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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02371-00

Fecha
8 de mayo de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02371-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Arturo Rivas García contra el Tribunal Administrativo de Antioquia por no superar el requisito de relevancia constitucional, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito, en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02371-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

8 de mayo de 2026

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02371-00
Accionante: Arturo Rivas García

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02371-00
Accionante: Arturo Rivas García
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial-carácter subsidiario del amparo. Requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. Improcedencia -
Relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por Arturo Rivas García contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Arturo Rivas García, por intermedio de apoderado judicial1, interpuso acción de tutela
en procura de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva, a la confianza
legítima, a la igualdad y a la seguridad jurídica y el principio pro homine2, los cuales
estima vulnerados por el Tribunal Administrativo de Antioquia, con ocasión de la
sentencia proferida el 29 de septiembre de 2025, mediante la cual se confirmó la
decisión del 31 de enero de 2023 dictada por el Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito de Turbo, que negó las pretensiones de la demanda dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado número
05837-3333-002-2021-00080-00/01.

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica:

1 Poder conferido al abogado Yobany Alberto López Quintero. Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado
95711FAB62ADCAB9 298717FFD376A736 5407469E7410C01A CC92456FCEBDF11F.
2 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 51238E9F8BB91DD8 FFDB83C9FC206538 7FC91BD3560406D5

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02371-00
Accionante: Arturo Rivas García

2.1. El señor Arturo Rivas García presentó petición ante la Secretaría de Educación y
Cultura del municipio de Apartadó, en la que solicitó el reconocimiento de la pensión
por aportes consagrada en la Ley 71 de 1988, al considerar que se encuentra
enmarcado en el régimen de transición de la Ley 812 de 2023 por encontrarse
vinculado al servicio oficial de docente desde antes del 26 de junio de 2003.

2.2. La Secretaría de Educación y Cultura del Municipio de Apartadó, a través de la
Resolución No. 478 del 3 de diciembre de 2019, negó la solicitud de reconocimiento de
pensión por aportes del señor Arturo Rivas.

2.3. Ante dicha negativa, el señor Rivas García formuló demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación-Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio. En dicha
demanda solicitó declarar la nulidad de la Resolución No. 478 del 3 de diciembre de
2018 y, a título de restablecimiento del derecho, el reconocimiento de su derecho
pensional a partir del 10 de marzo de 2020, conforme al régimen previsto en la Ley 71
de 1988.

2.4. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
Judicial de Turbo3, bajo el radicado número 05837-3333-002-2021-00080-00, autoridad
que, mediante sentencia del 31 de enero de 2023, negó las pretensiones de la
demanda, al considerar que el accionante no cumplía los requisitos para acceder a la
pensión por aportes.

El Juzgado concluyó que el actor no satisfacía los requisitos de la Ley 33 de 1985, en
tanto no se acreditó la prestación de veinte (20) años de servicios como docente en el
sector público. Por el contrario, se demostró que el señor Rivas García cotizó tres (3)
años, un (1) mes y veintidós (22) días en el sector privado, y dieciséis (16) años, dos
(2) meses y cuatro (4) días en el sector público, para un total de diecinueve (19) años,
cuatro (4) meses y ocho (8) días.

Asimismo, señaló que para acceder al régimen de la Ley 71 de 1988 era necesario
cumplir las condiciones del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, las cuales, a
su juicio, no se acreditaron, dado que el accionante no demostró haber cotizado quince
(15) años ni tener cuarenta (40) años de edad para la fecha exigida.

En consecuencia, determinó que el régimen pensional aplicable correspondía al
previsto en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. No obstante, advirtió que, al momento
de la solicitud, el actor no cumplía los requisitos allí establecidos, en tanto no acreditó
mil trescientas (1300) semanas de cotización ni la edad requerida. Por ello, negó las
pretensiones.

3 Índice 00012 del aplicativo SAMAI, certificado 933544938272DD8C 2FE5D7CDC420800C B40B6400BB378081

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Accionante: Arturo Rivas García

2.5. Inconforme con dicha decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación, el
cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Antioquia4 mediante sentencia del 29
de septiembre de 2025. En esa providencia se confirmó la decisión de primera
instancia, al estimar que el accionante no cumplía los requisitos para el reconocimiento
de la pensión por aportes.

El Tribunal consideró que el actor sí reunía las condiciones para acogerse al régimen
pensional de la Ley 71 de 1988, dado que se probó que inició la prestación de sus
servicios como docente antes de la expedición de la Ley 812 de 2003.

No obstante, concluyó que el señor Rivas García no acreditó los requisitos sustanciales
para el reconocimiento de la prestación, pues únicamente demostró dieciséis (16) años,
dos (2) meses y cuatro (4) días de aportes, y no los veinte (20) años exigidos por la
normativa aplicable.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud5

La parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados. En
consecuencia, pidió dejar sin efectos la sentencia proferida el 29 de septiembre de
2025 por el Tribunal Administrativo de Antioquia dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 05837-33-33-002-2021-
00080-01 y, en su lugar, ordenar la expedición de una decisión de reemplazo conforme
a las pretensiones formuladas en el proceso ordinario.

Para sustentar su solicitud, alegó la configuración de los siguientes defectos:

3.1. Desconocimiento de precedente. Sostuvo que el Tribunal Administrativo de
Antioquia desconoció el precedente del Consejo de Estado, el cual, a su juicio
determina que para acceder a la pensión por aportes consagrada en la Ley 71 de 1988,
no es necesario acreditar la cotización de 20 años de aportes, sino que basta la
acreditación de la prestación de 20 años de servicio, independientemente de que se
haya efectuado o no aportes a la seguridad social en ese periodo.

En ese sentido, el accionante manifestó que la autoridad judicial accionada se apartó
del precedente fijado en las providencias emitidas por el Consejo de Estado,
específicamente: la Sección Segunda - Subsección A, en sentencia del 11 de febrero
de 2021; la Sección Segunda - Subsección A, en sentencia del 7 de abril de 2022; la
Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 23 de mayo de 2023; la Sección
Segunda - Subsección B, en sentencia del 12 de septiembre de 2024; Sección Segunda
– Subsección B, en sentencia del 19 de septiembre de 2024; la Sección Segunda –
Subsección A, en sentencia del 30 de enero de 2025, y la Sección Segunda –
Subsección B, en sentencia del 19 de junio de 2025.

4 Índice 00014 del aplicativo SAMAI, certificado 1A5C30D7240C5B58 48540F1D9552BE1B 83A51D5598ECCF8B

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5 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 51238E9F8BB91DD8 FFDB83C9FC206538 7FC91BD3560406D5

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02371-00
Accionante: Arturo Rivas García

3.2. Defecto fáctico. Sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en una
indebida valoración probatoria, en tanto omitió realizar un examen integral del material
probatorio que reposaba en el expediente. En particular, indicó que el Tribunal
Administrativo de Antioquia no valoró las pruebas que, a juicio del accionante, acreditan
que laboró una mayor cantidad de periodos que los reconocidos por la autoridad judicial
accionada.

En concreto, manifestó que el Tribunal no valoró un conjunto de copias de contratos y
certificaciones que acreditan la prestación de sus servicios mediante contratos de
prestación de servicios, lo cual calificó como “una arbitrariedad judicial en el juicio
valorativo de la prueba, ya que atenta flagrantemente contra los derechos y valores
constitucionales”.

Asimismo, el accionante manifestó que, a su criterio, la valoración de este material
probatorio pudo haber suscitado una decisión distinta por parte del Tribunal
Administrativo de Antioquia, en tanto se hubiera acreditado los 20 años de prestación
de servicios exigidos por la Ley 71 de 1988 y el consiguiente reconocimiento de la
pensión por aportes.

4. Trámite de tutela e intervenciones

Mediante auto del 27 de marzo de 20266 la magistrada ponente admitió la acción de
tutela; vinculó, en calidad de terceros con interés a la Nación- Ministerio de Educación
• Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y al Juzgado Tercero
Administrativo Oral del Circuito de Turbo Antioquia. Asimismo, ofició a las autoridades
judiciales para que, quien tuviera a su cargo el expediente identificado con el radicado
núm. 05837-33-33-002-2021-00080-00/01, lo remitiera a este trámite constitucional;
asimismo, se ordenó notificar a las partes y se dispuso la suspensión de los términos.

Surtido el trámite de notificación, se recibieron las siguientes intervenciones:

4.1 El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Turbo Antioquia7,
remitió copia digital del expediente ordinario al presente trámite constitucional.

Asimismo, realizó un resumen de las actuaciones procesales que se han surtido en
este caso: describió que conoció el caso por una redistribución de procesos, se encargó
de surtir las etapas procesales de conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de
2011 y profirió sentencia el 31 de enero de 2023, la cual fue notificada el 3 de febrero
de 2023. Igualmente, indicó que concedió el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante, el cual fue estudiado por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
quien confirmó la decisión del Juzgado.

6 Índice 00005 en el aplicativo SAMAI, certificado 321C7BD86C49158C 3A982F913FE16D30
D1C2B6A8EAC8AB17 7E4F4B27FECC7C0A
7Índice 00012 en el aplicativo SAMAI, certificado 7CE512BA21891C82 35C3A74772291B37 2F77A21A95F6AF5B

C57BF5D83398FE36

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02371-00
Accionante: Arturo Rivas García

Por último, señaló que remitió el proceso al Juzgado Segundo Administrativo Oral de
Apartadó – Antioquia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Acuerdo N°
CSJANTA25-199 del 29 de septiembre de 2025.

4.2 La Nación-Ministerio de Educación Nacional8 solicitó que se declare la
improcedencia de la acción por ausencia de relevancia constitucional, en tanto la
controversia versa sobre un asunto de contenido eminentemente económico.

Indicó que, en el caso concreto, no se demuestra que las presuntas vulneraciones a
los derechos fundamentales invocados comprometan de manera grave la existencia o
subsistencia del accionante, ni su acceso a la administración de justicia. Asimismo,
señaló que tampoco se acreditó la existencia de una vulneración indirecta de derechos
fundamentales, en los términos desarrollados por la jurisprudencia constitucional.

Adicionalmente, solicitó su desvinculación del trámite, al considerar que no es la
autoridad responsable de la presunta vulneración de los derechos fundamentales
alegados.

4.3 El Tribunal Administrativo de Antioquia9, allegó copia digital del expediente
ordinario al presente trámite constitucional.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con
lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, en tanto
Arturo Rivas García es el titular de los derechos fundamentales que afirman fueron
vulnerados, en su condición de demandante dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, identificado con el radicado núm. 05837-3333-002-2021-
00080-00/01.

2.2. De igual manera, se encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva,
por cuanto el Tribunal Administrativo de Antioquia fue la autoridad que profirió la
decisión que, según la parte accionante, vulneró sus derechos fundamentales.

8 Índice 00016 en el aplicativo SAMAI, certificado 84E27F87DDE63B36 F4F9066AD6B5DA5E A320501048F530C6

790DFE03DC3FC01B.
9 Índice 00014 en el aplicativo SAMAI, certificado B073879FCCF55832 86E486FFBE6F3FCC 6F11CE5124387DD9

6CFE8D349D1A2749.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02371-00
Accionante: Arturo Rivas García

3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.
En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los argumentos
expuestos por la parte accionante.

4. Procedibilidad de la acción.

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200510 indicó que estas proceden si
se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general,
que habilitan la interposición de la tutela11 y otros de carácter específico, que tocan con
la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto12.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no
es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona
pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por
parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”13.

10 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
11 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento

de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de
acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse
la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima
violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la
vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo
censurado no sea de tutela
12
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo
en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el
que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en
contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error
inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión
que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces
desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta
Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.
12 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
13 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02371-00
Accionante: Arturo Rivas García

4.1. Relevancia constitucional.

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las
decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto
exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el
asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una
clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez
constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que
garantiza la autonomía e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción
de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”14.

En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate
en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que
la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el reparo
formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.

Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales,
el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;
ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez constitucional se
establezca, exclusivamente, ante graves defectos constitucionales.

Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte
de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del

14 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02371-00
Accionante: Arturo Rivas García

juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en
la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya
que el asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto
más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de
la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.

Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir
con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha
hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa
ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos
definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control
constitucional concreto15.

5. Caso concreto

La Sala advierte, que la presente acción de tutela no satisface el requisito de relevancia
constitucional, por las razones que se exponen a continuación:

5.1. La parte actora cuestiona la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, al considerar que incurrió en: (i) un defecto por desconocimiento del
precedente, en tanto, a su juicio, el Consejo de Estado accede al reconocimiento de la
pensión por aportes sin necesidad de haber efectuado 20 años de aportes al sistema
de seguridad social; (ii) un defecto fáctico, derivado de una presunta indebida
valoración probatoria, en la medida en que, según afirma, no valoró en su totalidad la
pruebas obrantes en el expediente.

5.2. Ahora bien, del análisis de los aspectos abordados por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, se advierte que, en la sentencia del 29 de septiembre de 2025, dicha
autoridad judicial arribó a las siguientes conclusiones:

“En esas condiciones, el señor Arturo Rivas García demostró que laboró para
diferentes empresas privadas desde el 10 de junio de 1993 y como docente a
través de órdenes de prestación de servicios de manera interrumpida para la
Institución Educativa Policarpa Salavarrieta desde el 08 de febrero de 2000 hasta
el 22 de noviembre de 2001 y para la Secretaría de Educación del municipio de
Apartadó entre el 21 de mayo de 2002 y el 11 de junio de 2004.

Además, el demandante probó que a partir del 28 de julio de 2004 se vinculó al
servicio de la docencia oficial en principio en provisionalidad en la Secretaría de
Educación del municipio de Apartadó, posteriormente en propiedad como docente
del Departamento de Antioquia a través de relación legal y reglamentaria.

(…)

Así las cosas, se encuentra acreditado que el señor Arturo Rivas García ingresó
al servicio público docente el 08 de febrero de 2000, vinculación que se produjo
con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 y por ende no le

15 Cfr. sentencia C-590 de 2005.

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Accionante: Arturo Rivas García

resultaba aplicable el régimen pensional de prima media previsto en las Leyes 100
de 1993 y 797 de 2003.

Ahora, como se advierte la realización de aportes al extinto al Instituto de Seguros
Sociales (ISS), hoy Colpensiones por labor efectuada en entidades privadas, es
claro que el régimen pensional que gobierna la prestación del actor es el contenido
en la Ley 71 de 1988, el cual aplica a los docentes que no han servido al Estado
en toda su vida laboral, sino que lo han hecho prestando sus servicios en
entidades públicas y privadas con cotizaciones para pensión al ISS.

Adicionalmente, según certificado allegado por Colpensiones, el señor Arturo
Rivas García acreditó haber efectuado aportes por los períodos laborados al
servicio de empresas privadas, así como de manera independiente durante la
ejecución de los contratos de prestación de servicios como docente, de la
siguiente forma:

Al respecto, debe precisar la Sala que, si bien el actor laboró como docente por
prestación de servicios durante desde el 01 de agosto hasta el 31 de diciembre de
2003 y desde el 01 hasta el 31 de marzo 2004, dichos períodos no serán tenidos
en cuenta por no haberse efectuado los respectivos aportes. Además, tampoco se
tendrán en consideración aquellos efectuados por posterioridad al 01 de febrero
de 2008, como quiera que el demandante desde el 28 de julio de 2004 ya se
encontraba afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

De modo que, el demandante acreditó un total de tiempos privados cotizados de
3 años, 1 mes y 22 días.

Por su parte, según consta en el Formato Único para la Expedición de Certificado
de Historia Laboral generado por la Secretaría de Educación del municipio de
Apartadó, el actor laboró en el sector público como docente de dicho ente
territorial, durante los siguientes lapsos:

Conforme a lo expuesto, teniendo en cuenta la interrupción de la prestación del
servicio como docente desde el 09 de enero hasta el 01 de marzo de 2006, el

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Accionante: Arturo Rivas García

señor Rivas García certificó un total de 16 años, 2 meses y 04 días en el sector
público.

Así las cosas, el demandante acreditó haber acumulado un total de 19 años, 4
meses y 8 días de servicio en los sectores público y privado, lo que hace inviable
el reconocimiento de una pensión de jubilación por aportes en su favor, al no
haberse superado el requisito de 20 años de aportes consagrado en el artículo 7°
de la Ley 71 de 1988.

En el presente caso, si bien la vinculación se produjo con anterioridad a la entrada
en vigor de la Ley 812 de 2003, resultando aplicable el régimen pensional especial
contenido Ley 71 de 1988, lo cierto es que el actor no cumplió con el requisito
relacionado a los tiempos de aportes, y en tal sentido la decisión de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda debe mantenerse”16.

5.3 Así las cosas, la Sala observa que el Tribunal Administrativo de Antioquia expuso
de manera suficiente, clara y razonada los motivos por los cuales no resultaba
procedente acceder a las pretensiones de la demanda, en tanto analizó los elementos
probatorios obrantes en el expediente y justificó la valoración otorgada a ellos.

La Subsección advierte que la autoridad judicial accionada reconoció expresamente
que el señor Rivas García prestó sus servicios como docente por un tiempo superior al
lapso en que acreditó el pago de aportes a seguridad social. Sin embargo, esos años
no pueden tenerse en cuenta en el conteo para determinar el acceso a la pensión por
aportes de conformidad con la Ley 71 de 1988, la cual dispone que:

“Artículo 7. A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y
trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier
tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que
hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial,
comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a
una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más
si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer”17 (negrilla fuera del
texto).

Así las cosas, la Sala advierte que la norma dispone con claridad que no es suficiente
la prestación de servicios durante 20 años para reconocer la pensión por aportes en
favor del accionante, sino que en efecto se debe demostrar que en ese mismo lapso
se hayan realizado los aportes respectivos al sistema de seguridad social.

De esta manera, el Tribunal accionado valoró las pruebas pertinentes para determinar
el requisito dispuesto en la norma recién citada, las cuales son los certificados emitidos
por COLPENSIONES y la Secretaría de Educación del municipio de Apartadó, en tanto
estos permitieron evidenciar los años en que se efectuó el pago de aportes como
criterio determinante para el reconocimiento pensional.

16 Índice 00014 del aplicativo SAMAI, certificado 1A5C30D7240C5B58 48540F1D9552BE1B 83A51D5598ECCF8B

6F5B8705FDC75C9E
17 Ley 71 de 1988, artículo 7

10

0000
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02371-00
Accionante: Arturo Rivas García

Igualmente, se debe tener presente que la configuración de un defecto fáctico supone
que la valoración de una prueba cuyo estudio fue omitido durante el proceso tiene la
potencialidad de cambiar el sentido de la decisión tomada por la autoridad judicial. Sin
embargo, el señor Rivas García se limitó a solicitar la valoración de certificados de
trabajo, que por sí mismos no constituyen un insumo para cumplir la exigencia
normativa, y no alegó la falta de valoración de una prueba encaminada a constatar que
realizó el pago de aportes por un periodo superior al reconocido por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, lo que sí hubiera tenido incidencia en el sentido del fallo.

Por lo anterior, se advierte que la autoridad accionada valoró el material probatorio
conforme a las reglas de la sana crítica, en ejercicio de su autonomía judicial y en
consonancia con los requisitos dispuestos con plena claridad en la Ley 71 de 1988.

Sobre el particular, la Sala reitera que el juez de tutela no está llamado a reabrir el
debate definido en el proceso ordinario; por consiguiente, no le corresponde efectuar
una nueva valoración probatoria ni interferir en la órbita de competencia del juez
natural.

5.4 Ahora bien, respecto al defecto por desconocimiento del precedente alegado por el
accionante, es preciso mencionar que para su configuración es indispensable recordar
que la Corte Constitucional de Colombia ha precisado que el desconocimiento del
precedente: “se genera cuando frente a un caso con los mismos hechos una autoridad
se aparta de los precedentes establecidos por los tribunales de cierre (precedente
vertical) o por los dictados por ellos mismos (precedente horizontal), sin cumplir con la
carga de justificar de forma suficiente y razonada por qué se cambia de precedente”18.

Asimismo, la Corporación ha manifestado que:

“[e]l precedente judicial es concebido como una sentencia previa que resulta
relevante para la solución de un nuevo caso bajo examen judicial, debido a que
contiene un pronunciamiento sobre un problema jurídico basado en hechos
similares, desde un punto de vista jurídicamente relevante, al que debe resolver
el juez. Como los supuestos de hecho similares deben recibir un tratamiento
jurídico similar, la sentencia precedente debería determinar el sentido de la
decisión posterior”19

De esta forma, para que se alegue el desconocimiento del precedente judicial, es
necesario constatar la existencia de una regla establecida en una sentencia previa y
demostrar que los elementos fácticos contenidos en aquella son idénticos a la
providencia cuestionada. Sin embargo, pese a que el accionante mencionó una serie
de sentencias que considera que fueron desconocidas por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, no sustentó la coincidencia de los hechos entre las sentencias que
considera desconocidas y la sentencia proferida por la autoridad judicial accionada.

18 Corte Constitucional, SU-068 de 2023
19 Corte Constitucional, SU-228 de 2021

11

0000
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02371-00
Accionante: Arturo Rivas García

Así las cosas, no es procedente encontrar probada la configuración del
desconocimiento del precedente, en tanto no se explicó los tipos de contratos
mediante los cuales estaban vinculados los docentes de las sentencias que alegó
como desconocidas ni el régimen pensional al que estos se encuentran adheridos.
Por ello, al carecer de la argumentación debida para encontrar probado el
desconocimiento de una regla jurisprudencial, no se encuentra constatada la
configuración de un defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial.

5.5. Pues bien, los elementos señalados en precedencia le permiten a la Sala inferir,
con claridad, que el debate planteado en este caso fue adecuadamente examinado por
el juez competente. Asimismo, no se aprecia que la decisión haya sido dictada de forma
arbitraria, sin respaldo o análisis de las pruebas y fundamentos normativos, ni que se
hayan trasgredido los derechos fundamentales de la parte actora durante el desarrollo
del proceso ordinario.

Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y
explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a través
del amparo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de manera clara
que no basta la simple mención de la vulneración de los derechos al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia, sino que, para entender como acreditado el
requisito general de procedencia de relevancia constitucional, se requiere demostrar:
i) su existencia; ii) su carácter desproporcionado; y iii) su carácter arbitrario. Así, quien
acude a la tutela debe aportar elementos suficientes que permitan al juez constitucional
advertir tal vulneración20.

Por lo tanto, es claro que no basta con realizar simples afirmaciones con la intención
de lograr que su tesis sea acogida, sino que lo que se requiere es que la parte actora
presente sus reparos de cara a los derechos fundamentales que considera vulnerados
y eleve su argumentación a rango constitucional.

A partir de lo anterior, para la Sala es claro que la parte actora pretende imponer su
interpretación sobre las consideraciones expuestas por la autoridad enjuiciada, así
como reiterar su discrepancia frente a la decisión adoptada y continuar con el debate
surtido en el trámite del proceso primigenio. Bajo estas condiciones, la Subsección
estima que la acción de tutela formulada está encaminada a continuar con el debate
surtido en el marco del proceso ordinario y se pretende emplear este mecanismo
constitucional como una instancia adicional para expresar su inconformidad con la
decisión adoptada por la autoridad judicial.

5.6. Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria,
por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión

20 Corte Constitucional, SU-215 de 2022.

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0000
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02371-00
Accionante: Arturo Rivas García

proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que
ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como si
fuera una instancia adicional a lo ya surtido.

En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada21, lo que se opone a que use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario22.

En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia de la presente acción de tutela
por no superar el requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Arturo
Rivas García contra el Tribunal Administrativo de Antioquia por no superar el requisito
de relevancia constitucional, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito,
en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado

MCMM

21 SU-215 de 2022.
22 Ibid.

13

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