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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02365-00

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02365-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar la solicitud de desvinculación presentada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – DEAJ por las razones expuestas en el numeral 3.2.1. de la presente providencia. Segundo: Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor José Luis López Becerra, quien actúa a nombre propio, de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 29 Corte Constitucional, sentencia SU 128 de 6 de mayo de 2021, magistrado ponente: Cristina Pardo Schlesinger. www.consejodeestado.gov.co 13 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2026-02365-00 Accionante: José Luis López Becerra Cuarto: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02365-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02365-00
Accionante: José Luis López Becerra
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

Tema: Tutela contra providencia judicial

Decisión: Negar las pretensiones de la demanda por no configurarse
los defectos alegados

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
acción de tutela1 presentada por José Luis López Becerra, quien actúa en nombre
propio, contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Trece
Administrativo del Circuito de Cali por la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al trabajo y al debido proceso, supuestamente ocurridos con
ocasión de la providencia núm. 002 del 21 de enero de 20262 proferida por el ad
quem que confirmó la sentencia núm. 135 del 20 de junio de 20253 dictada por el
a quo, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
seguido bajo el radicado 76001-33-33-013-2019-00456-00-/01.

II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos

2. Del escrito de tutela y del expediente se colige que el señor José Luis
López Becerra se desempeñó como magistrado en provisionalidad de la Rama
Judicial entre el 1.º de noviembre de 2016 y el 31 de julio de 2018, primero en el
Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca y luego en el de Nariño
y, de acuerdo con su exposición, sin que se presentara solución de continuidad
en su vinculación laboral.

3. El actor señaló que, durante dicho período, la administración judicial
liquidó y consignó las cesantías correspondientes a varios lapsos, pero omitió
1
Presentada el 24 de marzo de 2026.
2
Índice 14 del aplicativo SAMAI, exp. 76001-33-33-013-2019-00456-01
3
Índice 37 del aplicativo SAMAI, exp. 76001-33-33-013-2019-00456-00. Mediante la cual el despacho decidió: PRIMERO:
DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio núm. DESAJCLO 19-2807 del 24 de abril de 2019,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: ORDENAR a la Nación - Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, reajustar la liquidación de las cesantías del señor José Luis López Becerra
correspondiente al año 2017, la cual deberá liquidar tomando el acumulado del tiempo laborado durante el año 2017 y el
promedio del salario mensual de los últimos tres meses del mismo año, conforme a lo normado en el artículo 29 del
Decreto 3118 de 1968. Asimismo, si aún no lo ha hecho, deberá reconocer y pagar los intereses a las cesantías para esa
anualidad. TERCERO: ORDENAR a la Nación - Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial pagar la
indexación de las sumas adeudadas en los términos del artículo 187 del CPACA, aplicando la fórmula descrita en la parte
motiva de esta sentencia. CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. “(…)”

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Acción de Tutela
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Accionante: José Luis López Becerra

inicialmente el reconocimiento del período comprendido entre el 1.º de enero y el
30 de agosto de 2017, razón por la cual el señor López Becerra solicitó su
reconocimiento y pago.

4. Ante la negativa, el accionante instauró una demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en la cual solicitó el
reconocimiento del período omitido, los intereses a las cesantías y la sanción
moratoria por la supuesta consignación extemporánea de dicha prestación.

5. Mediante sentencia del 20 de junio de 20254, el Juzgado Trece
Administrativo Oral del Circuito de Cali accedió parcialmente a las pretensiones,
declaró la nulidad del acto administrativo demandado y ordenó la liquidación,
pago e indexación de las cesantías correspondientes al período faltante, así
como el reconocimiento de los intereses a las cesantías, pero negó el
reconocimiento de la sanción moratoria.

6. Dicha decisión fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia del 21 de enero de 20265,
al considerar que el asunto se refería a una reliquidación de la prestación y no a
una mora en su consignación, conforme con la jurisprudencia vigente de esta
corporación.

2.2. Fundamento jurídico

7. La parte accionante consideró trasgredidos sus derechos fundamentales
al debido proceso y al trabajo, al considerar que las providencias judiciales
cuestionadas resolvieron la controversia prestacional a partir de una valoración
probatoria y una interpretación jurídica que, en su criterio, resultan irrazonables,
lo cual condujo a excluir de manera indebida la sanción moratoria derivada de la
no consignación oportuna de las cesantías correspondientes a un período
efectivamente laborado.

8. En desarrollo de lo anterior, el señor López Becerra sostuvo que las

4
La autoridad judicial resolvió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho laboral promovido por el
señor José Luis López Becerra contra la Nación–Rama Judicial, en el que se reclamó el pago completo de las cesantías
del año 2017, sus intereses, la indexación y la sanción moratoria por su presunta consignación extemporánea. El a quo
estableció que el demandante laboró durante todo el año 2017 sin solución de continuidad en la Rama Judicial, primero
en el Consejo Seccional del Valle del Cauca y luego en el de Nariño, por lo que resultaba procedente acumular los tiempos
servidos y reliquidar las cesantías correspondientes a dicha anualidad, conforme al régimen anualizado aplicable. En
consecuencia, declaró la nulidad del acto administrativo que negó el reconocimiento del período comprendido entre el 1.º
de enero y el 30 de agosto de 2017 y ordenó reajustar la liquidación de las cesantías, así como reconocer y pagar los
intereses legales y la indexación de las sumas adeudadas, en los términos previstos por la normativa vigente. No obstante,
el juzgado negó el reconocimiento de la sanción moratoria, al concluir que las cesantías del año 2017 fueron consignadas
dentro del término legal el día 13 de febrero de 2018 y que la controversia giraba en torno a una diferencia derivada de la
reliquidación, supuesto que, conforme a la jurisprudencia reiterada de esta corporación, no activaba dicha penalidad
5
El Tribunal conoció del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Juzgado Trece Administrativo del Circuito
de Cali, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho laboral promovido por José Luis López Becerra, en
el que se debatía la reliquidación de las cesantías del año 2017 y la procedencia de la sanción moratoria por no
consignación. El ad quem confirmó que el accionante laboró de manera continua durante todo el año 2017 en la Rama
Judicial, primero en la Seccional Valle del Cauca y luego en la Seccional Nariño, sin solución de continuidad, por lo que
resultaba procedente acumular los tiempos servidos y ordenar la reliquidación de las cesantías correspondientes a dicha
anualidad. En consecuencia, la autoridad judicial ratificó la nulidad del acto administrativo demandado y la orden de
reajustar la liquidación de las cesantías, incluyendo el período comprendido entre el 1.º de enero y el 31 de agosto de
2017, así como el reconocimiento de intereses e indexación, en los términos fijados por el régimen anualizado previsto
en el Decreto 3118 de 1968 y la Ley 50 de 1990. No obstante, precisó que no era procedente la sanción moratoria,
al establecer que las cesantías del año 2017 fueron consignadas dentro del término legal el día 13 de febrero de
2018 y que la controversia se circunscribía a una reliquidación por diferencias en el monto, supuesto que,
conforme a la jurisprudencia pacífica del Consejo de Estado, no habilita la imposición de dicha penalidad, razón
por la cual confirmó íntegramente la sentencia de primera instancia.

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Accionante: José Luis López Becerra

autoridades judiciales incurrieron en un defecto fáctico, al calificar la situación
como una reliquidación de las cesantías del año 2017, desconociendo, en su
sentir, que existió una omisión total de liquidación y consignación del período
comprendido entre el 1.º de enero y el 30 de agosto de 2017, lo cual implicaría
una indebida apreciación del acervo probatorio documental obrante en el
expediente.

9. De manera concomitante, invocó la configuración de un defecto
sustantivo, al estimar que las autoridades judiciales accionadas aplicaron de
forma errónea el régimen jurídico de la sanción moratoria, al excluir su
procedencia pese a que, desde su punto de vista, se configuró una mora en la
consignación de las cesantías dentro del término legal previsto en la Ley 50 de
1990.

10. Finalmente, el actor señaló que dicha interpretación judicial tuvo un
impacto directo en su derecho al trabajo, en cuanto se le privó de una
consecuencia económica asociada al incumplimiento del empleador en la
consignación oportuna de una prestación social, vulneración que considera
derivada de una decisión judicial carente de razonabilidad constitucional.

2.3. Pretensiones

11. Con fundamento en lo anterior, el actor solicitó:

«(…) Con fundamento en lo anteriormente expuesto le solicito a los
honorables magistrados del Consejo de Estado se TUTELE mis
derechos fundamentales al TRABAJO (Artículo 25 de la C.P.) y al
DEBIDO PROCESO (Artículo 29 de la C.P.) y en consecuencia deje sin
efectos jurídicos el numeral cuarto de la parte resolutiva de la Sentencia
núm. 135 de fecha 20 de junio de 2025 proferida por el JUZGADO
TRECE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CALI y confirmada por
el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA en
Sentencia 002 del 21 de enero de 2026 y adicione la citada sentencia
reconociendo el pago de la sanción moratoria por el no pago oportuno
de las cesantías correspondiente al periodo del 1 de enero al 30 de
agosto de 2017 al abogado JOSE LUIS LÓPEZ BECERRA.» (SIC EN
TODA LA CITA)

2.4. Intervenciones

12. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 25 de
marzo de 20266, a través del cual se ordenó notificar como accionados al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y al Juzgado Trece (13) Administrativo del
Circuito de Cali y como interesados en el resultado del proceso a la Nación-Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ) – Dirección
Seccional de Administración Judicial de Cali, al representante del Ministerio
Público que actúa en ese despacho, a Porvenir S.A. y a todos los demás
intervinientes dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
citado. Asimismo, se notificó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado para lo de su competencia.

6
Índice 4 del aplicativo SAMAI

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Accionante: José Luis López Becerra

2.4.1. El Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito de Cali7 indicó que
se debía negar la solicitud de amparo constitucional, al considerar que en el
trámite y decisión del proceso ordinario no se configuró vulneración alguna de
derechos fundamentales ni una actuación judicial arbitraria o contraria al debido
proceso.

13. Precisó que conoció y tramitó el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido por el señor José Luis López Becerra contra la Nación–Rama
Judicial, el cual fue radicado el 12 de diciembre de 2019, se adelantó conforme a
las reglas del CPACA y culminó con sentencia del 20 de junio de 2025 que
accedió parcialmente a las pretensiones.

14. Finalmente, informó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
mediante sentencia del 21 de enero de 2026, confirmó íntegramente la
providencia de primera instancia, encontrándose el proceso en etapa de
cumplimiento, sin advertirse afectación de garantías constitucionales, razón por
la cual reiteró que debía negarse el amparo solicitado.

2.4.2. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – DEAJ8 sostuvo
que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario y excepcional, condicionado
al cumplimiento de requisitos mínimos como la legitimación en la causa por
pasiva, cuya correcta identificación corresponde al accionante.

15. Señaló que la tutela contra providencias judiciales solo es viable ante la
acreditación de causales estrictas de procedencia, las cuales, desde su
perspectiva, no se configuraron en el caso concreto, pues expuso que las
decisiones cuestionadas se encontraban debidamente motivadas y fueron
adoptadas dentro del marco de la autonomía judicial.

16. Por último, fue enfática al afirmar, que la DEAJ no ejerce superioridad
jerárquica sobre el Juzgado Trece Administrativo de Cali ni sobre el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, razón por la cual solicitó su desvinculación
del trámite, al no advertirse su legitimación por pasiva ni existir una vulneración
de derechos fundamentales por parte de esa entidad.

2.4.3. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca9 indicó que, mediante
sentencia del 21 de enero de 2026, confirmó la decisión de primera instancia al
reconocer el derecho del accionante a la reliquidación de las cesantías para
incluir el período comprendido entre el 1.º de enero y el 31 de agosto de 2017,
precisando que no era procedente la sanción moratoria, conforme al precedente
reiterado de esta corporación10.

7
Índice 11 del aplicativo SAMAI
8
Índice 12 del aplicativo SAMAI
9
Índice 13 del aplicativo SAMAI
10
Al respecto, el Tribunal citó la sentencia del Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda
– Subsección B consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez Bogotá D.C., 10 de febrero de 2022. Radicación: 25000-
23-42-000-2018 02833-01. núm. Interno: 0612-2021, demandante: Diana Carolina Gutiérrez Castrillón. demandados:
Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – DEAJ1. Asunto: Servidor público – Sanción
moratoria artículo 99 de la Ley 50 de 1990. - “no es posible crear una segunda regla de derecho para decir que cuando
hay discusión sobre el monto liquidado, si el recurso prospera, ello indica mora en el pago; dicha mora se ha fijado por el
legislador para castigar o sancionar a la entidad que omitió el pago, no para el caso inconsistente en la liquidación.
Recuérdese que esta es una sanción pecuniaria de reserva legal, de modo que por vía de interpretación no puede
extenderse la sanción moratoria a los valores complementarios de la liquidación inicial que fue satisfecha en
tiempo. “Negrillas y subrayas de esta Sala.

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Accionante: José Luis López Becerra

17. Precisó que realizó una valoración integral del material probatorio,
garantizó el derecho de defensa y aplicó la jurisprudencia vigente, por lo que no
se advertía vulneración alguna de derechos fundamentales. Aunado a lo anterior,
manifestó que el tiempo transcurrido desde la sentencia de segunda instancia
incidía en el cumplimiento del requisito de inmediatez de la acción de tutela.

2.4.5. No se presentaron más informes.

III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia

18. La Sala de Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado
es competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 201911 y demás normas
concordantes.

3.2. Cuestión previa

3.2.1. De la solicitud de desvinculación

19. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – DEAJ solicitó su
desvinculación de este trámite constitucional, al sostener que no profirió las
providencias judiciales cuestionadas ni desplegó una actuación susceptible de
control mediante acción de tutela, por lo cual consideró que carecía de
legitimación en la causa por pasiva.

20. No obstante, la Sala estima que, al haber sido vinculada en calidad de
tercero con interés legítimo, en tanto hizo parte del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que dio origen a la presente controversia, resulta
procedente mantener su vinculación. En consecuencia, se negará la solicitud de
desvinculación formulada, en garantía de su derecho fundamental de defensa y
contradicción.

3.2.2. De la providencia objeto de análisis

21. Si bien la presente acción de tutela se dirige contra el Juzgado Trece
Administrativo del Circuito de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
la Sala centrará su análisis en la providencia núm. 002 del 21 de enero de 202612
proferida por este último, que puso fin al proceso, en tanto confirmó la decisión
adoptada por el a quo mediante sentencia núm. 135 del 20 de junio de 202513

11
Reglamento interno del Consejo de Estado.
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Índice 14 del aplicativo SAMAI, exp. 76001-33-33-013-2019-00456-01
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Índice 37 del aplicativo SAMAI, exp. 76001-33-33-013-2019-00456-00. Mediante la cual el despacho decidió:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio núm. DESAJCLO 19-2807 del 24 de abril
de 2019, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: ORDENAR a la Nación - Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, reajustar la liquidación de las cesantías del señor José Luis
López Becerra correspondiente al año 2017, la cual deberá liquidar tomando el acumulado del tiempo laborado durante
el año 2017 y el promedio del salario mensual de los últimos tres meses del mismo año, conforme a lo normado en el
artículo 29 del Decreto 3118 de 1968. Asimismo, si aún no lo ha hecho, deberá reconocer y pagar los intereses a las
cesantías para esa anualidad. TERCERO: ORDENAR a la Nación - Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial pagar la indexación de las sumas adeudadas en los términos del artículo 187 del CPACA, aplicando la fórmula
descrita en la parte motiva de esta sentencia. CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. “(…)”

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dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho seguido bajo el
radicado 76001-33-33-013-2019-00456-00-/01.

3.3. Problema jurídico

22. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe en
establecer si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con ocasión de la
providencia núm. 002 del 21 de enero de 2026 que confirmó la decisión del 20
de junio de 2025 dictada por el Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Cali
al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho seguido
bajo el radicado 76001-33-33-013-2019-00456-00-/01, vulneró los derechos
fundamentales al trabajo y al debido proceso del señor José Luis López Becerra
al incurrir supuestamente en los defectos fáctico y sustantivo.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

23. La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, así como por
los Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000, compilados en el Decreto 1069 de
2015, protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados o
amenazados, actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros
medios judiciales, salvo cuando se requiera utilizar como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.

24. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.

25. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de estos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica,
la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad
de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

26. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela

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y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como
son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.

3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, que habilitan su interposición.

3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la
vulneración de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente
individualizados.

3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más
de 6 meses desde que cobró ejecutoria la providencia reprochada, toda vez que
esta fue proferida el 21 de enero de 2026 y notificada el 27 de enero de la misma
anualidad mientras que la acción de tutela fue presentada el 24 de marzo de
2026.

3.4.1.4. El asunto por resolver reviste relevancia constitucional, en la medida en
que se orienta a establecer una eventual vulneración de los derechos
fundamentales al trabajo y al debido proceso, con ocasión de la providencia núm.
002 del 21 de enero de 2026 que confirmó la decisión del 20 de junio de 2025
dictada por el Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Cali al interior del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho seguido bajo el
radicado 76001-33-33-013-2019-00456-00-/01, como consecuencia de los
presuntos defectos fáctico y sustantivo, los cuales fueron razonablemente
sustentados por la parte actora.

3.4.1.5. Finalmente, no se está alegando ninguna irregularidad procesal y
tampoco se está controvirtiendo una sentencia de otra acción de tutela.

27. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

3.5. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

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28. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional14 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa15, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de
manera arbitraria, irracional y caprichosa y sin razón valedera da por no probado el hecho
o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.

b. Una dimensión positiva16, que se presenta generalmente cuando el juzgador aprecia
pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no
ha debido admitir ni valorar.

29. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del
juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser,
de carácter extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al
juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le corresponde
determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta más
convincente después de un análisis individual y conjunto de los elementos
probatorios»17. Negrillas de la Sala.

30. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se
encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por
el juez que ordinariamente conoce de un asunto.

3.5.1. Análisis de la presunta configuración del defecto fáctico en el asunto
bajo examen

31. De conformidad con la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional,
el defecto fáctico como causal específica de procedibilidad exige la configuración
de un error ostensible, flagrante y determinante en la valoración probatoria, que
desborde el ámbito de autonomía judicial.

32. En ese entendido, la Sala observa, que lejos de adoptar una decisión sin
respaldo probatorio, las autoridades judiciales realizaron una valoración expresa
y razonada del acervo obrante en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, conforme a las reglas de la sana crítica y a los parámetros fijados por
la jurisprudencia constitucional.

33. Contrario a lo sostenido por la parte accionante, las providencias
cuestionadas no desconocieron los hechos relevantes del litigio, sino que
identificaron con precisión la continuidad en la vinculación del demandante con

14
Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567 de
1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
15
Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
16
Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
17
Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.

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la Rama Judicial durante la anualidad 201718, así como la omisión en la inclusión
de un periodo específico19 en la liquidación inicial de las cesantías.

34. Así las cosas, en el caso concreto, el Tribunal valoró de manera expresa
los actos administrativos de reconocimiento prestacional, las certificaciones
laborales expedidas por las distintas seccionales y los soportes de consignación
al fondo de cesantías, elementos a partir de los cuales reconstruyó la situación
fáctica con suficiente grado de certeza.

35. De lo anterior se advierte que el ad quem no ignoró el periodo comprendido
entre el 1.º de enero y el 31 de agosto de 2017, sino que, por el contrario, lo tuvo
plenamente acreditado20 y, con fundamento en ello, ordenó su incorporación
mediante la reliquidación de las cesantías correspondientes a dicha anualidad.

36. Bajo esa comprensión, la negativa de la sanción moratoria21 no obedeció
a la ausencia de reconocimiento del hecho alegado por el actor, sino a la
calificación jurídica de una situación probada, consistente en que la consignación
de las cesantías del año 2017 se efectuó dentro del término legal, quedando
la controversia circunscrita a un ajuste posterior del monto.

37. En esa misma línea argumentativa, el ad quem distinguió de manera
razonable entre la falta absoluta de consignación y los eventos de liquidación
incompleta22, inferencia que surge directamente del análisis conjunto del material
probatorio y no de una apreciación arbitraria o caprichosa.

38. Así las cosas, la valoración efectuada no puede calificarse como
contraevidente ni defectuosa, en tanto se encuentra sustentada en elementos
objetivos que acreditan la consignación oportuna de la prestación, aun cuando
esta hubiera sido parcial y susceptible de reliquidación.

39. El planteamiento del accionante, en realidad, no evidencia un error fáctico

18
Providencia del 21 de enero de 2026, Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. - “Está probado que el demandante
estuvo vinculado a la Rama Judicial desde el 1 de noviembre de 2016 al 30 de julio de 2018 de manera continua.”
19
Quedó acreditado que en ese periodo laborado se liquidaron los siguientes auxilios de cesantías y fueron consignados
al fondo Porvenir: i)
Seccional Acto Periodo consignado Fecha de consignación
Cali, Valle Resolución nro. 4486 de 2016 01 de noviembre al 31 de No se acreditó
diciembre de 2016
Pasto, Nariño Resolución nro. 18-460 de 01 de septiembre al 31 de 13 de febrero de 20188
2018 diciembre de 2017
Pasto, Nariño Resolución nro. 18-4536 de 01 de enero al 30 de julio de No se acreditó
2018 2018
” Negrillas y subrayas de esta Sala.
20
Ibidem, - “De lo anterior, queda demostrado que al momento de consignarse las cesantías del año 2017 en el fondo
Porvenir no se incluyó el auxilio por el tiempo laborado desde el 1 de enero al 31 de agosto de esa anualidad.” “(…)” “El
actor no perdió continuidad al cambiar de seccional al interior de la entidad demandada por lo que le asiste el
derecho de reclamar la consignación del periodo faltante. Además, ni antes, ni el curso del proceso, la Administración
Judicial demostró haber hecho lo propio ante el fondo de cesantías al cual se encuentra afiliado. 66. Como ninguna de
las seccionales liquidó y pagó el periodo de cesantías del 1 de enero al 31 de agosto de 2017 y en virtud que el
mencionado ya no se encuentra vinculado a la entidad, le corresponde asumirlo a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial - Seccional Cali por ser el lugar dónde el demandante prestó los servicios por los que se causó el derecho.”
Negrillas y subrayas de esta Sala.
21
Ibidem “75. No le asiste razón al demandante cuando pide que se condene a la sanción mora por la no
consignación del periodo del 1 de enero al 31 de agosto de 2017, porqué quedó demostrado que las cesantías
correspondientes a esa anualidad se consignaron dentro del plazo legal establecido, esto es, el 13 de febrero de
2018 y lo que aquí se discute es un ajuste a esa liquidación por la no inclusión de un tiempo efectivamente
laborado.” Negrillas y subrayas de esta Sala.
22
Ibidem “54. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto consignó el 13 de febrero de 2018 en
el fondo de pensiones Porvenir, las cesantías correspondientes al año 2017, esto es dentro del término, pero no incluyó
el periodo que el demandante laboró en la seccional de Cali. Como la controversia gira en torno a una reliquidación
de la prestación no surge la aplicación de la sanción moratoria”.

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ostensible, sino que refleja su inconformidad con las conclusiones derivadas del
ejercicio valorativo del juez natural.

40. En consecuencia, al evidenciarse una valoración probatoria completa,
coherente y debidamente sustentada, la Sala concluye que no se configura el
defecto fáctico alegado, lo que impone negar el amparo constitucional frente a
este cargo.

3.6. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

41. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo
de aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los
siguientes términos:

«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son evidentemente aplicables
al caso, cuando se realiza una interpretación de la normatividad (sic) que contraría los
postulados mínimos de la razonabilidad jurídica y cuando omite la aplicación de una regla
definida por una sentencia con efecto erga omnes. En suma, el defecto sustantivo se
configura cuando la interpretación y aplicación de la normatividad al caso concreto resulta
contraria a los criterios mínimos de juridicidad y razonabilidad que orientan al sistema
jurídico»23.

42. En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en
los cuales se configura el defecto sustantivo como causal específica de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales:

«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia de juridicidad
de las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó, cuando la autoridad judicial
respectiva desconoce las normas de rango legal o infralegal aplicables en un caso
determinado, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su aplicación indebida, por error
grave en su interpretación o por el desconocimiento del alcance de las sentencias judiciales
con efectos erga omnes cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre
la que pesa la cosa juzgada.

En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:

(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por
el fallador.

(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las
autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para
los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y, finalmente.

(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la
jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos
precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada
respectiva”.

Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien es cierto que los
jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con autonomía e independencia
judicial para interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso

23
Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente: Eduardo Montealegre Lynett.

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absoluta. Por tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de
administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido y,
principalmente, por los valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual
Estado Social de Derecho».

«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo que convierte
en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma el juez desborda
el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i) porque ha sido
derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es
claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional, (iv)
porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional o, (v) porque, a
pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual
se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los
expresamente señalados por el legislador» 24.

43. Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que
se presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las
normas que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que
contraría los postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se
desconoció la normativa aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio
decidendi de una sentencia con efectos erga omnes.

3.6.1. Análisis del presunto defecto sustantivo en el caso concreto

44. La Sala recuerda que el defecto sustantivo se configura únicamente
cuando la autoridad judicial aplica una norma inexistente, derogada,
inconstitucional o realiza una interpretación abiertamente irrazonable y
contraevidente.

45. En ese entendido, esta Subsección advierte que no se configuró el defecto
sustantivo alegado, en la medida en que las providencias cuestionadas se
fundamentaron en una interpretación razonable, sistemática y conforme al
ordenamiento jurídico vigente, sin que se evidencie la aplicación de normas
inexistentes, inaplicables o interpretaciones contra legem.

46. Así las cosas, se difiere de lo que sostiene la parte accionante, pues el
Tribunal no desconoció el marco normativo aplicable, sino que abordó
expresamente el estudio del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 25, delimitando el

24
Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
25
Providencia del 21 de enero de 2026, Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. - “57. Sobre el derecho de los
empleados a percibir las cesantías el Consejo de Estado ha dicho que: “Las cesantías constituyen un “ahorro” del
trabajador, a ser reclamado al terminar su relación laboral, con el objeto de cubrir la contingencia de quedar cesante. Al
tener esa naturaleza de ahorro, producto de un emolumento -prestación- causado a su favor durante ese vínculo, no se
puede predicar la prescripción respecto de las sumas que la componen, así ocurría respecto de las cesantías bajo la
modalidad de liquidación con retroactividad y así ha de predicarse respectos de las mismas, bajo el régimen de liquidación
anualizado(…)Respecto de las cesantías anualizadas, en el marco de la Ley 50 de 1990, no se aplica el fenómeno de
prescripción, pues la obligación de su consignación en una fecha determinada surge de pleno derecho, en virtud de lo
dispuesto en la ley, que le concede al empleador un término perentorio para realizar el depósito en el fondo administrador
al que esté afiliado el empleado y la omisión en el cumplimiento de ese término no puede redundar en la afectación de
los derechos del empleado. No obstante, cuando se trata de la consignación de las cesantías definitivas, si la mora no se
produce por negligencia del empleador, sino por una causa atribuible al empleado, sí procede el fenómeno prescriptivo,
pues en tal caso, la omisión de este último en cumplir los requerimientos que el empleador hace para disponer su pago
no puede constituir un beneficio a su favor. En los anteriores términos se precisa que las cesantías anualizadas no están
sometidas al fenómeno prescriptivo, mientras que las definitivas sí están sujetas a ese fenómeno.”6 El artículo 99 de la

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alcance de la sanción moratoria a partir de su naturaleza jurídica y de los
supuestos de hecho que habilitan su imposición.

47. Desde esa perspectiva, la autoridad judicial estructuró su decisión sobre
una distinción jurídicamente relevante entre la omisión en la consignación de las
cesantías y las controversias derivadas de su liquidación, precisando que solo el
primer supuesto activa la consecuencia sancionatoria prevista por el legislador.

48. En el asunto objeto de análisis, el Tribunal acogió de manera expresa la
línea jurisprudencial de esta corporación26, según la cual la sanción moratoria
tiene carácter restrictivo y no puede extenderse a escenarios en los que exista
consignación oportuna, aun cuando esta resulte incompleta y deba ser objeto de
ajuste posterior.

49. Bajo esa comprensión, la decisión no constituye una aplicación indebida
del ordenamiento jurídico, sino el ejercicio legítimo de la función interpretativa del
juez natural, apoyado en precedente vinculante y en una lectura armónica del
régimen de cesantías anualizadas.

50. En esa misma línea argumentativa, el ad quem evitó extender por vía
interpretativa una sanción de carácter legal a supuestos no previstos
expresamente27, en respeto del principio de legalidad que gobierna el derecho
sancionador.

51. Se advierte, además, que el Tribunal no desconoció el derecho sustancial
del actor, pues reconoció la procedencia de la reliquidación de las cesantías y la
inclusión del periodo omitido28, lo cual evidencia una adecuada delimitación de
los efectos jurídicos derivados de los hechos probados.

52. El reproche del accionante se dirige entonces, en realidad, a cuestionar la

Ley 50 de 1990, regula el pago de las cesantías y la sanción moratoria por incumplir dicho pago dentro del término
señalado. (…) ARTÍCULO 99.- Reglamentado por el Decreto 1176 de 1991. El nuevo régimen especial de auxilio de
cesantía tendrá las siguientes características: 1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de
cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por
la terminación del contrato de trabajo. 2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o
proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto
a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente. 58. 3ª. El valor liquidado por concepto de
cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en
el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de
salario por cada retardo. (…) (Resaltado del Tribunal).
26
Providencia del 21 de enero de 2026, Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. - “Sobre la mora por la no
consignación en tiempo de las cesantías anualizadas debe aplicarse el precedente fijado por el Consejo de Estado el cual
señala que esta penalidad no es procedente cuando se encuentra en discusión diferencias en el monto o reliquidación de
las cesantías.”. Al respecto, el Tribunal citó la sentencia del Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Segunda – Subsección B consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez Bogotá D.C., 10 de febrero de 2022.
Radicación: 25000-23-42-000-2018 02833-01. núm. Interno: 0612-2021, demandante: Diana Carolina Gutiérrez Castrillón.
demandados: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – DEAJ1. Asunto: Servidor público –
Sanción moratoria artículo 99 de la Ley 50 de 1990. - “no es posible crear una segunda regla de derecho para decir que
cuando hay discusión sobre el monto liquidado, si el recurso prospera, ello indica mora en el pago; dicha mora se ha fijado
por el legislador para castigar o sancionar a la entidad que omitió el pago, no para el caso inconsistente en la liquidación.
Recuérdese que esta es una sanción pecuniaria de reserva legal, de modo que por vía de interpretación no puede
extenderse la sanción moratoria a los valores complementarios de la liquidación inicial que fue satisfecha en
tiempo.” Negrillas y subrayas de esta Sala.
27
Ibidem, - “51. La misma vocación de prosperidad no tiene la sanción moratoria reclamada por la consignación tardía de
las cesantías ante el fondo porque como bien lo concluyó el juez de instancia, aquella solo procede en los eventos
en los que hay ausencia total de pago, lo que aquí no ocurre, por cuanto sí fue reconocida y consignada parte de
la prestación en el tiempo establecido por la ley”. Negrillas y subrayas de esta Sala.
28
Ibidem - “Se confirma la sentencia nro. 135 del 20 de junio de 2025 proferida por el Juzgado Trece Administrativo del
Circuito de Cali porque el demandante tiene derecho a que se le reliquide las cesantías que le fueron consignadas
por el año 2017 para incluir el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de agosto de 2017 laborado en la
seccional de Cali”. Negrillas y subrayas de esta Sala.

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interpretación adoptada por la autoridad judicial frente al alcance de la sanción
moratoria, planteando una lectura alternativa del ordenamiento jurídico que no
desvirtúa la razonabilidad de la decisión impugnada.

53. En consecuencia, al evidenciarse que la decisión se sustenta en normas
vigentes, en el precedente reiterado de esta corporación y en una interpretación
jurídicamente plausible, la Sala concluye que no se configura el defecto
sustantivo alegado, lo que impone negar el amparo constitucional frente a este
cargo.

54. Finalmente, es necesario recordar que el análisis que le corresponde
realizar al juez constitucional al estudiar la procedencia de tutela contra
providencia judicial no es de corrección sino de validez29, motivo por el cual solo
habrá lugar a amparar los derechos fundamentales en los eventos en los que se
advierta que el razonamiento es arbitrario o caprichoso.

55. En suma, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte
accionante con la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada para
confirmar la decisión de primera instancia y en consecuencia negar las
pretensiones respecto a la sanción moratoria, circunstancia que para la Sala no
conlleva la transgresión de derechos fundamentales.

56. Por lo tanto, al no hallarse estructurados los defectos invocados, la Sala
procederá a negar las pretensiones del amparo solicitado mediante la acción de
tutela presentada por la parte accionante en contra del Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca y el Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Cali.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Negar la solicitud de desvinculación presentada por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial – DEAJ por las razones expuestas en el
numeral 3.2.1. de la presente providencia.

Segundo: Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor
José Luis López Becerra, quien actúa a nombre propio, de acuerdo con los
argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

29
Corte Constitucional, sentencia SU 128 de 6 de mayo de 2021, magistrado ponente: Cristina Pardo Schlesinger.

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Accionante: José Luis López Becerra

Cuarto: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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