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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02401-00

Fecha
7 de mayo de 2026
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02401-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA EN LA CAUSA de Nutreagro SAS por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales de petición y debido proceso respecto de la petición de 9 de marzo de 2026 que presentaron Gaby Betancour SAS y Centro Agropecuario el Campo ante el Tribunal Administrativo de Meta. TERCERO: ORDENAR a la Secretaría del Tribunal Administrativo de Meta que, en un término de 48 horas siguientes, contadas a partir de la notificación de esta providencia, notifique la providencia de 23 de abril de 2026 a Gaby Betancour SAS y Centro Agropecuario el Campo a los correos electrónicos dispuestos para ello. CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 25. QUINTO: En caso de no ser impugnada esta decisión, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02401-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

7 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

7 de mayo de 2026

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02401-00
Demandante: Gaby Betancour SAS y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Meta
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICA | Mora judicial
| Falta de legitimación activa en la causa y ampara

Síntesis del caso: La parte actora reclamó la protección de sus derechos fundamentales de
petición, debido proceso, acceso a la administración de justicia, trabajo y mínimo vital
empresarial, de cara a la presunta falta de respuesta a una solicitud que presentó ante el
Tribunal Administrativo de Meta.

De acuerdo con la competencia asignada1, la Sala procederá a resolver,
en primera instancia, la acción de tutela presentada por Gaby Betancour
SAS, Centro Agropecuario el Campo y Nutreagro SAS contra el Tribunal
Administrativo de Meta, despacho de la Magistrada Nohra Eugenia
Galeano Parra.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 25 de marzo de 2026, Gaby Betancour SAS2, Centro Agropecuario
el Campo3 y Nutreagro SAS4 en nombre propio, presentaron una acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo de Meta, despacho de la Magistrada
Nohra Eugenia Galeano Parra, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales de petición, acceso a la administración de justicia, trabajo
y mínimo vital empresarial, debido a la falta de respuesta a su solicitud para
ser reconocidos como terceros con interés en el asunto y “la definición sobre
el destino de los recursos cautelados”, dentro del proceso ejecutivo No.
50001-23-33-000-2023-00313-00.

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 Representada legalmente por Ruth Gabriela Betancour Caicedo.
3 Representada legalmente por Luz Edith García Portilla.
4 Representada legalmente por Damian Gómez Llanos.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación:11001-03-15-000-2026-02401-00
Demandante: Gaby Betancour SAS y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Meta
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Falta de legitimación activa en la causa y ampara
______________________________________________________________________________________________________________

2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):

“1. Que se tutelen los derechos fundamentales invocados.

2. Que se ordene al Tribunal Administrativo del Meta emitir un pronunciamiento
de fondo respecto de las solicitudes presentadas por los terceros afectados,
dentro de un término perentorio.

3. Que dicho pronunciamiento incluya:

• Definición sobre el estado de la medida cautelar
• Determinación del destino de los recursos retenidos
• Consideración de la situación de los terceros afectados

4. Que se garantice la protección de los derechos de los terceros afectados
frente a los efectos de la medida cautelar.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:

4. 1) El 28 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo de Meta libró
mandamiento de pago y decretó medida cautelar en favor de la
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y en contra del Consorcio
Producción Agropecuaria Sostenible de los Llanos, conformado por Ingefe
SAS y la Asociación de Municipios del Meta (Asmeta)5.

5. 2) Contra las decisiones anteriores, el 17 de julio de 2025, el Consorcio
Producción Agropecuaria Sostenible de los Llanos interpuso recurso de
reposición y, en subsidio, de apelación, el cual fue coadyuvado por Asmeta.

6. 3) El 9 de marzo de 2026, Gaby Betancour SAS, Centro Agropecuario
el Campo y Edier Husberto Córdoba Solarte radicaron memorial ante el
Tribunal Administrativo de Meta, mediante el cual solicitaron ser reconocidos
como terceros con interés en el asunto y que se definiera el destino jurídico
de los recursos formulados. Como argumento sostuvieron que eran
proveedores del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos
Ilícitos- PNIS, a través de la Asociación de Municipios del Meta -ASMETA;
razón por la cual se verían afectados por las decisiones judiciales.

5 “DECRETAR el embargo de los dineros que se encuentren o que se lleguen a depositar en cualquier cuenta

bancaria [corriente o de ahorros], certificados, títulos de capitalización, fiducias, carteras colectivas, CDT y/ o
cualquier otro producto financiero, en los siguientes bancos: BANCO DE BOGOTÁ, BANCOLOMBIA S.A., BANCO
DAVIVIENDA, BANCO BBVA, BANCO SCOTIABANK COLPATRIA, BANCO ITAÙ, BANCO DE OCCIDENTE, BANCO GNB
SUDAMERIS, BANCO FALABELLA, BANCO COOMEVA, BANCO PICHINCHA, BANCO CAJA SOCIAL, AV. VILLAS,
BANCO DE LA MUJER, BANCO POPULAR, BANCAMIA, BANCO AGRARIO, BANCO FINANDINA y BANCO SERFINANZA,
que sean de propiedad de INGEFE SAS, Nit. 900.504.378-7 y la Asociación de Municipios del Meta, Nit. 900.056.772-
3, en calidad de responsables solidarios del Consorcio Producción Agropecuaria de los Llanos, conforme a la
solicitud presentada por la apoderada de la parte ejecutante, limitándose la medida a la suma de $3.176.930.710.”

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Demandante: Gaby Betancour SAS y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Meta
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Falta de legitimación activa en la causa y ampara
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7. 4) El 20 de marzo de 2026, Bancolombia SA expidió el Oficio No.
251307, mediante el cual informó el bloqueo de los recursos de Asmeta
según lo ordenado por la autoridad judicial6.

8. 5) Mediante Autos de 26 y 27 de marzo de 2026, el tribunal decidió no
reponer las decisiones mediante las cuales: (1) libró mandamiento de pago
y, (2) ordenó la medida cautelar, ambas proferidas el 28 de mayo de 2025
y, frente a esta última, concedió el recurso de apelación en efecto
devolutivo ante el Consejo de Estado. Dicha decisión fue notificada por
estados el 24 de abril de 20267.

9. Como fundamento de la vulneración, la parte actora alegó que la
ausencia de respuesta a la solicitud de vinculación como terceros con
interés en el asunto por parte de la entidad accionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia,
trabajo, mínimo vital empresarial y petición.

10. Argumentó que la medida cautelar decretada en contra de Asmeta
sin que se especificara el destino de los recursos cautelados vulneró sus
derechos fundamentales, toda vez que la mencionada entidad tenía
obligaciones claras, expresas, exigibles y vencidas con los accionantes y, en
consecuencia, la falta de pronunciamiento por la autoridad judicial
accionada los mantuvo en incertidumbre jurídica, así como una afectación
al flujo de caja y un riesgo a la continuidad empresarial de los accionantes.

1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados8

11. El Tribunal Administrativo de Meta9 indicó que el despacho 6 del
Tribunal Administrativo de Meta se creó mediante el Acuerdo del Consejo
Superior de la Judicatura PCSJA20-11650 de 28 de octubre de 2020 y que
mediante el Acuerdo CSJMEA21-15 de 3 de febrero de 2021, expedido por
el Consejo Seccional de la Judicatura de Meta, se adelantó el proceso de
homologación y redistribución de expedientes. En tal sentido, el despacho
recibió un número significativo de procesos en diferentes etapas procesales,
razón por la cual adelantó los procesos de manera progresiva según su
disponibilidad.

12. Señaló que, frente al proceso ejecutivo No. 5001-23-33-000-2023-

6 “Teniendo en cuenta lo anterior, y dado que la cuenta de ahorros No. 84400006327 presentaba saldo disponible,

el Banco procedió al bloqueo de recursos por la totalidad del valor de la medida de embargo, esto es,
$3.176.930.710.”
7 Según consta en el aplicativo SAMAI índice 93 del proceso Ejecutivo No. 50001-23-33-000-2023-00313-00.
8 Mediante Auto de 6 de abril de 2026 el despacho ponente: (1) admitió la acción de tutela contra el Tribunal

Administrativo de Meta y (2) vinculó a la Organización de Estados Iberoamericanos, al Consorcio Producción
Agropecuaria Sostenible de los Llanos (conformado por Ingefe SAS y la Asociación de Municipios del Metas -
Asmeta).
9 Índice 13 del aplicativo SAMAI.

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Demandante: Gaby Betancour SAS y otros
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Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Falta de legitimación activa en la causa y ampara
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00313-00, mediante Auto de 28 de mayo de 2025 se libró mandamiento
ejecutivo y se decretó medida cautelar de embargo, decisiones que fueron
objeto de recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, por el
Consorcio Producción Agropecuaria Sostenible de los Llanos y coadyuvados
por Asmeta. En ese sentido, indicó que los recursos fueron resueltos en Autos
de 2610 y 2711 de marzo en los cuales se decidió no reponer la decisión y se
concedió el recurso de apelación interpuesto contra el auto que decretó la
medida cautelar.

13. Aunado a lo anterior, indicó que el memorial enviado el 9 de marzo
de 2026 por los accionantes mediante el cual solicitaron ser vinculados al
proceso como terceros con interés en el asunto, se radicó mientras el
proceso se encontraba en curso de resolución de los recursos interpuestos y,
en ese sentido, no correspondía el momento procesal para emitir un
pronunciamiento frente a dicha solicitud, pues ello implicaba alterar el curso
regular del proceso y anticipar un pronunciamiento sobre una materia
directamente relacionada con la medida cautelar y el destino de los
recursos.

14. Además, indicó que los Autos de 26 y 27 de marzo de 2026, mediante
los cuales se resolvieron los recursos en trámite, se encontraban en proceso
de notificación. Por consiguiente, manifestó que una vez quedaran
debidamente notificados y ejecutoriados, el despacho procedería a valorar
y resolver la mencionada solicitud12.

15. Finalmente, manifestó que no existió mora judicial injustificada, como
lo alegó la parte actora, toda vez que el proceso estuvo en trámite según
las etapas procesales correspondientes y, en consecuencia, no resultó
admisible utilizar la acción de tutela como mecanismo sustituto de las
decisiones que le correspondían al juez natural de la causa.

16. La Organización de Estados Iberoamericanos, y el Consorcio
Producción Agropecuaria Sostenible de los Llanos pese a haber sido
notificados13 en debida forma, guardaron silencio.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. procedencia de la acción de tutela 2.2. Fijación de la controversia. 2.3.
Verificación de la vulneración alegada. 2.4. Conclusión.

10 Mediante el cual se resolvieron los recursos interpuestos contra el auto que libro mandamiento ejecutivo en

contra del Consorcio Producción Agropecuaria Sostenible de los Llanos.
11 Mediante el cual se resolvieron los recursos interpuestos contra el Auto que decretó la medida cautelar en contra

del Consorcio Producción Agropecuaria Sostenible de los Llanos.
12 Dichas notificaciones se efectuaron el 24 de abril de 2026 según consta en índices 93 y 94 del aplicativo SAMAI

del proceso ordinario.
13 Índice 7 en el aplicativo SAMAI.

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Decisión: Falta de legitimación activa en la causa y ampara
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2.1. Procedencia de la acción de tutela

17. En el presente caso, se cumplieron los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela porque esta se orientó a obtener la
protección de los derechos fundamentales14 al debido proceso, acceso a
la administración de justicia, trabajo, mínimo vital empresarial y petición.
Gaby Betancour SAS y Centro Agropecuario el Campo son los titulares de
los derechos invocados como violados, toda vez que fueron quienes
radicaron memorial solicitando ser vinculados como terceros con interés en
el asunto, por lo cual, se tiene por acreditada la legitimación activa en la
causa15.

18. No ocurre lo mismo respecto de Nutreagro SAS, representada
legalmente por Damian Gómez Llanos, pues, tras revisar el escrito de tutela
y las pruebas aportadas, la Sala advirtió que no tiene calidad de sujeto
procesal dentro del proceso ejecutivo No. 50001-23-33-000-2023-00313-00 y
tampoco hizo parte del grupo que envío la petición por la que se estiman
vulnerados los derechos fundamentales en la presente acción de tutela. En
consecuencia, la Sala declarará su falta de legitimación activa en la
causa16.

19. De igual manera, el Tribunal Administrativo de Meta despacho a
cargo de la Magistrada Nohra Eugenia Galeano Parra tiene legitimación
pasiva en la causa17, porque de este se predica la vulneración y la misma
tiene relación con sus competencias (mora judicial injustificada).

20. Frente al requisito de subsidiariedad18, la Sala lo tendrá por superado
por no existir recurso judicial idóneo y eficaz que permitiera a la parte
accionante alegar los reparos planteados vía tutela y procurar la defensa
de los derechos presuntamente vulnerados.

21. En relación con el requisito de inmediatez19, este se satisface, en tanto,
de conformidad con el escrito de tutela, la presunta vulneración se presentó

14 Decreto 2591 de 1991. Artículo 2, en concordancia con el artículo 5 y los numerales 2 y 3 del artículo 6 ibidem.
15 Decreto 2591 de 1991. Artículos 10 y 13, en concordancia con el artículo 1 ibidem.
16 El artículo 86 de la Constitución Política, así como el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991, establecen que toda

persona puede acudir a la acción de tutela (se trascribe) “para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.
En el mismo sentido, el artículo 10 del aludido decreto dispone que, pese a que la acción de tutela puede ser
presentada por cualquier persona, para que sea procedente se requiere una vulneración o amenaza de sus
derechos. En los términos de la Corte Constitucional (se trascribe) “la legitimación en la causa por activa en los
procesos de tutela se predica siempre de los titulares de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados”.
Sentencia T-552 de 2006.
Asimismo, se destaca que la Corte Constitucional, en atención a la naturaleza propia de esta acción constitucional
y sin desconocer su carácter informal, ha precisado que el ejercicio de esta acción está sometido al cumplimiento
de unos requisitos mínimos de procedibilidad, entre los que se encuentra la legitimación.
17 Ídem.
18 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 1).
19 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 4)

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con ocasión de una situación actual y continua, como lo es el presunto
retardo o mora en la decisión respecto de la solicitud de 9 de marzo de 2026,
mediante la cual, los accionantes solicitaron ser vinculados como terceros
con interés en el asunto y que se definiera sobre el destino de los recursos
cautelados.

2.2. Fijación de la controversia

22. Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Meta
incurrió en la mora judicial alegada por Gaby Betancour SAS y Centro
Agropecuario el Campo y, con ello, afectó sus derechos fundamentales.

2.3. Verificación de la vulneración alegada

23. La Sala amparará los derechos fundamentales de petición y debido
proceso de los accionantes por las razones que pasan a explicarse:

24. Tras revisar la petición de 9 de marzo de 2026 que presentaron Gaby
Betancour SAS, Centro Agropecuario el Campo y Edier Husberto Córdoba
Solarte, la Sala evidenció que en ella se solicitó principalmente: (1) que se
vincularan como terceros con interés en el asunto y (2) se definiera el destino
jurídico de los recursos interpuestos20.

25. Sobre la anterior solicitud, es preciso acudir a lo que estableció la
Corte Constitucional sobre las peticiones presentadas ante las autoridades
judiciales (se trascribe):

“En este sentido, la Corte ha sostenido que el alcance del derecho de
petición encuentra limitaciones respecto de las peticiones presentadas
frente a autoridades judiciales, toda vez que han de diferenciarse los tipos
de solicitudes, las cuales pueden ser de dos clases: (i) las referidas a
actuaciones estrictamente judiciales, que se encuentran reguladas en el
procedimiento respectivo de cada juicio, debiéndose sujetar entonces la
decisión a los términos y etapas procesales previstos para tal efecto; y (ii)
aquellas peticiones que por ser ajenas al contenido mismo de la litis e

20 “1. Reconocer la intervención de los proveedores aquí relacionados como terceros con interés legítimo dentro

del proceso.
2. Definir el destino jurídico de los recursos actualmente congelados por la medida cautelar.
3. Determinar si dichos recursos deben trasladarse a depósito judicial o si procede el levantamiento de la medida
cautelar.
4. Garantizar el acceso al expediente digital del proceso a los terceros intervinientes.
5.Analizar la afectación generada a terceros proveedores que participaron en la ejecución de programas de
política pública.
6. Evaluar la situación de los recursos inmovilizados a la luz del principio de proporcionalidad de las medidas
cautelares.
7. Evaluar la posibilidad de modular la medida cautelar, permitiendo la liberación parcial de recursos destinados al
pago de obligaciones contractuales verificadas frente a proveedores de buena fe.
8. Que se compulsen copias del presente memorial al Director Regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito – ONUDC, (guillermo.garcia@un.org) en su calidad de entidad supervisora del Memorando de
Acuerdo bajo el cual se ejecutaron las actividades del programa PNIS relacionadas con los contratos aquí descritos.
9. Que se ponga en conocimiento de la entidad financiera correspondiente la solicitud presentada por los terceros
afectados, a efectos de que se mantenga informada de las decisiones que adopte el despacho sobre el destino
de los recursos actualmente congelados.”

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impulsos procesales, deben ser atendidas por la autoridad judicial bajo las
normas generales del derecho de petición que rigen la administración y,
en especial, de la Ley 1755 de 2015.

En este orden, la omisión del funcionario judicial en resolver las peticiones
relacionadas a su actividad jurisdiccional según las formas propias del
proceso respectivo, configura una violación del debido proceso y del
derecho al acceso a la administración de justicia[41]. Por otro lado, la
omisión de la autoridad jurisdiccional en resolver las peticiones formuladas
en relación con los asuntos administrativos constituye una vulneración al
derecho de petición.”21

26. En ese sentido, se advierte que el contenido de la petición presentada
por la parte actora está relacionado con una actuación estrictamente
judicial y, por ende, debe ser tramitada de conformidad con los cánones
propios del proceso judicial y vista desde la óptica del derecho al debido
proceso.

27. Aunado a lo anterior, de la lectura de las pruebas aportadas por la
parte accionada y de la información consultada en la plataforma SAMAI, la
Sala advirtió que el Tribunal Administrativo de Meta mediante los Autos de
26 y 27 de marzo de 2026 resolvió el recurso de reposición y concedió el de
apelación, y en Auto de 23 de abril de 2026, se pronunció de fondo frente
al memorial de 9 de marzo de 2026.

28. En la última providencia la autoridad judicial accionada se pronunció
en los siguientes términos (se trascribe):

“En efecto, el interés que alegan los comparecientes no recae sobre la relación
jurídico-procesal que constituye el objeto del presente proceso, sino sobre
relaciones contractuales distintas, que, según lo afirmado por ellos mismos,
habrían sostenido exclusivamente con ASMETA.

En su escrito, los solicitantes manifestaron que participaron como proveedores
dentro de la ejecución de actividades del Programa Nacional Integral de
Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS, ejecutado mediante el Memorando de
Acuerdo 456 suscrito con la UNODC, y que en desarrollo de ese programa
celebraron contratos de suministro con ASMETA, entidad que, según sostienen,
mantiene con ellos obligaciones en mora. Sin embargo, de la revisión de la
demanda ejecutiva se advierte que este proceso fue instaurado por la OEI
contra el Consorcio Producción Agropecuaria Sostenible de los Llanos y sus
integrantes, INGEFE S.A.S. y ASMETA, con fundamento en el Contrato de
Suministro No. C-262-20-460-2020 y en el Acta de Concertación de Compromisos
del 17 de junio de 2022, suscrito entre esas mismas partes.

Por el contrario, los aquí solicitantes no figuran como partes del contrato, ni del
acta de concertación, ni del título ejecutivo cuyo cobro se persigue.
(…)
Para el despacho, esa circunstancia no los convierte en sujetos procesales ni les
confiere un interés jurídico directo en la presente ejecución, pues lo que
exponen corresponde a reclamaciones patrimoniales autónomas frente a
ASMETA, ajenas al título objeto de recaudo y, por lo mismo, impropias para ser
definidas dentro de esta actuación.

21 Corte constitucional, Sentencia T-394 de 2018.

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(…)
Tampoco procede acceder a la petición de analizar, dentro de este trámite
ejecutivo, la afectación económica que la medida cautelar habría generado
a los proveedores ni efectuar un examen autónomo de proporcionalidad a
partir de sus intereses particulares, pues tales aspectos desbordan el objeto de
la presente ejecución y remiten a relaciones jurídicas distintas a la que aquí se
ventila.”

29. Así, se evidencia que la autoridad judicial accionada se pronunció de
fondo frente a la solicitud presentada el 9 de marzo de 2026 siguiendo el
trámite y el debido proceso. No obstante, dicha decisión no fue notificada a
los accionantes.

30. Si bien la petición correspondió a una actuación propia del trámite
judicial y no estaba sometida a los términos del derecho de petición, la falta
de notificación impidió el conocimiento efectivo de la respuesta, pues,
aunque hubo notificación por estado22 y por correo electrónico23, no había
manera de que Gaby Betancour SAS y Centro Agropecuario el Campo se
enteraran de la negativa de su solicitud de intervención a través de la
primera forma de notificación, al no ser parte o terceros en el proceso
ejecutivo. Además, se verificó que dentro de los correos electrónicos a los
cuales se remitió el Auto de 23 de abril de 2026 no se encontraban los de los
accionantes referidos24. En esa medida, en aras de proteger sus derechos
fundamentales, la Sala los amparará y ordenará que se disponga su
notificación en los términos correspondientes.

2.4. Conclusión

31. Con fundamento en las razones expuestas, la Sala, de un lado,
declarará la falta de legitimación activa en la causa de Nutreagro SAS, y,
de otro lado, amparará los derechos fundamentales de petición y debido
proceso de Gaby Betancour SAS y Centro Agropecuario el Campo por no
habérseles notificado la decisión que resolvió su solicitud y, en
consecuencia, le ordenará a la Secretaria del Tribunal Administrativo de
Meta que lo haga.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

22 Índice 92 del aplicativo SAMAI del proceso ejecutivo.
23 Índices 93 y 94 del aplicativo SAMAI del proceso ejecutivo.
24 Se envió el auto que negó la intervención a las direcciones electrónicas de la Agencia de Defensa Jurídica del

Estado, la Asociación de Municipios del Meta, Ingefe SAS, Manuel Ricardo Rey Velez, Consorcio Producción
Agropecuaria Sostenible de Los Llanos, Julián David Solorza Martínez, Organización De Los Estados
Iberoamericanos, Cesar Augusto Lima Muños, y la Procuraduría 49 Judicial II Para Asuntos Administrativos de
Villavicencio.

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Decisión: Falta de legitimación activa en la causa y ampara
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RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA EN LA CAUSA de
Nutreagro SAS por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales de petición y debido
proceso respecto de la petición de 9 de marzo de 2026 que presentaron
Gaby Betancour SAS y Centro Agropecuario el Campo ante el Tribunal
Administrativo de Meta.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría del Tribunal Administrativo de Meta que,
en un término de 48 horas siguientes, contadas a partir de la notificación de
esta providencia, notifique la providencia de 23 de abril de 2026 a Gaby
Betancour SAS y Centro Agropecuario el Campo a los correos electrónicos
dispuestos para ello.

CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 25.

QUINTO: En caso de no ser impugnada esta decisión, REMITIR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE

Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

25 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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