Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02395-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02395-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-02395-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
22 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Veintidós (22) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2026-02395-011
Accionante : Ciro Alfonso Quintero Santiago
Accionado : Tribunal Administrativo del Cesar
Vinculados : Juzgado Sexto (6°) Administrativo de Valledupar, municipio
de Valledupar y señores Chiquinquira Paso Rosado, Imelda
del Rosario Rosado Torres, Karolina Laudith Rojas Pasos,
José Raúl Quintero Paso; Valery Carolina, Andrea Carolina
y Andrés Arturo Vega Rojas; Lelys Rosado Pinto, Ariel
Augusto Passos Rosado, Nidis Laudith Paso Rosado; Andis
Arelis y Alexander Pasos Rosado; Dulvis Oniris Pazo
Rosado, Jorge Ernesto Quintero Santiago, Eliana Carolina
Passo Sandoval, María Victoria Fernández Pasos, Anlly
Paola Fernández Pasos, Elvia Alexandra Robles Pasos,
Cristobal Enrique Maestre Rosado, Luz Mary Guerra
Rosado; Keiner Cristobal y Nerelys Mercedes Maestre
Rosado; Dinis Paola y Linda Liseth Pérez Paso y Sara
Estefany Martínez Pazos
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, reparación directa,
accidente de tránsito por falta de señalización en la vía
Decisión : Sentencia de segunda instancia
Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por el accionante contra el fallo
de Veintitrés (23) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026), emitido por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A2, que negó el amparo deprecado.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por el actor frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo
relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que
corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
1
Expediente digital disponible en Samai.
2
C. P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02395-01
Accionante: Ciro Alfonso Quintero Santiago
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
1.2 La demanda de tutela.
2. El accionante, quien actúa a través de apoderado judicial, interpuso el presente
recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia,
presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo del Cesar.
3. Por consiguiente, solicitó dejar sin efectos la sentencia de Dieciocho (18) de
Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025), por medio de la cual, el Tribunal
Administrativo del Cesar revocó la providencia de Treinta y Uno (31) de Agosto de
Dos Mil Veintitrés (2023), con la que, el Juzgado Sexto (6°) Administrativo de
Valledupar accedió parcialmente a las pretensiones formuladas en la demanda de
reparación directa promovida contra el municipio de Valledupar (expediente 20001-
33-33-006-2019-00209-01). En su lugar, pidió que se ordene a la autoridad
accionada emitir un nuevo pronunciamiento «[…] que garantice la […] aplicación del debido
proceso sobre la valoración probatoria y […] la interpretación […] adecuada sobre las normas de
tránsito en Colombia».
1.3 Hechos3.
4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por el
accionante se puede evidenciar que, el Treinta y Uno (31) de Mayo de Dos Mil
Diecisiete (2017), el señor Ciro Alberto Quintero Paso (q. e. p. d.) se desplazaba
como pasajero en la motocicleta de placas EMB-03A, en la carrera 19 con calle 39,
barrio San Martín, en el perímetro urbano de Valledupar, cuando colisionó con un
vehículo volqueta de placas IYH 562, modelo 1956, conducido por el señor Carmelo
Muñoz Pérez, accidente que le produjo lesiones severas que conllevaron a su
deceso.
5. Debido a que, según el informe policial de accidente de tránsito núm. 00333, en
el lugar de los hechos existió total carencia de señales de tránsito, tanto verticales
como horizontales, y tampoco había reductores de velocidad, como delineadores
de piso, el actor, junto con otras personas, instauraron demanda de reparación
directa contra el municipio de Valledupar (expediente 20001-33-33-006-2019-
00209-01), con el propósito que, se le declarara administrativamente responsable
3
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital de primera instancia en SAMAI, índice 00002.
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Accionante: Ciro Alfonso Quintero Santiago
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
de los agravios causados con el aludido accidente y se ordenara la respectiva
compensación económica.
6. De ese asunto ordinario conoció el Juzgado Sexto (6°) Administrativo de
Valledupar que, el Treinta y Uno (31) de Agosto de Dos Mil Veintitrés (2023) accedió
parcialmente a las súplicas, al estimar que, se demostró «[…] la FALLA EN EL SERVICIO
en que incurrió el Ente Territorial Demandado, por la Omisión del deber de Conservación,
Mantenimiento y Señalización del Corredor Vial correspondiente a la Carrera 19 con Calle 39 […];
sin embargo, igualmente enc[ontró] acreditada la CONCURRENCIA DE CULPAS, […] como quiera
que […] también existe como Causa Probable del Accidente la Falta de Precaución de los
Conductores al momento de Cruzar la Intersección sin Señalización, destacándose además, que la
Víctima asumió por su propia cuenta un Riesgo al transportarse como Parrillero en una Motocicleta,
estando vigente la prohibición del Parrillero hombre mayor de 14 años, contenida en el Decreto
Municipal 000519 del 28 de diciembre de 2016».
7. Inconformes con esa decisión, el accionado municipio de Valledupar interpuso
recurso de apelación4, desatado el Dieciocho (18) de Septiembre de Dos Mil
Veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo del Cesar, en el sentido de
revocarla, para, en su lugar, negar las súplicas, al estimar que, «[…] la ausencia de
señalización en el sitio del accidente no facultaba a los conductores para realizar maniobras
imprudentes, bajo la premisa errada […] que la conducción se rige únicamente por la presencia física
de señales de tránsito. Por el contrario, el ordenamiento contempla reglas generales que deben
observarse independientemente de la existencia de señalización, y el desconocimiento de estas por
parte de particulares ajenos a la administración no puede generar responsabilidad en esta última ».
8. Sobre la precedente situación, el tutelante adujo que la providencia objeto de
censura incurrió en defecto fáctico, por indebida valoración probatoria, entre
otros aspectos, porque, «[…] según los medios de prueba obrantes en el expediente, no es
dado concluir que el daño sufrido fue por negligencia de la parte demandante, pues [,] pese a que
hubo una concurrencia de diferentes situaciones que aportaron en proporciones al daño, no [se
puede] negar la parte de la responsabilidad que [en] el presente caso tiene el municipio de
Valledupar».
1.2 Contestaciones de la acción.
9. 1.2.1 El Tribunal Administrativo del Cesar5 aportó el enlace digital del proceso
ordinario con radicado 20001-33-33-006-2019-00209-01 y, adujo que, «[…] reitera y
4
Con fundamento en que, a su juicio, no se demostró la existencia del daño antijurídico, pues, el informe de accidente de
tránsito carece de información suficiente respecto de los elementos o factores que pudieron haber desencadenado el siniestro,
además, el agente de policía que suscribió el informe de accidente, no compareció a ratificarlo.
5
Índice 00015 del expediente de Samai de primera instancia.
3
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acoge los fundamentos de orden constitucional, legal y jurisprudencial expuestos en la providencia
de fecha dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025), así como los criterios impartidos
por el juez constitucional en la decisión adoptada dentro del presente trámite».
10. 1.2.2 El Juzgado Sexto (6°) Administrativo de Valledupar6 relacionó las
actuaciones surtidas en la primera instancia del proceso ordinario y, sostuvo que,
no incurrió en vulneración de derecho fundamental alguno.
11. 1.2.3 El municipio de Valledupar7 solicitó negar el amparo deprecado,
comoquiera que, lo pretendido por el accionante es que se «[…] estudie nuevamente
este caso, lo que equivale a sustituir a los jueces naturales de la causa y a desconocer la
independencia y autonomía judicial».
12. 1.2.4 Los señores Chiquinquira Paso Rosado, Imelda del Rosario Rosado
Torres, Karolina Laudith Rojas Pasos, José Raúl Quintero Paso; Valery
Carolina, Andrea Carolina y Andrés Arturo Vega Rojas; Lelys Rosado Pinto,
Ariel Augusto Passos Rosado, Nidis Laudith Paso Rosado; Andis Arelis y
Alexander Pasos Rosado; Dulvis Oniris Pazo Rosado, Jorge Ernesto Quintero
Santiago, Eliana Carolina Passo Sandoval, María Victoria Fernández Pasos,
Anlly Paola Fernández Pasos, Elvia Alexandra Robles Pasos, Cristobal
Enrique Maestre Rosado, Luz Mary Guerra Rosado; Keiner Cristobal y Nerelys
Mercedes Maestre Rosado; Dinis Paola y Linda Liseth Pérez Paso y Sara
Estefany Martínez Pazos guardaron silencio en la oportunidad prevista para el
efecto.
1.3 Providencia impugnada8
13. Mediante sentencia de Veintitrés (23) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026), el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A negó el amparo deprecado, al
considerar que, «[…] la autoridad judicial accionada efectuó un análisis cualitativo y detallado del
caso concreto, teniendo en cuenta el material probatorio aportado, las normas de tránsito aplicables
y la jurisprudencia pertinente».
6
Índice 00017 del expediente de Samai de primera instancia.
7
Índice 00020 del expediente de Samai de primera instancia.
8
Índice 00023 del expediente de Samai de primera instancia.
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1.4 La impugnación9.
14. Inconforme con esa determinación, el accionante la impugnó, para cuyo propósito
reiteró los argumentos expuestos en la solicitud de amparo.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia.
15. En virtud de los artículos 3210 del Decreto ley 2591 de 199111 y 2512 del Acuerdo
80 del Doce (12) de marzo de Dos Mil Diecinueve (2019)13 expedido por la sala
plena del Consejo de Estado, esta Subsección es competente para conocer de la
presente impugnación.
2.2 La acción.
16. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
2.3 Problema Jurídico.
17. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el
eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el fallo de
Dieciocho (18) de Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025), por medio del cual el
Tribunal Administrativo del Cesar revocó la providencia de Treinta y Uno (31) de
Agosto de Dos Mil Veintitrés (2023), con la que el Juzgado Sexto (6°) Administrativo
de Valledupar accedió parcialmente a las pretensiones formuladas en la demanda
9
Índice 00027 del expediente de Samai de primera instancia.
10
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
11
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
12
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
13
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
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de reparación directa promovida por el tutelante y otras personas contra el municipio
de Valledupar (expediente 20001-33-33-006-2019-00209-01); y, en caso afirmativo,
si se han vulnerado las garantías superiores al debido proceso y acceso a la
administración de justicia invocadas en la solicitud de amparo.
2.4 La acción de tutela contra providencias judiciales.
18. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 14 y de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado15, es posible acudir
a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.
19. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
20. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
14 Sentencia C-590 de 2005.
15 sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth
García González.
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funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales;
(vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica
del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado;
y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial
supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se
está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.
21. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que, (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, en la medida en que recae, a juicio del actor, en
una indebida valoración probatoria, lo cual, de comprobarse, conllevaría a la
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia; (ii) contra la decisión objeto de censura no procede
recurso alguno; (iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto
quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se
satisface, teniendo en cuenta que la providencia atacada quedó ejecutoriada el
Treinta (30) de Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025)16 y la solicitud de amparo
se presentó el Veinticinco (25) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), es decir,
dentro de los seis meses; y (v) el fallo acusado no es de tutela.
22. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo
del asunto bajo la causal específica denominada defecto fáctico invocada por el
demandante.
16
Según constancia de ejecutoria emitida por la secretaría del Tribunal Administrativo del Cesar.
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2.4.1 Defecto fáctico.
23. Sea lo primero anotar que una providencia judicial se encuentra viciada por
defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin
contar con supuestos ciertos, esto es, «surge cuando carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión »17.
24. La Corte Constitucional ha sostenido que, el defecto fáctico contiene dos
aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo, que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no
apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión, se trata de un aspecto negativo
que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en los
eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente, pese a obrar
suficiente material probatorio que lo demuestra18.
2.5 Análisis del caso concreto.
25. En el asunto sub examine, el accionante aduce que la providencia cuestionada
incurrió en defecto fáctico, por indebida valoración probatoria, entre otros
aspectos, porque, «[…] según los medios de prueba obrantes en el expediente, no es dado
concluir que el daño sufrido fue por negligencia de la parte demandante, pues [,] pese a que hubo
una concurrencia de diferentes situaciones que aportaron en proporciones al daño, no [se puede]
negar la parte de la responsabilidad que [en] el presente caso tiene el municipio de Valledupar ».
26. Ahora bien, antes de proceder a realizar el estudio de fondo, resulta oportuno
anotar que, el artículo 9019 de la Constitución Política se constituye en la fuente de
la responsabilidad extracontractual del Estado, pues es su «cláusula general»20, toda
vez que, prevé los elementos que deben concurrir para que se configure, los cuales
son: (i) un daño antijurídico, esto es, un perjuicio que la persona no está en la
obligación de soportar; (ii) una acción u omisión de los servidores públicos
concernientes al cumplimiento de sus funciones; y (iii) una relación causal entre el
hecho dañoso y la actuación o negligencia de aquellos.
17
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
18
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
19
«El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la
omisión de las autoridades públicas.
En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de
la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste».
20
Corte Constitucional, sentencia C-38 de 2006, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
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27. En virtud de dichos presupuestos, resulta acertado afirmar que hay lugar a
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado cuando sus agentes, en
acatamiento de sus funciones, por acción u omisión, causan menoscabo a una
persona que no debe resistirlo.
28. Así las cosas, el nexo causal hace referencia a la relación necesaria que debe
mediar entre el hecho generador del detrimento y el resultado, es decir, para que se
comprometa patrimonialmente a la Administración, es indispensable que esta haya
causado el daño21.
29. De igual manera, esta Corporación22 ha indicado que solo hay lugar a atribuirle
un daño antijurídico a la Administración, cuando las pruebas demuestran que su
acción u omisión fue determinante en la producción de aquel, porque, de lo
contrario, se incumpliría la carga de la prueba y, en consecuencia, resulta imperioso
negar las pretensiones indemnizatorias. Al respecto dijo:
[…] con las pruebas allegadas al expediente no se probaron las circunstancias de modo
que rodearon la muerte del señor Gómez Pérez […]; en este sentido, la Sala estima que
se presenta una clara ausencia o imposibilidad de imputación, puesto que no hay prueba
que lleve a la convicción de que el daño resulta atribuible a la entidad demandada, carga
que le correspondía a la parte actora […].
30. De acuerdo con el análisis realizado en precedencia, se concluye que, el Consejo
de Estado ha sostenido que para que se comprometa la responsabilidad patrimonial
de la Administración, se debe acreditar que una acción u omisión de sus agentes
fue determinante en la ocurrencia del daño antijurídico, por cuanto si ello no
acontece, tampoco es dable atribuírselo.
31. En el sub lite se evidencia que en la providencia objeto de reproche constitucional
la autoridad accionada sostuvo:
En la sentencia objeto de recurso se encontró acreditada una falla en el servicio por
omisión del ente territorial accionado, al no instalar las respectivas señales preventivas
en el corredor vial. A su vez, encontró configurado uno de los eximentes de
responsabilidad, esto es, el hecho exclusivo de un tercero, en concurso con la culpa
exclusiva de la víctima, lo que llevó al a quo a decretar la concurrencia de culpas entre
las partes.
Postura que no es compartida por el ente territorial accionado, quien sostiene la
inexistencia del daño antijurídico, así como la configuración del hecho de un tercero y
la culpa exclusiva de la víctima como eximentes de la responsabilidad. De igual forma,
21
Consejo de Estado, sección tercera, subsección A, sentencia de 26 de abril de 2018, C. P. María Adriana Marín, expediente
25000-23-26-000-2004-02010-01.
22
Sección tercera, subsección A, sentencia de 19 de marzo de 2021, C. P. María Adriana Marín, expediente 76001-23-31-
000-2011-00388-01.
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alega la falta de prueba en relación con la acreditación de la relación afectiva en ciertos
niveles de parentesco, y muestra inconformidad con la ausencia de ratificación por parte
del agente de policía respecto del informe de accidente de tránsito presentado,
aduciendo que dicho documento no constituye un informe pericial, sino meramente
descriptivo.
[…]
Expuesto lo anterior, la Sala advierte que las circunstancias de modo, tiempo y lugar en
que ocurrió el accidente de tránsito en el que resultó lesionado el señor CIRO
QUINTERO están descritas en el Informe Policial de Accidente de Tránsito, visible del
folio 152 a 154 del expediente, en el que se deja constancia de la falta de señalización
y de que ambos vehículos transitaban en contravía 23, como se observa:
Dentro del acervo probatorio obra el informe pericial allegado como prueba anticipada
a solicitud de la parte demandante. En dicho dictamen, el perito experto en vías y
transporte, designado por el Despacho para la diligencia de inspección, señaló que, si
bien en el croquis contenido en el informe policial de accidente no se plasmó la
existencia de alguna señal de tránsito al momento del siniestro, en la actualidad se
encuentran instaladas dos señales de “PARE”, apoyadas en concreto completamente
nuevo24, lo cual permite inferir que fueron colocadas con posterioridad al accidente.
En cuanto a la valoración probatoria, el a quo consideró que, conforme a lo previsto en
el Sistema Nacional de Carreteras o Red vial Nacional de Colombia, corresponde al
municipio el mantenimiento y conservación de las vías de tercer orden o veredales,
dentro de las cuales se incluyen las vías urbanas. En consecuencia, encontró
configurada una falla en el servicio, debido a la evidente falta de señalización en la
intersección de la Carrera 19 con Calle 35, lo cual concurrió con la falta de precaución
de los conductores de los vehículos involucrados, razón por la que concluyó la
existencia de concurrencia de culpas.
No obstante, en virtud del recurso presentado por la entidad territorial, corresponde a la
Sala analizar si, en efecto, se encuentra acreditada la falla en el servicio,
particularmente en lo que respecta a establecer si la ausencia de señalización influyó
de manera determinante en el desenlace fatal que ocasionó la muerte del señor CIRO
QUINTERO (Q.E.P.D.).
[…]
[…] el Consejo de Estado ha sostenido que la falta de señalización no faculta a los
conductores para omitir el deber de ejercer la actividad peligrosa de la conducción con
la prudencia y precaución debidas, ni mucho menos para desconocer normas de
23
Archivo “30ED_03ANEXOS(.pdf)” folio 154 obrante en el índice 00041 del expediente digital de primera instancia en SAMAI
24
Archivo “30ED_03ANEXOS(.pdf)” obrante en el folio 113 del índice 00041 del expediente digital de primera instancia en
SAMAI.
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tránsito. En consecuencia, la omisión o desconocimiento de dichas disposiciones por
parte de los particulares no genera responsabilidad automática en cabeza del ente
territorial.
No obstante, debe recordarse que el Código Nacional de Tránsito regula el
comportamiento de los conductores incluso en aquellos casos en los que no exista
señalización vial, puesto que la obligación de los entes municipales no implica la
instalación de señales en la totalidad de las vías. En ese sentido, el artículo 70 del citado
código dispone, en su segundo inciso, que en una intersección no señalizadas, salvo
en glorietas, tiene prelación el vehículo que se encuentre a la derecha. Sin embargo, si
un vehículo ya ha ingresado a la intersección, los demás conductores deben cederle el
paso hasta que haya despejado completamente la zona.
[…]
En el presente proceso, se observa que el vehículo N.º 2 (volqueta) fue impactado en
su parte posterior, lo cual evidencia que la motocicleta colisionó contra aquel, lo que a
su vez permite inferir que el conductor de la volqueta ya se encontraba sobre la calle
35. Aunado a ello, se advierte que ambos vehículos circulaban en sentido contrario a la
dirección que les correspondía; sin embargo, dejando de lado este aspecto, era deber
del conductor de la motocicleta darle prelación al conductor de la volqueta, circunstancia
que no dependía de la existencia de señalización en el lugar, en atención a lo dispuesto
en la norma de tránsito antes citada.
[…]
En ese orden, no resulta acertado sostener que el municipio hubiere incurrido en una
falla en el servicio por no contar con señalización en la intersección donde se produjo
el accidente, pues la normatividad de tránsito impone a los conductores la obligación de
acatar las disposiciones allí previstas, con o sin señalización. En este caso, la regla
aplicable establecía el deber de otorgar prelación al vehículo que ya había ingresado a
la vía.
[…]
Lo anterior significa que la ausencia de señalización en el sitio del accidente no
facultaba a los conductores para realizar maniobras imprudentes, bajo la premisa errada
de que la conducción se rige únicamente por la presencia física de señales de tránsito.
Por el contrario, el ordenamiento contempla reglas generales que deben observarse
independientemente de la existencia de señalización, y el desconocimiento de estas por
parte de particulares ajenos a la administración no puede generar responsabilidad en
esta última.
Cabe agregar que, conforme a las reglas de la experiencia y a la práctica cotidiana,
tanto conductores como peatones, deben tener conocimiento de las reglas para el uso
de vías de mayor relación y las que no, así como en las que se requiere precaución
para su tránsito. Sin embargo, resulta pertinente precisar que en el expediente no obra
elemento probatorio alguno que permita concluir que dicha intersección se hubiesen
presentado accidentes anteriores, ni mucho menos que estos obedecieran a la ausencia
de señalización.
En el presente caso, aunque se evidencia en el material probatorio allegado que en la
carrera 19 con calle 35 del municipio de Valledupar, para la época de los hechos no
existían señales de tránsito en el lugar del accidente, no obra prueba de que el siniestro
se hubiese producido por dicha circunstancia. Ello, por cuanto el informe de accidente
de tránsito no lo consigna como la única causa determinante, sino que señala la causal
139 -impericia en el manejo25- atribuida a ambos conductores, lo que, sumado a los
demás medios documentales obrantes en el expediente, permite concluir que, en el
marco de una actividad peligrosa como la conducción de vehículos, ambos infringieron
normas de tránsito, entre ellas el deber de respetar la prelación en las intersecciones y
la prohibición de transitar en contravía, de conformidad con lo previsto en la Ley 769 de
25
Archivo “30ED_03ANEXOS(.pdf)” obrante en el folio 153 del índice 00041 del expediente digital de primera instancia en
SAMAI.
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2002. Tales infracciones fueron las que finalmente provocaron el accidente.
En ese orden, y acorde con el precedente horizontal y vertical acá ampliamente traído
a colación no resulta acertado sostener que el municipio hubiere incurrido en una falla
en el servicio por la ausencia de señalización en la intersección donde se produjo el
accidente, toda vez que la normatividad de tránsito impone a los conductores la
obligación de acatar las disposiciones allí previstas, exista o no señalización en el lugar.
Así las cosas, se concluye que, si bien se encuentra acreditado uno de los elementos
de la responsabilidad como es el daño, al no demostrarse que la causa eficiente del
mismo fuera la ausencia de señalización en la vía, ni haberse formado la convicción de
que el accidente se originó por causa imputable al municipio de VALLEDUPAR, no se
configura el nexo causal. En consecuencia, no se evidencia la alegada falla en el
servicio atribuida a la entidad demandada, motivo por el cual la Sala revocará la
sentencia de primera instancia.
32. Con base en lo expuesto, la autoridad judicial accionada, después de efectuar el
correspondiente estudio probatorio, determinó que no era dable acceder a las
pretensiones de la demanda de reparación directa con radicado 20001-33-33-006-
2019-00209-01, porque los medios de convicción aportados en ese trámite no
acreditaban con certeza si la causa directa del accidente que le ocasionó la muerte
al señor Ciro Alberto Quintero Paso (q. e. p. d.) fue por una omisión del municipio
de Valledupar, dado que, si bien es cierto que, se concluyó que dicha entidad
incumplió el contenido obligacional en materia de señalización vial, también lo es
que, se demostró que fue la propia conducta de aquel (víctima directa) la que incidió
en la producción del daño, comoquiera que, pese a estar prohibido, decidió
desplazarse como parrillero en una motocicleta que era conducida en contra vía y
que no le dio prelación a la volqueta que ya se encontraba sobre la calle, lo que
conllevó a la colisión.
33. Así las cosas, se colige que la anterior aserción comporta una deducción
razonable de las pruebas allegadas al proceso ordinario (Informe Policial de
Accidente de Tránsito, dictamen pericial y Código Nacional de Tránsito) por cuanto,
a pesar que el tutelante adujo que el siniestro cuya indemnización pretendía fue
causado por una falla en el servicio de la entidad territorial demandada, no aportó
los elementos probatorios necesarios para acreditar dicha afirmación, en la medida
en que, el informe policial de accidente de tránsito arrimado, por el contrario, daba
cuenta que aquel surgió con ocasión de la falta del deber objetivo de cuidado del
señor Quintero Paso (q. e. p. d.), el cual debía cumplir con independencia de si la
vía estaba o no señalizada, máxime, cuando la conducción de vehículos
automotores es una actividad peligrosa, en la que, la prevención constituye uno de
los ejes cardinales, para no quebrantar intereses constitucionales con un alto valor
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como la vida y la integridad personal.
34. En ese orden de ideas, esta Sala constata que en la determinación judicial
cuestionada la autoridad demandada no incurrió en una valoración caprichosa o
arbitraria de los medios de prueba adjuntados al trámite de reparación directa con
radicado 20001-33-33-006-2019-00209-01, situación de la que se concluye que no
se configuró el defecto fáctico alegado.
35. Por otra parte, resulta oportuno precisar que, el hecho que la autoridad judicial
accionada no haya valorado las pruebas en el sentido que pretendía el actor, no
involucra la causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales denominada defecto fáctico, por cuanto en acatamiento de
sus competencias jurisdiccionales tiene la potestad de examinar la pertinencia,
utilidad y conducencia de los elementos de convicción obrantes en el expediente,
así como la de otorgarles diferentes grados de certeza, siempre que lo haga de
manera integral y bajo los criterios de la sana crítica, conforme aconteció en el
asunto materia de controversia.
36. Por ende, las conclusiones del funcionario judicial (natural) están precedidas de
una valoración objetiva, integral y razonable de las pruebas recaudadas, lo que,
imposibilita al juez de tutela cuestionarlas, salvo que, sean evidentemente contrarias
a las garantías superiores, supuesto que no se da en el sub lite. Acerca de este
aspecto, la Corte Constitucional26 sostuvo:
Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no
pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos.
Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe determinar,
conforme a los criterios de la sana crítica, y en virtud de su autonomía e independencia,
cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto.
El juez, en su labor, no sólo es autónomo sino que sus actuaciones se presumen de
buena fe. En consecuencia, el juez de tutela debe considerar que, en principio, la
valoración de las pruebas realizadas por el juez natural es razonable.
[…]
Por último, para que la tutela resulte procedente ante un error fáctico, “El error en el juicio
valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto,
y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no
puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del
juez que ordinariamente conoce de un asunto.
26
Sentencia T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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37. Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que el razonamiento que
efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía
e independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no
observa vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su
intervención.
III. DECISIÓN
38. Por las razones expuestas, la Sala considera que en el presente asunto la parte
demandante no acreditó que la providencia cuestionada haya incurrido en la causal
especial de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial invocada
(defecto fáctico), por tal motivo, se confirmará el fallo impugnado, que negó el
amparo deprecado.
39. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de Veintitrés (23) de Abril de Dos Mil
Veintiséis (2026), proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A que negó el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso
y acceso a la administración de justicia, invocados por el señor Ciro Alfonso
Quintero Santiago, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito,
en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. COMUNICAR la presente decisión a la Sección Segunda, Subsección
A de esta Corporación y remitir copia.
CUARTO. Ejecutoriado este fallo, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591
de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
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Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
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