RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-02389-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02389-00

Fecha
4 de junio de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02389-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Negar las solicitudes de desvinculación del Ministerio de Educación Nacional, la Gobernación del Tolima - Secretaría de Educación del Tolima y la Fiduprevisora S.A., por las razones expuestas. 2. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora Rocío Vergel Ramírez en representación del menor M.S.G.V., por medio de apoderado, contra el Tribunal Administrativo del Tolima y otros, por las razones expuestas. 3. En caso de no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02389-00

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

4 de junio de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02389-00
Demandante: Rocío Vergel Ramírez en representación del menor M.S.G.V.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02389-00
Demandante: Rocío Vergel Ramírez en representación del menor
M.S.G.V.
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otros
Temas: Tutela contra actos administrativos – otro medio de
defensa judicial en curso – improcedencia de la tutela
como mecanismo transitorio.

Sentencia primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada, mediante apoderado, por la señora
Rocío Vergel Ramírez en representación del menor M.S.G.V.1 contra el Tribunal
Administrativo del Tolima, la Gobernación del Tolima – Secretaría de Educación y la
Fiduprevisora S.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 333
de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 25 de marzo de 2026, la señora Rocío Vergel Ramírez en representación del menor
M.S.G.V., a través de apoderado, interpuso acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Tolima, la Gobernación del Tolima – Secretaría de Educación y la
Fiduprevisora S.A., por considerar vulnerados los derechos fundamentales al mínimo
vital y al debido proceso. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

«1- AMPARAR, como mecanismo transitorio, los derechos fundamentales al mínimo vital,
seguridad social, debido proceso y la protección especial de los derechos de los niños (Art.
44 CP) del menor MSGV, los cuales resultan vulnerados por la dilación administrativa y
judicial de más de cinco (5) años en el reconocimiento de su retroactivo pensional.

2- ORDENAR a la GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN y a
FIDUPREVISORA S.A. que, de manera inmediata y sin más dilaciones, procedan al pago
del retroactivo pensional reconocido en la sentencia de primera instancia del 5 de marzo
de 2025, independientemente de que el recurso de apelación se encuentre en trámite.
Esto, con el fin de evitar la consumación de un perjuicio irremediable sobre el sustento del
menor.

3- SOLICITAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA que, en virtud de la
prevalencia de los derechos del menor y el carácter de sujeto de especial protección
constitucional del accionante, se dé trámite preferencial y celeridad absoluta a la resolución
del recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada dentro del radicado 73001-
33-33-008-2022-00302-00.

1
En atención a que se trata de un menor de edad, aplican la pautas de anonimización desarrolladas por la Corte Constitucional
en la Circular Interna núm. 10 de 2022.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02389-00
Demandante: Rocío Vergel Ramírez en representación del menor M.S.G.V.

4- ADVERTIR a las entidades accionadas que el ejercicio del derecho de defensa
(apelación) no puede convertirse en una herramienta de obstrucción para el goce de
derechos fundamentales de un menor, cuya prestación ya ha sido verificada y aceptada
en su existencia por la misma Fiduprevisora.»

2. Hechos:

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

Que dieron origen al medio de control

De la relación sentimental entre el señor Marco Antonio Góngora del Campo (fallecido)
y la señora Sandra Roció Vergel Ramírez (aquí tutelante), nació el menor M.S.G.V.

El señor Marco Antonio Góngora del Campo gozaba de una pensión de vejez, otorgada
mediante la Resolución 316 del 1 de marzo de 2004, emitida por la Secretaría de
Educación y Cultura del Tolima.

El señor Góngora del Campo falleció el 26 de mayo del 2017.

Mediante la Resolución 0582 del 2 de febrero del 2018, la Secretaría de Educación y
de Cultura del Tolima reconoció y pagó el 100 % del beneficio pensional a la señora
Ofelia Barrios Morales, por su calidad de compañera permanente.

El 30 de mayo del 2019, la demandante solicitó a la Secretaría de Educación y Cultura
del Tolima el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a favor de su hijo
menor M.S.G.V.

El 3 de febrero de 2021, la citada entidad profirió la Resolución 0664, por la cual
reconoció el 50 % de la sustitución pensional al citado menor a partir del 27 de mayo
del 2017.

El 11 de agosto de 2021, la Secretaría de Educación y Cultura del Tolima profirió la
Resolución 3230, mediante la cual aclaró de oficio el parágrafo 1º de la Resolución
0664 del 3 de febrero del 2021, en el sentido de que el reconocimiento de la sustitución
pensional a favor del menor M.S.G.V. operaría «a partir de la fecha de suspensión de
pagos a beneficiarios», y no desde el 27 de mayo de 2017.

El 22 de febrero del 2022, la tutelante solicitó aclaración de la Resolución 0664 del 3
de febrero del 2021, con el fin de que se le informara el monto y la fecha desde la cual
el menor M.S.G.V. recibiría el pago de la mesada de la sustitución pensional.

El 11 de marzo del 2022, la Secretaría de Educación y Cultura del Tolima, en respuesta
a la solicitud, manifestó que el pago de las mesadas de la pensión se cancelaba a
partir de la fecha de suspensión de pagos a beneficiarios, como así lo determinó la
Secretaría de Educación y de Cultura de la Gobernación del Tolima en la Resolución
3230 del 11 de agosto del 2021.

El 23 de septiembre del 2022, la parte demandante solicitó a la Secretaría de
Educación y de Cultura de la Gobernación del Tolima, el pago de retroactivo pensional.

El 18 de octubre del 2022, la Secretaría de Educación y Cultura de la Gobernación del
Tolima, mediante el oficio TOL2022ERO31768 – TOL2022EE030682, negó el pago
del retroactivo, al considerar, en síntesis, que: (i) bajo el principio de buena fe,
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02389-00
Demandante: Rocío Vergel Ramírez en representación del menor M.S.G.V.

mediante resolución en firme se había reconocido y pagado el 100 % de la sustitución
pensional a la señora Ofelia Barrios Morales en calidad de compañera permanente; (ii)
con posterioridad se reconoció el 50 % de la pensión al menor M.S.G.V. en calidad de
hijo del causante; y (iii) como los pagos iniciales se hicieron íntegramente a la primera
beneficiaria, el retroactivo solicitado debía reclamarse por la vía contencioso-
administrativa.

Del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 73001-33-33-008-
2022-00302-00/01

El 10 de noviembre de 2022, la señora Rocío Vergel Ramírez, en representación del
menor M.S.G.V. y a través de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de obtener la
nulidad de la Resolución 3230 del 11 de agosto del 2021 y del oficio
TOL2022ERO31768 – TOL2022EE030682 del 18 de octubre del 2022. Como
restablecimiento del derecho, pidió que se ordenara el pago del retroactivo pensional
al menor en los términos reconocidos en la Resolución 0664 del 3 de febrero del 2021.

El proceso correspondió por reparto al Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Ibagué, que mediante sentencia del 5 de marzo de 2025: (i) declaró la
nulidad de la Resolución 3230 del 11 de agosto del 2021 y del oficio
TOL2022ERO31768 – TOL2022EE030682 del 18 de octubre del 2022; (ii) ordenó a la
Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio reconocer y pagar a favor del menor M.S.G.V. el retroactivo pensional
correspondiente a la sustitución pensional reconocida mediante la Resolución 0664 del
3 de febrero de 2021, a partir del 27 de mayo de 2017 y hasta el pago de la primera
mesada en vía administrativa (23 de septiembre del 2021); y (iii) condenó en costas a
la entidad demandada.

El 21 de marzo de 2025, la entidad demandada interpuso recurso de apelación contra
la anterior sentencia2.

El 28 de abril de 20253, el proceso se radicó en el Tribunal Administrativo del Tolima,
el cual, mediante providencia del 11 de junio de 2025, admitió el recurso de apelación4.
El expediente se encuentra al despacho para fallo desde el 11 de febrero de 20265.

3. Argumentos de la tutela

La actora, a través de apoderado judicial, sustentó su solicitud de amparo en los
siguientes argumentos: (i) los derechos de los niños, niñas y adolescentes tienen
carácter prevalente conforme al artículo 44 de la Constitución, y la falta de pago de
una prestación pensional a un menor de edad se presume como una afectación directa
a su mínimo vital; (ii) la acción de tutela resulta procedente como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable, pues, tras más de cinco años de dilación
administrativa y judicial, someter al menor a la espera de la segunda instancia
contenciosa constituye una carga desproporcionada frente a la necesidad inmediata
de su sustento; (iii) la Resolución 3230 del 11 de agosto de 2021 vulneró el principio
de intangibilidad de los actos administrativos, en la medida en que, bajo el pretexto de

2
El índice 50 de Samai del expediente digital 73001333300820220030200, se encuentra clasificada y no se tuvo acceso a los
argumento de apelación.
3
Índice 1 Samai, expediente digital 73001333300820220030201.
4
Índice 6 Samai, expediente digital 73001333300820220030201.
5
Índice 13 Samai, expediente digital 73001333300820220030201.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02389-00
Demandante: Rocío Vergel Ramírez en representación del menor M.S.G.V.

aclarar la Resolución 0664 del 3 de febrero de 2021, la administración revocó
unilateralmente un derecho subjetivo ya consolidado a favor del menor; y (iv) el
ejercicio del recurso de apelación por parte de la entidad demandada no puede
convertirse en un instrumento de obstrucción para el goce efectivo de los derechos
fundamentales del menor, cuya prestación pensional ya fue reconocida judicialmente
en primera instancia. En sustento de su posición, invocó las sentencias T-456 de 2013,
T-155 de 2018 y T-384 de 2021 de la Corte Constitucional.

4. Trámite previo

En providencia del 17 de abril de 20266, el despacho sustanciador admitió la acción de
tutela y se ordenó notificar al demandante y al Tribunal Administrativo del Tolima, a la
Gobernación del Tolima – Secretaría de Educación y a la Fiduprevisora S.A. en
condición de demandados y a la Nación – Ministerio de Educación Nacional, al Fondo
de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG y al Juzgado Octavo Oral
Administrativo de Ibagué, en condición de tercero con interés.

5. Oposición

El Tribunal Administrativo del Tolima sostuvo que no se configuró vulneración de
derechos fundamentales del menor, en tanto el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho ha seguido su trámite regular. Indicó que, si bien existe una sentencia de
primera instancia favorable a las pretensiones del menor, esta fue apelada y el
expediente se encuentra actualmente al despacho para fallo en segunda instancia
dentro de los términos legales, de modo que la presunta mora judicial que alega la
tutelante no corresponde a la realidad procesal.

Explicó que no ha existido dilación injustificada, pues las decisiones judiciales deben
proferirse respetando el orden cronológico de ingreso al despacho. Alterar dicho orden
solo es posible en casos excepcionales (como la especial trascendencia o la solicitud
expresa de prelación), supuestos que no concurren en el presente caso ni han sido
invocados por la parte actora. En consecuencia, anteponer este expediente a los
demás ya tur nados afectaría el derecho a la igualdad de los otros usuarios de la
administración de justicia.

Por último, argumentó que factores estructurales (la alta carga laboral del despacho y
las afectaciones derivadas de la pandemia de COVID-19), incidieron en los tiempos de
decisión, sin que ello pueda calificarse como negligencia judicial. En consecuencia,
concluyó que ha actuado conforme a la ley, respetando los turnos y las garantías
procesales de todas las partes, y solicitó negar las pretensiones de la acción de tutela.

La Gobernación del Tolima – Secretaría de Educación solicitó negar la acción de
tutela al considerar que no ha vulnerado derechos fundamentales del menor y que su
actuación se ha ajustado al marco legal vigente. Reconoció que existe una sentencia
de primera instancia del 5 de marzo de 2025 que ordenó el pago del retroactivo
pensional, pero sostuvo que el cumplimiento de dicha decisión debe sujetarse a los
procedimientos administrativos establecidos y no a la vía de tutela.

6
La demanda se inadmtió el 27 de marzo de 2026, y se requirió a la accionante para que allegara el poder que acredite al abogado
Jorge Eduardo Ricaurte Ospina como su apoderado. Asimismo, solicitó aportar el registro civil de nacimiento del menor M.S.G.V.,
con el fin de acreditar la representación legal en la que actúa. Situación que fue subsanada por la parte demandante, el 8 de abril
de 2026.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02389-00
Demandante: Rocío Vergel Ramírez en representación del menor M.S.G.V.

Indicó que la tutelante no ha agotado el procedimiento obligatorio para tramitar el pago,
el cual debe surtirse a través de la plataforma «Humano en Línea», dispuesta para
gestionar las prestaciones sociales del magisterio. Afirmó que sin el uso de este
sistema no es posible dar curso al reconocimiento económico, por lo que la falta de
trámite por parte de la actora impide atender la solicitud.

Agregó que existe un procedimiento especial regulado por la ley que debe ser
observado por la actora, de modo que la administración no está obligada a resolver de
fondo por fuera de ese trámite. En esa misma línea, sostuvo que la acción de tutela es
improcedente por el principio de subsidiariedad, pues la tutelante cuenta con otros
mecanismos administrativos y judiciales idóneos y no puede acudir al amparo como
vía alternativa o paralela.

Por último, alegó falta de legitimación en la causa por pasiva, en cuanto el
reconocimiento y pago de las prestaciones pensionales del magisterio corresponde a
la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, y no a la Gobernación del Tolima, cuya función se limita a la
administración del servicio educativo. Sobre esa base, concluyó que no existe una
afectación de derechos fundamentales que le sea imputable y solicitó al juez negar la
tutela, reiterando que la actora debe adelantar el trámite correspondiente por los
canales oficiales establecidos.

Fiduprevisora explicó el procedimiento para el reconocimiento de prestaciones
económicas del FOMAG, para tal efecto consideró que es un trámite legal obligatorio
que inicia con la radicación de la solicitud ante la Secretaría de Educación
correspondiente, la cual debe elaborar, sustentar y expedir el acto administrativo. Solo
una vez surtido este proceso completo, y remitida la documentación en debida forma,
la fiduciaria puede intervenir para revisar y eventualmente pagar la prestación.

En este sentido, la entidad enfatizó que su papel es estrictamente operativo y
condicionado, pues no tiene competencia para reconocer derechos, modificar actos
administrativos ni ordenar pagos de manera autónoma. Su función se limita a revisar
los proyectos de resolución y ejecutar desembolsos únicamente cuando existe un acto
administrativo en firme, con todos los requisitos legales, lo que la excluye de
responsabilidad directa en el reconocimiento del derecho reclamado.

Indicó que la acción de tutela es improcedente para obtener el pago de prestaciones
económicas, ya que el ordenamiento jurídico prevé mecanismos ordinarios específicos
para este tipo de reclamaciones. Enfatizó el carácter subsidiario de la tutela y señaló
que no puede utilizarse como una vía alterna o sustitutiva de los procesos
administrativos o judiciales establecidos.

Adicionalmente, argumentó que en el caso concreto no se evidencia un perjuicio
irremediable que justifique la intervención del juez constitucional, y reiteró que el pago
de acreencias laborales o pensionales, como regla general, queda fuera del ámbito de
la tutela. Por lo anterior, insistió en que el conflicto debe resolverse dentro de los
procedimientos ordinarios correspondientes y no por esta vía excepcional.

Finalmente, la entidad alegó falta de legitimación en la causa por pasiva, al no ser la
responsable de la supuesta vulneración de derechos fundamentales. Concluyó que no
ha incurrido en acción u omisión que afecte al menor y solicitó que se declare
improcedente la tutela.

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02389-00
Demandante: Rocío Vergel Ramírez en representación del menor M.S.G.V.

6. Intervinientes

El Ministerio de Educación Nacional sostuvo que no tiene legitimación en la causa
por pasiva, dado que no es la entidad responsable de los hechos ni de la supuesta
vulneración de derechos fundamentales, ya que no tiene competencia para decidir,
tramitar o ejecutar el reconocimiento y pago de prestaciones del magisterio. Indicó que
las actuaciones cuestionadas corresponden a otras entidades (Secretarías de
Educación, Fiduprevisora o el FOMAG), por lo que no puede ser llamado a responder
en la tutela ni atribuírsele omisión alguna.

Adicionalmente, enfatizó que el Ministerio de Educación y el FOMAG son entidades
distintas, con funciones claramente separadas, porque mientras el Ministerio se limita
a formular políticas y ejercer funciones de dirección y supervisión del sector educativo,
el FOMAG (administrado por Fiduprevisora) es el encargado de gestionar y pagar las
prestaciones sociales de los docentes. De igual forma, el Ministerio no administra
recursos del Fondo ni interviene en trámites individuales, por lo que no puede ser
considerado responsable solidario ni sujeto pasivo de la acción. Por lo anterior, solicitó
su desvinculación del proceso.

El Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG y el Juzgado Octavo
Administrativo de Ibagué guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Problema Jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela como mecanismo para
ordenar el pago inmediato del retroactivo pensional reconocido en favor de un menor
de edad, pese a la existencia de un proceso ordinario en curso y de trámites
administrativos pendientes.

La Sala anticipa que declarará la improcedencia del amparo solicitado porque en este
caso no se cumple el requisito general de subsidiariedad.

Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a i) el requisito general de
subsidiaridad; y ii) el análisis del caso concreto.

De manera previa se hará referencia a la falta de legitimación en la causa por pasiva
alegada por el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación del
Tolima y la Fiduprevisora.

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02389-00
Demandante: Rocío Vergel Ramírez en representación del menor M.S.G.V.

De la falta de legitimación en la causa por pasiva

El Ministerio de Educación Nacional solicitó su desvinculación por falta de
legitimación por pasiva, pues ninguna de las actuaciones cuestionadas por el
demandante fue realizada por la entidad.

Sobre el particular, el despacho considera que no procede la desvinculación solicitada,
porque la sentencia de primera instancia del 5 de marzo de 2025, proferida por el
Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué, condenó
expresamente a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio al reconocimiento y pago del retroactivo
pensional a favor del menor M.S.G.V., providencia cuyo cumplimiento es,
precisamente, lo que se reclama por esta vía. Por tanto, el Ministerio tiene un interés
directo en las resultas del presente trámite. En consecuencia, se negará la solicitud de
desvinculación.

Por su parte, la Gobernación del Tolima - Secretaría de Educación del Tolima y la
Fiduprevisora también solicitaron la desvinculación del proceso por falta de
legitimación en la causa por pasiva, al considerar que no son las entidades
directamente responsables de la presunta vulneración de derechos fundamentales
alegada en la tutela.

Sin embargo, no resulta procedente acceder a la solicitud de desvinculación en la
medida en que ambas entidades hacen parte del trámite y de las decisiones adoptadas
dentro del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho (73001-33-33-
008-2022-00302-00/01), cuyas consecuencias son precisamente las que se discuten
en esta acción de tutela.

Del requisito general de la subsidiariedad7 y la procedencia excepcional de la
acción de tutela como mecanismo transitorio

Para el caso concreto, es preciso hacer referencia al requisito general de la
subsidiariedad como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra actos
administrativos, porque existen medios ordinarios de defensa judicial para controvertir
las decisiones de la administración8.

Para la Corte Constitucional, el principio de subsidiariedad, conforme al artículo 86 de
la Constitución, implica que la acción de tutela solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Sobre el carácter subsidiario de la
acción, la Corte ha señalado que «permite reconocer la validez y viabilidad de los medios
y recursos ordinarios de protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos» 9. Es ese reconocimiento el que obliga a los asociados a
incoar los recursos jurisdiccionales con los que cuenten para conjurar la situación que
estimen lesiva de sus derechos.

En otras palabras, las personas deben hacer uso de todos los recursos ordinarios y
extraordinarios que el sistema judicial ha dispuesto para conjurar la situación que
amenaza o lesiona sus derechos, de tal manera que se impida el uso indebido de este

7
Sentencia T-375 de 2018, Corte Constitucional.
8
Sentencia SU-062 de 2022.
9
Sentencia T-603 de 2015; Sentencia T-580 de 2006, Corte Constitucional.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02389-00
Demandante: Rocío Vergel Ramírez en representación del menor M.S.G.V.

mecanismo constitucional como vía preferente o instancia judicial adicional de
protección.

No obstante, como ha sido reiterado por la jurisprudencia constitucional, el
presupuesto de subsidiariedad que rige la acción de tutela debe analizarse en cada
caso concreto. Por ende, en aquellos eventos en que existan otros medios de defensa
judicial, la Corporación ha determinado que existen dos excepciones que justifican su
procedibilidad10:

(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver
las controversias no es idóneo y eficaz conforme a las especiales
circunstancias del caso estudiado, procede el amparo como mecanismo
definitivo; y,

(ii) cuando, pese a existir un medio de defensa judicial idóneo, éste no
impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la
acción de tutela procede como mecanismo transitorio.

En cuanto a la primera hipótesis, que se refiere a la idoneidad del medio de defensa
judicial al alcance del afectado, se tiene que ésta no puede determinarse en abstracto,
sino que, por el contrario, la aptitud para la efectiva protección del derecho debe
evaluarse en el contexto concreto11. El análisis particular resulta necesario, pues en
éste podría advertirse que la acción ordinaria no permite resolver la cuestión en una
dimensión constitucional o no permite tomar las medidas necesarias para la protección
o restablecimiento de los derechos fundamentales afectados.

En cuanto a la segunda hipótesis, cabe anotar que su propósito no es otro que el de
conjurar o evitar una afectación inminente y grave a un derecho fundamental. De este
modo, la protección que puede ordenarse en este evento es temporal, tal y como lo
dispone el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991. Asimismo, dicha excepción al
requisito de subsidiariedad exige que se verifique: (i) una afectación inminente del
derecho -elemento temporal respecto del daño-; (ii) la urgencia de las medidas para
remediar o prevenir el perjuicio irremediable; (iii) la gravedad del perjuicio -grado o
impacto de la afectación del derecho-; y (iv) el carácter impostergable de las medidas
para la efectiva protección de las garantías fundamentales en riesgo 12.

Las anteriores reglas implican que, de verificarse la existencia de otros medios
judiciales, siempre se debe realizar una evaluación de la idoneidad de los mismos en
el caso concreto, para determinar si aquellos tienen la capacidad de restablecer de
forma efectiva e integral los derechos invocados. Este análisis debe ser sustancial y
no simplemente formal y reconocer que el juez de tutela no puede suplantar al juez
ordinario. Por tanto, en caso de evidenciar la falta de idoneidad del otro mecanismo, la
acción puede proceder de forma definitiva.

De este modo, cuando el amparo es promovido por personas que requieren especial
protección constitucional, como niños, niñas y adolescentes, personas cabeza de
familia, en situación de discapacidad, de la tercera edad o población desplazada, entre

10
Sentencia T-662 de 2016 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado).
11
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha establecido que “el medio debe ser idóneo, lo que significa que debe ser
materialmente apto para producir el efecto protector de los derechos fundamentales. Además, debe ser un medio eficaz, esto es,
que debe estar diseñado de forma tal que brinde oportunamente una protección al derecho”. Sentencia T – 040 de 2016.
12
Sentencias: T – 225 de 1993, T – 789 de 2003, entre otras, Corte Constitucional.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02389-00
Demandante: Rocío Vergel Ramírez en representación del menor M.S.G.V.

otros, el examen de procedencia de la tutela se hace menos estricto, a partir de
criterios de análisis más amplios, pero no menos rigurosos13.

La acción de tutela como mecanismo transitorio en el presente caso

Mediante el ejercicio de la presente acción la actora en representación de su hijo menor
de edad pretende que, a favor del menor M.S.G.V., se reconozca y pague el retroactivo
pensional correspondiente a la sustitución pensional reconocida mediante Resolución
0664 del 3 de febrero de 2021, a partir del 27 de mayo de 2017 y hasta el pago de la
primera mesada en vía administrativa (23 de septiembre del 2021).

En el presente caso, la actora invocó la protección constitucional al considerar que los
derechos fundamentales del menor se encuentran en riesgo inminente, pues, dada su
prevalencia constitucional, la falta de pago de la prestación pensional compromete de
manera directa su mínimo vital. Sobre esa base, sostuvo que la tutela procede como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en tanto la duración del
proceso ordinario resulta desproporcionada frente a las necesidades urgentes del
menor.

Por lo anterior, dadas las circunstancias particulares que aduce la tutelante, en el caso
objeto de estudio, la Sala pasa a verificar si la acción de tutela de la referencia procede
como mecanismo transitorio, o si, por el contrario, no se cumple con el requisito general
de subsidiariedad.

Sobre el particular, la Sala advierte que la acción de tutela no resulta procedente como
mecanismo transitorio en el caso concreto. Lo anterior, por cuanto el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho se encuentra en curso ante el Tribunal
Administrativo del Tolima y constituye un medio de defensa idóneo y eficaz para la
protección de los derechos fundamentales invocados, sin que la actora hubiere
acreditado un perjuicio irremediable que justifique la intervención excepcional del juez
constitucional.

En efecto, de la revisión del expediente en Samai se observa lo siguiente:

• El 10 de noviembre de 2022, la señora Rocío Vergel Ramírez, en
representación del menor M.S.G.V. y a través de apoderado, presentó demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con
el fin de obtener la nulidad de la Resolución 3230 del 11 de agosto del 2021,
por medio de la cual se aclaró la Resolución 0664 del 3 de febrero del 2021, y,
a título de restablecimiento del derecho, el pago del retroactivo pensional14.

• El Juzgado Octavo Administrativo de Ibagué dictó sentencia el 5 de marzo de
2025, mediante la cual declaró la nulidad de la Resolución 3230 del 11 de
agosto del 2021 y, a título de restablecimiento del derecho, ordenó reconocer y
pagar a favor del menor M.S.G.V. el retroactivo pensional correspondiente a la
sustitución pensional reconocida mediante la Resolución 0664 del 3 de febrero
de 2021, causado entre el 27 de mayo de 2017 y el 23 de septiembre de 2021,
fecha del pago de la primera mesada en vía administrativa15.

13
Sentencias T-401 de 2017; T-163 de 2017; T-328 de 2011; T-456 de 2004; T-789 de 2003, T-136 de 2001, entre otras, Corte
Constitucional.
14
Índices 1 y 2 Samai, expediente juzgado 73001-33-33-008-2022-00302-00.
15
Índice 47 Samai, expediente juzgado 73001-33-33-008-2022-00302-00.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02389-00
Demandante: Rocío Vergel Ramírez en representación del menor M.S.G.V.

• Esa providencia fue notificada a las partes el 10 de marzo de 202516.

• El 21 de marzo de 2025, la Gobernación del Tolima interpuso recurso de
apelación17, el cual fue concedido mediante proveído del 10 de abril de 202518.

• El 25 de abril de 2025, el Juzgado Octavo Administrativo de Ibagué remitió el
proceso al Tribunal Administrativo del Tolima para que surtiera el trámite del
recurso de apelación19.

Al revisar el estado del proceso en el Tribunal Administrativo del Tolima, se observan
las siguientes actuaciones:

• El 28 de abril de 2025, el proceso fue repartido y radicado en el Tribunal, y su
conocimiento correspondió al magistrado Luis Eduardo Collazos Olaya20.

• El 11 de junio de 2025, el ponente admitió el recurso de apelación21.

• El 11 de febrero de 2026, el expediente pasó al despacho del magistrado
ponente para dictar la sentencia en segunda instancia22.

De las anteriores actuaciones se desprende que el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por la tutelante, en representación de su hijo,
se encuentra en curso ante el Tribunal Administrativo del Tolima, en tanto está
pendiente la decisión de segunda instancia. En efecto, el expediente pasó al despacho
del magistrado ponente para proferir sentencia el 11 de febrero de 2026.

Cabe señalar que, si bien la sentencia del 5 de marzo de 2025 resultó favorable a las
pretensiones de la demandante, ello no implica que la controversia haya quedado
resuelta de manera definitiva, pues dicha providencia fue oportunamente apelada por
la entidad demandada. Asimismo, corresponde al Tribunal Administrativo del Tolima,
en sede de segunda instancia, decidir si confirma, modifica o revoca la decisión
recurrida, sin que sea dable al juez constitucional anticipar el sentido de esa definición.

Sobre el particular, tampoco se acreditó la configuración de un perjuicio irremediable
en el caso concreto, pues la accionante no aportó elementos de prueba que
demuestren una afectación urgente, grave e inminente al mínimo vital del menor, y su
argumentación se limitó a afirmaciones generales sobre la presunta vulneración.

Además, debe señalarse que la sustitución pensional a favor del menor M.S.G.V. fue
reconocida mediante la Resolución 0664 del 3 de febrero del 2021 y que el pago de la
primera mesada pensional en vía administrativa se efectuó el 23 de septiembre del
2021, conforme se desprende de la propia sentencia de primera instancia del 5 de
marzo de 2025.

En esos términos, la pretensión discutida en sede ordinaria se circunscribe al pago del
retroactivo pensional causado entre el 27 de mayo de 2017 (fecha de fallecimiento del
causante) y el 23 de septiembre del 2021 (fecha de pago de la primera mesada al

16
Índice 48 Samai, expediente juzgado 73001-33-33-008-2022-00302-00.
17
índice 50 Samai, expediente juzgado 73001-33-33-008-2022-00302-00.
18
índice 53 Samai, expediente juzgado 73001-33-33-008-2022-00302-00.
19
índices 57 y 58 Samai, expediente juzgado 73001-33-33-008-2022-00302-00.
20
índices 1 y 2 Samai, expediente juzgado 73001-33-33-008-2022-00302-01.
21
Índice 6 Samai, expediente juzgado 73001-33-33-008-2022-00302-01.
22
Índice 13 Samai, expediente juzgado 73001-33-33-008-2022-00302-01.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02389-00
Demandante: Rocío Vergel Ramírez en representación del menor M.S.G.V.

menor), de modo que la prestación periódica que sustenta su subsistencia se
encuentra en curso de pago.

De modo que la parte actora no demostró que la falta de pago de dicho retroactivo
afecte de forma directa y actual las condiciones básicas de subsistencia del menor.

En consecuencia, ante la ausencia de prueba concreta sobre la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, no se cumplen los presupuestos excepcionales que habilitan la
procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio.

Por otra parte, no se evidencia mora judicial atribuible al Tribunal Administrativo del
Tolima, pues el expediente pasó al despacho del magistrado ponente para proferir
sentencia de segunda instancia el 11 de febrero de 2026, fecha a partir de la cual el
proceso se encuentra dentro de los turnos ordinarios para decisión, sin que se acredite
una dilación injustificada.

Aunado a lo anterior, la Sala considera que la parte actora de demostró la existencia
de un perjuicio irremediable que justifique desplazar la vía ordinaria en curso.
Asimismo, no se expusieron motivos para habilitar al juez constitucional para alterar
los turnos de fallo, pues ello supondría desconocer los principios de igualdad y debido
proceso de los demás usuarios de la administración de justicia que también esperan
decisión en sus respectivos asuntos.

En consecuencia, en el presente caso se impone declarar la improcedencia del amparo
solicitado por cuanto existe otro medio de defensa judicial en curso.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Negar las solicitudes de desvinculación del Ministerio de Educación Nacional, la
Gobernación del Tolima - Secretaría de Educación del Tolima y la Fiduprevisora
S.A., por las razones expuestas.
2. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora Rocío
Vergel Ramírez en representación del menor M.S.G.V., por medio de apoderado,
contra el Tribunal Administrativo del Tolima y otros, por las razones expuestas.
3. En caso de no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02389-00
Demandante: Rocío Vergel Ramírez en representación del menor M.S.G.V.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.