Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02406-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-02406-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02406-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2026-02406-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-2406-01
Demandante: Guillermo Hernán Burgos Rodríguez
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Temas: Impugnación. Tutela contra providencia judicial. Proceso
disciplinario. Falta de relevancia constitucional.
Decisión: Confirma improcedencia.
La Sala decide la impugnación formulada por la parte accionante en contra de la
sentencia proferida el 11 de junio de 2026 por la Sección Quinta de esta
corporación, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 18 de marzo de 2026, Guillermo Hernán Burgos Rodríguez presentó
acción de tutela en contra de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con el fin
de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso
(defensa) y los principios de presunción de inocencia y autonomía e independencia
judicial.
2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó dejar sin efectos el auto proferido
el 11 de febrero de 2026 por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, mediante
el cual confirmó la decisión adoptada el 23 de octubre de 2025 por la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca y Amazonas, que denegó la
práctica de las pruebas «periciales grafológicas, dactiloscópicas e informáticas»
solicitadas dentro del proceso disciplinario adelantado en su contra, identificado con
el radicado 25000-25-02-000-2022-00203-00/01/02. En su lugar, solicitó ordenar la
práctica de dichas pruebas o, de manera subsidiaria, disponer que se profiera una
nueva decisión sobre esa solicitud probatoria.
3. Como fundamentos fácticos, de la revisión del expediente, se observa que
la señora Cielo Esther Barragán Arroyo presentó queja por las presuntas
irregularidades ocurridas en el marco del proceso ejecutivo de alimentos [renta
vitalicia] con radicado 2021-00397-00, a cargo de Guillermo Hernán Burgos
Rodríguez en su calidad de juez promiscuo municipal de Sasaima (Cundinamarca),
puesto que, según la quejosa, no suscribió obligación alimentaria alguna, no tuvo
vínculo con el demandante y no fue notificada dentro del trámite judicial, del cual se
derivaron las medidas cautelares y la entrega de depósitos judiciales.
4. El 28 de marzo de 2025, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Cundinamarca y Amazonas formuló pliego de cargos contra el investigado,
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02406-01
Demandante: Guillermo Hernán Burgos Rodríguez
calificando provisionalmente la conducta atribuida como constitutiva de falta
gravísima, a título de dolo, «por la presunta incursión en la falta descrita en el
numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 20021 (Código Disciplinario Único), en
concordancia con el artículo 413 de la Ley 599 de 20002, en concurso homogéneo,
y en armonía con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley 734 de 20023».
5. Lo anterior obedeció a que el servidor judicial, mediante auto del 16 de julio
de 2021, proferido dentro del referido proceso ejecutivo de alimentos, libró
mandamiento de pago con sustento en un contrato que no cumplía con el requisito
de solemnidad de escritura pública y asumió la competencia territorial con sustento
en una estipulación contractual que el artículo 28 del Código General del Proceso
tiene por no escrita.
6. En el desarrollo de la etapa de juzgamiento, el 23 de octubre de 2025 la
referida corporación judicial negó parcialmente la solicitud de práctica de pruebas,
en cuanto a los dictámenes periciales de grafología, dactiloscopía e informática, con
los que el investigado pretendía demostrar que el contrato que sirvió de fundamento
para la ejecución era auténtico y reflejaba una manifestación real de la voluntad de
las partes. Lo anterior, al considerar que tales medios de prueba no satisfacían los
requisitos de pertinencia, conducencia y utilidad.
7. Por lo anterior, el disciplinado interpuso recurso de apelación, en el que
alegó: (i) la vulneración al derecho de defensa y del principio de investigación
integral por cuanto la decisión le negó desplegar plenamente su actividad probatoria
y le cerró anticipadamente el debate probatorio; (ii) que las pruebas periciales
pedidas sí guardaban relación directa con los hechos que dieron origen a la queja y
con la actuación disciplinaria cuestionada porque se orientaban a verificar la
autenticidad del contrato de renta vitalicia; (iii) que la defensa no pretendía desviar
el objeto del proceso ni trasladar el debate hacia una investigación penal, sino
acreditar la existencia real del negocio jurídico; (iv) que la negativa se fundamentó
en una delimitación excesivamente restrictiva del «tema probandum» al circunscribir
el análisis a la verificación formal de las solemnidades del contrato y no permitir
estudiar la autenticidad del documento; y (v) que la pruebas pedidas sí cumplían
con los criterios legales de pertinencia en atención a que guardan relación directa
con los hechos investigados; de conducencia, por tratarse de medios idóneos y
legalmente previstos para demostrar la autenticidad de documentos; y de utilidad
porque su eventual resultado podría incidir en la determinación de la
responsabilidad disciplinaria del investigado.
1 «ARTÍCULO 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: 1. Realizar objetivamente una
descripción típica consagrada en la ley cómo delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón,
con ocasión o cómo consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo».
2 «ARTÍCULO 413. Prevaricato por acción. Modificado por el art. 33, Ley 1474 de 2011. El servidor público que
profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de cuarenta y
ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a
trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y
funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses».
3 «ARTÍCULO 196. Falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción
correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades,
impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la Ley Estatutaria de
la Administración de Justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este código».
2
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02406-01
Demandante: Guillermo Hernán Burgos Rodríguez
8. El 11 de febrero de 2026, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
confirmó la decisión de primera instancia, al considerar que el cargo formulado
contra el señor Burgos Rodríguez no cuestionaba la autenticidad del contrato de
renta vitalicia ni la voluntad de las partes al celebrarlo, sino que se centraba en la
presunta falta al deber de control de legalidad, por haber librado mandamiento de
pago con base en un documento que no cumplía la solemnidad de escritura pública
exigida por la ley y por haber asumido competencia territorial apoyándose en una
cláusula que el artículo 28 del Código General del Proceso tiene por no escrita.
9. En ese sentido, estimó que las pruebas grafológicas y dactiloscópicas
destinadas a demostrar la autenticidad de las firmas y huellas del contrato eran
irrelevantes, pues aun acreditando la existencia y validez del acuerdo, ello no
resolvía si el documento podía servir de fundamento para el mandamiento de pago.
Del mismo modo, consideró impertinente la prueba informática orientada a verificar
correos electrónicos y comunicaciones relacionadas con la celebración del negocio
jurídico, ya que el reproche disciplinario no versaba sobre la existencia del acuerdo,
sino sobre los efectos procesales otorgados a un documento presuntamente
carente de los requisitos legales.
10. Como fundamentos de derecho, el accionante afirmó que la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, al expedir la providencia del 11 de febrero de 2026,
incurrió en defecto fáctico, por cuanto se le negó el decreto de unas pruebas que
estimó relevantes para demostrar la autenticidad documental y la ausencia de dolo.
Sostuvo que la autoridad disciplinaria anticipó la «inutilidad» de tales medios de
convicción y sustituyó la actividad probatoria por una «suposición disciplinaria», lo
que, a su juicio, constituyó una «exclusión probatoria arbitraria».
11. Adicionalmente, manifestó que se incurrió en defecto sustantivo, al
interpretarse de forma contraevidente los artículos 244 del Código General del
Proceso, al desconocer que el documento se presume auténtico mientras no sea
tachado de falso y el juez no puede cuestionarlo oficiosamente. Además, señaló
que se contrarió lo dispuesto en el artículo 422 ibidem, pues se libró el mandamiento
de pago con fundamento en que el documento cumplía los requisitos allí previstos,
se fijó la competencia territorial conforme al artículo 28, numeral 3, de la disposición
mencionada y la demandada se notificó por conducta concluyente, no se propuso
excepciones y no se tachó de falso el documento.
12. Indicó en que su actuar jamás fue de mala fe ni con ánimo de perjudicar a
nadie, que la Comisión creó un manto de duda sobre la legalidad del título ejecutivo
y la autenticidad de los documentos sin controversia de la parte demandada,
confundió la conjetura con la prueba y la hipótesis con la acreditación, y orientó su
análisis hacia aquello que respaldaba su hipótesis inicial. Finalmente, manifestó que
se transgredió el principio de autonomía judicial, en tanto se sancionó una decisión
jurisdiccional válida y se reemplazó el criterio judicial por el disciplinario, lo que
configura una intromisión inconstitucional.
3
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02406-01
Demandante: Guillermo Hernán Burgos Rodríguez
Intervenciones4
13. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial afirmó que la acción de tutela
no cumple con los requisitos generales de procedibilidad, toda vez que lo pretendido
por el accionante es emplear el mecanismo de amparo como una instancia adicional
para reabrir una discusión que ya fue estudiada en las instancias correspondientes
en la jurisdicción disciplinaria. Por tanto, consideró que debía declararse
improcedente la solicitud de amparo, ya que es necesario mantener un equilibrio
entre la protección de los derechos fundamentales y el respeto por el sistema
judicial.
14. Sin perjuicio de lo anterior, indicó que la supuesta valoración probatoria que
discute el accionante ya fue abordada por esa corporación en segunda instancia, la
cual determinó que no se encontraban demostrados que las pruebas periciales
solicitadas cumplieran con los requisitos de conducencia, utilidad y pertinencia. En
ese sentido, señaló que la decisión cuestionada se adoptó con base en las pruebas
allegadas y valoradas dentro del expediente disciplinario, por lo cual, insistió lo que
se busca es que se realice un nuevo examen probatorio, el cual se surtió conforme
a la normativa que rige la materia y atendiendo a los principios del derecho
probatorio y autonomía judicial. En esos términos, solicitó declarar improcedente la
acción de la referencia o, en su defecto, negarse el amparo deprecado, ante la
ausencia de vulneración de los derechos fundamentales.
15. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca y
Amazonas, luego de hacer un recuento de las actuaciones adelantadas en primera
instancia, aseguró que la acción de amparo no está llamada a prosperar,
comoquiera que no se encuentran satisfechas las exigencias de subsidiariedad y
relevancia constitucional, en tanto la causa disciplinaria aún está en desarrollo y el
actor no planteó los desacuerdos en clave constitucional al recurrir la decisión
denegatoria de la actividad probatoria.
16. Las Secretarías de las corporaciones judiciales mencionadas remitieron por
correo electrónico copia digital del expediente del proceso disciplinario.
Sentencia impugnada
17. El 11 de junio de 2026, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró
improcedente la acción de tutela, por no encontrarse acreditado el requisito general
de relevancia constitucional, toda vez que las inconformidades del accionante no
trascendían a ese ámbito, pues se limitaban a reiterar el desacuerdo con la negativa
de las pruebas y con la valoración efectuada por las autoridades disciplinarias sobre
su pertinencia, conducencia y utilidad, de tal suerte que lo pretendido era reabrir
una discusión de interpretación legal y probatoria ya resuelta dentro del proceso
disciplinario.
4 El 27 de marzo de 2026, la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la acción de tutela en contra de la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, vinculó a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Cundinamarca y Amazonas y a la señora Cielo Esther Barragán Arroyo y requirió a las Secretarías de las
corporaciones judiciales mencionadas para que remitieran copia digital del expediente disciplinario.
4
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02406-01
Demandante: Guillermo Hernán Burgos Rodríguez
18. Adicionalmente, indicó que el accionante incumplió la carga argumentativa
mínima exigida para la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, ya
que no desarrolló de manera suficiente los defectos invocados, ni explicó cómo la
providencia cuestionada implicaba una restricción desproporcionada de sus
derechos fundamentales. Por ello, concluyó que el escrito inicial carecía de un
fundamento elevado a rango constitucional y que no se advertía una vulneración
palmaria que justificara la intervención del juez de tutela.
Impugnación
19. La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia y sostuvo que la
Sección Quinta, mediante una interpretación excesivamente restrictiva del requisito
de relevancia constitucional, transformó un presupuesto de procedibilidad en una
barrera de acceso a la justicia constitucional. Explicó que, aunque el a quo afirmó
que no estudiaría el fondo del asunto por no satisfacerse dicho requisito, sí examinó
los argumentos de la tutela, concluyó que las pruebas negadas eran irrelevantes y
asumió una posición sobre la controversia probatoria, anticipando un juicio de
mérito.
20. Afirmó que el Consejo de Estado realizó una interpretación parcial de la
Sentencia SU-215 de 2022, pues esta no autorizó rechazar la acción de tutela
cuando se alegaba la vulneración del derecho de defensa, derivada de la negativa
arbitraria de pruebas y de la restricción del contradictorio. Añadió que la Sentencia
SU-128 de 2021 estableció que existe relevancia constitucional cuando la
controversia compromete derechos fundamentales, supuesto que, a su juicio, se
configuraba en este caso. En esa medida, sostuvo que nunca se analizó si la
negativa de las pruebas fue arbitraria, razonable o lesiva del derecho de defensa,
sino que el asunto fue descartado por falta de relevancia constitucional, sin
examinar precisamente los aspectos que la sustentaban, para lo cual citó las
Sentencias T-555 de 1999, C-1270 de 2000 y T-171 de 2006.
21. Aseguró que el fallador de primer grado incurrió en un formalismo excesivo,
pues reconoció que la tutela planteaba la posible vulneración de derechos
fundamentales derivada de la negativa de pruebas dentro de un proceso
disciplinario, pero aun así se abstuvo de realizar un estudio de fondo. Destacó que,
por tratarse de un procedimiento sancionatorio, la decisión sobre las pruebas tenía
relevancia constitucional y convencional, de modo que utilizar el requisito de
relevancia constitucional para evitar el examen de los cargos configuró un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto.
22. Finalmente, sostuvo que la sentencia recurrida carecía de una motivación
suficiente, porque no explicó por qué la negativa de las pruebas no afectaba el
derecho de defensa, la presunción de inocencia ni el principio de contradicción, sino
que se limitó a afirmar la ausencia de relevancia constitucional. Agregó que dicha
providencia presentaba una contradicción interna, ya que, pese a declarar
improcedente la tutela por ese motivo, concluyó que las pruebas se referían a la
autenticidad del contrato y no al objeto del cargo, lo que implicó analizar la
controversia, interpretar los cargos disciplinarios y evaluar la pertinencia probatoria,
por lo que, en su criterio, la improcedencia se convirtió en una decisión material
encubierta.
5
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02406-01
Demandante: Guillermo Hernán Burgos Rodríguez
II. CONSIDERACIONES
Competencia
23. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Problema jurídico
24. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, en particular la
exigencia de relevancia constitucional, si la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, al proferir la providencia de 11 de febrero de 2026 dentro del proceso
disciplinario adelantado contra Guillermo Hernán Burgos Rodríguez, incurrió en los
defectos fáctico y sustantivo alegados por el accionante, al confirmar la negativa de
decretar las pruebas periciales grafológica, dactiloscópica e informática solicitadas.
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
25. La Sala confirmará la improcedencia de la acción de tutela, por no encontrar
satisfecho el requisito de relevancia constitucional, de acuerdo con los argumentos
que a continuación se exponen:
26. En términos generales, para la Corte Constitucional, el requisito de
relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando la controversia objeto de
tutela trata de un asunto que involucra algún debate jurídico al contenido, alcance y
goce de un derecho fundamental o un principio constitucional5.
27. Sobre el particular, el máximo tribunal constitucional indicó que la exigencia
general mencionada cumple cuatro finalidades principales; a saber: (i) el respeto
por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e
independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la
acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia
adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal.6
28. Así, la corporación precitada identificó los siguientes criterios para
determinar si un asunto goza de importancia constitucional: (i) que la discusión
involucre algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de
algún derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una meramente
legal y/o económica; (iii) que la acción de tutela exponga argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental. Dicho de otro modo, no basta con que la parte actora alegue la
violación al debido proceso, a la administración de justicia o a la igualdad, sino que
5
Ver entre otras, Sentencias C-590 de 2005, T-102 de 2006, T-136 de 2015, SU-573 de 2019, SU-073 de 2019
y T-140 de 2022, proferidas por la Corte Constitucional.
6 Sentencia SU-215 de 2022.
6
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02406-01
Demandante: Guillermo Hernán Burgos Rodríguez
debe ir más allá «de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una
relación con derechos fundamentales», lo cual supone justificar de manera
razonada y clara la «existencia de una restricción desproporcionada a un derecho
fundamental»; y (iv) el análisis contra decisiones de las altas cortes debe ser
estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una actuación
judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales, ya que
estas, al ser tribunales de cierre, son a quienes les corresponde «la unificación de
jurisprudencia como forma de precisar con autoridad y vocación de generalidad el
significado y alcance de las diferentes áreas del ordenamiento jurídico».7
29. Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de 5 de
agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), indicó expresamente
que el requisito mencionado requiere la conjunción de varios elementos: (1) una
carga argumentativa por parte del accionante que explique, con suficiencia, la
relevancia de la controversia para el juez de tutela, esto es, la necesidad de su
intervención en el asunto; (2) que la solicitud de amparo no se presente con el objeto
de obtener una instancia adicional al proceso ordinario y (3) que se trate de una
controversia sobre derechos fundamentales y no asuntos de mera legalidad.
30. Examinados los anteriores presupuestos, la Sala advierte que si bien en el
escrito de tutela el accionante invocó la configuración de los defectos fáctico y
sustantivo, así como la vulneración de la autonomía judicial, la argumentación
desarrollada refleja es una inconformidad frente a la decisión adoptada por la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Al respecto, se observa que en dicho
escrito el actor insiste en que las pruebas periciales grafológica, dactiloscópica e
informática eran pertinentes, conducentes y útiles para demostrar la autenticidad
del contrato que sirvió de fundamento al proceso ejecutivo.
31. Sin embargo, se observa que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
confirmó la negativa probatoria al considerar que el objeto del proceso disciplinario
no consistía en establecer la autenticidad material del contrato de renta vitalicia ni
la existencia del negocio jurídico celebrado entre las partes, sino en determinar si el
funcionario judicial había incumplido el deber funcional de ejercer el control de
legalidad al librar mandamiento de pago con fundamento en un documento que,
según el pliego de cargos, no reunía las solemnidades exigidas por la ley y al asumir
la competencia territorial con apoyo en una estipulación contractual que el artículo
28 del Código General del Proceso tiene por no escrita y, a partir de esa delimitación
del objeto del juzgamiento, concluyó que las pruebas solicitadas no guardaban
relación con los hechos jurídicamente relevantes del proceso disciplinario y, por tal
motivo, carecían de pertinencia, conducencia y utilidad.
32. A pesar de lo anterior, la parte actora no desarrolla argumentos dirigidos a
demostrar por qué la decisión cuestionada resulta manifiestamente arbitraria o
incompatible con las garantías constitucionales que invoca, pues, se insiste, sus
reparos se centran en reiterar que las experticias solicitadas sí eran relevantes para
acreditar la autenticidad del contrato, insistiendo en la necesidad de que dichas
pruebas fueran practicadas.
7 Ibidem.
7
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02406-01
Demandante: Guillermo Hernán Burgos Rodríguez
33. Así, la controversia planteada reproduce el mismo desacuerdo que fue
objeto de análisis y decisión por las autoridades disciplinarias, cuyo examen exigirá
nuevamente valorar la pertinencia, conducencia y utilidad de los medios de
convicción solicitados, así como revisar la interpretación jurídica efectuada por el
juez natural respecto del alcance del pliego de cargos y del objeto del proceso
disciplinario.
34. Ahora, se observa que en el escrito de impugnación, el recurrente sostuvo
que el juez de primera instancia actuó de forma contradictoria, debido a que realizó
un estudio material de la controversia al identificar que las pruebas solicitadas
estaban dirigidas a demostrar la autenticidad del contrato y que ese aspecto no
hacía parte del objeto del proceso disciplinario. No obstante, dicha apreciación
desconoce que la verificación del requisito de relevancia constitucional exige
confrontar los argumentos de la demanda con la motivación de la providencia
cuestionada, con el fin de establecer si el accionante formula un auténtico reproche
de naturaleza constitucional o si, por el contrario, pretende reabrir una discusión ya
resuelta por el juez natural, lo cual no implica un pronunciamiento sobre el fondo de
los defectos alegados.
35. Tampoco está a prosperar el cargo consistente en que la Sección Quinta
realizó una interpretación restrictiva de las sentencias SU-128 de 2021 y SU-215 de
2022, dado que el fallo de primer grado no descartó la tutela por el solo hecho de
invocarse la vulneración del debido proceso o del derecho de defensa, sino porque
el accionante incumplió la carga de demostrar que la providencia cuestionada
restringía de manera desproporcionada tales garantías. La sola invocación de
derechos fundamentales no basta para superar el requisito de relevancia
constitucional cuando la controversia continúa circunscrita a un desacuerdo con la
valoración probatoria y la interpretación jurídica efectuada por el juez natural de la
causa.
36. Por tanto, admitir un estudio de fondo en esas condiciones conduciría al
juez de tutela a sustituir el análisis realizado por la autoridad disciplinaria acerca de
la procedencia de las pruebas solicitadas y a reabrir una discusión eminentemente
probatoria e interpretativa que ya fue resuelta dentro del trámite ordinario, lo que
implicaría desconocer la finalidad excepcional del mecanismo de amparo y los
principios de autonomía e independencia judicial que orientan el ejercicio de la
función jurisdiccional.
37. La anterior conclusión cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que la
providencia cuestionada fue proferida por la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, autoridad de cierre de la jurisdicción disciplinaria, circunstancia que impone
un examen especialmente riguroso del requisito de relevancia constitucional. En
estos eventos, la intervención del juez de tutela únicamente se justifica cuando se
evidencie una actuación ostensiblemente arbitraria o una afectación palmaria de
derechos fundamentales, situación que no se acredita en el presente asunto, toda
vez que el accionante no expone razones que permitan advertir una restricción
desproporcionada de sus garantías constitucionales distinta de su desacuerdo con
la valoración efectuada por la autoridad disciplinaria.
8
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02406-01
Demandante: Guillermo Hernán Burgos Rodríguez
38. Por consiguiente, la presente acción de tutela no satisface el requisito de
relevancia constitucional, pues el accionante pretende reabrir un debate probatorio
que fue ampliamente discutido y decidido dentro del proceso disciplinario. Por tanto,
se confirmará la sentencia proferida el 11 de junio de 2026 por la Sección Quinta
del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la presente solicitud
de amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 11 de junio de 2026 por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente
la acción de tutela instaurada por Guillermo Hernán Burgos Rodríguez en contra de
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
SEGUNDO. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
9
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.