Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02397-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02397-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02397-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
18 de junio de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-002397-00
Demandante: Edilberto Martínez Bolaños y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D.C., 18 de junio de 2026
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02397-00
Demandante: EDILBERTO MARTÍNEZ BOLAÑOS Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE PUTUMAYO
Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de reparación directa.
Privación injusta de la libertad. Desconocimiento del precedente,
defecto sustantivo y fáctico. Deniega
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Edilberto Martínez Bolaños y otros
contra el Tribunal Administrativo del Putumayo.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 25 de marzo de 2026, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, Edilberto
Martínez, Luzmila Bolaños de Martínez, Alicia Martínez Martínez, Andrea Martínez
Martínez y Jaqueline Martínez Martínez pidieron la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y libertad.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 25
de septiembre de 2025 dictada por el Tribunal Administrativo del Putumayo, que revocó
la decisión de primera instancia para, en su lugar, denegar las pretensiones de la
demanda de reparación directa 86001333300120220011701.
2. Pretensiones
Los accionantes formularon las siguientes pretensiones:
PRIMERO. Se TUTELEN nuestros derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al
acceso efectivo a la administración de justicia y al suscrito, a la libertad, los cuales se
vulneraron con la sentencia de segunda instancia del 25 de septiembre del año 2025 proferida dentro
del proceso de Reparación Directa, RADICACIÓN: 86001333300120220011701, misma que fue
notificada por correo electrónico el día (26) de septiembre del año (2025), con ponencia del
Honorable Magistrado Ponente: MARCO ANTONIO MUÑOZ MERA, por medio de la cual se revocó
la sentencia de primera instancia proferida el día (21) de marzo del año (2024) por el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Mocoa, en donde resolvió en nuestra contra lo siguiente: (...)
SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTO la Sentencia de segunda instancia del (25) de septiembre del
año (2025) proferida dentro del proceso de Reparación Directa RADICACIÓN:
86001333300120220011701, misma que fue notificada por correo electrónico el día (26) de
septiembre del año (2025), con ponencia del Honorable Magistrado Ponente: MARCO ANTONIO
MUÑOZ MERA, por medio de la cual se revocó la sentencia de primera instancia proferida el día
(21) de marzo del año (2024) por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa.
TERCERO. ORDENAR al Tribunal Administrativo del Putumayo, a que dentro del término que se
fije, profiera nueva sentencia de segunda instancia dentro del proceso de Reparación Directa,
RADICADO No. 86001333300120220011701, valorando adecuadamente los principios de
razonabilidad y proporcionalidad de la medida de aseguramiento privativa de la libertad impuesta.
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Demandante: Edilberto Martínez Bolaños y otros
3. Hechos
Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
3.1. De la privación de la libertad
El 10 y 11 de julio de 2015, el señor Carlos Javier Álvarez rindió entrevistas ante la Policía
Judicial en las que relató la conducción de una volqueta con explosivos desde Puerto
Guzmán hacia el Batallón Domingo Rico de Villagarzón, Putumayo. En dichas entrevistas
dio a conocer una serie de nombres y alias de los participantes de la conducta delictiva,
a quienes señaló como “moto ratones”. En consecuencia, la Fiscalía Primera
Especializada de Mocoa, inició investigación por terrorismo y tráfico de armas y
explosivos con el radicado CUI 860016107562201580949.
El 27 de julio de 2015, un investigador de policía judicial consignó información de una
“fuente humana”, quien pidió la protección de su identidad por motivos de seguridad y
señaló a Edilberto Martínez Bolaños, alias “Callamba”, como participante del hecho
delictivo investigado. Asimismo, el 12 de agosto de 2015, Carlos Javier Álvarez identificó
al señor Martínez Bolaños en un reconocimiento fotográfico como uno de los “moto
ratones”.
El 21 de septiembre de 2015, el Juzgado Tercero Penal Municipal de Mocoa expidió
orden de captura No. 065 contra Martínez Bolaños, quien fue capturado el 3 de octubre
de 2015 en Puerto Guzmán. Al día siguiente, el Juzgado Promiscuo de Piamonte (Cauca)
legalizó la captura e impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en
establecimiento carcelario.
El 18 de abril de 2016, la Fiscalía presentó escrito de acusación contra Martínez Bolaños
y otros por los presuntos delitos de terrorismo y porte de armas y explosivos. El 2 de
septiembre de 2016 se ordenó la apertura de un radicado independiente contra Martínez
Bolaños (No. 8600131070012016-00213-00). La acusación se formuló entre el 7 de
octubre y el 15 de noviembre de 2016, y la audiencia preparatoria tuvo lugar el 20 de
diciembre del mismo año.
El 29 de diciembre de 2016, el Juzgado Segundo Penal Municipal de Mocoa le concedió
la libertad por vencimiento de términos al señor Martínez Bolaños, por haber permanecido
en detención por más de 15 meses. En consecuencia, se expidió la boleta de libertad No.
020 de esa fecha.
El juicio oral inició el 9 de febrero de 2017 y se adelantó en varias sesiones. El 30 de
noviembre de 2017, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Mocoa profirió fallo
absolutorio por aplicación del principio de in dubio pro reo a favor de Martínez Bolaños,
decisión materializada el 14 de diciembre. La Fiscalía apeló la decisión y fue confirmada
el 19 de noviembre de 2019 por el Tribunal Superior de Mocoa.
Como consecuencia de lo anterior, el señor Martínez Bolaños estuvo privado de la
libertad desde el 3 de octubre de 2015 hasta el 30 de diciembre de 2016.
3.2. Del proceso de reparación directa
El 11 de mayo de 2022, el señor Edilberto Martínez y sus familiares Luzmila Bolaños de
Martínez, Alicia Martínez Martínez, Andrea Martínez Martínez, Jaqueline Martínez
Martínez, Arlid Martínez Bolaños, Bertilde Martínez Bolaños, Fermina Martínez Bolaños,
Leony Martínez Bolaños, Eduardo Martínez Bolaños, Jesdaly Yuliana Martínez Martínez
y Lisbeth Alexandra Martínez Martínez formularon demanda de reparación directa en
contra de la Nación- Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, con el fin de obtener
la reparación de todos los daños y perjuicios de orden material y moral derivados de la
presunta privación injusta de la libertad.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-002397-00
Demandante: Edilberto Martínez Bolaños y otros
El proceso se adelantó con el radicado 86001333300120220011701 y correspondió al
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa que, mediante sentencia de 21 de
marzo de 2024, declaró la responsabilidad de las demandadas por considerar que el
señor Edilberto Martínez Bolaños estuvo privado de la libertad sin un respaldo probatorio
suficiente y seriamente estudiado.
Consideró que, al haber prolongado su permanencia en detención intramural por más de
14 meses y haberse declarado su inocencia en sede de primera y segunda instancia con
sustento en la duda de que el mismo hubiere sido partícipe dentro de los hechos
investigados, trae como consecuencia que las víctimas tienen derecho a la indemnización
de perjuicios que la medida de aseguramiento les haya causado al ser injusta por no
haberse logrado desvirtuar su presunción de inocencia en las labores previas de
investigación.
Resaltó que de las pruebas se infería que desde el inicio de la investigación no existieron
elementos de juicio que permitieran sopesar un juicio que culminara con sentencia
condenatoria: “Estoes tener la certeza más allá de toda duda razonable, más allá de un
reconocimiento fotográfico que no pudo ser sustentado en juicio”.
Inconformes, las demandadas formularon recurso de apelación en el que alegaron que
la decisión de privación de la libertad del demandante obedeció al cumplimiento de
deberes constitucionales y legales y además estuvo soportada en informes y testimonios
que permitían inferir la posible participación del demandante en un atentado frustrado
contra instalaciones militares. Asimismo, resaltaron que la absolución se debió a la
aplicación del principio in dubio pro reo y no a la demostración de una actuación irregular
o desproporcionada del Estado.
El Tribunal Administrativo del Putumayo, mediante sentencia de 25 de septiembre de
20251, revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, denegó las pretensiones de la
demanda. Lo anterior por cuanto consideró que la medida de aseguramiento privativa de
la libertad estuvo debidamente razonada en la medida que (i) se cumplían los requisitos
objetivos del artículo 313 del Código de Procedimiento Penal, (ii) existía inferencia
razonable de la autoría o participación de los procesados en los delitos de terrorismo,
porte ilegal de armas de uso privativo y explosivos; y (iii) se acreditaron los presupuestos
del artículo 308 del mismo código, al evidenciarse que los elementos probatorios
justificaban la medida para evitar la obstrucción de la justicia, garantizar la comparecencia
de los imputados y proteger a la comunidad, considerando la gravedad de las conductas,
su comisión dolosa y la posible vinculación con organizaciones delictivas.
4. Fundamentos de la acción de tutela
La parte actora señaló que en el presente caso se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. En cuanto al fondo del
asunto, señaló que la sentencia cuestionada adolece de los siguientes defectos:
Desconocimiento del precedente fijado por la sentencia SU-072 de 2018, en relación
con el análisis de la antijuridicidad de la privación de la libertad derivada de la imposición
de medidas de aseguramiento para efectos de determinar la responsabilidad del Estado.
Alegó que se omitió realizar el examen material exigido por la sentencia de unificación
para determinar la razonabilidad y la proporcionalidad de la imposición de aquella, a la
luz de los estándares constitucionales vigentes.
Sostuvo que el ad quem prescindió de un examen integral de los requisitos previstos en
el artículo 308 de la Ley 906 de 2004, limitándose a efectuar un control meramente formal
de la medida de aseguramiento. Esta aproximación resulta abiertamente insuficiente
desde la perspectiva constitucional, en la medida en que el juicio de responsabilidad del
Estado por privación de la libertad exige un análisis material orientado a verificar si, al
1 Notificada por correo electrónico el 26 de septiembre de 2025
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momento de su imposición, la medida restrictiva se encontraba debidamente justificada.
Consideró desconocida la sentencia de 9 de octubre de 2020 proferida por la Sección
Tercera, Subsección B del Consejo de Estado con radicado 25000-23-26-000-2011-
00990-01 porque no se aplicó la metodología allí establecida para abordar el estudio de
responsabilidad en los casos de privación injusta de la libertad la cual consiste en analizar
(i) la existencia del daño, (ii) la legalidad de la medida de privación de la libertad bajo una
óptica subjetiva, (iii) solo en el caso de no probarse la existencia de una falla en el servicio,
la responsabilidad se analiza bajo un régimen objetivo, (iv) en el caso de que se considere
que hay lugar a declarar la responsabilidad estatal, ya fuere bajo un régimen de falla o
uno objetivo, se procede a verificar a qué entidad debe imputarse el daño antijurídico, (v)
en todos los casos, debe realizarse el análisis de la culpa de la víctima como causal
excluyente de responsabilidad y (vi) en caso de condena, se procede a liquidar los
perjuicios.
Citó la sentencia de 13 de febrero de 2013, radicado 07001-23-31-000-2001-01640-01
en la que la Sección Tercera del Consejo de Estado precisó que, si el daño antijurídico
en los casos de privación injusta de la libertad es imputable al Estado, deviene no sólo
de la providencia que decretó la medida de aseguramiento, sino del proceso penal en su
conjunto, por lo que la decisión que revoca la medida de aseguramiento impuesta no es
relevante si la decisión de restringir la libertad cumplió los requisitos para proferirla o si
existían indicios suficientes para hacerlo, toda vez que la labor del juez consiste en
verificar cuál fue la causal de absolución en el proceso penal, para determinar si la
privación de la libertad es injusta, sin embargo en el presente caso este análisis no se
realizó pues no se tuvieron en cuenta las razones de exoneración y la falta de pruebas
para privarlo de la libertad.
Falta de motivación, pues toda decisión judicial que se limite a la mera enunciación de
los requisitos previstos en el artículo 308, sin efectuar un análisis sustancial de su
concurrencia en el caso particular, incurre en una motivación insuficiente para efectos de
desvirtuar la configuración de un daño antijurídico. En este sentido, advirtió que la
decisión adoptada por el tribunal accionado se sustentó en apreciaciones abstractas
relativas a la gravedad del delito, así como en verificaciones de carácter meramente
formal y en la utilización de argumentos genéricos o estandarizados.
Consideró que resultaba imperativo llevar a cabo un examen individualizado que
comprendiera la formulación de una inferencia razonable y real —no meramente
presunta—, la determinación de la necesidad concreta de la medida, la valoración de su
proporcionalidad frente a medidas alternativas y el análisis integral del acervo probatorio
correspondiente al caso específico.
Aunque no lo manifiesta expresamente, se advierte que alegó la configuración de un
defecto fáctico, pues discute que el tribunal accionado no tuvo en cuenta que el material
probatorio recaudado por la Fiscalía no fue lo suficientemente sólido para lograr la
identificación del señor Martínez Bolaños, en modo, tiempo y lugar, como autor o partícipe
de las conductas endilgadas. Agregó que, en efecto, no se tuvo en cuenta que la
declaración del único testigo aportado por la Fiscalía fue desvirtuada, lo que se evidencia
en la argumentación del fallo penal de segunda instancia en el que se resaltaron las
inconsistencias en que incurrió el declarante y que a su vez provocó la razón de
absolución del procesado.
5. Trámite procesal
El 8 de abril de 2026, el Despacho sustanciador admitió la demanda y, entre otras cosas,
ordenó notificar en calidad de demandados a los magistrados del Tribunal Administrativo
del Putumayo y en calidad de terceros con interés al juez primero administrativo de
Mocoa, al director Ejecutivo de Administración Judicial, a la fiscal general de la Nación y
a Julia Emma Martínez Botero, Arlid Martínez Bolaños, Bertilde Martínez Bolaños,
Fermina Martínez Bolaños, Leony Martínez Bolaños y Eduardo Martínez Bolaños.
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En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 14 y 24 de abril
de 2026.
6. Intervenciones
El Tribunal Administrativo del Putumayo, por conducto del magistrado ponente de la
decisión cuestionada, se opuso a las pretensiones de la demanda por considerar que, en
el caso materia de controversia, la Sala encontró que los actores no demostraron que su
vinculación al proceso penal hubiese obedecido a un actuar irregular por parte de las
autoridades competentes. Que no obró prueba de una conducta omisiva, descuidada o
contraria a los deberes funcionales que permitiera calificar la actuación estatal como
defectuosa.
Resaltó que la medida de aseguramiento restrictiva de la libertad, se sustentó, en que (i)
se cumplieron los requisitos objetivos del artículo 313 del Código de Procedimiento Penal,
dado que los delitos imputados tenían una pena mínima superior a cuatro años y eran de
competencia de jueces especializados; (ii) existió inferencia razonable de la autoría o
participación de los procesados en los delitos de terrorismo, porte ilegal de armas de uso
privativo y explosivos; y (iii) se acreditaron los presupuestos del artículo 308 del mismo
código, al evidenciarse que los elementos probatorios justificaban la medida para evitar
la obstrucción de la justicia, garantizar la comparecencia de los imputados y proteger a
la comunidad, considerando la gravedad de las conductas, su comisión dolosa y la
posible vinculación con organizaciones delictivas.
Sin perjuicio de lo anterior, señaló que la solicitud de amparo es improcedente porque la
decisión cuestionada no configura ninguna de las causales genéricas y específicas de la
procedencia de esa acción constitucional.
La apoderada de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto pidió
que se declarara improcedente la acción por incumplir el requisito de subsidiariedad en
la medida en que el accionante podía interponer el recurso extraordinario de revisión si
consideraba cumplidas alguna de las causales previstas en el artículo 250 del CPACA.
Agregó que tampoco se observa que la providencia cuestionada haya contrariado los
derechos fundamentales invocados por la parte actora; todo lo contrario, la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Putumayo hizo un análisis que encaja con el
precedente jurisprudencial que el Consejo de Estado ha edificado en materia de privación
de la libertad.
El Juzgado Primero Administrativo de Mocoa remitió el expediente con radicado
86001333300120220011700. Nada dijo sobre las pretensiones de la acción
constitucional.
La fiscal general de la Nación, Julia Emma Martínez Botero, Arlid Martínez Bolaños,
Bertilde Martínez Bolaños, Fermina Martínez Bolaños, Leony Martínez Bolaños y
Eduardo Martínez Bolaños, guardaron silencio pese a haber sido debidamente
notificados de la presente acción.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por el señor
Edilberto Martínez Bolaños para dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia del
25 de septiembre de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo del Putumayo, que
revocó la decisión de primera instancia, para, en su lugar, negar las pretensiones del
proceso de reparación directa 86001333300120220011701.
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Demandante: Edilberto Martínez Bolaños y otros
La Sala anticipa que denegará las pretensiones de la parte actora, por cuanto el tribunal
demandado no incurrió en desconocimiento del precedente, falta de motivación o defecto
fáctico, pues el análisis efectuado para resolver la alzada fue razonable, acorde con los
pronunciamientos de la jurisprudencia y fundado en el legítimo ejercicio de la autonomía
judicial.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la verificación de los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencia judicial y, (iii) el análisis del caso concreto.
2. De la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales2 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos3 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial
La Sala comienza por verificar si la acción de tutela promovida por la parte actora cumple
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
La relevancia constitucional del asunto se encuentra acreditada, toda vez que, de
demostrarse el defecto invocado por la accionante, se afectarían las garantías superiores
señaladas en el escrito de tutela; el desconocimiento del precedente de unificación o una
indebida valoración probatoria comporta afectación de prerrogativas constitucionales que
amerita la intervención del juez constitucional.
Asimismo, se constata que la discusión planteada por la tutelante es constitucional y no
netamente legal o económica, comoquiera que concierne a la presunta afectación de
garantías superiores de las que son titulares los ciudadanos que se enfrentan a
privaciones de la libertad que pueden ser violatorias de derechos y principios
constitucionales.
De igual manera, se advierte que la accionante no pudo controvertir las razones de
negativa de su derecho, pues el fallo de segunda instancia revocó el fallo que accedió a
las pretensiones del proceso de reparación directa.
La tutela también cumple el requisito de inmediatez porque, de acuerdo con la
verificación del expediente 86001333300120220011701, el correo electrónico con el que
se comunicó la providencia cuestionada fue enviado el 26 de septiembre de 2025, por lo
que se entiende notificada de conformidad con el numeral 2 del artículo 205 4 del CPACA,
y la tutela fue presentada el 25 de marzo de 2026, es decir, cuando no habían
transcurrido los 6 meses jurisprudencialmente reconocidos como el plazo razonable para
formular la acción de tutela contra providencias judiciales.
Asimismo, se agotaron los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, dado que
contra la sentencia cuestionada no procedía recurso por proferirse en segunda instancia.
Además, a diferencia de lo señalado por la apoderada de la Dirección Ejecutiva de Pasto,
2 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
3 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
4«La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles
siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la
notificación».
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los cargos no comportan alguna de las causales de procedibilidad del recurso
extraordinario de revisión previstas en el artículo 250 del CPACA o del de unificación de
jurisprudencia.
También advierte la Sala que la parte actora identificó de manera razonable los
hechos que generaban la amenaza o vulneración de sus garantías superiores, esto
es, expuso de manera clara que la presunta vulneración de los derechos fundamentales
invocados proviene de la providencia censurada, la cual, a su juicio, adolece de
desconocimiento del precedente, defecto fáctico y falta de motivación.
Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, la tutelante ataca una
providencia emitida en un proceso de reparación directa.
4. Análisis del caso concreto
En la solicitud de amparo la demandante afirma que la sentencia cuestionada incurre en
desconocimiento del precedente, falta de motivación y defecto fáctico, pues no se tuvo
en cuenta que la sentencia SU-072 de 2018, en apoyo con lo dispuesto por el Consejo
de Estado en los procesos con radicados 25000-23-26-000-2011-00990-01 y radicado
07001-23-31-000-2001-01640-01, exigen que la providencia que resuelve un caso de
privación injusta de la libertad debe analizar si al momento de imposición de la medida
privativa de la libertad esta se encontraba debidamente justificada.
En consecuencia, estima que se ha debido analizar con detenimiento aspectos como la
existencia del daño, la legalidad de la medida de privación de la libertad bajo una óptica
subjetiva u objetiva según el caso, la imputabilidad del daño antijurídico y la manera de
repararlo.
Como quiera que los cargos se dirigen a cuestionar el desconocimiento de la
jurisprudencia de unificación y la falta de análisis integral de las pruebas allegadas con
miras a determinar la legalidad de la medida privativa de la libertad, así como la
responsabilidad del procesado y la existencia de un hecho dañoso, es posible analizar
de manera integral los reparos formulados por los accionante.
Al analizar las pruebas allegadas a este trámite constitucional, se advierte que el tribunal
accionado encontró probado que el señor Edilberto Martínez Bolaños fue capturado el 3 de
octubre de 2015 por orden del Juzgado Tercero Penal Municipal de Mocoa y al día siguiente
fue puesto a disposición del Juzgado Promiscuo de Piamonte (Cauca), que legalizó la
captura e impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento
carcelario.
Que el 18 de abril de 2016, la Fiscalía presentó escrito de acusación contra el señor
Martínez Bolaños por los presuntos delitos de terrorismo y porte de armas y explosivos.
El 29 de diciembre de 2016, el Juzgado Segundo Penal de Mocoa le concedió la libertad
por vencimiento de términos al señor Martínez Bolaños, por haber permanecido en
detención por más de 15 meses.
Que el juicio penal finalizó el 30 de noviembre de 2017, con sentencia absolutoria dictada
por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Mocoa por aplicación del principio de
in dubio pro reo, decisión confirmada el 19 de noviembre de 2019 por el Tribunal Superior
de Mocoa.
No obstante, el Tribunal Administrativo de Putumayo revocó la sentencia de primera
instancia y denegó las pretensiones de la demanda, para lo cual concluyó que, si bien
estaba acreditado el daño que sufrió el señor Martínez Bolaños, al analizar la decisión
adoptada por el Juzgado Primero Promiscuo de Piamonte (Cauca), quien impuso la medida
de aseguramiento privativa de la libertad, se encontró que esta se ajustó a los criterios de
necesidad, proporcionalidad y razonabilidad.
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Demandante: Edilberto Martínez Bolaños y otros
Para llegar a la anterior conclusión, el tribunal precisó que el Juzgado Primero Promiscuo
de Piamonte, decretó la medida de aseguramiento restrictiva de la libertad con
fundamento en (i) que se cumplían los requisitos objetivos del artículo 313 del Código de
Procedimiento Penal, dado que los delitos imputados tenían una pena mínima superior
a cuatro años y eran de competencia de jueces especializados; (ii) que existía inferencia
razonable de la autoría o participación de los procesados en los delitos de terrorismo,
porte ilegal de armas de uso privativo y explosivos; y (iii) que se acreditaban los
presupuestos del artículo 308 del mismo código, al evidenciarse que los elementos
probatorios justificaban la medida para evitar la obstrucción de la justicia, garantizar la
comparecencia de los imputados y proteger a la comunidad, considerando la gravedad
de las conductas, su comisión dolosa y la posible vinculación con organizaciones
delictivas.
Agregó que en esa etapa no se discutía responsabilidad penal, sino la procedencia de la
medida cautelar, por lo que no correspondía un debate probatorio propio del juicio. Así
las cosas, la Sala estima que la medida de aseguramiento se decretó en concordancia
con los postulados establecidos en los artículos 308 y siguientes de la Ley 906 de 2004.
En consecuencia, el juez accedió a la solicitud elevada por la Fiscalía, sin que se observe
desproporción o irracionalidad en su adopción
Ahora bien, el Tribunal Administrativo del Putumayo tuvo como pruebas relevantes para
analizar el caso las siguientes:
La orden de captura contra Edilberto Martínez Bolaños por tráfico de armas y explosivos
en concurso con tentativa de terrorismo, suscrita el 21 de septiembre de 2015 por el
Juzgado Tercero Penal de Mocoa.
La diligencia de legalización de captura de 4 de octubre de 2015 donde se impuso
medida de aseguramiento privativa de la libertad.
La decisión de libertad por vencimiento de términos dictada el 29 de diciembre de 2016
le concedió la libertad.
Las sentencias de 14 de diciembre de 2017, por la cual el Juzgado Penal del Circuito
Especializado de Mocoa profirió sentencia absolutoria en aplicación del principio in dubio
pro-reo; y de 19 de noviembre de 2019, mediante la cual el Tribunal Superior de Mocoa
confirmó dicha decisión.
Al analizar las razones que justificaron la medida de aseguramiento, el tribunal tuvo en
cuenta el acta y el audio de audiencia preliminar de legalización de captura y formulación
de imputación e imposición de la medida, celebrada el 4 de octubre de 2015, de la que
extrajo que la solicitud de Fiscalía se fundó en los siguientes argumentos:
Que se cumplió a cabalidad con lo señalado en el artículo 313 de la ley 906 de 2004,
para la detención preventiva en establecimiento carcelario, por tratarse de delitos de
competencia de los jueces penales del circuito especializado, como terrorismo y tráfico,
fabricación y porte de armas de uso privativo de las fuerzas armadas y explosivos; es
competencia del juez penal especializado, además porque eran conductas investigables
de oficio y el mínimo de la pena prevista por la ley era o excedía de 4 años.
Que de los elementos materiales probatorios se podía inferir que los imputados eran
autores o partícipes de las conductas que se les imputan, pues existía evidencia física y
testimonios de los que se pudo inferir razonablemente la autoría de los imputados, a
quienes consideró un peligro para la sociedad y las víctimas.
Resaltó la magnitud de la conducta, por tratarse el terrorismo de un delito pluriofensivo
que conlleva efectos secundarios contra la comunidad, no solamente contra el objetivo
militar, acabando con las vidas de muchas personas, edificaciones, cosas materiales,
entre otros; esto sumado a la continuidad de conductas, pues uno de los capturados
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estaba vinculado a otro proceso por el delito de homicidio y a otro de ellos se le encontró
un arma de fuego al momento de la captura.
De igual manera, el tribunal citó el contenido del acta de la diligencia en que el Juzgado
Primero Promiscuo de Piamonte (Cauca) impuso la medida de aseguramiento; y resaltó
que en esta se acogieron las consideraciones de la Fiscalía, por cuanto se encontraron
cumplidos los presupuestos contemplados en los artículos 308 y 313 C. de P.P. por ser
la justicia especializada la encargada de ese tipo de delitos, al igual que la pena mínima
establecida para el delito investigado.
En el acta, el juzgado también resaltó que, por la connotación de los delitos, los
capturados efectivamente representaban un peligro para la sociedad, por las acciones
que desplegaron presuntamente que se pueden inferir de los elementos probatorios
aportados por la Fiscalía, que conllevaban una acción terrorista y porte ilegal de armas
de fuego.
Luego de analizar las pruebas referidas, en la sentencia de 25 de septiembre de 2025,
la corporación accionada concluyó:
(i) Que las consideraciones del Juzgado Primero Promiscuo de Piamonte, para adoptar la
medida de aseguramiento se decretó en concordancia con los postulados establecidos en
los artículos 308 y siguientes de la Ley 906 de 2004.
(ii) Que el juez, accedió a la solicitud elevada por la Fiscalía sin que se observara
desproporción o irracionalidad en su adopción.
(iii) Que la actuación de la Fiscalía General de la Nación se ajustó a lo dispuesto en la
normativa penal vigente, la cual le atribuye la función de “investigar y acusar a los
presuntos responsables de haber cometido un delito” y “solicitar al juez de control de
garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al
proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial
de las víctimas”.
(iv) Que no se evidenció la configuración de una falla en el servicio atribuible a las
entidades demandadas, las cuales, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y
legales, actuaron con estricta sujeción a los procedimientos y presupuestos normativos
aplicables al momento de adoptar las decisiones pertinentes.
A efectos de confrontar la conclusión del tribunal accionado con la jurisprudencia que se
considera desconocida, se observa que en la sentencia SU-072 de 2018, la Corte
Constitucional llegó a las siguientes precisiones sobre la manera como debe analizarse
la responsabilidad del estado en materia de privación injusta de la libertad:
117. La Corte en esta oportunidad ratifica que el artículo 90 de la Constitución Política no establece
un régimen de imputación estatal específico.
118. El artículo 68 de la Ley 270 de 1996, al igual que la sentencia C-037 de 1996, no definen un
régimen de imputación concreto.
119. Tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han aceptado que el juez
administrativo, en aplicación del principio iura novit curia, deberá establecer el régimen de
imputación a partir de las particularidades de cada caso.
120. Definir, una fórmula rigurosa e inflexible para el juzgamiento del Estado en los casos de
privación injusta de la libertad contraviene el entendimiento del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 y
de paso el régimen general de responsabilidad previsto en el artículo 90 de la Constitución Política.
121. Determinar, como fórmula rigurosa e inmutable, que cuando sobrevenga la absolución
por no haberse desvirtuado la presunción de inocencia –aplicación del principio in dubio pro
reo-, o incluso en otros eventos, por ejemplo, cuando no se acreditó el dolo, es decir, operó
una atipicidad subjetiva, el Estado debe ser condenado de manera automática, esto es, a partir
de un título de imputación objetivo, sin que medie un análisis previo que determine si la decisión a
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través de la cual se restringió preventivamente la libertad fue inapropiada, irrazonable,
desproporcionada o arbitraria, transgrede un precedente constitucional con efecto erga omnes,
concretamente la sentencia C-037 de 1996.
Ahora bien, a pesar del criterio aplicado por el juez penal, el juez administrativo deberá establecer
si está frente a un caso de duda acerca del valor demostrativo de la prueba recaudada o de su
absoluta inexistencia y, en tal caso, elegir, si a ello hubiere lugar, un título de atribución objetiva.
Esa libertad judicial también se extiende a la nominación de las causales de privación injusta, dado
que estas no se agotan en el derogado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, en tanto
responden a cierto estado de cosas, independientemente de estar o no normados. (Negrilla fuera
de texto)
Cabe señalar, que en la providencia cuestionada no se desconoció el contenido de la
jurisprudencia constitucional, pues el tribunal citó extractos de las providencias con las
que se impuso la medida y concluyó que cumplió con los postulados establecidos en los
artículos 308 y siguientes de la Ley 906 de 2004, de modo que no se configuraba una
falla en el servicio, sin que se observe la configuración de un defecto que amerite dejar
sin efectos la providencia, en los términos señalados por los accionantes.
En efecto, la sentencia SU-072 de 2018 fue clara en señalar que no existe un régimen de
imputación concreto, pues definir una fórmula rigurosa e inflexible para el juzgamiento del
Estado en los casos de privación injusta de la libertad contraviene el entendimiento del
artículo 68 de la Ley 270 de 1996 y el régimen general de responsabilidad previsto en el
artículo 90 de la Constitución Política, de manera que éste debe ser establecido por el juez
a partir de las particularidades de cada caso y en el asunto que aquí se analiza, el Tribunal
precisamente analizó las razones particulares por las cuales se produjo la privación de la
libertad y las encontró justificadas.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que la sentencia de unificación señaló que cuando la
absolución ocurre por aplicación del principio in dubio pro reo, o incluso en otros eventos,
por ejemplo, cuando operó una atipicidad subjetiva, el Estado no puede ser condenado de
manera automática, esto es, a partir de un título de imputación objetivo, sin que medie un
análisis previo que determine si la decisión a través de la cual se restringió
preventivamente la libertad fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria.
Para la Sala, la conclusión a la que arribó el tribunal es razonable, pues el hecho que, el
que en el transcurso del juicio se haya concluido que existía duda sobre la responsabilidad
penal del señor Martínez Bolaños en la comisión del delito por el que fue procesado, no
tenía el mérito de desvirtuar las razones que provocaron su privación de la libertad, pues
al momento en que ésta decisión fue adoptada por las autoridades competentes, existían
razones que a priori, permitían la aplicación del artículo 313 de la Ley 906 de 2004, máxime
si se tiene en cuenta que para ese momento se contaba con la declaración rendida por un
tercero indeterminado que identificó plenamente al actor como coautor del delito y se contó
con el reconocimiento fotográfico que hizo del demandante el señor Carlos Javier Álvarez
Álvarez. En consecuencia, no se puede concluir un análisis irrazonable de la autoridad
accionada, pues las pruebas recaudadas en el proceso ordinario permitían concluir que la
providencia que privó de la libertad a la demandante no se apartó de los postulados
normativos aplicables.
Así entonces, las conclusiones sobre las pruebas valoradas por el tribunal en el proceso
de reparación directa, relacionadas con el proceso penal, dieron cuenta de que la
decisión que privó de la libertad al señor Martínez Bolaños sustentó las razones por las
cuales para ese momento del proceso existían razones que indicaban de manera seria
su posible participación en la conducta punible, de manera que no se puede concluir un
análisis irrazonable de la autoridad accionada, pues las pruebas recaudadas en el
proceso ordinario permitían concluir que la providencia que privó de la libertad a la
demandante no se apartó de los postulados normativos aplicables, sin que fuera
necesario ahondar en mayores disertaciones como lo pretenden los tutelantes.
Ahora bien, el que el tribunal no se haya pronunciado en torno a que en la sentencia
absolutoria se haya descartado la veracidad del reconocimiento fotográfico que en su
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momento hizo el señor Carlos Javier Álvarez, no resultaría suficiente para concluir que en
el presente caso se incurrió en los defectos alegados, pues se insiste, como indica la
sentencia SU-072 de 2018 el simple hecho de absolución cuando se aplica el principio
de in dubio pro reo como criterio para establecer la responsabilidad del estado en estos
casos, constituye un régimen de responsabilidad objetivo que no puede ser aplicado de
manera automática, tal como en últimas lo hizo el tribunal accionado, de manera que la
exoneración de responsabilidad penal en el presente caso no era razón suficiente para
que se considerara que la decisión de denegar las pretensiones de la demanda de
reparación directa por privación injusta de la libertad deba ser anulada por esta vía.
Finalmente, tampoco se advierte que se hayan desconocido los criterios que resalta el
accionante; fueron establecidos en las sentencias 25000-23-26-000-2011-00990-01 y
07001-23-31-000-2001-01640-01 del Consejo de Estado, pues, contrario a lo que
manifiestan los tutelantes, la sentencia cuestionada analizó (i) la existencia del daño, (ii)
la legalidad de la medida de privación de la libertad y, al no encontrar configurada la
imputabilidad al estado, no tenía el deber de analizar la forma de reparación y el pago de
los perjuicios. Tampoco se evidencia que no se haya verificado cuál fue la causal de
absolución en el proceso penal para determinar si la privación de la libertad fue injusta,
pues en la providencia, aunque de manera sucinta, se señaló que, como la causal de
exoneración fue la aplicación del in dubio pro reo, no era posible establecer que solo por
esta razón la medida de privación de libertad haya sido irrazonable.
En virtud de lo anterior, se concluye que la sentencia cuestionada no incurre en los
defectos de desconocimiento del precedente, falta de motivación o defecto fáctico, motivo
por el cual se denegarán las pretensiones de la tutelante.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Denegar las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor Edilberto
Martínez Bolaños y otros, conforme a lo expuesto en esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador5
5 Con el propósito de asegurar la calidad lingüística y técnico-formal de la presente providencia, el despacho ponente,
a través de su grupo de sustanciación, como herramienta de apoyo a la gestión administrativa y judicial, empleó un
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sistema de apoyo de inteligencia artificial Microsoft 365 Copilot (modelo GPT-4, desarrollado por OpenAI), con el único
propósito de efectuar una revisión ortográfica, gramatical y léxica del texto previamente elaborado por el funcionario
judicial. Para tal efecto se utilizó un prompt estructurado en el que se asignó a la herramienta el rol de revisor lingüístico
y técnico-formal, con la instrucción precisa de identificar exclusivamente errores verificables de ortografía (tildes,
mayúsculas y puntuación), gramática (concordancia, régimen preposicional y sintaxis) y léxico (uso impropio de
palabras, ambigüedad semántica y términos fuera de contexto jurídico), tomando como referencia las reglas de la Real
Academia Española y los estándares de redacción judicial de las altas cortes colombianas. El prompt incluyó
restricciones expresas dirigidas a impedir que la herramienta formulara sugerencias de estilo, propusiera redacciones
alternativas, reescribiera párrafos, sugiriera versiones "mejoradas" del texto o emitiera valoración alguna sobre el fondo
jurídico, probatorio o argumentativo de la providencia, así como instrucciones sobre el formato de salida, consistente
en una tabla que individualizara cada hallazgo (página, párrafo, fragmento, tipo de error y explicación técnica). En todo
caso, se precisa que los hallazgos reportados por la herramienta fueron objeto de revisión, verificación y validación por
parte del funcionario judicial, quien determinó autónomamente la procedencia o improcedencia de cada ajuste, sin que
se hayan realizado transcripciones literales del contenido generado por la herramienta, ni se hayan incorporado al texto
reformulaciones de contenido, modificaciones argumentativas o reescrituras de pasajes, en tanto que el sistema se
utilizó exclusivamente como instrumento de control de calidad lingüística sobre un texto cuya redacción, estructura
argumentativa, valoración fáctica, análisis probatorio y motivación jurídica fueron elaborados íntegramente por el
funcionario judicial. Asimismo, se deja constancia de que no se introdujeron en la herramienta datos personales,
información sensible ni elementos de carácter reservado o confidencial de las partes o del proceso. Esta actuación se
realizó en cumplimiento de los principios jurídicos de debido proceso, transparencia, igualdad ante la ley y supervisión
judicial. Finalmente, el uso de dicha herramienta se enmarca en las finalidades autorizadas en los literales (a) del
numeral 4.1; y (q) del numeral 4.2 del artículo 4 del Acuerdo PCSJA24-12243 del 16 de diciembre de 2024, "por el cual
se adoptan lineamientos para el uso y aprovechamiento respetuoso, responsable, seguro y ético de la inteligencia
artificial en la Rama Judicial".
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