de la argumentación
expuesta se advierte que el desacuerdo planteado no está dirigido, en estricto
sentido, a evidenciar la exclusión material de una prueba del ejercicio valorativo del
juez natural; por el contrario, lo que realmente se controvierte en este asunto es el
alcance, mérito persuasivo y fuerza demostrativa que la autoridad judicial accionada
atribuyó a dichos elementos para sustentar la decisión cuestionada.
22. De otra parte, resulta necesario aclarar que no se accederá a la solicitud de
desvinculación formulada por la Agencia Nacional de Tierras, comoquiera que
aquella entidad fue vinculada por tener un interés directo sobre los resultados de la
presente acción, dado que las pretensiones buscan que se dejen sin efectos la
Sentencia proferida el 9 de diciembre de 2025 dentro de la acción de revisión
agraria, de la cual dicha entidad hizo parte, por ser la sucesora procesal del
liquidado INCODER.
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23. Adicionalmente, la Sala advierte que si bien el accionante afirmó que la
Subsección accionada dio respuesta de forma extemporánea a la acción de tutela,
lo cierto es que en el auto admisorio se otorgó un término de 3 días para rendir dicho
informe, cuya providencia fue notificada a través de mensaje de datos el 10 de abril
de 2026. En ese orden, al revisar el sistema de gestión judicial SAMAI se observa
que el 16 de abril de 2026 dicha autoridad presentó su escrito de contestación, por
lo que en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 2213 de 2022, el cual
señala que la notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos
dos días hábiles siguientes al envío del mensaje, se concluye que dicho escrito fue
presentado dentro de la oportunidad prevista para ello, de ahí que el argumento
planteado por la parte actora no está llamado a prosperar.
Problema jurídico
24. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela, en especial, la exigencia de relevancia
constitucional, si la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración
de justicia, igualdad y propiedad privada, al expedir la sentencia emitida el 9 de
diciembre de 2025, en la que presuntamente se incurrió en las causales específicas
de procedibilidad invocadas.
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
25. La Sala declarará improcedente la acción de tutela, en relación con los
defectos sustantivo, procedimental, desconocimiento del precedente judicial y
violación directa de la Constitución Política, por no superarse la exigencia de
relevancia constitucional, conforme a las razones que a continuación se exponen:
26. En términos generales, para la Corte Constitucional, el requisito de
relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando la controversia objeto de
tutela trata de un asunto que involucra algún debate jurídico al contenido, alcance y
goce de un derecho fundamental o un principio constitucional2.
27. Sobre el particular, el máximo tribunal constitucional indicó que la exigencia
general mencionada cumple cuatro finalidades principales; a saber: (i) el respeto
por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e
independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la
acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia
adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal.3
2
Ver entre otras, Sentencias C-590 de 2005, T-102 de 2006, T-136 de 2015, SU-573 de 2019, SU-073 de 2019 y T-140 de
2022, proferidas por la Corte Constitucional.
3
Sentencia SU-215 de 2022.
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28. Así, la corporación precitada identificó los siguientes criterios para
determinar si un asunto goza de importancia constitucional: (i) que la discusión
involucre algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de
algún derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una meramente
legal y/o económica; (iii) que la acción de tutela exponga argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental. Dicho de otro modo, no basta con que la parte actora alegue la
violación al debido proceso, a la administración de justicia o a la igualdad, sino que
debe ir más allá «de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una
relación con derechos fundamentales», lo cual supone justificar de manera
razonada y clara la «existencia de una restricción desproporcionada a un derecho
fundamental»; y (iv) el análisis contra decisiones de las altas cortes debe ser
estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una actuación
judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales, ya que
estas, al ser tribunales de cierre, son a quienes les corresponde «la unificación de
jurisprudencia como forma de precisar con autoridad y vocación de generalidad el
significado y alcance de las diferentes áreas del ordenamiento jurídico».4
29. Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de 5 de
agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), indicó expresamente
que el requisito mencionado requiere la conjunción de varios elementos: (1) una
carga argumentativa por parte del accionante que explique, con suficiencia, la
relevancia de la controversia para el juez de tutela, esto es, la necesidad de su
intervención en el asunto; (2) que la solicitud de amparo no se presente con el objeto
de obtener una instancia adicional al proceso ordinario y (3) que se trate de una
controversia sobre derechos fundamentales y no asuntos de mera legalidad.
30. Examinados los anteriores presupuestos, la Sala observa que la discusión
relativa a los cargos mencionados no reviste una marcada importancia
constitucional, comoquiera que si bien es cierto que la parte accionante identificó
los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia, igualdad y propiedad privada y alegó la configuración de las causales
defectos sustantivo, procedimental, desconocimiento del precedente judicial y
violación directa de la Constitución Política, también lo es que no cumplió con la
carga argumentativa exigida para demostrar que estos reparos trascienden la órbita
constitucional, ya que no identificó de manera precisa las razones por las cuales se
habría configurado una vulneración de derechos fundamentales.
31. Ciertamente, en relación con el defecto sustantivo, si bien la parte
accionante hizo referencia a la Ley 160 de 1994, lo cierto es que no expuso de forma
suficiente en qué consistió su supuesta aplicación indebida, más allá de señalar que
se «exigi[ó] un estándar probatorio no previsto [en la referida disposición]». En
cuanto al defecto procedimental no identificó de manera clara y concreta cuáles
etapas procesales habrían sido pretermitidas, ni explicó de que forma se vulneraron
los principios de publicidad, congruencia o motivación, limitándose a efectuar
4
Ibidem.
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afirmaciones genéricas que no permiten advertir una irregularidad de relevancia
constitucional ni su incidencia en la decisión cuestionada.
32. En igual sentido, frente al presunto desconocimiento del precedente judicial,
la accionante solo citó de manera genérica diversas providencias de la Corte
Constitucional, sin señalar específicamente cuáles resultaban aplicables al caso, ni
precisar la regla jurisprudencial presuntamente desconocida, ni demostrar su
pertinencia fáctica y jurídica en relación con la controversia decidida. Lo propio
ocurre respecto de la alegada violación directa de la Constitución Política por la
supuesta omisión del control de convencionalidad, pues los pronunciamientos de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos fueron invocados para afirmar, de
modo general, que los jueces internos (incluidas las altas cortes) están obligados a
ejercer dicho control de oficio, sin que se identificara una regla concreta aplicable al
caso particular.
33. Así las cosas, se repara en que entrar a analizar el fondo del asunto
implicaría invadir la autonomía e interpretación de la autoridad judicial accionada,
esto es, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, quien
consideró que la decisión administrativa se fundamentó en pruebas técnicas,
objetivas y legalmente obtenidas, que demostraron la ausencia de explotación
económica suficiente y la consecuente configuración de la causal de extinción del
dominio agrario prevista en la Ley 160 de 1994; de tal manera que, la intervención
del juez constitucional, en el sub examine, a partir de los reparos expuestos
comportaría una suplantación de las competencias del juez natural, pues tendría
que revisarse todas las normas estudiadas en el caso, el procedimiento adelantado
en la acción de revisión y todos los pronunciamientos jurisprudenciales citados, lo
cual va en contravía de la finalidad de la acción de tutela, pues aquella no puede
emplearse como una instancia adicional para que se aplique la interpretación que
el accionante considera es la adecuada, sino que debe interponerse cuando la
autoridad judicial demandada, en el caso de acciones de tutela contra providencia
judicial, haya incurrido en una actuación ostensiblemente arbitraria e ilegítima.
34. Lo anterior cobra relevancia si se tiene en cuenta que la providencia que
resolvió la acción de revisión agraria fue proferida por el máximo órgano de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, por lo cual, como se dijo en líneas
atrás, el examen debe ser más restrictivo, pues debe acreditarse la existencia de
una irregularidad que desconozca abiertamente mandatos constitucionales y que,
por ende, requiera la imperiosa intervención del juez constitucional.
35. Así las cosas, debe reiterarse que el mecanismo de amparo no es un
instrumento de revisión o corrección de las decisiones adoptadas por las
autoridades judiciales, menos cuando aquellas han sido proferidas en el pleno
ejercicio de la autonomía e independencia judicial, pues la función del juez
constitucional se centra en realizar un juicio de validez, con el fin de determinar si
se produjo una vulneración de los derechos fundamentales deprecados a la luz de
la Constitución Política.
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36. En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela,
en relación con los desacuerdos relativos a los defectos sustantivo, procedimental,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución
Política, por no satisfacerse el requisito de relevancia constitucional.
37. Sin embargo, no sucede lo mismo frente a la causal de defecto fáctico, toda
vez que la discusión planteada por la empresa accionante incide en la esfera
constitucional, comoquiera que expuso de manera suficiente las pruebas que, a su
juicio, fueron omitidas o apreciadas de forma irregular, por lo que la discusión tiene
relación con la presunta transgresión de los derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia, dado que se discute la ausencia
de valoración de determinadas pruebas, cuyo resultado podría incidir en la decisión
adoptada, comoquiera que con estos elementos de juicio pretendía demostrarse la
explotación económica del suelo.
38. En consecuencia, no se trata de un asunto meramente legal o económico y
tampoco se pretende emplear este mecanismo con una tercera instancia, sino que
el debate busca evitar una afectación desproporcionada a las garantías
fundamentales invocadas como consecuencia de una decisión, en criterio de la
accionante, arbitraria.
39. Asimismo, la Sala encuentra acreditados los demás requisitos de
procedencia, puesto que (1) se tiene acreditada la legitimación, tanto activa como
pasiva, comoquiera que la accionante es la titular de las garantías constitucionales
que se invocan como vulneradas y la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado fue la autoridad que profirió la decisión que se cuestiona en el
escrito de amparo; (2) no existe otro mecanismo judicial que permita a la parte
actora procurar la defensa de sus derechos constitucionales; (3) la acción de tutela
se presentó el 24 de marzo de 2026, es decir, dentro de los 6 meses siguientes a la
notificación de la Sentencia del 9 de diciembre de 20255; (4) no se cuestionó una
irregularidad procesal; (5) se identificaron razonablemente los hechos y argumentos
con fundamento en los cuales se alega la vulneración de derechos fundamentales;
y (6) la tutela no se interpone contra una providencia de igual naturaleza.
40. En consecuencia, tras haberse superado todas las exigencias generales,
en relación con el defecto fáctico, procederá a realizarse un estudio de fondo frente
a dicha causal.
Análisis de la vulneración alegada: estudio del defecto
41. La Sala negará el amparo solicitado, al no haberse estructurado el defecto
fáctico invocado por la parte accionante, de acuerdo con los argumentos que a
continuación se exponen:
5
La providencia fue notificada por mensaje de datos el 19 de diciembre de 2025.
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42. La sociedad accionante afirmó que la sentencia proferida el 9 de diciembre
de 2025 por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió
en defecto fáctico, al omitir valorar pruebas determinantes, como el informe de visita
realizado por INCODER el 13 de mayo de 2010, el dictamen pericial agronómico de
la Universidad de Caldas, las querellas policivas de 2007 y 2009, los testimonios
rendidos por Luis Miguel Berrocal y Edmundo Farad Chadid, entre otros, con el fin
de desacreditar la idoneidad de la visita previa realizada en 2006 y el Concepto 138
de 2023 emitido por el procurador delegado.
43. Para resolver los anteriores desacuerdos, la Sala considera necesario
analizar los argumentos en que se apoyó la autoridad judicial accionada para
adoptar la decisión que aquí se reprocha. Así, se advierte que, en la Sentencia del
9 de diciembre de 2025, la Subsección accionada, en primer lugar, explicó que la
extinción del dominio agrario no tiene naturaleza sancionatoria, sino que constituye
un procedimiento administrativo especial orientado a verificar el cumplimiento de la
función social y ecológica de la propiedad, por lo que carecía de fundamento
trasladar a ese proceso la caducidad trienal de la facultad para imponer sanciones
prevista en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo.
44. En segundo lugar, determinó que la diligencia de visita previa practicada por
el INCODER tenía carácter preparatorio, técnico y no contradictorio, orientado a
recopilar información sobre el estado físico y jurídico de los predios, sin producir
efectos jurídicos directos. La práctica de la visita sin aviso previo no constituye
irregularidad sustancial ni vulnera el debido proceso. Tampoco se demostró una
modificación irregular del acto de inicio del procedimiento, ya que las resoluciones
posteriores solo precisaron la identidad de los propietarios, ajustándose al principio
de autotutela administrativa.
45. Adicionalmente, explicó que la supuesta irregularidad en la notificación de
la Resolución 1612 de 2011, por medio de la cual se modificó el acto administrativo
que dio inicio al proceso de extinción de dominio, no afectó sustancialmente las
garantías procesales, ya que no cambió el contenido ni los efectos del acto inicial.
Además, resaltó que tanto la sociedad ASI S.A.S. y Tequendama S.A tuvieron
conocimiento efectivo del trámite y ejercieron los medios de defensa previstos en la
ley, circunstancia que satisface la finalidad de la notificación.
46. En cuanto a la inoponibilidad del procedimiento frente a terceros
adquirentes, precisó que los efectos jurídicos se producen desde la inscripción de
la resolución en el registro de instrumentos públicos. No obstante, la sociedad
Aportes San Isidro S.A.S. manifestó su conocimiento del acto mediante la
interposición de recurso de reposición, configurándose una notificación por
conducta concluyente, de manera que el acto adquirió eficacia plena frente a dicha
sociedad, quedando válidamente vinculada al trámite administrativo.
47. Respecto del valor de las actuaciones previa aclaró que la visita de 2006 no
tuvo incidencia determinante ni sirvió de base fáctica o jurídica para la declaratoria
extintiva, toda vez que esta se fundó exclusivamente en los resultados de la
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inspección ocular practicada en octubre de 2012, que permitió verificar la ausencia
de explotación económica regular y estable durante el periodo trienal exigido por la
Ley 160 de 1994.
48. Finalmente, indicó que las referencias al desplazamiento forzado de
miembros de ASOCAB fueron meramente contextuales y descriptivas, sin
incidencia en la motivación ni en la causal aplicada, ya que la decisión se sustentó
en la comprobación técnica de la falta de explotación económica regular y continua
de los predios, de acuerdo con la inspección ocular de 2012.
49. Por otra parte, no existió contradicción probatoria ni vicio de motivación en
la decisión administrativa, dado que el informe de visita de abril de 2010 carecía de
validez por mandato de la sentencia T-267 de 2011, mediante la cual se dispuso
reanudar el trámite original y dejar sin efectos los actos derivados de la actuación,
por lo que la decisión se sustentó en actuaciones válidas y vigentes.
50. La inspección ocular de 2012 y el dictamen técnico se realizaron con
observancia del principio de publicidad y del derecho de defensa, y la falta de
comparecencia de testigos y pruebas complementarias responde a inactividad de la
parte interesada. Las declaraciones de los campesinos fueron recaudadas bajo
juramento y los elementos técnicos surgieron de observación directa y del informe
de 9 de noviembre de 2012.
51. Los peritajes agronómico y contable practicados en sede judicial carecieron
de solidez técnica suficiente: el primero, se basó en imágenes satelitales utilizadas
como soporte empírico que no corresponden al año 2012, sino al de 2014 sin indicar
margen de error ni parámetros de interpretación, y el dictamen contable no acreditó
la trazabilidad ni correspondencia entre los egresos y las supuestas inversiones de
la explotación de los predios. Por ello, ninguno cumplió con los estándares de rigor
empírico y metodológico exigidos para desvirtuar la decisión administrativa.
52. Finalmente, señaló que no se configuró una fuerza mayor por las
inundaciones registradas en los años 2008 y 2012, puesto que las pruebas
acreditaron que se trataba de una condición estructural del terreno y que eran
manejables mediante técnicas de drenaje omitidas por la sociedad actora.
Asimismo, tampoco se acreditó la supuesta fuerza mayor por ocupación del predio
Las Pavas, dado que el testimonio de Rafael Cárcamo presentaba inconsistencias
y se refería a hechos ocurridos antes de que ASI S.A.S. adquiriera los predios.
53. En esos términos, concluyó que no se acreditaron vicios sustanciales o
irregularidades que afectaran la validez del procedimiento ni la competencia de la
autoridad agraria, ya que la decisión administrativa se fundamentó en pruebas
técnicas, objetivas y legalmente obtenidas, que demostraron la ausencia de
explotación económica suficiente y la consecuente configuración de la causal de
extinción del dominio agrario prevista en la Ley 160 de 1994.
54. Analizado el recuento efectuado por la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, esta Subsección advierte que aquella autoridad valoró de
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manera razonable y de acuerdo con las reglas de la sana crítica los elementos
probatorios que discute la parte accionante. Sin embargo, determinó que tales
reproches no lograban desvirtuar las conclusiones centrales de la sentencia
cuestionada, en la cual se estableció, de manera expresa y motivada, que la
decisión administrativa de extinción del dominio se fundó exclusivamente en los
resultados de la inspección ocular practicada entre el 10 y el 17 octubre de 2012,
diligencia que permitió verificar la ausencia de explotación económica regular
durante el periodo trienal exigido por la Ley 160 de 1994.
55. Ciertamente, se observa la autoridad accionada se pronunció
expresamente frente al informe del 13 de mayo de 2010 y explicó las razones
jurídicas por las cuales no podía ser valorado dentro del proceso, pues en la
providencia censurada se señaló de manera precisa que dicho informe «carecía de
efectos jurídicos al momento de expedirse la decisión definitiva, en tanto su validez
fue dejada sin efectos por la sentencia T-267 de 2011 de la Corte Constitucional»,
derivando de decisiones administrativas posteriormente inaplicadas.
56. En ese sentido, la providencia concluyó que el informe de 2010 no podía
ser valorado como prueba válida dentro del procedimiento administrativo de
extinción del dominio agrario, en tanto no integraba el marco jurídico aplicable al
procedimiento sujeto a control judicial. De esta forma, la exclusión del informe no
constituye omisión probatoria, sino una decisión debidamente motivada.
57. Ahora, en relación con el dictamen pericial, se observa que la autoridad
accionada realizó un examen exhaustivo de su contenido, metodología y soporte
empírico, la Subsección accionada advirtió que las imágenes satelitales utilizadas
como soporte del dictamen no correspondían al año 2012, sino al año 2014, lo que
desvirtuaba el fundamento empírico sobre el cual el perito construyó su inferencia
sobre la explotación regular y permanente de los cultivos.
58. Asimismo, destacó que las conclusiones del perito carecían de parámetros
de comprobación intersubjetiva que otorgaran validez y solidez a los juicios
inductivos contenidos en sus conclusiones sobre el estado de las plantaciones en
2012, que era, precisamente, el objeto de comprobación de dicha prueba técnica.
Adicionalmente, señaló que el experto no determinó ni explicó el margen de error
que podría afectar las conclusiones obtenidas a partir del análisis de las imágenes
satelitales y que el dictamen presentaba inconsistencias metodológicas, por lo que
no se satisfacían las exigencias de fiabilidad y objetividad que impone el artículo
226 del Código General del Proceso.
59. Igualmente, respecto del dictamen contable, la sentencia explicó de manera
expresa que este carecía de la entidad necesaria para acreditar la explotación
económica de los predios, toda vez que adolecía de falencias metodológicas que
afectan de manera sustancial su valor demostrativo, pues el perito no explicó el
procedimiento técnico-contable mediante el cual habría determinado que los
egresos registrados estaban efectivamente destinados a las plantaciones ubicadas
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en los predios objeto del litigio, por lo cual concluyó que no se «superó el plano de
una inferencia meramente conjetural».
60. Además, resaltó que la documentación soporte era insuficiente y
formalmente deficiente, ya que no permitían verificar las decisiones societarias que
habrían determinado el destino específico de las inversiones contables registradas,
y que «las actas allegadas carecían de las firmas que acreditaran su autenticidad y
validez», por lo que la ausencia de trazabilidad documental impedía reconstruir el
razonamiento técnico del experto y, por tanto, evaluar la validez de sus
conclusiones. En consecuencia, la Sala determinó que el dictamen contable no
alcanzaba la eficacia probatoria suficiente y su alcance se limita a un elemento
meramente indiciario.
61. Respecto de las querellas policivas de 2007 y 2009, la providencia las valoró
en el contexto jurídico pertinente, considerando que, conforme a la Sentencia T-267
de 2011 de la Corte Constitucional, las decisiones que ordenaban el desalojo de los
ocupantes fueron dejadas sin efectos y los actos administrativos derivados fueron
inaplicados. Por ello, estas actuaciones no podían ser consideradas como prueba
concluyente de la explotación económica ni del cumplimiento de la función social de
los predios.
62. Finalmente, frente a los testimonios rendidos por los señores Luis Miguel
Berrocal y Edmundo Farad Chadid, entre otros, con el fin de desacreditar la
idoneidad de la visita previa realizada en 2006, debe precisarse, que tal y como lo
expuso la autoridad judicial accionada, estos carecen de importancia en el asunto
bajo estudio, comoquiera que dicha diligencia no fue tenida en cuenta para la
declaratoria de la extinción del dominio.
63. De otra parte, en relación con el reproche formulado por la parte accionante,
consistente en que la Subsección C accionada le otorgó credibilidad a la inspección
ocular practicada en octubre de 2012, a pesar de las supuestas inconsistencias en
su desarrollo, debe aclararse que la providencia cuestionada expuso de manera
clara, expresa y suficiente las razones por las cuales otorgó valor probatorio a la
inspección ocular adelantada por el INCODER entre el 10 y el 17 de octubre de
2012, así como al informe técnico rendido el 9 de noviembre del mismo año. En este
sentido, la decisión no se sustentó en elementos aislados, informales o carentes de
rigor, sino en actuaciones probatorias regularmente practicadas dentro del trámite
administrativo, con observancia de las garantías propias del debido proceso.
64. Así, las eventuales discrepancias formales alegadas por la accionante,
como la relativa al día exacto de inicio de la diligencia carecen de la entidad
suficiente para desvirtuar la validez y eficacia del medio probatorio, en tanto no
comprometen su contenido sustancial ni la integridad de las verificaciones
realizadas; por el contrario, se trata de imprecisiones de carácter meramente
accesorio que no afectan la continuidad de la diligencia, su documentación ni la
consistencia del informe técnico que de ella se derivó.
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65. En esos términos, la Sala observa que la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado realizó un examen integral, detallado y razonable
del acervo probatorio, dentro de la se destacan la inspección ocular practicada en
octubre de 2012 y el informe técnico correspondiente. Asimismo, se constata que
dicha autoridad analizó cada uno de los elementos probatorios que discute la parte
accionante, explicando de manera suficiente las razones jurídicas y técnicas por las
cuales algunos de ellos carecían de aptitud demostrativa o no resultaban relevantes
para desvirtuar las conclusiones alcanzadas.
66. En consecuencia, no se evidencia una apreciación arbitraria o reprochable
del contenido de las pruebas obrantes en el expediente que haya incidido de manera
decisiva en el sentido de la providencia cuestionada, sino, que por el contrario, se
advierte que la autoridad accionada ejerció su facultad de interpretación probatoria,
dentro de los márgenes de autonomía e independencia que le son propios, mediante
una lectura sistemática del acervo probatorio orientada a resolver el problema
jurídico planteado con fundamento en pruebas legalmente recaudadas y valoradas
conforme a las reglas de la sana crítica.
67. Por tanto, no se evidencia un error ostensible o manifiesto en la calificación
probatoria que dé lugar a la configuración del defecto fáctico alegado, sino lo que
se denota es una discrepancia de la parte actora con el análisis realizado por la
autoridad judicial accionada por no haberle sido favorable, para lo cual la acción de
tutela no es procedente.
Conclusión
68. En atención a los argumentos expuestos en precedencia, la Sala, de una
parte, declarará improcedente la acción de tutela promovida por la sociedad Aportes
San Isidro S.A.S. (ASI S.A.S.) respecto de los cargos relacionados con los defectos
sustantivo y procedimental, el desconocimiento del precedente judicial y violación
directa de la Constitución Política, por no encontrarse satisfecho el requisito general
de relevancia constitucional; y, de otra, negará el amparo solicitado en lo que
concierne al defecto fáctico.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Agencia
Nacional de Tierras.
SEGUNDO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por la
sociedad Aportes San Isidro S.A.S. (ASI S.A.S.) respecto de los cargos relacionados
con los defectos sustantivo y procedimental, el desconocimiento del precedente
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Demandante: Aportes San Isidro SAS (ASI SAS)
judicial y violación directa de la Constitución Política, y NEGAR el amparo solicitado
en lo que concierne al defecto fáctico.
SEGUNDO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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