Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02398-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02398-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02398-00
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
8 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., ocho (08) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02398-00
Accionante: José Francisco Montufar Rodríguez
Accionados: Tribunal Administrativo del Tolima y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
Tema: Acción de tutela en contra de una tutela. Subtema 1: Requisitos de procedencia de la acción
de tutela en contra de otra – fraus omnia corrumpit. Subtema 2: Requisito lógico-jurídico. Sentido
del fallo de tutela: Se declara improcedente la solicitud de amparo.
La Sala decide la acción de tutela1 presentada por José Francisco Montufar
Rodríguez en contra del Tribunal Administrativo del Tolima, la Corte Constitucional,
la Procuraduría General de la Nación, y la Regional Tolima de la Defensoría del
Pueblo.
I. ANTECEDENTES
1.- La solicitud de tutela
El interesado interpuso tutela en procura de la protección de sus derechos de
acceso a la administración de justicia, al debido proceso, a la igualdad, a la dignidad
humana, al libre desarrollo de la personalidad, a la protección reforzada de la
población LGBTIQ+, a la prohibición de revictimización y de petición, que consideró
vulnerados con la sentencia dictada el 18 de septiembre de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Tolima, mediante la cual se revocó la proferida el 15 de agosto
de ese mismo año por el Juzgado 6º Administrativo de Ibagué y, en su lugar, se
negaron las pretensiones de la tutela No. 73001333300620250022500/01. También
censuró que las demás autoridades convocadas guardaron silencio frente a la
petición de insistencia que elevó con el fin de que se seleccionara la tutela en
comento para surtir revisión.
1 Obra escrito de tutela a folios 1-5 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado
152A028E26D9611D A700EE116B235164 EBBFB9EA9FD219C3 09E18CC921EEAFA0.
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Accionante: José Francisco Montufar Rodríguez
Accionados: Tribunal Administrativo del Tolima y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
2.- Hechos
2.1.- José Francisco Montufar Rodríguez, quien actúa en nombre propio y en
condición de activista LGBTIQ+, promovió amparo constitucional contra RCN
Televisión S.A., Claudia Isabel Palacios Giraldo y Érika Nieto Márquez, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales. El convocante alegó que en
2025 el canal RCN transmitió el programa “Mujeres Sin Filtro”, en el cual se abordó
la identidad de género desde una perspectiva que calificó como transfóbica y
estigmatizante. Señaló que la intervención de Érika Nieto Márquez, quien afirmó que
no aprobaría a un hijo trans, constituye una forma de violencia simbólica que
refuerza la exclusión y alimenta prejuicios. Censuró la omisión de voces expertas o
representantes de la comunidad LGBTIQ+ y el uso de un enfoque biologicista. Adujo
que esas declaraciones reviven experiencias de rechazo y promueven un entorno
de discriminación2.
2.2.- El conocimiento de la actuación fue asignado al Juzgado 6º Administrativo de
Ibagué bajo el radicado No. 73001333300620250022500. El a quo, por sentencia
del 15 de agosto de 20253, declaró improcedente el amparo, puesto que no se
cumplió el requisito de legitimación en la causa por activa, toda vez que los
comentarios controvertidos no se dirigieron contra José Francisco Montufar
Rodríguez, sino que se referían a una situación hipotética relacionada con personas
trans. Sostuvo que el accionante no acreditó actuar como representante de un
tercero o de un grupo en situación de indefensión que estuviera impedido para
incoar directamente el amparo, ni demostró un mandato expreso de representación,
elementos necesarios para la titularidad de la acción. Finalmente, aunque reconoció
el impacto negativo que los mensajes en medios de comunicación pueden tener
sobre poblaciones vulnerables, advirtió que la falta de legitimación impedía realizar
el estudio material de la presunta vulneración.
2.3.- Inconforme, el convocante interpuso recurso de apelación. El Tribunal
Administrativo del Tolima, en providencia del 18 de septiembre de 2025, revocó la
decisión recurrida y, en su lugar, negó la solicitud de salvaguarda. Para ello, precisó
que el accionante sí está legitimado, pues es activista y hace parte de la población
LGBTIQ+; asimismo, halló acreditados los demás requisitos de procedibilidad. Al
2 A folios 6-7 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 152A028E26D9611D
A700EE116B235164 EBBFB9EA9FD219C3 09E18CC921EEAFA0.
3 Ibidem.
3
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abordar el fondo, determinó que las declaraciones de Érika Nieto Márquez no
transgredieron los derechos alegados. El análisis integral y semántico de la frase “lo
amaría, lo aceptaría, pero no lo aprobaría” permitió establecer que los términos
usados configuran un marco de respaldo afectivo y de reconocimiento de la dignidad
que excluye el menosprecio. Precisó que la mención de “no aprobación” constituye
una reserva íntima y una valoración subjetiva protegida por la libertad de
pensamiento y opinión. Aclaró que la sentencia T-061 de 2024 no es aplicable, pues
en este caso no se configuró un discurso de odio o incitación a la violencia.
3.- Fundamentos de la acción de tutela
El accionante alegó la configuración de un defecto fáctico, por cuanto el tribunal
desconoció el contenido objetivo de la prueba audiovisual, minimizó el alcance de
la expresión “no aprobaría un hijo trans” y realizó un análisis probatorio fragmentado
que omitió el impacto estructural del discurso. Adujo, igualmente, el
desconocimiento del precedente constitucional, toda vez que la providencia
privilegió la libertad de expresión sobre los derechos de la población LGBTIQ+, sin
considerar que la discriminación puede configurarse sin intención subjetiva y que
los mensajes en medios masivos amplifican la exclusión de las minorías. A su vez,
señaló la violación directa de la Constitución al omitir un enfoque diferencial y un
juicio de proporcionalidad estricto. También invocó la omisión del principio de no
revictimización, pues redujo el impacto simbólico de la discriminación a una mera
opinión personal, lo que invisibilizó la carga histórica de exclusión de las personas
trans. Ultimó que el estudio de la colegiatura fue formal y no abordó sustancialmente
el estándar reforzado exigido en casos de discriminación basada en identidad de
género.
A su vez, cuestionó que las demás autoridades convocadas4 guardaron silencio
frente a la solicitud de insistencia que radicó con el fin de lograr la selección de la
tutela No. 73001333300620250022500/01 para que surta el recurso de revisión.
4.- Pretensiones de la acción
En el escrito introductorio se solicitó (i) amparar los derechos fundamentales cuya
trasgresión se alega; (ii) declarar la nulidad de la sentencia proferida por el Tribunal
4 La Corte Constitucional, la Procuraduría General de la Nación y la Regional Tolima de la Defensoría del Pueblo.
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Administrativo del Tolima; y (iii) ordenar a la Corte Constitucional y a la Defensoría
del Pueblo que den respuesta a la solicitud de insistencia para la revisión del referido
trámite constitucional.
5.- Trámite de la acción de tutela y fundamentos de la oposición
5.1.- Mediante auto del 27 de marzo del 2026, el Despacho Ponente admitió la
acción de tutela y vinculó al Juzgado 6º Administrativo de Ibagué, así como a todos
los que fueron accionados en el trámite constitucional inicial. También ordenó la
notificación a las partes y a los vinculados.
5.2.- La Procuraduría General de la Nación informó que la solicitud de insistencia
de tutela radicada por José Francisco Montufar Rodríguez fue recibida y tramitada
de fondo por la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Constitucionales. Informó que el
término para insistir en la revisión del radicado T-11641187 ante la Corte
Constitucional vencía el 9 de febrero de 2026, fecha posterior a la exclusión del
asunto por parte de la Sala de Selección. Precisó que el procurador general, en
ejercicio de su facultad discrecional, decidió no insistir, razón por la cual se profirió
el auto 087 del 11 de febrero de 2026 que declaró la improcedencia de la petición,
decisión que fue notificada al correo electrónico del accionante el 16 de febrero de
2026, dándose por terminado ese trámite.
5.3.- La Corte Constitucional solicitó negar el amparo invocado, por estimar que no
existe vulneración a los derechos fundamentales del accionante. Señaló que la
revisión de los fallos de tutela es una facultad eventual y discrecional de las salas
de selección, las cuales no están obligadas a motivar la exclusión de los
expedientes. Explicó que el proceso con radicado T-11641187 fue efectivamente
analizado por una sala de selección, la cual decidió excluirlo mediante auto del 18
de diciembre de 2025, y aclaró que las solicitudes de selección o insistencia no
tienen la naturaleza de una petición en ejercicio de lo previsto en el artículo 23 de la
Constitución Política, por lo que su trámite se rige exclusivamente por su reglamento
interno.
5.4.- La Defensoría del Pueblo manifestó que el Comité Jurídico realizó el estudio
de las piezas procesales aportadas por el accionante y determinó que el caso no
cumplía con los criterios sustanciales de procedencia para ejercer la facultad de
insistencia, decisión que fue comunicada al interesado mediante oficio del 22 de
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Accionante: José Francisco Montufar Rodríguez
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febrero de 2026. Resaltó que la facultad de insistir es de carácter eminentemente
potestativo y discrecional, lo que permite un margen de apreciación sobre la
pertinencia de cada caso, y concluyó que el derecho de petición fue satisfecho
mediante una respuesta oportuna y de fondo debidamente notificada.
II. CONSIDERACIONES
1.- Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela interpuesta por José
Francisco Montufar Rodríguez en contra del Tribunal Administrativo del Tolima, la
Corte Constitucional, la Procuraduría General de la Nación y la Regional Tolima de
la Defensoría del Pueblo, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de
la Constitución, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena del Consejo de Estado.
2.- Problema jurídico
En primer lugar, la Sala se referirá a los requisitos de procedencia de la tutela en
contra de otra acción de la misma naturaleza y, seguidamente, se verificará si se
cumplen en este caso. Finalmente, se estudiará la crítica relativa a la falta de
respuesta respecto a la solicitud de insistencia a la luz del requisito lógico jurídico.
3.- Procedencia excepcional de la acción de tutela en contra de una tutela
3.1.- De conformidad con lo expresado por la Corte Constitucional en la sentencia
C-590 de 2005, por regla general, la acción de tutela resulta improcedente para
confutar sentencias dictadas en el marco del proceso constitucional definido en el
artículo 86 de la norma superior.
No obstante, la guardiana de la Constitución, en la SU-627 del 1 de octubre de
20155, fijó los presupuestos exceptivos a la precitada regla. Para tal efecto, indicó
que la solicitud de amparo constitucional procede, de manera excepcional, en contra
de un fallo de tutela si (i) es proferido por un juez o tribunal diferente a la Corte
Constitucional; (ii) se cumplen los requisitos genéricos de procedibilidad; (iii) no
5 Corte Constitucional, SU-627 del 1° de octubre de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.
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comparte identidad procesal con la cuestionada; (iv) se demuestra de manera clara
y suficiente que la decisión adoptada fue producto de una situación de fraude (fraus
omnia corrumpit) que da lugar a la cosa juzgada fraudulenta; y (v) no existe otro
medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.
El aludido tribunal determinó, también, la procedencia excepcional del amparo en
contra de actuaciones realizadas en el marco de un trámite constitucional igual; para
lo cual manifestó que ello quedará sujeto a la emisión de la sentencia. Sobre el
particular, explicó que si la actuación atacada es previa al fallo, consiste en la
omisión de notificación o vinculación de un tercero y se cumplen los requisitos
generales, la tutela será procedente6; por su parte, si se trata de una circunstancia
posterior y esta tiene relación con el fallo constitucional, no procede, salvo que se
discuta la vulneración de un derecho fundamental derivado del incidente de
desacato, caso en el que será viable siempre que se cumplan los presupuestos
genéricos7.
3.2.- En relación, específicamente, con la cosa juzgada fraudulenta, entendida como
condición sine qua non para estudiar una tutela impetrada en contra de otra, en la
SU-627 de 2015 se expuso lo siguiente:
“4.4.1. En la Sentencia T-218 de 2012, este tribunal reconoció que la regla de que la tutela
no procede contra sentencias de tutela no puede ser absoluta. El principio de cosa juzgada
no puede entenderse en términos absolutos, pues en ciertas circunstancias, como cuando
está de por medio el principio de fraus omnia corrumpit, puede entrar en tensión con el
principio de justicia material, a partir del cual es posible desvirtuar la presunción de legalidad
y acierto que tiene la decisión del juez. En el fallo de tutela, valga decir, en su parte
resolutiva, es posible distinguir dos partes constitutivas: ‘(i) la decisión de amparo y (ii) la
orden específica y necesaria para garantizar el goce del derecho protegido’. Respecto de
la decisión, ‘el principio de cosa juzgada se aplica en términos absolutos conforme a la
inimpugnabilidad que la caracteriza’, mientras que respecto de la orden, ‘se ha dicho que
puede ser complementada para lograr el cabal cumplimiento del fallo’. En este contexto, es
posible que se configure el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, que ‘se predica de un
proceso que ha cumplido formalmente con todos los requisitos procesales y que materializa
en esencia un negocio fraudulento a través de medios procesales, que implica un perjuicio
ilícito a terceros y a la comunidad’. Este fenómeno es más grave cuando el fraude es
cometido directamente por el juez o con su anuencia. Con este fundamento, al constatar la
existencia de fraude en una sentencia de tutela que no fue objeto de revisión, para evitar
que esta se materialice, este tribunal advirtió que si bien ‘no puede revocar esa providencia,
lo que implicaría hacer un análisis de fondo de la misma y transgredir las consecuencias
que emanan una vez finiquitado el trámite de revisión en esta Corporación’, s[í] puede,
como ya lo hizo en la Sentencia T-104 de 2007, ‘hacer que esa decisión, por consecuencia,
quede sin ningún valor jurídico, respetando la prohibición del non bis in ídem,
fundamentando su actuación en el precepto fraus omnia corrumpit’ (…)
6 Corte Constitucional, SU-627 de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo.
7 Ibídem.
7
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4.4.2. En la[s] [s]entencias T-951 de 2013 y T-373 de 2014 este tribunal reiteró la
procedencia excepcional de la tutela cuando se trata de ‘revertir o de detener situaciones
fraudulentas y graves, suscitadas por el cumplimiento de una orden proferida en un proceso
de amparo’. En la primera de ellas precisó que la cosa juzgada, incluso la constitucional,
‘no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar el valor de la justicia’, de tal suerte
que ‘las instituciones del Estado Social de Derecho, establecidas para la promoción de los
valores democráticos, basados en la solidaridad y en la vigencia de un orden justo, no
pueden permitir que se consoliden situaciones espurias, bajo el argumento de la obediencia
ciega a las situaciones juzgadas, cuando las mismas son producto de la cosa juzgada
fraudulenta’”.
En punto de lo anterior, en la sentencia T-073 de 2019, el órgano de cierre
constitucional desarrolló el concepto de fraude, bajo las consideraciones que
siguen:
“Un comportamiento puede calificarse como fraudulento cuando la actuación, que en
apariencia se ajusta a la prescripción normativa, en la realidad conlleva una situación
manifiestamente contraria a un principio del ordenamiento superior. De este modo, el fraude
se presenta como un supuesto de infracción indirecta de la ley, por dos razones. Por una
parte, los actos realizados en fraude a la ley no impiden la debida aplicación de la norma
que se hubiese tratado de eludir. Por otra, producen una situación que atenta contra el
orden constitucional y los principios que inspiran el reconocimiento de un derecho previsto
por una disposición particular, la cual es empleada para obtener el resultado no deseado
por el legislador.
La esencia de la institución del fraude a la ley es, precisamente, contribuir a la coherencia
del derecho, al ajuste entre las reglas y principios que las fundamentan y limitan, a evitar
que se produzcan ciertas consecuencias contrarias a principios jurídicos, con
independencia de la intención o motivo que condujeron al actor a la aplicación irregular que
se censura.
En esa medida, el elemento objetivo de la conducta es lo que determina la existencia del
fraude y, el presupuesto determinante y suficiente para su configuración es que se produzca
un daño antijurídico. Es por eso que, para estar en presencia de fraude no se requiere de
un elemento subjetivo, ya que este puede producirse sin que exista intención por parte del
agente. Basta con que la consecuencia aparezca como injustificada o indebida de acuerdo
con los principios superiores, en tanto el acto fraudulento quebranta la coherencia del
ordenamiento (necesaria adecuación entre la norma y el principio)”.
3.3.- Resulta pertinente resaltar que, con posterioridad a la citada sentencia de
unificación, la Corte Constitucional ha proferido providencias relevantes respecto a
la procedencia de la tutela en contra de otra de la misma naturaleza.
En la sentencia T-093 de 20188 aclaró que “la acción de tutela no puede utilizarse
para reabrir un debate probatorio o sustantivo concluido por los jueces
constitucionales en un trámite de amparo anterior”; en la T-470 de 20189 no encontró
razón para concluir que el juez hubiese incurrido en conductas con propósitos
fraudulentos, ilegales o dolosos que atentaran en contra de la administración de
8 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
9 M.P. Alberto Rojas Ríos.
8
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Accionante: José Francisco Montufar Rodríguez
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justicia, en razón a que los argumentos del accionante versaban sobre una
interpretación de derecho que no compartía, circunstancia que revelaba la intención
de la parte convocante de reabrir un debate jurídico ya consolidado; por otra parte,
en la sentencia T-072 de 201810 se hizo énfasis en la improcedencia de esta vía
constitucional cuando se incumple la carga de demostrar la existencia de una cosa
juzgada fraudulenta; así mismo, en la providencia T-322 de 201911 se señaló que la
solicitud de amparo debe generar en el juez constitucional convencimiento sobre la
configuración del fraude alegado, el que tiene que colegirse de los hechos objetivos
y pruebas aportadas y, finalmente, que no basta con que se noten algunas
imprecisiones en las providencias cuestionadas, pues estas deben ser de tal entidad
que impidan reconocer su validez.
4.- Verificación del presupuesto fraus omnia corrumpit en el caso concreto
4.1.- La Sala advierte, prima facie, que los cargos impetrados por José Francisco
Montufar Rodríguez contra el Tribunal Administrativo del Tolima no satisfacen esta
condición, pues no se percibe la configuración de la cosa juzgada fraudulenta
respecto al fallo dictado el 18 de septiembre de 2025. Por el contrario, la acción
constitucional objeto de estudio se avizora como un medio dirigido a mostrar una
inconformidad frente al análisis jurídico efectuado por los magistrados que
conocieron la tutela No. 73001333300620250022500/01.
4.2.- En criterio de Montufar Rodríguez, la sentencia de segunda instancia incurrió
en defectos fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución al validar como opiniones personales expresiones que, a su juicio,
constituyen violencia simbólica y discriminación estructural contra la población
trans. Considera que el tribunal omitió un enfoque diferencial y minimizó el impacto
de discursos estigmatizantes emitidos en medios de comunicación masiva, lo que,
a su entender, resulta contrario al ordenamiento superior.
4.3.- Ahora bien, según la sentencia T-322 de 201912, la situación de fraude se
verifica ante la concurrencia de hechos como: (i) la decisión de autoridad
competente en la que se declare la conducta dolosa del juez; (ii) la apertura de
investigaciones disciplinarias o penales acerca de la configuración de un delito; (iii)
10 M.P. Carlos Bernal Pulido.
11 M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
12 M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
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la materialización del dolo en la sentencia judicial; (iv) la existencia de una
interpretación normativa abiertamente contraria a los postulados constitucionales y
a la buena fe; (v) la afectación al patrimonio público; (vi) la ausencia de certeza del
derecho reconocido; (vii) la protección de un elevado número de peticionarios, cuya
situación individual no alcanza a ser debidamente examinada dentro del término de
diez días del que dispone el juez para decidir; (viii) cuando se presenta acción de
tutela en contra de una entidad que, por estar sumida en un estado de cosas
inconstitucionales, presenta una limitada capacidad para ofrecer respuesta
oportuna a las demandas de sus afiliados y beneficiarios y amenaza el goce efectivo
de derechos fundamentales de terceros; y (ix) el reconocimiento de una prestación
de forma manifiestamente ilegal.
4.4.- De conformidad con lo anterior, se advierte que el tutelante se limitó a exponer
su desacuerdo con lo decidido en el proceso No. 73001333300620250022500/01 y
a manifestar inconformidades frente a los criterios de valoración semántica y jurídica
de la autoridad de segunda instancia. Sin embargo, no hizo referencia o mención
alguna a hechos que permitan colegir la materialización de una decisión fraudulenta
y, mucho menos, aportó medios probatorios con el fin de acreditar esa circunstancia.
Así, se debe concluir que esta Sala no puede pronunciarse nuevamente sobre una
cuestión que se planteó y resolvió en el marco de otra acción de igual naturaleza,
so pena de desconocer los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada.
4.5.- En ese sentido es evidente que las quejas planteadas en contra de lo decidido
por el Tribunal Administrativo del Tolima son improcedentes, toda vez que no
cumplen con un requisito esencial de la tutela contra tutela. En esa medida, se
continuará con el análisis del cargo formulado contra las demás autoridades.
5.- Requisito lógico jurídico en el caso concreto
5.1.- La Corte Constitucional ha sostenido que la acción de tutela fue estatuida por
el constituyente de 1991 con el objeto de ser un mecanismo de protección
inmediato, efectivo, concreto y subsidiario de los derechos fundamentales, cuando
quiera que estos resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares en los términos del artículo 86
constitucional y del artículo 1º del Decreto 2591 de 199113. Esta protección
13 Corte Constitucional, sentencias T-130 de 2014 y T-883 de 2008.
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“consistirá en una orden para que aqu[e]l respecto de quien se solicita la tutela,
actúe o se abstenga de hacerlo”.
En esa medida, ha señalado la alta corte constitucional que, en atención a una
interpretación sistemática de la Carta Política y de los artículos 5º y 6º del referido
decreto, el “amparo constitucional se torna improcedente, entre otras causas,
cuando no existe una actuación u omisión del agente accionado a la que se le pueda
endilgar la supuesta amenaza o vulneración de las garantías fundamentales en
cuestión”14. Lo anterior, en tanto “(…) para que la acción de tutela sea procedente
requiere como presupuesto necesario de orden lógico-jurídico, que las acciones u
omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (…)”15, ya
que “sin la existencia de un acto concreto de vulneración a un derecho fundamental
no hay conducta específica activa u omisiva de la cual proteger al interesado (…)”16.
Así las cosas, ante la ausencia del requisito lógico-jurídico esencial, como lo es la
existencia de una acción u omisión respecto de la cual se pueda efectuar el juicio
de vulnerabilidad de derechos fundamentales, el mecanismo tuitivo resulta
improcedente.
5.2.- El tutelante cuestiona que la Corte Constitucional, la Procuraduría General de
la Nación y la Defensoría del Pueblo omitieron dar trámite y respuesta de fondo a la
solicitud de insistencia para la revisión del expediente de tutela No.
73001333300620250022500/01 y desconocieron su deber de protección reforzada
hacia la población LGBTIQ+ al no ejercer las facultades discrecionales de
insistencia previstas en la ley.
5.3.- La Sala advierte que en el presente asunto no se satisface el requisito lógico-
jurídico de procedibilidad, toda vez que las pretensiones del actor desbordan el
núcleo esencial del derecho de petición al pretender que, por esta vía, se resuelva
una controversia de naturaleza estrictamente procesal y jurisdiccional. Al respecto,
es necesario precisar que la solicitud de insistencia no es una manifestación del
derecho fundamental previsto en el artículo 23 de la norma normarum, sino una
actuación de orden procesal enmarcada en el ejercicio de las funciones
jurisdiccionales de la Corte Constitucional y de las facultades potestativas de ciertos
14 Sentencia T-130 de 2014.
15 Ibid.
16 Ibid.
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órganos. Como lo establece la Circular Interna 02 de 2025 de la Corte
Constitucional, los escritos radicados en el curso de trámites judiciales no se rigen
por la Ley Estatutaria que rige el derecho de petición, por lo que la tutela no es el
instrumento idóneo para exigir un resultado específico sobre una facultad que es,
por definición, eventual y discrecional.
5.4.- Aunado a lo anterior, se observa que, en todo caso, no existe una omisión
imputable a las autoridades en comento, pues la facultad de insistencia regulada en
el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991 es de naturaleza plenamente discrecional y
potestativa. El uso de la expresión “podrá” en el régimen jurídico aplicable otorga a
la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General y a los magistrados de la corte
referida un margen de apreciación y análisis sobre la conveniencia y oportunidad de
insistir en un caso, sin que estén obligados a actuar ante la solicitud de un particular
ni a emitir una respuesta favorable a sus intereses. La mera circunstancia de que
las entidades decidan no insistir o que el alto tribunal constitucional excluya el
expediente de revisión, no constituye una vulneración a derechos fundamentales,
sino el ejercicio legítimo de una competencia reglada y autónoma.
5.5.- En adición a ello se encuentra acreditado que la Procuraduría General de la
Nación y la Defensoría del Pueblo tramitaron la solicitud del actor y emitieron
respuestas expresas notificadas el 16 y 22 de febrero de 2026, respectivamente, en
las cuales informaron que el asunto no cumplía con los criterios sustanciales para
ejercer la insistencia. Por su parte, la Corte Constitucional certificó que el expediente
T-11641187 fue sometido al proceso de selección y excluido mediante auto del 18
de diciembre de 2025, actuación que constituye en sí una respuesta, sin que sea
admisible recurso alguno contra dicha determinación.
5.6.- Así las cosas, debe recalcarse que la controversia sobre la selección o
insistencia de una tutela es un asunto de estricta naturaleza procesal y discrecional
que escapa al control del juez de amparo por la vía del derecho de petición. Ahora
bien, las actuaciones efectuadas por las entidades accionadas, aunque no sean
conformes a las expectativas del accionante, satisfacen el deber de información y
reflejan que no hubo negligencia. En consecuencia, ante la inexistencia de una
acción u omisión ilegítima, se concluye que no hay forma de estudiar una eventual
vulneración a las garantías constitucionales denunciadas por los hechos invocados.
12
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02398-00
Accionante: José Francisco Montufar Rodríguez
Accionados: Tribunal Administrativo del Tolima y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
6.- Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala declarará la
improcedencia de la totalidad de los argumentos elevados por Montufar Rodríguez.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado, de
conformidad con las razones ut supra.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Consejero de Estado
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado
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