Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02369-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-02369-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02369-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02369-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
11 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., once (11) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2026-02369-001
Accionantes : Alba Mery Noreña Naranjo
Accionado : Juzgado Diecisiete (17) Administrativo de Medellín
Vinculados : Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión,
y Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
(UARIV)
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, auto que niega sancionar en
un incidente de desacato por orden de tutela
Decisión : Sentencia de primera instancia
1. Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela
incoada por la señora Alba Mery Noreña Naranjo contra el Juzgado Diecisiete (17)
Administrativo de Medellín, por la presunta vulneración de su derecho fundamental
al debido proceso.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico
2. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por la accionante frente a la providencia judicial objeto de censura; luego, revisará
lo relativo a la procedencia de la acción de tutela; y, finalmente, determinará lo que
corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela
3. La señora Alba Mery Noreña Naranjo, a nombre propio, interpuso el presente
recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de su derecho fundamental
al debido proceso, que considera vulnerado por el Juzgado Diecisiete (17)
1
Expediente electrónico disponible en SAMAI.
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02369-00
Accionantes: Alba Mery Noreña Naranjo
Accionado: Juzgado Diecisiete (17) Administrativo de Medellín
Administrativo de Medellín.
4. Por consiguiente, solicitó «[…] que se re abra (sic) e (sic) incidente de desacato con radicado
2026-0004 hasta que se de (sic) cumplimiento al fallo de tutela»
1.3 Hechos2
5. La accionante Alba Mery Noreña Naranjo acreditó su condición de víctima de
desplazamiento forzado ante la Unidad para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas, la cual, reconoció su derecho a la indemnización administrativa, por
el hecho victimizante de desplazamiento forzado 3, mediante la Resolución
04102019-104710 del 14 de diciembre de 2019.
6. En vista de ello, la ciudadana radicó una petición el 3 de diciembre de 2025 con
el propósito de obtener detalles sobre el estado del trámite de desembolso de su
indemnización. Al no obtener una respuesta clara y de fondo a la solicitud,
presentó una acción de tutela bajo el radicado 05001-33-33-017-2026-00004-00.
Inicialmente, el Juzgado Diecisiete (17) Administrativo de Medellín amparó el
derecho fundamental de petición mediante fallo del 26 de enero de 2026 al
considerar que la actora no contaba con una respuesta clara y de fondo a su
solicitud.
7. Posteriormente, la Sala Sexta de Oralidad del Tribunal Administrativo de
Antioquia, mediante sentencia del25 de febrero de 2026, confirmó parcialmente la
sentencia de primera instancia y adicionó el ordinal segundo de la providencia para
precisar que la petición había sido presentada el 3 de diciembre de 20254, al tiempo
que, ordenó emitir una respuesta de fondo.
8. La interesada promovió incidente de desacato el 26 de febrero de 2026,
aduciendo el incumplimiento de la sentencia. El Juzgado Diecisiete (17)
Administrativo de Medellín denegó la apertura del incidente mediante auto del 19
de marzo de 2026, bajo el argumento que la autoridad administrativa ya se había
2
Visibles en el escrito de tutela en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 2, archivo 1.
3
Reconocida como tal en el Registro único de Victimas – RUV.
4
La orden del juez de primera instancia era la siguiente: «SEGUNDO: En consecuencia, se ORDENA a la UNIDAD PARA LA
ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS – UARIV que dentro de las setenta y dos (72) horas hábiles
siguientes a la notificación de esta decisión emita una respuesta clara, precisa, congruente y de fondo sobre la solicitud
presentada por la accionante el 27 de junio de 2025» (negrilla fuera del texto original).
2
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02369-00
Accionantes: Alba Mery Noreña Naranjo
Accionado: Juzgado Diecisiete (17) Administrativo de Medellín
pronunciado de fondo sobre la petición en un memorial remitido a aquella el 13 de
marzo de 2026.
9. En dicha respuesta, la UARIV le indicó lo siguiente:
En este orden de ideas, me permito informarle, señora ALBA MERY NOREÑA
NARANJO, que por el hecho victimizante de desplazamiento forzado su solicitud fue
atendida de fondo mediante la Resolución Nº. 04102019-104710 - del 14 de
diciembre de 2019, en caso de que no se haya notificado de la misma. Ahora bien,
por medio de dicha resolución se decide sobre el reconocimiento de la medida de
indemnización administrativa a la que hacen referencia el artículo 132 de la Ley 1448
de 2011 y los artículos 2.2.7.3.1 y siguientes del Decreto Único Reglamentario 1084
de 2015
Teniendo en cuenta que la señora ALBA MERY NOREÑA NARANJO, NO acreditó
contar con 68 años o más, tener discapacidad o padecer de una enfermedad
huérfana, ruinosa, catastrófica o de alto costo, el pago los recursos de la
indemnización dependerá de la aplicación del proceso llamado Método Técnico de
Priorización. Así las cosas, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1049 de
2019 y luego realizar todas las gestiones técnicas y operativas, la Unidad para las
Víctimas, aplica el Método Técnico de Priorización a la totalidad de personas que
tienen el reconocimiento del derecho a la medida de indemnización, así como
también a las personas que no alcanzaron el puntaje mínimo dentro de la aplicación
del Método Técnico en las vigencias 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024, 2025 en ese
sentido una vez se cuente con los resultados de la VIGENCIA 2026.
10. En ese contexto, la accionante formula esta acción de tutela contra el
mencionado despacho judicial con el objetivo de obtener el amparo de su derecho
fundamental al debido proceso, pues, en su entender, el despacho judicial erró al
abstenerse de tramitar el incidente de desacato, en tanto, la respuesta de la
autoridad administrativa no fue ni clara ni de fondo si se tiene en cuenta que no se
le indicó la fecha de pago de la indemnización.
II. TRÁMITE PROCESAL
11. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, mediante auto del 7 de
abril de 2026, admitió la acción de tutela. En dicha decisión, se ordenó notificar al
Juzgado Diecisiete (17) Administrativo de Medellín y vincular como terceros con
interés a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UAE) y al
Tribunal Administrativo de Antioquia.
2.1. Contestaciones de la acción
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02369-00
Accionantes: Alba Mery Noreña Naranjo
Accionado: Juzgado Diecisiete (17) Administrativo de Medellín
1.2.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia5 adujo que «[…] se atiene a los
argumentos expuestos en la decisión que se ataca vía tutela, sin perjuicio de señalar que estamos
prestos y atentos a acatar lo que su Despacho disponga».
1.2.2. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV6
alegó que la accionante «[…] NO acreditó contar con 68 años o más, tener discapacidad o
padecer de una enfermedad huérfana, ruinosa, catastrófica o de alto costo», por lo que «[…] el
pago los recursos de la indemnización dependerá de la aplicación del proceso llamado Método
Técnico de Priorización», razón por la cual, no ha vulnerado los derechos
fundamentales de la señora Noreña Naranjo.
1.2.3. El Juzgado Diecisiete (17) Administrativo de Medellín 7 alegó que no ha
vulnerado los derechos fundamentales de la actora, en tanto la UARIV dio una
respuesta clara, precisa y de fondo a la solicitud formulada en el derecho de
petición. Recalcó que, aunque no obtuvo el pago de la indemnización, la entidad le
indicó que, en este momento, no se encuentra priorizada y que el pago se irá
logrando en la medida en que existan recursos dispuestos para tal fin.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
12. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en
virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de
2017 y 333 de 2021.
3.2. La acción
13. La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada
por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, como
mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos fundamentales,
permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante
un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera que
resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa
5
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 10, archivo 22.
6
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 11, archivo 25.
7
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índices 14, archivo 32.
4
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02369-00
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judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede
como mecanismo transitorio.
3.3. Problema Jurídico
14. Se contrae a determinar si es dable, a través de la acción de tutela, examinar el
eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar la
providencia del 25 de febrero de 2026, por medio de la cual, el Juzgado Diecisiete
(17) Administrativo de Medellín se abstuvo de abrir el incidente de desacato contra
la UARIV, al encontrar que mediante memorial del 13 de marzo de 2026 le habría
brindado respuesta clara, precisa, congruente y de fondo a su solicitud sobre el
pago de la indemnización administrativa al que tiene derecho.
3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales
15. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 8 y de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado9, es posible acudir
a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.
16. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
8
Sentencia C-590 de 2005.
9
Sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
5
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02369-00
Accionantes: Alba Mery Noreña Naranjo
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un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
17. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos
fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede
cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en
eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se
trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.
18. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que: (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, por cuanto recae sobre la presunta vulneración
de su derecho fundamental al debido proceso, con ocasión, a su juicio, de un
defecto fáctico; (ii) contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno,
pues se trata de un auto que se abstuvo de sancionar a la UARIV en el marco de
un incidente de desacato y contra dicha providencia no procede recurso alguno10;
10
Corte Constitucional, sentencia T 029 de 2025.
6
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Accionantes: Alba Mery Noreña Naranjo
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(iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las
aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, en la
medida en que, la providencia atacada quedó ejecutoriada el 9 de julio de 202511 y
la solicitud de amparo se radicó el 22 de diciembre12 siguiente, es decir, dentro de
los seis meses; y (v) la decisión acusada no obedece a un fallo de tutela.
19. Debido a que se cumplen los presupuestos anteriores, la Sala analizará el fondo
del asunto bajo la causal específica denominada defecto fáctico. Si bien la
accionante no indicó un defecto específico a conocer, lo cierto es que del relato de
los hechos y de los argumentos expuestos se desprende que su inconformidad
radica en que la entidad accionada no valoró adecuadamente la respuesta de la
UARIV a su petición13.
3.4.1 Defecto fáctico
20. Sea lo primero anotar que una providencia judicial se encuentra viciada por
defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin
contar con supuestos ciertos, esto es, «[…] surge cuando carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión» 14. Así mismo, este
defecto se da cuando «[…] el error en el juicio valorativo de la prueba [es] de tal entidad que
sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo [tenga] una incidencia directa en la decisión» 15.
21. Así, la Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos
aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no
apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión (negativa) ocurre en el evento
en que el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa
u omite su valoración y, sin una razón válida, da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente16. Se exige que el error
en la valoración probatoria sea ostensible, flagrante y manifiesto, es decir, que
11
El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 2 de julio de 2025, motivo por el cual
aquella se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 4 de julio, conforme al artículo 205 (numeral 2) del CPACA.
Notificación visible en el expediente electrónico del proceso 05001-33-33-022-2017-00604-01, índice 35.
12
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 2, archivo 5.
13
Esta determinación se adopta con la finalidad de garantizar el derecho al acceso a la administración de justicia de una
persona que fue víctima del conflicto armado.
14
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
15
Corte Constitucional, sentencia T-567 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
16
Corte Constitucional, sentencias T-239 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-567 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz; T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
7
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02369-00
Accionantes: Alba Mery Noreña Naranjo
Accionado: Juzgado Diecisiete (17) Administrativo de Medellín
tenga la capacidad de impactar de manera definitiva la decisión de fondo y, por lo
tanto, que afecte directamente los derechos del accionante.
3.5 Caso concreto
22. La accionante expone que el Juzgado Administrativo, en el auto del 19 de marzo
de 2026, no analizó adecuadamente el incumplimiento de la orden contenida en el
fallo del Juzgado Diecisiete (17) Administrativo de Medellín del 26 de enero de
2026, confirmada por el Tribunal Administrativo de Antioquia en la sentencia del 25
de febrero de 2026.
23. Al respecto, el Juzgado demandado, al proferir el auto que ahora se cuestiona,
consideró lo siguiente:
«La accionante manifiesta que la entidad no ha dado respuesta de fondo, de manera que
de momento el fallo no había sido acatado por la entidad accionada.
Por ello, en auto del 13 de marzo de 2026 se dispuso la apertura de trámite incidental en
contra de la Dra. JULIETH NAYIBE MORENO VARGAS, directora técnica de reparaciones
y al Dr. FABIO ANDRÉS SANDOVAL BELLO subdirector de reparación individual de la
UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS – UARIV,
advirtiendo que se escucharían sus razones de defensa y se analizarían las pruebas que
aportaran al proceso, aclarando que posterior a la sentencia, la entidad presentó un escrito
titulado “informe de cumplimiento” y que este también sería analizado.
Adicionalmente, se observa que en memorial del mismo día, la UNIDAD PARA LA
ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS – UARIV se pronunció al
respecto así:
• En primer lugar, que la accionante tiene reconocido el derecho a la indemnización,
mediante acto administrativo en firme, pero el pago está sujeto al Método Técnico de
Priorización, previsto en la Resolución 1049 de 2019, expedida en cumplimiento del Auto
206 de 2017 de la Corte Constitucional.
• Informó que la accionante no acreditó condiciones de extrema vulnerabilidad (edad
avanzada, discapacidad o enfermedad catastrófica), por lo cual su solicitud fue tramitada
por la ruta general, y el pago depende de la disponibilidad presupuestal y del puntaje
obtenido en el método técnico.
• De otro lado, informa que el resultado del método técnico aplicado en la vigencia 2025 fue
no favorable, situación que no implica negación del derecho, sino que determina que el caso
sea revaluado en la vigencia siguiente (2026), conforme a las reglas del procedimiento.
• Así las cosas, la accionante se informó oportunamente a la accionante sobre el estado de
su trámite, los resultados de la medición y las posibilidades de aportar nuevos soportes
médicos para una eventual priorización, garantizando el derecho de petición y el debido
proceso administrativo
De acuerdo con lo informado por la entidad accionada en este memorial, en efecto la
comunicación fue clara y resolvió los puntos que el Juzgado indicó en el fallo, esto es, el
estado del trámite, que se encuentra en ruta general y que no es viable expedir la carta
cheque u orden de pago conforme al procedimiento administrativo que debe seguirse.
8
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02369-00
Accionantes: Alba Mery Noreña Naranjo
Accionado: Juzgado Diecisiete (17) Administrativo de Medellín
Así las cosas, esta agencia judicial no encuentra razones para considerar que la accionada
incurrió en desacato de la orden judicial, pues la respuesta brindada fue clara e indicó todo
lo que la accionante debe saber sobre su trámite.»
24. Ahora bien, es relevante recordar que, la orden impartida en sede de tutela, se
dio en los siguientes términos:
SEGUNDO: En consecuencia, se ORDENA a la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y
REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS – UARIV que dentro de las setenta y dos (72)
horas hábiles siguientes a la notificación de esta decisión emita una respuesta clara, precisa,
congruente y de fondo sobre la solicitud presentada por la accionante el 3 de diciembre de
2025
25. La accionante promovió un incidente de desacato aduciendo el incumplimiento
de la orden de pago. El Juzgado Diecisiete (17) Administrativo de Medellín
mediante providencia del19 de marzo de 2026 decidió no sancionar a los
funcionarios de la UARIV, pues, encontró que la orden judicial originaria amparó el
derecho de petición y exigió una contestación de fondo
26. En este contexto la respuesta brindada por la UARIV le indicó puntualmente (i)
que la actora tiene derecho a la indemnización administrativa; (ii) que aquella no
acreditó en esa o esta oportunidad condiciones de extrema vulnerabilidad; (iii) le
informó el método técnico aplicado para priorizar los pagos según la disponibilidad
del presupuesto para tal finalidad; y (iv) que la misma puede aportar información o
certificados que la habiliten para ser priorizada en caso de tener derecho a ello.
27. De acuerdo con lo expuesto, la Sala concluye que, en el presente asunto, no se
configura el defecto alegado. Por el contrario, lo que se observa es una clara
inconformidad con la decisión adoptada porque no atiende los intereses de la
accionante, lo que de ninguna forma puede ser interpretado como vulnerador de
derechos fundamentales.
28. Por último, debe reiterarse el criterio de esta Sala en cuanto a que el
razonamiento que efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, forma
parte de su autonomía e independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez
de tutela cuando no observa vulneración de derechos fundamentales que haga
necesaria su intervención.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02369-00
Accionantes: Alba Mery Noreña Naranjo
Accionado: Juzgado Diecisiete (17) Administrativo de Medellín
III. DECISIÓN
29. Por las razones expuestas, la Sala considera que, la providencia del 25 de
febrero de 2026, proferida por el Juzgado Diecisiete (17) Administrativo de Medellín,
no adolece del defecto fáctico, por lo que, se negarán las pretensiones de la acción.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso,
invocado por la señora Alba Mery Noreña Naranjo, por las razones expuestas en
las consideraciones de esta sentencia judicial.
SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y en los términos previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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